¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 11 de marzo,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Desde inicios del año 2026, con Delcy Rodríguez en el poder -avalada por Estados Unidos- tras los eventos del 3 de enero, el Estado venezolano ha intentado proyectar una imagen de “reconciliación nacional” mediante la aprobación de una Ley de Amnistía.
Sin embargo, testimonios de defensores de DDHH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelan que esta supuesta apertura no ha desmantelado las estructuras de control social y persecución política y destacaron la necesidad de que el Estado garantice la reparación y no repetición.
En una audiencia pública en el marco del 195 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos celebrada en Guatemala este martes 10 de marzo, y titulada «Venezuela: Derecho a la libertad de expresión, prensa, información y asociación», representantes de la ONG Espacio Público y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) expusieron un panorama donde la esperanza por la reciente Ley de Amnistía colisiona frontalmente con patrones de persecución que se niegan a desaparecer.
“En el caso de Víctor Hugo Quero, cuyo paradero y estado físico se desconocen desde hace más de 14 meses, el silencio administrativo ha dejado de ser una omisión para convertirse en una política de opacidad que vulnera tratados internacionales y derechos constitucionales fundamentales”, ONG Justicia, Encuentro y Perdón.
Lo que rompe en redes
Estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) denunciaron que, tras sostener una rueda de prensa del Movimiento “Salvemos Venezuela” en conjunto con la Alianza Sindical Nacional, miembros de seguridad grabaron a los presentes sin ningún motivo.
#AlMomento | Luego de la rueda de prensa del Movimiento “Salvemos Venezuela” en conjunto a la Alianza Sindical Nacional, miembros de la Seguridad UCV se dedicaron a grabar y a documentar a los presentes sin motivo alguno.
El periodista venezolano Ramón Centeno se recupera exitosamente tras someterse a una cirugía que le permitiría volver a caminar. Este martes, 10 de marzo, se le vio llegar caminando con ayuda de una andadera a una consulta médica posoperatoria.
Ya está disponible en Netflix la segunda temporada del live action de One Piece, la popular serie de manga y anime escrita por el mangaka japonés Eiichirō Oda.
La periodista Yolimar Hidalgo, de 30 años de edad, fue hallada muerta la mañana del 8 de marzo en una vivienda del sector Huete de Cagua, estado Aragua. Según datos publicados por el medio aliado El Pitazo, el cuerpo de la comunicadora social presentaba un impacto de bala en la cabeza.
Una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) se trasladó al sitio para realizar el levantamiento del cadáver e iniciar las pesquisas correspondientes. Fuentes policiales indican que la determinación de la trayectoria de la bala es el elemento técnico fundamental para esclarecer si se trató de un hecho violento o de otra naturaleza.
Hidalgo egresó de la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV) en la promoción de 2021. En la actualidad, desempeñaba labores de periodismo comunitario y popular, enfocada en la difusión de actividades sociales y políticas en el eje central de Aragua.
Su historial laboral incluía experiencia en el área de comunicaciones durante la gestión de Hipólito Abreu en el Ministerio de Transporte y Comunicación. Asimismo, se conoció que formaba parte del Movimiento Integrador Revolucionario Antiimperialista (MIRA). La periodista era madre de tres hijos.
Ante el suceso, la Junta Directiva del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Aragua, emitió un comunicado oficial en el que instó a los organismos de seguridad a establecer con claridad las causas del fallecimiento. El gremio enfatizó que la muerte ocurrió en circunstancias que todavía están bajo investigación.
“Para dar tranquilidad y conformidad a familiares y allegados, solicitamos dar celeridad a las investigaciones”, señaló la representación gremial, al tiempo que subrayó la importancia de evitar la opacidad en casos que involucran a profesionales de la comunicación.
La Junta Directiva Nacional del CNP acompañó este pronunciamiento y exhortó a las autoridades competentes a esclarecer las circunstancias en las que perdió la vida Hidalgo.
Dos periodistas muertos en diez días
Lamuerte violenta de Yolimar Hidalgo se suma a la del periodista merideño Walter Jaimes, quien el 28 de febrero fue reportado como desaparecido tras salir de su residencia en la mañana para cubrir una pauta noticiosa.
El 1 de marzo, el cuerpo del periodista fue localizado en una zona enmontada del sector El Anís, en la carretera La Variante del municipio Sucre, Mérida. El cadáver presentaba signos de tortura, el rostro quemado y traumatismo craneoencefálico severo. Al no ser identificado inicialmente por falta de documentación, el cuerpo es enterrado en una fosa común en el municipio Campo Elías (Lagunillas).
