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AI denuncia que varios países incumplen con sus obligaciones internacionales con migrantes venezolanos

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La organización hizo un llamado a la región para “redoblar esfuerzos” en brindar respuestas “adecuadas” ante la magnitud de la crisis, “cumpliendo con los más altos estándares del derecho internacional de los derechos humanos y de refugiados”

 

Este jueves, 21 de septiembre, Amnistía Internacional (AI) denunció que Colombia, Ecuador, Perú y Chile “incumplen sus obligaciones internacionales” para proteger a los migrantes venezolanos. 

El informe “Regularizar y Proteger” detalla que los cuatro países antes mencionados, presentan “varios problemas comunes” como limitaciones al acceso a servicios básicos y lentitud en la regularización de su situación migratoria, además de la falta de protección a quienes entran en la definición de refugiados, según la Declaración de Cartagena de 1981.

“En Perú, el sistema está saturado, casi cerrado. En Chile, en el año 2022 solamente cuatro (personas) fueron reconocidas como refugiadas. Ahí se ven prácticas que violan los derechos humanos y bloquean el acceso al asilo”, explicó Adeline Neau, investigadora para las Américas de AI.

Sistemas de asilo debilitados

El estudio señala que que los países estudiados “no priorizan el uso de la figura del asilo”, dejando de lado la definición ampliada de la Declaración de Cartagena contenida en las legislaciones nacionales para dar protección a esta población, víctima de desplazamiento forzado.

Muchos de los programas de protección temporal destinados a inmigrantes venezolanos son poco accesibles, acusa el organismo, con “criterios imposibles de cumplir”, restricciones al estudio o al trabajo, a los sistemas sanitarios y con ausencia de un enfoque de género.

“Los Estados deben garantizar el derecho de solicitar asilo, reconociendo que las personas venezolanas pueden ser refugiadas. Eso requiere reforzar sus sistemas de asilo. Cualquier programa de protección temporal o medida de regularización debe cumplir un mínimo de garantías y garantizar el principio de no devolución”, afirmó Neau.

Amnistía Internacional destacó que la falta de voluntad política y discursos internos que asocian la migración venezolana a fenómenos de delincuencia, ponen a estas personas en posiciones complejas, cuando “la mayoría lo que necesita es protección internacional”.

La organización hizo un llamado a la región para “redoblar esfuerzos” en brindar respuestas “adecuadas” ante la magnitud de la crisis, “cumpliendo con los más altos estándares del derecho internacional de los derechos humanos y de refugiados”.

*Con información de EFE

La “liberación” de Tocorón no implica el desmantelamiento del Tren de Aragua

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¿La intervención de Tocorón significa el fin del Tren de Aragua? La periodista especializada en crimen organizado Ronna Rísquez explica

 

Ronna Rísquez,  periodista de investigación especializada en crimen organizado y bandas criminales y coordinadora de la Alianza Rebelde Investiga #ARI, que conforman Runrun.es, Tal Cual y El Pitazo, compartió un breve análisis en video sobre la denominada “Operación de Liberación Gran Cacique Guaicaipuro” en el Centro Penitenciario de Tocorón, estado Aragua. 

La periodista advierte que la recuperación del control del penal por parte del gobierno, tras un intenso despliegue policial y militar, no significa el desmantelamiento ni la desarticulación automática del Tren de Aragua, banda delincuencial trasnacional sobre la que Rísquez escribió un libro.

“Tanto es así que en las alocuciones y comunicados del gobierno no se habla del Tren de Aragua, sino de la liberación de Tocorón. Se habla de redes de crímenes organizados, pero nunca se menciona al Tren de Aragua”, destaca.

Llamó la atención también sobre el hecho de que, al menos hasta el 20 de septiembre en horas de la noche, no había información sobre el paradero de los pranes que hacían vida en Tocorón y eran líderes del  Tren de Aragua. No se especificó si fueron trasladados otra prisión, o dónde se encuentran. 

Rísquez también explica por qué cree que esta intervención de Tocorón fue “negociada” con grupos que hacen vida en el penal.

Vea a continuación el análisis completo que hace la periodista e investigadora. 

