La reciente operación militar que el Gobierno presentó como la caída del líder criminal Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero“, dejó fuera del foco a quienes habitan ancestralmente la parroquia San Isidro: los pueblos Pemón, Arawak, Akawaio y Kariña.
Mientras los titulares celebraban la captura del “Niño Guerrero”, comunidades indígenas quedaron atrapadas en un escenario que no eligieron: bombardeos, desplazamientos forzosos y destrucción de minas artesanales.
Según denunció Lisa Henrito, mujer indígena, 11 días han pasado después de este suceso, y los indígenas y mineros artesanales siguen envueltos en un drama oculto. Un drama que tiene más de 20 años vigente, no obstante, reina un silencio ensordedor.
“Los pueblos indígenas Pemón, Arawaka, Akawaio y Kariña, no eligieron vivir junto a las bandas armadas. El Arco Minero del Orinoco termino de transformar sus tierras ancestrales en zonas de guerra. Por años, han tenido que convivir con el miedo bajo el control de los sindicatos y ahora bajo el sistema”, denunció Henrito.
Las tres caras del silencio
Ni el Ministerio de Pueblos Indígenas ni otras instituciones han ofrecido cifras sobre heridos, fallecidos o daños colaterales. La ausencia de información oficial alimenta la desconfianza y deja a las comunidades sin mecanismos de protección. Este silencio institucional se repite en cada fase del conflicto minero y confirma un patrón de desprotección estructural.
El desalojo forzoso de las minas dejó sin sustento a miles de familias indígenas y no indígenas. Para los pueblos originarios, la pérdida del territorio implica la ruptura de su economía tradicional; para los mineros foráneos, significa quedar varados sin dinero ni transporte.
Líderes indígenas y no indígenas temen hablar por represalias de militares o grupos criminales que aún operan en la zona. A esto se suma la convivencia prolongada con actores armados y los vínculos familiares que, en algunos casos, generan un silencio que puede interpretarse como complicidad, pero que en realidad es supervivencia.
Olvido de los derechos indígenas
La Constitución venezolana reconoce la propiedad colectiva de las tierras indígenas y exige consulta previa para cualquier intervención. Sin embargo, ni el Arco Minero ni los recientes bombardeos cumplieron con ese mandato.
Para Lisa Henrito, lo ocurrido no representa justicia ni liberación del territorio. Lo que se observa es una reorganización del sistema de control, no su desmantelamiento. “Mientras el país celebra la caída de un criminal, las comunidades indígenas enfrentan las consecuencias de una intervención que no las protegió ni las escuchó”, expresó.
Henrito aseguró que la tragedia que viven los pueblos Pemón, Arawak, Akawaio y Kariña no se resolverá con operativos militares ni con titulares triunfalistas, eso “solo será posible cuando se reconozca la voz de quienes han habitado esas tierras por siglos, cuando se respeten sus derechos y cuando el Estado asuma su responsabilidad en el conflicto”, finalizó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Dinorah Figuera no ha parado desde que llegó a Venezuela apenas este jueves 18 de junio, después de ocho años de exilio. Solo horas después de arribar al aeropuerto Internacional de Maiquetía, la presidenta de la Asamblea Nacional de 2015 se reunió con el actual presidente de la AN, quien antes del 3 de enero la había calificado como una “delincuente” y “vende patria”.
También se reunió con representantes de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y con el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett, con quien habló sobre la estructuración de un Consejo Nacional Electoral (CNE) que ofrezca independencia, confiabilidad y transparencia.
Figuera calificó como fructífera la reunión con Rodríguez y aseguró que Estados Unidos únicamente está haciendo una labor de acompañamiento para la implementación de tres fases recomendada por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, que incluye recuperación, estabilización y elecciones justas y libres.
“Aquí no hay gallos ni medianoche, no hay ningún interés sino al interés superior de la República. Vi un Jorge Rodríguez diferente y que ha manifestado que tiene voluntad política para dirimir todas las diferencias. Le tocará a él demostrarle al país que sus palabras son sinceras o le tocará a él trabajar en cuanto a ganarse la credibilidad del pueblo venezolano”, sentenció la exdiputada en un programa radial la mañana de este viernes.
Tránsito largo
En una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, Figuera dijo que ella fue la seleccionada para hablar con Jorge, así como la presidenta interina Delcy Rodríguez, porque Estados Unidos está reconociendo la institucionalidad de la Asamblea Nacional de 2015.
