Una Ventana a la Libertad

José Félix Bracho Paz falleció de cáncer de pulmón el pasado 15 de mayo

Un hombre que estaba recluido en la Comunidad Penitenciaria Fénix se convirtió en el octavo privado de libertad fallecido en el estado Lara en lo que va de 2023. José Félix Bracho Paz fue llevado al hospital central Antonio María Pineda de Barquisimeto para que lo atendieran de una complejidad de salud que padecía, pero a los pocos días de atención médica murió. 

El sábado 13 de mayo, funcionarios de la cárcel que se ubica al norte de la ciudad trasladaron a Bracho Paz para que lo atendieran pues tenía dificultades para respirar y en el centro de salud luego de varios exámenes le diagnosticaron un tumor en el pulmón. 

Bracho Paz era oriundo del estado Zulia y fue penado por el tribunal 5 de esa región por el delito de abuso sexual agravado y continuado. Debía pagar 16 años en la cárcel y ya había estado 10 años en físico. 

Dos días y medio transcurrieron en el hospital y los cuidados de Bracho Paz se complicaron porque estaba solo y sin familiares y el 15 de mayo a las 9:40 de la noche sufrió un paro respiratorio fulminante. 

Al día siguiente, parientes llegaron a Barquisimeto y confesaron a los medios de comunicación de Lara que ellos habían solicitado una medida humanitaria para atender el cáncer de Bracho Paz en su vivienda y bajo sus cuidados pero esta nunca fue otorgada. 

En todo el estado han muerto 7 privados de libertad masculinos y una femenina durante este 2023. Bracho Paz sería el tercero registrado en Fénix luego de  Inés Antonio Pérez y Jesús María Alvarracín Camargo quienes fallecieron en abril también por enfermedades. 

La anatomopatóloga forense Scarlett Romero, del Servicio Nacional de Medicinas y Ciencias Forenses (Senamecf), el viernes 19 de mayo en sala del Tribunal de Juicio 5 depuso como órgano de prueba 21 protocolos de autopsia de los 69 muertos, 66 presos y tres mujeres, que fallecieron quemados tras las rejas en la Comandancia General de la Policía de Carabobo el 28 de marzo de 2018.

La información la dio al equipo de Una Ventana a la Libertad (UVL) la abogada Lyli López, responsable del “Comité de Víctimas Indirectas de la Tragedia de Navas Spinola”, y quien representa a los familiares de las víctimas.

López explicó, que la doctora Romero, procedente de Caracas en vista de la emergencia por la tragedia que ocurrió en la Policía estadal, practicó estas 21 autopsias desde las 9:00 de la noche hasta las 4:00 de  la mañana del siguiente día.

La profesional del derecho le dijo a UVL, que la continuación del juicio para los cinco exfuncionarios de la Policía de Carabobo fue fijada para el viernes 26 de mayo.

Denunciaron que las tuberías de aguas negras de los cuatro calabozos del lugar se mantienen desbordadas

Rodeados de aguas putrefactas conviven 137 privados de libertad que se encuentran recluidos en los calabozos del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas de la subdelegación del municipio Sotillo, en la zona norte del estado Anzoátegui.

Así lo ha registrado el equipo de Una Ventana a la Libertad tras un recorrido realizado por el Centro de Detención Preventivo, donde se pudo conocer que 26 mujeres y 111 hombres han denunciado en reiteradas oportunidades que las tuberías de aguas negras de los cuatro calabozos del lugar se mantienen desbordadas desde hace 17 días.

Algunos familiares aseguran que los privados se han negado a recibir sus alimentos  por el hedor que emanan las cloacas. Además aseguran que se han visto en la obligación de hacer sus necesidades en bolsas para reducir el colapso del drenaje.

Quienes van a diario a las instalaciones del Cicpc para llevar alimentos a sus familiares aseguran que actualmente existe un brote de infecciones en la piel y ninguno de los internos ha recibido tratamiento para el ardor o la picazón.

“Para completar tienen 15 días con el servicio de agua potable intermitente y pasan días sin bañarse porque no les suministran el líquido para que por lo menos garanticen su aseo personal”, contó uno de los parientes de los privados.

En el Centro de Detención Preventivo tienen más de dos años con las visitas suspendidas y los privados solo se comunican con sus parientes a través de “cartas” que se hacen llegar bajo la supervisión de los detectives de guardia.