El 5 de marzo pasado, un tribunal autorizó la exhumación del cuerpo de Jaimes tras la exigencia de familiares y del gremio periodístico para realizar nuevos exámenes forenses. El procedimiento se llevó a cabo un día después y los restos fueron trasladados hacia el municipio Tovar y posteriormente a Bailadores.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Desde inicios del año 2026, con Delcy Rodríguez en el poder -avalada por Estados Unidos- tras los eventos del 3 de enero, el Estado venezolano ha intentado proyectar una imagen de “reconciliación nacional” mediante la aprobación de una Ley de Amnistía.
Sin embargo, testimonios de defensores de DDHH ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelan que esta supuesta apertura no ha desmantelado las estructuras de control social y persecución política y destacaron la necesidad de que el Estado garantice la reparación y no repetición.
En una audiencia pública en el marco del 195 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanoscelebrada en Guatemala este martes 10 de marzo, y titulada «Venezuela: Derecho a la libertad de expresión, prensa, información y asociación», representantes de la ONG Espacio Público y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB) expusieron un panorama donde la esperanza por la reciente Ley de Amnistía colisiona frontalmente con patrones de persecución que se niegan a desaparecer.
Una herramienta insuficiente y criminalizante
La “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, aprobada el 19 de febrero de 2026 por la Asamblea Nacional, fue el eje central del debate. Aunque la normativa permitió un “indicio de reconciliación nacional”, las organizaciones denunciaron ante la CIDH fallas estructurales en su implementación.
Francis Betancourt, coordinadora del Programa de promoción, defensa y acción pública de Espacio Público, subrayó la opacidad que ha rodeado el proceso desde su anuncio por parte de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez: «Una vez que los familiares se dan cuenta de que no hay listas oficiales del Estado, proceden a documentar caso por caso.Queda en evidencia la falta de transparencia de estos casos y la falta de información pública del alcance de estas medidas», alertó.
Por su parte, Marysabel Rodríguez, investigadora del CDH-UCAB, señaló que el espíritu de la ley no es el de reparar a las víctimas, sino el de “perpetuar una narrativa de culpabilidad”. Según Rodríguez, el texto “trata a las víctimas como delincuentes” y parte de la premisa de que los beneficiarios cometieron delitos, obviando que muchos fueron procesados arbitrariamente por razones políticas
La paz necesita justicia, reparación y no repetición
Aunque organizaciones registran entre 500 y 600 excarcelaciones desde enero de 2026, los defensores advierten que estar fuera de una celda no significa ser libre. Francis Betancourt explicó que persisten graves vulneraciones al debido proceso y a la presunción de inocencia.
Muchos de los excarcelados mantienen regímenes de presentación y sus casos carecen de sentencias firmes que aborden el fondo de la causa; en su lugar, se les otorga una simple “boleta” de excarcelación en lugar de un sobreseimiento judicial definitivo.
«Celebramos los sobreseimientos otorgados a través de la Ley de Amnistía, pero vemos con preocupación que se están dando a través de una boleta y no una sentencia. Queremos apelar a que estas sentencias respondan al fondo de la causa… para que las víctimas puedan tener acceso a la justicia», acotó Betancourt.
A su vez, Carlos Correa, director de Espacio Público, subrayó la importancia de estas salidas, pero con matices claros. Aunque afirma que cada libertad llena de gozo a las organizaciones y permite a las personas abrazar a sus familias, enfatizó que se requiere libertad plena y que la gente pueda incorporarse al debate social sin temor a las consecuencias. Para Correa, la excarcelación actual permite documentar lo ocurrido y saber quiénes son los responsables, pero no constituye el fin del camino hacia la justicia y la reparación.
Asimismo, enfatizó que, aunque cada reencuentro familiar tras las rejas es motivo de celebración, el objetivo final es la reintegración total del ciudadano a la vida pública sin represalias. «Es fundamental que la gente pueda sentirse con libertad. Expresarnos sin temor a las consecuencias. Tenemos que vencer las consecuencias de expresarse», dijo.
Finalmente, hizo un llamado a la “coherencia” institucional, recordando que el discurso oficial de pacificación debe sostenerse sobre pilares sólidos: «Se habla de paz; la paz necesita justicia, derechos humanos, reparación y no repetición. Esas son las agendas en las que hay que avanzar y transformar».
La “arquitectura del odio”
La situación de la prensa en 2026 sigue marcada por la censura y la violencia. A pesar de que algunos medios recuperaron acceso a sedes oficiales como el Palacio de Miraflores, los ataques directos persisten. El 5 de enero, durante la instalación de la Asamblea Nacional, al menos 14 periodistas fueron detenidos y sus equipos fueron revisados ilegalmente.
Carlos Correa denunció ante la CIDH que en Venezuela se constituyó una “arquitectura legal del resentimiento y del odio” diseñada para castigar a quienes critican. La Ley contra el Odio, que Correa describe como la más severa de la región, permite penas de hasta 20 años de cárcel solo por emitir una opinión.
