En la primera visita que hace a un país latinoamericano desde que salió de Venezuela en diciembre del año pasado, la líder opositora y premio Nobel de la paz, María Corina Machado, atendió este miércoles a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast.
Machado, quien fue una de las más solicitadas por los representantes de medios de comunicación, sostuvo que los venezolanos “anhelan un gesto tan simple como que un presidente se quite la banda y se la ponga a otro”.
“Muchos venezolanos han dado su vida para que esto ocurra, literalmente su vida”, añadió Machado desde el Congreso Nacional, en Valparaíso.
La venezolana llegó a tierras chilenas proveniente de Washington, donde recientemente sostuvo una segunda reunión en la Casa Blanca.
“Me siento emocionada y feliz por estar tan cerca de Venezuela y por encontrarme con los venezolanos que viven en Chile y que anhelan volver a su país”, declaró la dirigente de Venezuela.
Machado anunció que este jueves 12 de marzo ofrecerá una rueda de prensa para abordar la situación en Venezuela, participará en una misa en la Catedral Metropolitana de Santiago, asistirá al lanzamiento de una cátedra en la Universidad del Desarrollo en honor al fallecido ex presidente, Sebastián Piñera y concluirá con una concentración con la comunidad venezolana radicada en Chile en un céntrico parque de Santiago.
La venezolana no desaprovechó la ocasión y se reunió con el rey de España, Felipe VI, a quien agradeció por la solidaridad demostrada con el pueblo venezolano.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Diferentes centrales obreras y organizaciones sindicales se unieron para exigir la liberación inmediata de Omar Escalante, expresidente de Fetracarabobo y jubilado del Ministerio de Educación con 35 años de servicio.
Según información difundida por el Observatorio Venezolano de Libertad Sindical, Escalante de 74 años, es diabético insulinodependiente e hipertenso, padece artrosis degenerativa y se le priva de recibir luz solar y de acceso a un baño. Se encuentra detenido en el comando de la Guardia en Mañongo, Naguanagua, estado Carabobo.
El Observatorio detalló que el sindicalista, detenido desde el 19 de diciembre de 2025, debe comer e inyectarse su medicina en el mismo sitio donde realiza sus necesidades fisiológicas en bolsas plásticas lo que supone un grave riesgo de infección por falta de higiene en su celda.
“Omar Escalante necesita una medida humanitaria urgente que le devuelva su libertad”, exige el observatorio.
OMAR AMABLE ESCALANTE, destacado líder sindical PRESIDENTE DE FETRACARABOBO, jubilado del Ministerio de Educación con 35 años de servicio y sentenciado injustamente a 30 AÑOS de prisión como represalia política por su defensa irrestricta de los derecho laborales, es diabético… pic.twitter.com/C68wDDksTa
— Observatorio Venezolano de Libertad Sindical (@ObservatorioVLS) March 11, 2026
El Foro Penal señaló que Omar Escalante fue condenado a 30 años de prisión señalado por el gobierno de estar vinculado en el caso Paramacay, una acción militar desarrollada en la madrugada del domingo 6 de agosto de 2017 donde militares disidentes, comandados por Juan Caguaripano, irrumpieron el fuerte de Paramacay para extraer armamento bélico.
En delicado estado de salud se encuentra Omar Escalante y Juan Rengifo condenados a 30 años por el caso Paramacay, Omar tiene 74 años y bajo la ley penal no puede estar en una cárcel sino en su casa, ambos son #PresosPoliticos
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Juan Pablo Guanipa debe pertenecer a esa pequeña élite de personas que excarcelan un día y detienen apenas horas después.
El exdiputado de la Asamblea Nacional salió de la sede de la División de Inteligencia Policial (DIP) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) de Maripérez, en Caracas, el pasado 8 de febrero y el mismo día fue capturado nuevamente y retornado a la sede policial.
El también exgobernador electo del estado Zulia fue uno de los invitados de este martes 10 de marzo en La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) conformada por Runrunes, El Pitazo y Tal Cual, que también contó con la presencia del periodista y ex preso político, Ramón Centeno.