Muchos aseguran que conviven en condiciones deplorables y en completo hacinamiento, pues se encuentran en celdas de dos metros cuadrados y el espacio no es suficiente para albergar a más de 30 hombres  y mujeres por cada calabozo.

“La ventilación es mínima, por eso se ha desatado una sarna increíble y no dejan pasar pomadas o medicamentos para que ellos puedan controlar la erupción en la piel”, detalló uno de los familiares.

Los privados y sus familiares claman por el mantenimiento de los drenajes y por el suministro de agua potable. Amenazan con iniciar una huelga de hambre de continuar las condiciones deplorables en el interior de los calabozos.

De acuerdo a versiones, el hombre intentó apuñalar a un efectivo militar para escaparse 

Un hombre que se encontraba detenido en el puesto fronterizo del comando de la Guardia Nacional Bolivariana de San Antonio del Táchira, fue detenido cuando intentaba fugarse del lugar.

El detenido fue identificado como Jonathan Camargo de 33 años de edad.

Según versiones, el hombre intentó apuñalar a un efectivo militar para escaparse y éste le disparó.

Según el periodista Jonathan Maldonado el  herido fue trasladado, cerca de las 5:30 p.m. de este miércoles 24 de mayo, al hospital Central de San Cristóbal, donde fue intervenido quirúrgicamente. Se conoció que está estable.

 Avanzan trabajos de refracción en Centro de Internamiento de Los Cocos

El gobernador de Nueva Esparta, Morel Rodríguez Ávila, supervisó los trabajos de refracción del Centro de Internamiento de Los Cocos, ubicado en Porlamar, municipio Mariño, el cual está siendo acondicionado para dar un trato más humano a menores de edad privados de libertad en este espacio.

“Daba vergüenza la realidad como vivían esos niños y jóvenes, ahora tendrán un centro digno como debe ser”, puntualizó la máxima autoridad del estado Nueva Esparta.

En el espacio para la reeducación de 11 privados de libertad, se adelanta la rehabilitación del módulo, baños, techo de entrada y pisos, cocina, salón de clases, manto asfáltico (446 metros cuadrados), pintura, reparación de la gaceta de vigilancia, iluminación, sistema de aguas negras, entre otros aspectos.

En la tragedia murieron un total de 49 privados de libertad y otros 76 resultaron heridos

Tres años han transcurrido desde que sucedió la masacre del Centro Penitenciario de Los Llanos, mejor conocida como Cepella en Guanare, estado Portuguesa.

En esta tragedia, que ocurrió el 1 de mayo de 2020, perdieron la vida un total de 49 privados de libertad y otros 76 resultaron heridos, durante una protesta porque los directivos del penal le negaban el acceso a la comida.

En ese entonces, debido al alzamiento de los reclusos y su cercanía a las puertas del penal, se ordenó a funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), a cargo de la custodia externa, disparar contra los privados de libertad.

Las víctimas murieron a consecuencia de disparos de alto calibre, según se pudo constatar a través de una investigación que realizó el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), documentada en nuestro informe “Masacre en la cárcel de Guanare”.

Cuando ocurrió la masacre, desde el Ministerio de Servicios Penitenciarios se anunció la investigación de varios funcionarios de la GNB, así como la imputación a los presos que figuraban como pranes de CEPELLA en ese entonces, quienes son señalados por dar la orden de disparar a mansalva.

Durante el mismo mes de mayo del 2020 el penal fue desalojado. Los pranes fueron trasladados a la cárceles que ellos eligieron, y hasta la fecha se desconoce del proceso judicial de esta masacre.

Mientras tanto, los familiares de las víctimas, así como los sobrevivientes, no han sido llamados a comparecer en un tribunal.

Por el contrario, según informaron al OVP, los presos que fueron trasladados bajo la promesa de regresar pronto, aún siguen padeciendo en penales lejanos al tribunal de su causa.

En ese sentido, los familiares indicaron que muchos se han enfermado porque no tienen acceso a una buena alimentación. Son muchos los que no pueden trasladarse hasta las cárceles por el alto costo del transporte, entre otros gastos asociados.

Sobre el desalojo del penal, Cepella se convirtió en una infraestructura más de las que han sido abandonadas por el Estado.

Iris Valera, en ese entonces ministra del Servicio Penitenciario, realizó una inspección en junio del 2020 e informó a medios de comunicación sobre los arreglos y acondicionamiento del penal.

