¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este viernes, 19 de junio, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
El movimiento en Colinas de Valle Arriba, en el municipio Baruta, suele ser estrictamente diplomático y residencial. Sin embargo, muy cerca de la Embajada de Estados Unidos, el paisaje urbano ahora alberga una realidad distinta.
Desde el 7 de junio, un grupo de familiares de presos políticos se estableció en los alrededores de una parada de transporte público. Sin un espacio formal para pernoctar y expuestos a las fuertes lluvias de los últimos días, las familias han convertido este punto en un espacio de resistencia y espera.
“Acá tenemos todas las fotos de todos los presos políticos. Faltan muchísimas fotos. Con los palos de agua que han caído, como podrán ver, se han dañado”, contó a Runrun.es Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, detenido desde el año 2020 al ser vinculado a la denominada Operación Gedeón.
“Estados Unidos acoge con beneplácito la reunión celebrada hoy entre Jorge Rodríguez, en su calidad de Presidente de la Asamblea Nacional (AN) de 2026 y representante del Gobierno Interino de Venezuela, y Dinorah Figuera, Presidenta de la Asamblea Nacional de Venezuela en 2015, para debatir una agenda que servirá de hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática”, Departamento de Estado de Estados Unidos.
Lo que rompe en redes
“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, publicó este jueves 18 de junio de 2026 en un comunicado de prensa la familia Messi.
Los Messi se mostraron molestos con algunas sospechas que se han dicho en Argentina como información confirmada, por lo que pidieron respeto y privacidad para la familia en momentos tan difíciles y más cuando el jugador está lejos de los suyos jugando el Mundial 2026 con Argentina.
EL tiktoker venezolano Azuaje donará una cama nueva que se había dañado en una de sus patas. Fue reparada por una tienda que le regaló dos camas más, con la condición de que se la otorgara a alguna persona que la necesite. Busca personas en Valencia, estado Carabobo, quien la necesite.
No nos llamemos a engaños, en Venezuela no habrá elecciones en el 2027 y puede que en el 2028 tampoco. Se convocarán una vez que se termine el difícil trabajo del ajuste económico y la Administración Trump declare concluida la fase de recuperación económica. Así lo sentenció el secretario de Estado, Marco Rubio, cuando declaró a Fox News que “no quiere esperar demasiado para una transición, pero tampoco quiere actuar con tanta rapidez que todo pueda desmoronarse“.
La etapa de recuperación económica es muy compleja y puede durar más de dos años. A las medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y un costo político-electoral que nadie quiere pagar. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones. La eliminación de subsidios indebidos como el de la gasolina; la privatización de empresas públicas; la fusión de ministerios, liquidación de entes públicos y ajuste de nóminas; y, la reducción del gasto público en general, suelen causar un gran malestar social y clima de protestas.
Hasta ahora, las medidas de ajuste económico han sido a cuentagotas, reactivas y desarticuladas que se contradicen y anulan entre sí. Para que la recuperación económica sea estable y sostenida se necesita un programa de reformas económicas con las medidas correctas, aplicadas en un orden lógico y a la velocidad adecuada. Con este fin, EE. UU. gestiona la reincorporación de Venezuela al Fondo Monetario Internacional, quien será el que supervisará el diseño y ejecución del programa de ajuste económico.
Si las presidenciales se convocan antes de hacer “el trabajo sucio” del ajuste económico, el nuevo gobierno recibirá una economía aún sin sanear, un país institucionalmente débil, y una sociedad descontenta que puede estallar. El nuevo mando político caminará por un campo minado y Venezuela será un país difícil de gobernar. El chavismo en la oposición, con el control de la mayoría de las gobernaciones y alcaldías, aún tendría suficiente fuerza para calentar la calle y abortar las reformas económicas que quedaron pendientes.
Para no dejarle esta difícil tarea al nuevo gobierno, Trump y Rubio han decidido que las presidenciales se convocarán cuando se haya completado el programa de ajuste y completado la fase de recuperación económica, lo cual no será antes del segundo semestre del 2028. Así lo ha entendido MCM, quien prefiere que el chavismo sea el que pague el costo político-electoral de las duras medidas de ajuste económico pendientes, en vez de heredar una bomba de tiempo que le puede estallar en los primeros 100 días de su gestión y termine por restaurar el viejo orden que se creía superado.
