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Podcast |  El cadaver invisible, la primera escuela ecosostenible en Venezuela y cómo apoyar a víctimas de abuso sexual

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En el episodio 225  de este condensado de información semanal, tres grandes reportajes destacaron esta semana por Tal Cual, El Pitazo y Runrun.es, los tres medios digitales venezolanos que conforman la Alianza Rebelde Investiga (ARI)

En El Pitazo destacan el trabajo “Un cadáver invisible en el Cementerio General del Sur”. El 7 de julio, dos trabajadores del Cementerio General del Sur encontraron un cadáver insepulto cuando se disponían a preparar una fosa para un entierro. Según autoridades del Cicpc que realizaron la inspección criminalística, el cuerpo correspondería a Andrés Eloy Torres Luque (24 años), desaparecido desde el 7 de marzo. 

Desde Tal Cual esta semana nos comparten el trabajo: “Inocencia rota, como ayudar a niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de abuso sexual”.Cualquier persona que sepa o sospeche que un niño, niña o adolescente ha sido víctima de violencia sexual tiene el deber de notificar a las autoridades, y ellos, por su parte, brindar atención médica y psicológica de forma inmediata. Tercera entrega del seriado Inocencia rota hecho a partir de las alarmantes cifras de abuso sexual presentadas por el Ministerio Público. 

“En la primera escuela ecosostenible se siembra el germen de un ambiente más armónico”, es la nota que presenta Runrun.es en este episodio. En la Unidad Educativa María Virgen Misionera del Municipio Carlos Arvelo, estado Carabobo, se instalaron ecotecnias de energía térmica solar y de captación, tratamiento y almacenamiento de agua de lluvia para afrontar los problemas ambientales y energéticos. También se sensibilizó a la comunidad educativa para que sean ciudadanos más empáticos con su entorno y se diseñó un manual para escuelas sostenibles. 

Te invitamos a sumarte a nuestra comunidad desde tu plataforma de podcast preferida y compartirlo, para que se mantengan informados. 

Además, puedes visitar las páginas web para tener acceso a las noticias y mayor detalle de los reportajes que destacaron esta semana en el Tres en Uno, tu suplemento informativo semanal.

Narración y producción ejecutiva: Luis D. Miquilena

Guión: Francisco Zambrano

Edición y montaje: Abrahan Moncada

La reinserción laboral de adultos mayores se convirtió en una necesidad en Venezuela

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Ante la necesidad de este grupo etario, han surgido iniciativas como “ReActivados”, una plataforma en línea que conecta a los afectados con oportunidades de formación y empleo para apoyarlos en el proceso de reinserción laboral

Debido al bajo ingreso percibido por pensiones y jubilaciones, los adultos mayores en Venezuela se han visto obligados a volver a trabajar y tomar la opción de la reinserción laboral como una necesidad para poder sobrevivir en el país.

Según la ONG Convite, la mayoría de los adultos mayores, tras obtener una pensión o con varios años jubilados, han tenido que volver a trabajar para subsanar su “incapacidad para alimentarse” o comprar medicinas, en medio de la crisis que aún vive Venezuela, pese a la leve mejoría económica de los últimos dos años.

 

El director de Convite, Luis Francisco Cabezas, explicó a EFE que la mayoría de pensionados o jubilados que trabajan lo hacen de manera informal o en labores de alta exigencia física, como la construcción o la vigilancia, pues son escasas las oportunidades para ellos.

“Si hablamos de las personas de 60 años y más -utilizando esta edad como canon que define la adultez mayor- alrededor de 3.800.000 personas adultas mayores. Si se saca por el método de ingresos, se pudiera hablar de que el 100 % de las personas adultas mayores están en riesgo”, dijo Cabezas.

Por necesidad

Cabezas alertó que muchos adultos mayores son considerados “mano de obra barata” y contratados a cambio de “un plato de comida al día” o bolsas de alimentos, lo que genera una afectación “diferenciada” para este grupo, cuyas capacidades están frecuentemente mermadas por condiciones de salud.