“En principio, yo creo que están asumiendo la institucionalidad de la Asamblea Nacional. A mí me tocó una gran responsabilidad con el control de los activos y el acompañamiento de una ruta electoral. Los diputados del 2015 estuvimos luchando y trabajando, no solo en el país, sino también en el exilio. Esta ruta electoral la asumimos con un costo muy grande: más de ocho diputados presos, otros perseguidos y otros en el exilio”.
Aunque aseguró que no coincide en algunas ideas, reconoció el liderazgo de la líder de Vente Venezuela y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
“Maria Corina es la líder del proceso, tiene una visión diferente, pero reconozco su liderazgo, a mi no me van a tildar de alacrán”
Apuntó que su regreso a Venezuela fue por intermedio de una invitación del subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental es Michael Kozak.
Figuera dijo que una de sus acciones fue proteger los activos de Venezuela, especialmente el oro que está en Reino Unido.
“Creo que Venezuela necesita justicia y perdón, hay mucho dolor y si tengo que desempeñar un rol para sanar eso, estoy lista”, dijo Figuera, quien es médico.
Para Figuera la transición en Venezuela será un largo tránsito.
“No es verdad que las cosas no han cambiado, cuando yo me fui entrevistaron cuatro periodistas, hoy había muchos en Maiquetia”.
Con respecto al CNE, dijo que la comisión encabezada por ella debe entregar “en diciembre de 2026 un primer avance”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
En Venezuela, el patrón de violaciones de derechos humanos se ensaña con las presas por motivos políticos. Torturas, tratos crueles e inhumanos y la falta de atención médica especializada, no son hechos aislados, sino un esquema que organizaciones no gubernamentales como el Foro Penal y el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) han venido documentado durante años.
Las cifras de la ONG Foro Penal indican que actualmente hay 25 mujeres privadas de libertad por motivos políticos. Aunque este número se redujo considerablemente tras los sucesos del 3 de enero de 2026, entre 2024 y 2025 la cifra llegó a alcanzar picos de más de 230 detenidas.
Lenny Cruz y Andreína Acosta forman parte de este patrón. Aunque fueron detenidas en hechos aislados y por distintos motivos, sus casos tienen mucho en común: fueron víctimas desaparición forzada, detención arbitraria, procesos judiciales viciados, negación de la defensa privada, condiciones infrahumanas que las han llevado a padecer enfermedades que comprometen su salud.
El castigo contra Lenny Cruz
El 20 de octubre de 2025, funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) se llevaron detenida a Lenny Cruz bajo el argumento de hacerle una entrevista que duraría poco tiempo.
Según el relato de un familiar de Lenny, que prefirió mantener en anonimato su identidad por temor a represalias, a la casa de la joven -ubicada en Guasdualito, municipio Páez del estado Apure- llegaron aproximadamente 10 funcionarios policiales y se la llevaron “como si fuera una delincuente”.
Durante tres meses, la familia de Lenny no supo nada de ella. A pesar de que la buscaron en varios organismos policiales del estado Apure “era como si se la hubiese tragado la tierra”, según el familiar.
Fue el 6 de enero de 2026 cuando a Lenny Cruz le permitieron comunicarse con sus familiares a través de una llamada telefónica que duró menos de un minuto.
“Alcanzó a decirnos que estaba bien y que todo ese tiempo estuvo detenida en Boleíta, en Caracas, ahí el alma nos volvió al cuerpo porque pudimos constatar que estaba con vida”, narró el familiar.
A Lenny Cruz se le acusa de estar vinculada al caso Pdvsa-Obrero, una investigación que derivó en la detención de 170 personas entre trabajadores de la estatal Petróleos de Venezuela, funcionarios policiales y personas que no guardaban relación alguna con la empresa petrolera. Su familia introdujo el recurso de la amnistía, pero le fue negado.
El familiar de Cruz cuestiona que a Lenny se le vincule con el caso Pdvsa-Obrero, cuando ella ha vivido toda su vida en Apure y se ha dedicado cien por ciento a ser ama de casa y al cuidado de sus tres hijos, uno de ellos afectado profundamente con su condición de TDAH e hiperactividad.