MCM ya no pide que se haga valer el resultado de las presidenciales de 2024 y ahora anuncia que será candidata a la presidencia. De allí que la verdadera línea roja del oficialismo no es la tutela de EE. UU. a través de órdenes ejecutivas y licencias de la OFAC, sino la amenaza que representa el regreso de MCM.
A corto plazo, el interinato se resistirá a convocar elecciones. El TSJ ya aportó la base legal al declarar la ausencia forzada de Maduro para no declarar la ausencia absoluta ni activar el plazo para convocar nuevas elecciones. Y esta interpretación del máximo tribunal deja el camino abierto para que Delcy Rodríguez complete el período constitucional y gobierne hasta el 2030.
La Orden Ejecutiva 14373 y las licencias OFAC imponen mecanismos de control, condiciones de uso y criterios de selección que operan como un filtro de rivales geopolíticos y comerciales para alinear la industria petrolera venezolana con los intereses energéticos y geopolíticos de EE. UU. Este entramado de control se puede prolongar aún después de que en Venezuela se elija un nuevo gobierno. Incluso, bajo una Administración Demócrata, a los intereses energéticos y geopolíticos de EE. UU. le convendría mantenerlas vigentes, tal como lo hizo la Administración Biden con la Orden Ejecutiva 13883 y las licencias de la OFAC que heredó del primer mandato de Trump.
Recordemos lo que dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, cuando fue interpelado en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para determinar si la Administración Trump había sobrepasado los límites de la soberanía venezolana. Dijo Rubio: “Quien crea que Venezuela recuperará su autonomía de forma inmediata, sin pasar por este filtro de administración estratégica, simplemente está leyendo mal el momento histórico”.
¿Quién puede asegurar, entonces, que la arquitectura de control sobre el ingreso petrolero, el comercio exterior y las inversiones en Venezuela se desmontará una vez que se hayan celebrado las elecciones presidenciales?
¿Quién puede asegurar que la tutela de EE. UU. sobre Venezuela no se va a mantener vigente luego de una eventual victoria de los demócratas en las presidenciales de 2028?
La Administración Trump está cómoda con un gobierno interino que se ha mostrado dispuesto a cooperar con los intereses energéticos y geopolíticos de EE. UU. Por eso prefiere posponer la convocatoria de las presidenciales. Habrá elecciones cuando se construya la viabilidad económica de la transición política. La transición política estable y duradera es un asunto de viabilidad económica, no de legitimidad democrática.
Por lo tanto, lo que está en marcha en Venezuela no es una transición democrática, sino la normalización de un país tutelado por EE. UU. Es el cambio económico sin cambio político, es la normalización sin transición.
ElDepartamento de Estado de los Estados Unidos manifestó formalmente su apoyo al encuentro sostenido este jueves en la capital venezolana entre la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, y el presidente de la Asamblea Nacional de 2026, Jorge Rodríguez.
A través de un comunicado oficial emitido en la noche de este 18 de junio, la diplomacia estadounidense acogió con beneplácito las conversaciones y destacó que servirán para debatir “una agenda que servirá de hoja de ruta para un diálogo político sobre una transición democrática”.
Según el despacho de Washington, el gobierno de Trump entiende que la agenda bilateral abordada en el Palacio Federal Legislativo prioriza aspectos estructurales e indispensables para el país. Entre los puntos clave identificados por la Casa Blanca destacan la reconstrucción de las instituciones democráticas de Venezuela, el fortalecimiento integral del Consejo Nacional Electoral (CNE), el restablecimiento de garantías institucionales duraderas para la participación política general y la salvaguarda de las libertades cívicas esenciales para un discurso político abierto y plural.
La administración estadounidense enfatizó su apoyo explícito a este proceso y resaltó que el diálogo es coliderado por la Asamblea Nacional de 2015 —a la cual ratificó como la última entidad democráticamente elegida y reconocida internacionalmente en Venezuela— en conjunto con el Gobierno Interino, en cuya representación actuó Rodríguez en su condición de jefe del Parlamento de 2026.
