Advierten que los docentes públicos perciben un ingreso de 0,12 dólares diarios si se toma como referencia únicamente el sueldo mínimo venezolano
La asociación civil Frente Amplio de Mujeres Venezuela Libre denunció este 17 de enero que agredieron físicamente a mujeres docentes durante la detención arbitraria del presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de Venezuela (Fenatev), seccional Barinas, Víctor Venegas.
«La tiraron (la empujaron) a la fuerza, le quitaron un niño a la profesora Sivila de las manos, nos jalonearon, nos lanzaron contra el piso… No nos dejaron ni hablar», denunció una de las víctimas a través de un video en la red social X de la asociación civil.
De acuerdo con la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos (Fundehullan), una docena de docentes del estado Barinas, al occidente de Venezuela, estaban reunidos en una asamblea cuando funcionarios de seguridad Estatal interrumpieron «irrumpieron de manera violenta» el lugar.
Después que los funcionarios del Estado se llevaran a Vanegas. Posteriormente, el fiscal general impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó a través de la red social X que el presidente de la Fenatev será procesado por «conspiración», sin ofrecer más datos sobre el caso.
«Al señor Víctor se lo llevaron a la fuerza. (…). Nosotros no somos delincuentes, somos docentes. Lo que estamos exigiendo es un salario digno, porque nos lo merecemos. Los hijos de esos funcionarios son alumnos nuestros», agregó la maestra afectada en Barinas.
Entre el 15 y el 17 de enero el gremio docente venezolano ha denunciado mejoras salariales. El Estado ofrece una remuneración de 130 bolívares, equivalentes a un monto menor a 4 dólares según la tasa de cambio del Banco Central de Venezuela.
De acuerdo con las Naciones Unidas, una persona se considera en pobreza extrema si percibe un ingreso menor a 1,25 dólares americanos diariamente. Para el momento de redacción de este texto, un profesor público venezolano percibe un ingreso aproximado de 0,12 dólares diarios si se toma al sueldo mínimo como único beneficio.
El Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin) informó este martes, 16 de enero, que en Venezuela se registraron 1.003 conflictos laborales durante el año 2023, la mayoría motivados por la exigencia de «salarios dignos».
Organizaciones No Gubernamentales como Provea y Fundehullan reclamaronal Estado venezolano la liberación Vanegas, la investigación de los funcionarios que maltrataron a las docentes el 17 de enero en Barinas y el aumento del salario mínimo venezolano.
«Un procedimiento de violencia y agresiones por parte de los órganos de seguridad contra mujeres, menores de edad y líderes sindicales. En Venezuela ser docente y exigir un salario digno se criminaliza. Exigir derechos no es conspiración, no delito», agregó Lexys Rendón, coordinadora de la ONG Laboratorio de Paz.
Los últimos reportes oficiales sobre el “Plan para la Igualdad y Equidad de Género” que lleva el nombre de la abuela de Hugo Chávez y tiene entre sus objetivos acabar con la violencia contra la mujer, datan de 2016.
Mientras, las cifras de feminicidio aumentan cada año y las expertas en la materia afirman que cualquier programa de gobierno de Maduro en pro de la mujer se queda “en mera retórica”
Aunque jamás se le asignó un presupuesto específico a «Mamá Rosa» y nunca presentó resultados, se le extendió hasta 2025
Un reportaje elaborado en alianza entre Runrun.es y CONNECTAS
@loremelendez
Las hermanas de Karla Stefanie Romero Quintero reclaman justicia por un crimen que “acabó con la felicidad de una familia por completo”. El 9 de mayo de 2018, dos hombres en moto asesinaron a tiros a la joven de 29 años en el estacionamiento de su casa en San Cristóbal, en el fronterizo estado Táchira, al suroeste de Venezuela. La ex pareja de la muchacha, el teniente coronel Manuel Salvador Parra Ramírez, presuntamente ordenó el sicariato y por eso se libró una orden de captura en su contra. Pero, en lugar de ser detenido, fue ascendido y asignado a la Guardia de Honor Presidencial. Poco después, la causa contra el militar y los implicados fue sobreseída. Todo ocurrió en el país de “Mamá Rosa”, nombre del Plan para la Igualdad y Equidad de Género vigente que apunta entre sus objetivos, desde 2013, a “erradicar la violencia de género en todas sus expresiones”.
“Mamá Rosa” era el mote que el expresidente Hugo Chávez usaba para referirse a la abuela que lo crió. Con él se bautizó un programa que las expertas consultadas para esta investigación desconocen porque no hay manera de seguirle la pista: nunca se supo cuál presupuesto se le asignó, tampoco cuáles acciones se ejecutaron, todavía es un misterio el número de personas que trabajaron para implementarlo y aun más opacos son su alcance y sus resultados. Sin embargo, la poca transparencia no fue obstáculo para que extendiera su período de vigencia: en lugar de finalizar en 2019, se amplió hasta 2025, año en el que Nicolás Maduro culminará su tercer mandato como presidente de Venezuela.
Lo que sí se sabe es que “Mamá Rosa” no ha podido “erradicar” la violencia de género y mucho menos los feminicidios. La última cifra oficial de femicidios –porque el término “feminicidio” no está contemplado en el legislación venezolana- data de 2016 y arrojó que 122 mujeres habían muerto en esta circunstancia. Organizaciones no gubernamentales continuaron el monitoreo y determinaron que, apenas un año después, estos crímenes tuvieron un alza de 74%: 213 en 2017, según Cofavic,
La cifra continúa en ascenso. En 2021 el Monitor de Feminicidios contabilizó 239 y el Centro de Justicia y Paz 290.
Karla Subero, miembro del equipo jurídico de Cofavic, insistió en que el aumento de los feminicidios está “intimamente asociado a las barreras estructurales, a los mecanismos de impunidad y las debilidades del tratamiento legal de estos crímenes”. “La opacidad de la información oficial presentada es un elemento que sin duda contribuye con el mantenimiento del aumento de las cifras en materia de violencia de género, especialmente la relativa a los feminicidios”, acotó.
