La presidenta encargada bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, hizo otro movimiento en su gabinete. Sacó a Rosinés Chávez de la presidencia del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y ahora será la jefa de la Gran Misión Venezuela Joven en reemplazo de Génesis Garvett.
“He decidido designar a Rosinés Chávez como jefa de la Gran Misión Venezuela Joven con el objetivo de fortalecer este hermoso proyecto creado para acompañar a nuestros jóvenes en sus comunidades y brindarles nuevas oportunidades”, escribió Rodríguez en sus redes sociales.
De jugar con la morrocoya a estudiar en Francia, Chávez Rodríguez, pudo disfrutar de una infancia y adolescencia distendida como consecuencia de la ascendencia de su padre, el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías.
Con una vida al principio televisada en cadena, como si se tratase de la película “The Truman Show”, Rosinés tuvo siempre el foco público encima, especialmente cuando influenciaba a su padre para hacer cambios en los símbolos patrios.
Con frecuencia estaba en el discurso de su progenitor, incluso después de la separación del entonces presidente con su madre, Marisabel Rodríguez, quien llegó a acusar al militar que dio el golpe de Estado en 1992 de no pagarle la pensión, el colegio de Rosinés ni cumplir como padre.
Rosinés se vio envuelta en una lucha por su custodia, que al final ganó su madre, quien se la llevó a Europa por supuestamente ser acosada por haters del chavismo.
En Francia estuvo ocho años, hasta que reapareció en 2021 en un acto de campaña oficialista en el estado Lara, de donde es oriunda, en compañía de figuras como el actual ministro de relaciones interiores, justicia y paz, Diosdado Cabello y el diputado Nicolás Maduro Guerra.
También acompañó la candidatura para gobernador del estado Barinas de su excuñado, Jorge Arreaza quien estuvo casado con Rosa Virginia, la hija mayor de Chávez.
Uno de sus momentos más notorios fue en 2012, cuando previo a la escasez y al control de cambio publicó en Instagram una foto con un fajo de dólares.
Luego de la operación militar liderada por EE. UU. conjuntamente con el gobierno interino de Delcy Rodríguez, que inició desde el pasado 9 de junio, en el municipio El Callao, ubicado al sureste del estado Bolívar, han surgido algunas interrogantes en torno al número de víctimas que dejó el despliegue militar de la Fuerza Armada y la confirmación de la muerte del líder del Tren de Aragua, Niño Guerrero, que aún se mantiene en duda.
Sobre estos señalamientos, Oscar Murillo, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), conversó este martes 16 de junio en el programa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI), integrado por Runrunes, TalCual y El Pitazo. Durante la entrevista, el activista confirmó el desplazamiento de habitantes en Las Claritas y el kilómetro 88, como consecuencia del conflicto que se registra en la zona.
“Son situaciones que comprometen la vida y la integridad física de la población civil. Lo irregular de todo esto es que además el gobierno venezolano no había dicho nada (…) actúa después del comunicado de la Casa Blanca informando sobre la muerte del “Niño Guerrero”’, dijo. Morillo indicó que el Gobierno nacional está en la obligación de emitir información que sea “contundente, corroborada y contrastada” de ese operativo.
El coordinador de Provea aseguró que en la población de El Callao hay incertidumbre sobre si, a partir de la operación, desapareció la presencia del crimen organizado en el control de minas en la zona o, por el contrario, fue sustituido por otro grupo delincuencial. “No hay un plan estructural (por parte del Estado)”
“Hay desplazamiento importante (de personas) producto del temor, de lo que representa un operativo militar, que no es solamente del ejército venezolano, como ya ocurrido, que simplemente eran operativos para quitar a un grupo (delictivo) y poner al otro.Es decir, el nivel de complicidad de las autoridades con el tema de la minería ilegal está más que comprobado. La diferencia en este punto es que mucha gente toma en serio este operativo militar en el que está detrás la inteligencia estadounidense, que tiene otros intereses que son tratar de reducir la actividad asociada al narcotráfico y el oro”, apuntó.
Desconocían la presencia de Héctor Guerrero Flores
Según Morillo, algunos habitantes de la zona minera desconocía la presencia de Héctor Rusthenford Guerrero Flores alías “Niño Guerrero” en la zona.
“Quien tenía una presencia mayor y se eximia de vez en cuando era (…) Johan Petrica. Incluso cuando ocurrió el operativo militar, todo el mundo en esa zona pensó que quien había caído era precisamente Johan Petrica”. Aseguró que hasta ahora no hay manera de confirmar la información sobre lo comunicado, en principio, de Estados Unidos y luego por la administración interina de Delcy Rodríguez.