#GuachimánElectoral | Apoyo técnico del CNE y posponer la primaria: las propuestas de la oposición disidente

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El Guachimán Electoral contactó en tres oportunidades a la Comisión Nacional de Primaria (CNP) para conocer su posición sobre este tema y confirmar si existen negociaciones para incorporar la asistencia técnica del Poder Electoral y reprogramar la fecha de la elección. Sin embargo, no obtuvo respuesta de la CNP

Ibrahim López Piñero 

“Si no hay asistencia del Consejo Nacional Electoral (CNE) hay que postergar la primaria”, afirmó el pasado 18 de agosto María Carolina Uzcátegui, exvicepresidenta de la Comisión Nacional de Primaria (CNP). Su objeción a la elección engloba los dos principales planteamientos que los disidentes han expresado públicamente a la oposición venezolana: que se solicite el apoyo técnico al nuevo CNE y que se posponga la primaria.

Uzcátegui ha declarado en varias oportunidades a medios de comunicación tras su renuncia el pasado 26 de julio, que las juntas regionales se encuentran en una situación precaria sin recursos ni posibilidades de movilización. 

 

“No es que el CNE lo organice, es el apoyo técnico del CNE. ¿Qué ofrece el CNE? Ofrece los centros de votación, el sistema automatizado de votación que permitiría tener resultados fidedignos, exactos en el momento del cierre de cada una de las mesas (…) Si definitivamente no se opta por la asistencia técnica del CNE, hay que tomarse más tiempo para verificar bien los centros de votación, para validar que cuentan con las condiciones adecuadas”, afirmó Uzcátegui en el programa de radio.

Gustavo Duque, alcalde del municipio Chacao de Caracas y miembro del partido Fuerza Vecinal, consideró el pasado 14 de septiembre que no había ánimo ni organización para la elección primaria y sugirió reprogramar el proceso. “Probablemente la decisión más madura sea: vamos a reorganizar. Vamos a poner dos meses más, esto no daña el evento. Hay muchas personas dispuestas a que esto salga mejor y que no sea una elección referencial. Hagámoslo al revés y animemos a la gente”, señaló.

Duque también argumentó problemas logísticos del evento. “Yo creo que si tenemos tantos centros electorales no vamos a ser eficientes, en el municipio Chacao pasamos de 29 centros a cuatro y no son centros como tales, tienen pocas mesas. Yo hablo de un municipio pequeño y que la gente podría caminar al centro electoral, pero no hay ánimo, si no hay ánimo en un espacio pequeño imaginemos en la Venezuela profunda”, expresó.

El 15 de septiembre, un día después, Manuel Ferreira, alcalde de Lechería en el estado Anzoátegui y dirigente de Fuerza Vecinal, también expresó su desacuerdo con la organización de la primaria a la que calificó de “proceso inútil” alejado del objetivo para el cual se planteó. Propuso posponer la elección al menos un mes y criticó la falta de asistencia técnica del Consejo Nacional Electoral. 

“Ya sabemos que no se van a inscribir porque están inhabilitados. Mi proyecto es, no que se aparten de la primaria, pero sí que revisen su posición dentro de la primaria. Que los que están inhabilitados se sienten en una encerrona y salga de ahí un método de sustitución o que se aparten como candidatos y apoyen a alguno que está habilitado dentro de la propia primaria”, planteó.

 

La disconformidad por la falta de asistencia técnica del CNE igualmente fue motivo de renuncia para el historiador Rafael Arraiz Luca, quien se desempeñaba como suplente de Jesús María Casal, presidente de la CNP. “Creo que sin el CNE, y los centros electorales, es imposible hacer la elección primaria de manera extendida. La Plataforma Unitaria podría optar por otro método para escoger el candidato presidencial de este sector de la oposición”, indicó el pasado 16 de junio en la red social X.

La postergación de la primaria y la necesidad de asistencia técnica del CNE son argumentos que ha esgrimido un sector de la oposición más proclive a emplear el mecanismo de consenso que la elección para seleccionar al candidato que se enfrentará con Nicolás Maduro en 2024. “No deberíamos hacer elecciones debajo de un árbol o contando manualmente, sino que debe ser con un sistema automatizado”, dijo el 18 de julio Manuel Rosales, gobernador del Zulia, antes de cambiar de opinión tras la reunión con Henrique Capriles.

En cifras

Tres de los trece candidatos a la primaria están en contra de la participación del CNE en el proceso porque consideran que el organismo está parcializado políticamente a favor de la administración de Nicolás Maduro. María Corina Machado, Delsa Solórzano y Andrés Velásquez expresaron públicamente sus diferencias; mientras que Freddy Superlano, Carlos Prosperi, Tamara Adrián, Roberto Enríquez y César Pérez Vivas optaron por indicar que acatarían la decisión que tomara la CNP. Todas estas expresiones fueron antes de que la CNP decidiera hacer un proceso autogestionado y todos se plegaran a ello. 