Para la psicóloga social y criminóloga especialista en violencia de género, Magally Huggins, en Venezuela el uso del término “‘femicidio’ es un ardid en el manejo político de las leyes para excluir al Estado de su responsabilidad en este tipo de hechos”.
“La gente tiende a verlo como un problema de pareja, pero eso es excluir la responsabilidad del Estado de prevenir, diseñar políticas públicas y organizar espacios donde las denuncias de violencia intrafamiliar sean tomadas en serio por gente formada para ello, de tal manera que uno no tenga que seguir conviviendo a riesgo de su propia vida con estas parejas”, aseveró la experta.
El anuncio del Plan Mamá Rosa ocurrió en septiembre de 2013 en un acto conducido por Maduro, que además tuvo como invitado al autor de “Las venas abiertas de América Latina”, el periodista y escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien sentenció ese día que “la nueva Venezuela” tendría que ser “parida en la igualdad de géneros”.
En esa jornada, Maduro anunció tres medidas “en el marco del esfuerzo general contra la violencia de género”, con resultados que aún hoy se desconocen: la creación de comités de equidad e igualdad de género en cada Consejo Comunal (organizaciones comunitarias, que suelen ser conformadas por chavistas, que ejecutan las políticas públicas en el plano hiperlocal); la incorporación de “Mamá Rosa” en los proyectos municipales de las alcaldías y el inicio de una campaña en medios de comunicación contra la violencia de género.
“Quien agrede por su superioridad y fuerza física para someter a una mujer en cualquier circunstancia, se está degradando como ser humano, se degrada como ser humano, pasa a otro estado de la involución humana, los hombres tienen que entender eso, que anidan en sí antivalores del machismo”, afirmó en esa ocasión Maduro, quien en varias oportunidades ha asegurado que su gobierno es “feminista”.
Meses antes de aquella presentación, el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género hizo circular un spot publicitario para convocar a las mujeres del país a debatir el contenido del programa que redactó Virginia Aguirre, investigadora académica especializada en temas de género y responsable de los dos documentos antecesores: ‘Plan de Igualdad para las Mujeres, Venezuela 2004-2009“ y “Plan de Igualdad para las Mujeres Juana Ramírez ‘La Avanzadora’ (2009-2013)”.
En efecto, dentro de la presentación se subraya que “Mamá Rosa” es en parte resultado de las discusiones de “colectivos de hombres y mujeres acerca de los avances y los desafíos para lograr la igualdad de género” y que está dirigido a continuar la “construcción de la patria-matria socialista-feminista”. Aguirre fue contactada para esta investigación, pero nunca concedió la entrevista que le fue solicitada. Lo que sí aseguró es que “Mamá Rosa” era una plan de avanzada en toda la región.
En medio de esas discusiones, el entonces gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, hermano del fallecido expresidente, recordó al mandatario y a su abuela, y aseguró que “Mamá Rosa” era el “reconocimiento a la mujer luchadora, solidaria, amorosa”, que es como él concibe a todas las mujeres venezolanas.
Esas palabras de Adán Chávez, que también están incluidas dentro de la presentación del plan, se enlazan con un apartado del programa que pretende explicar a las abuelas desde la “noción de género”: “La abuela es el rostro preocupado y marcado porque entiende que su tarea en la vida de sus hijas e hijos no ha terminado, continúa con los nietos. Los ojos de la abuela encierran las alegrías y las tristezas, la ternura, la dureza y la experiencia como mujer, en las soledades y en la compañía. Es la mujer que ha acumulado las dificultades que ha impuesto el sistema patriarcal, expresado en los diferentes grupos de mujeres: urbanas, campesinas, afrodescendientes, de los pueblos indígenas, de las que realiza un trabajo remunerado en la producción económica y las que realiza un trabajo no remunerado de reproducción social”. Y más adelante completa: “Existen muy pocas investigaciones que den explicación sobre el papel social e histórico que juegan las mujeres que ya han criado y que nuevamente deben volver a criar. Sin embargo, aun cuando estamos conscientes del desgaste que han sufrido las abuelas, queremos hacer énfasis en los valores, en la historia, los sentimientos y la conciencia de clase que inculcó Mamá Rosa en el Comandante Chávez, convirtiéndolo en un hombre que fue valiente en reconocer que no podía existir socialismo sin feminismo”.
“Mamá Rosa” es un plan integral con dos objetivos históricos: “Erradicar el patriarcado como expresión del sistema de opresión capitalista”; y “construir el socialismo-feminista”, de los cuales se desprenden cinco objetivos estratégicos que abarcan aspectos políticos-ideológicos, económicos, sociales, culturales y hasta ambientales.
La violencia de género es el objetivo 3.6 del plan y cuenta con 13 líneas de acción que contemplan desde el fortalecimiento y coordinación de instituciones y sistemas de protección a la mujer, pasando por otorgar enfoque de género y sensibilización a quienes trabajan en la aplicación de misiones y programas vinculados al área de seguridad, hasta la realización de campañas contra la violencia de género y el impulso de investigaciones en esta materia. Llama la atención que en ninguna parte del contenido de “Mamá Rosa” aparezca la palabra ‘femicidio’ y que ni siquiera se detallen las cifras de mujeres asesinadas por ser mujeres.
La coordinadora del Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres de la región andina, Yolima Arellano, recordó que Chávez aseguró varias veces que su gobierno era “feminista”. Maduro ha hecho lo propio, así como otros funcionarios públicos. Sin embargo, en cualquiera de estas administraciones, “el accionar es todo lo contrario”, señaló la también abogada y activista, quien se apoyó en diversos documentos de organizaciones internacionales para enfatizar cómo los funcionarios han ignorado por completo cualquier sugerencia hecha sobre sus políticas para proteger a la mujer.
Así rememoró que en noviembre de 2014, cuando tenía poco más de un año de haber sido lanzada, “Mamá Rosa” recibió las primeras observaciones de parte de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas.