“Este es un primer paso en un proceso reflexivo para asegurar una sociedad venezolana libre y abierta”, reza el documento oficial, el cual subraya además que el diálogo inclusivo constituye la piedra angular de cualquier transición legítima.
El Departamento de Estado expresó su expectativa de que estas conversaciones bilaterales continúen activas en Caracas durante las próximas semanas para dar inicio formal a las labores técnicas que garanticen un “futuro próspero y democrático que represente los intereses de todo el pueblo venezolano”.
El fin de un exilio y la instalación de la mesa paritaria
Este pronunciamiento de Washington se produce apenas horas después de que Dinorah Figuera arribara sorpresivamente a Venezuela este 18 de junio, tras permanecer ocho años en el exilio en España.
La dirigente política regresó al país bajo el auspicio directo de una invitación formal del Departamento de Estado estadounidense, con el propósito explícito de activar una agenda de reuniones con diversos sectores políticos y sostener encuentros con delegaciones diplomáticas, incluyendo al encargado de negocios John Barret.
Inmediatamente después de pisar suelo venezolano, Figuera se trasladó al Palacio Federal Legislativo para reunirse con Jorge Rodríguez, quien acudió al encuentro tras haber sido designado para coordinar el diálogo político por su hermana, Delcy Rodríguez.
Como resultado de esta primera sesión de trabajo conjunto, ambas facciones acordaron la creación inmediata de una “mesa técnica y política paritaria” dotada de hitos y cronogramas concretos destinados al “fortalecimiento de la democracia y la paz social”, difundieron en un comunicado.
Al dirigirse a los medios de comunicación en el Aeropuerto de Maiquetía, la presidenta de la AN de 2015 descartó poseer aspiraciones electorales particulares y remarcó la naturaleza estrictamente institucional de su retorno.
Figuera insistió en que su meta principal es asegurar el respeto a los partidos políticos, el fin de la persecución y el establecimiento de un árbitro electoral transparente que permita la inscripción segura de todas las candidaturas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La dirigente política Dinorah Figuera arribó este 18 de junio a Venezuela después de años de exilio para participar en una agenda de reuniones entre distintos sectores. La primera de ellas fue con el presidente de la AN de corte oficialista, Jorge Rodríguez, y también conversará con el encargado de negocios de EE.UU., John Barret.
El regreso de la parlamentaria al territorio nacional se produce tras haber aceptado una invitación formal del Departamento de Estado de los Estados Unidos, dicho por ella misma. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, Figuera estuvo acompañada por Ramón López Colina, miembro del partido Primero Justicia y diputado de la legislatura de 2015, quien al igual que ella residía en España.
Desde allí, Figuera declaró a los medios de comunicación que su papel era institucional y que durante su trayectoria política ha trabajado “por los derechos de todos los venezolanos”. Insistió en que llegó al país por ser presidenta de la Asamblea Nacional 2015, responsabilidad que le significó perder su casa y estar ocho años en el exilio.
“Yo vengo acá con un objetivo, asumir una directriz sobre una agenda que va a permitir a todos los venezolanos y a los medios de comunicación tener libertad de expresión”, precisó.
Dice que fue invitada por el Departamento de Estado. Hoy se reunirá con el encargado John Barrett y, luego, con Jorge Rodríguez. pic.twitter.com/XSF8asCtQs
Figuera declinó responder si había conversado con María Corina Machado o con dirigentes de la Plataforma Unitaria y aclaró que tiene ninguna aspiración política.
“Vamos a estar claros en lo siguiente: una cosa es lo institucional y otra lo político. Esta es la actitud de una venezolana que guarda respeto por lo institucional. En ese camino voy a trabajar. Esto es un trabajo y una agenda para todos las candidaturas, para QUE todo aquel que considere que puede aspirar A un camino electoral, PUEDA inscribirse en un Consejo Nacional Electoral transparente (…) Si el Acuerdo de Panamá es una instancia para que alguna candidatura asuma una responsabilidad y compromiso histórico, que se haga”, sostuvo.