Recientemente, el 26 de febrero, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió que el delito de “incitación al odio” es imprescriptible. Francis Betancourt alertó que esto convierte una opinión en un crimen de lesa humanidad, violentando todos los estándares internacionales y la libertad de expresión.
Ante este panorama, Correa defendió la necesidad de la libertad incluso con sus imperfecciones, señalando que es preferible abordar los problemas del periodismo responsable al silencio impuesto por el Estado. El director de Espacio Público también mencionó el asesinato del periodista Walter Jaimes, cuyo cuerpo fue exhumado recientemente en un intento por esclarecer un crimen que sigue bajo la sombra de la impunidad.
La censura digital y la criminalización de la asociación
El entorno digital en Venezuela está bajo un bloqueo sistemático. Al menos 62 sitios de noticias y portales de derechos humanos se mantienen bloqueados por la operadora Cantv y empresas privadas que proveen servicios de Internet.
Pedro Vaca, relator especial de la CIDH, calificó como “impresionante” el reporte de sitios censurados, que incluye incluso aplicaciones de mensajería, limitando severamente el acceso a la información de la sociedad venezolana.
«Es difícil entender cómo en una libertad plena existen mecanismos importantes de contención, propaganda y conducción de lo que entiende la sociedad», señaló.
En cuanto al derecho de asociación, Marysabel Rodríguez denunció que el Estado utiliza la figura penal de “asociación para delinquir” como “punta de lanza” para criminalizar la labor política y social.
«Se utiliza sistemáticamente esta atribución de asociación para delinquir para criminalizar a personas que ejercen de manera legítima y legal la libertad política de asociarse… El derecho a la asociación es criminalizado a través de esa figura penal», advirtió Rodríguez.
Decálogo de la ruta hacia la democracia
Para concluir su intervención, Carlos Correa propuso un decálogo de medidas inmediatas que el Estado venezolano debería adoptar si realmente busca una transición democrática. Estas incluyen:
– Libertad plena y no solo medidas cautelares para los excarcelados
– Derogatoria de leyes restrictivas, como la Ley contra el Odio y la Ley contra las ONG
– Cese del discurso de descalificación desde los medios estatales hacia la disidencia
-Garantía de acceso a la información pública, incluyendo datos precisos sobre los beneficiarios de la amnistía
Correa enfatizó que, aunque cada liberación es recibida con “gozo”, no se debe perder de vista que la paz genuina solo es posible si se basa en la “justicia, derechos humanos, reparación y no repetición”.
El rol de la CIDH y demandas al Estado
La Comisión, a través de sus relatores, reafirmó su compromiso con el seguimiento técnico de la situación venezolana. Gloria de Mees, relatora para Venezuela, agradeció a los defensores por mantener “una luz de verdad en una realidad deliberadamente formada por terror y opacidad”.
Asimismo, la relatora solicitó al Estado que haya una visita in situ. «No es un gesto simbólico, es algo en una sala que se ha mantenido en la oscuridad», declaró.
Por su parte, Edgar Stuardo Ralón, presidente de la CIDH, destacó también la necesidad de tener esta visita en terreno, ya que ayudaría a acelerar “los procesos de una transición democrática”.
«La historia de nuestra región nos recuerda que la libertad puede ser demorada pero nunca extinguida. Venezuela ha atravesado años difíciles marcados por restricciones a la libertad de expresión, persecución y miedo. Sin embargo, también ha demostrado una extraordinaria resiliencia cívica», finalizó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Para los agrónomos, tutorear es colocar una estaca amarrada a un árbol recién sembrado para que crezca derecho. En relación a una persona o grupo, se refiere a guiar y apoyar para que tome decisiones acertadas. Para poder tutorear a alguien con éxito se requiere que tenga disposición para cambiar e implica un largo proceso de enseñanza.
Arrear es estimular o empujar para arrancar o acelerar el paso, y aunque se usa generalmente para llevar el ganado a determinado sitio, también se aplica coloquialmente a personas. No implica voluntad de moverse, solo obedece por la fuerza o por miedo, no por convicción, demorando actuar lo más que puede. En el caso del G4, integrado por Delcy Rodrígez, su hermano Jorge, Diosdado Cabello y Padrino López, ¿vale la pena tutorearlos o deben arrearse para encauzar a Venezuela hacia la democracia?
¿En qué ha cedido el G4?
Como no están agarrados a lazo, detectaron que el interés del presidente Trump es económico y geopolítico. En consecuencia, Delcy y sus tres compinches se doblaron, dejaron de lado sus convicciones y prédicas políticas y aceptaron recibir con sonrisas complacientes a altas personalidades, civiles y militares, de Estados Unidos, y reformar la Ley de Hidrocarburos casi hasta donde lo permite la Constitución.