El Mañanero del #21Sep: las ocho noticias que debes conocer

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Pese a que se estima que el “Tren de Aragua” opera en la cárcel de Tocorón desde 2007, el Gobierno de Nicolás Maduro esperó hasta este miércoles 20 de septiembre para llevar a cabo un operativo con el objeto de desarticular las bandas criminales instaladas en ese recinto penitenciario, casualmente el mismo día que la Misión Independiente de la ONU iba a presentar su informe sobre derechos humanos en Venezuela.

Misión de la ONU confirma que la estructura represiva del Estado goza de buena salud

Entre gallos y medianoche condenaron a diez presos políticos a penas entre 16 y 30 años

Hermana del preso político John Gasparini: “Su condena a 16 años no acaba con esta lucha”

Familiares de presos políticos exigen desmantelar los centros de tortura en Venezuela

Incursión en Tocorón…¿y el niño Guerrero?

El periodismo sigue siendo fundamental para las investigaciones de la Misión de la ONU

El testimonio de un torturador vale más que el de una víctima

El clamor contra la tortura en Venezuela se escuchó en Nueva York

https://www.youtube.com/watch?v=moUyl1Gy5O0

«Los cuerpos de seguridad reciben cualquier cantidad de recursos para mantener el terror que tienen contra el pueblo. Cualquiera que levante la voz contra la circunstancias que vivimos, por un sueldo digno, por una mejor educación, por una mejor salud, nos responden con cárcel en este país». Karina Molina, miembro del Comité para la Libertad de los Luchadores Sociales, 

Misión de la ONU señala a funcionarios de gobierno de emitir declaraciones para incriminar a opositores

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La Misión documentó varios casos de personas opositoras que fueron acusadas y procesadas por difamación o incitación a la intolerancia

 

La Misión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de la ONU señaló en su cuarto informe que funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que conducen programas de televisión utilizan estos espacios para emitir declaraciones incriminatorias sobre opositores.

El informe se refirió específicamente al programa “Con el Mazo Dando”, conducido por Diosdado Cabello, vicepresidente del partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y transmitido por el canal del Estado, Venezolana de Televisión (VTV).

“Las declaraciones del vicepresidente del Psuv “amenazan la seguridad de las personas contras las que van dirigidas, ya que en ocasiones han desencadenado procesos penales arbitrarios”, señaló el informe publicado este miércoles 20 de septiembre.

El texto agrega que este tipo de programas “crean una imagen negativa en la opinión pública contra los medios de comunicación independientes, las personas defensoras de los derechos humanos y las ONG”.

La Misión documentó varios casos de personas opositoras que fueron acusadas y procesadas por difamación o incitación a la intolerancia. A continuación, algunos casos mencionados en el informe

Diosdado Cabello es uno de los funcionarios que regularmente ha acusado a miembros de la sociedad civil de corrupción y robo, según la Misión de la ONU. Por ejemplo, en su programa del 19 de diciembre de 2020, Cabello señaló una lista de ONG de haberse robado dinero de Venezuela y de tener cuentas a nombre de empresas fantasmas para el lavado de dinero.

En el programa del 19 de enero de 2022, señaló nuevamente a varios miembros de la sociedad civil, periodistas y comunicadores, que habían publicado críticas contra el Gobierno e información sobre derechos humanos, mostrando carteles con sus fotos y con la inscripción “Se busca” y “Ladrón”.

El informe de la Misión refiere que el  27 de enero de 2023, el gobernador de Trujillo, Gerardo Márquez, atacó al periodista Alexander González y al dueño del Diario de los Andes, Eladio Muchacho Unda, después de que el periódico publicara tres notas informativas sobre el acoso a trabajadores públicos obligados a participar en manifestaciones progubernamentales.

Durante su programa radial “Háblame Gerardo”, emitido por ocho emisoras desde la radio Paisana 92.5 FM, radio oficial de la gobernación de Trujillo, Márquez señaló al periodista y al dueño del periódico de formar parte de un “plan de golpe de Estado”.

