La encuesta, aplicada de manera presencial a 1295 personas mayores de 18 años, de los estratos socioeconómicos C, D y E, en distintas regiones del país, entre noviembre y diciembre de 2025, develó hallazgos que reflejan que Venezuela no se percibe como una sociedad plenamente cohesionada ni completamente fracturada, pero sí con un sentido de identidad nacional bastante alto.
Los resultados muestran un país que, pese a años de crisis, mantiene un sentido de identidad nacional casi unánime y valores pragmáticos que siguen articulando la vida cotidiana. Aquí las claves más relevantes del informe:
Identidad y unión
El estudio señaló que el 98.9 % de los venezolanos encuestados reportó que siente gran orgullo de ser venezolano. 64,1 % Consideró que las personas en Venezuela comparten un destino común más allá de las diferencias políticas.
En cuanto a los factores que más unen a venezolanas y venezolanos, la ciudadanía identifica elementos profundamente enraizados en la vida cotidiana.
Disposición al diálogo
Uno de los hallazgos más consistentes del estudio es la preferencia ciudadana por el diálogo, la negociación y los acuerdos como vía para procesar diferencias. Entre quienes perciben conflictos en el país (77,6 %), el 84,6 % prefiere que estos se resuelvan mediante acuerdos, frente a solo 9,5 % que prefiere la confrontación.
Las personas manifiestaron estar de acuerdo con que negociar permite buscar soluciones y con que las concesiones permiten alcanzar un bien mayor.
Sin embargo, la disposición al diálogo coexiste con limitaciones importantes. Solo el 18,6 % conversa frecuentemente con personas que piensan distinto en temas políticos o sociales y el 54,7 % considera que no existe suficiente respeto para debatir sin agresiones.
Al preguntarles a las personas encuestadas cuál vía consideran más efectiva para resolver los desafíos en la situación venezolana, “negociación y acuerdos entre venezolanos” obtuvo el 46,4 %, superando otras alternativas y “movilización social” 13,4 %.
Rechazo a la violencia
El estudio documentó un rechazo contundente a la violencia. El 77,4 % considera que una situación de violencia agravaría los problemas del país, y el 72,6 % está en desacuerdo con la idea de que se pueda recurrir a la violencia para lograr cambios.
Ante la hipótesis de una escalada violenta, las principales preocupaciones son humanas y sociales: el 33,4 % señala que lo que más le afectaría sería la pérdida de vidas en general, y el 23,8 % la pérdida de seres queridos.
Perspectivas y expectativas para el futuro
Una amplia mayoría (77,6 %) reconoció la existencia de conflictos en el país, percibidos principalmente como políticos (51,7 %) y económicos (31,5 %). Solo un 2,2 % identifica el conflicto como una ruptura social entre las personas, lo que sugiere que las tensiones se ubican principalmente en ámbitos institucionales y estructurales.
A pesar de las dificultades acumuladas, el 65,3 % consideró que el país podría mejorar en los años siguientes. Este optimismo coexiste con la percepción de riesgos si los conflictos no se procesan: el 63,6 % considera que mantenerlos haría que el país empeore.
Preferencias hacia la Cooperación Internacional
Al preguntar qué tipo de ayuda internacional consideran prioritaria para que Venezuela salga adelante, las respuestas se distribuyeron principalmente en inversión para reactivar sectores productivos y generar empleos (48,4 %), seguida de ayuda humanitaria (alimentos, medicinas) (20,5 %) y fortalecimiento institucional y gobernanza (10,3 %).
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La minería ilegal que se desarrolla bajo el abrigo del Arco Minero del Orinoco ha permitido que esta práctica se expanda, que los grupos armados irregulares tomen el poder de los yacimientos, que la violencia se aplique en cualquier ámbito y que los pueblos indígenas estén cada vez más abandonados y vulnerables ante estas dinámicas que atentan contra sus territorios. Todo esto está incluido en el informe Memoria de la Amazonía venezolana en riesgo, que el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) publicó el pasado 6 de marzo.
La emergencia humanitaria y ambiental que viven los indígenas del sur del país se mantiene en las sombras. Una década sin demarcación de territorios, el irrespeto hacia la jurisdicción especial indígena de cada comunidad, el desmantelamiento de los centros de salud en los lugares más recónditos, la prevalencia de enfermedades como la malaria y la tuberculosis, la presencia de mercurio en sus cuerpos y la violencia han provocado que miles de miembros de los pueblos originarios migren o se aíslen, mientras que el Estado mantiene el silencio sobre su situación.
El informe muestra que la grave situación que atraviesan estas comunidades está documentada, aunque el gobierno no mantenga un registro público de la situación.