Esa reforma, a pesar de sus fallas, es favorable tanto a Venezuela, como a las compañías petroleras y servicios conexos, especialmente a las estadounidenses que conocen el terreno. En el aspecto geopolítico, seguro que, por presión de Marco Rubio, expulsaron a los equipos cubanos de paramédicos y entrenadores deportivos que realizaban una buena labor, así como a quienes actuaban como espías, controlaban registros y notarías, y eran guardaespaldas de Maduro y quizá de otros jerarcas.
Ahora Irán no cuenta, Rusia está cada vez más desgastada por su invasión a Ucrania y la resistencia encontrada, y a la dictadura cubana la tienen en caldo de ñame.
Cedieron muy parcialmente al aprobar una Ley de Amnistía que es una farsa. Aunque ha permitido la excarcelación de muchos, otros permanecen en las ergástulas del régimen. Trump está satisfecho con Delcy Rodríguez, pero Marco Rubio y la señora Dogu deben arrearla, porque los venezolanos no percibimos cambios fundamentales y queremos democracia.
Insistimos sin duda en la libertad de todos los presos políticos y que el régimen proporcione información a los familiares de quienes siguen encerrados o desaparecidos, que de hecho también están presos, así como que los exiliados puedan regresar. En segundo término, el desarme de los paramilitares apoyados por el régimen y combatir a las guerrillas colombianas relacionadas con el tráfico de drogas, así como enjuiciar a nuestros militares implicados en el tráfico de drogas y de oro. También que cesen los encarcelamientos, y las invasiones, robos y destrucción de viviendas de opositores como los recientes perpetrados en los hogares de Leopoldo López y su esposa Lilian, y sean devueltas las casas robadas a varios conocidos opositores.
¿En qué áreas debe actuar la oposición?
Nos permitimos insistir en la necesidad de suspender el fuego amigo, disparado desde la cintura e injustamente en contra de opositores por cualquier diferencia de opinión. En este sentido, pensamos que María Corina, con su gran liderazgo, tendría una gran influencia en reducir esas descalificaciones. Otro punto importante es prepararnos para las elecciones. Que no nos agarren con las lámparas apagadas.
En este sentido, el Movimiento Ciudadano de Venezolanos en el Mundo, del que formamos parte, emitió un comunicado que, entre otros puntos, exige a la autoridad gubernamental interina tutelada por el gobierno estadounidense que el Consejo Nacional Electoral abra el Registro Electoral, que, por ley, es permanente y continuo. En segundo lugar, debe establecerse un mecanismo que permita el registro y actualización de datos de los venezolanos en el exterior inclusive si no existen sedes consulares, y los ajustes legales para permitir el voto por medios digitales. Estimamos que estas acciones de restitución del derecho al voto de la diáspora deben ser asumidas por todos los factores políticos y de la sociedad civil en Venezuela que aspiran a la reconciliación del país y al retorno de la libertad y la democracia. Solicitamos también el apoyo de las autoridades norteamericanas, para que cualquier plan de transición tenga en cuenta el derecho al voto de la diáspora como elemento medular. Ello será un hito fundamental en cualquier proceso electoral que conduzca a una transición verdadera en Venezuela para elegir presidente cuando se fije la fecha, que aspiramos a que sea lo antes posible.
Como (había) en botica
Duele conocer las muertes de inocentes en Irán. Quizá la guerra no hubiese estallado si en Israel y en USA hubiese otros gobernantes, pero el principal culpable es el régimen teocrático que promueve el terrorismo y se empeña en no desmantelar su proyecto de tener un arma nuclear.
¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
eddiearamirez@hotmail.com
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
El 5 y 6 de marzo de 2026, el Departamento de Estado de EE. UU. y representantes de las autoridades en Caracas anunciaron el acuerdo para restablecer relaciones diplomáticas y consulares entre ambos países, después de más de siete años de ruptura [desde 2019].
Un restablecimiento que formaliza la intención de USA de reactivar los canales diplomáticos y consulares, que incluiría reapertura gradual de misiones y servicios con el objetivo explícito de “promover estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política” [subrayado mío].
Es importante destacar que la restauración de relaciones diplomáticas no es sinónimo de un reconocimiento jurídico–político pleno del gobierno venezolano. Tampoco implica que EE. UU. abandone sus decisiones previas sobre legitimidad política. La decisión —tal como fue comunicada—es principalmente administrativa, diplomática y consular en su alcance y propósitos.
Este análisis examina cómo EE. UU. puede maximizar los beneficios de esta reapertura diplomática hacia la estabilización económica y social, sin comprometer su posición sobre legitimidad política al tiempo de fortalecer sus mecanismos de protección ciudadana, inversiones y DD. HH.
