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Claves | WOLA: gobierno venezolano desinforma sobre la investigación de la CPI

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La ONG WOLA advierte que los representantes del PSUV manipulan los conceptos jurídicos internacionales para crear una matriz de opinión desfavorable sobre la violación sistemática a los derechos humanos de los venezolanos

Fotografía: Prensa de la Corte Penal Internacional

 

A través de una publicación a la prensa el 27 de julio, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) advirtió que el gobierno de Nicolás Maduro ha creado argumentos para desinformar sobre  la investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) a miembros específicos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) por presuntos crímenes contra la humanidad, y para hacerlo ver como un hecho político y no judicial. 

La ONG sobre Derechos Humanos enfatizó que la Cancillería de Venezuela emitió información “falsa” sobre el proceso de investigación sobre el caso Venezuela I, en donde se investigan las muertes, torturas, detenciones arbitrarias y otras represiones en el país desde el año 2014 que la ONU identificó en sus Misiones internacionales independientes de determinación de los hechos en tres informes.

«Tergiversando el lenguaje técnico de la Corte, el gobierno ha tratado de crear confusión y desesperanza entre las víctimas», recalca WOLA. 

A continuación, algunas claves sobre el reciente reporte de WOLA. 

Se ralentiza la investigación, pero no se suspende

El 27 de junio de 2023, la Sala de Cuestiones Preliminares decidió permitir que el fiscal de la CPI, Karim Khan, reanudara su investigación sobre Venezuela. Luego, el 3 de julio, el gobierno de Nicolás Maduro apeló esta decisión y pidió una prórroga para formalizar la petición de anular la investigación. 

La Corte internacional le concedió hasta el 14 de agosto de 2023 para entregar la apelación, pero negó que se detenga la investigación de los casos de presuntos crímenes de lesa humanidad hasta que la institución multilateral dicte una sentencia con la petición madurista. 

Los fiscales de la CPI deben recibir y evaluar la apelación del gobierno venezolano debido a los reglamentos del Estatuto de Roma que establecen el principio de complementariedad: un Estado tiene prioridad de investigar los casos de tortura o crímenes de guerra dentro de su jurisdicción, mientras que la CPI apoya la investigación estatal o interviene directamente si se demuestra que el Estado no puede o no quiere investigar bajo los parámetros de los derechos humanos. 

El gobierno madurista alega que se están investigando los casos de tortura y detenciones arbitrarias en Venezuela. Pero la Corte Internacional ha respondido en dos ocasiones, en 27 de junio y el 21 de julio de este año, que la Fiscalía de Kahn tiene suficientes pruebas que muestran la falta de transparencia con los procesos penales y los derechos humanos, sobre todo al no indagar la cadena de mando militar responsable de esos crímenes. 

«En esta incidencia se pone de manifiesto que la Corte (Penal Internacional) ha trabajado de forma diligente, y si ha habido retrasos en las actuaciones de este tribunal, ha sido justamente por las medidas dilatorias, una estrategia general de hacer perder el tiempo y recursos», resaltó el abogado Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la justicia, en un video institucional. 

Se trató de violar la privacidad ante la CPI

WOLA destaca que la desinformación gubernamental venezolana se puede rastrear hasta el 28 de febrero del 2023, después que 8.900 venezolanos participaran en una una Sección para la Participación de las Víctimas y las Reparaciones (VPRS) para expresar de forma confidencial por qué el sistema de justicia venezolano no quiere o no puede investigar los casos de tortura, muertes y detenciones arbitrarias bajo los estándares de los derechos humanos. 

Ese día, la Cancillería de Venezuela emitió un comunicado en el que señalaba que la investigación del caso Venezuela I era «un proceso político» y mencionó que una persona que había presentado su testimonio ante la VPRS presuntamente había sido entrevistada por las autoridades y había sido desmentida. 

«Tomando en cuenta la confidencialidad del proceso ante la CPI, tal aseveración por parte del Estado venezolano es muy grave, pues contribuye a crear temor y desincentivar la participación de las víctimas ante la CPI», asevera la ONG. 

«El gobierno venezolano solicitó responder al informe de la VPRS, en la medida en que consideraba que se trataban hechos nuevos que el Estado no pudo de forma razonable haber previsto. A esto, la Corte contestó el 4 de mayo que no autorizaba la petición de Venezuela, que una respuesta a las víctimas no era procedente en esta etapa del procedimiento y que, en todo caso, los argumentos presentados por el Estado eran “muy amplios en su naturaleza y no identifican de manera persuasiva ningún aspecto específico del informe de la VPRS que requiera una respuesta por parte de Venezuela”», agregó. 

La Corte explicó desde un inicio que la VPRS transmite solo las observaciones y preocupaciones de las potenciales víctimas porque la Corte aún no ha identificado a estas personas como víctimas en una audiencia específica. 

Frente a la reciente apelación que quiere impugnar el gobierno de Maduro, la sala de la CPI encargada de velar por el interés de las víctimas presentó un permiso para mostrar sus argumentos para mantener la investigación. La Sala de Apelaciones de la CPI le concedió a este organismo enviar sus observaciones escritas para el 11 de agosto de 2023. 

Manipulación del lenguaje técnico

Poco después del 4 de mayo, el gobierno encabezado por Maduro emitió otro comunicado cuatro días después diciendo que, al agregar el adjetivo de «potenciales» a las víctimas, la CPI no reconocía que existan crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pese a que los informes de la ONU y el VPRS indican lo contrario. 

«Venezuela denuncia que las denominadas «víctimas potenciales» y especialmente algunas de las organizaciones que las representan, pueden estar siendo instrumentalizadas para convertir a la Corte Penal Internacional en un arma política contra la institucionalidad democrática de Venezuela», expresa el documento oficialista. 

«Nada más lejos de la verdad. La CPI en ningún momento dijo que no hubiesen víctimas de crímenes de lesa humanidad ni que dichos crímenes no se hubiesen cometido en Venezuela. Tergiversando el lenguaje técnico de la Corte, el gobierno ha tratado de crear confusión y desesperanza entre las víctimas», advirtió la ONG. 

WOLA reitera que esta manipulación proviene de la mala interpretación del principio de complementariedad, ya que la CPI aún no ha precisado qué casos específicos debe ajusticiar a las personalidades del PSUV dentro de la variedad de cargos que expresan las víctimas.