En el informe “Observaciones finales sobre los informes periódicos séptimo y octavo combinados de la República Bolivariana de Venezuela”, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer indicó que a pesar de que en el país se habían creado diversas instituciones para promover los derechos de la mujer, todavía faltaban “mecanismos eficaces para elaborar, aplicar y supervisar las políticas y los programas pertinentes”. Para el equipo, era necesario que se hiciera una evaluación adecuada al Plan Juana Ramírez la Avanzadora (2009-2013) para que se formulara ”Mamá Rosa”. Por eso, encomendó al Estado que se cerciorara de que el nuevo plan abordara “todas las esferas de la Convención”, incluyera indicadores mensurables, un calendario y un mecanismo de supervisión, además de que se le asignaran recursos financieros, humanos y técnicos adecuados para su aplicación.
En el mismo documento, el Comité también pidió que se examinara el programa y se incluyera como prioridad “la eliminación de las actitudes patriarcales y los estereotipos que discriminan a la mujer”.
Además, envió una serie de recomendaciones vinculadas a la violencia contra la mujer, tras considerar que estaba muy extendida y que podría ir en aumento. Así, instó al Estado a trabajar en la creación de un sistema de estadísticas que incluya el tipo de violencia, relación entre autores víctimas, número de denuncias, enjuiciamientos, condenas y reparaciones; la aprobación de un plan nacional de acción de violencia contra la mujer; la elaboración del reglamento de la Ley sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia así como la revisión de la definición de feminicidio, y no femicidio, en la reforma de esta legislación para que se ajuste a las normas internacionales, esto es, que incluya la responsabilidad del Estado cuando lo amerite; y el fortalecimiento de programas de asistencia a las víctimas, así como de los servicios de apoyo (albergues, que hasta la fecha se habían creado solo seis en todo el país).
El Estado venezolano no respondió ante tales recomendaciones en 2018, como correspondía, sino que en un informe presentado ante el Comité en 2021 (Noveno informe periódico que la República Bolivariana de Venezuela debía presentar en 2018 en virtud del artículo 18 de la Convención) anunció que el plan “Mamá Rosa” “fue revisado, actualizado y ampliado en 2018 para su implementación en el periodo 2019-2025”. Sin embargo, esta decisión nunca se hizo pública, y por eso hay empleados dentro del Ministerio de la Mujer que afirmaron a esta investigación que el programa solo estuvo vigente hasta 2019.
Venezuela también aseguró en ese documento que “el seguimiento del Plan Mamá Rosa se realiza mediante la contraloría social, los mecanismos institucionales del Ministerio de la Mujer y la rendición de cuentas y contraloría del Ejecutivo Nacional en planes, programas y proyectos”. Pero activistas de derechos de las mujeres, como Arellano, confirmaron que a lo largo del tiempo ha sido imposible rastrear las acciones del programa. “Eso es puro discurso, es un discurso oficial, una narrativa que ellos crean ante esos organismos para decir que sí están cumpliendo”, sentenció.
“Las organizaciones autónomas que inciden en los derechos de las mujeres no han sido convocadas a la realización de eventos desarrollados con estos fines, ni se ha obtenido información oficial referente a la evaluación de los planes señalados en la recomendación. En el Plan 2013-2019 no existe un presupuesto que especifique la utilización de los recursos financieros por partida, y para la fecha de elaboración de este informe se desconoce su rendición de cuentas; por otra parte, ante la ausencia de políticas de igualdad, así como de medidas afirmativas y de la transversalización del enfoque de género en los planes, proyectos y programas, esto se quedan en mera retórica”, indicó el informe especial “Situación de los derechos humanos de las mujeres venezolanas a la luz de las recomendaciones de la CEDAW”, redactado por Arellano y publicado por Provea este 2022.
En ese documento también se reclama que la capacitación de los funcionarios en materia de derechos a las mujeres no se cumple a cabalidad porque las víctimas que han denunciado violaciones a sus derechos ante ONGs venezolanas afirmaron haber sido revictimizadas, no recibir la atención o asesoría que necesitaban, o estar en medio de procesos judiciales con “retardo procesal, violación al debido proceso, sobreseimientos e impunidad”.
No solo el Comité de la CEDAW hizo recomendaciones sobre “Mamá Rosa” y el tratamiento de la violencia de género en el país. En una recopilación de información hecha en noviembre de 2021 por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y presentada a propósito del Examen Periódico Universal (EPU) se detalló que “el equipo de las Naciones Unidas en el país recomendó a la República Bolivariana de Venezuela elaborar un reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y una evaluación del Plan Nacional para la Igualdad de Género Mamá Rosa 2013-2019. El ACNUR formuló una recomendación similar”.
Pero nada de esto se llevó a cabo y esto lo advirtieron las ONG en enero de 2022 en una hoja informativa del 3er ciclo del EPU titulada “Derechos de las mujeres y las niñas”, que contenía las contribuciones de la sociedad civil. Allí se reiteró que Venezuela no cumplió con las recomendaciones de la CEDAW y que desconoció “abiertamente” los consejos y lineamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana (Corte IDH) basadas en la Convención de Belém do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer).
“Aunque en el Poder Legislativo se encuentra en discusión una reforma a dicha Ley (la Ley Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia), las fallas se derivan de la falta de voluntad política para su implementación, la falta de asignación de un presupuesto adecuado y el desmantelamiento de las instituciones clave establecidas en la Ley para combatir la VCM, además de la falta de tipificación de delitos como la sextorsión”, destacó el documento.
Las organizaciones apuntaron que las consecuencias de todos estos incumplimientos han empeorado la situación del acceso a la justicia a las mujeres víctimas de violencia, que se evidencia en la falta de capacitación de los funcionarios y en “la utilización de graves estereotipos ante la presentación de denuncias por parte de las víctimas”.
Además, se recalcó que Venezuela era uno de los países en la región con las tasas más altas de feminicidio y que “no visibiliza ni garantiza el acceso a la publicación de estadísticas oficiales” sobre violencia contra la mujer. Se subrayó que no hay medidas preventivas efectivas, coordinadas y adecuadas proteger a las víctimas y que “no existen casas de abrigo con las condiciones mínimas de funcionamiento”.
Cristina Ciordia, coordinadora de redes y activismo del Centro de Justicia y Paz (CEPAZ) –que a través de su Observatorio Digital de Femicidios ha documentado desde 2020 el aumento progresivo de estos delitos- indicó que la organización ha detectado la existencia de 20 casas de abrigo en todo el país, cuando debería haber al menos una en cada uno de los 335 municipios del país.
