Texto y fotos: Morelia Morillo
Daniela Correa — 26 años, madre de tres niños de dos, tres y seis años— vivió durante tres años en Santa Elena de Uairén. Allí, dio a luz a su hija mayor. Poco después, la niña comenzó a sufrir de diarreas, a irritarse, perdió peso. Los médicos le diagnosticaron una infección gastrointestinal a consecuencia de una bacteria. Con seis años de edad, come, bebe poco y es muy delgada. La culpa, dicen los especialistas, es del agua contaminada.
“Ella no tomaba agua del aljibe, pero yo la bañaba con esa agua y los médicos dicen que seguramente tomó, que eso fue lo que le produjo la bacteria. Ella no engorda, no come casi, ni toma casi agua, el doctor le mandó vitaminas”, cuenta la madre en el Hospital de Niños San Antonio en Boa Vista, en Brasil.
Los aljibes son perforaciones hechas a barra y pala; de dos, tres, cinco o más metros de profundidad; por lo general están a 15 ó 12 metros de los tanques sépticos, raras veces anillados y tapados y sentenciados por la razón que los hace viables: el alto nivel freático del suelo de una ciudad centenaria rodeada de nacientes de agua y lagunas. A ellos apelan quienes, como Daniela, se establecen temporalmente en la frontera y no tienen acceso a las redes de agua. Cada vez más, los pobladores establecidos recurren a métodos similares para solventar las fallas del servicio.
Infografías: Milfri Pérez Macías.
Daniela es de Anzoátegui, al nororiente del país, pero desde 2017 se fue hacia el sur con su marido: primero a El Callao, el pueblo de mayor tradición minera de la Amazonía venezolana. Luego, a Santa Elena. En julio de 2020 migraron a Boa Vista, en el estado de Roraima de Brasil.
Daniela y los suyos son parte de los 510.499 refugiados o migrantes venezolanos establecidos en Brasil, entre febrero de 2018 y agosto de 2023, según la plataforma RV4. De ese medio millón de personas, la mayoría pasó horas, días o años en Santa Elena. Hay miles que se quedaron. Todo este movimiento ha repercutido en la pequeña ciudad.
En 2013, especialistas alertaron sobre la precariedad de los servicios para una población de 35.000 habitantes (INE, 2008). La crisis del país, el cierre fronterizo pandémico, las inundaciones, los fenómenos Niña y Niño vinieron después y empeoraron la situación. Once años más tarde, la ciudad alberga en promedio 40 mil habitantes, según la Alcaldía de Gran Sabana, pero otras fuentes calculan 42 mil. Mientras, las redes de agua potable, captación y deposición de aguas servidas y recolección de desechos sólidos siguen igual.
Infografías: Milfri Pérez Macías.
El Centro de Estudios Regionales de la UCAB Guayana, Protección Civil (PC) y expertos locales han alertado sobre la calidad del agua que consume alrededor de un cuarto de la población. En el Hospital “Rosario Vera Zurita”, el principal de la frontera, las infecciones respiratorias y gastrointestinales puntean entre los cinco principales motivos de consulta, según reveló un fuente anónima del principal centro de salud pública del municipio.
Infografías: Milfri Pérez Macías.
Santa Elena se fundó cerca de la desembocadura del río Uairén en el ancho y lodoso Kukenán, un área de nacientes de agua y lagunas, acá llamadas morichales, formaciones protegidas por la abundancia de palmas moriche, Mauritia flexuosa. Las tres lagunas cercanas, Akaraimapay, Karará y Wek Ku’ Pö, están cada vez más ocupadas por viviendas y comercios. A las dos últimas llegan aguas residuales.
La ciudad es la única y última población venezolana hacia el sureste: un punto rodeado de verde, en la Gran Sabana, el territorio del Pueblo Indígena Pemón; al menos 90% del municipio Gran Sabana son Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (ABRAES), según Corpoelec (2008), incluyendo el Parque Nacional Canaima, considerado Patrimonio Mundial de la Humanidad (UNESCO, 1994). Aun así, el agua subterránea de la zona urbana del municipio enfermó a la hija de Daniela.
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Texto y fotos: Morelia Morillo Daniela Correa — 26 años, madre de tres niños…
Un cuarto de la población no tiene acceso al agua y cava
El acceso y suministro del agua potable son deficientes para el 23% de los encuestados en Santa Elena, de acuerdo con el informe publicado en 2022 por el Observatorio de la Región Guayana del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Católica Andrés Bello (CER-UCAB).