Diferenciando reconocimiento político de acciones consulares y diplomáticas
Cada paso que da la Casa Blanca en Venezuela es calculado. No solo sobre la base de la obediencia de Delcy, sino sobre el piso de obediencia que ella necesita para seguir cabalgando hacia una transición sin caos ni violencia. Tanto necesita el tutelaje de EE. UU. garantizar un plan sostenible y en paz de cambio de régimen como Rodríguez garantizar a sus afectos, inmunidad y permanencia —por ahora—.
Un restablecimiento estratégico y diplomático no se mide por su implicación legalista o normativa sino por las reales consecuencias políticas. Y la consecuencia es: “Yo me instalo, tu respondes a nuestros lineamientos, yo resuelvo, tú te adaptas, yo mando y tu obedeces, in situ”.
El reconocimiento político de un gobierno extranjero es una decisión que implica que un Estado considera legítimas las autoridades de otro Estado como representantes legales para efectos de relaciones internacionales sustantivas. Este tipo de reconocimiento puede afectar tratados, inmunidades, acuerdos bilaterales y decisiones judiciales de Estado, y tiene implicaciones para la aplicabilidad de normas internacionales, derecho de designación de embajadores y de legitimación en foros multilaterales. No es a profundidad y sustancialmente, lo que ocurre entre EE. UU. y Venezuela.
Cuando un país reconoce políticamente a otro gobierno, aceptando su autoridad para hablar en nombre del Estado y comprometiéndose a cooperar como iguales, esto generalmente se formaliza con actos jurídicos multilaterales. Suele requerir un consenso interno y externo más amplio, dado su impacto diplomático. Lo que está a la vista no necesita gafas. El régimen de Venezuela no actúa frente a EE. UU. “como igual”, sino que acata una agenda.
El restablecimiento de relaciones consulares y ciertas funciones diplomáticas puede tener un carácter más limitado y funcional:
reabrir misiones para proveer servicios a ciudadanos (visas, pasaportes, asistencia consular);
facilitar comunicación regular entre funcionarios de ambos países;
promover el diálogo institucional sin necesariamente validar la autoridad política;
permitir cooperación técnica en temas específicos como comercio, seguridad, energía, migración.
En otras palabras, el propósito es operativo. Se reconoce la existencia de un Estado sobre el cual operar, mas no un gobierno.
Reactivar relaciones consulares comporta un acto pragmático y administrativo. No necesariamente implica un aval político pleno de la actual configuración de poder en Caracas. Este tipo de distinción es fundamental en derecho internacional: un Estado puede mantener un canal diplomático o consular por razones de interés práctico, humanitario o de gestión bilateral sin conceder reconocimiento pleno del régimen o sistema político vigente en el país receptor.
¿Por qué EE. UU. adopta esta medida ahora?
La reapertura de canales diplomáticos —después de más de siete años— visibiliza una nueva etapa en la relación. Esta decisión se produce en un contexto de búsqueda y ejecución de cambios importantes en el modelo de poder y de seguridad en Venezuela tras la extracción de Nicolás Maduro.
Se trata de viabilizar un gobierno encabezado por Delcy Rodríguez, designado en un contexto de transición política, siendo la intención avanzar hacia estabilidad, recuperación económica y reconciliación.
Esta reapertura es más de naturaleza funcional y logística, que política o jurídica. Sigue abonando el camino para una transición estable y sostenible. No desmerece el capital político de la oposición liderada por María Corina, pero sí supone un diferimiento necesario del movimiento de cambio por vías ideales o electorales. Comprender el carácter gradual del momento histórico hará depender la vigencia de la alternativa democrática en el país.
Implicaciones jurídicas del restablecimiento de relaciones diplomáticas
EE. UU. mantiene bajo supervisión y sanciones una parte significativa de los activos venezolanos, incluyendo Citgo Petroleum —a través de PDV Holding—; cuentas bancarias, bonos y otros instrumentos financieros bloqueados; activos derivados de operaciones comerciales o financieras en EE. UU.
El restablecimiento de relaciones no afecta automáticamente estas restricciones, pero facilita el diálogo administrativo para explorar acuerdos, licencias específicas o medidas de recuperación parcial de activos.
En el marco regulatorio norteamericano, la agencia Forfeiture habilita la confiscación de fondos vinculados a corrupción o crimen transnacional. El Departamento de Justicia ha actuado sobre activos relacionados con delitos financieros, lavado de dinero o apropiación indebida de recursos estatales, independientemente de la reanudación de relaciones diplomáticas.
Nada de este marco jurídico cesa, y la AN-2015 sigue vigente, así como las directivas de PDVSA ad hoc en USA.