El 12 de abril de 2023, el programa Con El Mazo Dando difundió una compilación de videos de supuestos “ataques contra Venezuela”. Esta compilación de videos mostraba a varios líderes políticos de la oposición asociándolos a presuntos actos terroristas, según Cabello.

Las declaraciones denigrantes y difamatorias más comunes entre las documentadas por la ONU son las que tildan a una persona de traidora a la patria simplemente por haber criticado al Gobierno, o las que resaltan supuestos vínculos entre estas personas y algún “enemigo de Venezuela”, como, por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos.

En enero de 2021 se emitieron señalamientos contra varias ONG, medios de comunicación y sindicatos, que presuntamente recibieron fondos del Gobierno de Reino Unido para sus actividades legítimas de informar y defender derechos humanos. El portal de noticias de Globovisión, con línea editorial progubernamental, acusó a estas organizaciones de recibir financiamiento del gobierno británico para derrocar al Gobierno del presidente Maduro.

La Misión identificó que las declaraciones injuriosas y las acusaciones infundadas descritas arriba son regularmente hechas por las más altas autoridades del Estado, como el gobernante Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el diputado y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello. Muchas veces, estas declaraciones se hacen durante eventos oficiales como ruedas de prensa del presidente, actos públicos del Gobierno, y sesiones de la Asamblea Nacional.

En varias ocasiones, las autoridades venezolanas han difamado, hostigado y criminalizado a Provea y sus integrantes por su labor de defensa de los derechos humanos.

declaraciones incriminatorias.  declaraciones incriminatorias

El periodismo sigue siendo fundamental para las investigaciones de la Misión de la ONU

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El informe se divide en dos partes: la primera que hace referencia a las vulneraciones del espacio cívico; y la segunda, que habla de las relaciones entre las FAES y la nueva DAET

La Misión de Determinación de Hechos de la ONU presentó su cuarto informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, en el que citó a numerosos registros de medios de comunicación. 

En el documento, el organismo internacional advirtió la intensificación de ataques al espacio cívico y democrático, y dejó constancia de la  preocupación por el hecho de que la nueva Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) mantenga en su cadena de mando a funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y otros cuerpos de seguridad involucrados en violaciones graves a los derechos humanos, e incluso, crímenes de lesa humanidad.

 

“Los mecanismos de represión siguen existiendo, lo que hace que la vigilancia internacional a la vigencia de los derechos humanos sea más crucial que nunca en Venezuela”, declaró Marta Valiñas, jefa de la Misión de la ONU.

En el informe, la Misión se basó en numerosas fuentes periodísticas para poder recabar información sobre distintos ámbitos.

Nuestro medio, Runrun.es, así como la plataforma Monitor de Víctimas, fueron mencionados al menos 50 veces  en este nuevo documento en el que la ONU afirma que el Estado venezolano no ha desmantelado su estructura represiva. 

Denuncias y violaciones de DDHH

El cuarto informe de la Misión de la ONU se dividió en dos partes, una para detallar las vulneraciones del espacio cívico, así como los ataques a medios de comunicación, líderes sindicales y defensores de los derechos humanos.

En esta parte del ocumento, aparecen como fuente 17 artículos de Runrun.es, publicados entre 2017 y 2023 entre los cuales se pueden destacar:

  • Denuncias de la ONG Fundaredes de ataques civiles en Apure durante combates en la frontera y el asesinato del comunicador y líder social José Urbina, en Apure, luego de denunciar a un jefe de la GNB por violar los DD. HH.
  • En el año 2017 se publicaron materiales audiovisuales para explicar cómo se produjo la muerte del joven Neomar Lander, asesinado en las protestas del 2017. Este artículo también aparece en el informe.
  • El informe de la Misión también refirió varios casos de denuncias de violaciones a los derechos humanos, entre las cuales figuran la medida de arresto domiciliario al abogado Juan Planchart, excarcelación del defensor de DD. HH., Orlando Moreno, alertas sobre la presencia del Sebin en la sede del Colegio de Enfermeros de Carabobo, las acusaciones hechas contra el sindicalista Gabriel Blanco y la detención de Zikiu Rivas, líder comunitaria de Anzoátegui.

Además, se mencionaron los trabajos de Runrun.es sobre el caso del preso político Franklin Caldera Martínez y las denuncias de su padre, Franklin Caldera Cordero, de hostigamiento y hasta secuestro.

