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Más de 637 alertas de incendios ocurrieron en Venezuela el 8 de abril

La alcaldesa del Municipio Libertador (Caracas), Carmen Meléndez, informó en la noche del 8 de abril que hubo al menos 15 grandes incendios en el Parque Nacional Waraira Repano (también conocido como El Ávila). Mientras tanto, el Sistema de Información sobre Incendios para la Gestión de Recursos de la NASA (FIRMS, por sus siglas en inglés) advierte que el 8 de abril hubo al menos 637 alertas de incendio «con alto grado de confianza científica» (más del 70 %) a nivel nacional. 

El fuego en Caracas afectó a más de dos viviendas en 10 parroquias del municipio, según el balance del viceministro de Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampueda. Al mismo tiempo, bomberos del estado Carabobo estaban atendiendo un incendio en el cerro El Casupo, un parque municipal en la ciudad de Valencia.

Venezuela, por la influencia del fenómeno El Niño, esta en una temporada de alto riesgo de incendios forestales. Desde agosto del 2023 hasta ahora el país ha registrado cifras récord en el registro de focos de calor e incendios, según la NASA y el Departamento de Ingeniería Hidrometeorológica de la Universidad Central de Venezuela (Hidromet – UCV)

Alto riesgo y poco personal para prevenir

«Múltiples condiciones externas incidieron en el incendio del Parque Nacional El Ávila: los fuertes vientos (de más de 7 kilómetros por hora), la inclinación del terreno afectado y la cantidad de cobertura vegetal seca, que nosotros llamamos «material combustible» y que en el Parque Nacional, que tiene un ecosistema de bosque de sabana, abunda en esta época», explicó la secretaria del Sindicato Unido de Trabajadores del Instituto Nacional de Parques (Sunep – Inparques), Marlene Sifontes, en una entrevista a Runrun.es.

«Pero, también, en Caracas las personas están sembrando en el terreno del Parque Nacional y hacen quemas. Eso debería de denunciarse de manera urgente para que no se hagan quemas sin supervisión de los bomberos», agregó. 

Sifontes dijo que uno de los factores más influyentes de los incendios de esta temporada es la intervención o «invasiones» de los humanos a los ecosistemas protegidos por el Estado, como los Parques Nacionales. Puso  como ejemplo el origen del incendio en el Parque Nacional Macarao, entre el Distrito Capital y el estado Miranda, que sucedió entre el 14 y el 24 de marzo de este año, «allí hicieron una quema en las cercanías del Parque y el viento propagó el fuego a los bosques de pino». 

«Como la gestión ambiental y gubernamental está desmantelada, este acceso a los Parques no se controla. Esto pasa porque no hay suficiente personal (bomberos, protección civil y guardaparques)», dijo.

«Recordemos que el gobierno ha incentivado la agricultura en la ciudad. Entonces, las personas donde ven un espacio quieren sembrar. Se han dado denuncias de los guardaparques del Ávila que han tenido que desmantelar gente que ha estado sembrando, sobre todo en las áreas recién quemadas», agregó.

Más de 600 alertas de incendios en 24 horas

Frente a los datos de la NASA FIRMS del 8 de abril, que provienen del provienen del satélite AQUA que utiliza una herramienta llamada Espectrorradiómetro de imágenes de media resolución (MODIS, por sus siglas en inglés), al menos 124 provienen de Caracas, Carabobo, Aragua y Miranda.

La institución advierte que los datos se deben verificar en el campo o por una fuente oficial (como el gobierno o una universidad) para identificar los incendios de un foco de calor. Dependiendo del satélite, el número va a cambiar: desde el Conjunto de radiómetros de imágenes infrarrojas visibles (VIIRS, por sus siglas en ingles), advierte que al menos 4 440 alertas de incendio con alta confianza científica se registraron en el país en las últimas 24 horas, de las cuales 1 000 ocurrieron en la región capital. 

Focos-de-calor-en-Venezuela-entre-el-8-y-9-de-abril-del-2024.-NASA-FIRMS
Captura de pantalla del mapa global de NASA FIRMS durante el 8 y 9 de abril de 2024 en Venezuela. Cada punto rojo representa un foco de calor (un indicio de incendio).

Sin embargo, la NASA advierte que el sistema VIIRS es más sensible y preciso que el MODIS para detectar focos de calor e incendio. 

El Hidromet – UCV identificó 30 278 focos de calor entre enero y marzo del 2024, alrededor de 333 focos de calor o alertas de incendio detectados cada día en lo que va de año. La universidad alertó que el 2024 superó en 34,5 % el promedio anual del país. 

Más de 16 000 hectáreas afectadas

De acuerdo con la agencia de noticias EFE, el Ministerio de Ecosocialismo reconoció que 16.801,36 hectáreas (o 168 kilómetros cuadrados) de bosques se han quemado por los incendios desde noviembre de 2023 hasta marzo de 2024. 

El Estado advirtió que 90% de los incendios forestales fueron ocasionados por seres humanos. 

Mientras tanto, la plataforma de la NASA Amazon Fire Dashboard informa que el 8 de abril hubo al menos 404 alertas de incendio en los estados Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro

La directora de la Sunep – Inparques advierte que las zonas afectadas por los incendios de esta temporada son mayores a lo anunciado por el Ministerio, ya que la falta de cuerpos de mitigación de incendios provoca que exista un riesgo de que el fuego se propague después de su primera atención o deban desatender una zona para atender otros incendios de mayor magnitud. 