El documento es producto del seguimiento hecho por el Programa de Promoción de los Derechos Indígenas de Venezuela “Wayamoutheri”, el Observatorio Venezolano en Defensa de la Vida (Odevida), el Grupo de Trabajo sobre Asuntos Indígenas de la Universidad de los Andes (GTAI), la organización ambientalista Clima21 y Provea, además de la información obtenida a través de testimonios y entrevistas a guardianes y monitores indígenas que habitan los nueve territorios ubicados en los estados Amazonas y Bolívar. Sus conclusiones revelan cinco verdades del actual ataque a la Amazonía venezolana.
Verdad 1: el espejismo de la demarcación y la jurisdicción indígena
Aunque la demarcación de tierras es un derecho consagrado en la Constitución Bolivariana de Venezuela y en la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI), en la práctica es casi letra muerta y otra promesa incumplida del chavismo. Luego de varias etapas en las que el otorgamiento de títulos de propiedad colectiva arrancaba y se detenía, el proceso se paralizó totalmente en 2016 y dejó a miles de comunidades en una situación de vulnerabilidad jurídica ante las amenazas que los arropan.
Esta paralización “inconsulta” ha sido criticada por varias organizaciones indígenas y “ha generado gran preocupación en las comunidades originarias” porque sin estos títulos se “facilita la invasión de sus territorios, la expansión de la minería ilegal y la destrucción de sus recursos naturales”, señala el informe.
Los datos son contundentes. El Programa de Promoción de los Derechos Indígenas de Venezuela “Wayamoutheri”, realizó durante 2025 una consulta que revela que, de las 14.952.759 hectáreas solicitadas por las organizaciones indígenas en los estados de Amazonas y Bolívar, el Estado solo ha titulado 1.082.554 hectáreas. En otras palabras, solo 7,24% de las tierras ancestrales solicitadas han sido reconocidas legalmente. Esta carencia crea un “vacío sistémico”. Sin títulos de propiedad colectiva, los territorios quedan efectivamente desprotegidos por la ley.
Al problema de la falta de reconocimiento de los territorios, se suman los obstáculos que impiden que cada pueblo aplique su Jurisdicción Especial Indígena (JEI), un instrumento que permite a las autoridades legítimas de cada comunidad resolver conflictos internos basándose en sus usos, costumbres y tradiciones ancestrales, siempre que no contravengan la Constitución, la ley o los derechos humanos.
“El reconocimiento de los derechos y jurisdicción propia de los pueblos indígenas en la Amazonía venezolana está inmerso en un panorama convulso de conflictos socio ambientales que vienen afectando los territorios amazónicos con mayor intensidad desde el año 2016, cuando el gobierno venezolano aprobó e implementó el Arco Minero del Orinoco”, apunta el documento.
La no delimitación de la “frontera extractivista” ha fragmentado la estructura de los pueblos indígenas y les impide aplicar su JEI. Lo mismo pasa cuando desde la jurisdicción ordinaria se intenta estandarizar a todas las jurisdicciones indígenas como si fuesen iguales, o cuando se les pide a estas ultimas una serie de requisitos para que se conformen en las área de minería ilegal.
El Estado, además, ha fallado al no crear condiciones para que coexistan jurisdicciones especiales interculturales y también al desconocer a las autoridades legítimas y las tomas de decisiones de los pueblos y comunidades indígenas, de acuerdo a sus usos y costumbres.
Verdad 2: el costo mortal de ser un guardián territorial
Los Guardianes del Territorio, defensores indígenas que vigilan sus tierras, promueven sus derechos y documentan las violaciones, operan en la Amazonía venezolana en un entorno de miedo generalizado. Interponerse en el camino de las ganancias extractivas a menudo resulta en una sentencia de muerte.
Estos defensores se enfrentan a amenazas hacia sus vidas que, en algunos casos, se han materializado en homicidios. De acuerdo con la ONG Odevida, hasta diciembre de 2024, al menos 48 indígenas pertenecientes a los pueblos Pemón, Warao, Jivi, Yanomami, Uwottüja, Yekuana y Wayúu, han sido asesinados por agentes de la fuerza pública o por grupos armados irregulares.
Entre las víctimas está Virgilio Trujillo Arana, un guardián uwottüja asesinado en junio de 2022, cuyo caso sigue estancado en el Ministerio Público. El caso más reciente es el de Joaquín Hernández (Ayukuweni), un líder ye’kwana a quien atacaron con golpes y armas blancas en septiembre de 2024 mientras descansaba en una hamaca en la casa de su hijo. Murió días después porque no pudo ser trasladado para que se trataran sus heridas. Se sospecha que sus victimarios son hombres que criticaban su resistencia a la minería.
Virgilio Arana, guardián uwottüja asesinado en 2022. Foto: Cortesía.
