33 hombres fueron arrestados, expuestos al escarnio público e imputados con cargos que no corresponden a los hechos sucedidos y que pueden dar pie a una futura criminalización sistemática contra las personas sexodiversas
@Luciapietf
Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) irrumpieron en un club nocturno sin una orden de allanamiento y detuvieron arbitrariamente a 33 hombres por supuestamente participar en una «fiesta sexual» en un local privado de Valencia, estado Carabobo, el cual contaba con su permisología respectiva y tenía más de 20 años funcionando en la ciudad.
Posteriormente, la policía publicó fotografías de los aprehendidos mostrando sus rostros e identificaciones. La PNB señaló en el parte policial que «al parecer, los sujetos realizaban una ‘‘orgía’’ en el local y además registraban la acción en videos para comercializar el material». A su vez, divulgaron que uno de los arrestados es presuntamente seropositivo.
El Código Penal no establece como delito las relaciones consensuadas – grupales o no- entre adultos del mismo género en un espacio privado, pero los hombres fueron trasladados al Palacio de Justicia de Carabobo para ser presentados ante tribunales.
Tras más de 48 horas, los detenidos fueron imputados por la jueza Marialba Villareal en el Tribunal Quinto Municipal de Valencia por delitos de «ultraje al pudor, agavillamiento y contaminación sónica», según el director general de la oenegé País Plural, Daniel Picado. Treinta de ellos fueron liberados bajo régimen de presentación y los tres restantes, el dueño del local y dos trabajadores, presentaron fiadores para obtener libertad condicional.
«Esto puede ser el inicio de la criminalización hacia personas LGBTIQ+ en Venezuela», declaró Picado.
En entrevista para Runrun.es, la diputada y abogada Tamara Adrián explicó por qué fue un proceso irregular, así como por qué los cargos imputados no corresponden a los hechos y representan una violación a los derechos de los detenidos.
Los presuntos crímenes
El delito de «ultraje al pudor», previsto en el artículo 382 del Código Penal Venezolano, hace alusión a diversos actos que atenten contra “la moral y buenas costumbres” y es un crimen que solo se puede cometer en la vía pública o lugares abiertos a la vista público. «No se le puede imputar porque no fue público, fue dentro de un local cerrado donde no había posibilidad de acceso a la vista de terceros», afirmó Adrián.
El agavillamiento, establecido en el artículo 287 del Código Penal, consiste en la asociación de dos o más personas con el fin de cometer delitos, «(…) pero necesitan ponerse de acuerdo y cometer efectivamente el delito». Como no hubo delito, no pudo haber agavillamiento, aseveró.
La contaminación sónica es una norma constituida en el artículo 110 de la Ley Penal del Ambiente, pero aseveró que «no se lo han aplicado nunca a nadie» y que el local donde ocurrieron los hechos tiene más de 20 años funcionando en la ciudad. Además, esta norma solo se aplica a los propietarios de establecimientos, no a quienes hagan vida en estos.
Cabe mencionar que el tribunal estableció régimen de presentación a 30 de los 33 detenidos, lo cual no significa libertad absoluta, y se aplica cuando el tribunal considera que existe un peligro de fuga u obstaculización de la investigación, detalló la oenegé Acción Solidaria desde sus redes sociales.
También se dictó una prohibición de enajenar el local y que este puede ser incautado por las autoridades. «Creo que estamos en presencia de un plan de limpieza social», como en la sociedad venezolana a finales del siglo XX, expresó la abogada.
«En los años 80 y 90, cuando tú ibas a un local de ambiente, el temor que tú tenías era enorme. Eso no impedía que fueras, pero estabas en cualquier momento esperando que hubiera un allanamiento, viendo dónde estaba la puerta de emergencia, cómo salías (…) Dependiendo de los sitios, ocurría más o menos», aclaró Adrián, refiriendose a los bares de ambiente caraqueños de aquellas décadas, donde las posibilidades de sufrir extorsiones, arrestos o la aplicación de la extinta Ley de vagos y maleantes era muy elevada.
La ley de vagos y maleantes, declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 1998, permitía a las autoridades llevar personas que nunca cometieron un delito a campos de reeducación. Estas personas presuntamente cumplían ciertos rasgos que los predisponían a ser criminales.
Los homosexuales eran definidos como «vagos» y, en consecuencia de su orientación, podían pasar hasta dos años en estos campos, indicó Adrián.
El escarnio público y la cobertura mediática
Tras el arresto, la PNB publicó una minuta con los datos y rostros de los detenidos. Expuso a los hombres masivamente a través de las redes y medios de comunicación, donde algunos le dieron una cobertura “irresponsable y estigmatizante” a los hechos que alimentó la burla y la desinformación, de acuerdo con País Plural.
Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) exhortó a los periodistas a revisar su Código de Ética y señaló que «replicar informaciones estigmatizantes y que denigran a los implicados también es una violación de los Derechos Humanos (DDHH)».
En las coberturas también se expuso la condición de VIH de uno de los hombres aprehendidos, lo que generó críticas y señalamientos por ello. La Ley Orgánica para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH/Sida y sus familiares establece en el artículo 9 lo siguiente: «La condición de salud de las personas con VIH/SIDA, forma parte de su derecho a la vida privada y es de carácter estrictamente confidencial, salvo excepciones previstas en la ley (…)».
Vulneración de derechos: el inicio de una posible persecución sistemática
Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) LGBTIQ+, manifestó en entrevista con Runrun.es que los detenidos fueron recluidos en celdas preventivas de la sede de la PNB en Carabobo y que aunque «hubo un cierto grado de colaboración de los funcionarios con los familiares», nunca dejaron pasar medicamentos para aquellos con condiciones de salud especiales como diabetes, asma y gastritis.
URGENTE | No permiten entrega de medicinas a los 33 hombres gays detenidos en este momento en el Palacio de Justicia #Carabobo, denuncian familiares, según el defensor de LGBTIQ+ @yendrive de @ovlgbtiq
Exigimos a la @Defensoria_Vzla @aruizddp su intervención en estos casos. https://t.co/TQ6T7OpAA2
— ACCSI Acción Ciudadana Contra el SIDA (@ACCSI_VIHSIDA) July 26, 2023
Tampoco permitieron a los familiares verlos salvo una vez, durante cinco minutos, cuando la audiencia fue diferida el martes. La comunicación fue muy limitada y las autoridades no actualizaron a los familiares que se mantenían fuera de los tribunales esperando por información del proceso, lamentó Velásquez.
País Plural denunció la admisión de las acusaciones por parte de la Fiscalía Quinta del estado Carabobo, como un precedente negativo y que puede ser el primer paso hacia la criminalización sistemática de la comunidad en el país LGBTIQ+ en Venezuela. La oenegé exige la eliminación de los cargos imputados por la Fiscalía y la libertad plena para los 33 detenidos, e invita a los funcionarios del Estado al resarcimiento por la exposición y escarnio público a los que fueron sometidos.
Yendri Velásquez observó que «si bien ya había registros de allanamientos y de detenciones arbitrarias», lo ocurrido es una «escalada en la criminalización desde lo penal».
«Estimamos que pueda estar profundizándose, de aquí al futuro, como consecuencia de las alianzas con grupos anti-derechos de quienes hoy están en el poder», concluyó.