«Desde las 06:00 a.m. comenzaron las labores de refrescamiento desde la estación de guardaparques Canaima (en el Ávila) para tener una línea de enfriamiento para evitar que algún tronco que tenga fuego en su interior reinicie el incendio. Pero eso no sucede en todos lados por falta de servicios básicos como el agua», dijo Sifontes. 

Hasta la fecha de publicación de este texto aún no hay información oficial sobre la extensión quemada tanto en el Ávila como en Carabobo, ni el Estado ha informado cómo se distribuye geográficamente esos 168 kilómetros cuadrados quemados durante esta temporada de incendios. 

SOS Los Roques: “otro nivel de turismo” o cómo una  posada se construyó  en un área prohibida
Tras la publicación del especial “Los Roques: a la orilla de un desastre ambiental”, ATB Constructores, propietaria de un nuevo hospedaje construido al lado de la pista de aterrizaje del Archipiélago, contactó a Runrun.es para justificar el levantamiento de esta edificación eco-amigable en un área protegida con alta fragilidad ambiental. Aquí lo que contaron el CEO de la empresa, Tadeo Arosio y Marisela Rabascall, quien elaboró el estudio de impacto ambiental de la obra –el cual fue solicitado varias veces a la compañía y a la autora, pero nunca fue cedido – que comete múltiples violaciones al PORU del parque nacional

 

@loremelendez      

 

En Venezuela hay un nuevo “nivel de turismo” que debe ser satisfecho, piensa Marisela Rabascall. Esa fue una de las razones con las que justificó las nuevas construcciones que se levantan en el Parque Nacional Archipiélago Los Roques, en particular, la de la posada Chelonia Casa de Mar, cuyo estudio de estudio de impacto ambiental elaboró y presentó ante el Instituto Nacional de Parques (INPARQUES) para que fuese construida en un área prohibida dentro de la isla El Gran Roque.

Rabascall,, conoce a INPARQUES desde adentro. Durante años trabajó allí y llegó a convertirse en directora regional del instituto tanto en Monagas como en Sucre. En su cuenta en Twitter se define como “Parquera de corazón”. Hoy, trabaja como consultora independiente y, alguna veces, tal como confirmó a este medio, la institución gubernamental se vale de sus servicios y asesorías.

Toda esa experiencia le ha permitido comprender y advertir cuáles son los baches y vacíos en las leyes y reglamentos que rigen los parques nacionales. En esta entrevista expuso algunos de ellos cuando se le preguntó por cada una de las violaciones al Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del Parque Nacional Archipiélago Los Roques, las cuales se cometieron para que Chelonia Casa de Mar fuera posible.

La ingeniera sostuvo que las casi 70 posadas activas que hay en Los Roques –que de acuerdo con operadores turísticos y lugareños no alcanzan su capacidad máxima desde hace años, ni siquiera en temporada alta – no son suficientes para cubrir las exigencias de la nueva demanda.

 

 

“Lo que pasa es que hay otro nivel de turismo. Hay niveles: tres estrellas, cuatro estrellas, la categorización es así (…) Tú tienes un turista que quiere cinco estrellas y las va a pagar”, aseguró.

La experta acotó que ese otro “nivel” de turistas ha reactivado, junto con el aumento de vuelos hacia la zona y la promoción de múltiples viajeros influencers, el turismo en el Parque Nacional Canaima. “Yo no puedo ir, yo voy es por trabajo, porque yo no podría gastar 1200 dólares en una cosa de esas. Pero hay gente para eso. Desde que está yendo la gente para allá, desde que los hoteles tienen movimiento, los chamos (indígenas) han dejado de ir a la mina”, subrayó.

Chelonia Casa de Mar, mencionada en el especial “Los Roques: a la orilla de un desastre ambiental”, es una de esas edificaciones que según Rabascall viene a cubrir la demanda del lujo. Con 13 modernas habitaciones, dotadas de tecnología eco-amigable, y un restaurante de alta cocina, este hospedaje perteneciente a la firma ATB Constructores abrió sus puertas en un terreno adyacente a la pista de aterrizaje del parque, al que se accede a través del mar. Esta área, que según la zonificación establecida en el Capítulo I del PORU de Los Roques se considera como zona de Ambiente Natural Manejado (ANM), no admite la construcción de ningún tipo de infraestructura y solo permite la realización de actividades educativas, de investigación y recreación, la circulación de embarcaciones motorizadas y la navegación a vela y remo.

“Nuestra intención es demostrar que sí se pueden hacer las cosas bien en Venezuela. Los Roques está desasistido en cuanto a servicios, allí la relación calidad/precio es exorbitante porque te prestan un servicio de baja calidad a unos precios exorbitantemente altos. Entonces, nosotros sí somos capaces de generar, de poder prestarle a los venezolanos y demostrar que Los Roques no solo es el paraíso natural, sino que puedes llegar y recibir una atención justa y de calidad. No solo una habitación con una buena cama, sino un servicio integral”, comentó Tadeo Arosio, cofundador y CEO de ATB Constructores, quien insistió en que este hospedaje está tras la búsqueda de la certificación Leadership in Energy & Environmental Design (LEED, por sus siglas en inglés) para Proyectos de Hospitalidad, que fue creada por el Consejo de Edificaciones Sustentables de Estados Unidos.

Arosio resaltó que los servicios públicos de la isla no llegan hasta la zona en donde fue construida la posada. Por eso, el capital que se invirtió en la construcción tuvo que considerar la generación de servicios verdes que suplieran la falta y contribuyeran con el ambiente. Así, invirtieron en paneles solares, un sistema de recirculación de aguas, ventanas que bloquean 75% de la radiación solar para aminorar el uso de aires acondicionados e incluso un plan para llevar la basura generada hasta La Guaira.