La ONG recalcó que la CPI no sanciona estados, sino a personas, que los mismos personajes del PSUV representen al Estado venezolano por más de 10 años es un fenómeno ajeno a la investigación forense.  

Juntos, pero no revueltos

El 10 de junio de 2023 Karim Khan, visitó por tercera vez a Venezuela. En ese momento la Fiscalía de la CPI y el Ministerio Público de Venezuela firmaron un Memorando de Entendimiento con el gobierno de Nicolás Maduro. Ese documento no ha sido publicado hasta ahora, denuncia la ONG. Pero los voceros del gobierno chavista anunciaron que se abriría una Oficina de la Fiscalía de la CPI en Caracas. 

«Se presume que, con este acuerdo, la CPI será capaz de aumentar la escala y el impacto de su presencia en Venezuela, (…) se esbozó una serie de áreas prioritarias en las que la Fiscalía prestará asesoramiento y asistencia a las autoridades venezolanas, en consonancia con los principios del Estatuto de Roma», detalló WOLA. 

Esta oficina no está relacionada con la investigación de la Fiscalía de la CPI, la investigación del caso Venezuela I. La nueva institución de la Corte internacional pretende brindar apoyo para el desarrollo legislativo y el intercambio de conocimientos entre jueces nacionales y multilaterales con la intención de mejorar las prácticas de la justicia venezolana desde adentro. 

«Hasta ahora no se tiene conocimiento sobre si esta oficina contará con un mecanismo para atender a las víctimas y recibir sus testimonios. Tampoco se conoce cuáles serían sus protocolos de confidencialidad y protección a las víctimas y a sus representantes, lo cual genera preocupación para miembros de la sociedad civil», advierte la ONG.

Venezuela I vs. Venezuela II

El 13 de febrero de 2020, el gobierno de  Nicolás Maduro solicitó a la CPI que se investigara unos presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos como consecuencia de la aplicación de sanciones adoptadas por el gobierno de Estados Unidos desde 2014. La Corte Internacional recibió la solicitud y llamó al caso Venezuela II. Actualmente, el caso sigue abierto y se están evaluando las competencias e intereses jurídicos de las reclamaciones que hizo la administración de Maduro. 

La ONG advierte que no se tiene una fecha aproximada para medir las respuestas de la CPI o sus siguientes pasos, pero ha recalcado que el caso Venezuela I está más adelantado debido al constante registro de las Organizaciones No Gubernamentales y la prensa venezolana, mientras que los registros del caso Venezuela II solo tiene registro de los propios integrantes del PSUV que están siendo señalados como perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

#MonitordeVíctimasCaracas | Estrangularon a un hombre y luego dejaron su cadáver en Petare

Nilson Jesús Orellana Ñañez, de 33 años de edad, desapareció el pasado 30 de abril, sus familiares estuvieron buscándolo hasta que lograron conocer el lunes 10 de julio que su cuerpo ya había sido enterrado en el cementerio de El Junquito

@lysaurafuentes

Nilson Jesús Orellana Ñañez, de 33 años de edad, desapareció el pasado 30 de abril de 2023. Sus familiares se enteraron diez días después, el lunes 10 de julio, de que su cuerpo ya había sido enterrado en una fosa común, en el cementerio de El Junquito, municipio Libertador de Caracas.

La autopsia practicada al cadáver de Orellana arrojó que había fallecido por asfixia mecánica, estrangulamiento: lo habían asesinado.

El día que Nilson Jesús desapareció, fue visto, por última vez, visitando a su madre, en el sector La Matica de Los Teques.

Sus familiares, al conocer sobre su desaparición, comenzaron a buscarlo en comandos policiales y hospitales.

Al pasar el tiempo, los parientes lograron indagar ese lunes 10 de julio, por medio de una conocida que tienen en la morgue de Bello Monte, que el cadáver de Orellana fue hallado en el sector La Línea de Petare y trasladado a la medicatura forense.

Como sus familiares no acudieron a tiempo a la morgue, porque desconocían su paradero, el cuerpo de la víctima fue sepultado, casi un mes después, el pasado 9 de junio, por funcionarios del recinto forense, en una fosa común en el cementerio de El Junquito.

 

Sus parientes contaron que Nilson Jesús se encontraba en situación de calle, debido a adicciones, sin embargo, iba con frecuencia a visitar a su madre.

Se presume que pudo haber tenido un problema que terminó en el homicidio..

A puñaladas

El pasado 9 de julio, fue asesinado Denny Rafael Guevara, de 42 años, en las cercanías del puente La Yerbera, situado en la parroquia San Agustín, del municipio Libertador de Caracas.

Guevara recibió, por lo menos, cuatro puñaladas. Fue trasladado hasta el hospital Vargas, pero llegó sin signos vitales.

Un conocido avisó a sus familiares sobre lo ocurrido. La víctima tenía dos hijos y era oriundo de Barlovento, estado Miranda.

Estos dos casos de homicidios son excepcionales por las armas usadas. Entre enero y junio de este año 2023, el equipo de Monitor de Víctimas ha registrado 55 homicidios en la parroquia Petare, la mayoría de estos ocurridos en la vía pública y en todos los casos documentados, el asesinato fue ejecutado con armas de fuego.

Acción Solidaria exige libertad plena y la desestimación de cargos contra 33 personas LGBTIQ+ en Valencia

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La organización rechazó la divulgación de fotografías, nombres y documentos de identidad de los detenidos, imputados por los delitos de agavillamiento, ultraje al pudor y contaminación sónica

 

Acción Solidaria exige la libertad plena y la desestimación de los cargos imputados a las 33 personas LGBTIQ+ detenidas en un local privado en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, el fin de semana pasado. Denunció que las autoridades han sometido a esos ciudadanos a un proceso judicial desmedido que atenta contra el debido proceso y que además vulnera sus derechos humanos.

Esos hechos, afirmó la ONG en Twitter, marcan un precedente en la estigmatización, persecución y discriminación de las personas LGBTIQ+ y con VIH/sida.

¿Por qué?

La organización explicó que el 23 de julio, luego de una supuesta denuncia anónima, oficiales de la Policía Nacional Bolivariana irrumpieron en un local en Valencia sin orden de allanamiento y detuvieron a 33 hombres.