Agregó que aceptó la invitación del Departamento de Estado para asumir los desafíos que van a contribuir a dirimir las diferencias y con miras a tener “un Consejo Nacional Electoral creíble, tener libertad de expresión, una agenda que respete a los partidos políticos y para que se termine la persecución”.
¿Qué conversó con Rodríguez?
A pocas horas de su llegada, se materializó en el Palacio Federal Legislativo un primer encuentro de trabajo formal entre la dirigente opositora, en su condición de “representante de los diputados del período de la Asamblea Nacional de 2015 a 2020”, y el presidente del Parlamento de corte oficialista, Jorge Rodríguez.
Así se especificó en un breve comunicado emitido por el actual Parlamento, en el que se especificó que el acercamiento culminó con el “firme compromiso institucional” de activar “mecanismos conjuntos de concertación”.
De acuerdo con el texto suscrito por las partes, Jorge Rodríguez acudió a la cita tras haber sido expresamente designado para coordinar el diálogo político por la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Eloísa Rodríguez.
En el documento se informó la “designación inmediata” de una “mesa técnica y política paritaria” que trabajará sobre la base de una agenda formal estructurada con hitos y cronogramas concretos.
Los objetivos giran en torno al “fortalecimiento integral de la democracia, la consolidación definitiva de la paz interna y el diseño de un futuro de bienestar y prosperidad para el pueblo venezolano”.
¿Se venía cocinando el regreso?
El pasado 22 de abril, Figuera informó en su perfil en X que había sido invitada a una reunión en el Departamento de Estado y que acudió como presidente de la AN 2015, “institución reconocida por el gobierno de los Estados Unidos”. En dicho encuentro, se abordó el compromiso del gobierno de Trump “con una transición hacia la democracia que sea sólida, ordenada y estable”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El movimiento en Colinas de Valle Arriba, en el municipio Baruta, suele ser estrictamente diplomático y residencial. Sin embargo, muy cerca de la Embajada de Estados Unidos, el paisaje urbano ahora alberga una realidad distinta.
Desde el 7 de junio, un grupo de familiares de presos políticos se estableció en los alrededores de una parada de transporte público. Sin un espacio formal para pernoctar y expuestos a las fuertes lluvias de los últimos días, las familias han convertido este punto en un espacio de resistencia y espera.
“Acá tenemos todas las fotos de todos los presos políticos. Faltan muchísimas fotos. Con los palos de agua que han caído, como podrán ver, se han dañado”, contó a Runrun.es Mayra Morales, hermana de Ricardo Fonseca, detenido desde el año 2020 al ser vinculado a la denominada Operación Gedeón.
Carteles con fotos de presos políticos | Foto: Andrea González/Runrun.es
Mayra no es de Caracas y desde enero está en la capital participando en todas las vigilias que se han hecho en las diferentes cárceles donde hay presos políticos. Su hermano está en el Fuerte Guaicaipuro, lugar donde se encuentran “los Gedeones”, quienes durante meses estuvieron en aislamiento y sus familiares los encontraron “desnutridos” y con problemas de salud cuando finalmente pudieron verlos, tras los hechos del 3 de enero.
Un campamento que surgió de la desesperación
Mayra Morales explica que la desesperación se apoderó de los familiares después de que Delcy y Jorge Rodríguez anunciaron en mayo que vendrían cientos de excarcelaciones, promesa que no se materializó.
“En vista de que eso nunca pasó, nosotros como familiares nos vimos en la desesperación de hacer esto, porque estamos aquí es por la desesperación de que nuestros familiares no han salido”, explica Mayra.
Mayra Morales, familiar del preso político Ricardo | Foto: Andrea González/Runrun.es
Aquel domingo 7 de junio, un grupo de familiares, que ven a Mayra como la persona que coordina el campamento –una especie de líder– decidió apostarse en los alrededores de la embajada norteamericana. Esto ocurrió días después que el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmara que El Helicoide había sido cerrado, tras lo cual, decenas de presos políticos que estaban allí fueron trasladados hacia otros centros de reclusión.
El objetivo de instalar este campamento en las cercanías de la instalación diplomática estadounidense también es ser escuchados por el encargado de Negocios, John Barret.