“Promulgar una ley, aprobarla, discutirla, hacerle modificaciones y no garantizar ni fondos ni formaciones para poderla aplicar (…) no hacer campañas de formación para que las mujeres conozcan sus derechos, no formar a jueces ni a policías en materia de derechos de la mujer o para las nuevas leyes en materia de género, no poner fondos para casas de acogida ni hacer de conocimiento público dónde están cada uno de estos espacios para que las mujeres puedan acudir si temen por sus vidas y las de sus familias. Todas estas son responsabilidades del Estado y son responsabilidades con las que el gobierno se ha llenado la boca al decir que cumple (con las mujeres) por tener estas leyes. Pero sin aplicabilidad, la ley es letra muerta”, señaló Ciordia.
Las expertas consultadas coinciden en que nunca, desde el chavismo, ha habido intenciones de proteger a la mujer.
“Uno ve que las respuestas del Estado se limitan a dar cifras y decir que tienen tribunales en tales estados, que no son todos, y así se van por las ramas. Entonces, no hay voluntad política real del Estado en trabajar el tema, no hay políticas de prevención, las políticas de atención que hay no está funcionando como deberían porque las mujeres que son víctimas le dicen a uno que van a la policía y los funcionarios no conocen la ley, no están sensibilizados y pasa con todos, no hay un reglamento de la ley entonces cada funcionario aplica la ley como le parece, no hay un protocolo de cómo recibir las denuncias”, reclamó Arellano.
Sin cuentas para “Mamá Rosa”
Para conocer lo poco que se sabe oficialmente de “Mamá Rosa” y su presupuesto, hay que revisar los registros anuales que el Ministerio para la Mujer presentaba ante la Asamblea Nacional desde que comenzó el plan en 2013. Este ejercicio permite ver que nunca hubo una asignación de tareas o recursos para el programa, sino que todas las acciones del Ministerio iban enmarcadas en este. Tampoco hubo un presupuesto concreto para todas las actividades vinculadas a la atención a las víctimas de violencia de género y la prevención de este flagelo.
La Memoria y cuenta del año 2013 del Ministerio definió a “Mamá Rosa” como “el instrumento específico para guiar las políticas públicas del Estado Venezolano, en función de la despatriarcalización progresiva de la sociedad venezolana”. En ese mismo documento se enumeraron las 47 asambleas de discusión, en las cuales supuestamente participaron más de 12 mil personas, y 11 informes que se derivaron de estas para que el plan fuese aprobado. Sin embargo, no hay rastro de la inversión financiera que cubrió estas actividades.
Aunque no existe un presupuesto específico para cubrir todas las actividades vinculadas a “erradicar” la violencia de género, hubo un dos proyectos del Instituto Nacional de la Mujer, dependiente del Ministerio, en los que sí se expuso la inversión. En ninguno se ejecutó por completo el monto asignado. Ese es el caso del “Desarrollo de acciones para atender integralmente a las mujeres víctimas de violencia y prevenir la violencia de género”, que llegó a un monto ejecutado de Bs. 37.474.290 (USD 5,948,300, al cambio oficial de la época), que representó 88% de lo destinado para este fin. La ejecución física fue de 322%, según el documento. Lo mismo ocurrió con el proyecto “Defensa y atención jurídica a las mujeres en situación de vulnerabilidad para garantizar el ejercicio de sus derechos fundamentales”, en el cual se ejecutó solo 53% de lo asignado: Bs. 7.112.488 (USD 1,128,966). El porcentaje de ejecución física llegó a 211.
Al año siguiente, según la Memoria y Cuenta 2014, siguieron las acciones de municipalización de “Mamá Rosa”, pero se invirtió menos de lo que se había destinado en los proyectos contra la violencia de género. Para el “Impulso al ejercicio y defensa de los derechos sociales de las mujeres y de la población vulnerable, con enfoque generacional, de etnia y clase”, se ejecutaron Bs. 20.006.709,59 (USD 1,770,505), que representan 74% de lo que originalmente estaba presupuestado. Mientras que para la “Prevención Integral y atención de las mujeres en situación de violencia por razones de género”, en el que se incluyó la atención a las víctimas y la formación de funcionarios públicos, se ejecutaron Bs 148.709.886,83 (USD 13,160,166), 67% de lo asignado para la meta, con un avance físico de 168%. Casi 26 mil personas fueron beneficiadas por el plan. Pero, cuando se mira el detalle de la cifra, se aprecia que menos de 1.000 mujeres recibieron atención al ser víctimas de violencia por esta vía y solo 130 recibieron albergue.
Inamujer aseguró que la Defensoría Nacional de los Derechos de la mujer atendió a 9.368 mujeres víctimas de violencia machista, 401 recibieron labores de acompañamiento, y orientó a más de 12 mil en la defensa de sus derechos. Más de 80 mil recibieron talleres y participaron en jornadas de sensibilización sobre el tema. Para estos fines se destinaron Bs 37.172.673,26 (USD 3,289,617), pero solo se ejecutó 58%, que equivale a Bs 21.486.717,59 (USD 1,901,479). Para ese año, el Ministerio Público reportó 111.829 casos de violencia de género, con 39.948 delitos de violencia física y 31.853 de violencia psicológica.
En la Memoria y cuenta de 2015, continuó la municipalización de “Mamá Rosa”, entre otras acciones de institucionalización del plan. Para ese año, Inamujer incluyó el proyecto “Defensa Jurídica de los Derechos de las Mujeres”, con el que orientó a 23.741 personas. De este número, 14.405 fueron mujeres víctimas de la violencia. Todo el proyecto requirió una inversión de Bs. 79.680.978 (USD 2,007,583), lo que equivale a 59% de lo que se había presupuestado. En el proyecto “Atención y Prevención de la Violencia Contra las Mujeres”, se señaló que hubo 32.801 personas atendidas y prevenidas, pero realmente solo 1.253 personas recibieron orientación psicológica y psiquiátrica, 3.546 fueron orientadas por el servicio del 0800 MUJERES sobre cómo denunciar a su agresor, y 96 fueron enviadas a las casas de abrigo. El costo del proyecto completo fue de Bs. 108.827.574 (USD 17,274,218), 84% de lo que se había destinado para este fin. El resto de los beneficiados fueron personas que participaron en talleres y reuniones para prevenir la violencia o recibieron dípticos y material informativo sobre el tema.