La medida, que Acción Solidaria calificó de ilegal, se basó en que los detenidos participaban en una presunta orgía, con el fin de grabar y comercializar material pornográfico.

La ONG rechazó asimismo que se divulgaran, a través de una minuta policial, fotografías de los implicados, nombres y documentos de identidad, información que además replicaron algunos medios de comunicación en el país.

Tres delitos: ¿aplican?

La organización señaló que la audiencia de presentación se realizó el 27 de julio, 48 horas después de la detención, violando lo establecido en la ley. El tribunal admitió los delitos que les imputó la Fiscalía: ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica.

Señaló en Twitter que el agavillamiento implica la asociación de dos o más personas para cometer un delito y se pena con prisión de dos a cinco años.

“El reunirse con fines lícitos, de expansión o incluso sexuales, entre adultos y con el consentimiento de las partes, no constituye delito alguno”, recordó la ONG.

Expuso que el ultraje al pudor hace alusión a diversos actos que “atenten contra ‘la moral y las buenas costumbres’ (concepto relativo y cambiante)” de manera pública o visible. “Es decir, debe haber sido expuesto a la vista del público u ofrecido en venta”, añadió.

“Como se ha reportado en diversos medios, la presunta fiesta era en un local privado y no se ha comprobado que el material grabado fuera distribuido. En este caso, los hechos denunciados no corresponden con el supuesto de la ley, es decir, no se cumple un criterio indispensable: la visibilidad o actuación en público”, indicó.

La contaminación sónica, dijo, supone la generación de ruidos que, por su intensidad, frecuencia o duración, pueden causar daños o molestar a las personas. “Esta norma se aplica a propietarios de establecimientos y no a quienes se encuentren haciendo vida en dichos espacios”, aclaró.

Acción Solidaria indicó asimismo que el tribunal de la causa estableció a 30 de los 33 detenidos un régimen de presentación. Es decir, no están en libertad. “Para justificar este régimen, el tribunal debe considerar que exista un peligro de fuga o de obstaculización de la investigación”, agregó.

Defensa se opuso a la testificación de dos víctimas indirectas del caso Policarabobo

Los abogados alegan que se alteraron el orden de las pruebas

 

El viernes 28 de julio hubo continuación de juicio a los cinco exfuncionarios por la muerte de las 69 personas en los calabozos de la Comandancia General de la Policía de Carabobo, y donde estaba fijado los testimoniales de dos víctimas indirectas, pero que la defensa de uno de los enjuiciados no lo permitió.

La doctora Lyli López, responsable del Comité de Víctimas Indirectas de la Tragedia Navas Spinola”, le dijo al equipo de Una Ventana a la Libertad (UVL), que estaban promovidos  dos testimoniales por el Ministerio Público (MP), pero que la abogada María Elena Hernández, defensora de José Luis Rodríguez Rodríguez, se opuso.

“La doctora Hernández hizo un planteamiento, una incidencia al tribunal a los fines de que no se lograra el testimonio de las víctimas indirectas porque supuestamente se había alterado el orden de las pruebas”.

López aseguró que no es así, porque el mismo juez en audiencias pasadas exhortó al MP y a la representación de Comité de Víctima a los fines de que comparecieran estas víctimas indirectas.

La responsable del Comité de Víctimas le hace un llamado a la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSP), doctora Gladys Gutiérrez, y al fiscal general de la  República (FGR),  doctor Tarek Williams Saab, porque este es un caso de multiplicidad de víctimas donde perdieron la vida 69 seres humanos quemados detrás de las rejas en la Comandancia General de la Policía del Estado Carabobo.

“Fallecieron 66 presos y tres mujeres que  se encontraban pernoctando producto de la corrupción. Ya son cinco años y cuatro meses esperando se  haga justicia”, dijo.

La profesional del derecho también informó que se agregó una prueba documental (proctólogo de autopsia), se citó a la anatomopatóloga y que la continuación del juicio se fijó para las 10:00 de la mañana del viernes 4 de agosto.

Continúan las amenazas

La doctora Lyli López acudió el jueves 27 de julio ante la sede de la Fiscalía del Ministerio Público del Estado Carabobo a los fines de imponerse de una medida de protección acordada por el Tribunal y solicitada por el MP en virtud de las sistemáticas amenazas que ha recibido por el caso de los 69 muertos el 28 de marzo de 2018 en los calabozos de la Comandancia General de la Policía de Carabobo.

“Fui beneficiada por una medida de protección tramitada por ante el Ministerio Público del Estado Carabobo y acordada por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control del Circuito Judicial del Estado Carabobo en virtud de las sistemáticas amenazas que he recibido luego que el juez de Juicio 5, Dr. Rafael Sánchez Moreno, en plena sala le dijo a la fiscal 35 que conjuntamente conmigo organizáramos la comparecencia de las víctimas indirectas en el juicio y de allí me empezaron a llamar amenazándome y siguiéndome”.

Incluso, este viernes 28 de julio la amenazaron: “De hecho, el día de hoy lo volvieron hacer. Sin embargo seguimos en la búsqueda de justicia y en la defensa de los derechos humanos, la verdad siempre sale a la luz pública y tarde o temprano se hará justicia”, acotó López.

EEUU retira sanciones a expresidente del IVSS señalado por corrupción

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El 19 de marzo de 2018, el Departamento del Tesoro le había impuesto a Carlos Rotondaro sanciones por violación de derechos humanos, mala gestión económica y corrupción, que “han han sido las características definitorias del régimen de Maduro” 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de Estados Unidos eliminó de su lista de sancionados al general Carlos Rotondaro, expresidente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

A Rotondaro le habían impuesto sanciones el 19 de marzo de 2018. Ese día, una nota de prensa de la OFAC informaba que el Tesoro había sancionado a cuatro funcionarios venezolanos del gobierno chavista por violación de derechos humanos, mala gestión económica y corrupción, que “han han sido las características definitorias del régimen de Maduro”.

“Como resultado de las acciones de hoy, se congelan todos los activos de los siguientes funcionarios actuales o anteriores del gobierno de Venezuela que están sujetos a la jurisdicción de los EE. UU. y, en general, se prohíbe a las personas estadounidenses tratar con ellos: Américo Alex Mata García, Willian Antonio Contreras, Nelson Reinaldo Lepaje Salazar y Carlos Alberto Rotondaro Cova”, se lee en el comunicado de prensa difundido por el Tesoro.