Antes de ser detenida, Lenny ya tenía planificada una intervención quirúrgica porque una de sus prótesis mamarias estaba encapsulada y a punto de explotar, por lo que necesitaba ser operada lo antes posible. Actualmente, la salud de la joven está comprometida, presenta, según el relato de su pariente, prolongados cuadros de fiebre y dolor crónico.
“Han pasado ocho meses, tiempo suficiente para que ya la hubiesen operado. Esa infección ha avanzado demasiado y ella solo está tomando analgésicos, pero no le han hecho una mamografía o un eco mamario para conocer cómo está realmente”, dijo el pariente de Cruz.
La familia de Lenny Cruz tenía una pequeña unidad de producción de lácteos y cárnicos en Apure. El día que se la llevaron detenida, los funcionarios policiales saquearon todo a su paso: animales, herramientas, productos y materia prima.
Las torturas que marcaron a Andreína Acosta
Andreína Acosta fue detenida el 12 de enero de 2022 cuando apenas tenía 18 años. Es oriunda de Naranjales, municipio Fernando Feo del estado Táchira. Acosta estuvo en Colombia durante varios días visitando a su padre. De regreso, se tuvo que hospedar en el hotel Flamenco, en el estado Apure, para descansar y luego seguir su camino.
Al momento de su detención, Andreína estaba conversando con su tío, quien era funcionario de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), diciéndole que la ayudara a conseguir un carro que la llevara a Naranjales. De repente, llegó un grupo fuertemente armado de la Dgcim y, sin ninguna orden judicial, se la llevaron detenida junto a varios huéspedes.
De manera violenta, a Andreína la montaron en una camioneta y la trasladaron al Dgcim de Guasdualito. Su familiar, aún con miedo de hablar sobre el caso, detalló que la golpearon y le dispararon en el abdomen.
“Ellos —los policías— le dijeron que la habían detenido porque simplemente ‘estaba en el lugar equivocado’ y ‘necesitaban cumplir con una estadística, porque por ella iban a cobrar’”, contó el familiar de Acosta.
A su corta edad, Andreína fue víctima de las torturas más brutales que puede sufrir un ser humano. Su pariente detalló que la golpearon con palos de escoba, la metieron en un cuarto con 15 hombres que la amenazaban con violarla, le fracturaron una costilla, le sacaron un hombro y, aún herida de bala, le metían los dedos en la herida para que admitiera los hechos.
Durante 26 días estuvo detenida en la Dgcim de Guasdualito, luego fue trasladada a Caracas y recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en donde también fue maltratada física y psicológicamente.
Andreína Acosta fue detenida en el operativo policial y militar contra los grupos denominados por el Gobierno de Nicolás Maduro como Tancol (Terroristas Armados Narcotraficantes de Colombia).
La acusan de terrorismo y asociación para delinquir. En febrero de 2022, el Tribunal Especial Segundo de Terrorismo le dictó privativa de libertad. Fue señalada bajo el alias de “Guadalupe” de ser una guerrillera de las disidencias de las FARC.
Producto de los golpes y las torturas, Andreína sufre de gastritis, dolores crónicos y quistes en los ovarios. Cuando le viene la menstruación, sufre porque no tiene analgésicos que calmen sus molestias. En esos días, consigue alivio poniendo agua caliente en su vientre al punto de quemarse la piel.
La joven lleva ya cuatro años y cinco meses en espera de un juicio donde el retardo procesal es el protagonista. Su familiar asegura que ha tenido pensamientos suicidas porque está cansada de sufrir.
El tío de Andreína, José Esequiel Acosta Porras, quien también fue detenido en el mismo operativo, ha sido víctima de graves torturas. Según relató el mismo familiar, lo metieron de cabeza en una lavadora en funcionamiento, pusieron corriente en sus testículos, producto de los golpes perdió la visión de su ojo izquierdo y la audición. “Lo han torturado demasiado”, dijo.
Los funcionarios policiales también saquearon la casa de Andreína. Se llevaron desde zapatos, ropa y electrodomésticos hasta muebles y sillas. La madre de la joven tuvo que vender su cabello para poder subsistir.
El 3 de enero se rompió el silencio
Los familiares de Lenny Cruz y Andreína Acosta coincidieron en que, tras los sucesos del 3 de enero, emergió una nueva esperanza de ver a sus familiares en libertad y por eso decidieron romper el silencio.