En este mismo documento, se dio cuenta de algunas acciones previstas por Inamujer para 2016, como el proyecto “Defensa Jurídica Integral de los Derechos de las Mujeres”, que contaría con un presupuesto de Bs. 103.076.380 (USD 16,361,330) y la meta de 18.100 personas atendidas. Otra de las acciones previstas era el “Fortalecimiento de la atención y prevención de la violencia contra las mujeres”, al que se le asignaron Bs. 188.468.549 (USD 2,995,642) para que se atendiera al menos a 19.141 personas. En este apartado estaba previsto costear las casas de abrigo.
Como casi todas las instituciones del Estado venezolano, el Ministerio de la Mujer dejó de dar cuentas públicamente en 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró a la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) en desacato. A partir de ese año, las “Memorias y cuentas” se entregaron ante instituciones como el TSJ y la Asamblea Nacional Constituyente. De “Mamá Rosa”, oficialmente, no se supo nada más.
En la calle, los feminicidios continúan y las causas recaen, según las expertas consultadas, sobre la naturalización de la violencia machista que impera en una sociedad patriarcal como la venezolana, pasando por la discriminación de la mujer y el no reconocimiento de sus derechos hasta en la creciente impunidad.
“Las mujeres van a denunciar y las ruletean (las hacen ir de una instancia a otra), las revictimizan. Cuando se trata de delitos de tipo sexual, recae sobre las mujeres la presentación de las pruebas y las mujeres se agotan, desisten de mantenerse en el caso y luego los casos son sobreseídos o les dan una pena que no les corresponde”, apuntó Arellano.
Para Subero, “la opacidad institucional que prevalece en los casos de feminicidio en Venezuela configuran un fuero de impunidad que impide reconocer con certeza los alcances de los planes y políticas públicas que formalmente están dirigidos a evitar y erradicar este fenómeno”. Añadió que el marco normativo no se aplica y que las deficiencias estructurales de las instituciones se suman al funcionamiento también deficiente del sistema de justicia.
“Venezuela está convertida en una mujer embarazada, adentro de su útero estamos todas y todos, pero el líquido amniótico es violencia. Flotamos y nos nutrimos de la violencia en cualquiera de sus formas de expresión. Aquí cualquier cosa puede pasar”, remató Huggins.
Mientras los programas de protección carecen de recursos y buena ejecución, más de 4 mil mujeres mueren por violencia de género en Latinoamérica
Pese a la publicidad oficial y al aumento en el gasto público para atender y prevenir las agresiones contra la mujer en Latinoamérica, las cifras de violencia no bajan. Presupuestos que no se ejecutan, programas abandonados, maquillaje de cifras, escasa transparencia y aprovechamiento político fue lo que encontraron periodistas de once países después de revisar cómo funciona la institucionalidad y cómo se invierten los fondos en la región.
En Guatemala, por ejemplo, unas funcionarias investigadas por corrupción han utilizado la normativa de protección a la mujer para silenciar a los medios que han reportado sobre sus actuaciones.
En México, el 96 por ciento de los recursos comprometidos para programas de género, en realidad se está gastando en iniciativas que no tienen que ver con equidad o prevención de la violencia a la mujer.
En Venezuela desde 2016 el régimen decidió dejar de contabilizar los feminicidios. Tampoco se sabe qué actividades ha realizado o qué presupuesto tiene su programa estrella, Mamá Rosa, que prometía erradicar la violencia de género de ese país.
El programa Ciudad Mujer en El Salvador, que en su momento fue emblemático, redujo el presupuesto, despidió personal y disminuyó sus atenciones bajo el Gobierno de Nayib Bukele.
En Bolivia, más del 40 por ciento de los fondos destinados a la prevención de la violencia de género y la atención de las víctimas no ha sido ejecutado.
Y en Brasil, la administración de Jair Bolsonaro ha venido reduciendo año a año el presupuesto del Ministerio de la Mujer, Familia y Derechos Humanos. En 2022 llegó a su punto más bajo.
Estos son solo algunos ejemplos revelados en esta investigación, centrada en revisar los programas contra la violencia de género y la institucionalidad en Latinoamérica, y que fue liderada por CONNECTAS con la participación de periodistas en una decena de países en la región y en alianza con Mexicanos contra la Corrupción, El Búho de Perú, ACCESO de Bolivia, Runrun.es de Venezuela y La Prensa Gráfica de El Salvador. Si bien hay administraciones con estructuras eficientes y con algunos resultados, el panorama de los programas liderados por los gobiernos nacionales plantea más interrogantes que certezas.
Durante más de la mitad de su vida, Linda Loaiza López Soto ha tenido un propósito: que se haga justicia en su caso. Ella, la sobreviviente de crímenes de violencia contra la mujer más conocida del país, todavía no ha conseguido que el Estado venezolano responda a su tragedia, pero sí logró que lo hiciera la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando hace cuatro años dictó una serie de medidas de restitución, rehabilitación y satisfacción que benefician y dignifican tanto a ella como a su entorno, acompañadas de unas garantías de no repetición con alcance nacional que permitirían que las mujeres venezolanas se sientan más protegidas.
Para comprender las reparaciones de la Corte, hay que volver a la historia de Linda Loaiza. En marzo de 2001, cuando tenía 18 años, un hombre la secuestró y la mantuvo en cautiverio durante cuatro meses mientras la torturaba, la hacía su esclava sexual y abusaba de ella física y psicológicamente. El culpable, Luis Carrera Almoina, hijo del reputado académico Gustavo Carrera Damas, recibió una condena en 2006 de seis años de prisión y salió en libertad dos años después, cuando un tribunal decidió que ya había cumplido su pena.