Sobre la gestión de Rotondaro frente al IVSS, el Tesoro indicó: “Como resultado del colapso económico de Venezuela bajo Maduro, el país ya no compra suficientes medicamentos extranjeros ni produce suficientes medicamentos. Debido en parte a la insuficiencia de vacunas y antibióticos, enfermedades que antes estaban controladas, como la difteria y el sarampión, han regresado. Mientras tanto, los venezolanos que padecen enfermedades crónicas como el cáncer o la diabetes a menudo tienen que renunciar al tratamiento. El sistema de salud de Venezuela continúa hundiéndose cada vez más en la crisis luego de años de turbulencia económica, lo que provocó brotes de enfermedades tratables y aumento de las tasas de mortalidad”.

También en 2018 el gobierno de Panamá lo sancionó por considerarlo de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Pieza clave en gobiernos de Chávez y Maduro

Rotondaro estuvo en cargos encumbrados durante el gobierno de Hugo Chávez, quien lo ascendió a general de división de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en 2012, y en la administración de Nicolás Maduro.

Egresó del Ejército en 1987, como parte de la promoción de Diosdado Cabello. En 2007 fue nombrado presidente del IVSS. Dos años más tarde asumió como ministro de Salud, cargo en el que estuvo solo un año. En 2010, fuera del Ministerio de Salud, vuelve al IVSS, de donde sale en 2017.

El 22 de noviembre de 2017, Rotondaro fue destituido como presidente del IVSS y fue sustituido por Luis Salerfi López.

La decisión se conoció a través de la Gaceta Oficial Extraordinaria N. 6.341, específicamente en el decreto N. 3.172, que nombra directamente al ministro como «Presidente de la Junta Directiva del IVSS en condición de Encargado».

En el IVSS Rotondaro dejó varias cuentas pendientes, entre ellas los contratos a dedo que asignó a una red de empresas controlada por una familia zuliana, que recibieron más de 455 millones de dólares preferenciales.

Hechos de corrupción que salpicaron a Rotondaro

La ONG Transparencia Venezuela publicó un extenso trabajo en el que precisa los hechos de corrupción en los que se menciona a Rotondaro. A continuación, los detallamos tal como fueron publicados por la ONG:

El 4 julio 2018 el diputado Winston Flores denunció al general Rotondaro Cova y a su supuesto testaferro el mayor (r) William Hernández por el desfalco de US $ 100 millones:

  • Estarían involucradas 10 empresas panameñas, pertenecientes William Hernández.
  • Se realizaron compras irregulares de materiales para tratar la diálisis, medicinas de alto costo para combatir el cáncer, inmunosupresores y para el VIH.}
  • Se contrataron reparaciones y mantenimiento de centros asistenciales que dependían del IVSS.}
  • Fue señalada Yolimar Rodríguez, exdirectora de Administración y Finanzas del IVSS. Tenía una compañía llamada Complexion a través de la cual se realizaron algunos negociados.
  • Otra señalada es Carolina Chaguán, del Departamento de Información del IVSS.  

Corrupción en familia

Bajo la administración de los generales Jesús Mantilla y Carlos Rotondaro, 19 empresas pertenecientes a un mismo grupo familiar habrían sido beneficiadas por IVSS con contratos de compra irregulares de medicinas insumos para la red hospitalaria pública, según investigación de Runrunes.

  • Cerca de US $ 500 millones a tasa preferencial de 6,30 Bs/$ recibieron seis firmas del grupo Continental Médica CA. por asignación directa entre 2004 y 2012 (equivalentes a poco más de la mitad de los US $ 856 millones que gastó el IVSS en el extranjero en cuatro años)
  • Las 19 empresas eran manejadas por cuatro hermanos y parientes. Era encabezada por Daniel Esgardo e Isabel Rangel Barón.
  • La red empresarial recibió US $ 455.631.647, a tasa preferencial, para la compra de materiales del IVSS.
    Continental Medica se encuentra entre las primeras 61 empresas que más recibieron dólares Cadivi en la historia del control de cambio
  • No se conocen concursos públicos convocados por el IVSS para la adjudicación de los contratos como exige la Ley de Licitaciones.  

Edificaciones hospitalarias que enriquecen

Rotondaro Cova estuvo en la dirección de la Fundación de Edificaciones y Equipamiento Hospitalario (Fundeeh) desde el 2007, primero como suplente en el Consejo Directivo y luego como presidente, después que se autodesignó.

En esa fundación actuó en 8 centros asistenciales incluidos en la Red Hospitalaria Barrio Adentro III del Sistema Público Nacional de Salud (SPNS):

  • Maternidad Concepción Palacios.
  • Hospital de Niños Dr. José Manuel de los Ríos.
  • Hospital Dr. José María Vargas de Caracas.
  • Instituto Autónomo Hospital Universitario de Caracas (HUC).
  • Servicio Autónomo Hospital Central de Maracay (SAHCM).
  • Hospital Industrial de San Tomé.
  • Hospital General del Oeste Dr. José Gregorio.

En el Informe de la Contraloría General de la República 2013 se señaló que:

  • Fundeeh había celebrado 100 contratos de obras, para la adecuación y modernización tecnológica de los servicios de estos hospitales.
  • La fundación “no supervisó, inspeccionó o evaluó, o hizo control técnico administrativo de las obras, ni de los términos de contratación establecidos”
  • Se observaron deficiencias generales en la ejecución y la contabilidad presupuestaria en los años 2007, 2008, 2009 y primer trimestre de 2010.
  • De los 100 contratos de obras, 36 no reposaban en los archivos de la fundación. Los 64 restantes, correspondientes a 8 hospitales, carecían de documentos sobre la selección y contratación de las empresas, la ejecución de las obras y de sus pagos.
  • 46 obras no poseían acta de terminación y además no se dispuso de información sobre 11 contratos.
  • 34 expedientes de contratos de obras carecen de documentos que justifiquen los anticipos a las contratistas, las valuaciones de obras para amortización de anticipo, órdenes de pago, cheques emitidos, situación de las obras, ni evidencias de acciones por parte de la fundación ante los incumplimientos de contratos.
  • Para junio del año 2012 la situación era la siguiente: 12 contratos con 4 años de retraso, 11 contratos con 5 años, 5 contratos con 3 años y 2 contratos con 2 años. A ello se suma el incremento en los costos y el deterioro físico de la infraestructura y equipos. Los ciudadanos fueron privados de servicios asistenciales.
  • Se evidenció que el Ministerio del Poder Popular para la Salud incumplió el cronograma de ejecución para adquirir productos farmacéuticos. Para 27-09-2013 solo se había recibido 0,84% de los medicamentos, cuando debían estar entregados 74 % de los insumos.