De acuerdo con el informe, otro fenómeno que afecta a las comunidades indígenas, sobre todo a la población joven, es el reclutamiento forzado que ejecutan grupos irregulares armados como las disidencias de las FARC o del ELN, que también están en el negocio de la minería ilegal.
“Odevida ha recibido denuncias de familias indígenas asentadas en las cercanías de Puerto Ayacucho (Amazonas) que aseguran que jóvenes de entre 15 y 18 años desaparecen de sus casas, y con el tiempo se dan cuenta que han sido reclutados, en el caso de referencia, por el ELN”, reseña el documento.
Verdad 3: el abandono del pueblo Yanomami
El derecho a la salud del pueblo Yanomami ha sufrido un cambio radical, pasando de una “crisis” a un total abandono total. Desde 2019, la red de salud pública del Alto Orinoco se ha desintegrado por completo. Se han desmantelado los ambulatorios, la presencia de personal médico y enfermeros es mínima, mientras que la escasez de insumos y medicamentos hace cuesta arriba que los locales puedan prestar servicios elementales. Además, los programas especializados para la malaria y la tuberculosis han dejado de funcionar y la red sanitaria está tan deteriorada que las “emergencias médicas deben ser evacuadas por vía aérea a Puerto Ayacucho, capital del estado Amazonas”.
Un caso que ayuda a poner este drama en proporción es el de la comunidad de Parima B, donde solo hay un médico asignado para atender a 4.500 personas dispersas en 100 comunidades, algunas de las cuales solo son accesibles tras varios días de caminata. El resultado se mide en decesos: hubo aproximadamente 600 muertes solo en la región de Sierra Parima entre 2022 y 2025. La principal causa fue la malaria (vinculada a la deforestación que ocasiona la minería), la misma enfermedad que hizo que, a finales de 2025, en el sector de Shamatari, murieran 66 de los 112 residentes de una sola comunidad.
En menor medida, la tuberculosis también figura como causa de estas defunciones, así como infecciones respiratorias, hepatitis, desnutrición, entre otras.
El informe destaca que la presencia de garimpeiros brasileños en el Alto Orinoco es, por un lado, un factor de riesgo para la transmisión de enfermedades infecciosas (como las enfermedades de transmisión sexual), mientras que por otro ocasiona la desmovilización de los equipos de salud, que evitan las conflictivas zonas mineras. Todo esto sin contar con los abusos y violaciones a las que se ven sometidas las mujeres indígenas.
Otro problema que se visibiliza es que la ausencia de información epidemiológica y de datos sobre el sistema de salud en Venezuela impide que se conozca el alcance de los programas de salud, pero la prevalencia de enfermedades prevenibles por vacunación hace pensar que estas no están llegando a las comunidades más alejadas.
En otras zonas de la Amazonía también hay sistemas de salud deficientes. Se ha denunciado la falta de medicinas y equipos en el hospital de San Fernando de Atabapo, en el sur de Amazonas, y en los ambulatorios de las comunidades indígenas del sector. En los estados Bolívar y Delta Amacuro han aumentado los casos de malaria. En este último también hay altos índices de mortalidad por tuberculosis y VIH.
“El Estado venezolano está obligado a garantizar el derecho a la salud de los pueblos indígenas de la Amazonía venezolana, por lo que es prioritario que el gobierno nacional reactive los servicios y programas de atención en salud en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro y reactive de manera urgente el Plan de Salud Yanomani”, reclama el informe.
Verdad 4: legado de deforestación y mercurio
La organización Clima21 ha advertido sobre la aceleración de la deforestación en la Amazonía venezolana que, impulsada por la minería y la falta de políticas estatales, ha perdido un área equivalente al triple de la superficie de Caracas cada año.
No es la única que da esta alerta. Un informe elaborado por el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP, por sus siglas en inglés), asegura que Venezuela perdió 140.000 ha de bosques primarios en la Amazonía entre 2016 y 2020, y que las áreas protegidas más impactadas son los parques nacionales Caura, Canaima y Cerro Yapacana.
Los espacios fluviales tampoco escapan de los estragos de la minería ilegal, que ha sido la causa principal de la contaminación de “al menos 33 ríos amazónicos”. En 16 ríos de la región se ha comprobado la presencia de dragas que sacan el oro del lecho de los ríos.
Además de la destrucción medioambiental que deja tala de árboles, está también la que arrastra el envenenamiento químico del mercurio. La minería aurífera a pequeña escala depende de este elemento que se vierte indiscriminadamente en las cuencas fluviales venezolanas.
