La organización hizo un llamado a la región para «redoblar esfuerzos» en brindar respuestas «adecuadas» ante la magnitud de la crisis, «cumpliendo con los más altos estándares del derecho internacional de los derechos humanos y de refugiados»
Este jueves, 21 de septiembre, Amnistía Internacional (AI) denunció que Colombia, Ecuador, Perú y Chile «incumplen sus obligaciones internacionales» para proteger a los migrantes venezolanos.
El informe «Regularizar y Proteger» detalla que los cuatro países antes mencionados, presentan «varios problemas comunes» como limitaciones al acceso a servicios básicos y lentitud en la regularización de su situación migratoria, además de la falta de protección a quienes entran en la definición de refugiados, según la Declaración de Cartagena de 1981.
«En Perú, el sistema está saturado, casi cerrado. En Chile, en el año 2022 solamente cuatro (personas) fueron reconocidas como refugiadas. Ahí se ven prácticas que violan los derechos humanos y bloquean el acceso al asilo», explicó Adeline Neau, investigadora para las Américas de AI.
Sistemas de asilo debilitados
El estudio señala que que los países estudiados «no priorizan el uso de la figura del asilo», dejando de lado la definición ampliada de la Declaración de Cartagena contenida en las legislaciones nacionales para dar protección a esta población, víctima de desplazamiento forzado.
Muchos de los programas de protección temporal destinados a inmigrantes venezolanos son poco accesibles, acusa el organismo, con «criterios imposibles de cumplir», restricciones al estudio o al trabajo, a los sistemas sanitarios y con ausencia de un enfoque de género.
«Los Estados deben garantizar el derecho de solicitar asilo, reconociendo que las personas venezolanas pueden ser refugiadas. Eso requiere reforzar sus sistemas de asilo. Cualquier programa de protección temporal o medida de regularización debe cumplir un mínimo de garantías y garantizar el principio de no devolución», afirmó Neau.
Amnistía Internacional destacó que la falta de voluntad política y discursos internos que asocian la migración venezolana a fenómenos de delincuencia, ponen a estas personas en posiciones complejas, cuando «la mayoría lo que necesita es protección internacional».
La organización hizo un llamado a la región para «redoblar esfuerzos» en brindar respuestas «adecuadas» ante la magnitud de la crisis, «cumpliendo con los más altos estándares del derecho internacional de los derechos humanos y de refugiados».
*Con información de EFE