A su vez, 44% de la población dijo que tiene acceso al agua potable por tuberías, 31% mediante camiones cisternas y 25% por pozos profundos o aljibes. De los encuestados, 56% consideró que recibía la cantidad de agua potable suficiente para satisfacer las necesidades diarias y 44% dijo que le resultaba insuficiente por no ser constante.
A grandes rasgos, 88% calificó el servicio de agua como regular a deficiente y 12% como bueno.
En 2019, 2021 y 2022, el equipo del Centro de Estudios Regionales de la UCAB-Guayana visitó el sector Caño Amarillo, las escuelas de Kewey y de la comunidad indígena de Manak Krü, incluso el Casco Central y analizó muestras de agua en esos sitios. Ninguna era apta, según la microbióloga Carmen Urquía, quien explica que las aguas de los aljibes se contaminan por su cercanía con los sépticos. Hay solo 12 o 15 metros entre una y otra perforación. Esa distancia redunda en “niveles de contaminación fecal porque hay una infiltración de agua residual”, comenta Urquía.
Para conocer la condición del agua, Urquía mide los parámetros microbiológicos de contaminación fecal: una muestra de 100 mililitros (equivalente a una taza de café) debe estar libre de bacterias como escherichia coli, coliformes totales, eterodofos aerobeos, además de Ph y cloro residual para que sea apta para el consumo humano.
Las Normas sanitarias para la ubicación, construcción, protección, operación y mantenimiento de pozos perforados destinados al abastecimiento de agua potable, publicadas en la Gaceta Oficial 36.298 (1997), indican que las perforaciones no pueden estar en áreas inundables, deben estar a 30 metros de plantas de tratamiento (o sépticos) y a 50 metros de otros pozos, así como cercadas y protegidas por concreto. En 1998, también se establecieron las Normas sanitarias de calidad del agua potable. El Ministerio de Sanidad y Asistencia Social (ahora Ministerio del Poder Popular para la Salud es el responsable de la supervisión y permisos de estas fuentes y el agua de consumo en ambas normativas.
Las inundaciones agravan las dolencias
Santa Elena de Uairén sufrió grandes inundaciones en 2022 y 2023. Lo reiterativo de estos eventos conecta el cambio climático, el fenómeno la Niña y prácticas como la ocupación de drenajes naturales, deforestación y minería.
El coordinador de Protección Civil (PC) Gran Sabana, Eduardo Pérez, confirma que, con la proliferación de aljibes en la zona urbana del municipio Gran Sabana, existe el riesgo de que esas aguas subterráneas estén contaminadas, un problema que se agrava cuando las zonas más vulnerables se inundan porque las aguas limpias y servidas se juntan. Las personas sufren parasitosis, micosis, diarreas e incluso desnutrición, como la hija de Daniela.
Marina Brito, jefa del Departamento de Gestión de Riesgo de Protección Civil (PC) Gran Sabana, explica que la mayoría de los nuevos habitantes de Santa Elena de Uairén se establecen en lugares donde no hay red de aguas blancas ni cloacas, y construyen casas, aljibes y pozos sépticos por su cuenta sin la supervisión de técnicos.
Brito relata que así ocurre en una de las barriadas más pobladas, El Nazareno, donde conviven 450 familias, y se repite en otras comunidades del valle de Sampay, al este: Caño Amarillo, Brisas de Dios, Brisas de Sampay, Nueva Jerusalén, El Merey y en barrios establecidos como Kewey 1 y 2, La Constituyente, parte de Los Pinos, Andrés Bello y Zamora. En estas zonas hubo inundaciones en septiembre de 2022, el segundo episodio de desbordamiento del Uairén en poco más de un mes.
En el Casco Central y Apamates, dos sectores antiguos de la ciudad, algunos vecinos también perforan aljibes porque el suministro de agua es deficiente. Cerca de allí, en nuevos sectores como La Isla, Quebrada Marumpá y Callejón Miranda, también se hacen estos depósitos. Solo en el centro habitan 1.200 familias, 2.300 personas y hay 600 locales comerciales, según registros del Consejo Comunal de Casco Central.