“Hay más bien un aprovechamiento de esa fragilidad laboral de las personas adultas mayores. Y ven en ellos, en muchos casos, (…) una mano de obra barata”, afirmó.

Además, prosiguió, “Venezuela es un país que no está preparado para envejecer” y en el que la disminución de la natalidad y el aumento de la expectativa de vida han causado generaciones de adultos mayores cada vez más numerosas para las que no se han generado programas de atención.

 

Aseguró que la situación empeora para los que viven solos como resultado de la diáspora, con unos 7,3 millones de migrantes, según la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), mecanismo de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Puentes para la reactivación

Ante la necesidad de este grupo etario, han surgido iniciativas como “ReActivados”, una plataforma en línea que conecta a los afectados con oportunidades de formación y empleo para apoyarlos en el proceso de reinserción laboral, mientras mantienen “el reclamo por exigencias y pensiones dignas”.

Roberto Patiño, líder de esta iniciativa, aseguró que el propósito es “servir de puente”, a través alianzas con el sector privado y académico, para incrementar las oportunidades, brindar herramientas de formación para el retorno al campo laboral y “visibilizar la lucha por sus reivindicaciones”.

 

“Esta iniciativa nace de una realidad muy dolorosa que está ocurriendo con nuestros adultos mayores, con nuestros pensionados y jubilados, la realidad de tener una pensión indigna de apenas 130 bolívares que no alcanza para nada y, además de eso, tener que enfrentarse a la discriminación en el mercado laboral por ser personas de edad avanzada”, dijo Patió a EFE.

*Con información de EFE

Un deber incómodo del periodismo

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En vez de ignorar a las personas con opiniones, digamos, “problemáticas”, y dejar que se transmitan sin resistencia alguna, es mejor abordarlas. Mostrarlas. Exponerlas dentro de su falsedad

 

@AAAD25

Parafraseando a Lampedusa, en Venezuela pasan muchas cosas y a la vez no pasa nada. Ahora parece que tendremos nuestra propia versión de las “guerras culturales” que tanto polarizan a los países desarrollados. Pero todo eso en el contexto de un régimen autoritario. Es siempre la misma gente la que toma las decisiones que afectan nuestras vidas, sin que nadie logre hacer algo efectivo para resistir su voluntad. Podemos tener entonces discusiones y polémicas bien amargas, pero nadie verá sus deseos hechos realidad a menos que la elite chavista los abrace. Así estamos, pues, con un movimiento Lgbtiq que está más activo y organizado que nunca. Pero también con evangélicos fundamentalistas reclamando contra la “ideología de género”.

No parece que estas polémicas vayan a desaparecer. Así que, aunque tal vez ninguna de las partes vaya a algún lado mientras el chavismo preste poca o nula atención a esos menesteres (aunque, ojo, hay un intento en marcha desde Miraflores por congraciarse con las iglesias evangélicas), vale la pena detenernos en ellos por una vez. Sobre todo, porque la repetición de opiniones sobre un problema político medular que, insisto, no cambia, le permite a uno tomarse tal licencia.

El crecimiento del activismo por los derechos para personas sexodiversas no deja de impresionar, pero creo que en este año, durante junio (el mes cuando ese movimiento más eleva la voz) no sorprendió tanto porque, luego de manifestaciones pioneras en años anteriores, más gente se volvió consciente de que el movimiento existe, bien sea para apoyarlo o repudiarlo. El verdadero elemento sorpresa de las últimas semanas fue el de los grupos cristianos protestando precisamente contra la normalización de la sexodiversidad.

De seguro con motivo de toda la atención que generaron estas manifestaciones reaccionarias, El Pitazo, uno de los medios digitales venezolanos más destacados, invitó a algunos de sus voceros a una especie de foro virtual para que expusieran sus puntos de vista. Ello produjo una oleada de cuestionamientos airados al medio por “dar tarima” a sujetos prejuiciosos para que transmitieran desinformación sobre la sexodiversidad, así como estigmas milenarios e irracionales sobre la misma.