Sobreviviendo gracias a la solidaridad de la comunidad
Los familiares de presos políticos armaron ese campamento sin tener nada. Con el pasar de los días, como explica Mayra Morales, fueron las personas que residen en los alrededores del campamento quienes empezaron a donarles insumos. También, han colaborado algunas personas que están fuera del país.
Así fue que empezaron a recibir carpas, colchonetas, toldos, ropa, artículos de higiene personal, alimentos y agua. Todo esto para que puedan mantenerse allí. Los familiares dependen únicamente de la solidaridad de otras personas.
Pero el campamento tiene una dinámica organizada. Mayra Morales hizo un recorrido en el cual mostró cómo se dividen las carpas y para qué funciona cada una. La más grande la llaman “la carpa de la libertad”. Allí almacenan los colchones, bolsos y otros artículos.
“Carpa de la libertad” en el campamento de Valle Arriba | Foto: Andrea González/Runrun.es
En otra de las carpas almacenan la comida. En ella guardan galletas, pan y agua. “Todos los días la arreglamos. Los vecinos vienen en la mañana”, explica la coordinadora de los campamentos, quien también mostró un mueble de madera en el que tienen café y frutas para los familiares.
Alimentos almacenados en una carpa del campamento | Foto: Andrea González/Runrun.esAlimentos almacenados en una carpa del campamento | Foto: Andrea González/Runrun.es
El resto de las carpas funciona como sitio de descanso. Allí es donde duermen, incluso en las noches donde la lluvia no perdona, como ha ocurrido más recientemente. Algunas de las carpas tienen banderas de Estados Unidos impresas en papel y están cubiertas con toldos para que no se mojen cuando llueve.
Carpas con las banderas de Venezuela y de Estados Unidos | Foto: Andrea González/Runrun.es
El desafío de otras necesidades básicas
Para poder ir al baño, los familiares caminan unas tres cuadras en subida hacia el Centro Comercial Valle Arriba. Durante la semana está abierto hasta las 10:00 de la noche. Ellos se turnan en grupos para ir al baño. Para asearse, algunas personas de la comunidad les han abierto las puertas de sus hogares y los vecinos también los ayudan lavando la ropa.
Así se ve el interior de una de las carpas del campamento de Valle Arriba | Foto: Andrea González/Runrun.es
Una de las familiares que pernocta en el lugar es Katty Zambrano, madre de Gabriel Guerra, quien fue detenido en 2022 junto al periodista Ramón Centeno cuando hacían un trabajo periodístico que nunca llegó a publicarse. Recibió una condena de seis años y 10 meses de cárcel y está recluido en Yare III.
Katty lleva consigo un cartel con el nombre de su hijo y dos fotos. Una corresponde a cómo se veía antes de ir a prisión; la otra, una recreación con inteligencia artificial que muestra cómo bajó de peso estando encarcelado. “Somos de Oriente, de Sabana de Uchire, y estamos aquí por la libertad de mi hijo y de todos los presos políticos, militares y civiles, inocentes”, relató a Runrun.es.
Katty Zambrano, madre del preso político Gabriel Guerra | Foto: Andrea González/Runrun.es
El testimonio de Katty confirma que desde la Embajada norteamericana no han recibido apoyo. “En un momento se acercaron para decir que no se podía alzar la voz, no se podían hacer cantos y que no se podían hacer gritos”, relata. Tampoco han recibido ningún apoyo de la Alcaldía del Municipio Baruta. Los familiares comentan que, algunas veces, funcionarios en patrullas policiales pasan a preguntar cómo va todo en el campamento.
“Ya después de las 10 de la noche comienza a caer la neblina y el frío es inminente, o sea, un frío tremendo y bueno, nos resguardamos unos a los otros en las carpas y nos cubrimos”, añade Katty Zambrano.
La expectativa de Katty es que los familiares sean escuchados por John Barret, o que por lo menos envíe un comisionado. “Tenemos, todos, las esperanzas de que él nos va a atender y que esto se va a solucionar”.