Linda Loaiza no se detuvo en su empeño por frenar la impunidad. En noviembre de 2007 llevó su causa al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Desde que ocurrieron los hechos, ella y su familia se habían dedicado a documentar su historia y todos los insumos le sirvieron para que, tres años después, su proceso fuese elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Yo siempre tuve la expectativa de que teníamos todos los elementos jurídicos para demostrar, ante el Sistema Interamericano, que el Estado venezolano era el responsable de las diversas violaciones cometidas en contra de mí y de mi familia”, señaló López Soto, quien estudió Derecho a lo largo de su proceso judicial y se convirtió en abogada.
La audiencia ante la Corte se llevó a cabo en febrero de 2018. En septiembre de ese mismo año, los jueces deliberaron sobre esta causa y sentenciaron que Venezuela incumplió con el deber de prevención de este tipo de delitos, así como con sus obligaciones estatales de prohibir la tortura, los tratos crueles, inhumanos y degradantes. Determinaron que el Estado tampoco llevó a cabo la investigación con celeridad y la víctima no tuvo acceso a la justicia en condiciones de igualdad, pues los hechos fueron juzgados dentro de un marco normativo discriminatorio e incompatible con la Convención Americana porque se permitió que el debate se centrara en especulaciones sobre la vida de Linda Loaiza y no sobre el esclarecimiento de los hechos que terminaron afectando hasta a sus familiares.
En cuanto a las reparaciones, la Corte exigió uno de los pendientes clave para la protección de la mujer: que se dictara el reglamento de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que está en mora desde que se sancionó la legislación en 2007. También pidió que se pusieran en funcionamiento adecuadamente los Tribunales de Violencia contra la Mujer en cada capital de estado, así como la adopción, implementación y fiscalización de los protocolos para la investigación y atención integral de mujeres víctimas de violencia y de las capacitaciones y cursos, de carácter permanente y obligatorio, que deben recibir los funcionarios que trabajan en el área.
La Corte ordenó además que se incorporara al currículo nacional del Sistema Educativo Nacional, en todos los niveles y modalidades educativas, un programa de educación permanente bajo el nombre de “Linda Loaiza”, y que se pusiera en marcha de forma inmediata un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las mujeres en todo el país.
“La naturaleza de la jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos busca que no solamente sean beneficiadas las víctimas más allá de reparaciones, que nunca se cumplen. Esto es un beneficio individual como para la sociedad”, aseguró la víctima.
Tal como señala el análisis “La violencia contra las mujeres en las producciones de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, todas estas reparaciones se acogen a los estándares establecidos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que se refieren a obligaciones estatales que van desde actuar con diligencia para prevenir y sancionar todos actos de violencia contra las mujeres, garantizar que dispongan de “mecanismos judiciales efectivos, adecuados e imparciales” e implementar acciones en pro de la erradicación de “la discriminación contra las mujeres y los patrones estereotipados de comportamiento que promueven su tratamiento inferior en sus sociedades”.
Lejos de reparar a Linda Loaiza, las autoridades venezolanas han permanecido en silencio y, desde 2016, se desconocen las cifras oficiales de violencia contra la mujer. Organizaciones de defensa de los derechos humanos han registrado el ascenso de los asesinatos por razones de género. El Observatorio Digital de Femicidios del Centro de Justicia y Paz (Cepaz) indicó que solo entre 2020 y 2021, los feminicidios saltaron de 212 a 290 en todo el país. Las estadísticas de Monitor de Víctimas en Caracas apuntan que, mientras que en 2018 estos casos representaban 0,9% de los homicidios perpetrados en la capital, en 2021 pasaron a ser 2,5% del total de las muertes violentas.
Reparaciones inexistentes
Aunque la Corte Interamericana y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, de la ONU) han determinado que las reparaciones son un elemento clave en los casos de violencia de género, el libro “Mitos y realidades de la violencia contra la mujer en Venezuela”, redactado por las organizaciones Acceso a la Justicia y Cepaz, indica que este elemento, que debería ser la finalidad de este tipo de procesos judiciales, es inédito en la justicia venezolana porque esta se centra exclusivamente en las sanciones.
“Ello ocurre debido a la ausencia total de centralidad en la víctima y de una falta de entendimiento sobre la importancia de las reparaciones”, se lee en el libro. El documento también subraya que las dificultades para acceder a la justicia y la revictimización constante hacen que las víctimas no las soliciten.
“El contenido de la obligación de reparar de forma integral a las víctimas de estos delitos no es una concesión realizada por las autoridades, sino que es uno de los estándares internacionales que el Estado tiene la obligación de cumplir, de modo que su inclusión no es discrecional por parte del Estado”, señala el libro.
El informe “Situación de los derechos humanos de las mujeres venezolanas a la luz de las Observaciones Finales de la CEDAW de 2014”, publicado en febrero pasado por Provea, destaca que esta falla se evidencia con la negativa de las autoridades judiciales a cumplir con la sentencia de la Corte sobre el caso de Linda Loaiza, la primera sobre violencia contra la Mujer contra Venezuela. “A tres años de esta histórica decisión, el Estado está en total desacato con las medidas de restitución, rehabilitación, satisfacción, pecuniarias y garantías de no repetición en este caso”, señala.
Linda Loaiza confimó a Runrun.es que el único contacto que ha recibido en los últimos cuatro años (cuando se dictó la sentencia) desde la Fiscalía General, fue un correo emitido días después de que publicara su libro “Doble crimen: tortura, esclavitud sexual e impunidad”, en el que ella y la experta en temas de género Luisa Kislinger explican con detalle todo lo sucedido. El episodio ocurrió en 2021, en medio de la pandemia, cuando por orden del gobierno de Nicolás Maduro en el país todavía se limitaban actividades presenciales de cualquier índole en aras de evitar más contagios por Covid-19. Por esa razón, la víctima pidió que la reunión en el despacho oficial a la que se le invitaba, y cuyo motivo nunca se aclaró, se hiciera online. Sin embargo, jamás recibió respuesta a su petición.
Para Linda Loaiza, acudir al Sistema Interamericano fue “una oportunidad para ser escuchada como víctima por jueces imparciales, donde sientes que te escuchan dignamente, donde se garantizan la defensa de tus derechos”. Sin embargo, sabe que el alcance de este logro tiene un límite. “Mientras no haya cumplimiento de esa sentencia todo queda impune. Es un saludo a la bandera”, aclaró. Todos los plazos para que se cumplieran las reparaciones de su caso vencieron hace dos años.