“No todo trabajador minero es delincuente”
El ataque, descrito por Donald Trump como “rápido y letal” contra el líder del Tren de Aragua, provocó un cambio en la forma de organización de mineros para la extracción de oro. De acuerdo a la periodista de investigación, Ronna Rísquez, estos grupos criminales eran los encargados de brindar la logística y la seguridad de la operación de extracción en las minas, a cambio recibían un porcentaje de la venta de este mineral.
En este sentido, Murillo sostuvo que no todo trabajador minero es delincuente, por lo que es necesario considerar su situación.
“Hay mucha gente que (…) tuvo que irse a una mina, producto de la búsqueda de una subsistencia diaria. Yo creo que allí hay un problema grave. La gran incertidumbre que hoy embarga a la población es: ¿qué va a pasar después de esto?”
La población indigena también es un foco de preocupación para Provea. De acuerdo a la organización defensora de derechos humanos, el segundo problema que afecta a estas comunidades es la presencia de bandas delictivas en su territorio. Este nuevo conflicto podría generar desplazamiento nuevamente de bandas delincuenciales hacia sus zonas.
“Muchos de los territorios controlados por grupos armados, en realidad ya eran estructuras que habían estado en comunidades indígenas y tuvieron que desplazarse buscando un margen de seguridad para ellos. Es verdad también que algunos, sobre todo generaciones de jóvenes indígenas amenazados por las propias circunstancias, han tenido que involucrarse en las actividades mineras” subrayó.
El Poder Ciudadano no se ha pronunciado
Luego de ocho días del despliegue militar, hasta ahora ni el fiscal general Larry Devoe ni la defensora del pueblo, Eglée González, han emitido un comunicado oficial aclarando lo sucedido en la zona de Las Claritas y el Kilómetro 88 y las víctimas que dejó el bombardeo de Estados Unidos.
Sí lo ha hecho el alcalde del municipio El Callao, Coromoto Lugo, quien denunció la movilización de cinco mil mineros desde ese territorio hacia Ciudad Guayana. Además reportó la paralización de autobuses y el control en puntos de seguridad vial.
Al respecto, el coordinador de Provea, pidió a las autoridades representantes del Poder Ciudadano aclarar esta situación.
“El fiscal general de la República y la defensora del pueblo no se han pronunciado sobre este tema. Han guardado silencio desde que nos enteramos del operativo y del despliegue militar. Ambos funcionarios tienen, por mandato constitucional, mucho qué decir sobre esta materia”, concluyó Murillo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), se refirió a la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, líder del grupo criminal Tren de Aragua.
En su acostumbrado programa “Con el Mazo Dando”, transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión, Cabello soltó varias perlas sobre “Niño Guerrero“, quien falleció tras un ataque ejecutado por el Comando Sur de los Estados Unidos en el estado Bolívar.
Cabe mencionar que, históricamente, voceros del gobierno oficialista mantuvieron la postura de que el alcance criminal del Tren de Aragua en el país era una “narrativa” o una campaña mediática de descrédito. Sin embargo, con estas recientes declaraciones, el discurso da un giro radical al reconocer la existencia y la caída del líder criminal en suelo venezolano.
A continuación las perlas de Cabello tras la muerte del líder del tren de Aragua:
Sobre las bandas delictivas en Venezuela, Cabello aseguró: “Seguimos avanzando en este trabajo de luchar contras las bandas”.
Tras desconocer la existencia de la megabanda criminal, el vicepresidente del Psuv expresó que sí existía, pero que no en el país: “Ah, dijeron no, porque Diosdado dijo que no había Tren de Aragua. No, aquí no había Tren de Aragua. No, no, no, no. Tren de Aragua fue echado de Venezuela. ¡Echado!”.
#País | 🇻🇪🗣️ Diosdado Cabello aseguró de manera categórica que la organización criminal "Tren de Aragua" (TDA) fue completamente desarticulada y expulsada del país.
La noticia de la muerte de “Niño Guerrero” le dio la vuelta al mundo. Tras el éxodo masivo de venezolanos, la banda delictiva exportó el crimen a varios países de Latinoamérica y Estados Unidos alcanzando la fama con la ejecución de robos, asesinatos, tráfico de drogas y secuestros.
“Quedaba un personaje… Quedaba un personaje y, desafortunadamente para él y sus seguidores —porque esa es la otra, ¿no?— que no hallan ellos cómo ponerse del lado de la delincuencia. Claro, cuando ellos comienzan a justificar otras cosas, ya se están poniendo del lado de la delincuencia, pero no tienen el valor final de ponerse al lado de los delincuentes. No. No lo tienen. Les falta, pues”.
El vicepresidente del partido oficialista aseguró que la seguridad en Venezuela es total y que van por el camino correcto para consolidar la paz.