Guanipa contó a Víctor Amaya, director de Tal Cual; Luis Blanco, director de Runrunes y César Batiz, director de El Pitazo que la segunda vez que fue aprehendido representó una experiencia por la que no quiere volver a pasar en su vida.
“Yo pensé honestamente que me iban a matar y lo digo con toda responsabilidad”, dijo el zuliano, licenciado en la carrera de comunicación social.
El miembro del partido Primero Justicia calificó la segunda detención como grave luego de que tres carros con hombres armados sin identificación interceptaran al equipo con el que transitaba en Caracas ese domingo y lo obligaran a abordar un vehículo, donde lo llevaban con la cabeza tapada con una franela.
Guanipa aseguró que los hombres tenían una actitud agresiva y en un principio le dijeron que lo iban a llevar a Maracay en el estado Aragua.
“Yo dije, ‘estos tipos son colectivos y son capaces de cualquier cosa’, lo único que se me ocurrió en ese momento fue ponerme a rezar”, narró. Añadió cuando se dio cuenta de que estaba de vuelta en Maripérez se tranquilizó porque entendió que se trataba de la misma gente que horas antes lo había excarcelado.
Sentenció que discutió con el director de la sede la policial, quien le reclamó el hecho de haber salido “a joder” y desestabilizar al país.
Guanipa lo increpó y le dijo que él solo había liderado una caravana para darle apoyo a los presos políticos que están en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en El Helicoide y en la zona 7 de la PNB en Boleíta.
“Le dije que esa detención no había sido inteligente, porque eso lo que iba a generar era más solidaridad conmigo, en ese momento me confesó que me tenían preparada casa por cárcel en Caracas, a lo que me negué rotundamente porque mi casa está en Maracaibo, horas después, estaba en mi hogar con mis hijos”, reveló.
Un corte de cabello lo delató
El dirigente político aseveró que la primera vez que lo detuvieron a finales de mayo de 2025 fue a raíz de un corte de cabello.
Dijo que la persona que le cortaba el cabello lo hacía cada tres meses y en una de esas oportunidades le contó a un tercero que lo estaba atendiendo, comentario que llegó a oídos indebidos.
“Yo estuve diez meses escondido, de los cuales mes y medio lo pasé en un apartamento que me prestaron en La Guaira. Una madrugada me despertaron unos ruidos, eran unos funcionarios que me venían a detener, me montaron en un carro y de una vez me llevaron a Maripérez”.
Guanipa no tiene idea de por qué lo llevaron a Maripérez, pensó que lo iban a trasladar a El Helicoide y cuando recibió su boleta de excarcelación, el sitio de reclusión mencionado en el documento era la cárcel de El Rodeo I en el estado Miranda.
“Es algo que aún entiendo”, indicó el político.
El exparlamentario aseguró que actualmente su causa está sobreseída y finalmente aceptaron que el abogado Joel García sea su defensor.
Confesó que el sobreseimiento le llegó luego de haberse negado a solicitar el beneficio amparado en la Ley de Amnistía, aprobada en febrero por la Asamblea Nacional.
“Tengo libertad plena, lo único es que tengo diez años con el pasaporte bloqueado”.
Amaya le preguntó a Guanipa si luego de la segunda detención, donde su nombre alcanzó mayor notoriedad, se considera el número 2 de la líder opositora y ganadora del premio Nobel de la Paz, María Corina Machado.
“Para nada, me dijeron que tengo seis puntos de aceptación para unas eventuales elecciones presidenciales, les regalo mis puntos a María Corina que tiene más de 70”, bromeó.
Guanipa confesó que conversa con frecuencia con Machado y espera que pronto regrese a Venezuela con garantías de seguridad convenidas con la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Calificó como mezquino que algunos sectores de la oposición pretendan sacar de la ecuación a Machado a raíz del acercamiento de Trump con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
“Quien me diga que mejor es Delcy que María Corina no es opositor, MCM y Edmundo González Urrutia cuentan con un respaldo avalado por la gente”, opinó.