La organización venezolana Utopix informó este jueves que han registrado 131 femicidiosdurante siete meses de 2022 en Venezuela.
Precisaron que en julio de 2022 ocurrieron 20 femicidios. Además de 10 femicidios en grado de frustración y 7 femicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en Colombia, Ecuador, Perú, Panamá, Chile y Brasil.
Ven de manera alarmante cómo se han incrementado los femicidios en el país: según datos de Utopix, en el año 2016 ocurría 1 femicidio cada 72 horas. Actualmente, hay un promedio de 1 mujer asesinada por motivos de género cada 39 horas a nivel nacional.
El estado con mayor cantidad de femicidios en julio fue Miranda, con seis casos.
Le siguen Anzoátegui, Falcón, Aragua y Distrito Capital con 2 casos en cada estado; y los estados Portuguesa, Bolívar, Carabobo, Sucre, Zulia y Barinas con 1 caso respectivamente.
Características de las víctimas de femicidios
Entre las víctimas registradas en el mes de julio, 11 mujeres eran madres. Es decir: 15 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos.
En siete de los casos los familiares de las mujeres reseñan maltratos, una mujer era una persona con discapacidad y en dos casos hay antecedentes de acosos.
En el informe, señalaron que la mayoría de las víctimas de femicidios tenían entre 16 a 45 años.
«Del total de 20 casos, en 6 casos abandonaron el cuerpo de la víctima en la vía pública, en 4 casos las mujeres sufrieron torturas y en 1 caso la víctima sufrió abuso sexual», comentó la organización.
¿Qué ha pasado con los femicidas?
Con respecto al tipo de arma utilizada, Utopix explicó que 8 de los femicidas usaron armas de fuego. En cuatro casos fueron armas blancas, en tres casos la causa de la muerte fue por golpes y dos casos por asfixia mecánica, un caso por violencia ginecológica y en dos casos no se sabe cual fue la causa de la muerte.
Con respecto al estatus de los femicidas, 10 están presos, 6 están fugados, 2 se suicidaron y no hay información sobre cuatro de ellos.
«Frente a esta realidad debemos visibilizarla y darle voz a esas mujeres y niñas que murieron a manos de la violencia femicida exigiendo al Estado venezolano acciones urgentes frente al incremento de la violencia y denunciando la impunidad que ampara muchas veces a estos agresores«, publicó la organización en su página web.
De acuerdo con un informe de Codehciu, desde enero hasta abril de 2022 se reportaron 162 casos de violencia basada en género. Esta cifra superó una los 59 casos que reportaron entre septiembre y diciembre de 2021.
Además, al menos 80 mujeres, niñas y adolescentes fueron víctimas de violencia física. Muchas tenían múltiples lesiones y hematomas en todo el cuerpo, especialmente el rostro.
También, Codehciu documentó 81 casos de violencia psicológica y 40 casos de violencia sexual y cuatro actos lascivos. De estas 40 víctimas, 10 son niñas y adolescentes entre uno y 14 años de edad.
Por otra parte, la organización señaló que entre septiembre de 2021 y abril de 2022), Codehciu contabilizaron 260 manifestaciones de violencia basada en género en siete municipios del estado Bolívar:
Caroní (132)
Angostura del Orinoco (103)
Gran Sabana (10)
Roscio (5)
El Callao (3)
Sifontes (4)
Piar (3)
Cinco femicidios, justicia a medias
Codehciu denunció que cinco mujeres entre 21 y 57 años fueron víctimas de femicidio entre septiembre de 2021 y abril de 2022 en Bolívar:
Yris del Carmen Lee Tang (55)
Aixa Castellanos Barajas (57)
Vanessa Pérez (31)
Karla Rivero (21)
Jersis Fernández (25)
El caso de Yris Lee Tang fue uno de los que más conmocionó a la sociedad civil. Su cuerpo fue hallado el 18 de abril en su residencia ubicada en el sector Vuelta al Cacho, La Sabanita, Ciudad Bolívar. La encontraron después que su pareja, D. A. Sarmiento Lira, reportó a familiares y vecinos que la mujer se cayó en el baño y se golpeó la cabeza.
Cuando los vecinos acudieron a la residencia para auxiliarla, sospecharon que lo ocurrido no fue un accidente por las heridas en su cuerpo. Sin embargo, Sarmiento se negó a llamar a la policía y fueron los propios residentes quienes reportaron los hechos a las autoridades.
Posteriormente, los familiares pidieron al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) una autopsia. El procedimiento reveló que Yris recibió cuatro golpes en la cabeza con un objeto contundente y que eso causó su muerte.
Violencia basada en género
De acuerdo con Codehciu, aclarando que se trata de un subregistro, durante el periodo estudiado ocurrieron las siguientes formas de violencia en 221 mujeres:
Nexo víctima – agresor
La organización señaló que el 72,2% de los casos los agresores son cónyuges en (19%), excónyuges (16,2%), familiares (16,2); ex parejas (10,4%) y concubinos (10,4%) de las víctimas. Con estos datos se deduce que la violencia más común es la familiar.
Por otro lado, se registraron agresores desconocidos en un 14% de los casos, relacionados específicamente con hechos de violencia sexual.
En uno de los casos se señala a un miembro del personal médico como agresor. Con esto se refuerza la «normalización de la violencia obstétrica».
Delta Amacuro
Durante agosto y septiembre de 2021, Delta Amacuro se vio afectado por la crecida del Río Orinoco. Esta situación implicó la puesta en marcha de planes de contingencia para evacuar a las familias afectadas, la mayoría de las cuales pertenecían a etnias indígenas.
Al respecto, Codehciu señaló que se habilitaron refugios temporales como parte de las medidas, «pero dichas estrategias no fueron transversalizadas por el enfoque de género necesario».
Por otra parte, entre septiembre de 2021 y abril de 2022, Codehciu identificó 14 víctimas de 19 agresiones por violencia basada en género en las parroquias: José Vidal Marcano, San Rafael y Monseñor Argimiro García de Espinoza del municipio Tucupita.