“Ahora, nada de eso nos va a detener a nosotros. Nosotros vamos por este camino, vamos por el camino de consolidar la paz en este país, de la tranquilidad de los venezolanos. Y hoy día ratifico lo que he venido diciendo: dudo que haya algún país que tenga los niveles de seguridad que tiene Venezuela. ¡Dudo! ¡Dudo!”, dijo Diosdado Caabello.
ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello tras muerte del "Niño Guerrero": "Seguimos avanzando en este trabajo de luchar contras las bandas"
“Hoy ratifico lo que he venido diciendo: dudo que haya algún país que tenga los niveles de seguridad que tiene Venezuela”, aseguró el vicepresidente del Psuv.
Otra perla sobre el tema
En su discurso, Cabello también vinculó al Tren de Aragua con periodistas y organismos:
“Esa gente que extorsiona, que hace tantos negocios, trafica, mata gente, ¿qué hace con la plata? porque terminan viviendo en el monte. Y esta persona me dijo: pagan a los que los mantienen. Pagan a periodistas, soplones que tienen en los distintos niveles de organismos del pueblo y ahí se le va la plata. Mantienen una estructura”, afirmó el también ministro de Interior, Justicia y Paz.
🚨 INCREÍBLE | Resulta que Diosdado Cabello ahora intenta vincular al Tren de Aragua con periodistas y cooperantes de organismos. pic.twitter.com/TxK7WU5Wii
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Cerca de cumplir una década desde su suspensión temporal, el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT) en Venezuela se mantiene inactivo y esto vulnera diariamente los derechos humanos de miles de personas en el país.
Lucila Velutini, integrante de la directiva de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV) denunció, en una entrevista en Unión Radio, que la promesa de solventar las deficiencias hospitalarias en un lapso de tres meses, se convirtió en una larga pausa desde junio de 2017 que obliga a los pacientes crónicos a depender exclusivamente de la diálisis o a enfrentar un costoso mercado de donantes vivos.
Nueve años de promesas
El colapso formal del sistema inició el primero de junio de 2017, cuando el organismo encargado emitió un comunicado en el que declaraban el cese provisional de las cirugías, con el supuesto objetivo de mejorar os centros y garantizar el suministro de insumos médicos necesarios para el antes y después del trasplante.
“Desde el primero de junio del 2017 hay una paralización que iba a ser temporal y que tristemente se ha convertido en permanente, estamos hablando de larguísimos, larguísimos, nueve años”, declaró Velutini.
La falta de reactivación del programa de trasplantes obstruye las oportunidades de supervivencia de la población. Velutini detalló que aunque se habilitó un espacio en el CDI del Paraíso para trasplantes de vivo a vivo, esta alternativa también quedó suspendida desde noviembre de 2025. Durante el último año, la ONTV solo pudo registrar cinco procedimientos pediátricos en el país.
“Esto deja por fuera a todas esas personas, niños, jóvenes, adultos, que no tienen un donante vivo relacionado que se pueda convertir en ese milagro de vida para ellos”, lamentó Lucila Velutini.
El alto costo de mantener un órgano
De acuerdo a datos recopilados en un reportaje de esta casa, “Cómo se vive siendo un paciente trasplantado en Venezuela” y organizaciones como Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV), los beneficiarios deben enfrentarse con la inconstancia en la entrega de inmunosupresores por parte de farmacias de alto costo por parte del IVSS.
Reymer Villamizar, coordinador de ATV y paciente trasplantado, calcula que el monto mensual privado para mantener un órgano funcionando oscila entre los 1000 dólares dependiendo de la combinación de medicamentos que necesite cada paciente y debido a la problemática nacional de bajos ingresos, muchas personas deciden irse por disminuir las dosis para prolongar la duración de los fármacos.
Esta reducción de las dosis prescritas lo que hace es debilitar la barrera inmunológica de los pacientes, lo que puede derivar en que el organismo identifique al órgano implantado como un cuerpo extraño y comience a rechazarlo. Esto puede conducir a daños irreversibles, o incluso, el fallecimiento.
De esta misma manera, los pacientes también han denunciado que los medicamentos importados de la India provocan reacciones secundarias adversas y problemas de salud obligando a los afectados a costear exámenes continuos.
Un llamado de ayuda
La ONTV reitera que la solución para el problema de la salud pública en el país debe unir varias capacidades como la inversión económica, la política y los derechos humanos. Velutini explicó que el personal médico cuenta con el conocimiento y experiencia necesaria para seguir adelante con los procesos quirúrgicos, pero carece por completo de los materiales necesarios.
“Necesitamos que el Estado venezolano, quien es el garante de la salud, haga lo necesario, y pido otra cosa: todos, todos tenemos que poner de nuestra parte. Si alguna empresa, bien sea farmacéutica, de equipos médicos, de lo que sea, puede poner la mano y ayudar al Estado venezolano a tener lo que los hospitales necesitan, señores, vamos a hacerlo, es entre todos”, concluyó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Madres, familiares y amigos de presos políticos celebraron una vigilia la noche de este miércoles, 17 de junio, en honor a la señora Carmen Teresa Navas, quien falleció hace un mes. La señora Carmen era madre del preso político Víctor Hugo Quero Navas, cuyo deceso fue confirmado por el Estado venezolano casi 10 meses después que ocurrió.