Las afectaciones de las comunidades indígenas llegan hasta cifras que son una tragedia. Un estudio solicitado por la organización Kuyujani en la cuenca del río Caura mostró que 92% de las mujeres examinadas tienen niveles de mercurio que superan los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lo más grave es que 36,8% de estas mujeres corren un riesgo tan alto que es probable que den a luz a niños con trastornos neurológicos graves.
Verdad 5: los que migran y los que se aíslan
La migración y desplazamiento de indígenas de la Amazonía venezolana hacia Colombia y Brasil es una realidad. El principal motivo es la crisis sociopolítica y económica del país, pero también están los agravantes que implica esta emergencia, como las invasiones de la minería ilegal, la carencia de servicios públicos y de salud de calidad, la peligrosa presencia de grupos irregulares armados en sus territorio y la violencia que traen.
Mientras que los indígenas de Amazonas se van hacia la frontera con Colombia (algunos por períodos cortos para ganar dinero y, luego, volver a sus comunidades), los de Bolívar huyen a Brasil. En este último grupo están también los Waraos, que desde 2014 han salido de sus territorios y cruzan todo Bolívar (el estado más grande del país) para establecerse en los estados fronterizos de Brasil e incluso en otros más.
Además de estas movilizaciones, hay otras comunidades indígenas que han decidido dejar de interactuar con quienes no pertenecen a su pueblo. Estos cuatro grupos que viven en “aislamiento voluntario” o “contacto inicial” pertenecen a los pueblos jödi, yanomami, uwottüja y eñepá. Todos poseen una profunda “vulnerabilidad inmunológica” a los patógenos que transmiten los mineros ilegales.
El Estado evita hablar del tema. En los foros internacionales, los funcionarios venezolanos niegan con frecuencia la existencia de estos pueblos, alegando que todos los grupos indígenas están “plenamente integrados”. Esa posición ha sido sostenida desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también desde el de Pueblos Indígenas
“Hasta la fecha no existe un reconocimiento expreso por parte del Estado venezolano, ni por vía administrativa, legislativa o judicial, que asuma la existencia de pueblos indígenas en aislamiento voluntario o contacto inicial. Esta falta de reconocimiento estatal, impide que se implementen medidas específicas para reconocer sus derechos y, por ende, protegerlos debidamente de las diferentes amenazas que los afectan”, reseña el documento.
Desde Chile, la líder opositora María Corina Machado, destacó los avances en el camino hacia la transición en Venezuela al tiempo que destacó que aún persisten retos “enormes”, al referirse a que al menos 505 personas siguen siendo presas políticas en el país, “muchas veces torturados, desaparecidos e incomunicados”.
Acompañada de su equipo de comunicación y de sus asesores más cercanos, Machado insistió en que “solamente habrá paz en Venezuela con libertad, y solo habrá libertad con democracia“, lo que para ella implica permitir “que todos los venezolanos, de manera libre y sin restricciones, podamos encontrarnos en ese clamor de ejercer nuestro derecho a decidir nuestro futuro”.
“Para muchos demócratas en el mundo el cambio de banda es previsible. A mí se me salían las lágrimas de admiración, de envidia, es algo por la que miles de demócratas en Venezuela hemos dado hasta la vida”, expresó Machado, en referencia a poder haber presenciado la transmisión del poder de ese país a José Antonio Kast.
Indicó que Kast le ratificó su apoyo al proceso de transición democrática en Venezuela, agradeció ese gesto e insistió en la importancia de rescatar la democracia en el país.
“Yo escucho analistas que excluyen una variable: la gente. Para ellos, la gente no importa, y la gente es el todo. No estaríamos aquí si no fuera por la gente, los venezolanos, por el amor a nuestra tierra, hijos y libertad (…) Nosotros hemos puesto el valor de la libertad incluso por encima del valor de la vida, por eso la gente importa y no nos vamos a dejar. No es un poquitico de una libertad ficticia, es full democracia, full libertad y full justicia, nada menos de eso, no nos vamos a conformar”.
La dirigente de Vente Venezuela recalcó que el gobierno de Donald Trump es un aliado “fundamental” en el rescate de la democracia en Venezuela y se refirió a los hechos del 3 de enero como una muestra de la “justicia internacional” ante una “estructura criminal”.
Insistió en que los venezolanos aspiran la legitimación de todos los poderes públicos a través de elecciones: “Mi regreso a Venezuela está basado en eso, en continuar una lucha que ha sido cívica, organizada. Nos han provocado, atacado, perseguido, encarcelaron a nuestros compañeros y mataron a otros (…) Caos son ellos, nosotros somos la garantía de avanzar de manera cívica, ordenada, pacífica y firme. Porque no confundan civismo con debilidad”.
“Delcy Rodríguez es responsable directa de violaciones a DD.HH”.