Siguen llegando casos
En este campamento hay familiares de detenidos por causas como Pdvsa-Cripto, las operaciones “Mano de Hierro”, “Gedeón”, “Relámpago del Catatumbo” y trabajadores de Pdvsa que siguen encarcelados tras ser víctimas de persecución. Pero siguen conociendo casos nuevos.
En el día 11 de instalarse el campamento, llegó desde San Cristóbal, estado Táchira, la señora Lourdes Castellanos Rubio, madre de Wladimir Horacio Molina Castellanos, detenido desde el 29 de septiembre de 2024 en un casino que frecuentaba ocasionalmente.
La señora Lourdes, sentada en un banquito, contó que a su hijo, quien se dedicaba a vender pescado y aguacate, lo detuvieron porque “un soldado de la patria se encargó de nombrar a varios”. Wladimir fue policía, pero se retiró hace muchos años. También, ocho meses después detuvieron a su esposa Yazmín Fajardo. Actualmente, Molina Castellanos está recluido en Yare II y el apartamento donde vivía quedó como herencia de su difunto padre para él y sus dos hermanos.
Lourdes Castellanos Rubio, madre de Wladimir Molina | Foto: Andrea González/Runrun.es
“Yo llegué esta mañana. Me eché 24 horas porque el autobús se echó a perder y nos trasladamos a otra unidad. Después de esa unidad nos cambiamos a otra. O sea, fue engorrosa la venida”, relata la señora Lourdes, quien llegó sola al campamento a sus 68 años. Trabaja como estilista y su viaje lo hizo con la única esperanza de también lograr que su hijo sea liberado.
Todavía hay cientos de personas detenidas por motivos políticos en el país, y sus historias se niegan a quedar en el olvido. La creación de estos espacios improvisados es el reflejo de una desesperación que se transformó en constancia. Mientras las solicitudes de audiencia duermen en los escritorios diplomáticos de la Embajada norteamericana, en la calle, bajo la lluvia, las familias siguen ordenando las fotos de sus hijos y esperando una respuesta que les devuelva la paz.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Alfredo Romero, director presidente de la ONG Foro Penal, expuso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) los detalles de lo ocurrido el 15 enero de 2018, cuando el expiloto Óscar Pérez y otras seis personas fueron acribillados en la masacre de El Junquito.
Romero sostuvo que las evidencias presentadas —incluidos más de 17 videos— demuestran que los siete integrantes del grupo estaban rendidos cuando fueron asesinados, y que el lugar donde se encontraban resguardados fue “pulverizado con un lanzacohetes”, pese a que no representaban una amenaza.
Durante su exposición, el abogado cuestionó la naturaleza del operativo militar y policial que acabó con la vida del grupo disidente. “¿Por qué se utilizaron 500 personas para buscar a siete? ¿Por qué se utilizó un lanzacohetes? ¿Por qué se persiguió a los familiares? “, preguntó el abogado y agregó que por el caso resultaron detenidas más de 40 personas.
Alfredo Romero argumentó que la acción no buscaba una captura, sino la neutralización moral de la disidencia. Según sus palabras, el objetivo final del gobierno venezolano fue “aniquilar un pensamiento”.
“Laberinto kafkiano”
El abogado y activista aseguró que en Venezuela se vive un laberinto kafkiano y describió que la situación es como una incertidumbre donde la persona no encuentra salida, donde no tiene justicia, y donde no hay derecho a la defensa.
Romero denunció que más de 19 000 personas han sido detenidas arbitrariamente con fines políticos desde 2014. Mencionó el caso de Emirlendris Benítez, una presa política, relacionada con Oscar Pérez y quien presenta graves problemas de salud.
El activista recordó que al día de hoy ellos se presentan ante la corte porque en Venezuela “no hay justicia”. Indicó que, aunque no quiere dar toda la responsabilidad al organismo, sí tienen la esperanza de que, por lo menos estas decisiones que tomen, “sea un camino para que en Venezuela se haga justicia”.
El abogado finalizó su intervención agradeciendo a la Corte IDH por voltear su mirada hacia el caso que lleva ocho años sin ser investigado. “Son ocho años. Ocho años donde las familias no se han rendido. Ocho años donde se ha venido luchando por hacer justicia”.