Soy alguien que respalda plenamente la causa por la igualdad de derechos entre heterosexuales y personas Lgbtiq, así que puedo entender las molestias que generó aquel discurso odioso. No obstante, algunos pronunciamientos sobre lo que se debería hacer al respecto me parecieron desconcertantes. Entre ellos, la exigencia de que los medios de comunicación no incluyan en su contenido, bajo ninguna circunstancia, las voces homofóbicas o, por usar la expresión más amplia y quizá un tanto du jeur, antiderechos. Leer que algunos periodistas secundaron esa demanda me dejó más atónito aun.

Me temo que muchas personas, aunque con buenas intenciones y comprometidas con una causa justa, confunden el papel del periodista con el del activista.

El activista no tiene ninguna obligación a dar cabida en sus comunicaciones a contenido que encuentra repulsivo. Por el contrario, si esos contenidos van en contra de la causa que el activista defiende, pues está obligado a repudiarlos de manera inequívoca.

Pero con el periodista, la cosa no funciona así. No es que los medios no deban cubrir a personas con opiniones basadas en prejuicios odiosos. Si eso es de interés público, pueden y deben hacerlo. Por “interés público” no me refiero a una perspectiva que los consumidores de información deberían abrazar, sino simplemente estar al tanto de su existencia, para juzgarla acorde. Eso sí: tal cobertura debe hacerse siempre dando contexto y señalando, evidencia en mano, cualquier bulo.

Para eso está el control editorial. Si, por ejemplo, un entrevistado para un reportaje acusa al movimiento Lgbtiq de “pretender normalizar la pederastia”, pues el producto final debe incluir muestras de que tal cosa es mentira. Las propias autoridades de El Pitazo reconocieron que esto falló con el foro de marras y pidieron disculpas, por lo que pude leer.

Lo que no puede ser es que los responsables de un medio hagan como el avestruz y pretendan que en el mundo no existen personas con ideas equivocadas y hasta dañinas. Si tú como periodista solo cubres a personas que hablan con evidencia, estás obviando fenómenos que, aunque no sean positivos, están ahí y surten un efecto. En otras palabras, estás haciendo periodismo solo a medias. ¿Acaso la gente no debería estar informada sobre la plenitud de fenómenos sociales que hay en este mundo, con sus luces y sombras? ¿No es preferible que el público esté al tanto también de lo que están haciendo personas con una visión errada y hasta tóxica, para así actuar en consecuencia?

Ah, y por favor no me digan que la omisión forzosa es para “no dar tarima”. Señores, es el siglo XXI. La era de la transmisión centralizada de información murió. Esa gente va a tener tarima como sea. Han surgido incontables opciones digitales que lo permiten. Como dijo Umberto Eco, las redes sociales son una de doble filo, pues democratizaron la información, pero también le dieron una voz de potencial gran alcance a los idiotas. Hay que lidiar con esa realidad, no pretender que va a desaparecer por inanición si nos limitamos a dar la espalda y taparnos los oídos.

Por lo tanto, en vez de ignorar a las personas con opiniones, digamos, “problemáticas”, y dejar que se transmitan sin resistencia alguna, es mejor abordarlas. Mostrarlas. Exponerlas dentro de su falsedad. Pero, repito, con la evidencia a la mano que las desmienta. Esa es la mejor forma de combatirlas, sin traicionar en el proceso la esencia del periodismo.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Las irregularidades que encontró Defiende Venezuela en las investigaciones de muertes en protestas

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En este informe, Defiende Venezuela concluyó que el Estado “no está realmente investigando los actos atroces cometidos por sus mismos funcionarios”

La ONG Defiende Venezuela retrató las irregularidades que encontró en las investigaciones que realiza el Estado venezolano sobre las muertes en las protestas antigubernamentales de 2017.