Se desconoce cuántas familias tienen aljibes y sépticos. Son prácticas no supervisadas, pero la cantidad de afectados durante las inundaciones de 2022 sirve como mínima referencia. Al menos un cuarto de la población consume agua de este tipo. En septiembre de 2022, según PC, las inundaciones afectaron 2.431 familias, 7.857 personas. Buena parte de la población volvió a anegarse en agosto de 2023.
En Gran Sabana, 53,4 % de los hogares tiene acceso al agua gestionada de manera segura y 60,6 % a servicios seguros de saneamiento, según los indicadores para 2021 de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) realizada por la UCAB y otras organizaciones. El déficit regional de servicios es de 49, 8%, pero el municipio está en 84,7%.
En febrero de 2024, la población de Santa Elena de Uairén enfrenta una intensa sequía. El nivel de agua del río contrasta con los niveles observados durante los dos años anteriores.
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Encomendados a Dios
A El Nazareno se llega tras atravesar Nueva Jerusalén, otra de las barriadas en el Valle de Sampay, la zona hacia donde la ciudad fronteriza se extiende, el área donde los indígenas pemón sembraban pues la consideraban como “un área de lagunares”, según palabras de Valentín Páez, quien fue capitán de esa comunidad indígena en la segunda década del siglo XXI.
Nueva Jerusalén está conformada por barracas y casas modestas pegadas las unas de las otras. Luego se cruza el Caño Amarillo sobre cinco troncos de palma moriche, cada uno de al menos de 40 centímetros de diámetro; el agua es cristalina mezclada con basura. Y ahí están las primeras casas de El Nazareno.
Cinco enormes troncos de moriche constituyen el puente de acceso a El Nazareno, una de las barriadas que más sufrió con las inundaciones de los años recientes.
Las inundaciones de 2022 y 2023 transformaron el diseño y ubicación de las primeras viviendas: Los del lado derecho, se fueron o mudaron a otras parcelas. Quedaron los aljibes, con desperdicios. Los del izquierdo levantaron palafitos sobre troncos de más de metro y medio.
En febrero de 2024, en plena temporada seca, se puede caminar sobre arena compactada, gramíneas, entre morichales, árboles mango, malva, cambur, plátano, guayaba.
“A nadie le duele esta tierra porque todos van de paso”, comenta José Vásquez, 69 años, habitante de la calle Victoria. Relata que la mayoría viene de otras regiones. “Utilizan esto como un refugio, mientras logran hacer algo (dinero, ahorros, documentación brasileña) y se van para Brasil (…) Todo esto eran casas”, comenta. Ahora, algunas se ofrecen en ventas o traspasos.
José llegó hace nueve años desde Biruca, una población a siete kilómetros de San Fernando de Apure, la ciudad principal al sur occidente de Venezuela, a 792 kilómetros de Santa Elena. “Estaba el fenómeno del Niño, no había ni paja, todo seco”, recuerda. Luego, trajo a su familia: Aura Silva, su esposa, 54 años, y los hijos, tres mujeres y un hombre, con parejas e hijos.
Las inundaciones de 2022 y 2023 transformaron el diseño de las viviendas. Algunos vecinos levantaron palafitos en lugar de casas convencionales.
Después de las inundaciones, José vendió la parcela porque cuando llovía quedaba “como en una isla”. La familia vive en casa de unos vecinos que se fueron. Las paredes son de retazos de madera, el techo de láminas, el piso de tierra. “Aquí el agua se mete por la ventana”, comenta.
José y su familia siembran pimentones, ajíes, cilantro, cebollín y tomate en canteros; la cerca perimetral de la parcela es una enramada de parcha. Se sirven de un aljibe de cinco metros de profundidad, localizado en el patio de la casa de una de las hijas, el agua es amarilla, saben que es “no apta”. En palabras de Aura, la usan para regar y para tomar la pasan por un filtro que les donó HIAS, una organización de asistencia a los refugiados. “Nosotros estamos catalogados como desplazados”, explica José.
“Así como está todo, contaminado, así están nuestras mentes”, comenta Dulbis Arteaga, 50 años, en el porche de su casa en la calle Domingo, rodeada de plantas en flor y árboles frutales.
Dulbis es de Machiques de Perijá, estado Zulia, frontera con Colombia, al otro extremo de Venezuela. Trabaja con niños y adolescentes. Su esposo es profesor de fútbol.