Batiz recordó que Trump dijo recientemente que Rodríguez era la presidente legítima de Venezuela: “Yo no he escuchado eso, lo que sí escuché es que Trump dice que se porta muy bien, Delcy es tan ilegítima como Nicolás Maduro”.
Guanipa consideró irreversible un proceso de transición en Venezuela y aseguró que en seis u ocho meses podría darse un proceso electoral si hay voluntad política.
“Cambiar el Consejo Nacional Electoral (CNE) se puede hacer, llevar a cabo una auditoría del registro electoral no lleva más de tres meses, devolver los partidos de oposición a sus dueños originales también, todas esas cosas se pueden reparar en poco tiempo”, sostuvo.
Preso de Maduro y Flores
El periodista Ramón Centeno expuso este martes 10 de marzo en La Conversa que por efectuar una entrevista estuvo preso cuatro años.
Recién operado con éxito de la cadera, Centeno expuso que luego de entrevistar en enero de 2022 al ex diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) Jean Carlos Silva, señalado por un caso de narcotráfico, fue aprehendido por funcionarios que lo fueron a buscar a su casa y lo sacaron “a punta de pistola”.
“El grupo de Maduro y Cilia Flores me tenía preso, no tengo idea por qué me hicieron esto”, dijo el comunicador social que días después de efectuar la entrevista en la sede del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en Caracas, fue detenido junto a su colega Gabriel Enrique Zambrano Guerra fue imputado por tráfico de influencias, usurpación de funciones y asociación para delinquir.
“12 días después de que fui a conversar con Silva me meten en la misma celda con él. Me detienen por caprichos del poder”.
Al periodista, quien trabajó como reportero en la fuente de sucesos y judiciales del diario Últimas Noticias, un custodio lo tropezó y provocó que se resintiera de una operación de cadera y fémur a la que fue sometido a raíz de un accidente de tránsito.
Sin la debida atención, su condición lo obligó a estar confinado a una cama y una silla de ruedas durante su cautiverio que finalizó en febrero de este año luego de que fuese excarcelado.
“Estuve un periodo en un centro asistencial en Petare y cuando regresé me pusieron en una celda de castigo, me dijeron que yo soy periodista y por eso me consideran peligroso, eso obviamente complicó más mi salud”, recordó.
Centeno expresó que sus captores no han tenido piedad. Luego de excarcelado, la jueza Sabrina Montes de Oca le ha exigido presentarse periódicamente en tribunales en silla de ruedas e incluso colocó trabas para su reciente intervención quirúrgica.
“Yo vengo del Psuv, en medio de todo mi dolor le he dicho a esta gente que se equivocó, le he dicho a la gente que aún los sigue apoyando esto que se vean reflejados en mi. No me han dado tregua, conmigo pareciera que no quieren reconciliación, me hicieron pagar una condena anticipada en un caso político”, expresó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La Asociación Mujeres Emprendedoras de Venezuela (AMEV) celebra su primera década de aniversario, período en el que se han enfocado a gestionar “oportunidades de empoderamiento económico, social y personal para emprendedoras” y a potenciar así la autonomía económica de la mujer.
Bajo la premisa de aprender a “Emprender desde el ser mujer”, la organización conmemora diez años de impacto social con un despliegue de eventos que recorrerá el país y culminará en la capital venezolana.
La AMEV compartió datos de sus alcances desde su fundación en 2016: han logrado acompañar y formar de manera gratuita a más de 5000 emprendedoras a través de distintas actividades, como charlas y talleres dentro y fuera de Venezuela.