Huida a Colombia

En marzo de 2019, Rotondaro salió de las filas del gobierno de Maduro y huyó a Colombia. Argumentó que escapó porque no podía ser leal a un “gobierno de incapaces y corruptos”.

“No soy traidor, soy leal a la patria (…) Ese juramento no incluía defender a un gobierno de incapaces y corruptos (…) Cada año estamos peor”, dijo en una entrevista concedida al canal colombiano NTN24. 

El general no dio detalles sobre la forma como salió de Venezuela, aunque sí indicó que fue clandestinamente y sin identificación, pues pasaporte había sido anulado a finales de 2017. 

“Maduro no tiene moral ni capacidad para ser comandante en jefe de la FANB”, sentenció Maduro a través de NTN 24.

Denunció crisis militar

Desde Colombia, Rotondaro denunció una crisis entre los militares y que uno de los problemas que enfrentaba la FANB era la politización.

“Hay una crisis institucional, social, política, económica y militar, la más grave crisis en la historia republicana de Venezuela”, dijo en una entrevista telefónica con Reuters.  

“Al salir sin pasaporte, la forma más segura y expedita era por Colombia”, añadió.

Dijo, además, que “uno de los problemas de las Fuerzas Armada es la politización y la ideologización”: “Hoy tenemos unas Fuerzas Armadas político partidista muy penetradas y esa partidización se ve en niveles de comando”.

El general aseguró que abandonó al oficialismo porque “había indolencia de parte del gobierno de Maduro en la atención de los aspectos fundamentales, se aleja del bienestar del pueblo”.

“Como venezolano y militar, el deber es defender a la patria, no defender un gobierno donde el interés personal priva sobre (lo) colectivo”, sumó.

“Al tomar la decisión (de hablar) no es que quiero sacudirme de sanciones (De Washington) o quiero tener un beneficio o estoy esperando un cargo de un próximo gobierno, quiero que los venezolanos podamos resolver esto en un proceso electoral transparente”, apostilló.

Con información de Transparencia Venezuela, Reuters e Infobae

CIDH presentó ante la Corte IDH caso de cuatro ejecuciones extrajudiciales en Venezuela

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La CIDH  presentó ante la Corte IDH el caso de cuatro ejecuciones extrajudiciales en Venezuela.
Los hechos ocurrieron en el marco de un operativo de seguridad en el estado Aragua, en el 2017. 4 hermanos fueron asesinados a manos del CICPC. Los funcionarios declararon que fue en un enfrentamiento, pero su madre asegura que no tenían antecedentes
Foto: Cortesía: @CIDH

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sometió el 29 de marzo de 2023 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso 14.177 de la República Bolivariana de Venezuela por las ejecuciones extrajudiciales de los hermanos Israel Benjamín, Martín Daniel, Leonel David y Leonardo José Manaure Flores, así como por la falta de investigación de los hechos.

Según la información proporcionada, en 2017, un grupo de funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ingresaron a la residencia de los hermanos Israel Benjamín, de 16 años, Martín Daniel, de 17 años, Leonel David, de 19 años, y Leonardo José, de 24 años, quienes fueron ejecutados en el lugar.

Los funcionarios declararon a medios de prensa que las muertes se habían producido por un enfrentamiento policial y que los hermanos serían delincuentes. La madre, Ana María Flores Quintero, afirmó que sus hijos no poseían antecedentes criminales, y que tres de ellos eran estudiantes y el otro trabajaba en albañilería.

Los hechos ocurrieron, denuncia la CIDH, en un “contexto de ejecuciones extrajudiciales de operativos de seguridad en Venezuela, en el estado Aragua”,  que según refieren, se caracterizan por actuaciones irregulares, allanamientos ilegales y enfrentamientos en los que personas, principalmente jóvenes de bajos recursos, terminan ejecutadas bajo la hipótesis de ser criminales, “sin respuesta judicial efectiva y en situación general de impunidad”.

El Estado es responsable

La Comisión (CIDH) determinó que el Estado venezolano es responsable por la violación del derecho a la vida en perjuicio de los cuatro hermanos y que  no  cumplió con su obligación “de realizar una investigación con debida diligencia, de oficio, rápida, objetiva y dentro de un plazo razonable”. 

De igual forma, y por el hecho de que Israel Benjamín Manaure Flores y Martín Daniel Manaure Flores tenían 16 y 17 años cuando fueron ejecutados,  la Comisión observó que el Estado incumplió con su deber de adoptar las medidas necesarias para salvaguardar su interés superior.

En consecuencia, considera que el Estado debe ejecutar las siguientes medidas de reparación:

1. Reparar integralmente las violaciones de derechos humanos declaradas en el informe, incluyendo tanto el aspecto material como moral.

2. Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de Ana María Flores Quintero, de ser su voluntad.

3. Continuar con la investigación penal de manera diligente, efectiva y dentro de un plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan.

4. Adoptar las medidas de no repetición de hechos similares: i) programas de capacitación sobre los estándares internacionales de derechos humanos sobre uso de la fuerza y prohibición de ejecuciones extrajudiciales; ii) medidas para investigar con la debida diligencia, la necesidad y proporcionalidad del uso letal de las fuerzas policiales, con protocolos de control y rendición de cuentas frente al actuar de dichos funcionarios.

Provea saluda la acción 

Provea saludó la iniciativa de la CIDH por el logro de justicia “ante los miles de casos” de ejecuciones extrajudiciales que han ocurrido en ene Venezuela.

“La perseverancia de las víctimas es fundamental para avanzar en la lucha contra la impunidad”, emitió Provea.