Democracia, corrupción y elecciones

La Misión documentó, con este medio como fuente, varias acciones contra dirigentes políticos de oposición. Una de ellas,  la inhabilitación de Henrique Capriles, la de Freddy Superlano y todo lo ocurrido con este último durante las elecciones regionales en Barinas, donde el dirigente Sergio Garrido tuvo que ser candidato a la repetición de los comicios tras la inhabilitación de Superlano y su esposa.

También, figura una denuncia de Freddy Superlano que data del 27 de julio del 2023, donde indicó que fue despojado de su pasaporte.

La Misión también citó a Runrun.es en unas recomendaciones que recibió el Consejo Nacional Electoral (CNE), el pasado 25 de abril de 2023, por parte del panel de expertos de Naciones Unidas, tras el acompañamiento que el grupo hizo durante los comicios regionales y locales celebrados el pasado 21 de noviembre.

El informe también referenció varios artículos de nuestro medio de comunicación relacionados con procesos electorales, como comunicados de la Comisión Nacional de Primaria sobre el proceso y resultados de las elecciones regionales del 2021.

Personas relacionadas con la purga madurista también aparecen en el documento. Uno de los involucrados en el juez José Mascimino Márquez, conocido por su implacable accionar en los procesos judiciales en contra de dirigentes políticos de oposición, militares, periodistas y miembros de la sociedad civil. Márquez fue uno de los detenidos por delitos de corrupción y la Misión citó en su informe el perfil que elaboraron periodistas de este medio sobre el funcionario detenido. 

Finalmente, el informe recoge un reportaje de Runrun.es sobre los diversos funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro que han sido sancionados por la comunidad internacional.

Modus operandi de las FAES

La segunda parte del informe de la Misión de la ONU hace referencia a la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas (DAET) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) y su relación con las antiguas Fuerzas de Acciones Especiales (FAES).

Cuatro artículos de Runrun.es fueron mencionados en esta parte del texto y están relacionados con cuerpos de seguridad como las FAES, el Cicpc, Sebin y los grupos irregulares conocidos como colectivos.

Uno de los artículos, que se publicó en febrero del 2016, relata cómo miembros de los colectivos del gobierno, que aparecen disparando, y algunos funcionarios del Sebin que los acompañaban, quedaron libres de procesos judiciales inexplicablemente por el caso del 12 de febrero del 2014.

Dentro del informe hay varias fichas de la cadena de mando de las FAES, quienes posteriormente pasaron a integrar la DAET. Esta parte comienza con el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, cartera de la cual dependen los cuerpos de seguridad. En el caso de ambos, se hace mención a trabajos informativos y explicativos de Runrun.es sobre ambos funcionarios. 

Entre los funcionarios mencionados se encuentra también José Miguel Domínguez Ramírez, quien fue jefe de las FAES y está sancionado por los Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, entre otros países, “por impedir el ingreso de la entrada de ayuda humanitaria a la frontera venezolana en febrero 2019 y por su implicación en graves violaciones de derechos humanos”. “Miguelito” fue nombrado como director de la DAET, por lo que  estuvo por tanto al mando de esta Dirección cuando se desarrollaron las Operaciones Trueno III a VII.

A propósito de las Operaciones Trueno, el informe de la Misión de la ONU documentó cómo fue el accionar de la DAET frente a estos operativos, que tenían el objetivo específico de desarticular organizaciones criminales.

Según varias personas presentes en las detenciones y allanamientos practicados en las primeras Operaciones Trueno, los agentes de seguridad que intervinieron se identificaron como efectivos de las FAES.

Sobre este tema, la Misión de la ONU citó a tres reportajes de la plataforma Monitor de Víctimas, que recolecta datos sobre los homicidios que ocurren en Caracas y otras ciudades del país.

Incursión en Tocorón: ¿Y el Niño Guerrero? 

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Después del operativo de desalojo y supuesta clausura de la cárcel aragüeña, organismos oficiales no informaron sobre el paradero del líder de la megabanda del “Tren de Aragua”, señalada de operar dentro del recinto   
Analistas consideran que acabar con esta organización criminal es cuesta arriba porque tiene ramificaciones en otros sectores del país y en al menos cinco países de Latinoamérica  

 

Foto: @MIJPVzla

 

Pese a que se estima que el “Tren de Aragua” opera en la cárcel de Tocorón desde 2007, el Gobierno de Nicolás Maduro esperó hasta este miércoles 20 de septiembre para llevar a cabo un operativo con el objeto de desarticular las bandas criminales instaladas en ese recinto penitenciario, casualmente el mismo día que la Misión Independiente de la ONU iba a presentar su informe sobre derechos humanos en Venezuela.