La familia llegó a Santa Elena de Uairén hace nueve años. Compraron la casa, pero se mudaron cinco años después. Su aljibe está en el jardín, a dos metros y medio de profundidad. Recién se secó, cavaron medio metro más y dieron con el agua, aunque turbia. Les sirve para lavar, lo mantienen cubierto con la tapa azul de un tanque. “Si tuviera dinero le pusiera hasta anillos, pero uno hace hasta donde puede”, comenta Dulbis.
Por la recarga del botellón de 20 litros pagan cinco reales, un dólar. Cuando no tienen dinero, lo llenan con agua del aljibe de un vecino, pero esa agua les causa dolor de estómago, a pesar de que Dulbis asegura colarla y filtrarla al sol, como aprendió con Alinca y Codecihu (otras organizaciones vinculadas a la respuesta humanitaria). Su marido tiene malestares cada 15 días.
Dulbis y su familia han tenido malestares por el consumo del agua de aljibes, a pesar de que ella asegura que la cuelan y la filtran al sol.
Dulbis, su esposo y la hija de Daniela no son los únicos con malestares estomacales. Durante las semanas epidemiológicas 46 y 47 (entre el 12 al 25 de noviembre de 2023) en el Hospital Rosario Vera Zurita, el principal del municipio, atendieron a 40 personas con diarreas. La fuente, quien prefirió resguardar su identidad, vincula la recurrencia de la diarrea y otras dolencias gastrointestinales, al agua.
Norbelia García, coordinadora municipal de Salud y directora del Área de Salud Integral Comunitaria (ASIC), confirma la prevalencia de las enfermedades del sistema digestivo. Desconoce si las aguas de las fuentes de las que se sirve la ciudad son tratadas e invita a tomar previsiones. Tratar el agua, subraya, “previene las diarreas, las enfermedades gastrointestinales y muchas cosas más”. Advierte que cuando “el organismo está bastante sensible, puede tener una reacción adversa por algún tipo de concentrado” y esto hace que “los poros se abran y los microorganismos aprovechen”.
“Para nadie es un secreto que estamos a nivel de una tierra de recursos naturales. Hay varias partes donde hay minas y allí hay químicos que se mezclan con el agua, y esta llega al cauce de los ríos. El agua que tomamos es de los ríos. Así se le coloque, a veces, la pastilla de hipoclorito siempre hay que hervirla y el agua no se hierve un minuto ni dos minutos, mínimo son ocho a diez minutos”.
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Texto y fotos: Morelia Morillo Daniela Correa — 26 años, madre de tres niños…
El 19 de enero de 2024, fecha de la entrevista, Salud Gran Sabana no tenía tabletas de hipoclorito. En 2021, la organización SOS Orinoco constató que 35% de las muestras de cabello de un estudio realizado en Gran Sabana excedía el límite de dos microgramos por gramo (µg/g) de mercurio tolerable para el cuerpo humano, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS). El mercurio se utiliza en la minería para aglomerar el oro, después va a los ríos.
El 100% de la población encuestada calificó el servicio de atención médica en la localidad entre deficiente y regular, de acuerdo con el Informe publicado por el Observatorio de la Región Guayana del CER-UCAB, el 27 de junio de 2022.
Agua: conflictos varios, ambiente y salud
“Realmente, la competencia del servicio de agua potable le corresponde a la municipalidad”, precisa Manuel de Jesús Vallés, alcalde del municipio Gran Sabana y militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Si bien, de acuerdo con la descripción, misión y visión de Hidrobolívar, la compañía administradora del servicio de agua de la Gobernación del Estado Bolívar, es una tarea compartida.
El alcalde calcula que 15% de los habitantes de Santa Elena no tiene acceso al agua por tubería, en promedio 6.000 personas. Su oficina trabaja este año en un proyecto para surtir de agua a las zonas desabastecidas. “Ahora, qué hacemos nosotros con meter la red si no mejoramos el suministro de agua”, se pregunta.
En la calle Domingo de El Nazareno, una familia aprovecha la sequía para construir un palafito y protegerse del agua.
Explica que la Alcaldía limpia y amplía los diques de Meró y Wará y harán lo propio con la represa de La Cuarentenaria, que abastecen la ciudad. En Meró, asegura, no hay actividad minera, pero sí hay minería artesanal sobre el cauce del Wará. La Alcaldía solicitó apoyo a HidroBolívar para ampliar la presa a fin de recuperar esos espacios, las plantas de bombeo y retomar el tratamiento.