Un hito destacado son las 330 emprendedoras de las 10 cohortes de su programa bandera de formación e incubación “Semillero de Emprendedoras”, así como también las más de 100 emprendedoras venezolanas, residentes en Venezuela y Argentina formadas en el programa de Educación Financiera y Apalancamiento Económico “Abundantia”, que ha otorgado más de 50 apalancamientos financieros para emprendedoras venezolanas a través del Fondo Abundantia. Las más jóvenes también han tenido un espacio en el Programa “Sembrando Emprendedoras Teens”, orientado al desarrollo de competencias emprendedoras en niñas y adolescentes, entre 13 y 17 años de edad, donde han participado 46 jóvenes venezolanas residenciadas en Venezuela, Argentina, Chile y Uruguay, gracias a la Beca SET.
Programa conmemorativo
Las actividades planeadas para la celebración del aniversario son:
Encuentro Anual de Egresadas: Una jornada de bienestar y reencuentro sororo para las emprendedoras egresadas de cada región, diseñada para fortalecer el capital relacional de la red.
16 de marzo: Región Centro Occidente (Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua) – Locación: Universidad Yacambú,
21 de marzo: Región Central (Caracas, La Guaira y Miranda) – Locación: Parque del Este,
27 de marzo: Gala “Diez Años de Alianzas” – Acto institucional en la Sala de Prensa de Venevisión, dedicado al reconocimiento de los aliados estratégicos y embajadoras que han sido vínculos fundamentales en esta década de crecimiento.
28 de marzo: Cena Benéfica y Subasta X Aniversario – El evento cumbre en San Remo Ristorante (Altamira), una velada de alta sofisticación destinada a recaudar fondos para las próximas cohortes de formación.
Más sobre Ame de Venezuela
La Asociación Mujeres Emprendedoras de Venezuela es una organización sin fines de lucro que diseña y gestiona oportunidades de empoderamiento económico, social y personal para emprendedoras.
A través de una metodología propia centrada en la empatía y la formación técnica, AMEV ha creado el sistema de apoyo para las emprendedoras venezolanas en Latinoamérica. AME de Venezuela, primera organización venezolana de mujeres, que con mirada de género e interseccionalidad, dio espacio a las emprendedoras de base para su profesionalización en emprendimiento, así como a integrantes de la diáspora venezolana.
“Celebrar diez años es honrar un legado de transformación y crecimiento. Esta década representa la consolidación de una visión donde la factura femenina es motor de cambio social. Invitamos a las instituciones y a la sociedad civil a abrazar este propósito y seguir trazando juntos el futuro de la mujer emprendedora en la región”, expresan.
Para más información, visitar su sitio web WWW.AMEDEVENEZUELA.COM Redes sociales: @AMEdeVenezuela Correo electrónico: amedevenezuela@gmail.com / Teléfono: +54 911 3488-6723
La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció supuestos “pactos” para designar al nuevo fiscal general y defensor del Pueblo, luego de la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruíz, respectivamente, el pasado 25 de febrero.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la PUD alertó que “a espaldas del momento político que vive Venezuela y desconociendo, una vez más, lo establecido en la Constitución de la República, se estaría gestando un pacto entre el régimen y sus aliados para repartirse estos nombramientos”.
“El objetivo sería garantizar que quienes resulten designados mantengan su lealtad al poder y su subordinación a un aparato represivo que, durante años, ha actuado con total impunidad, permitiendo el encarcelamiento de miles de ciudadanos inocentes. La autonomía del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo es indispensable para asegurar investigaciones imparciales, garantizar el acceso a la justicia y restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado”, aseveró la PUD.
No más reparto de cuotas de poder: Venezuela exige justicia independiente.
Posición de la Plataforma Unitaria con ocasión del proceso en curso para la escogencia del Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo. #Comunicadopic.twitter.com/4K28rer4v7
La Plataforma Unitaria advirtió que la designación de estos dos funcionarios “no es un cargo administrativo más”.
“Se trata de una de las piezas fundamentales para reconstruir el Estado de derecho y asegurar que nunca más se utilicen las instituciones para encarcelar, intimidar o silenciar a quienes piensan distinto”, afirmó la PUD y recalcó que la designación de las autoridades del Poder Ciudadano no puede formar parte de acuerdos políticos orientados a preservar cuotas de poder.