A través de su Programa Transforma, la organización elaboró un informe a través del cual proporciona un análisis detallado sobre el uso excesivo de la fuerza letal por parte de los organismos de seguridad del Estado en la vigilancia de las reuniones pacíficas.

El texto titulado “Patrones e irregularidades en las investigaciones de las ejecuciones extrajudiciales en el contexto de las protestas masivas en Venezuela”, revela la participación de grupos civiles o “colectivos” involucrados en estos hechos y la omisión por parte del
sistema de justicia en investigar a fondo estas situaciones.

 

Según señala la organización, lo anterior se identificó gracias al testimonio de familiares y el análisis de los casos de Daniel Quéliz, Yoinier Peña, Miguel Castillo, Diego Arellano, Augusto Puga, Manuel Sosa, Neomar Lander Fabián Urbina, Roberto Durán, Yaneth Ángulo, Leonardo González y Eduardo Orozco.

Todos los mencionados fueron víctimas de “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas ocurridas en el país en 2017.

La organización resaltó las investigaciones penales deficientes, protocolos de autopsia insuficientes desde la perspectiva del Protocolo de Minnesota; y la inexistencia de investigaciones que pudieran determinar la posible responsabilidad penal de los superiores.

Investigación a medias

En su informe, Defiende Venezuela señala cómo los organismos del Estado, en “complicidad” con el ente responsable de la investigación penal, niegan a los familiares y sus representantes jurídicos el acceso a los expedientes que contienen la “información” sobre los casos de las víctimas.

Lo anterior, añadió la ONG, genera una omisión o poca transparencia de la información, un retardo procesal y un vacío legal que a su vez genera impunidad.

Asimismo, las víctimas indirectas también deben lidiar con maltratos, intimidación y amenazas por parte de los cuerpos policiales que buscan amedrentar para tergiversar la opinión de los mismos testigos.

Según la organización, quedó en evidencia cómo el Estado ha impulsado “estrategias poco sutiles y desconsideradas, en las que de manera informal, se les ha ofrecido irrisorias sumas de dinero a las víctimas, con el fin de lograr su silencio”.

No existe la intención de investigar

En este informe, Defiende Venezuela concluyó que el Estado “no está realmente investigando los actos atroces cometidos por sus mismos funcionarios”. En este sentido, algunas de las apreciaciones finales fueron:

En los 12 casos documentados por la ONG, no existió, a nivel interno, la intención de investigar o averiguar si hubo responsabilidad penal de los superiores por los eventos ocurridos de manera sistemática y generalizada.

En la mayoría de los casos, hubo intentos por parte del Estado de criminalizar a las víctimas, atribuyéndoles “conductas indebidas o delictivas” con el fin de justificar sus asesinatos o ejecuciones extrajudiciales, y de tergiversar las evidencias de interés criminalístico. Las fuerzas de seguridad y los órganos de investigación actuaron con desapego al ordenamiento jurídico doméstico e internacional, fomentando la impunidad en todos los casos documentados; esto ha generado desconfianza por parte de las víctimas indirectas, pues muestra la inexistencia de un sistema de administración de justicia, adecuado, eficiente, independiente e imparcial, que responda ante las violaciones de derechos humanos.

No hubo intención por parte del sistema de justicia en esclarecer la verdad de los hechos e individualizar a los auténticos responsables de los asesinatos de los casos, ello en razón de que no se practicaron diligencias de investigación necesarias para establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas.

#MonitordeVíctimasZulia | Delincuentes asesinaron a un mototaxista y a un productor agropecuario para robarlos

El primer homicidio ocurrió el 21 de julio de 2023, cuando mataron de 36 puñaladas al mototaxista José Cornieles. Dos días después, asesinaron de un disparo en el hombro al ganadero Ángel Argüello, dentro de su finca, en Valmore Rodríguez. Familiares exigen justicia por ambos crímenes

@mayrethc

Hombres desconocidos asesinaron al productor agropecuario Ángel Argüello, de 87 años de edad, y al mototaxista José Cornieles, de 59 años, para robarlos en hechos diferentes ocurridos entre el 21 y 23 de julio de 2023 en los municipios Baralt y Valmore Rodríguez, en el estado Zulia.