Machado recalcó que los venezolanos no podrán retornar a su país mientras “los criminales que los hicieron huir sigan en el poder, y siguen en el poder”. Aprovechó ese punto para recordar que el secretario de Estado, Marco Rubio, planteó una estrategia en tres fases “que están avanzando” y que son “simultáneas, no sucesivas”.
Sobre la presidenta encargada con el aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, comentó que “es parte medular y fundamental de la estructura criminal de Nicolás Maduro” y la responsabilizó de varias irregularidades.
“Ha sido el vínculo con Hezbolá. Como vicepresidenta, la cabeza que dirigía toda la estructura de represión y tortura civil. Es responsable directa”, aseguró.
Añadió que en esta primera fase del plan de Estados Unidos, el gobierno de Trump le ha dado “instrucciones para que desmonte la estructura represiva que ellos armaron” y que eso está en proceso.
Machado también aseveró que su eventual retorno a Venezuela será un proceso “armonioso y coordinado” con la comunidad internacional.
Más frases de Machado
“Cuando salimos del Congreso y descendí vi a una niñita venezolana, llorando, me acerqué y la besé. Y me dijo: ‘María Corina, llévame contigo de vuelta a Venezuela’. Y yo le dije que se lo prometía, que hacía lo que estoy haciendo para que pudiera volver. Casi 700 000 venezolanos viven en este país, son personas de bien (…) tuvieron que salir para salvar su vida, pero quieren volver”.
“Venezuela será libre y los venezolanos que han sido forzados a dejar su tierra regresarán a su país”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Donald Trump, presidente de los Estados Unidos, confirmó el reconocimiento oficial de su administración al gobierno encargado de Delcy Rodríguez como la autoridad legítima de Venezuela.
“Me complace decir que esta semana formalmente hemos reconocido al gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente. Acabamos de alcanzar una meta histórica, el acuerdo del oro con Venezuela, para permitir que nuestros dos países trabajen juntos para facilitar la venta de oro venezolano y otros minerales. Ellos tienen buenas cantidades de oro y buena tierra, muy buena tierra, pero el sistema no les permitió aprovechar el valor de su tierra”, expresó el mandatario estadounidense.
Durante su intervención en la cumbre Escudo de las Américas en Miami, el pasado 7 de marzo, Trump calificó el desempeño de Delcy Rodríguez como un “gran trabajo”, pero, ¿qué implica este reconocimiento y cuál es el alcance? Aquí te lo explicamos en cuatro claves.
Reconocimiento al gobierno encargado
El gobierno de Donald Trump presentó una “Declaración de Interés” ante un tribunal federal en Nueva York que reconoce a Rodríguez como la única jefa de Estado de Venezuela. El documento, fechado el 10 de marzo de 2026 y firmado por el embajador Michael G. Kozak del Departamento de Estado, se realizó debido a que los tribunales estadounidenses requieren determinar quién representa legalmente al Estado venezolano.
El funcionario Kozak hizo énfasis en que el gobierno norteamericano no reconoce a Maduro como jefe de Estado desde el 23 de enero de 2019 y que dicha falta de reconocimiento “continúa hasta el presente”.
La finalidad
El mismo documento donde reconocen a Delcy Rodríguez, señalan que “la normalización facilitará los esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política de Venezuela”.
“Nuestro compromiso se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente”, se lee en el texto.
Supervisión
El documento deja claro que mientras se normalizan las relaciones diplomáticas y consulares con Venezuela, Estados Unidos seguirá examinando de cerca las transacciones con las autoridades interinas, “utilizaremos la Ley de Poderes de Emergencia Económica Internacional y otras herramientas disponibles para trabajar por un futuro mejor para el pueblo venezolano”.
Reconocimiento condicionado
Según explicó el abogado Nizar El Fakih a la periodista María Alesia Sosa, el reconocimiento a Delcy Rodríguez es “condicionado” para facilitar una transición que permita conducir a unas elecciones democráticas. El abogado señaló que ese reconocimiento es “reversible”.
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¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este jueves, 12 de marzo,ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
En la primera visita que hace a un país latinoamericano desde que escapó de Venezuela en diciembre del año pasado, la líder opositora y premio Nobel de la paz, María Corina Machado, atendió este miércoles a la toma de posesión del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast.
Machado, quien fue una de las más solicitadas por los representantes de medios de comunicación, sostuvo que los venezolanos “anhelan un gesto tan simple como que un presidente se quite la banda y se la ponga a otro”.
María Corina Machado: “Los venezolanos anhelan un gesto tan simple como que un presidente se quite la banda y se la ponga a otro”.
Lo que rompe en redes
Para este jueves se tiene prevista una vigilia para acompañar a los familiares de los presos políticos.