La PUD señaló que la reconstrucción de un sistema de justicia independiente constituye un requisito esencial para garantizar una verdadera transición política y el restablecimiento pleno de las libertades.
¿Qué dicta la Constitución?
La Constitución establece que el Ministerio Público (MP) tiene la responsabilidad de dirigir la investigación penal, ejercer la acción penal en nombre del Estado y velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales en los procesos judiciales.
Por lo tanto, el Fiscal General de la República es el funcionario llamado a garantizar que en Venezuela se respete el debido proceso, se investiguen los abusos de poder y se ponga fin a la utilización del sistema penal como herramienta de persecución política.
Para optar por el cargo a Fiscal General, se exige a los candidatos: tener al menos 30 años, ser abogado o abogada de reconocida honorabilidad, contar con un mínimo de 15 años de ejercicio del derecho y no poseer vínculos de consanguinidad con altos cargos del Estado.
Las candidaturas serán evaluadas por la comisión de diputados (de mayoría oficialista) integrada por: Giuseppe Alessandrello, Rodbexa Poleo, Gloria Castillo, Willy Medina, Carolina García, Roy Daza, José Villarroel, así como los opositores Pablo Pérez, Bernabé Gutiérrez, Julio Hernández, Antonio Ecarri y Luis Augusto Romero.
Luego de la evaluación de las candidaturas, los diputados presentarán ante el Legislativo una selección de aspirantes para que el Parlamento elija a los nuevos titulares.
¿Quiénes son los postulados a Fiscal General?
Larry Devoe: Actual fiscal general encargado y uno de los perfiles técnicos que suena para la ratificación o titularidad permanente.
José Luis Alcalá Rhode: Abogado y dirigente político que presentó formalmente su postulación el 5 de marzo de 2026 bajo la premisa de “reconstruir la justicia”.
Magaly Vásquez González: Secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), doctora en derecho y especialista en derecho penal.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A 80 años de su fundación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) enfrenta uno de los desafíos más complejos de su historia: contribuir a reconstruir las condiciones para que el periodismo pueda existir en Venezuela con libertad, seguridad y dignidad laboral.
Ese desafío pasa hoy por enfrentar un ecosistema profundamente fracturado: la libertad de prensa afectada por la censura, los bloqueos a medios y los cierres arbitrarios; la seguridad de los periodistas, amenazada por detenciones, procesos judiciales y hostigamiento; la sostenibilidad del sistema de medios, golpeado por el cierre de estaciones, la precariedad y el debilitamiento institucional; y las condiciones laborales de los trabajadores, marcadas por salarios insuficientes y la pérdida de garantías básicas, reseñaron en una nota de prensa.
En el documento, el SNTP reafirma su compromiso “con la defensa de los derechos de quienes hacen posible el trabajo informativo y con el derecho de la sociedad a estar informada”.
Ocho décadas de defensa y acompañamiento
Actualmente, el sindicato ha asumido un rol fundamental en la documentación, denuncia y acompañamiento de víctimas de violaciones a la libertad de expresión y al derecho a la información.
“El SNTP ha estado al lado de periodistas detenidos arbitrariamente, desaparecidos, judicializados o forzados al exilio, así como de sus familias y de los medios afectados por la persecución y la censura”, asegura el ente y reafirma su compromiso con la defensa de la libertad de expresión, el derecho de la sociedad a estar informada y las reivindicaciones laborales de periodistas y trabajadores de la comunicación.
El sindicato insiste en que ocho décadas después de su fundación, mantiene intacta su convicción de que un periodismo libre, seguro y digno es indispensable para la democracia y para la reconstrucción de las libertades en Venezuela.
A propósito del aniversario, rinde también homenaje a sus fundadores y a las generaciones de dirigentes y afiliados que, a lo largo de estas ocho décadas, han asumido la responsabilidad de conducir y sostener esta organización. Su compromiso, valentía y vocación de servicio permitieron que el sindicato se mantuviera firme en la defensa del periodismo, del derecho de la sociedad a estar informada y de las reivindicaciones laborales de quienes trabajan en los medios de comunicación, incluso en los momentos más difíciles para el ejercicio de la profesión en el país.