“Nosotros pusimos parte importante de nuestro patrimonio allí. Todo costó. Era más fácil importar una planta (eléctrica) de 15 mil dólares, que gastar 160 mil dólares en paneles solares. Era más fácil un empotramiento a esa laguna (de oxidación, destinada a sanear las aguas residuales de Los Roques) y seguir formando parte de los que estábamos dañando, a comprar una planta en la que invertimos una fortuna. El sistema de riego también fue costosísimo, en vez de poner a una persona con una manguera. ¡Ah, no! Pero así no nos certificaba Leed y no estábamos ahorrando. Un calentador Termotronic nos costaba 5% de lo que nos costaron los calentadores”, reveló Arosio.

 

De casa a posada

«Esa fue la situación que pasó, que en los parques nacionales se decretaron muchas áreas con casas, con gente y se zonificaron y no se tomó en cuenta y la gente se quedó. Había que darle a la gente su dinero, váyase de aquí, y no se hizo (…) Como aquí hay ese precedente, que la casa existe, que el proyecto es sobre una edificación existente, entonces no les queda otra que autorizarlo» 

 

“Yo te entiendo cuando tú dices que allí no construyan nada más. Pero, el mundo evoluciona, ¿no?, el mundo crece. Esa fue una de las discusiones que teníamos en INPARQUES. ¿Cómo vas a zonificar como de Uso Poblacional Autóctono y se quedan con las 60 casas? Ajá, ¿y esa gente no va a parir?, ¿esa gente no va a tener hijos?, ¿y dónde van a vivir?, ¿se tienen que ir de ahí?”, contestó Rabascall al ser interrogada por la ubicación de la posada en un área prohibida según el PORU, a lo que añadió: “de alguna manera, creamos áreas protegidas que estaban involucradas con la gente. Eso es el ambiente. El ambiente no es nada más los pajaritos, el ambiente es la gente también. Entonces no puedes dejar lo sociocultural a un lado”. 

Cuando Rabascall habla de la zona de Uso Poblacional Autóctono se refiere a la zona de El Gran Roque en donde está el pueblo y la mayoría de las posadas y comercios de la isla. Es allí donde sí está aprobada la construcción de viviendas para los pobladores, servicios públicos y casas que, previamente autorizadas, se destinan a convertirse en posadas.

 

 

 La experta explicó que la edificación sobre la cual fue levantada la posada Chelonia Casa de Mar ya estaba allí desde antes de que Los Roques se decretara parque nacional. Su antiguo dueño, Octavio Lara, vendió la bienhechuría a la familia Arosio en 2014. Por esa razón, acotó Rabascall, INPARQUES no objetó que la vivienda se convirtiera hoy en una posada, aunque ampliara su extensión y tomara así más terreno que es propiedad del parque y del Estado. 

“Cuando tienes una edificación que está antes del decreto, la ley tiene que respetar eso (…) Han sido muchos los errores que se han cometido en ese sentido porque cuando se zonifica se está clasificando esa zona como ambiente natural manejado, pero con unas casas. Ahí hay choque, porque ahí hay propietarios de una bienhechuría, aunque en Los Roques no tienes propiedad sobre los terrenos porque son de la nación (…) Si yo tengo una bienhechuría que es mía, que es mi propiedad privada, me tengo que adecuar a tu ley porque estoy en un parque nacional, pero ya yo existo. Entonces, o me la tumbas y me pagas y me voy, o yo me quedo, y me quedé, no me la pagaron. Esa fue la situación que pasó, que en los parques nacionales se decretaron muchas áreas con casas, con gente y se zonificaron y no se tomó en cuenta y la gente se quedó. Había que darle a la gente su dinero, váyase de aquí, y no se hizo (…) Como aquí hay ese precedente, que la casa existe, que el proyecto es sobre una edificación existente, entonces no les queda otra que autorizarlo”, expuso.

Al ser interrogada por la ampliación que la posada hizo a la casa original, Rabascall respondió con un “sí, bueno, pero…” y un ademán para minimizar el hecho. “Mucha gente piensa que un parque nacional es una vitrina y no es así, los parques nacionales se zonifican porque el objetivo no es nada más la conservación”, continuó.

 

Cómo aprovechar los vacíos

 

“Son proyectos recreativos, ¿cómo vas a hacer? La Ley de Aguas dice (que también debe estar) 300 metros alejados de la orilla del río. ¿Cómo vas a estar a 300 metros de la costa si tu atractivo es el río?, ¿a quién le van a dar ganas de salir de la habitación para echarse un baño en el río?»

Así como todas las construcciones que se levantaron al lado de la pista de aterrizaje de Los Roques, Chelonia Casa de Mar ignora la franja de 80 metros que la debe separar del mar, tal como lo establece la Ley de Zonas Costeras vigente. Según Rabascall, INPARQUES no toma esto en cuenta porque no vale para las construcciones turísticas. Sin embargo, esta salvedad no aparece en ningún reglamento.

“Son proyectos recreativos, ¿cómo vas a hacer? La Ley de Aguas dice (que también debe estar) 300 metros alejados de la orilla del río. ¿Cómo vas a estar a 300 metros de la costa si tu atractivo es el río?, ¿a quién le van a dar ganas de salir de la habitación para echarse un baño en el río? De ahí es de donde vienen los reglamentos, porque te permiten adecuar la ley a ciertas actividades y en el caso del turismo y recreación hay como cierto reglamento. Esos 80 metros que dice la ley de retirarse de la costa son para edificaciones, pero el tema turístico muchas veces no se adecúa (…) No es que lo deje pasar, es un tema de que la Ley de Costas debe tener una reglamentación en cuanto a turismo, porque no es lo mismo una edificación para turismo que una urbanización”, afirmó. 