Durante años, los familiares de Andreína decidieron callar por temor a represalias y más castigos en contra de otros miembros de la familia. En el caso de Lenny, el total desconocimiento de su paradero los hizo callar porque no tenían ni idea de dónde buscarla, pero luego de ver que el 3 de enero muchas mujeres tomaron las calles para exigir la liberación de otros presos políticos les dio el valor para exigir no solo su la libertad, sino también que sea atendida de inmediato.
Lenny y Andreína no se conocieron ni coincidieron nunca, pero sus historias se conectan por las graves violaciones a sus derechos humanos a las que han sido sometidas: acusaciones sin sustento, procesos judiciales viciados, enfermedades que se agravan por falta de atención médica especializada, malos tratos y hasta torturas.
En informe del OVP “En Venezuela es preferible estar muerto que vivir el horror tras las rejas”, correspondiente al año 2025, documentó que las mujeres privadas de libertad sufren por la falta de atención médica oportuna, deficiencias alimentarias y fallas en los servicios públicos principalmente por el agua.
El OVP denunció que las mujeres privadas de libertad, y especialmente las presas políticas, constituyen uno de los grupos más vulnerables y discriminados dentro del sistema penitenciario venezolano.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En Venezuela, la libertad académica y la autonomía universitaria dejaron de ser daños colaterales de la crisis política para convertirse en un objetivo estratégico de control estatal, según el informe “Universidades bajo presión: espacio cívico, libertad académica y resiliencia en Venezuela y América Latina”, realizado por la organización Aula Abierta.
A partir del monitoreo del contexto venezolano en una visión comparativo con Cuba, Nicaragua y Argentina entre los años 2020 y 2025, la investigación devela una política de Estado en Venezuela dirigida a asfixiar el espacio cívico de la comunidad universitaria.
Esta ofensiva —que se ejecuta mediante el uso de la fuerza, leyes restrictivas y la persecución judicial— traspasa las fronteras venezolanas y se presenta como un modelo que puede copiarse en otros países con instituciones débiles, lo que representa un golpe directo a las bases sociales que sostienen a la democracia en la región.
Aquí las seis claves más relevantes del estudio:
Asfixia financiera extrema
Durante el periodo evaluado, las asignaciones a las principales universidades autónomas cubrieron menos del 3% de lo solicitado.
El Rector de la Universidad de Los Andes (ULA), Mario Bonucci Rossini, denunció que para el año 2026 la institución cuenta con una asignación de entre 3 y 3.32 millones de bolívares; sin embargo, en enero de 2026 el Ejecutivo debía transferir 162,8 millones de bolívares exclusivamente para gastos de funcionamiento y la universidad recibió apenas 500.000 bolívares (un ínfimo 0,31% de lo correspondiente).
Arquitectura legal represiva
El uso de la Ley Orgánica de Educación para alterar ilegalmente la gobernanza interna, sumado a la tríada punitiva de la Ley contra el Odio, la Ley Anti-ONG y la Ley Antiterrorista, ha instrumentalizado el marco legal para criminalizar la cooperación internacional y la investigación científica.
Anulación de la autonomía democrática
La Sentencia N.º 0324 de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictaminó que el Poder Judicial ha bloqueado de forma sistemática la realización de procesos electorales internos en instituciones relevantes como la Universidad de Los Andes (ULA) y la Universidad de Carabobo (UC), impidiendo la renovación legítima de sus autoridades.
En escenarios aún más críticos, como el de la Universidad Simón Bolívar (USB), la imposición de autoridades rectorales mediante mecanismos totalmente irregulares y de espaldas a la comunidad académica ha sustituido la voluntad soberana del campus,
Criminalización de universitarios por “terrorismo”
Aula Abierta documentó que, entre enero y octubre de 2025, al menos 22 personas de la comunidad académica fueron detenidas arbitrariamente bajo narrativas de terrorismo, registrándose el uso de la desaparición forzada en más de la mitad de los casos.
La tasa de universitarios judicializados bajo cargos de terrorismo ascendió alarmantemente del 20% en 2024 al 37% en 2025.
«Contagio normativo» del modelo venezolano
El panel de expertos de Cuba, Nicaragua y Argentina concluyeron que el riesgo de «contagio normativo» del modelo restrictivo venezolano es real y visible en la región, operando como una alerta temprana para los sistemas de educación superior de América Latina.