La reapertura de embajadas permite gestionar la cooperación consular y diplomática, ofreciendo un marco seguro para el acceso a información y notificaciones oficiales. La coordinación entre misiones diplomáticas y el Tesoro estadounidense permite evaluar acuerdos de compensación, licencias de uso de fondos o pagos condicionados, siempre dentro de los límites de la política de sanciones [y el acatamiento del Estado tutelado].
El restablecimiento de relaciones permite a EE. UU. mantener influencia sobre la gestión de activos, sin comprometer decisiones judiciales o sanciones. Citgo es pieza clave de la transición venezolana y de un plan-país en recuperación y restauración democrática. Entra en “la cesta del tutelaje”, por lo cual creemos que, aun en circunstancias judiciales adversas en EE. UU., la Oficina de Control de Activos Extranjeros [OFAC] tendrá la última palabra. Al presidente Trump no le conviene arriesgar que Citgo quede rematada en suelo norteamericano.
Funciones y beneficios de la presencia diplomática y consular
Reactivar la protección consular también tiene un impacto favorable en materia de tutela de los DD. HH. Una misión diplomática activa in situ —asistencia tanto a ciudadanos estadounidenses como a venezolanos—, favorece el apoyo, la proximidad y protección contra violaciones de DD. HH. Estas funciones son esenciales para mantener estándares internacionales y proteger intereses ciudadanos sin implicar reconocimiento político pleno.
La facilitación de transición democrática sigue en la agenda. No impide que se solape con las fases de estabilización y recuperación económica. Tratar de depurar 27 años de caos, criminalidad, desplazamiento y populismo supone no solo una labor en pabellón, sino en posparto.
La presencia diplomática permitirá abonar el cambio hacia un proceso electoral. Facilitará la cooperación con organismos internacionales de monitoreo; asistencia en reformas institucionales, fortalecimiento del sistema judicial y transparencia electoral. La embajada activa permite a EE. UU. coordinar esfuerzos con países vecinos y organismos regionales, afianzar alianzas con el cuerpo diplomático acreditado en Caracas, influir en políticas de desarrollo económico y seguridad, y garantizar la estabilidad hemisférica mediante presencia diplomática constante.
Este enfoque integral demuestra que EE. UU. puede combinar pragmatismo administrativo con defensa de principios políticos y legales, maximizando beneficios estratégicos sin comprometer la postura sobre legitimidad política.
Derechos y obligaciones consulares
El impacto estratégico es palmario. Sigamos el análisis en las distintas fases del ciclo político venezolano: estabilización, recuperación y transición democrática
Estabilización: la presencia diplomática puede ayudar a reducir tensiones bilaterales; facilitar el diálogo político interno; reforzar canales de comunicación entre instituciones; promover mecanismos de seguridad cooperativa en temas regionales, reestructurar [reinstitucionalizar] las fuerzas del orden interno y desmontar las fuerzas milicianas.
Recuperación económica: la normalización de relaciones conlleva la posibilidad de atraer inversiones internacionales; restauración de confianza de mercados; cooperación técnica en sectores estratégicos (energía, infraestructura); intercambio comercial y financiero.
Transición democrática: con canales de comunicación abierta y misiones diplomáticas activas, EE. UU. puede revisar y ajustar la transparencia, imparcialidad y veracidad de los procesos electorales; facilitar observación y cooperación con organizaciones regionales; apoyar reformas hacia un sistema político más representativo y legítimo.
En derecho internacional el reconocimiento de un gobierno implica que un Estado (como EE. UU.) declara expresamente que reconoce a las autoridades de otro país como titulares legítimos del poder estatal y capaces de obligarse jurídicamente en nombre de ese Estado. Este reconocimiento puede derivar en el establecimiento de relaciones bilaterales plenas y permanentes.
Nota bene: en cada uno de los mencionados planos de reconocimiento político integral [bilateralidad, titularidad, disposición plena, permanencia], Washington no concede a Caracas tales cualidades. Washington no firma acuerdos bilaterales, sino que envía una agenda bajo un formato redactado en Pensilvania Av; no reconoce actos de gobierno de Caracas, a menos que vengan sugeridos y diseñados por Washington; no concede representación judicial ni jurídica en EE. UU.
EE. UU. ejecuta medidas de control, orden y reestructuración sin un reconocimiento político pleno, sino aparente.
Es una relación diplomática de facto, sin que ello implique adhesión política o respaldo a la forma en que ese gobierno llegó al poder. Este tipo de relación es típico cuando la prioridad es gestionar asuntos humanos, de fuerza, estratégicos y económicos prácticos, de orden institucional, comercial, económico, social y humanitario.
El comunicado de EE. UU. prioriza la reconciliación y el camino electoral
El comunicado del Departamento de Estado enfatiza que el restablecimiento tiene como fin facilitar la estabilidad, la recuperación económica y la reconciliación política en Venezuela. Asimismo, impulsar un proceso escalonado hacia condiciones que posibiliten una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente.