Cerca de las 7:00 de la noche cuando caía la luz del día, el campamento de familiares instalado en las cercanías de la Embajada de Estados Unidos se convirtió en un lugar de oración, donde los presentes rezaron un rosario para honrar a una madre que luchó por encontrar a su hijo durante sus últimos meses de vida.
#HiloRRes🧵 Familiares de presos políticos realizaron una vigilia la noche de este #17Jun en el campamento instalado en los alrededores de la Embajada de Estados Unidos, en honor a la señora Carmen Teresa Navas, quien cumple un mes de haber fallecida. pic.twitter.com/W5a5LNGYoG
Con flores, pancartas, velas y un globo blanco que lleva su nombre, una de las familiares manifestó la importancia de la actividad por la señora Navas. “Para que su nombre no se olvide y para que su partida sea el último dolor de este tipo que tengamos que llorar. Su memoria nos acompaña hoy y nos da la fuerza para seguir exigiendo lo justo”.
Otra de las parientes recordó lo difícil que es para ellos dormir en un campamento, en condiciones que incluso han afectado la salud de algunas de ellas. “El cuerpo de las madres, esposas y abuelas que estamos aquí, está llegando al límite. Exigimos se entienda que nuestra salud no puede seguir siendo el precio a pagar por la burocracia y la falta de soluciones”, expresó una de ellas desde la vigilia.
Familiares de presos políticos en la vigilia por la señora Carmen Navas / Foto: María Gracia Lacruz/Runrun.es
Así recordaron el caso de la señora Francis Quiñones, madre del preso político Jonathan Franco Quiñones. En días pasados, ella tuvo que ser trasladada a Salud Chacao para una revisión médica, ya que tuvo una subida de tensión en el campamento.
“Somos en su mayoría mujeres mayores, abuelas y madres que deberíamos estar descansando en nuestros hogares. En lugar de eso, pasamos los días y las noches a la intemperie, bajo el sol y la lluvia, en vigilia permanente por la libertad y los derechos de los nuestros”, expresó Francis Quiñones.
"El cuerpo de las madres, esposas y abuelas que estamos aquí, está llegando al límite. Exigimos se entienda que nuestra salud no puede seguir siendo el precio a pagar por la burocracia y la falta de soluciones", señaló una de las familiares desde el campamento. pic.twitter.com/OmVIjDV7yu
A la vigilia acudió la joven Aranza Hernández, que fue excarcelada de La Crisálida el pasado viernes 12 de junio. A pesar de no tener libertad plena, manifestó su apoyo a todos los familiares. “Siempre que me toque venir, los voy a acompañar. Siempre que me toque hablar, voy a hablar”, dijo.
Aranza Hernández, joven de 20 años excarcelada el 12 de junio / Foto: María Gracia Lacruz/Runrun.es
Para finalizar, los familiares caminaron hacia la entrada de la Embajada estadounidense. Desde allí, la señora Francis Quiñones pidió al encargado de Negocios, John Barret, interceder por la liberación de su hijo y de todos los presos políticos. “Nosotros no pedimos vivir así”, dijo la señora Quiñones, quien posteriormente dejó una flor blanca en la entrada de la sede diplomática.
Francis Quiñones frente a la entrada de la Embajada de Estados Unidos / Foto: María Gracia Lacruz/Runrun.es
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Raúl Arancibia, ex fiscal de la región de Tarapacá en Chile, levantaba el teléfono y nadie le contestaba en Venezuela.
El funcionario sentenció que a raíz de la cantidad de delitos que se registraron hace un lustro especialmente al norte de Chile vinculados al Tren del Aragua, la Fiscalía de ese país solicitó colaboración de las autoridades venezolanas, pero no obtuvieron respuesta alguna.
Arancibia, quien fue uno de los invitados de La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) de Runrunes, Tal Cual y El Pitazo, correspondiente a este 16 de junio, expresó que la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero” la semana pasada fue el final de una retahíla de crímenes y violaciones a los derechos humanos.
El fiscal sentenció que en Chile el TDA no solo traficaba drogas y armas sino que cobraban a cualquiera que tratara de pasar contrabando desde Bolivia.
Arancibia expuso que los propios delincuentes chilenos se sorprendieron por la crueldad de los crímenes cometidos por los miembros del TDA
“Comenzaron a ver delitos mucho más violentos. Había una violencia y una crueldad a la cual nosotros no estábamos acostumbrados. Aquí en Chile no se cortaban cabezas, ni cosas por el estilo”, dijo el fiscal chileno.