A tempranas horas de la mañana, la administración madurista informó sobre la incursión de 11 mil funcionarios, entre policías y militares, para “restituir y dignificar el sistema penitenciario nacional”.

Siete horas después del despliegue denominado “Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro”, donde se apreciaban incendios, cierres de accesos y caos vehicular, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez manifestó a través de otro comunicado que la incursión fue “todo un éxito” y que Tocorón pasará un proceso de “reestructuración y será desalojado por completo”.

https://twitter.com/luchaalmada/status/1704529179885113525

En el comunicado nada se dijo sobre la supuesta muerte del mayor de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y jefe Operacional del Distrito Capital, Víctor Di Mattia ni del paradero de Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, señalado como el cabecilla del “Tren de Aragua”. 

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, tampoco informó dónde va a ser reubicada la población penal de Tocorón y que harán con las mujeres y niños que allí se encontraban.

“El Gobierno Bolivariano garantiza los derechos humanos de los privados de libertad, a través de la atención de un equipo multidisciplinario conformado por las instituciones del Estado y consolida la paz de las familias venezolanas”, se lee en un mensaje en la red social X del Ministerio para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz.

Con un espacio físico concebido para 750 reclusos y construido en 1982, el Centro Penitenciario de Aragua, mejor conocido como Tocorón, albergaba entre 3.000 y 5.000 reclusos, de acuerdo con el libro “El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina”, escrito por la periodista Ronna Rísquez. 

Era uno de los ocho penales controlados por pranes, según una investigación de Connectas y Runrunes.

Un reportaje de RR también develó que en Tocorón funcionaba la famosa discoteca “Tokio”, contaba con un banco, una piscina, un centro hípico, un gimnasio, centros deportivos, un zoológico y restaurantes. Además era el centro de operaciones de múltiples extorsiones a través de líneas telefónicas, se planeaban robos de automóviles y secuestros.

“Detectamos unos tùneles”

En declaraciones al canal estatal VTV Remigio Ceballos, ministro de Interior y Justicia, aseguró que el gobierno impidió una “fuga masiva” en la cárcel ubicada en Aragua gracias al operativo policial y militar practicado. 

“Detectamos unos túneles. Hemos impedido una fuga masiva y hemos controlado todos los privados de libertad y también hemos capturado a algunas personas con armamento”, precisó, al tiempo que afirmaba que el centro de reclusión quedó “totalmente liberado”.

Ceballos Ichaso también se refirió a que en las primeras requisas descubrieron “una gran cantidad de espacios inadecuados” en el penal.

“Hemos puesto fin a estas irregularidades que se encuentran en este espacio” en el que “reinaba el delito”, reiteró, sin ofrecer más detalles sobre el tipo de actividades ilícitas descubiertas.

¿Dónde está el Niño?

El abogado penalista y experto en seguridad Luis Izquiel sentenció que el Estado debe dar cuenta del “Niño Guerrero” para salirle al paso a las especulaciones.

“No se menciona nada de él ni de otros cabecillas del Tren de Aragua que operaban desde esa cárcel. El éxito o no del operativo de este miércoles tendrá que ver con la neutralización o no de las operaciones de este sujeto y sus secuaces. Si no se dice nada, entonces podrá entenderse que van a seguir operando desde otro lado”, manifestó Izquiel.

Izquiel indicó que la opinión pública está a la espera de saber cuál es el destino de los integrantes del “Tren de Aragua”.

“De lo contrario sólo habría ocurrido un traslado desde Tocorón hacia otro recinto penitenciario. De un edificio para otro, más nada”, agregó. 

Carlos Nieto Palma, coordinador general de la ONG Una Ventana a la Libertad, sostuvo que es perentorio ofrecer más detalles de este operativo

“Creo que deberían presentarlos para desmentir esa información de que se fugaron por un túnel que tenían, hasta que no los veamos va a quedar esa incertidumbre”.

El Tren sigue por el carril

Según Izquiel, es difícil que el “Tren de Aragua” cese sus operaciones solo con este procedimiento.