Formación, asistencia legal y nuevas iniciativas
El SNTP a propósito de su 80 aniversario, informó que se cumplen también 10 años de la creación de la Red de Delegados Voluntarios del SNTP, una iniciativa que ha permitido expandir la presencia del sindicato y su capacidad de acompañamiento a periodistas y trabajadores de la comunicación en los 24 estados del país.
“Esta red se ha convertido en un mecanismo clave para la documentación y para la atención directa a quienes enfrentan riesgos en el ejercicio de su trabajo”, aseguró el sindicato.
El SNTP ha impulsado programas de formación que han alcanzado a centenares de periodistas en todo el país, promoviendo un periodismo cada vez más responsable, especializado y comprometido con los estándares profesionales.
En ese mismo espíritu, la organización ha constituido recientemente una red de abogados voluntarios destinada a brindar asistencia legal gratuita, oportuna y especializada a periodistas y medios sometidos a procesos judiciales o persecución por su labor informativa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
A Esteban siempre le llamó la atención aquello de los “accidentes domésticos”. Nunca entendió cómo alguien puede ir a parar a un centro asistencial por un imprevisto en su propia casa, ese día había estado limpiando y al pasar por un área del piso que estaba mojada resbaló, se torció un pie y cayó al piso de costado, un golpe que al momento le quitó la respiración y lo dejó atónito. Estaba solo, por fortuna no fue una fractura de cadera, pero sí sabía que era una lesión de consideración. Como hombre quincuagenario “testarudo” no acudió a un médico ni mucho menos a una emergencia, era domingo y sumado a ello carece de un seguro médico.
Aunque no existe una estadística oficial de accidentes domésticos en Venezuela debido al nulo acceso a data pública, informes de especialistas y algunos centros de salud sostienen que la cifra llega a alcanzar hasta un 80% de las emergencias atendidas, la mayoría de estos percances protagonizados por personas de la tercera edad.
Esteban es periodista y trabaja en una empresa pequeña, hace una década laboraba en un emporio comunicacional donde disfrutaba de un seguro de hospitalización, cirugía y maternidad (HCM) para él, su esposa e hija, pero la galopante crisis, además de la censura en los medios de comunicación venezolanos, hicieron que saliese junto a un nutrido grupo de colegas. Ahora, laborando en una página web, las opciones son limitadas y no hay recursos para contar con un seguro.
A raíz de esta realidad, Esteban, quien siempre había estado amparado por un HCM colectivo, ahora se ha visto desprovisto de un seguro que permita hacerle frente a un accidente, dolor repentino o enfermedad. Así tiene un lustro, su sueldo le permite alimentar a su familia, pero no rubricar un contrato con una empresa privada para proteger su salud.
Debido a la precariedad del sistema de salud, el ciudadano común ha tenido que buscar redes de apoyo para paliar imprevistos de salud como GoFundMe y recolectas por distintas vías, haciendo hincapié en familiares y venezolanos que forman parte de la diáspora, cuyos ingresos suelen ser más elevados que el grueso del promedio en el país.
Cuando se cayó, Esteban pensó que el padecimiento podía ser solapado con un tratamiento casero. Tomó su teléfono y llamó a un amigo médico que le recomendó acudir a una emergencia para practicarse al menos una radiografía.
“Yo no tengo seguro y no voy a ir a un hospital público”, le dijo Esteban al galeno.
“Bueno compadre, entonces aguántate el dolor, toma analgésicos y ponte hielo”, le respondió el doctor.
Pese a que los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establecen “que la salud es un derecho fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida”, la realidad es distante de lo estipulado en la ley.
Para la primera mitad del año 2024, el índice de desabastecimiento de insumos en áreas de emergencia en hospitales públicos fue de 36%, de acuerdo al más reciente informe de la Encuesta Nacional de Hospitales.
El propio Estado viola el artículo 85, el cual reza que este “garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria”.