El fiscal sostuvo que al principio la línea de negocio del TDA en Chile era la explotación ytrata de personas con fines sexuales.
“Muchas mujeres llegaban desde Venezuela y Colombia y eran sometidas o captadas para tener actividad sexual, pero en condiciones de verdadera esclavitud. Niñas de 15 y 16 años que tenían que trabajar de una manera extenuante para juntar 500 dólares o más a la semana que debían pagar a estas personas”, dijo Arancibia.
Dijo que a raíz de que había gente sin antecedentes penales, identidad alguna e incluso con varias cédulas, la Fiscalía chilena empezó a tratar de hacer contactos informales con policías de Venezuela y también de Colombia.
Juicio de al menos dos años
Para Arancibia, el hecho de que alias “Niño Guerrero” haya resultado muerto “es una solución a muchos problemas”.
Arancibia, quien fue el primer fiscal en investigar las operaciones del Tren de Aragua en Chile, sostuvo que haber capturado con vida al criminal venezolano hubiese implicado una cantidad de recursos y seguridad incalculables.
“Yo creo que habría sido un enorme trastorno judicial desde todo punto de vista, un juicio contra él habría durado un par de años”, dijo Arancibia.
César Batiz, director de El Pitazo dijo que según sus fuentes, la operación que acabó con la vida de Guerrero Flores en el sector de Las Claritas en el estado Bolívar, fue un despliegue policial y no militar, mientras que Ronna Rísquez, coordinadora de ARI, sentenció que una de las versiones indican que hubo colaboración por parte del gobierno venezolano, específicamente de un cuerpo de seguridad que está coordinado por el Ministerio de Interior y Justicia.
Rísquez dijo que Arancibia fue una de las primeras personas que logró judicializar a los miembros del TDA bajo la categoría de grupo criminal transnacional.
“Fue la primera autoridad que internacionalmente solicitó la detención y captura del Niño Guerrero”, apuntó la periodista.
Arancibia indicó que el descubrimiento en Chile del TDA fue algo fortuito que coincidió con la detención de al menos un par de mujeres de nacionalidad peruana portando Ketamina en la frontera con Bolivia durante 2021.
“Y estas mujeres, al ser sorprendidas señalaron que habían sido obligadas por miembros del Tren de Aragua”, dijo Arancibia.
El fiscal señaló que “aunque parezca absurdo”, las autoridades tuvieron que poner en Google las palabras Tren de Aragua porque desconocían la existencia hasta entonces de la banda trasnacional.
Arancibia sentenció que al rastrear las palabras comenzaron a surgir una cantidad de informaciones provenientes de Venezuela acerca de crímenes y de la cárcel de Tocorón en el estado Aragua, desde donde operaba la banda.
El fiscal relató que a raíz de las declaraciones de las personas que fueron capturadas traficando drogas, empezaron a registrar los teléfonos de presos en Chile y dieron con el testimonio de alias “Zeus”, un venezolano detenido en el país austral vinculado al TDA.
“Allí fue que nos dimos cuenta de que esto era más serio de lo que nosotros habíamos vislumbrado”, apuntó el fiscal.
Cooperación regional
Arancibia expresó que si bien no hubo colaboración estrecha con el gobierno de Estados Unidos, sí con algunos agentes agregados de la Oficina Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés).
Asimismo sentenció que obtuvo colaboración de autoridades de Ecuador, Colombia, Perú y Bolivia.
El fiscal aseguró que a través de esas colaboraciones llegaron a Carlos González Vaca alias “Estrella”, condenado a cadena perpetua por secuestro, homicidio, tráfico de migrantes y trata de personas con explotación sexual.
“Sabíamos que Estrella, nuestro líder local, por así decirlo,había sido alguien muy cercano al Niño Guerrero, porque habían coincidido aparentemente en la cárcel de Tocorón por algún delito”, dijo Arancibia.
El fiscal indicó que al principio no sabían si el “Niño Guerrero” era una realidad o un mito.
Según Arancibia la mayoría de los delitos que se cometieron al principio eran contra venezolanos en Chile.
“Porque hubo una oleada de inmigrantes previa de gente de mayores recursos, profesionales, médicos, ingenieros que venían de Venezuela a Chile”, dijo el profesional del derecho.
Arancibia aseguró que el TDA llegó a tener una línea de autobuses interprovinciales utilizados para tráfico de migrantes y drogas.
El fiscal añadió que fue evidente la participación del TDA en el asesinato en Santiago de Chile del teniente del Ejército venezolano, Ronald Ojeda.
“Algunos testimonios indican que habría algún vínculo con una autoridad muy importante de Venezuela y que sería una especie de venganza contra Ojeda”, agregó el fiscal.
