“La represión que vivimos en 2024 rompió todos los récords”, dijo este 30 de abril el coordinador general del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Oscar Murillo, durante la presentación del informe de la organización correspondiente al año pasado, titulado “El apagón democrático.
A juicio de Murillo, el año pasado representó una página oscura para los derechos humanos en Venezuela.
“La respuesta del Estado a la manifestación democrática de los venezolanos en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio fue la mayor represión que haya registrado Provea desde que está funcionando en 1988”, agregó Murillo, quien también recalcó que en 2024 se terminó de extinguir el Estado de derecho.
“Más de 20 muertos, más de 2000 detenidos sin juicio justo y abogado de confianza. No ha habido un año más terrible en lo que concierne al cercenamiento de los derechos humanos que 2024”, sentenció.
Lissete González, coordinadora de Investigación de Provea, indicó que existe un subregistro en el informe porque este se sustenta básicamente en reportes de prensa.
“Por supuesto, no podemos determinar el número real de atropellos y violaciones a los DDHH, solo aquellos que fueron documentados por los medios de comunicación”, precisó.
González indicó que la mayoría de las protestas poselectorales y de los detenidos provenían de sectores populares: “95% de los detenidos fueron aprehendidos en zonas populares. Vemos una criminalización de hombres jóvenes en estos sectores, donde lo frecuente es que cuando hay muertes siempre se atribuyen a enfrentamientos con organismos policiales y, por supuesto, quedan impunes porque no se investigan”.
Liga Bolívar, fundadora de Provea, aseveró que la mayoría de la veintena de personas asesinadas luego del 28J fueron víctimas de armas de fuego.
“La denominada operación tun tun trajo consigo allanamientos sin órdenes judiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones e irrespeto al principio de presunción de inocencia”, sostuvo.
La calle no se abandona
“El dolor aislado se convierte en resignación, en cambio el dolor compartido puede transformarse en una acción colectiva”, dijo Diego Casanova, vocero del Comité por la Liberación de los Presos Políticos (Clippve), quien también estuvo presente en la presentación del informe.
Casanova indicó que la organización de la que forma parte se cohesionó luego del 28J, pero surgió a raíz de los seis sindicalistas condenados a 16 años de prisión en 2022 y posteriormente liberados producto de una negociación.
“Surgió como respuesta a la falta de respuesta estatal. No estamos dispuestos a normalizar las detenciones, la tortura, la desaparición forzada y el retardo procesal. Frente al silencio decidimos actuar”, expresó.
El activista manifestó que ante la “sordera” del gobierno han decidido acudir a protestar ante distintas embajadas en Caracas entre el 5 y el 9 de mayo.
“Nos hemos reunido en diversas actividades, nos consolamos entre lágrimas compartidas y un proceso silencioso. Resistir es una forma de amar”, dijo.
Casanova expuso que entre las demandas del Clippve están la libertad plena para todos los presos políticos, el cese inmediato de la represión, el fin de la tortura y el aislamiento prolongado, la restitución del derecho a las visitas y atención médica a los detenidos y la derogación de todas las leyes que criminalizan la protesta.
“Así como el Ministerio Público exige respeto a los DDHH de los venezolanos detenidos en El Salvador, así mismo pedimos garantías para los presos políticos en Venezuela. Apelamos por el principio de no repetición, que se puedan generar espacios de justicia transicional, vamos a seguir en las calles”, ratificó.
Sin garantías electorales
Bolívar sostuvo que el oficialismo intentó por diversas vías obstaculizar un cambio en el país el 28J y lo logró.
“Empezando por el desmantelamiento del CNE, el uso de la ‘Furia Bolivariana’, la elección de la fecha de nacimiento de Hugo Chávez para llevar a cabo el proceso, el asedio a la embajada de Argentina en Caracas, el anuncio de ganar las elecciones por las buenas o por las malas, el bloqueo al Registro Electoral, la persecución a quienes participaron en la campaña opositora y los obstáculos a las postulaciones María Corina Machado, Corina Yoris y la selección de Edmundo González Urrutia, el candidato que les era más potable”, dijo la fundadora de Provea.
Bolívar aseguró que no hay condiciones para unas elecciones limpias en el futuro.
“Para ello requerimos un CNE independiente, acompañamiento internacional, apertura del Registro Electoral, que no hayan políticos inhabilitados, cese de persecución a testigos y auditorías. El mayor bloqueo proviene de quienes detentan el poder de facto, no de las sanciones”.
No hay fotos de la miseria
A juicio de González, coordinadora de Investigación de Provea, aunque el 2024 estuvo ligado a la represión poselectoral, la precariedad social avanzó de forma abrumadora ante la indiferencia del gobierno madurista y la censura y autocensura de algunos medios de comunicación.
“No hay fotos de los niños que nacen con bajo peso, de las madres que no pueden dar de comer a sus hijos. Tenemos un salario mínimo de 130 bolívares desde marzo de 2022 con una inflación y devaluación que se agudizó a partir de octubre de 2024”, sostuvo la coordinadora de Investigación de Provea.