Detalles de la audiencia
La audiencia por el caso Óscar Pérez se llevó a cabo este miércoles 17 de junio en en Costa Rica. A la cita acudieron representantes de la ONG Foro Penal y del Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center, quienes expusieron ante la Corte las violaciones a los derechos humanos y al debido proceso ocurrido durante el operativo.
En la Masacre de El Junquito fueron asesinados Abraham Agostini, José Alejandro Díaz Pimentel, Jairo y Abraham Lugo Ramos, Daniel Soto y Lisbeth Ramírez.
Durante la audiencia, Zeila Josefina Agostini Palomo denunció que las autoridades jamás le hicieron entrega del cuerpo de su hijo Abraham. Así mismo, expuso que se impidió la realización de las honras fúnebres tradicionales.
“Se violaron todos nuestros derechos postmortem. Fue un entierro forzado, donde se nos dio apenas 15 minutos y sin la presencia de los otros familiares”, expresó.
Durante una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José, #CostaRica, Zeila Josefina Agostini Palomo denunció que las autoridades jamás le hicieron entrega del cuerpo de su hijo, Abraham Israel Agostini, quien perdió la vida en enero de 2018 en El… pic.twitter.com/P8ygMMBmal
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La presidenta encargada bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, hizo otro movimiento en su gabinete. Sacó a Rosinés Chávez de la presidencia del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y ahora será la jefa de la Gran Misión Venezuela Joven en reemplazo de Génesis Garvett.
“He decidido designar a Rosinés Chávez como jefa de la Gran Misión Venezuela Joven con el objetivo de fortalecer este hermoso proyecto creado para acompañar a nuestros jóvenes en sus comunidades y brindarles nuevas oportunidades”, escribió Rodríguez en sus redes sociales.
De jugar con la morrocoya a estudiar en Francia, Chávez Rodríguez, pudo disfrutar de una infancia y adolescencia distendida como consecuencia de la ascendencia de su padre, el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
Con una vida al principio televisada en cadena, como si se tratase de la película “The Truman Show”, Rosinés tuvo siempre el foco público encima, especialmente cuando influenciaba a su padre para hacer cambios en los símbolos patrios.
Con frecuencia estaba en el discurso de su progenitor, incluso después de la separación del entonces presidente con su madre, Marisabel Rodríguez, quien llegó a acusar al militar que dio el golpe de Estado en 1992 de no pagarle la pensión, el colegio de Rosinés ni cumplir como padre.
Rosinés se vio envuelta en una lucha por su custodia, que al final ganó su madre, quien se la llevó a Europa por supuestamente ser acosada por haters del chavismo.
En Francia estuvo ocho años, hasta que reapareció en 2021 en un acto de campaña oficialista en el estado Lara, de donde es oriunda, en compañía de figuras como el actual ministro de relaciones interiores, justicia y paz, Diosdado Cabello y el diputado Nicolás Maduro Guerra.
También acompañó la candidatura para gobernador del estado Barinas de su excuñado, Jorge Arreaza quien estuvo casado con Rosa Virginia, la hija mayor de Chávez.
Uno de sus momentos más notorios fue en 2012, cuando previo a la escasez y al control de cambio publicó en Instagram una foto con un fajo de dólares.
Luego de la operación militar liderada por EE. UU. conjuntamente con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, que inició desde el pasado 9 de junio, en el municipio El Callao, ubicado al sureste del estado Bolívar, han surgido algunas interrogantes en torno al número de víctimas que dejó el despliegue militar de la Fuerza Armada y la confirmación de la muerte del líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero, que aún se mantiene en duda.
Sobre estos señalamientos, Oscar Murillo, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), conversó este martes 16 de junio en el programa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrado por Runrunes, TalCual y El Pitazo. Durante la entrevista, el activista confirmó el desplazamiento de habitantes en Las Claritas y el kilómetro 88, como consecuencia del conflicto que se registra en la zona.
“Son situaciones que comprometen la vida y la integridad física de la población civil. Lo irregular de todo esto es que además el gobierno venezolano no había dicho nada (…) actúa después del comunicado de la Casa Blanca informando sobre la muerte del “Niño Guerrero”’, dijo. Morillo indicó que el Gobierno nacional está en la obligación de emitir información que sea “contundente, corroborada y contrastada” de ese operativo.