Arancibia sentenció que de haber tenido cooperación del gobierno venezolano para combatir los tentáculos del TDA, las operaciones hubiesen sido más efectivas.
“Es que si le pedimos información al gobierno de Venezuela y se va a demorar ocho meses en contestarnos, no sirve de nada, eso debe ser oportuno”, dijo el fiscal.
Para Arancibia, lo importante es que no se pierda el interés en combatir a este tipo de organizaciones.
“Porque ponen en riesgo no solo la seguridad y la economía de un país, sino también como alguien dijo recientemente, la democracia”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, compareció ante la Audiencia Nacional de España en el marco de la investigación por presuntas comisiones irregulares vinculadas al rescate estatal de la aerolínea Plus Ultra.
Después de que saliese de la Audiencia Nacional, el tribunal dictó un auto en el que comunicaba que la investigación seguía adelante, ya que Zapatero no había logrado desvirtuar los indicios existentes contra él. Sin embargo, no le impuso medidas cautelares a pesar de la petición de la fiscalía.
Estas son las claves de una declaración de tres horas del expresidente del gobierno español
Estrategia de silencio
Zapatero optó por no responder a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, que lo investiga desde finales de 2024. Su entorno asegura que fue una maniobra calculada para evitar que el ministerio público “enrevesara” sus palabras.
“Jamás influí”
Ante el juez, Zapatero aseguró que nunca intervino ante el gobierno de Pedro Sánchez ni ante funcionarios públicos para agilizar o conceder el rescate de 53 millones de euros otorgado a Plus Ultra en 2021 a través de los fondos de ayuda postpandemia.
El “pana Zapatero” en los chats
A pesar de sus negativas, el juez mantiene las sospechas debido a los vaciados telefónicos de la investigación. En los chats intervenidos a directivos de la aerolínea se leen mensajes explícitos como “nuestro pana Zapatero está detrás”, además de menciones a una presunta boutique finance montada para presionar a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La conexión con Julio Martínez y los 490.000 euros
El expresidente admitió haber recibido 490.000 euros de la empresa Análisis Relevante, propiedad de su amigo Julio Martínez Martínez (señalado de firmar el contrato del 1% de comisión por la consultoría del rescate). Zapatero alegó que esos ingresos corresponden estrictamente a honorarios profesionales por conferencias e informes, pagados bajo el régimen de impuestos personales (IRPF).
Las hijas en el radar
La investigación también apunta al entorno familiar. Zapatero tuvo que defender la legitimidad de la empresa de sus hijas (Whathefav), la cual recibió cerca de 200.000 euros por parte de las firmas de Martínez para la supuesta maquetación de informes. El político negó que se tratara de una empresa fachada.
Sin medidas cautelares, pero bajo sospecha
Aunque la Fiscalía Anticorrupción solicitó la prohibición de salida del país por riesgo de destrucción de pruebas y supuestos nexos en el extranjero (mencionando explícitamente a Venezuela y países árabes), el juez rechazó imponer medidas cautelares argumentando que, dada su notoriedad pública, el riesgo de fuga es bajo y los documentos clave ya fueron incautados.
El dictamen del juez
Para el instructor, la declaración de Zapatero no logró aclarar la trazabilidad de los fondos ni el uso de una red de sociedades mercantiles que presuntamente instrumentalizaron los pagos. La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía española continúa su curso.
Al expresidente del gobierno español le queda la dura tarea de presentar pruebas que srivan para desmonten la investigación elaborada por la fiscalía anticorrupción durante un año y medio.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
En México, el comienzo del Mundial de fútbol se vio marcado por situaciones contrastantes. Mientras en el histórico estadio Azteca todo era fiesta, música y deporte, en las calles, varios grupos protestaban por problemáticas minimizadas o invisibilizadas sistemáticamente por el Estado mexicano. Entre ellas se destacaban las de colectivos de madres buscadoras, que se enfrentaron a los cercos policiales que trataban de acallar sus clamores por más de 130.000 desaparecidos. Las imágenes dieron la vuelta al mundo.
En redes sociales también surgió la campaña “La violencia contra las mujeres no es parte del juego”, para crear consciencia sobre los altos índices de feminicidios en el país. Tan solo en México, el 43,9% han sufrido las agresiones de sus esposos o parejas, que suelen agudizarse en los grandes eventos deportivos, como denuncia la Red Nacional de Refugios. Esta problemática afecta a todos los países de América Latina.
Justamente, una semana antes del inicio del torneo mundialista, en Argentina miles de personas salieron a las calles para protestar por el feminicidio de Agostina Vega, de 14 años, cuyo cuerpo apareció en un descampado de la ciudad de Córdoba.