El primer hecho ocurrió el 21 de julio en el sector El Venado, parroquia del municipio Baralt, cuando un hombre que solicitó un servicio de traslado a José Cornieles, apodado “Willow”, que ofrecía sus servicios de mototaxi a zonas rurales, lo asesinó de al menos 30 puñaladas para robarle sus pertenencias.

Uno de sus allegados contó al equipo de Monitor de Víctimas Zulia, desde la morgue de Cabimas, que Cornieles esperaba en la parada de mototaxis y un hombre con el rostro cubierto pidió un traslado hasta La Vega, sector rural a 15 minutos de El Venado, pero no regresó. Esto ocurrió cerca de las 6:00 pm.

“Pasaron menos de 10 minutos, cuando recibimos la llamada de otros mototaxistas, porque aquí todos nos conocemos, en la que nos decían que Willow no estaba conduciendo su moto, sino otra persona, y nos alertaron. Comenzaron a buscar el cuerpo cubierto de sangre”, precisó su amigo.

 

La víctima fue localizada en una zona enmontada en esta ruta y sus compañeros no hallaron su teléfono inteligente, documentos personales ni el dinero que guardaba dentro de un bolso, por los traslados que hacía para mantener a su familia.

Segundo homicidio en Zulia

El segundo hecho ocurrió el 23 de julio de 2023, cuando hombres asesinaron al productor agropecuario Ángel Argüello, de 87 años de edad, dentro de su finca en una zona rural de Cieneguita, en el municipio Valmore Rodríguez.

Una minuta policial, a la que tuvo acceso Monitor de Víctimas, precisa que los hombres estaban armados y entraron dentro de la hacienda El Cairo, propiedad de la víctima, para forzar la puerta principal y robar dentro del inmueble en el que vivía junto a su esposa.

Argüello recibió un disparo en el hombro y le causó una hemorragia interna. Su esposa, una mujer de 75 años, se escondió entre los árboles de la finca y evitó ser encontrada por los hombres que iban a robar dentro de la finca.

Familiares y vecinos de ambas víctimas exigen justicia y piden a las autoridades que esclarezcan estos asesinato que conmocionaron a la Costa Oriental del Lago.

Estos casos son llevados por detectives del Eje de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de la subdelegación Ciudad Ojeda.

Entre enero y junio de 2023, según las estadísticas de Monitor de Víctimas, se reportó la muerte de 66 personas en el Zulia, con distintos móviles y hechos ocurridos en los 21 municipios de la región.

Maduro vuelve a prometer la construcción de un “poderoso sistema de salud”

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Aseguró que todos los venezolanos merecen «tener el derecho a la salud”

 

El gobernante Nicolás Maduro reiteró el 27 de julio la necesidad de consolidar “un poderoso sistema de salud universal, público, gratuito y de la más alta calidad mundial para el pueblo de Venezuela».

Maduro encabezó la graduación de la Promoción 2023-II de la Universidad de las Ciencias de la Salud “Hugo Rafael Chávez Frías” (UCS). Egresaron 4.238 profesionales: 2.691 estudiantes de pregrado y 1.547 de postgrado.

Durante el acto de graduación en el Poliedro de Caracas, también aseguró que todos los venezolanos merecen «tener el derecho a la salud”.

Sin embargo, para la mayoría de los ciudadanos este derecho está siendo violentado porque el Estado venezolano mantiene las fallas en el sistema de salud pública.

Promesa que se repite

Hace un año Maduro hizo la misma promesa de construir un poderoso sistema de salud público, durante el acto de graduación de médicos integrales comunitarios que egresaron de la UCS.