También se vulnera el artículo 83, el cual cita que “el Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios”.
De acuerdo a la ENH, en el primer semestre de 2024, el servicio de agua fue intermitente y en su mayoría el líquido llegó por cisternas y no por tuberías a los hospitales, además se registraron 129 fallecidos que coincidieron con las fallas de servicio eléctrico.
Los días transcurrieron y el dolor de Esteban iba in crescendo, ya le costaba respirar. Había cumplido el tratamiento de tres días con analgésicos fuertes, hielo, pomadas y hasta hierbas que le recomendó su “nana” en Coro, estado Falcón, de donde es oriundo. Nada mitigaba la molestia.
En medio de sus desesperación se fue a una cadena de farmacias a pedir una recomendación a un farmaceuta, quien le dijo que en el municipio Chacao de Caracas había un centro asistencial donde existe una emergencia gratis y los precios de los exámenes son módicos.
Como pudo se trasladó hasta allá, cada movimiento, cada respiro era un suplicio. Lo atendió una joven doctora y le dijo que en apariencia no tenía fractura en las costillas, pero que lo más recomendable era hacerse una radiografía. Allí mismo se la hizo por una modesta suma comparado con clínicas de la capital venezolana, el resultado: fisura en par de costillas.
¿Cómo has aguantado ese dolor?, le preguntó la joven médico a Esteban, a lo que este se encogió de hombros y argumentó que no quería ir a parar a una emergencia en un hospital público como cientos de venezolanos.
“Dale gracias a Dios que no fue peor y no te fracturaste”, le dijo la doctora, quien le recetó un tratamiento con otro protocolo de analgésicos, colágeno, ejercicios de respiración y un reposo que cumplió a medias porque según Esteban, “si no trabajo, no como”.
¿Quién dijo que todo está perdido?
De acuerdo a la Cámara de Aseguradores de Venezuela, menos del 10% de la población en el país posee un seguro médico, lo que significa que más de 28 millones de venezolanos dependen de su bolsillo, la red pública o la caridad de los demás para atender una emergencia.
Según la corredora de seguros Esylmer Ruiz hay opciones para no quedarse desamparado, siempre y cuando la persona no dependa de una pensión o de un salario mínimo, que desde marzo de 2022 está ubicado en 130 bolívares, lo similar a poco más de 0,30 centavos de dólar mensual.
Ruiz destacó que las pólizas de accidentes y atención primaria van desde 120 a 300 dólares anuales y las otras que poseen una mayor cobertura tienen un promedio de 1.500 dólares por año.
“Las coberturas dependen del plan que cada quien seleccione, de la edad del asegurado e incluso el género (las mujeres tienen mayor siniestralidad), si eres mayor por supuesto que pagas más, una póliza básica puede tener una cobertura de $5.000 y una amplia de $500.000 y más”.
Es decir, tener un seguro básico implica desembolsar entre 20 y 30 dólares mensuales, lo que representa un esfuerzo titánico e imposible para aquellos que no perciben un sueldo en divisas, especialmente con una canasta alimentaria familiar que se ubicó en 677 dólares para enero de 2026, de acuerdo al Centro de Documentación y Análisis Social de Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Aunque Ruiz considera que apenas un 5% de la población en Venezuela posee seguro médico, las cifras se han levantado a partir de la dolarización de facto.
“2017 y 2018 fueron años críticos, pero a partir de 2019, se vio una recuperación, la gente empezó a asegurarse nuevamente”, dijo, al tiempo que precisó que aunque no ha perdido clientes, si ha debido de hacer malabares para mantenerlos.
“Antes asegurábamos a muchos docentes, hoy no, ahora quien más adquiere pólizas de seguros son medianos y grandes comerciantes, empresarios y los propios médicos. ¿Periodistas? No tengo a ninguno”.