Aunque dentro del PORU, el capítulo 38 está dedicado a detallar cómo debe ser el diseño de las construcciones en Los Roques, que apela a la tradición y valores arquitectónicos de las costas venezolanas en cuanto “formas, dimensiones y materiales”, para Rabascall no hay una tipología específica en la zona a la cual puedan acogerse las nuevas edificaciones. Ese vacío se aprovechó para que Chelonia Casa de Mar se asemejara más a una casa de playa del Pacífico que a las del Mar Caribe. 

“No hay nada autóctono. ¿Qué es lo autóctono allí? Esa discusión la hemos tenido muchas veces en el instituto porque yo les pregunto cuál es la tipología de las costas de Venezuela: ¿el palafito del Zulia?, ¿el palafito de los Waraos?, ¿o las casas de Choroní coloniales?, ¿o las casa de Cumaná, que ves un rancho, una casa rural, una casa de dos pisos? No hay un tipología y ahí (en esa área) lo que había era tipología antillana. Si tú ves las primeras posadas que se hicieron son antillanas completamente. Entonces, es como haber puesto algo muy bonito, pero no lo desarrollaste, entonces eso quedó como ambiguo”, aseveró.

El mismo artículo 38 señala que las viviendas deben tener solo una planta y un máximo de 5,50 metros de altura. Arosio y Rabascall apuntaron que fueron cuidadosos con el proyecto y la altura de la posada es de 5,40 metros. Sin embargo, señalaron que no existen límites de pisos en la construcción y que Chelonia Casa de Mar tiene dos como varias construcciones que ya hay en la isla.

 

 

Aunque Runrun.es solicitó varias veces el estudio de impacto ambiental tanto a Rabascall como a Arosio, este nunca fue cedido. La autora del documento, que debe ser público, solo se limitó a hacer algunas precisiones sobre el escrito.

“El estudio se dirigió, básicamente, hacia el tema de los desechos porque es lo más fuerte. Cuando tú haces un estudio ambiental de ese tipo, donde no hay grandes construcciones, el mayor impacto ambiental es el paisaje que se afecta porque es un área protegida. El primer momento de la construcción es muy duro, porque el suelo se mezcla con el cemento, las piedras (…) Cuando ya vas adelantando, la cosa va mejorando”, afirmó.

Las medidas de mitigación del estudio ambiental mencionadas por Rabascall se dirigieron a la “conservación de suelos y aguas”. “Ahí no hay mucho que hacer más que hacer las cunetas, garantizar que los sedimentos no se vayan al mar para que no se contamine y recoger escombros más que todo, esos se sacaron a tierra firme”, dijo. Sin embargo, no se contemplaron medidas de saneamiento ni tratamiento de las aguas del mar por la cantidad de traslados en lancha que se harán hacia esta zona. Arosio informó que se espera por la aprobación de una biciruta que conecte la posada con el pueblo, por donde también se prevee el paso de un par de carros eléctricos para trasladar a los huéspedes.

Arosio también reveló que los materiales de construcción de la posada, cuyos trámites comenzaron a hacerse entre 2015 y 2016, se trajeron a través de barcos del Estado que disponen de cupos de vehículos para hacer ese tipo de traslados. “No usamos ningún mecanismo privado”, añadió el propietario de Chelonia Casa de Mar. En esa misma embarcación se lleva desde la gasolina que va al Archipiélago hasta la comida que llega a los mercados populares de El Gran Roque. Los traslados de materiales de construcción de las distintas edificaciones que se levantaron en el terreno adyacente a la pista, donde está la posada, generaron protestas de los pobladores, quienes aseguraron que en múltiples oportunidades se dejaban de llevar combustible y otras necesidades del pueblo para trasladar cabillas, cemento y otros insumos para las infraestructuras que hoy se erigen en un espacio que debió mantenerse virgen.

 

Bomberos forestales no tienen ni agua
La falta de insumos y personal atenta contra la capacidad de las autoridades para hacerle frente a siniestros 
Denuncian escasez de unidades y funcionarios capacitados para atender situaciones de emergencia en Caracas 
La secretaria de organización del sindicato de Inparques, Marlene Sifontes, sostuvo que no se hace mantenimiento preventivo y correctivo en el principal cerro de la capital venezolana 

@franzambranor

Cerca de las 5 y 30 de la tarde del pasado domingo 3 de abril, una nube de humo cubrió el sector noreste de Caracas. Un incendio se produjo en el cerro El Ávila, a la altura de Los Chorros con sentido de propagación hacia el estribo de Cachimbo, según reportó Protección Civil.

Fue el segundo en apenas una semana, luego que sucediese otro en San Bernardino de menores proporciones.

De acuerdo con el vicepresidente para Seguridad Ciudadana y Paz, Remigio Ceballos, 35 hombres entre bomberos forestales, guardaparques, miembros de PC, funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y voluntarios acudieron al llamado para sofocar las llamas.

Un día después, el lunes en horas de la tarde, el propio Ceballos indicó que el siniestro había sido 100% controlado y que el gobierno había donado nuevos equipos para el control de incendios. Prometió además que en un futuro cercano serán incorporados vehículos autónomos y cámaras de seguridad para atender y prevenir este tipo de emergencias. 

Este miércoles 6 de abril, otro incendio se reportó en mismo sector y en el de Galindo.