«Estos nuevos médicos se formaron en un sistema de educación gratuita y de calidad para servir al pueblo, para construir un poderoso sistema público universal, de calidad, gratuito que sea el más solidario y científico, que jamás se halla conocido en Venezuela y América Latina». Así lo manifestó el 14 de julio de 2022.

En este sentido, este 27 de julio Maduro dijo que antes de la llegada del gobierno chavista estudiar medicina en Venezuela «era un privilegio de las familias que poseían grandes recursos económicos, pero nuestro Comandante Chávez abrió las puertas de las Universidades para que la educación fuera un derecho para todos».

Becas

El gobernante anunció el programa de becas para la realización de postgrados en universidades de países aliados de su gobierno. “Abrimos un plan especial de especialidades médicas en países como China, India y Rusia, y le damos beca para que vayan a especializarse allá”, señaló.

Al respecto, designó a la vicepresidencia sectorial de Ciencia, Tecnología, Educación y Salud, Gabriela Jiménez, para llevar adelante lo referente a la asignación de las becas en el exterior a través de UCS.

Maduro destacó que antes en Venezuela estudiar medicina era «un privilegio de las familias que poseían grandes recursos económicos, pero nuestro Comandante Chávez abrió las puertas de las Universidades para que la educación fuera un derecho para todos y todas».

Añadió que en la UCS se ofrecerá próximamente el pregrado de bioanálasis y electromedicina, así como también los posgrados en oncología, terapia intensiva de adulto y otorrinolaringología.

Estamos en elecciones, disculpen las promesas

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En tiempos de campaña electoral suelen proliferar las promesas demagógicas. Sin embargo, los precandidatos a la Presidencia no terminan de proponer ni siquiera un programa modesto

 

@victoralvarezr

En lo que ha transcurrido del año 2023, el comportamiento de los precios sigue siendo muy errático. Del 39,4 % en enero y 20,2 % en febrero, bajó luego a 4,2 % en marzo y 2,5 % en abril, pero en mayo volvió a subir a 7,6 %, y en junio registra 8,5 %. Entre enero–junio de 2023, la inflación acumulada rompió el umbral del 100 % y da al traste con la meta de lograr una inflación menor de tres dígitos. La inflación anualizada entre junio 2022 y junio 2023 registra 429 % y todo indica que la tendencia inflacionaria se mantendrá hasta el cierre del año.

El gobierno paga la inflación con la caída de su aceptación popular. Tiene claro el costo político–electoral que puede desembocar en la pérdida de las presidenciales de 2024. Con un rechazo en las encuestas superior al 75 %, al gobierno lo que más le conviene es una alta abstención. Por eso apuesta al deterioro de las condiciones electorales, a crear dudas en el resultado de los comicios, erosionar la confianza en el voto, aumentar la apatía electoral y lograr el nivel de abstención que necesita para convertir en mayoría su cada vez menor caudal electoral.

Las presiones inflacionarias se mantendrán mientras se prolonguen los desequilibrios macroeconómicos y el presupuesto nacional sea calculado con base en premisas macroeconómicas irreales. El presupuesto de gastos aprobado en diciembre 2022 fue de Bs 170.703.832.051 que al tipo de cambio vigente para el momento (11,80 Bs/$) equivalía a unos 14.392,27 millones de dólares. A la fecha de redactar este artículo (27/07/23), la tasa de cambio oficial publicada por el BCV registraba 29,31 Bs/$, lo cual disuelve el presupuesto nacional en su equivalente en divisas y lo reduce a apenas 5.824.081.610 millones de dólares.

