El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció la muerte bajo custodia del Estado en la cárcel de Tocorón del estado Aragua de Lindomar Jesús Amaro Bustamante de 27 años de edad.
De acuerdo a la organización, Amaro se habría ahorcado dentro de su celda este sábado 3 de mayo.
Amaro fue detenido en el marco de la represión poselectoral del pasado 28 de julio por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en el estado Cojedes mientras se dirigía en moto a su vivienda.
Clippve expuso a través de sus redes sociales que de acuerdo a familiares, Amaro ya había intentado quitarse la vida, y aunque advirtieron a las autoridades, este no recibió atención médica ni protección especial.
De acuerdo a Clippve, con la muerte de Amaro ya suman al menos seis las personas fallecidas bajo custodia del Estado entre 2024 y lo que va de 2025.
Según la organización, el cuerpo de Amaro fue enterrado de manera exprés la tarde del pasado sábado en su natal Cojedes. Su familia no pudo visitarlo durante los nueve meses de reclusión por no contar con los medios para trasladarse a Aragua.
Clippve también informó que Jhoandri Joel Silva Lara, también detenido arbitrariamente luego de las presidenciales, intentó suicidarse el mismo sábado en Tocorón.
Silva de 26 años fue arrestado por la División de Inteligencia Estratégica (DIE) de la PNB cerca de una farmacia donde buscaba un anticonvulsivo para su hija.
De acuerdo al Cippve, recientemente fue dado de alta del Hospital Militar de Maracay luego de sufrir una crisis nerviosa provocada por el encierro, el maltrato y la angustia.
La organización informó que ambos jóvenes estuvieron recluidos al menos 15 días en las llamadas “celdas de castigo” o “tigritos”, utilizadas por custodios del penal para aplicar tortura psicológica y tratos crueles.
“Exigimos al Estado venezolano garantizar la integridad de todos los detenidos, así como investigar esta muerte y todas las ocurridas bajo custodia, sancionando a los responsables, entre ellos el actual director del penal de Tocorón, Juan Carlos Quezada, señalado por familiares como uno de los principales responsables de las condiciones infrahumanas”, expuso Cippve en un comunicado.
“Hacemos un llamado a las distintas instancias de las Naciones Unidas, en especial al Alto Comisionado para los Derechos Humanos, al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, al Relator sobre la Tortura y a la Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, para que promuevan una investigación internacional e independiente, de oficio, que lleve a juicio a los responsables de estas graves violaciones”, prosiguió la organización.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