La secretaria de organización del sindicato de Instituto Nacional de Parques (Inparques), Marlene Sifontes, dijo que el fuerte viento y la existencia de plantas gramíneas en la zona contribuyeron a que las llamas se propagaran. 

“Estamos en la etapa más fuerte de la temporada de incendios, el viento hizo que el fuego se esparciera y las gramíneas son una plantas sumamente inflamables”. 

Aunque reconoce que en la ciudad se experimenta el calor típico de la proximidad con Semana Santa, Sifontes alerta que la mayoría de los incendios son provocados.  

“Por supuesto, no se pueden hacer conjeturas y aún están determinando el origen del fuego, pero por ese sector de estribo de Duarte hemos percibido a gente que levanta fuego para cocinar u otros fines”. 

Sifontes alertó que por su geografía y densa vegetación, este es un sector especialmente complicado para combatir un incendio. Indicó además que el cortafuegos no se encuentra en un óptimo estado y que incluso hay personas que han sembrado en esa área

“No se hace mantenimiento preventivo y correctivo a las vías de acceso al cerro. Se debe actuar antes de que un daño sea irreversible. Inparques ha dejado de hacer la gestión ambiental preventiva y eso se puede medir a través de los estudios de capacidad de carga”.

Falta de insumos y personal

Sinfontes expuso que en la actualidad, guardaparques y bomberos carecen de herramientas para combatir los incendios y también de personal.  

“Cuando el incendio se salió de control a las 7 de la noche, llamaron a voluntarios y hubo compañeros de Inparques que llegaron en Metro y no había carros para subir”.

La secretaria de organización del Sindicato denunció también que el sistema hídrico apenas sirve. “Los bomberos tienen que caminar a las quebradas a llenar los equipos”.

Aseguró que el personal encargado de custodiar el cerro no cuenta siquiera con uniformes y que hace año y medio las autoridades hicieron una pírrica donación a los funcionarios.

“Les dieron dos rastrillos, par de machetes e igual número de palas”, agregó.

Asimismo, aseveró que cada puesto de guardaparques en el Ávila carece del número adecuado de personal. 

“Mucha gente se ha ido y varios de los guardaparques nuevos no tienen la preparación adecuada para combatir incendios, aunado a que son mal pagados”.

Dijo que, a lo sumo, un guardaparques devenga un sueldo de 500 bolívares (114 dólares) y optan por dedicarse a otras actividades. “Y ese aumento lo hicieron en marzo, pero con todo y eso no les alcanza para vivir”. 

Sifontes denunció que puestos de guardaparques como el de la Zamurera en el Ávila no cuentan siquiera con electricidad ni baños y, por ende, están desiertos. “Los baños fueron vandalizados y el sistema hídrico no funciona”. 

La dirigente sindical pidió a las autoridades  que restrinjan el acceso a ciertas áreas del Ávila en esta temporada.

“Inparques tiene que asumir su responsabilidad y entender que cuando hay una afectación se puede cerrar parcialmente una zona para recuperarla y en ello deben colaborar quienes hacen senderismo, usan bicicletas, traen mascotas y hasta emplean fuegos artificiales en el cerro”, acotó.

Cierre técnico de bomberos

Un bombero que prefirió no dar a conocer su identidad sostuvo que en la actualidad hay un solo camión de emergencias en óptimas condiciones para toda el área metropolitana.

“No hay unidades de rescate, cuando hay incendio se necesita un tren de alarma como se dice en el argot bomberil y eso implica un vehículo de combate de incendios, un carro de rescate y dos ambulancias, una para atender emergencias y otra que haga el triaje con un médico a bordo”.

El bombero con 21 años de servicio indicó que hoy en día solo cuentan con la infraestructura. 

“Tenemos un sitio para alojarnos, pero ¿de qué sirve sin unidades ni personal? A mi juicio,  una ciudad como Caracas debería de contar con 3 mil bomberos. Se ha ido bastante gente, los sueldos son bajos. Yo con esta experiencia gano alrededor de 25 dólares mensuales. Tampoco hay capacitación de gente, es una situación verdaderamente dramática lo que sucede en este gremio”, denunció.

“Las condiciones son muy críticas”: Inparques sobre capacidad para atender incendios forestales
Matute señaló que en Inparques «hay un secretismo para todo». Aseguró que no se sabe cómo está funcionando el instituto por dentro y que tratan de ocultar las cosas

 

Este martes, 15 de diciembre, el secretario general del Sindicato del Instituto Nacional de Parques (Inparques), José Matute, advirtió que no poseen las condiciones ni los materiales para atender los incendios forestales que surjan en los parques nacionales, esto a propósito del siniestro ocurrido en el Henri Pittier, en el estado Aragua, el pasado 10 de diciembre.

«Las condiciones son muy críticas; tanto en materiales que se necesitan para las labores de combates de incendios, como las mismas garantías de seguridad que deben tener los trabajadores. Siendo esto un trabajo de alto riesgo, los bomberos forestales y los guardaparques no contamos con un seguro HCM como lo teníamos antes. No tenemos cobertura HCM y la que teníamos hasta hace dos años era una cosa irrisoria», dijo en entrevista con Vanessa Davies en Unión Radio.

Matute señaló que en Inparques «hay un secretismo para todo». Aseguró que no se sabe cómo está funcionando el instituto por dentro y que tratan de ocultar las cosas. 