Esteban planea en un futuro inaugurar la lista de Ruiz o que en su trabajo la situación mejore y puedan ofrecerle una póliza al personal. “Por ahora, le doy gracias a Dios que estoy vivo y que no fue peor”, dijo.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El caso de Víctor Hugo Quero, cuyo paradero y estado físico se desconocen desde hace más de 14 meses, ha pasado de ser una omisión administrativa para convertirse en una “política de opacidad” que vulnera tratados internacionales y derechos constitucionales fundamentales. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció este 10 de marzo que la negativa sistemática a proporcionar información oficial sobre un detenido constituye una denegación de justicia y se aproxima a la configuración de una desaparición forzada.
“No existe argumento legal que justifique el ocultamiento de información a una madre sobre el destino de su hijo. El silencio representa una absoluta arbitrariedad”, sentenció la organización en un comunicado donde exigen una fe de vida inmediata y un reporte transparente sobre la situación de Quero.
Detrás de las cifras y los términos legales está Carmen Teresa Navas, de 81 años, quien vive en un estado de ansiedad permanente tras dedicar 14 meses a un “peregrinaje incansable” por oficinas gubernamentales. Para el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), esta situación es una forma de trato cruel, inhumano y degradante: “Nadie debería rogar por saber si su hijo está vivo”.
A pesar de su avanzada edad, la señora Carmen ha recorrido diversos centros de detención en todo el país, encontrando solo negativas. Presume que a Víctor Hugo Quero Navas (51 años) lo detuvieron el 1 de enero de 2025 y, desde entonces, su paradero es un enigma: “Lo acusan de terrorismo, traición a la patria y otras cosas más”, declaró a Dossier Venezuela el 12 de febrero pasado.
Doce días después, Navas pidió desde la Cárcel El Rodeo I una fe de vida de su hijo, tras revelar que en seis ocasiones había acudido hacia ese centro porque en los tribunales de Caracas le dijeron que estaba recluido allí.
“La incertidumbre no puede ser la respuesta de la justicia”, advierte el comité, recordando que negar información sobre una persona bajo custodia es una violación flagrante que constituye un crimen de lesa humanidad mientras no se revele el paradero.
Una ficha en la Comisión de Amnistía
En un intento por romper el muro de silencio, el pasado 5 de marzo, Carmen Navas acudió ante la Comisión Parlamentaria de la Asamblea que atiende la Ley de Amnistía. Allí llenó una planilla formal para solicitar que su caso sea atendido con urgencia. Esta acción se suma al agotamiento de todas las instancias institucionales que, hasta la fecha, no han dado respuesta al paradero de su hijo.
¿Es correcto hablar de desaparición forzada en este caso?
De acuerdo con lo explicado por defensores y organismos internacionales, es preciso hablar de desaparición forzada cuando las autoridades niegan información sobre el lugar de reclusión de un detenido o se niegan a reconocer la privación de libertad.
El artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personasdefine en su artículo II que se considera como tal “la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”.
En mayo de 2025, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) instó al gobierno venezolano a cesar las detenciones en condiciones de aislamiento e incomunicación y señaló que, a menudo, esta práctica equivale a desapariciones forzadas.
“Mantener a personas opositoras en condiciones de aislamiento e incomunicación es una práctica perversa e ilegal que puede constituir un crimen internacional,” afirmó la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, en ese reporte.
Mientras que Amnistía Internacional (AI) publicó un informe titulado“Detenciones sin rastro: El crimen de desaparición forzada en Venezuela en julio de 2025, en el que denunció que la desaparición forzada de personas opositoras, disidentes y ciudadanos extranjeros en Venezuela se consolida como parte de un ataque “sistemático y generalizado contra la población civil”. En los casos analizados en el documento, encontraron denominadores comunes.
“Las autoridades negaron información sobre las detenciones de todas estas personas. Cuando las reconocieron, negaron información sobre su suerte o paradero. Sus familiares acudieron incansablemente a organismos gubernamentales, fiscalías, el poder judicial y diversos centros de detención para intentar localizar a sus seres queridos, sin obtener respuesta”, relataban entonces, la misma situación que le ha tocado vivir a la señora Carmen Teresa Navas, madre de Quero.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
