AI llama a “encender las alarmas” tras repunte de detenciones arbitrarias en Venezuela
El emplear detenciones arbitrarias como táctica también ha tenido como función el amedrentamiento de comunidades enteras con el objetivo de silenciar sus reclamos y mantener un orden social en el que las autoridades puedan actuar con impunidad
La organización Amnistía Internacional (AI) hizo un llamado a “encender las alarmas” tras un repunte de detenciones arbitrarias en Venezuela.
Este 22 de junio, AI informó a través de una nota publicada en su página web que en los últimos días personas involucradas en focos de protesta social, pueblos indígenas y otras personas “han sido sometidas a violaciones de derechos humanos que incluyen el uso de detenciones arbitrarias para silenciar y reprimir a aquellos percibidos como contrarios al gobierno de Nicolás Maduro”.
“El uso de esta táctica represiva debe encender las alarmas de la comunidad internacional y aumentar el escrutinio y la rendición de cuentas”, afirmó AI.
Represión de la protesta social
El 11 de junio de 2023 trabajadores de la “Siderúrgica del Orinoco” (SIDOR) protestaron por el cumplimiento y la mejora del convenio colectivo vigente entre los trabajadores y la empresa.
Al retirarse de la manifestación dentro de la siderúrgica, y que tenía carácter pacífico, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) interceptaron y detuvieron a Leandro Azócar, Juan Cabrera y Daniel Romero, pertenecientes al Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (SUTISS).
Organizaciones locales informaron a Amnistía Internacional que el paradero de Azócar y Romero estuvo desconocido por ocho días, por lo que podría haberse constituido una desaparición forzada, hasta que el 20 de junio de 2023 la Defensoría del Pueblo les hizo llegar información sobre que habrían sido trasladados a Caracas, y se encontrarían detenidos en la sede de la DGCIM en Boleíta, a más de 600 km de distancia del lugar de la detención.
AI también denunció que el 16 de junio de 2023, en Perijá, estado Zulia, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) habría atacado y detenido al menos a siete personas del pueblo yukpa, de profesión comerciantes, quienes protestaban y solicitaban que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla con compromisos adquiridos previamente en materia de acceso a derechos y por lo que intentaban trasladarse a Caracas.
Amnistía Internacional recibió información sobre tres de las personas (Zenaida Romero, Alfonso Romero y Francisco Romero ) que habrían sido detenidas e imputadas por las autoridades, “pero no se conoce su paradero, lo cual podría constituir desaparición forzada”.
Presos políticos
Las organizaciones de sociedad civil venezolanas estiman que alrededor de 300 personas se hallan detenidas por motivos políticos en la actualidad en Venezuela.
Según cifras del Foro Penal, en Venezuela se han producido más de 15.700 detenciones arbitrarias por motivos políticos desde 2014.
En la actualidad la mayoría de las protestas (88% de acuerdo con el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social) son aquellas que exigen derechos económicos, sociales y culturales, tales como salarios dignos, mejoras en los servicios básicos y pensiones acordes para adultos mayores.
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