En este sentido, el académico nicaragüense Ernesto Medina coincidió en evaluar el impacto de estas políticas restrictivas como un asalto directo a la infraestructura social de las democracias continentales.
Resiliencia universitaria
Como forma de resistencia y a pesar del asedio, las universidades han sostenido memoria histórica, alianzas con sociedad civil, internacionalización de denuncias y autogestión para sobrevivir.
El informe concluye que, pese a la represión, ninguna universidad venezolana cerró sus puertas durante los años más duros: la academia resistió para mantener vivo el pensamiento libre.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El dirigente del partido político Encuentro Ciudadano, Nelson Piñero, denunció que desde que fue excarcelado el pasado 24 de febrero de este año ha sido perseguido por supuestos agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).
“Me graban, me toman fotos y hasta se han parado frente a mi casa. Incluso si voy a compartir algo con mis hijos o amigos, o a jugar dominó, ellos están allí”, escribió Piñero en su cuenta de X.
Piñero, quien pasó dos años detenido en el Centro de Formación del Hombre Nuevo “El Libertador” en Tocuyito, estado Carabobo, dijo que sus redes sociales son monitoreadas constantemente.
“Hace unos días, uno de los funcionarios, a quien reconocí de inmediato porque incluso me llevó comida cuando estaba secuestrado, se me acercó en un acto político de calle, tenía puesta una franela de la oposición, me saludó y me preguntó por mis hijos. Leí eso inmediatamente como una amenaza”, expuso el dirigente político.
Piñero fue arrestado de manera arbitraria el pasado 21 de noviembre de 2023 por publicaciones críticas en la red social X contra el gobierno del actualmente encarcelado en Nueva York, Nicolás Maduro.
El dirigente político afirmó que el día fue excarcelado, el propio director de Tocuyito lo acompañó hasta la salida y abriendo una ventanilla, le señaló una camioneta blanca y le dijo: “Allí está la Cruz Roja, por si te sientes mal”.
Piñero expresó que ha documentado toda la persecución a la que ha sido sometido y la ha canalizado ante organismos internacionales de derechos humanos.
“Hago responsable a la dictadura chavista de cualquier cosa que me pueda suceder, y les aviso: seguiré haciendo política en la calle y en las redes sociales, porqueopinar no es delito”, dijo el dirigente carabobeño.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
“Las lágrimas de las madres no se secan nunca”, dijo con vehemencia Beatriz Salas de Marino, madre del submarinista y economista, Hugo Marino Salas, detenido en Caracas el 20 de abril de 2019 por supuestos funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) luego de arribar al aeropuerto internacional de Maiquetía en el estado La Guaira.
Por costumbre, la sociedad se solidariza más con los presos políticos que con los familiares de estos porque quien sufre el encierro y la tortura en carne propia es este último. Sin embargo, algunos afectos de privados de libertad suelen padecer con igual intensidad.
Como la persona que cuida a un enfermo, los familiares de presos políticos tienden a desdibujarse física y emocionalmente.
Marino migró junto a su familia a Estados Unidos en 2016 y empresas lo contrataban para ubicar el paradero de aeronaves siniestradas en el mar Caribe.
Es director de la compañía de Servicios Electrónicos Acuáticos (SEA) y miembro de la empresa especializada en búsqueda submarina a profundidad Andi Latinoamérica.
En sus últimas apariciones en redes sociales, Marino había expresado apoyo al expresidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
Salas comentó que antes del suceso que implicó la desaparición de su hijo y la muerte de su esposo e hija, su vida en Venezuela era de beneplácito y unión familiar.
“Vivíamos entre Venezuela y Estados Unidos porque Hugo en 2014 decidió llevarse a su esposa e hijos del país por la situación política y económica, entonces pasábamos cuatro meses aquí (Miami) y cuatro en Venezuela, hasta que raíz de la detención de Hugo nos recomendaron quedarnos en suelo americano”, dijo Salas.
Para Beatriz Salas, la vida ha sido una especie de calvario desde hace siete años, cuando secuestraron y desaparecieron forzosamente a su hijo. Hoy en día vive con su nuera y nietos.
“La vida nos cambió a todos, mi nuera ahora tiene que trabajar por todos y los niños sufren la ausencia de su padre”, sentenció.
Con voz quebradiza, reconoce que se encuentra en un limbo y una de las cosas que la aferra a la vida es la esperanza de volver a abrazar a Hugo.