El asesinato de dos mujeres más se sumó a la indignación de la ciudadanía y de grupos feministas que luchan por los derechos de las mujeres. Sin embargo, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina presenta una cuestionada baja de 12,3% en el índice de los casos durante 2025, con respecto al año anterior. “Frente a hechos de esta gravedad, el Estado no puede mirar para otro lado. Reconocer el femicidio es clave para entender que no se trata de homicidios comunes, sino de violencia estructural que exige políticas públicas específicas”, expresó en un comunicado Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Las declaraciones del fiscal de Córdoba, Raúl Garzón, quien lleva el caso de Agostina Vega, solo alimentaron la indignación de grandes sectores sociales. Primero, evitó calificar el crimen como feminicidio. Luego, le dio mérito a los perros de búsqueda que dieron con los restos de la menor. “Hay que entregarles una medalla de distinción”, afirmó. La exconcejal Laura Vilches lo increpó al decirle que podía “ahorrarse el cinismo”, porque era “una payasada” lo que estaba haciendo.
Para Aimée Zambrano, coordinadora del Monitor de Feminicidios Utopix, con sede en Venezuela, el asesinato de Vega fue la gota que derramó el vaso de la grave violencia que sufren las argentinas. Afirma que su historia está siendo tan relevante como lo fue en 2015 el feminicidio de Chiara Páez, otra adolescente de 14 años, que dio origen al movimiento Ni una menos. Además, señala Zambrano en conversación con CONNECTAS, la actitud del fiscal Garzón “es un indicador del tipo de gobierno, el tipo de ideas que ahora hay en Argentina y que vienen de la mano de negar los derechos de las mujeres y de negar que existe un Estado patriarcal, y de negar que hay un tratamiento diferenciado desde lo masculino hacia lo femenino”.
En efecto, el gobierno de Javier Milei decidió recortar hasta casi en un 90% el presupuesto para prevenir la violencia de género, mientras eliminaba el programa Acompañar así como la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. “El Gobierno libertario optó por desfinanciar y suprimir, evitando contemplar que las iniciativas ahora vaciadas eran el resultado de una larga historia y que surgieron para dar respuesta a un problema estructural que persiste y que exige presencia estatal”, publicó el diario español El País.
María Elena Martin, investigadora de la Universidad Nacional de Misiones, explica que desde la llegada de Milei a la presidencia, “prácticamente se han desmantelado todas las políticas públicas de igualdad de género y los observatorios. Solamente queda el de la Corte Suprema de Justicia, que registra feminicidios”. Pero, afirma la académica, por supuesto no ha podido desintegrar la vigilancia de la sociedad civil.
El 10 de junio, el diputado Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para declarar “emergencia pública nacional en materia social por violencia de género contra las mujeres y diversidades por el término de dos años”. Y es que, en lo que va del año, se registra un intento de feminicidio en ese país cada 26 horas. Ello, “frente a un sistema que garantiza impunidad y que tiene una política de negacionismo, desfinanciamiento y desmantelamiento total de las políticas para prevenir esta situación”, argumentó el legislador.
Por su parte, la Asociación Civil Franco-Argentina MundoSur muestra en su Informe Anual 2025, que Argentina registró “un incremento leve, pero sostenido, en los últimos tres años” en el índice de feminicidios. También se mira un aumento en América Latina, ya que durante 2025 hubo más de 3.700 muertes violentas de mujeres y niñas por razones de género, un promedio de 315 por mes y un aumento del 18% con respecto al 2024. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) señala que en la región se encuentran 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios en el mundo. Las naciones con las tasas más altas durante 2025 en la región fueron Puerto Rico, Honduras y Ecuador.
De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, Honduras presenta uno de los mayores índices de muertes violentas de mujeres del mundo. La mayoría de los casos, señala el organismo, “son perpetrados por la delincuencia organizada y una importante cantidad son clasificados en la categoría ‘sin determinar’”.
El Centro de Derecho de Mujeres de Honduras reportó que tan solo en los primeros cinco meses de este año 111 fueron asesinadas, lo que equivale a un feminicidio cada 32 horas. El país “enfrenta tasas de impunidad alarmantes”, señala en un pronunciamiento público al comentar una reforma al Código Penal sobre el delito de feminicidio, que aumentó la condena hasta 60 años en casos agravados.
🚨⚠️#ATENCION~ Grupos feministas hicieron un plantón en la Corte Suprema de Justicia para exigir justicia ante los femicidios registrados a diario en Honduras.
Durante el 01 de enero al 30 de abril de 2026, el Centro de Derechos de Mujeres registró 87 muertes violentas de… pic.twitter.com/QtTAQ1NvqI
Para esa ONG, aumentar las penas no es de ningún modo suficiente. “La investigación criminal deficiente, la ausencia de la aplicación de la perspectiva de género de parte de los operadores de justicia y la revictimización institucional de las mujeres que denuncian, hacen que el mayor obstáculo no sea la insuficiencia de las penas vigentes, sino la casi nula probabilidad de que los agresores sean efectivamente investigados, procesados y condenados”, dice el documento.