Sin condiciones laborales y poco personal

El secretario general de Inparques aseguró que si un trabajador resulta herido está en riesgo su vida. «Ya tuvimos una experiencia con un trabajador hace más de un año en la zona de Maracay, fue atrapado por un cambio en la dirección del viento por el fuego, se quemó 40% de su cuerpo y terminó falleciendo en el Hospital de Maracay, porque no contaba con los insumos necesarios para atender la emergencia. Faltaba un yelco para colocarle los sueros y los medicamentos en la vía principal, el hospital no lo tenía, los compañeros duraron una hora buscando los recursos y terminó dándole un paro respiratorio a un hombre fuerte y joven todavía».

“Muchos de los compañeros que han fallecido es por la mala atención al acudir a hospitales públicos, porque no cuentan con seguros privados o la cobertura es muy pequeña”, dijo Matute.

El secretario de la institución señaló que los bajos salarios y las malas condiciones laborales ha causado una merma en el personal. «Teníamos una nómina de 3.000 trabajadores, teóricamente tenemos más porque se incorporaron 5.000 guardaparques y bomberos, pero tengo información de la gente de personal de que ha renunciado más de 70% de los trabajadores por los bajos salarios y por la falta de beneficios contractuales».

«Ningún trabajador de Inparques gana más de 10 dólares mensuales, la mayoría devenga salario mínimo”, afirmó Matute.

Sobre las exigencias que realizan los bomberos y guardaparques, Matute enfatiza en que debe haber una apertura para que se discuta las posibilidades de mejoras salariales para los trabajadores, que se cumpla con el contrato colectivo, específicamente con la disposición del HCM y una póliza de seguros efectiva y que se acabe la discriminación y presión contra trabajadores que no tienen ni pagar el pasaje para ir al trabajo y son amenazados y presionados.

Lo ocurrido en el Henri Pitier

El 10 de diciembre se originó un incendio en la Cuenca Güey en Parque Nacional Henri Pittier.

Las autoridades regionales movilizaron al menos 200 funcionarios de seguridad de las distintas organismos de prevención para socavar las llamas, a través de la «Operación Llovizna».

José Matute comentó que no tienen precisión de cuál fue la magnitud del incendio pero señala que siempre son de gran magnitud, entre 200 a 300 hectáreas. 

«Son sabanas de montañas muy sensibles de ser incendiadas, normalmente queda mucho material seco susceptible de combustión”, dijo.

Inparques intenta reformar normativa de El Ávila para realizar carrera de bicicletas
Inparques insiste en la realización de una consulta y de una reforma al PORU, saltando los procedimientos legales

Las autoridades de Inparques adelantan una reforma exprés del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) del Parque Nacional Waraira Repano, Ávila, para hacer legal la carrera de bicicletas Enduro Series Venezuela. 

El Sindicato Unido de Trabajadores de Inparques (Sunep-Inparuqes), junto con un grupo de activistas ambientales, siguen en campaña por la defensa del Parque Nacional Waraira Repano, El Ávila, ante los intentos de la empresa Enduro Series Venezuela de realizar una carrera de bicicletas ilegal, con complicidad de autoridades de Inparques. 

El Observatorio de Ecología Política de Venezuela indicó que los trabajadores también reclaman castigo penal al director del instituto, César Solís, quien ha dado permiso y se encuentra en clara connivencia con los empresarios que promueven la carrera de bici-cross.

El 24 de marzo de 2021, trabajadores de Inparques se han sumado a un comunicado público, en el que dan cuenta del desarrollo del caso que ha indignado a la opinión pública, a partir de la realización de carreras de ciclismo Enduro en las instalación del PN Waraira Repano. 

Desde su cuenta de Twitter, Inparques insiste en la realización de una consulta y de una reforma al PORU, saltando los procedimientos legales e ignorando la exigencia de un diagnóstico medioambiental que estudie y analice las consecuencias de los cambios que se pretenden implementar.

El Observatorio de Ecología Política de Venezuela señaló que se evidencia una clara sociedad entre el Presidente de la institución, Josué Lorca, y la empresa deportiva que pretende hacer la competencia a troche y moche en el Parque Nacional.

Trabajadores de Sunep-Inparques han llevado el caso ante el Ministerio de Ecosocialismo y la Fiscalía General esperando que las autoridades se pronuncien y eviten que continúen las violaciones a la normativa vigente del Parque Nacional El Ávila. Los trabajadores han reunido una completa muestra de evidencias que prueban las constantes violaciones al PORU del parque.

*Con información del Observatorio de Ecología Política de Venezuela

Segunda carrera de bicicletas de montaña en El Ávila amenaza el parque nacional
Sunep-Inparques solicitó a la dirección de Parques Nacionales que se abra un procedimiento administrativo sancionatorio y se ordene una medida preventiva de suspensión de la actividad para impedir que se produzca un daño de difícil reparación a los valores ambientales que deben protegerse

Foto: Crónica Uno

Los esfuerzos de sindicalistas del Instituto Nacional de Parques (Inparques) y defensores de El Ávila por evitar “actividades de rustiqueo” que amenazan este parque nacional han sido ignorados. Luego de una carrera de ciclistas realizada en 2019, se pretende volver a hacer la actividad este año, pese a estar prohibida en todas las normativas.

De nuevo el sindicato de Inparques tocó la puerta del Ministerio Público con una carta directa al fiscal general designado en 2017 por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, para que se abra una investigación penal ambiental por una nueva carrera pautada para el 19 de marzo con 150 bicicletas de cross bajo la organización de Enduro Series Venezuela.