“Ellos se llevaron a una persona muy importante de esta casa”, sentenció Salas.
A juicio de Beatriz, cuando detienen a una persona es como si los encerraran a todos
“Destruyen a una familia cuando detienen a alguien, eso no tiene perdón de Dios. Yo soy católica, pero no les voy a perdonar que mis nietos hayan crecido sin su papá, no los voy a perdonar nunca,las lágrimas de esta casa han sido constantes”, dijo Salas.
La última vez que habló con Hugo
“Vieja, ya estoy en Caracas, te llamo en la noche”, fue lo último que escuchó la octogenaria de boca de su hijo, desde entonces no ha sabido más nada de él.
Luego de su aprehensión por motivos desconocidos, el caso de Marino quedó bajo la custodio del Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas
Tres días después de su arbitraria detención, la Procuraduría de Italia exigió al gobierno venezolano un hábeas corpus, asimismo la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su ex secretario general Luis Almagro, ha demandado tener conocimiento del paradero de Marino y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares al buzo, a quienes su allegados consideran un experto en el área de salvamento, análisis y rescate de accidentes aéreos
Salas, de 83 años y residenciada actualmente en Miami, sostuvo que se ha cansado de pedir una fe de vida de su hijo y lo único que ha obtenido es silencio de parte del gobierno.
“El régimen no nos quiere dar ningún tipo de información, Hugo simplemente se desapareció, no sé dónde lo dejaron, dónde lo metieron, él llegó a su oficina en Caracas de un viaje y después nos enteramos por alguien que estaba en el gobierno que conoce de la infancia a mi nuera, Elizabeth, que se lo habían llevado al Dgcim”, indicó Salas.
Salas aseguró que el primer día aceptaron la comida que se llevó al centro de reclusión y después no la recibieron más.
“El exfiscal general Tarek (Willian Saab) dijo que estaba haciendo unas investigaciones, pero después no dijo más nada, quisiera que alguien me ayudara, ya no sé a quien más decirle, no entiendo lo que pasa”, recordó.
Salas indicó que se ve reflejada en la pena de Carmen Navas, madre del preso político muerto bajo custodia del Estado, Víctor Hugo Quero Navas y quien a pocos días de conocer la noticia también falleció.
“Tuvo que pasar lo de la la señora Navas para que salieran muchas más madres a pedir explicación de sus hijos desaparecidos, tenemos que unirnos, no me voy a rendir”, puntualizó Salas.
Salas no ocultó sentir miedo por todo lo que ha visto en cuanto al trato que le da el Estado a los presos políticos en Venezuela, pero aún tiene esperanza de volver a ver a su hijo, quien también tiene nacionalidad italiana.
“La fe mueve montañas y es lo único que me ha hecho llegar hasta aquí, siento mucho miedo, pero ese mismo miedo me da la fuerza para no rendirme, si ellos piensan que por la edad que tengo me voy a quedar callada están equivocados, rendirse no es la solución”.
En vista del silencio que ha caracterizado el caso de Hugo Marino por parte del gobierno chavista, Salas pidió máxima cooperación internacional.
“Les pido, por favor, que me ayuden a buscar un poco de paz, porque tenemos siete años que la perdimos. Le solicito al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que por favor me ayude, y no solo a mi, sino a todas las madres que atraviesa por mi situación”, concluyó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Entre Washington y Caracas, el oro venezolano ha dejado de ser un proscrito. La flexibilización de las sanciones al sector minero, sumados a la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Minas, prometen una lluvia de divisas y el desembarco, nuevamente, de corporaciones transnacionales.
Casi en paralelo, el fin del reinado de Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero —muerto a manos de fuerzas estadounidenses en la zona minera de Las Claritas—, se vendió como el cierre definitivo del grifo financiero del Tren de Aragua.
El relato oficial es redondo: seguridad jurídica y pacificación territorial. Sin embargo, al contrastar las promesas con la realidad económica esperada en las calles, la fachada se agrieta. El oro se ha “limpiado” en las gacetas, pero las arcas públicas siguen secas y el bolsillo de la gente, vacío.