“Más allá de lo que haya ocurrido dentro de Tocorón, se sabe que el Tren de Aragua opera en otros sectores del estado Aragua, como el barrio San Vicente, que es su feudo criminal, en otras regiones del país y en al menos cinco países de Latinoamérica. Así que se está muy lejos de acabarse con el Tren de Aragua”. 

Nieto Palma aseveró que con este operativo el Gobierno está reconociendo la existencia de bandas criminales dentro de las cárceles. 

“Y lo negligente que ha sido en solucionarlo, especialmente en este recinto. Estamos a la espera de más información aunque extraoficialmente sabemos de muertos y heridos”.

El coordinador de Una Ventana a la Libertad manifestó que detenidos y familiares deben ser informados cuanto antes sobre un eventual proceso de reubicación. 

“No sabemos si van a trasladar ese caos para otro lado, vamos a ver si esto es un show. De acuerdo con lo establecido en la Constitución Nacional, el Estado debe garantizar los derechos humanos de los privados de libertad”, sumó.

En Tocorón, el riesgo es que te quieras quedar

El testimonio de un torturador vale más que el de una víctima

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La Misión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de la ONU denunció que la impunidad por actos de tortura en Venezuela ” es una constante”
En su más reciente informe, la Misión independiente de determinación de hechos sobre Venezuela de la ONU menciona que dos funcionarios señalados como torturadores fueron presentados por la Fiscalía como testigos contra las víctimas 
Los actos de tortura, según la Misión de ONU, se usan en Venezuela para “castigar” a la disidencia y “obligar a los detenidos a firmar declaraciones falsas, o para extraerles confesiones fabricadas o informaciones inculpatorias”
Una víctima torturada en El Helicoide comentó a la Misión de la ONU que la fiscal asignada a su caso desestimó sus denuncias de tortura: “‘Tú no fuiste torturado’  ‘aquí no usamos la palabra tortura'”, le decían

 

La Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela concluyó que en el país la impunidad por los actos de tortura y malos tratos sufridos por las personas privadas de libertad por motivos políticos “es una constante” y que incluso algunos funcionarios señalados como torturadores son usados como testigos de la Fiscalía.

Estas conclusiones figuran en el informe “El aparato estatal, sus mecanismos de represión y las restricciones al espacio cívico y democrático” presentado este 20 de septiembre de 2023, en donde el grupo independiente de la ONU denuncia la “falta de respuesta de las autoridades venezolanas ante las denuncias o indicios fundados de tortura”.

“Los testimonios coinciden en que ni el Ministerio Público, ni los jueces, ni la Defensoría del Pueblo han actuado diligentemente para esclarecer esas violaciones. Una de las víctimas entrevistadas por la Misión, que fue torturada en 2019 en El Helicoide, fue llamada a declarar a este respecto por la Fiscalía 83 del área metropolitana de Caracas con competencia de derechos fundamentales recién en mayo de 2022. La fiscal asignada al caso desestimó las denuncias de tortura y le dijo a la víctima, en distintos momentos, ‘tú no fuiste torturado’ y ‘aquí no usamos la palabra tortura‘”, expresa textualmente el informe de la Misión.

En las investigaciones entre el período 2020-2023, destacan, los funcionarios del Estado venezolano continuaron haciendo uso de la tortura “como parte de la política estatal para silenciar, desalentar y anular la oposición al Gobierno, particularmente en el marco de la represión selectiva contra líderes sociales y políticos, así como contra militares presuntamente implicados en presuntas operaciones para derrocar o desestabilizar al Gobierno”.

Jueces ignoran las denuncias

La Misión hace énfasis en la falta de respuesta de jueces y juezas a las denuncias de tortura. Además denuncian que, en al menos dos casos, además, la Fiscalía presentó como testigos a los mismos torturadores.

“Una fuente entrevistada por la Misión explicó que, cuando las personas detenidas que han sido víctimas de tortura son presentadas por primera vez ante un juez, suelen abstenerse de denunciar los abusos, debido a que quienes las conducen a las audiencias son los mismos funcionarios que las torturaron. En al menos dos casos documentados por la Misión, los testigos presentados por la Fiscalía fueron los mismos responsables de las torturas. Por otra parte, cuando concluyen las audiencias, las personas detenidas son conducidas de vuelta al centro de detención donde sufrieron las torturas, lo que también suele inhibir las denuncias”, explican. 