 

Para el 2022, se reportaron 488 presuntas ejecuciones extrajudiciales en diversas partes del país, según Amnistía Internacional.

https://twitter.com/amnistia/status/1682178581084946436?s=20

 

Delsa Solórzano: “El chavismo no ha dejado nada bueno”

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A casi tres meses de la elección primaria, la candidata de Encuentro Ciudadano se considera favorita para ser la electa por los opositores
Asegura es que necesario llegar a un consenso para encarar las inhabilitaciones y establecer un mecanismo de sucesión   
Opina  que algunos líderes opositores no han valorado la unidad como mecanismo para alcanzar la libertad
Dijo que si llega a Miraflores una de sus primeras acciones será liberar a todos los presos políticos
@franzambranor
 

Con un maquillaje incólume sobre su tez, cabello cuidadosamente peinado, camisa manga larga a rayas y tacones, Delsa Solórzano encara la entrevista con la misma actitud que ha tenido frente al régimen chavista: de frente y sin titubeos. 

Tiene una agenda apretada, viene de conceder otra entrevista vía Zoom y al día siguiente partirá hacia una gira que la llevará al estado Nueva Esparta.

Ya ha estado en varios rincones del país y está segura que su popularidad ha ido creciendo porque la ven como la mujer que defiende los derechos humanos.

Abogado de la Universidad Central de Venezuela y activista de DDHH, viene de una familia de izquierda. Su padre, César Orlando Solórzano, fue dirigente del Partido Comunista Venezolano (PCV).

Nunca le han gustado las injusticias y por eso desde temprana edad se ocupó de defender a los menos favorecidos. Fue diputada a la Asamblea Nacional por el partido Un Nuevo Tiempo entre 2016 y 2021, además de presidente de la Comisión de Política Interior y miembro del Parlamento Latinoamericano.

Una vez concluida su responsabilidad en la AN creó su propio partido, Encuentro Ciudadano, y ahora está empecinada en pasar a la historia como la primera mujer presidente de Venezuela. 

¿Cómo te metiste en esto?

-Básicamente lo que me motivó es el amor, en la circunstancia que estamos viviendo no podía hacer otra cosa. Ese amor, pese a que uno está siendo perseguido y acosado, va acompañado por una vocación política y de servicio, de saber que uno nació para servir.

¿Tenías en el radar la presidencia de Venezuela cuando formaste Encuentro Ciudadano?

-Siempre la he tenido en el radar, para mi esto es una cosa de saber hacia dónde voy, soy una persona metódica, demasiado disciplinada, estudié derecho porque soy activista de derechos humanos, siempre supe para dónde iba, es una manera de vivir la vida, es construir en lo colectivo y no en lo individual. Cuando yo empecé a hacer política tenía 12 años, me fui formando en ciencias penales y criminológicas, en gestión y gerencia pública y en idiomas. Y cuando salí de Un Nuevo Tiempo tenía más de un año planeando esto, además de la formación de Encuentro Ciudadano. Renuncié un 10 de diciembre y tres días después hice un acto para presentar EC en la plaza de los Palos Grandes. Al principio no me creían, pero cuando salí de UNT ya tenía a 23 representantes de EC en varios estados del país. Y sí, lo hice pensando en 2024, todo fue planificado.

¿Cómo ha sido el intercambio con la gente en la calle, especialmente con la del interior? 

-Estuve enferma y me sentía triste porque mi gasolina es la gente y pasaron días sin tener contacto en la calle. Yo no estoy recorriendo el país ahora, lo vengo haciendo desde hace tiempo como defensora de derechos humanos. El feedback ha sido maravilloso, estamos recogiendo los frutos que sembramos. A diferencia de otros candidatos, no contamos con recursos económicos para hacer campaña, lo que tenemos son recursos humanos. Nosotros hemos rescatado el valor voluntario de la política, estamos rompiendo un paradigma de que para hacer política no es necesario tener una fortuna. Nosotros sentimos que hay mucho ánimo, la gente tiene esperanza en el cambio y esperanza en la primaria, lamento por el que no lo sienta, la gente ha tomado conciencia de que la solución a sus problemas está en el cambio político. La gente me dice que quiere a una mujer en Miraflores, pero no a otra, sino a mí. 

¿Es difícil hacer una campaña sin el apoyo de los medios de comunicación convencionales?

-Yo estoy vetada en los medios, tenía cinco o seis años que no pisaba Televen. En la radio a nivel nacional no salgo y las que me reciben me pasan una lista de lo que no debo decir. Todo lo que hemos hecho lo alcanzamos a punta de redes sociales y con un equipo de gente organizada. En ese grupo hay enfermeras, maestros, amas de casa que en su tiempo libre se organizan y van casa por casa anunciando que yo voy a pasar. Hay candidatos que pagan publicidad, yo no tengo plata para eso, sin embargo, no sé cuánta gente metimos en un meeting reciente en San Cristóbal.

¿Te has sentido perseguida durante las giras que has hecho previo a la primaria?

-Sí. Recibo mensajes amenazantes a cada momento. Allanan los hoteles adonde vamos, nos corren a media noche porque llegó el Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), le dicen a los recepcionistas que si nos quedamos allí, cerrarán las instalaciones y los llevarán a todos presos. Pese a ello, yo denuncio solamente cuando veo que mi equipo está amenazado, de resto, no hago denuncias. Venezuela tiene tantos problemas que yo soy de las que cree que el país no tiene que preocuparse por mí, yo soy la que tengo que preocuparme por Venezuela. No voy a negar que siento miedo, pero más miedo me da no procurar a mi hijo (Pedro) un país libre. 

 

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¿Cuáles han sido las principales equivocaciones de la oposición  ¿Están a tiempo de rectificar?

-Nosotros formamos Encuentro Ciudadano por no estar de acuerdo con muchas cosas, si hay un error que he cometido es no haber fundado el partido antes. Estuve esperando a acumular suficiente liderazgo y terminar algunas cosas con respecto a mis estudios. En la mayoría de los partidos tradicionales, te enteras de las decisiones por Twitter. Creo que un error que se cometió fue no decir la verdad, no nos echaron el cuento completo de algunas rutas, muchos líderes pusieron por encima sus intereses personales, considero que algunos líderes no han valorado la unidad como mecanismo para alcanzar la libertad. Venezuela no necesita las luchas internas de la oposición, yo tengo diferencias con otros candidatos,  pero esas las aclaro en privado, me parece egoísta y desconectado del país hacerlo público.

¿Se han puesto de acuerdo para enfrentar el tema de las inhabilitaciones?