La paradoja ideológica y financiera
Con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Minas en abril pasado, la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, marca de un plumazo y por unanimidad un cambio de paradigma radical frente al modelo estatista establecido por Hugo Chávez en 1999 y reformado en 2011 y 2015. El nuevo marco legal busca atraer inversión extranjera y reabrir el subsuelo al capital privado tras años de control exclusivo estatal. Mismo camino que ya se recorrió con el sector petrolero.
El Estado venezolano se reserva la propiedad del suelo al igual que con el sector de hidrocarburos y otorgará concesiones hasta por 30 años, prorrogables por 10 años más.
En teoría, un sector minero legalizado bajo el nuevo esquema de licencias y sin el freno de las sanciones debería nutrir las reservas líquidas del Estado. La presidenta (e) Delcy Rodríguez asegura que Venezuela cerró 2025 con una producción de 9,5 toneladas de oro y que la meta para este 2026 es superar esa cifra.
Entre 2024 y 2025, la extracción de oro registró un salto de 34,8% en el sector privado y de 81% en el sector público. Aunque Rodríguez no ofreció el desglose de las cifras, anticipó que proyectan un crecimiento del 30% para este año, apuntando directamente a fortalecer la generación de divisas.
Recursos bajo tutelaje
Sin embargo, la realidad financiera corre por vías distintas a las promesas oficiales. En cuanto al flujo de divisas, no hay optimismo entre los especialistas, pues advierten que los ingresos del sector de minería estarán bajo el mismo control directo que ejerce el gobierno de Estados Unidos sobre el flujo financiero que genera el petróleo.
Adicional a eso, el economista José Guerra ha manifestado su escepticismo por una vulnerabilidad de fondo: el Banco Central de Venezuela (BCV) arrastra una opacidad estructural en la gestión de sus recursos, manteniendo la mayor parte de sus reservas inmovilizadas en oro en bóvedas o atrapadas en litigios internacionales, mientras que sus reservas operativas reales y líquidas permanecen en niveles mínimos.
De hecho, el oro que respalda las reservas internacionales del país, refleja una pérdida drástica de terreno. El país pasó de registrar 317 toneladas en febrero de 1999 a mantener apenas entre 52 y 60 toneladas en enero de 2026. Ese balance del BCV sale a la luz pública luego de 13 años de opacidad estadística, confirmando el debilitamiento de los activos que garantizan la liquidez monetaria frente a los niveles históricos de finales de los noventa.
Guerra ha explicado que al no ingresar esta riqueza minera de forma transparente al presupuesto nacional —el que debería financiar salarios reales, hospitales y servicios públicos—, el mineral se convierte en una renta opaca.
En el tablero de expectativas se agregan las de Estados Unidos.El secretario de Interior de ese país, Doug Burgum, a su regreso de un viaje a Caracas, aseguró que “Venezuela cuenta con 500.000 millones de dólares en recursos de oro, pero también tiene otros minerales críticos como la bauxita para el aluminio” que su país necesita para la defensa y bienes de consumo.
Que vengan las transnacionales
En 2018, el entonces ministro de comunicaciones y ahora presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que Venezuela tenía la cuarta reservas de oro más importante del mundo equivalentes a 173 300 millones de euros.
En ese momento, aseguró que la certificación de las reservas de oro venezolanas la emitió la empresa canadiense Gold Reserve, con base a un área de 6 Km por 1 Km, donde se encuentra “la cuarta mina más grande del mundo, con 1.400 toneladas de oro, que equivalen a 54 mil 300 millones de euros en esa pequeña extensión de territorio”.
En este escenario, las reformas legales vigentes están meticulosamente diseñadas para blindar los contratos y dar seguridad jurídica al capital estadounidense que entra al juego tras las acciones de Washington, pero en este momento esos dólares no llegan al grueso de la población.
En todo caso, cualquier alivio cambiario coyuntural será cosmético si el torrente del oro legalizado no oxigena las venas de la economía pública de manera estructural, dejando intacta la disfuncionalidad de fondo que destruye el poder de compra del ciudadano común.
Por su parte, el economista Alejandro Castro indicó hace unos días que la falsa percepción de bienestar coexiste con una mayoría trabajadora cuyos ingresos están pulverizados.