Otra irregularidad que encontraron es que los jueces y juezas se niegan a entregar, a los abogados de las víctimas o familiares,  las actas de audiencia preliminar o la sustanciación del juicio oral en las que los procesados denuncian las torturas, esto con el fin de “evitar que las declaraciones salgan a la luz pública, particularmente en los casos ante los tribunales de terrorismo2.

“Estos hechos son consistentes con el uso de la tortura por parte de las autoridades estatales para generar y perpetuar un clima de miedo en la sociedad civil venezolana o mostrando las posibles consecuencias de disentir. Algunas personas entrevistadas por la Misión comentaron que incluso un pequeño número de casos simbólicos sirven para aterrorizar a toda la sociedad, como en las salas de tortura de El Helicoide y la “Casa de los Sueños” en Boleíta, cuya existencia es ampliamente conocida”, advierte la Misión.

28 de casos de tortura o malos tratos

En el texto especificaron que para el periodo que comprende el más reciente informe, investigaron los casos de  28 personas (22 hombres y 6 mujeres incluyendo una mujer transgénero) víctimas de tortura o de malos tratos contra personas opositoras o percibidas como tales.

Al igual que como documentaron en informes anteriores, estas torturas y malos tratos se produjeron “en combinación con otras violaciones de derechos humanos”.

Las víctimas de tortura según el informe son personas opositoras al gobierno, “reales o percibidas”, incluyendo personas defensoras de los derechos humanos y activistas de ONG, políticos, sindicalistas, periodistas, familiares de personas opositoras, entre otros. 

“Asimismo, las torturas y malos tratos se cometieron en contra de oficiales militares y civiles en el marco de operaciones de contrainsurgencia. En todos los casos, las personas estaban bajo el control de los funcionarios de las fuerzas de seguridad del Estado, o recluidos en centros de detención oficiales o clandestinos operados por ellos”, abunda el documento.

 

Formas de tortura en Venezuela

La Misión documentó, en el período estudiado, las siguientes prácticas de tortura y  otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes:

  • Golpes (sobre todo en la cabeza, costillas, glúteos, testículos, piernas, y dedos de las manos y pies)
  • Suspensión de las muñecas o tobillos
  • Asfixia con bolsas en la cabeza, a veces rociadas con insecticida
  • Ingestión de bebidas con estupefacientes
  • Exposición toda una noche al aire acondicionado a baja temperatura con el cuerpo desnudo recibiendo constantemente golpes y baños de agua fría
  • Descargas eléctricas en los testículos
  • Quemaduras de cigarrillo
  • Quemaduras químicas en la cara
  • Inhalación de gases lacrimógenos
  • Privación del sueño, luz constante las 24 horas del día y música a todo volumen
  • Reclusión en régimen de aislamiento prolongado o en celdas de castigo
  • Violación, amenaza de violación, y otros actos contra la integridad sexual

Estos patrones, indican, son coherentes con los documentados en informes anteriores y fueron infligidos “por funcionarios del Sebin, de la DGIM y de otros cuerpos de seguridad”.

Además de las torturas físicas, los privados de libertad por razones políticas en Venezuela  son víctimas de “tortura psicológica”, tales como “amenazas a las personas detenidas con hacer daño a sus familias o la imposición de peores condiciones de detención (por ejemplo, amenazas de traslado a centros de detención con presos comunes, amenazas de largos periodos de detención, o amenazas de tortura o violación)”.

Torturas para forzar declaraciones falsas y confesiones fabricadas

El propósito de las torturas por cuerpos de seguridad en Venezuela, según denuncia la misión independiente de la ONU, es “castigar a las personas detenidas por sus actividades sindicales o de defensa de los derechos humanos, por denunciar actos de corrupción, por su militancia política de oposición, o por ser sindicados de cometer actos delictivos contra el gobierno o sus autoridades”

Reseñan que a varias de las víctimas se les mencionaron expresamente estas razones en el momento de sufrir los castigos.

Peo también, los actos de tortura y malos tratos en el país se aplican “con el fin de obligar a las personas detenidas a firmar declaraciones falsas y extraerles confesiones fabricadas o informaciones inculpatorias respecto de otras personas. Para ilustrar lo anterior, señalan casos concretos:

“En un caso, se obligó a un detenido a ingerir estupefacientes antes de extraerle una supuesta confesión.  En varias oportunidades las confesiones fueron grabadas por los agentes de seguridad y difundidas posteriormente en medios y redes sociales con el fin de demostrar la culpabilidad de las personas detenidas”, se argumenta.