CONVOCATORIA | Vigilia en La Yaguara 🕯️
Familiares, amigos, defensores de derechos humanos y ciudadanos solidarios convocamos a una vigilia este jueves 12 de marzo en La Yaguara, para acompañar a las familias que continúan esperando la libertad de sus seres queridos injustamente… pic.twitter.com/uB3vYv5doy
— Comité por la Libertad de los Presos Políticos (@clippve) March 11, 2026
Azuquita pa’l café
Esta gatita le dio una lección a su hija por haberse alejado de casa.
Cómo le explico al psicólogo que vi una gatita perdida y su mamá la encontró, le dió una regañada y después de ver que estuviera bien, le dió una cachetada y se la llevó a la casa. pic.twitter.com/E3OEtstXkY
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Transnscurrido más de un cuarto de siglo de nuestra historia nacional, recordamos que en 1999 era común ver cómo el librillo El oráculo del guerrero, o El arte de la guerra, de Sun Tzu, se vendían como pan caliente entre quienes seguían el verbo cautivador y agitado del recién electo presidente de la república, Hugo Chávez.
En aquellos años, para todo militante chavista era obligatorio mantener en su portafolio ideológico, junto al arsenal literario mencionado, el infaltable Las venas abiertas de América Latina, de Eduardo Galeano. Material suficiente para inflamar el relato y el espíritu revolucionario contra todas las maldades perpetradas por el imperialismo en nuestro continente.
Las tres raíces (secas) del chavismo
Aun hay más: el summum del ideario chavista en 1999 lo concentraba “El árbol de las tres raíces”, enfocado en el pensamiento de Simón Bolívar (raíz bolivariana: independencia, igualdad, unidad latinoamericana), Simón Rodríguez (raíz robinsoniana: educación popular, originalidad americana) y Ezequiel Zamora (raíz zamorana: justicia social, tierras y hombres libres, unión cívico-militar).
Al especificar los fundamentos de este marco teórico —desarrollado en los años 80 y formalizado en documentos como el Libro azul y el proyecto del MBR-200, orientados hacia la transformación radical del Estado venezolano—, se detalla que:
La “raíz bolivariana” se resume en la soberanía, el antiimperialismo, la integración de América Latina y el concepto de libertad e igualdad social.
La raíz robinsoniana (Simón Rodríguez), basada en la educación popular y la necesidad de “inventar” un modelo americano original en lugar de copiar modelos europeos o estadounidenses, se centra en la formación para la ciudadanía y la justicia.
La raíz zamorana (Ezequiel Zamora), enfocada en la lucha contra la oligarquía, la redistribución de tierras (“Tierra y hombres libres”) y la soberanía popular, incorpora la idea de la unión cívico-militar para alcanzar la justicia social.
Fundamentos desfondados
Posteriormente, revistieron a nuestro país de un carisma de relanzamiento ideológico mundial, con una elaboración política más actualizada: la propuesta del “socialismo del siglo XXI”, de Heinz Dieterich. Su contenido establece una alternativa al capitalismo y al socialismo estatista del siglo XX. La propuesta, basada en una economía de equivalencias, democracia participativa directa y autogestión, buscaba superar la economía de mercado mediante el valor del trabajo y la planificación democrática.
Asimismo, Marta Harnecker fue clave en la estructuración teórica del chavismo, aportando fundamentos para el “socialismo del siglo XXI”. Propuso la planificación descentralizada, la organización comunal y la formación popular, e influyó en la transformación del Estado hacia “formas de poder popular”.
El Foro de Sao Paulo y las alianzas con lo peor del mundo
Este bagaje teórico no le sirvió para afrontar una crucial decisión ante un menú de posibilidades en el campo global de la izquierda: la más destacada, la de la Internacional Socialista —donde están el PSOE, el Partido Laborista inglés, el SPD de Alemania, AD, PRI y el PS chileno, entre otros, que propugnan el Estado de bienestar y la reforma—. El chavismo desechó esta para vincularse estrechamente con el Foro de São Paulo, con el estalinismo internacional a través del castrismo cubano, Corea del Norte, China y Rusia, y con el islamismo radical internacional a través de Irán, Hamás y Hizbulá.
Con esa decisión selló su suerte al convertirse en un alfil del ajedrez de estas potencias. Conducidas por cruentos regímenes, sus élites se sustentan en la corrupción y en la depredación infinita de los recursos naturales y financieros de cada país. Mandones que sumergen a sus pueblos en la miseria, sometidos por un aceitado sistema de represión de los DD. HH.
Este posicionamiento internacional tuvo sus consecuencias para los venezolanos. Al ver cómo la cúpula chavista traicionaba los postulados de redención —comenzando por la Constitución nacional—, millones se movilizaron en 2002, 2014, 2017, 2019 y 2024, con un saldo de miles de asesinatos, presos políticos sin procesos judiciales y una diáspora superior a los 9 millones de ciudadanos dispersos por el mundo.