El oro brilla legalizado en los papeles, pero en la economía real de la calle, solo expande la onda de precios inflados, vaciándole el bolsillo al ciudadano
La mutación del peaje en el sur
Más allá de lo que pueda pasar o no en las arcas nacionales, en las zonas mineras ya están ocurriendo noticias. La caída de alias Niño Guerrero no fue un simple operativo de seguridad ciudadana; fue un reordenamiento forzoso de la renta minera. El Tren de Aragua y sus lugartenientes operaban como el pulmón financiero de una estructura criminal a través de la extorsión violenta, como han documentado Ronna Risquez en su libro El Tren de Aragua: la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina e InSight Crime, entre otros.
La muerte de Guerrero Flores forma parte del “despeje” necesario para que las transnacionales puedan aterrizar nuevamente en las minas del sur del país. Sin embargo, especialistas locales del estado Bolívar y defensores del ambiente en la región advierten que la creación del Resguardo Nacional Minero bajo la nueva ley no erradica la estructura extractivista salvaje, sino que ejecuta una institucionalización del peaje.
Para el minero de a pie y el pequeño comerciante de las zonas de El Callao o Las Claritas, la vacuna no desapareció; simplemente parece haber cambiado de uniforme y de ventanilla institucional. Al mantenerse intacta una altísima estructura de costos asociada con la extorsión, los precios de los bienes básicos en todo el corredor minero siguen hiperinflados, proyectando su sombra hacia el resto del país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Una red de explotación sexual que operaba a nivel nacional ha sido desarticulada por la Policía Nacional, un gran operativo policial que tiene sus raíces precisamente en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Las autoridades han puesto fin al infierno de catorce mujeres venezolanas que fueron captadas en su país de origen para terminar siendo prostituidas en España bajo amenazas constantes, una vigilancia estricta y el temor paralizante de creer que sus captores pertenecían a la sanguinaria organización criminal del Tren de Aragua.
El hilo del que tiraron los investigadores comenzó a desenredarse en Tenerife durante el mes de agosto de dos mil veinticinco. La declaración de dos testigos en dependencias policiales, que alertaron sobre la dramática situación de varias ciudadanas venezolanas explotadas en pisos prostíbulo de la Isla, desató unas pesquisas que pronto revelaron un entramado mucho mayor. A medida que avanzaban las averiguaciones, los agentes localizaron nuevas víctimas tanto en el territorio insular como en distintos municipios de la Comunidad de Madrid, logrando esclarecer la estructura de un complejo mapa criminal.
La banda captaba a las mujeres mediante falsas promesas y facilitaba su llegada a España bajo la apariencia de un desplazamiento por motivos turísticos. Sin embargo, nada más pisar territorio nacional, la trampa se cerraba sobre ellas. La red les imponía deudas que oscilaban entre los siete mil y los nueve mil euros, una cantidad que se veían obligadas a saldar ejerciendo la prostitución.
Para maximizar sus beneficios y mantener el control, la organización contaba con al menos once miembros y una red de colaboradores que aportaban las viviendas. Bajo este sistema, las mujeres eran trasladadas habitualmente entre distintos pisos ubicados en Santa Cruz de Tenerife, Madrid, Asturias, Toledo y Guadalajara.
Las víctimas debían estar disponibles las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana. No podían salir solas a la calle, permanecían vigiladas en el interior de las viviendas mediante cámaras de seguridad y estaban forzadas a ejercer la prostitución incluso durante sus periodos de menstruación.
Para anular cualquier intento de fuga o rebelión, la organización implementó una maquinaria de terror psicológico que iba más allá de las deudas iniciales. Para dar mayor credibilidad a estas graves intimidaciones, los líderes de la red se hacían pasar por miembros del peligroso grupo armado transnacional Tren de Aragua, lo que disuadía por completo a las víctimas de intentar buscar ayuda exterior.
12 arrestos en Madrid y 4 en Tenerife
El golpe policial definitivo se estructuró en varias fases a lo largo del último año. La primera actuación se desarrolló en marzo de de 2026, logrando la liberación de tres víctimas y el arresto de tres integrantes. El saldo global de la operación es de diecisiete personas detenidas, desglosadas en doce arrestos en Madrid, cuatro en Santa Cruz de Tenerife y uno en Toledo.
Además de las catorce víctimas directas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual plenamente identificadas y liberadas, los agentes localizaron durante sus pesquisas a otras doce mujeres en riesgo potencial. La Policía Nacional mantiene abiertas diversas gestiones orientadas a identificar y detener a otros colaboradores que habrían estado actuando desde Venezuela, concretamente en las labores de captación de las víctimas.