Asimismo, estimó que en tres meses sería ocupado nuevamente e indicó que estaban en proceso de selección de los presos que ocuparían nuevamente este penal bajo el nuevo régimen penitenciario.

Desde aquella promesa, de las tantas que han hecho y que han quedado en el olvido, han pasado tres años y las reparaciones nunca fueron ejecutadas. Tampoco ha habido justicia ni respuesta para las víctimas.

La reclusa falleció por presunta tuberculosis

Una privada de libertad del anexo femenino del Complejo Penitenciario Carabobo (penal de Tocuyito), municipio Libertador, murió de presunta tuberculosis (TBC), indicó una fuente extraoficial.

De acuerdo a la fuente, a la reclusa la identificaron como Oyerlin Lilibeth Velázquez, de nacionalidad venezolana, quien tenía 28 años de edad.

Falleció a eso de la 1:30 de la tarde del viernes  en la enfermería del mismo centro carcelario.  En una de las fotos se puede observar el cuadro de desnutrición demasiado elevado producto de la tuberculosis y de la mala alimentación, que por consecuencia, generaría en gran parte su fallecimiento.

Velázquez se encontraba procesada por un tribunal del  estado Miranda. Tenía seis años y medio, privada de libertad.

Este 19 de abril falleció en el Hospital Central de la capital tachirense, Michael Brigitte Jiménez Soto, de 31 años de edad, quien se encontraba recluida en el anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente desde el año 2019.

Según los denunciantes, Jiménez Soto comenzó a sentirse mal de salud desde hace días pero no fue sino hasta el pasado 12 de abril cuando la hospitalizaron “muy descompensada y débil”.

Aseguraron que el diagnóstico que dio la doctora de la institución penitenciaria fue hepatitis y dengue por lo que aislaron a la reclusa en uno de los cuartos de enfermería de la institución e informaron a sus compañeras de dormitorio que también quedaban aisladas para prevenir algún contagio.

Sin embargo, el lunes 17 de abril la mujer se encontraba en agravado estado de salud y la trasladaron al Hospital Central donde los médicos la diagnosticaron una extrangulación de vesícula y al día siguiente, la llevaron a pabellón.

“Acuden a meterla al siguiente día de emergencia a quirófano totalmente débil con plaquetas y hemoglobina por el piso donde la operan sin ningúna posibilidad de que sobreviviera, por lo mismo saliendo de la operación, fue referida a la UCI dónde el médico solo dió un 1% de posibilidad de vida. Finalmente, el diagnóstico del médico se cumple fallece en horas de la mañana nuestra compañera,” aseguraron los denunciantes quienes agregaron que los médicos del hospital dicen que fue culpabilidad del centro penitenciario que no la sacaron a tiempo.

Michael Brigitte Jiménez Soto estaba en calidad de procesada desde hace dos años “con gran retardo procesal sin respuesta alguna de su caso el cual se encontraba en juicio donde muy poco la sacaron para sus audiencias, tenía aproximadamente dos años sin ser atendida”, agregaron.

Sostienen que las autoridades del recinto no hacen nada para atender a los afectados

Al menos 80 privados de libertad en el Internado Judicial de Barinas (Injuba), estado de Los Llanos occidentales de Venezuela, están contagiados de tuberculosis. 

Familiares de los afectados, quienes pidieron el resguardo de sus identidades para evitar represalias contra los detenidos, sostiene que hasta la fecha, 17 de abril, las autoridades del recinto “no hacen nada por atender a los enfermos” pese a estar al tanto de la situación. 

De acuerdo a una nota publicada en el periódico de circulación regional El Diario de Los Llanos, los parientes de los reclusos alertan que la población penal del Injuba está en riesgo de un contagio masivo ante la falta de atención médica. 

“En el Injuba hay más de 700 privados de libertad y hay una sola enfermera para que los atienda, de lunes a viernes entre las 9:00 am y 12:00 del mediodía, amén de que no les entregan los medicamentos”, comenta la información. 

Así mismo, los familiares afirman que en una reciente visita que hizo la ministra de Asuntos Penitenciarios, a los enfermos los encerraron en una habitación “y ahora se están muriendo”, porque menos los atienden. 

Según los denunciantes, hace algunos meses falleció un recluso de lepra y hay privados de libertad con cáncer, VIH y otras enfermedades terminales que no reciben atención médica, en una clara violación a sus derechos humanos elementales.