La dinámica es otra. Es reconocer la existencia de un Estado cuyo gobierno [que no legitima] está en pleno proceso de transformación y migración de su modelo de poder. Se impone una agenda diplomática y consular sin abandonar la posición administrativa y jurídica de control sobre Venezuela. Seguimos bajo la tutela del Ejecutivo de EE. UU., el Departamento del Tesoro, la OFAC, del Departamento de Justicia y del Comando Sur… no de Miraflores.
La reanudación de relaciones diplomáticas es, en definitiva, un acto cuidadosamente estratégico y funcional. Un plan transicional diseñado por el secretario del Departamento de Estado bajo un mandato de enforcement y ruptura gradual. No lo diseña la oposición venezolana, ni el régimen de Caracas.
Quienes desanudaron el garrote, van a Caracas y se trajean de diplomacia y logística, para terminar el trabajo y abonar el camino a una democracia moderna.
El momento de cumplir con el compromiso histórico, político, humano y ciudadano, de liberación, reparación y restauración democrática, llegará. Un poco de comprensión. Igual la espera ha sido larga y dolorosa. Pero alivia…
@ovierablanco – vierablanco@gmail.com | Abogado / Activista de DD. HH. / Exembajador en Canadá.
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El Colegio Nacional de Periodistas (CNP), seccional Caracas, rechazó este martes 10 de marzo los señalamientos hechos por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, contra el periodista y animador Luis Olavarrieta, luego de una entrevista exclusiva que le concediera la semana pasada.
“Desde el CNP rechazamos los señalamientos emitidos en la AN contra el comunicador Luis Olavarrieta. El debate de ideas no debe derivar en descalificaciones que vulneren la integridad de los comunicadores y el libre ejercicio. La estigmatización de los periodistas desde los espacios de poder vulnera el derecho a la información y el respeto al ejercicio profesional”, escribió el CNP en su cuenta de X.
Olavarrieta sentenció en un medio televisivo de señal abierta que sintió miedo durante la entrevista por “los tiempos que hemos vivido en el pasado”, pero que celebraba el hecho de que el periodismo independiente pudiese acceder a las fuentes oficiales.
Rodríguez afirmó este lunes 9 de marzo durante la primera discusión de la Ley de Minas en el Parlamento que Olavarrieta le mostró las preguntas antes de la entrevista, para ver sin ninguna palabra le producía “molestia”.
“Como por ejemplo el término transición. Yo le dije usted -en referencia a Olavarrieta- en la antesala de mi despacho que preguntara lo que le diera la gana, que para eso era periodista, como dijo un prócer de la cuarta República, el miedo es libre”, dijo el presidente de la AN controlada por al chavismo.
Ante una pregunta de Olavarrieta, Rodríguez dijo que el ejercicio del periodismo en Venezuela estaba garantizado, sin mencionar que antes de la incursión militar estadounidense del 3 de enero de este año más de veinte periodistas permanecían presos y que según ONG como Espacio Público y el Instituto, Prensa y Sociedad (Ipys) más de 400 medios de comunicación han sido cerrados en casi tres décadas de chavismo, aunado a páginas de internet bloqueadas, censura, autocensura y comunicadores sociales que han debido exiliarse o resguardarse por temor a ser atacados o encarcelados.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A propósito de la celebración este 10 de marzo del Día del Médico en Venezuela, especialistas en salud, organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos instaron a mejorar las condiciones del ejercicio de la profesión en Venezuela y del sistema público nacional.
Esta fecha se conmemora en honor al natalicio de José María Vargas (1786-1854), insigne médico, científico, educador, expresidente de la república, quien fuera rector de la Universidad de Caracas y considerado padre de la medicina moderna en Venezuela. La celebración fue instituida en 1955 por la Federación Médica Venezolana para honrar su legado.
En su perfil en Instagram,Manuel Enrique Figuera, infectólogo y expresidente de la Sociedad Venezolana de Infectología, reflexionó que la lección que dejó Vargas cobra en la actualidad más vigencia que nunca: “En medio de un golpe de estado, ante la fuerza de las armas, antepuso la fuerza de la conciencia y la justicia. Hoy, 10 de marzo, celebramos nuestro día no solo recordando su natalicio, sino honrando su legado en cada hospital y ambulatorio del país”.
Figuera además recordó la realidad actual que predomina en el sistema público nacional: “Ejercemos en centros deteriorados y sin insumos, enfrentamos servicios intermitentes de agua y luz, con los salarios más bajos de la historia y una emergencia humanitaria que no da tregua“. No obstante, recalcó que la mística de los profesionales de salud venezolanos es “inquebrantable” tanto dentro como fuera del país: “Dejando en alto nuestro gentilicio en el exterior, el médico venezolano sigue siendo ejemplo de sacrificio y excelencia”. Por tal motivo, felicitó “a los que se quedaron, a los que se fueron y a los que ya no están”.