El coordinador de Provea aseguró que en la población de El Callao hay incertidumbre sobre si, a partir de la operación, desapareció la presencia del crimen organizado en el control de minas en la zona o, por el contrario, fue sustituido por otro grupo delincuencial. “No hay un plan estructural (por parte del Estado)”
“Hay desplazamiento importante (de personas) producto del temor, de lo que representa un operativo militar, que no es solamente del ejército venezolano, como ya ocurrido, que simplemente eran operativos para quitar a un grupo (delictivo) y poner al otro.Es decir, el nivel de complicidad de las autoridades con el tema de la minería ilegal está más que comprobado. La diferencia en este punto es que mucha gente toma en serio este operativo militar en el que está detrás la inteligencia estadounidense, que tiene otros intereses que son tratar de reducir la actividad asociada al narcotráfico y el oro”, apuntó.
Desconocían la presencia de Héctor Guerrero Flores
Según Morillo, algunos habitantes de la zona minera desconocía la presencia de Héctor Rusthenford Guerrero Flores alías “Niño Guerrero” en la zona.
“Quien tenía una presencia mayor y se eximia de vez en cuando era (…) Johan Petrica. Incluso cuando ocurrió el operativo militar, todo el mundo en esa zona pensó que quien había caído era precisamente Johan Petrica”. Aseguró que hasta ahora no hay manera de confirmar la información sobre lo comunicado, en principio, de Estados Unidos y luego por la administración interina de Delcy Rodríguez.
“No todo trabajador minero es delincuente”
El ataque, descrito por Donald Trump como “rápido y letal” contra el líder del Tren de Aragua, provocó un cambio en la forma de organización de mineros para la extracción de oro. De acuerdo a la periodista de investigación, Ronna Rísquez, estos grupos criminales eran los encargados de brindar la logística y la seguridad de la operación de extracción en las minas, a cambio recibían un porcentaje de la venta de este mineral.
En este sentido, Murillo sostuvo que no todo trabajador minero es delincuente, por lo que es necesario considerar su situación.
“Hay mucha gente que (…) tuvo que irse a una mina, producto de la búsqueda de una subsistencia diaria. Yo creo que allí hay un problema grave. La gran incertidumbre que hoy embarga a la población es: ¿qué va a pasar después de esto?”
La población indigena también es un foco de preocupación para Provea. De acuerdo a la organización defensora de derechos humanos, el segundo problema que afecta a estas comunidades es la presencia de bandas delictivas en su territorio. Este nuevo conflicto podría generar desplazamiento nuevamente de bandas delincuenciales hacia sus zonas.
“Muchos de los territorios controlados por grupos armados, en realidad ya eran estructuras que habían estado en comunidades indígenas y tuvieron que desplazarse buscando un margen de seguridad para ellos. Es verdad también que algunos, sobre todo generaciones de jóvenes indígenas amenazados por las propias circunstancias, han tenido que involucrarse en las actividades mineras” subrayó.
El Poder Ciudadano no se ha pronunciado
Luego de ocho días del despliegue militar, hasta ahora ni el fiscal general Larry Devoe ni la defensora del pueblo, Eglée González, han emitido un comunicado oficial aclarando lo sucedido en la zona de Las Claritas y el Kilómetro 88 y las víctimas que dejó el bombardeo de Estados Unidos.
Sí lo ha hecho el alcalde del municipio El Callao, Coromoto Lugo, quien denunció la movilización de cinco mil mineros desde ese territorio hacia Ciudad Guayana. Además reportó la paralización de autobuses y el control en puntos de seguridad vial.
Al respecto, el coordinador de Provea, pidió a las autoridades representantes del Poder Ciudadano aclarar esta situación.
“El fiscal general de la República y la defensora del pueblo no se han pronunciado sobre este tema. Han guardado silencio desde que nos enteramos del operativo y del despliegue militar. Ambos funcionarios tienen, por mandato constitucional, mucho qué decir sobre esta materia”, concluyó Murillo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