De estas denuncias, la mayoría se formularon ante el Ministerio Público y la Policía Municipal de Tucupita.
Víctimas de violencia física y amenazas
Según la organización, la violencia física afectó a la mayoría de las víctimas (12). Al igual que en el estado Bolívar, fue el tipo de violencia mayormente visibilizado por medios de comunicación.
A menudo, según el informe, las agresiones físicas iban acompañadas de amenazas contra la vida, o contra los hijos de las víctimas (2).
También, hubo una (01) víctima de violencia verbal y dos (02) de violencia psicológica (2).
Con respecto al nexo, en 43% de los casos de violencia basada en género, el agresor es la pareja de la víctima. El 21,4% de los casos fue la expareja.
Monagas
De acuerdo con Codehciu, durante los ocho meses que se evaluaron hubo víctimas de 32 actos de violencia basada en género en ocho de 13 municipios del estado Monagas: Maturín (14), Libertador (3), Bolívar (2), Ezequiel Zamora (1), Caripe (1), Cedeño (1), Piar (1) y Santa Bárbara (1).
Según la organización, en la mayoría de los casos (21), los agresores fueron aprehendidos y puestos a la orden del Ministerio Público, aunque se desconoce si fueron debidamente enjuiciados.
Asimismo, en dos ocasiones uncionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) dieron muerte a los agresores durante el operativo de captura. En un caso el victimario se dio a la fuga.
La organización venezolana Utopix informó este lunes que han registrado 97 femicidiosen los primeros cinco meses de 2022 en Venezuela.
Precisaron que en mayo de 2022 ocurrieron 22 femicidios. Además de 6 femicidios en grado de frustración y 8 femicidios de venezolanas en el exterior, específicamente en Colombia, Ecuador y Perú.
Ven de manera alarmante cómo se han incrementado los femicidios en el país: según datos de Utopix, en el año 2016 ocurría 1 femicidio cada 72 horas. Actualmente, hay un promedio de 1 mujer asesinada por motivos de género cada 37 horas a nivel nacional.
[MONITOR DE FEMICIDIOS MAYO 2022] Este mes de mayo ocurrieron 22 Femicidios, + 6 femicidios en grado de frustración y 8 femicidios de venezolanas en el exterior.
El estado con mayor cantidad de femicidios este mes fue Miranda ,con cinco casos.
Le siguen Bolívar, con cuatro casos; el estado Zulia, con tres casos y Distrito Capital, con dos casos.
Además, están las siguientes entidades con un caso: Monagas, Barinas, Apure, Guárico, Falcón, Carabobo, Anzoátegui y Nueva Esparta, respectivamente.
En el informe, señalaron que la mayoría de las víctimas de femicidios tenían entre 16 a 40 años, con un pico entre los 46-55 años.
«Del total de 22 casos, en 7 casos abandonaron el cuerpo de la víctima en la vía pública, en 2 casos las mujeres estaban desaparecidas y en 3 casos las víctimas sufrieron torturas», comentó la organización.
👉🏻El aumento de violencia contra las mujeres está relacionado con que no se está garantizando el acceso a la justicia para las mujeres, porque hay un retardo procesal significativo y la revictimización de los funcionarios, en la denuncia, @yolimaarellanohttps://t.co/AJmMdbx40x
Con respecto al tipo de arma utilizada, Utopix explicó que 9 de los femicidas usaron armas de fuego. En cuatro casos fueron armas blancas, en tres casos la causa de la muerte fue por golpes, y en dos casos por asfixia mecánica.
Por otra parte, hubo un caso por violencia obstétrica, otro de violencia ginecológica y uno en el que se desconoce la causa de la muerte.
Entre las víctimas registradas en el mes de mayo, 8 mujeres eran madres. Es decir: 15 niños, niñas y adolescentes quedaron huérfanos.
«Seguimos alertando y viendo con preocupación que desde el Estado no existe ninguna propuesta concreta para enfrentar esta problemática, que sólo muestra la gran falencia que hay en torno a las políticas públicas referidas a la prevención, atención y mitigación de la violencia de género contra las mujeres», publicó la organización en su página web.
Según Codehciu, en el primer trimestre de 2021 hubo un total de 71 víctimas; el segundo trimestre arrojó 55 y solo en el mes de julio la organización contabilizó 21
De acuerdo con el reporte de la ONG, al menos 60 mujeres fueron víctimas de violencia física y 19 de violencia sexual en el estado Bolívar.
Asimismo, en el monitoreo de Codehciu denuncia desde el año 2018 el aumento de la violencia a niñas, adolescentes y mujeres en el contexto de emergencia humanitaria compleja, al que se le suma la pandemia por COVID-19.
“La violencia contra la mujer es una violación a los derechos humanos y un grave problema de salud pública que debe ser abordado de forma intersectorial y de forma diferenciada”, alerta la organización.
Por otra parte, la ONG destaca que para que pueda cumplirse este abordaje, se necesita la actuación del Estado.
Según Codehciu, en el primer trimestre de 2021 hubo un total de 71 víctimas; el segundo trimestre arrojó 55 y solo en el mes de julio la organización contabilizó 21.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) en el año 2014 expresó su preocupación por la falta de justicia sobre los hechos de violencia.
Además, la Cedaw recomienda a los Estados a ofrecer a las sobrevivientes reparación efectiva y respeto a sus derechos humanos.
Sin investigación
La ONG advierte desde pasados reportes el nulo actuar de los órganos de investigación del Estado ante esos casos de violencia.
Señalan que lo anterior se evidencia en la falta de tratamiento a la víctimas o sobrevivientes para alcanzar la reparación, sobre todo en casos de femicidio y violencia sexual.
En ese sentido, Codehciu insta al Estado a facilitar el acceso a la justicia a las mujeres que han sido víctimas de violencia, y a implementar políticas públicas que den una atención digna y sin revictimización.
De acuerdo con lo monitoreado por la ONG, Bolívar cerró el año 2020 con 185 mujeres víctimas de diferentes tipos de violencia, entre ellas hubo contabilizados 19 femicidios.