A finales de abril de 2025, un informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) de abril/mayo 2025 situó a Venezuela entre los países con mayor escasez de personal sanitario en la región. La crisis se debe a una migración masiva —con reportes de más de 40 000 según la Federación Médica Venezolana y Médicos Unidos por Venezuela al menos desde 2016—, bajos salarios y falta de insumos, afectando gravemente la atención.
Patricia Valenzuela, internista-infectólogo, quien también presidió la Sociedad Venezolana de Infectología y profesora del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, Declaró a Runrunes que si pudiera pedir tres deseos para mejorar sus condiciones de ejercicio profesional en pro de la atención al paciente, estos serían “Mejorar los salarios y la seguridad laboral para poder dedicarnos al trabajo asistencial, a la academia y a la investigación científica en una sola institución. Mejorar todos las infraestructuras y servicios de electricidad y agua de todos los hospitales a nivel nacional y aumentar la inversión del Estado en salud, para incorporar tecnología e inteligencia artificial en todos los hospitales que ya reparamos y acondicionamos”.
La última Encuesta Nacional de Hospitales (ENH) del cierre de 2024 y principios de 2025 en Venezuela reveló una crisis estructural continua: para ese momento, el desabastecimiento de insumos en quirófanos superaba el 70%, la falta de material en emergencias era de 36% y había un 50% de fallas de agua en los centros y servicios inoperativos. Los pacientes además financiaban casi el 94% de la atención.
El director ejecutivo de Médicos Unidos de Venezuela, Jaime Lorenzo, hizo sus votos en esta fecha porque ningún venezolano sufra por deficiencia en los servicios de atención. Pidió también “dignidad para nuestras mujeres, que en ningún momento sufra deficiencias, pero con énfasis en el momento del parto y no ver desnutrición en nuestros ancianos y niños”.
Apoyo desde otras trincheras
Otros gremios, organizaciones y dirigentes políticos también hicieron sus votos porque el Día del Médico sirva para retomar el debate sobre la necesaria transformación hospitalaria que posibilite un sistema funcional y el adecentamiento de la realidad laboral que redunde en una atención de calidad para el paciente.
La Federación Venezolana de Maestros insistió en que honrar el legado de Vargas “también implica mejorar las condiciones de vida y salariales para los médicos venezolanos, garantizando que puedan ejercer su valiosa profesión con dignidad, estabilidad y merecido reconocimiento”.
María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia, saludó la determinación de los médicos que siguen en Venezuela “con la vocación de sanar a esta patria que ha padecido tanto” yreconoció el ejercicio que sostienen “con recursos limitados”: “Pero a través de su ingenio, su ética y su profunda humanidad salvan vidas en medio de la adversidad, como un acto de heroísmo”.
Desde Convergencia Venezuela, además de felicitar a los médicos, recordaron que su labor cotidiana “merece respeto, condiciones dignas y un sistema de salud que esté a la altura de su entrega”.
En la misma línea, el dirigente político Andrés Caleca recordó que la conmemoración de este Día del Médico ocurre“en medio de una crisis general del sistema de salud que no da tregua”.
“El país muere de mengua y cada médico hace lo que puede con uñas y dientes. 46 000 han emigrado. Mi reconocimiento a Médicos Unidos por Venezuela: héroes de cada día”, remarcó Caleca.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La ONG Foro Penal informó la excarcelación de los hermanos Pablo Enrique y Edubin Montilva Ramírez, agricultores de la tercera edad detenidos el 5 de enero de 2026 en la parroquia Río Negro, en el municipio Guaraque, estado Mérida.
A través de su cuenta en X, el Foro Penal señaló que ambos fueron detenidos por celebrar la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores el pasado 3 de enero.
Ambos agricultores fueron liberados con medidas sustitutivas de libertad. Los acusaron de incitación al odio, traición a la patria y posesión ilícita de armas
#9Mz Desde el @foropenal capítulo Mérida confirmamos la excarcelación de los ahora expresos políticos, PABLO ENRIQUE MONTILVA RAMÍREZ y EDUBÍN MONTILVA RAMÍREZ, agricultores de los pueblos del sur del estado Mérida, Venezuela, quienes fueron detenidos el 5 de enero de 2026 por… pic.twitter.com/3l2UsG1fn4
Organizaciones de derechos humanos y periodistas difundieron su caso bajo la consigna “Libertad para Edubin y Pablo”, denunciando que su detención había sido arbitraria y solicitando su liberación inmediata.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