Inédita devastación
Toda esta política de exterminio contra la población opositora fue impulsada con todo el peso del Estado. En nombre del antiimperialismo, mediante acusaciones de ser agentes de la CIA y de gobiernos de la UE, o de formar parte de invasiones de potencias extranjeras, el objetivo era impedir a cualquier precio el voto democrático y el cambio de régimen por la vía constitucional.
Igualmente, en materia económica, no se conoce en la región un grado mayor de devastación de sus recursos naturales que el que fue sometido nuestro país: al estatizar el sector privado, se redujo la capacidad de producción del sector industrial y se precarizó la condición de vida de la población económicamente activa y pensionada.
Por tanto, a la hora de hacer el balance de los restos de un legado que se inició bajo la aureola de la redención de un país ante el decaimiento del puntofijismo, deben dar respuesta, en primer lugar, los integrantes de la cúpula chavista —postrados ante una potencia extranjera— y, luego, los militantes y apóstoles del chavismo ante la postración de su dupla gobernante, capaz de enterrar sus postulados tras el único objetivo de mantenerse con las prebendas del poder.
Entregados al imperio
Finalmente, ante la pregunta planteada al inicio, la respuesta es: nada. No queda vestigio alguno de la propuesta política que estafó a un país. Al contrario, se encargaron durante un cuarto de siglo de destruir cualquier rastro de humanidad en el ejercicio del poder. En realidad, echaron al cesto de la basura todo: el árbol de las tres raíces, el socialismo del siglo XXI de Dieterich y Marta Harnecker y, lo más lamentable, la Constitución nacional, cuyo texto hoy es la requisitoria contra una tiranía que arrebató al país un cuarto de siglo de su historia.
En definitiva, el constructo chavista terminó siendo una vergonzante charlatanería y cháchara revolucionaria impregnada de manipulación para obtener el poder y los recursos del país. Terminaron entregándose al mejor postor.
Durante años, la pregunta más repetida en la política venezolana parecía sencilla: ¿qué ocurrirá cuando termine el régimen? La respuesta, en apariencia, también lo era: elecciones libres, instituciones restauradas y el regreso —casi natural— de la democracia. Pero la historia rara vez concede finales tan ordenados.
Las dictaduras, sobre todo las que han aprendido a sobrevivir durante décadas, no suelen desaparecer; mutan. Cambian de lenguaje, de estrategia y, si es necesario, incluso de rostro. Lo que nunca cambian voluntariamente es su relación con el poder. Venezuela parece haber entrado precisamente en esa fase: la del transformismo político.
El régimen que durante años fue denunciado como autoritario, narcotraficante y violador de derechos humanos comienza ahora a hablar de transición. Los mismos funcionarios que defendieron el cierre del espacio político descubren de repente las virtudes del pluralismo. Los arquitectos del sistema ofrecen ahora conducir su desmontaje. La escena tiene algo de ironía histórica. Es como si el incendio fuera administrado por los mismos que durante años vendieron gasolina.
La pregunta incómoda —la que casi nadie formula públicamente— es si Venezuela está realmente frente a una transición democrática o ante algo mucho más familiar en la historia latinoamericana: una democracia administrada desde arriba. Un cambio político cuidadosamente regulado. Un sistema donde se aceptan ciertas reformas, siempre que el núcleo del poder permanezca.
Los politólogos suelen llamar a estas fórmulas regímenes híbridos. Sistemas donde existen elecciones, partidos y discursos democráticos, pero donde el poder real sigue protegido por redes políticas, militares y económicas que sobreviven al cambio. No es un fenómeno nuevo.
México vivió algo parecido durante décadas bajo el PRI: elecciones periódicas que legitimaban un sistema donde el resultado rara vez escapaba al control del poder. Chile experimentó otra variante cuando la transición democrática tuvo que convivir durante años con enclaves institucionales heredados de la dictadura. Incluso Europa del Este conoció procesos en los que las antiguas élites comunistas lograron reciclarse dentro del nuevo sistema. Las transiciones, en otras palabras, no siempre significan ruptura. A veces significan reacomodo. Y ese parece ser el riesgo venezolano.
Porque el problema de Venezuela nunca fue solo un gobernante. Fue la construcción de un sistema de poder que durante más de dos décadas colonizó instituciones, debilitó contrapesos y convirtió al Estado en una maquinaria política. Ese tipo de estructuras no desaparecen con la salida de un líder. Simplemente buscan nuevas formas de sobrevivir. Por eso la palabra transición puede ser tan engañosa.