José Gregorio Matute y Marlene Sifontes, secretarios del Sindicato Unitario Nacional de Empleados Públicos de Inparques, argumentan en el texto que el ciclismo de montaña está expresamente prohibido en el artículo 28.b numeral 9 del Plan de Ordenamiento y Reglamento de Uso del Parque Nacional El Ávila (PORU) y en la resolución N.° 00012 del 4 de marzo de 2011 del Ministerio del Ambiente, que prohibió la actividad en los monumentos naturales de Venezuela.

Además, Sunep-Inparques solicitó a la dirección de Parques Nacionales que se abra un procedimiento administrativo sancionatorio y se ordene una medida preventiva de suspensión de la actividad para impedir que se produzca un daño de difícil reparación a los valores ambientales que deben protegerse.

Sigue leyendo esta nota de Mariana Sofía García en Crónica Uno

Estado no cumple con obligaciones de protección animal en zoológicos y parques
Inadecuada alimentación y falta de personal afecta a los espacios con fauna en el país 

@franzambranor

En Venezuela hay alrededor de 20 zoológicos públicos y privados que no escapan a la crisis humanitaria compleja. 

Los animales en resguardo también deben lidiar con la situación económica por la que atraviesa el país desde que la administración de Nicolás Maduro se instaló en el poder.  

A finales de febrero, una cadena de WhatsApp se extendió a las redes sociales con una supuesta fuga masiva por hambre de monos del zoológico Las Delicias en Maracay.

La información fue desmentida a El Pitazo tanto por vecinos del barrio El Camoruco, al norte de la capital aragüeña, como por la directora del Ministerio de Ecosocialismo del estado, Carmen Cannata.    

Asimismo, Marlene Sifontes, secretaria de organización del sindicato unitario nacional de empleados del Instituto Nacional de Parques (Inparques) sostuvo que aparentemente solo se trataba de un espécimen que hizo desmanes en los alrededores del zoológico. 

Sifontes sostuvo que si bien la información correspondiente a los monos en Maracay no es cierta, la situación de los animales en cautiverio no es ajena a la del país en general.  

Ni siquiera hay personal

La dirigente sindical indicó que en el caso de Las Delicias, el espacio fue entregado en concesión por Inparques a la gobernación de Aragua durante el periodo del gobernador Tarek El Aissami (2012-2017) para una remodelación que aún no ha concluido.

Sifontes expresó que además de la inadecuada alimentación, los zoológicos y parques recreacionales en Venezuela se han visto afectados por la diáspora y la partida de personal calificado debido a los sueldos miserables. “Calculo que la nómina ha bajado en 50%”.  

Mientras múltiples factores afectan la fauna en cautiverio venezolana, el fiscal general de la República designado por la extinta asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, introdujo en la Asamblea Nacional chavista a finales de febrero de este año el proyecto de Ley para la defensa del ambiente y contra el maltrato animal.

En 2010, la Asamblea Nacional aprobó la Ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio. En el artículo 127, dicha ley reza que “el Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica”. 

Por su parte, el artículo 478 del Código Penal dice que “el que sin necesidad haya matado un animal ajeno o haya causado algún mal que lo inutilice, será penado por acusación de la parte agraviada, con arresto de 8 a 45 días”.  

“La ley para la protección de fauna doméstica y en cautiverio es bastante amplia y está concebida bajo la aplicación de una buena técnica legislativa”, dijo el abogado constitucionalista, Juan Manuel Raffalli. 

El abogado indicó que es posible que William Saab esté dando un carácter penal a la normativa, en vista que la Ley para la protección de la fauna doméstica libre y en cautiverio básicamente abarca sanciones administrativas. “Creo que lo adecuado ha debido ser una reforma de la ley anterior, ampliar lo que es el maltrato animal y asignar las competencias de la Fiscalía en ese aspecto”.  

Hambre e inadecuados cuidados 

La sindicalista Marlene Sifontes expresó que los animales que han muerto en cautiverio en los zoológicos de Caracas los ha afectado el hambre y el descuido de quienes están a cargo. 

Sifontes dijo que luego del fallecimiento de la elefanta Ruperta en el zoológico de Caricuao en junio de 2018, la alimentación de los animales en ese recinto ha mejorado. “Lo de Ruperta encendió las alarmas y los hizo tomar conciencia”.

Ruperta murió de inanición a los 48 años. De acuerdo al periódico español El Mundo, el animal debía ingerir 135 kilogramos de comida al día y apenas recibía 10. Antes de su fallecimiento, un zoológico en Brasil había solicitado su traslado, pero las autoridades gubernamentales se negaron. 

El pasado 21 de abril de 2020, falleció “Kalíope”, una nutria que habitaba en el Parque del Este; aunque las autoridades del recinto nunca emitieron una declaración oficial al respecto se presume que el animal pereció por la falta de cuido y adecuada alimentación en medio de la cuarentena por la Covid-19.

“No cualquiera puede encargarse del cuidado de un animal en cautiverio, deben ser personas especializadas”, indicó Sifontes, quien aseguró que actualmente el Parque del Este carece de un veterinario.

Sifontes manifestó que aunque los obreros del Parque del Este trabajan con mística y dedicación no poseen la debida preparación para asumir estas tareas.  

Los olvidados de la pandemia

“Durante el inicio de esta contingencia por el coronavirus no iba todo el personal y eso dificultó las cosas, actualmente tanto al zoológico de Caricuao como al Parque del Este si asisten los trabajadores pese a los sueldos y los problemas de transporte y movilidad, la mayoría está ahí por amor a lo que hacen”, indico Sifontes.   

Sifontes aseguro que a raíz del escándalo de la muerte de Ruperta, en Caricuao han aprobado los recursos para la compra de alimentos. “Entiendo que incluso hay un convenio con el Hipódromo de La Rinconada para que los caballos que sacrifican sean dados como alimento a los felinos”. 

