Cerca de cumplir una década desde su suspensión temporal, el Sistema de Procura de Órganos y Tejidos (SPOT) en Venezuela se mantiene inactivo y esto vulnera diariamente los derechos humanos de miles de personas en el país.
Lucila Velutini, integrante de la directiva de la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV) denunció, en una entrevista en Unión Radio, que la promesa de solventar las deficiencias hospitalarias en un lapso de tres meses, se convirtió en una larga pausa desde junio de 2017 que obliga a los pacientes crónicos a depender exclusivamente de la diálisis o a enfrentar un costoso mercado de donantes vivos.
Nueve años de promesas
El colapso formal del sistema inició el primero de junio de 2017, cuando el organismo encargado emitió un comunicado en el que declaraban el cese provisional de las cirugías, con el supuesto objetivo de mejorar os centros y garantizar el suministro de insumos médicos necesarios para el antes y después del trasplante.
“Desde el primero de junio del 2017 hay una paralización que iba a ser temporal y que tristemente se ha convertido en permanente, estamos hablando de larguísimos, larguísimos, nueve años”, declaró Velutini.
La falta de reactivación del programa de trasplantes obstruye las oportunidades de supervivencia de la población. Velutini detalló que aunque se habilitó un espacio en el CDI del Paraíso para trasplantes de vivo a vivo, esta alternativa también quedó suspendida desde noviembre de 2025. Durante el último año, la ONTV solo pudo registrar cinco procedimientos pediátricos en el país.
“Esto deja por fuera a todas esas personas, niños, jóvenes, adultos, que no tienen un donante vivo relacionado que se pueda convertir en ese milagro de vida para ellos”, lamentó Lucila Velutini.
El alto costo de mantener un órgano
De acuerdo a datos recopilados en un reportaje de esta casa, “Cómo se vive siendo un paciente trasplantado en Venezuela” y organizaciones como Amigos Trasplantados de Venezuela (ATV), los beneficiarios deben enfrentarse con la inconstancia en la entrega de inmunosupresores por parte de farmacias de alto costo por parte del IVSS.
Reymer Villamizar, coordinador de ATV y paciente trasplantado, calcula que el monto mensual privado para mantener un órgano funcionando oscila entre los 1000 dólares dependiendo de la combinación de medicamentos que necesite cada paciente y debido a la problemática nacional de bajos ingresos, muchas personas deciden irse por disminuir las dosis para prolongar la duración de los fármacos.
Esta reducción de las dosis prescritas lo que hace es debilitar la barrera inmunológica de los pacientes, lo que puede derivar en que el organismo identifique al órgano implantado como un cuerpo extraño y comience a rechazarlo. Esto puede conducir a daños irreversibles, o incluso, el fallecimiento.
De esta misma manera, los pacientes también han denunciado que los medicamentos importados de la India provocan reacciones secundarias adversas y problemas de salud obligando a los afectados a costear exámenes continuos.
Un llamado de ayuda
La ONTV reitera que la solución para el problema de la salud pública en el país debe unir varias capacidades como la inversión económica, la política y los derechos humanos. Velutini explicó que el personal médico cuenta con el conocimiento y experiencia necesaria para seguir adelante con los procesos quirúrgicos, pero carece por completo de los materiales necesarios.
“Necesitamos que el Estado venezolano, quien es el garante de la salud, haga lo necesario, y pido otra cosa: todos, todos tenemos que poner de nuestra parte. Si alguna empresa, bien sea farmacéutica, de equipos médicos, de lo que sea, puede poner la mano y ayudar al Estado venezolano a tener lo que los hospitales necesitan, señores, vamos a hacerlo, es entre todos”, concluyó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