Estas cifras regionales, sin embargo, no reflejan la realidad, porque más de la mitad de los países no cuentan con información pública. Por ello, uno de los principales desafíos es la falta de datos consolidados. MundoSur utiliza la información que aparece en la prensa digital como fuente principal para construir un mapa anual regional de feminicidios que presenta desde 2019.
Aunque parezca extraño por sus sesgos y vacíos, la prensa se convierte en “una herramienta invaluable para poner en agenda la necesidad de que el Estado asuma sus compromisos y sus obligaciones”, señala Eugenia D’Angelo, directora ejecutiva y fundadora de MundoSur. Lo anterior se agudiza aún más ante la inexistencia de una definición jurídica homologada en los países y ante las diferencias en las capacidades institucionales para registrar, sistematizar y publicar información.
Por su parte, la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Iniciativa Iberoamericana para Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres, y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe presentaron a finales de mayo el informe “Medir para transformar: el coste de la violencia contra las mujeres en Iberoamérica”, donde llaman la atención sobre el alto subregistro en la mayoría de los países iberoamericanos.
Ponen como ejemplo a México, donde apenas el 13,6% de los casos llega a denuncia formal, y a Ecuador, donde solo se denuncia el 5%. Asimismo, señala que entre el 44 y el 50% de los casos sucede en los hogares. “Esto significa que todas las estimaciones de costo disponibles son necesariamente conservadoras y que el costo económico real de la violencia contra las mujeres en la región es mayor que las cifras publicadas”, alerta SEGIB en un comunicado oficial.
Además, el informe “Medir para transformar” muestra que la violencia contra las mujeres produce un alto desgaste económico para los países. En algunos de ellos, como Paraguay y Ecuador, alcanza hasta el 5% del Producto Interno Bruto, representado en gastos de salud y justicia, descapitalización de microempresas y falta de rendimiento de las trabajadoras víctimas de violencia, entre otros factores.
“Tiene un costo muy importante. Y no solo es económico. Ese es uno de los aspectos menos visibilizados. Tiene un impacto humano y social. Tiene impacto sobre la salud, tiene impacto sobre la autonomía de las mujeres y en su participación laboral”, ahonda Azul Picón, coordinadora del área de prevención de las violencias de Grow – Género y Trabajo, asociación civil especialista en temas de género en el ámbito laboral.
En su informe 2025, MundoSur advierte que en la región latinoamericana avanza la regresión política y el debilitamiento de las “organizaciones que históricamente han sostenido el monitoreo independiente de los feminicidios”. Denuncia un “creciente backlash contra los derechos de las mujeres”, lo cual es evidente a partir de los recortes de presupuestos, debilitamiento institucional y discursos anti-derechos.
El medio argentino feminista Latfem atribuye el fenómeno desde 2019 a los gobiernos de extrema derecha. Preocupa particularmente la política del nuevo presidente chileno José Antonio Kast, quien encabeza una agenda antiderechos en esta materia.
D’Angelo explica que en Latinoamérica hay al mismo tiempo avances y retrocesos y algunos países han desarrollado marcos normativos e institucionales relevantes para proteger los derechos de las mujeres. “Pero la existencia de una legislación avanzada no garantiza por sí sola una protección efectiva. Que exista la ley no significa que el derecho sea efectivo y que sí pueda ser ejercido claramente por las personas”, señala.
Pero otro factor, igualmente preocupante, entra en el juego. “Hay un alineamiento con el gobierno de Estados Unidos, que tiene una clara agenda antifeminista y antiderechos”, afirma esta jurista doctora en derechos humanos. Asimismo, considera que “la persistencia de los feminicidios y la especial vulnerabilidad de las mujeres de pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes, rurales, mujeres con discapacidad, personas trans, muestran que la violencia femicida sigue siendo una expresión extrema de desigualdades estructurales que no han sido resueltas en la región”.
El marco normativo internacional existe y muchos países lo tienen considerado. El instrumento más avanzado es el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual no se centra en la sanción sino en la prevención. El problema es que no se implementan políticas concretas. “Por ejemplo, en Argentina está ratificado, pero no hay nadie que controle que se cumpla”, acusa Picón.
En este escenario de violencia contra las mujeres, las expertas coinciden en que para muchas de ellas el mundial de futbol no es motivo de celebración, sino de angustia, porque en estos ambientes se reafirman los discursos patriarcales. Insisten, como también señala la SEGIB, en que solo habrá resultados si se consolidan políticas gubernamentales encaminadas a la prevención, lo cual no solo representaría menores costos económicos, sino que ayudarían a proteger derechos y, sobre todo, a salvar miles de vidas en el continente.
Este análisis contó con la colaboración en reportería de Federico Ruiz.
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