Entre enero–junio 2023, el bolívar se ha depreciado 70 %, cuestión que ha reducido a mucho menos de la mitad el equivalente en dólares del presupuesto aprobado en bolívares. La constante depreciación de la moneda nacional disuelve el presupuesto nacional y esto significa que para el segundo semestre no habrá suficientes recursos para financiar el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional (AN). Si el déficit presupuestario se financia con nuevos créditos adicionales que se cubren con emisiones de dinero sin respaldo por parte del BCV, está cantado que en el segundo semestre se mantendrán las presiones inflacionarias

El costo político–electoral del malestar social

Para reducir el déficit fiscal, el gobierno minimiza el peso de los salarios y las pensiones en el presupuesto nacional. El costo del severo ajuste fiscal recae principalmente en la nómina de funcionarios públicos, cuya capacidad de compra está pulverizada. La reducción del gasto público también se ejecuta a través de la falta de mantenimiento y desinversión en los servicios públicos de electricidad, agua potable, gas doméstico y telecomunicaciones, así como en la falta de inversión en el mantenimiento y repotenciación de los sistemas públicos de educación y salud, todo lo cual deteriora las condiciones de vida en los hogares venezolanos.

El costo del ajuste fiscal para estabilizar la macroeconomía que están pagando sobre todo los trabajadores, también repercute negativamente en el aparato productivo. La reactivación económica requiere servicios públicos de calidad. Pero los frecuentes cortes de energía, el racionamiento de agua, la escasez de gas, la mala calidad de las telecomunicaciones, y la escasez de combustibles representan grandes obstáculos para la recuperación de la actividad económica. Obligan a paradas no programadas de la producción agrícola e industrial y a incurrir en sobrecostos que castigan la competitividad nacional frente a los productos importados.

Los bajos salarios limitan la demanda, contraen las ventas y agravan la caída de la producción agrícola e industrial. En 2023 no aumentó el salario mínimo, sino que decretó un bono de alimentación de 40 $/mes, más un bono de guerra económica por 30 $/mes. A estos se le suman 5 $/mes a lo que ha quedado reducido los 130 Bs del salario mínimo. Este ingreso de 75 $/mes apenas cubre el 14 % de la Canasta Alimentaria Familiar (CAF) que, según los estudios del CENDAS-FVM, supera los 530 dólares/mes.

La desconexión del discurso político con el clamor nacional

En tiempos de campaña electoral suelen proliferar las promesas demagógicas. Sin embargo, los precandidatos a la Presidencia no terminan de proponer a los electores ni siquiera un programa modesto, viable y creíble de reformas económicas para vencer la inflación, recuperar el poder adquisitivo de los salarios y mejorar las condiciones de vida de los hogares.

Nuevamente cayeron en la maniobra del gobierno al forzar la sustitución de los rectores del CNE antes de que cumplieran su período legal. La desconexión del discurso político con el clamor nacional se recrudece con la inhabilitación de María Corina Machado, lo cual enfoca el debate político–electoral en la mejora de las condiciones electorales y desvía la atención al reclamo de la mejora de las condiciones salariales y sociales.

Sin una oferta electoral sintonizada con la urgencia de una población exhausta por la crisis, el elector no se sentirá motivado a votar –ni siquiera en la elección primaria– porque no encontrará propuestas convincentes para superar los salarios de hambre que no alcanzan para comprar la canasta alimentaria, ni aliviar los problemas de electricidad, agua, gas, educación, vivienda, salud, transporte, telecomunicaciones e inseguridad que azotan a las familias venezolanas.

Estos son los problemas que más preocupan a los electores venezolanos y deberían ser la prioridad de los partidos y precandidatos en su oferta electoral. Sin embargo, priorizan su exigencia de mejores condiciones electorales y en la rehabilitación política de los precandidatos. Así se desconectan del clamor nacional que no termina de recibir un mensaje esperanzador que ofrezca soluciones a los problemas concretos de los electores. Estos se sienten estimulados a votar por unos candidatos que se muestran más preocupados por mejorar las condiciones electorales en las que van a competir para cristalizar sus ambiciones de poder que por mejorar las precarias condiciones de vida de la gente.

Escuche el análisis completo en el nuevo pódcast de Pedagogía Económica y Electoral:

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