Sifontes sostuvo que cada día son menos los animales que habitan en los zoológicos y parques recreacionales por la falta de recursos e imposibilidad de reposición. “En el Parque del Este había una variedad de pájaros, pero ya quedan pocos, aunque parezca extraño lo más difícil de gestionar es el alpiste”.

Sifontes aseveró que actualmente no hay información oficial del número de animales que se encuentran bajo responsabilidad del Estado en zoológicos de Venezuela.  

Contra viento y marea

Desde 1963, la familia Pantin ha sido responsable del zoológico “Leslie Pantin” en la vía hacia Rosario de Paya, cerca de Turmero en el estado Aragua.

Federico Pantin, director del zoológico, indicó que hacen grandes esfuerzos por mantener abierto el legado de su padre.  

“Por supuesto que requiere un esfuerzo y una manutención especial, hoy en día todo está caro, especialmente las verduras y las frutas para los animales”. 

El zoológico cuenta con unos 400 animales de unas 40 especies de fauna venezolana, custodiados por tres veterinarios y dos guardaparques. “Hay veces que la Guardia Nacional nos trae animales salvajes decomisados y en otras personas nos llaman porque tienen a estos especímenes en sus casas”. 

Pantin aseguró que en una época se vieron en aprietos por la escasez de medicinas para los animales, pero que actualmente se están consiguiendo obviamente a precios elevados.

El espacio tiene como meta sustentarse con visitas guiadas, pero también están abierto a donaciones. “Trabajamos de lunes a domingo con grupos de 10 personas”, dijo Pantin.

Sostuvo que durante el inicio de la pandemia estuvieron cerrados y abrieron nuevamente en noviembre de 2020. Hoy en día solo trabajan en las semanas de flexibilización.    

Clima21 exige al Estado venezolano acciones para mitigar el impacto del derrame petrolero en Falcón
Clima21 Ambiente y Derechos Humanos exige al Gobierno de Nicolás Maduro informar el origen y severidad del derrame para que la ciudadanía pueda participar de manera adecuada en las acciones de saneamiento y limpieza de los residuos en las costas

La organización Clima21 Ambiente y Derechos Humanos emitió un comunicado en el que exige al Gobierno venezolano tomar medidas ante el derrame de petróleo que se produjo en la refinería El Palito el 22 de julio de 2020. 

El informe señaló que para el 31 de julio, la mancha de hidrocarburo ya contaba con una extensión de 55 kilómetros de longitud y un área de 68 kilómetros cuadrados.

«A pesar de ello, hasta el momento no existe información oficial sobre este evento por parte de PDVSA, operadora de la planta, ni de ningún otro ente competente en materia ambiental o de
petróleo», aseguró el comunicado.

Adicionalmente, Clima21 reiteró que la situación fue reconocida públicamente por funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo 12 días tarde. 

El comunicado de la organización afirmó que para esa fecha medios de comunicación habían publicado las denuncias realizadas por las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos locales sobre el gran impacto que estaba teniendo el derrame en toda la costa y amenazaba con llegar al Parque Nacional Morrocoy.

Clima21 señaló que el comunicado del Ministerio de Ecosocialismo indicó que en las labores de saneamiento participaron funcionarios del Ministerio del Poder Popular de Petróleo, Pdvsa, Gobernación del Estado Falcón, Inparques, Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Guardia Nacional (GNB) y Guardacostas.

Sin embargo, el informe contrastó dicha información, asegurando que las labores de limpieza habían sido realizadas únicamente por milicianos y voluntarios del gremio hotelero y posaderos del estado Falcón y residentes de la zona.

El comunicado del Ministerio liderado por Josué Lorca, tampoco hace mención de la cantidad de residuos contaminantes que se han recogido en la costa, ni de la forma en la que se realizará la disposición final de este tipo de desechos con potencial de convertirse en tóxicos.

Clima21 concluyó que el Estado venezolano no cumplió con su obligación de informar a la ciudadanía sobre la ocurrencia del derrame y sus características desde el momento de su inicio,  para lograr una respuesta colectiva entre la ciudadanía y los organismos estatales y así enfrentar la problemática.

«La reacción frente al mismo fue tardía y las medidas implementadas resultan insuficientes y en muchos casos ineficaces», señaló la organización en el comunicado.

Para concluir, la organización cerró su informe exigiendo a las autoridades gubernamentales lo siguiente:

Informar el origen y severidad del derrame para que la ciudadanía pueda participar de manera adecuada en las acciones de saneamiento y limpieza de los residuos en las costas.

Implementar acciones efectivas técnicamente fundamentadas de acuerdo a normas recomendadas internacionalmente para actuar frente al derrame petrolero. Asimismo, en el caso de no contar con los recursos materiales o personal adecuado para estas labores, solicitar asistencia internacional para la realización de las mismas.

Reconocer y fortalecer el derecho a la participación a todas las personas que puedan aportar criterios y recursos importantes para las labores de mitigación. 

Realizar una auditoría técnica en Pdvsa que permita establecer el estado actual de los planes de contingencia frente a este tipo de inconvenientes y así poder recomendar acciones para actualizar, optimizar o diseñar nuevos planes, en caso de ser necesario.

Iniciar una investigación administrativa y penal que permita establecer las responsabilidades que puedan existir en este caso y generar las acciones de reparación necesarias.

Cumplir con su obligación de proteger los derechos humanos de las comunidades locales frente a los impactos tanto ambientales, a la salud, economía y otros aspectos que pueda generar este evento.