González informó que Venezuela es el país en América Latina con el salario mínimo más bajo.
“86,9% de los venezolanos padece de pobreza por ingreso y la inseguridad alimentaria afecta a la larga el desarrollo cognitivo de las personas. Se supone que el 9% de la nómina de las empresas se debe destinar a las pensiones, pero estos fondos no van al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, sino que van al fisco nacional y con respecto a eso hay total opacidad”, explicó.
La secretaria general de la Asociación de Profesores Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas de la Universidad Central de Venezuela (Apufat-UCV), Argelia Castillo, agregó que los 1142 días sin aumento salarial están generando un impacto importante en la familia venezolana.
“Hemos solicitado en reiteradas ocasiones la suspensión del instructivo Onapre (Oficina Nacional de Presupuesto), que vulnera el artículo 89 de la Constitución. Que doten a nuestros profesionales de los recursos económicos que satisfagan sus necesidades, queremos mesas de discusión con legítimos representantes de los trabajadores, que se garantice un seguro médico, vacaciones, prestaciones sociales y la homologación salarial para pensionados, jubilados y sobrevivientes, además de libertad para los universitarios presos”, recordó.
Provea tiene un norte
Murillo expresó que el informe 36 de Provea refleja los abusos que querían revertir los venezolanos con su voto en 2024.
“Esa aspiración legítima nos permitió ahondar en temas álgidos como presos políticos, salud, seguridad social, jubilados y pensionados. Temas que han sido apartados y relegados por la coalición gobernante”, destacó.
Murillo sentenció que el 28J ocurrió un hecho grave que tuvo consecuencias nefastas.
“Hubo una ruptura del principio democrático que responde a una conducta arbitraria, sin embargo, el pueblo venezolano no está dispuesto a bajar los brazos. Nuestras acciones son cada vez más determinantes, contra la injusticia tenemos que levantar nuestra voz. La lucha por la libertad de Venezuela es necesaria y tenemos que seguir adelante”, concluyó.
Mientras que Raúl Cubas, fundador de Provea, está convencido de que el pueblo va a conseguir una transición auténtica: “No de cúpulas que son los que hoy tienen la iniciativa de dirigir al país, debemos construir una alternativa donde nuestro norte sea memoria, verdad y justicia”.
El informe en cifras
–24 personas fueron asesinadas y 93 heridas durante la represión poselectoral
– Se produjeron 2.400 detenciones arbitrarias
-Un promedio de 150 personas fueron detenidas a diario durante 16 días después del 28J, superando a 2014, cuando se registraron 28,8 cada día
–95% de los detenidos poselectorales provenían de sectores populares
–915 protestas se registraron 48 horas después que el CNE proclamara a Maduro ganador el 28J
–97% de los detenidos sufrieron vulneración al debido proceso
–2224 personas fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, un aumento de 88,1% con respecto a 2023
-En 671% aumentaron las desapariciones forzadas
-Se registraron 72 allanamientos ilegales, un incremento de 300% con respecto al año anterior
–60 denuncias de víctimas de torturas
–2635 violaciones a la libertad personal, 94% en el marco de la represión post 28J, lo que representó un aumento de 1.347,8% con respecto a 2023
–522 personas fueron asesinadas durante 2024 por efectivos de la fuerza pública, 65% tenían entre 18 y 30 años, de los cuales 3,36% eran adolescentes
–29% de las muertes de 2024 se produjeron a manos de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB)
–10.517 asesinatos a manos de la fuerza pública se han registrado desde 2013, 6.414 en los últimos cinco años
Voto
-De 5,5 millones de votantes en el exterior, apenas se registraron 69.189
–8.644 centros de votación contaron con apenas una mesa
-De 3,5 millones posibles nuevos votantes solo 428 000 pudieron registrarse
–395 despidos se produjeron luego de las elecciones
Alimentación
–43% de la población enfrenta inseguridad alimentaria
–0,5% de la canasta alimentaria cubrió el sueldo mínimo
-El salario mínimo se ubica en 130 bolívares desde 2022. Suman 1.142 días sin incremento de sueldo
–92,89 dólares recibieron los beneficiarios del carnet de la patria por concepto de bonos en 2024
-En 30% cayó la producción agrícola entre 2007 y 2023
–43% disminuyó la superficie cultivada
Salud
–69,3% de la población no tuvo acceso a la salud pública
–8 de cada 10 centros de salud pública están inhabilitados
–75% del personal sanitario ha abandonado los hospitales por la precariedad de los sueldos
-Hay 74% de desabastecimiento en los centros de salud pública
–11,2 millones de personas con enfermedades crónicas o graves no tienen acceso a los tratamientos
-La ayuda humanitaria proveniente del exterior solo representó el 28% de lo requerido
–10% de los niños tienen bajo peso para su talla
–24% de las mujeres embarazadas en el país sufre anemia
–9% de los niños nacen con bajo peso
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