-No es una tarea sencilla, yo lo estoy intentando. Yo no le puedo pedir a la gente que salga a la calle y muera por mí, eso me parece un acto supremo de egoísmo, le puedo decir a las personas que yo voy a salir a la calle y voy a defender sus derechos, tiene que ser al revés. No le podemos decir al país si no es este candidato, no es nadie. No podemos caer en la ruta de la abstención, después de tantos años para acá no van a venir los marines, ni los cascos azules, ni los extraterrestres, o lo hacemos nosotros o no lo hace nadie. Creo que los candidatos tenemos que ponernos de acuerdo y estar preparados, eso no significa entregarle a la dictadura una lista de nombres para que ellos escojan. Hay que llegar a un acuerdo en torno a esto que no sea público y el debate tiene que arrancar ya, todavía hay gente que no está convencida de que se debe tener un plan B, C, D y hasta Z. Nosotros estamos en dictadura y me causa risa e indignación cuando alguien se quiere comportar como si estuviéramos en una democracia. Enfrentamos a un régimen criminal que ha sido capaz de asesinar a los hijos de Venezuela, acusado ante la Corte Penal Internacional. Me pueden señalar de lo que sea, pero no de no estar en la calle, varias heridas tengo por estar en la calle y si me toca estar otra vez, lo estaré. Yo no soy de las que llega saluda, se monta en una moto y se va, he visto muertos y heridos en las marchas.

¿En qué se basa su plan de Gobierno?

-Una de las cosas esenciales es ver cómo se recupera el valor del salario, no tenemos aparato productivo y estamos en el círculo vicioso de la pobreza. Ha habido violación a la empresa privada, tenemos una economía de puertos, hay pérdida de empleo, nadie sabe cuál es el presupuesto de la nación ni el PIB, hay un oscurantismo total con las cifras, pero una vez que tengamos toda esa información, no es tan complicado reactivar el aparato productivo. La economía se fundamenta en la confianza, y eso pasa por leyes y reglas claras, que exista seguridad jurídica. Tenemos proyectos de leyes listas con suficientes garantías, de modificación del sistema impositivo de impuestos.

Es necesario devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela, el BCV no puede seguir emitiendo dinero sin respaldo. Yo soy de centro derecha y creo en la economía social de mercado, lo aplicó Alemania y dio resultado. Hay que modificar el sistema social, pero no puedes dejar a la gente morir de hambre, es decir, no podemos quitarle a la gente el Clap (Comités Locales de Abastecimiento y Protección). No creo en el rentismo, el rentismo es hambre, si yo vendo Pdvsa (Petróleos de Venezuela) la van a comprar como chatarra y de nuevo pongo el ejemplo de mi Optra, el Optra existe -risas-, si decido venderlo tengo que acomodarlo antes de hacerlo porque sino me van a dar tres lochas. A Pdvsa hay que invertirle dinero y puede ser extranjero, pero decirle a ese empresario que el 80% de la gente que contrate tiene que ser venezolana. Mi slogan es Más raíz, más oportunidad, porque los profesionales que emigraron siguen teniendo las raíces aquí y qué bueno fuese que volvieran.

¿Qué hacer en los primeros 100 días de Gobierno? Nosotros tenemos varios proyectos revisados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, se pueden hacer grandes cosas con costo 0 trabajando con organismos multilaterales, rescatar la educación y otorgar concesiones a medios de comunicación social. Hay que entender que lo que viene para Venezuela es una transición. Es necesario buscar mecanismos de justicia transicional, de reserva histórica y de resarcimiento a las víctimas.

¿De llegar a la presidencia cómo sería su relación con los militares y cómo convivir con una estructura amoldada al chavismo?

-Hay que distinguir entre los mandos bajos, intermedios y altos de la Fuerza Armada Nacional. La FAN es heredera del ejército de Bolívar, si algo no podemos hacer es despreciar nuestra historia, hay que recuperar el honor, el que abraza la carrera de las armas lo hace para buscar la paz y eso se ha desvirtuado. Lamentablemente, los militares en Venezuela no son instrumentos de paz sino de represión, su principal emprendimiento ha sido la matraca y en gran medida son símbolo de corrupción porque los han inmiscuido en la dinámica partidista del Gobierno, se asocian con torturas, tratos crueles e inhumanos. Sin embargo, considero que se pueden recuperar, creo que hay gente buena en el seno de la FAN, así como también en las fuerzas policiales. Venezuela no se ha perdido toda.

¿Ha dejado algo bueno el chavismo? 

–El chavismo como concepto no ha dejado nada bueno, dejó odio y división, el país en el que crecí ya no existe. Yo pasé 22 años sin hablarle a mi papá por diferencias políticas, se murió y nos quedamos debiendo los abrazos. Mi abuelos eran copeyanos y adecos; mis padres, comunistas. La gente que creyó en el chavismo lo que quería era un cambio positivo, un cambio que nunca llegó. 

¿Cuál sería su primera decisión de llegar a Miraflores?

-Liberar a los presos políticos, me impresiona que algunos candidatos consideren que eso no es importante. Eso es fundamental, así como declarar las reglas de la transición que pasan por la reinstitucionalización del país, volver a fundar a Venezuela de alguna manera.

Es obligatorio modificar el sistema de justicia, no hay ni un fiscal ni un juez en Venezuela que este nombrado bajo las reglas de la Constitución, ninguno es de carrera y casi todos están incursos en violaciones a los DDHH. La justicia transicional no es sinónimo de impunidad, al contrario.

Hay que reemplazar la Venezuela de la venganza por la de la Justicia, todo aquel que haya cometido un crimen tiene que ser investigado, enjuiciado y sancionado. Los candidatos a las primarias tenemos que establecer un acuerdo de gobernabilidad, creo que todas nuestras visiones deben ser tomadas en cuenta y acompañarlas por los mejores especialistas del país.

 

El baile de los 33: derechos de la comunidad LGBTIQ+ en Venezuela retroceden 30 años

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33 hombres fueron arrestados, expuestos al escarnio público e imputados con cargos que no corresponden a los hechos sucedidos y que pueden dar pie a una futura criminalización sistemática contra las personas sexodiversas

 

@Luciapietf

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpieron en un club nocturno sin una orden de allanamiento y detuvieron arbitrariamente a 33 hombres por supuestamente participar en una «fiesta sexual» en un local privado de Valencia, estado Carabobo, el cual contaba con su permisología respectiva y tenía más de 20 años funcionando en la ciudad. 