En teoría, describe el paso de un régimen autoritario hacia la democracia. En la práctica, muchas veces significa algo distinto: el arte político de cambiar lo suficiente para que el sistema continúe funcionando. Un maquillaje institucional. Una apertura cuidadosamente dosificada. Una democracia con supervisores.
El problema es que la democracia, en su sentido más elemental, implica algo muy simple y peligroso para quienes detentan el poder: la posibilidad real de perderlo.
Y ese sigue siendo el experimento que el sistema político venezolano todavía parece resistirse a realizar. Porque una cosa es permitir elecciones. Y otra muy distinta es aceptar sus consecuencias. De allí que la verdadera discusión venezolana ya no sea solamente si el régimen terminó, sino qué tipo de sistema está naciendo en su lugar. Una democracia auténtica exige instituciones independientes, justicia autónoma, alternancia política y un poder militar subordinado al orden constitucional.
Una democracia tutelada, en cambio, funciona bajo una lógica distinta: elecciones permitidas, sí, pero dentro de límites cuidadosamente definidos. Reformas graduales, siempre que no alteren el equilibrio real del poder. Apertura política, pero bajo vigilancia. La diferencia entre ambas no siempre es visible al principio. A veces solo se descubre con el tiempo.
Por ahora, Venezuela parece avanzar en una zona gris de la historia política: un terreno ambiguo donde conviven discursos de democratización, pactos entre élites, presiones internacionales y estructuras de poder que todavía no han decidido si están dispuestas a desaparecer.
La pregunta, en el fondo, es brutalmente sencilla. Si el país está caminando hacia una democracia. O si está presenciando algo mucho más sofisticado: una dictadura que ha aprendido a sobrevivir disfrazándose de transición tutelada.
Hasta el próximo 26 de abril de 2026, las instituciones sin fines de lucro del país tendrán la oportunidad de inscribir sus iniciativas en el Presupuesto Participativo de Banesco, un programa que otorga fondos no reembolsables para áreas críticas como salud, educación y cultura.
En un entorno donde el financiamiento para el tercer sector en Venezuela enfrenta desafíos crecientes, la banca privada mantiene algunos canales de apoyo para la ejecución de proyectos de impacto comunitario.
La falta de financiamiento a ONG
La convocatoria de este año ocurre bajo la sombra de un cambio drástico en el financiamiento externo. El cierre de las operaciones de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) a principios de 2025 dejó un vacío fondos que anualmente se inyectaban en programas humanitarios en Venezuela.
Este retiro de financiamiento, sumado a la redirección de fondos de otros donantes hacia crisis en Europa y el Medio Oriente, ha forzado a las organizaciones locales a buscar alternativas de financiamiento, e incluso, a recurrir a los recortes de personal y eliminación de programas que ayudaban a las comunidades.
Además, la existencia de la Ley de Fiscalización de ONG ha impuesto trabas burocráticas y requisitos de registro “onerosos” que han llevado a algunas organizaciones más pequeñas a cesar actividades por temor a represalias legales o por la imposibilidad de cumplir con las nuevas normativas de financiamiento.
Detalles de la convocatoria
La institución bancaria informó que las fundaciones legalmente constituidas pueden optar por un fondo de Bs. 1.457.525,00. Este monto está destinado exclusivamente a proyectos que busquen fortalecer la inclusión financiera, la salud y los programas educativos en diversas regiones del país.
Para garantizar una distribución equitativa, la selección se divide en cinco bloques geográficos:
Gran Caracas I: Municipios Libertador y Sucre.
Gran Caracas II: Baruta, El Hatillo y Chacao.
Occidente: Táchira, Mérida y Zulia.
Oriente: Anzoátegui y Nueva Esparta.
Centro-Occidente: Carabobo y Lara.
Un modelo de elección entre pares
A diferencia de otros fondos concursables, para optar por el Presupuesto Participativo de Banesco son las propias organizaciones postulantes quienes, tras exponer sus proyectos, votan para elegir al ganador de su grupo basándose en el impacto y alcance de la propuesta.
Desde su creación en 2008, esta iniciativa ha permitido la ejecución de 159 proyectos liderados por 75 fundaciones, impactando positivamente la vida de más de 50.000 personas.
Resultados del ciclo anterior
En la edición de 2025, el impacto del presupuesto se reflejó en la labor de organizaciones de amplia trayectoria. Entre los seleccionados destacaron la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela (ONTV) y ABC Prodein en Caracas; el Centro de Capacitación Fe y Alegría Cristo Rey en el eje andino-zuliano; SenosAyuda en el oriente y la Fundación Amigos del Niño con Cáncer en el estado Lara.
Las organizaciones interesadas en participar este año pueden encontrar el formulario de postulación y las bases detalladas en el portal oficial Banesco.com, específicamente en la sección “Somos Banesco”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