“Cuatro años de desatención en materia de servicios públicos fueron suficientes para generarle dos tragedias a nuestra población. Jamás el río Uairén se había salido por donde se salió”, dice el alcalde, quien reclama que, al comenzar su período, a principios de 2022, se encontró con el desmantelamiento de las plantas de bombeo y tratamiento de Wará y la Cuarentenaria, falta de mantenimiento en la toma de Meró y una deficiente recolección de desechos sólidos que transformó el cauce del Uairén en un vertedero.
En ese lapso, tres personas ocuparon la administración municipal: uno electo y exilado, uno encargado y uno designado. Fue, además, un período marcado por aumento de la minería, conflicto político, violencia, migración, pandemia y lluvias.
En 2023, la Alcaldía de Gran Sabana hizo de la limpieza del Uairén una de sus actividades bandera. El alcalde asegura que extrajeron 200 toneladas de desechos sólidos en ocho meses.
“Como no había recolección de basura, había un espacio que no hablaba, que resistió, que resistió, que resistió y un día habló”, dijo en referencia al río Uairén y a su desbordamiento en 2022. Entre muchas otras cosas, retiraron más de 30 vehículos, más de 200 cuadros de motos, lavadoras, televisores, neveras.
“Y todavía falta, todavía falta por sacarle basura a ese río”, aun así, según el alcalde, volvieron las tortugas terecayas, las nutrias y los vecinos pescan en las márgenes del río.
Dentro de la ciudad de Santa Elena no hay minas, pero proliferan alrededor, en las comunidades indígenas de Manak Krü, Wará Merú y Sampay. En el centro urbano, mineros solitarios lavan pequeñas cantidades de material empleando mercurio en riachuelos y quebradas.
La extracción de un kilo de oro requiere el uso de 2,6 kilos de mercurio, de los cuales 13% se descarga en ríos, según cálculos de Conservation Strategy. La contaminación mercurial pasa de las aguas a los peces y a través de estos a los humanos, causa enfermedades en la piel y neurológicas.
La Alcaldía de Gran Sabana inició en 2023 la limpieza del río Uairén como una de sus actividades bandera. Fotografía: Jhonatan Gómez, Alcaldía Gran Sabana.
Las cloacas del Casco Central caen directo a la quebrada Marumpá a la altura de la calle Bolívar. En la segunda fotografía se observa la naciente antes y después de la deposición de las aguas servidas.
El agua y una década de alertas
“Todas las aguas aquí tienen que estar contaminadas”, advierte Rafael Contreras, ingeniero agrónomo. Explica que mientras los sectores urbanos más antiguos vacían sus excretas en los cuerpos de agua naturales—lagunas, quebradas que drenan hacia el río Uairén o directo al río—, los tanques sépticos de los nuevos habitantes “no funcionan porque, cada vez que los niveles freáticos suben, contaminan todas las aguas”.
En 2013, Contreras y Rosaida Montilla elaboraron la Propuesta metodológica para la ordenación territorial de humedales del área urbana de Santa Elena de Uairén (UBV). Ya para entonces los servicios de esta ciudad eran precarios. Once años después, con un promedio de 8.000 habitantes más, los servicios son los mismos.
En 2021 y 2022 el municipio experimentó largas temporadas de lluvia, atribuidas al efecto Niña. Desde finales de 2023, Gran Sabana vive una fuerte sequía, atribuida al Niño. A finales de enero, dos grandes incendios forestales devoraron más de 20 hectáreas de vegetación en Piedra Kanaima. Ochenta familias, al menos 400 personas, quedaron sin agua por la quema del acueducto comunal. También se incendió el cerro Parantaray. En ambos casos, media docena de funcionarios de Protección Civil (PC) y los vecinos sofocaron las llamas. La ciudad no tiene cuerpo de bomberos. A mediados de febrero de 2024, el fuego consumió bosques en Manak Krü y Maurak. Funcionarios de PC, vecinos y efectivos militares hicieron las veces de bomberos.
Dos funcionarios de PC acarrean agua en sus cascos durante las labores de combate de incendios en la montañas de Piedra Kanaima, Santa Elena de Uairén.
Edición de textos: Clavel Rangel y Lorena Meléndez G.
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Texto y fotos: Morelia Morillo Daniela Correa — 26 años, madre de tres niños…