Posteriormente, la policía publicó fotografías de los aprehendidos mostrando sus rostros e identificaciones. La PNB señaló en el parte policial que «al parecer, los sujetos realizaban una ‘‘orgía’’ en el local y además registraban la acción en videos para comercializar el material». A su vez, divulgaron que uno de los arrestados es presuntamente seropositivo. 

El Código Penal no establece como delito las relaciones consensuadas – grupales o no- entre adultos del mismo género en un espacio privado, pero los hombres fueron trasladados al Palacio de Justicia de Carabobo para ser presentados ante tribunales. 

Tras más de 48 horas, los detenidos fueron imputados por la jueza Marialba Villareal en el Tribunal Quinto Municipal de Valencia por delitos de  «ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica», según el director general de la oenegé País Plural, Daniel Picado. Treinta de ellos fueron liberados bajo régimen de presentación y los tres restantes, el dueño del local y dos trabajadores, presentaron fiadores para obtener libertad condicional.

«Esto puede ser el inicio de la criminalización hacia personas LGBTIQ+ en Venezuela», declaró Picado.

En entrevista para Runrun.es, la diputada y abogada Tamara Adrián explicó por qué fue un proceso irregular, así como por qué los cargos imputados no corresponden a los hechos y representan una violación a los derechos de los detenidos.

 

 

Los presuntos crímenes

El delito de «ultraje al pudor», previsto en el artículo 382 del Código Penal Venezolano, hace alusión a diversos actos que atenten contra “la moral y buenas costumbres” y es un crimen que solo se puede cometer en la vía pública o lugares abiertos a la vista público. «No se le puede imputar porque no fue público, fue dentro de un local cerrado donde no había posibilidad de acceso a la vista de terceros», afirmó Adrián. 

El agavillamiento, establecido en el artículo 287 del Código Penal, consiste en la asociación de dos o más personas con el fin de cometer delitos, «(…) pero necesitan ponerse de acuerdo y cometer efectivamente el delito». Como no hubo delito, no pudo haber agavillamiento, aseveró. 

La contaminación sónica es una norma constituida en el artículo 110 de la Ley Penal del Ambiente, pero aseveró que «no se lo han aplicado nunca a nadie» y que el local donde ocurrieron los hechos tiene más de 20 años funcionando en la ciudad. Además, esta norma solo se aplica a los propietarios de establecimientos, no a quienes hagan vida en estos.

Cabe mencionar que el tribunal estableció régimen de presentación a 30 de los 33 detenidos, lo cual no significa libertad absoluta, y se aplica cuando el tribunal considera que existe un peligro de fuga u obstaculización de la investigación, detalló la oenegé Acción Solidaria desde sus redes sociales. 

También se dictó una prohibición de enajenar el local y que este puede ser incautado por las autoridades. «Creo que estamos en presencia de un plan de limpieza social», como en la sociedad venezolana a finales del siglo XX, expresó la abogada.   

«En los años 80 y 90, cuando tú ibas a un local de ambiente, el temor que tú tenías era enorme. Eso no impedía que fueras, pero estabas en cualquier momento esperando que hubiera un allanamiento, viendo dónde estaba la puerta de emergencia, cómo salías (…) Dependiendo de los sitios, ocurría más o menos», aclaró Adrián, refiriendose a los bares de ambiente caraqueños de aquellas décadas, donde las posibilidades de sufrir extorsiones, arrestos o la aplicación de la extinta Ley de vagos y maleantes era muy elevada. 

La ley de vagos y maleantes, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 1998, permitía a las autoridades llevar personas que nunca cometieron un delito a campos de reeducación. Estas personas presuntamente cumplían ciertos rasgos que los predisponían a ser criminales. 

Los homosexuales eran definidos como «vagos» y, en consecuencia de su orientación, podían pasar hasta dos años en estos campos, indicó Adrián.

El escarnio público y la cobertura mediática

Tras el arresto, la PNB publicó una minuta con los datos y rostros de los detenidos. Expuso a los hombres masivamente a través de las redes y medios de comunicación, donde algunos le dieron una cobertura “irresponsable y estigmatizante” a los hechos que alimentó la burla y la desinformación, de acuerdo con País Plural. 

Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) exhortó a los periodistas a revisar su Código de Ética y señaló que «replicar informaciones estigmatizantes y que denigran a los implicados también es una violación de los Derechos Humanos (DDHH)».

En las coberturas también se expuso la condición de VIH de uno de los hombres aprehendidos, lo que generó críticas y señalamientos por ello. La Ley Orgánica para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH/Sida y sus familiares establece en el artículo 9 lo siguiente: «La condición de salud de las personas con VIH/SIDA, forma parte de su derecho a la vida privada y es de carácter estrictamente confidencial, salvo excepciones previstas en la ley (…)».

Vulneración de derechos: el inicio de una posible persecución sistemática

Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) LGBTIQ+, manifestó en entrevista con Runrun.es que los detenidos fueron recluidos en celdas preventivas de la sede de la PNB en Carabobo y que aunque «hubo un cierto grado de colaboración de los funcionarios con los familiares», nunca dejaron pasar medicamentos para aquellos con condiciones de salud especiales como diabetes, asma y gastritis.

https://twitter.com/ACCSI_VIHSIDA/status/1684270240249569296

Tampoco permitieron a los familiares verlos salvo una vez, durante cinco minutos, cuando la audiencia fue diferida el martes. La comunicación fue muy limitada y las autoridades no actualizaron a los familiares que se mantenían fuera de los tribunales esperando por información del proceso, lamentó Velásquez.  

País Plural denunció la admisión de las acusaciones por parte de la Fiscalía Quinta del estado Carabobo, como un precedente negativo y que puede ser el primer paso hacia la criminalización sistemática de la comunidad en el país LGBTIQ+ en Venezuela. La oenegé exige la eliminación de los cargos imputados por la Fiscalía y la libertad plena para los 33 detenidos, e invita a los funcionarios del Estado al resarcimiento por la exposición y escarnio público a los que fueron sometidos. 

Yendri Velásquez observó que «si bien ya había registros de allanamientos y de detenciones arbitrarias», lo ocurrido es una «escalada en la criminalización desde lo penal».

«Estimamos que pueda estar profundizándose, de aquí al futuro, como consecuencia de las alianzas con grupos anti-derechos de quienes hoy están en el poder», concluyó.