distribución de alimentos

 

Este miércoles 23 de julio, la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) publicó un aviso en su portal web que revoca la medida impuesta por el Gobierno sobre el desvío de distribución de alimentos a las redes públicas Pdval, Mercal y Abasto Bicentenario.

“La Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, en uso de sus atribuciones conferidas mediante el decreto con rango y fuerza de Ley del sistema Nacional Integral de Gestión Agroalimentaria, informa a la empresas sujetas a la Orden de Redireccionamiento que tal medida queda sin efecto a partir de la presente fecha”, señala el texto.

Según lo establecido por la medida, se ordenaba desviar  entre el 30% y 100% de la producción de leche, azúcar, pasta, aceite, harina panadera y harina precocida maíz, y modificar despachos que se realizan según los hábitos de compra de los consumidores.

El pasado lunes 20 de julio, la  Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea), denunció  las posibles consecuencias que traería la nueva providencia para los consumidores finales de alimentos, debido a que la red privada de distribución cuenta con 15 por ciento más locales que la pública, por lo que afectaría a a más de 113 mil puestos de venta de la red privada al concentrar la distribución de alimentos.

Víctor Maldonado, director de la Cámara de Comercio de Caracas, calificó como “excelente” el hecho de que la Sunagro haya “rectificado” la medida, según expresó a través de Twitter.

SUNAGRO rectificó la medida. Excelente! https://t.co/vdrGVx5yQz

— Victor Maldonado C. (@vjmc) julio 23, 2015

Con información de Roberto Deniz

ALTO

SÍ ES NUESTRO:

Con la premisa ineludible que el Esequibo es venezolano vale la pena recordar -para no engañarnos- los polvos que trajeron los lodos en que hoy estamos inmersos con la República de Guyana. Extraigo de  trabajos presentados por oficiales de la Marina y diplomáticos nuestros. Reitero que en los gobiernos de Leoni, Caldera y Herrera cubrí varias reuniones bilaterales aquí y fuera del país.  Ennumero:

1- “El reclamo venezolano es prueba de expansionismo y Guyana tiene pleno derecho a gozar de su entero territorio con plena libertad. Reiteramos nuestra solidaridad con Guyana”, dijo el canciller de Cuba Ricardo Alarcón ante la prensa en Georgetown el 7/10/1981. Agradecimiento por permitir a sus aviones y ejército usar su territorio en el camino a combatir en Angola.

2- El 22 de marzo de 2008 en su discurso en la Cumbre de Río, Chávez ofreció una explicación histórica de su versión sobre los orígenes del reclamo venezolano en el Esequibo muy parecida a la tesis expresada por el gobierno de los Castro décadas antes: “Ahora, después de 20 o 30 años, sale la verdad. Nos querían utilizar para invadir Guyana en nombre de aquel reclamo territorial para derrocar al gobierno de Forbes Burnham, un hombre de izquierda. Está en documentos, pero yo lo viví cuando Burnham gobernaba Guyana, y casi vamos a la guerra por una vieja reclamación territorial que casi nadie recordaba, porque viene de tiempos inmemoriales. Está en documentos, el hoy presidente Bharrat Jagdeo , incluso consiguió unos papeles allá, que evidencian la complicidad de guyaneses de la derecha”.

3- Las declaraciones contradecían el discurso original de Chávez, quien el 3 de octubre de 1999 en el programa «Aló, Presidente» afirmó:“No vamos a dejar dormir esa reivindicación. Seguiremos reclamando y exigiendo nuestros derechos, como se lo he dicho a las autoridades de Guyana cada vez que he podido y ahora reiteramos”.

4- En menos de un lustro, Chávez varió su posición y pasó del reclamo territorial a dar luz verde para que Guyana explotara y otorgara concesiones en el Esequibo, haciendo propio además el discurso cubano que desvirtúa la exigencia venezolana al plantearla como una operación imperialista.

5- El punto de inflexión llegó el 21 de febrero de 2004 cuando Chávez declaró que no se oponía al desarrollo de proyectos en el territorio Esequibo. “Me he comprometido con el presidente Bharrat Jagdeo a que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en la región que vaya en beneficio de sus habitantes, en beneficio directo”, dijo. Estas declaraciones de Chávez abrían el camino para que empresas mineras y petroleras transnacionales -ExxonMobil y China Petroleum entre ellas- acudieran a las convocatorias de Georgetown para realizar prospección y posterior explotación de los recursos de la zona en reclamación, un territorio rico en oro, bauxita, diamantes y maderas, además de yacimientos petroleros, gasíferos e incluso uranio.

6- Aquí mismo, el 24/8/2006  recordé que el interés político de Hugo Chávez privó sobre cualquier otra consideración para lograr el puesto en el Consejo de Seguridad de la ONU con los votos del Caricom. Por ello se reunió en La Habana con el entonces presidente de Guyana Bharrat Jagdeo ofreciéndole dejar de lado la reclamación del Esequibo y así cohesionar los votos de la comunidad caribeña para que le dieran la mayoría que no alcanzó. Está documentado en www.runrun.es  bajo el título “10 claves para entender los regalos de Venezuela a Guyana”. (http://goo.gl/q8UAnp ). Hay mucho más…

MEDIO

¿MAS CAOS & BACHAQUEO?:

Tal y como hemos comentado en esta misma columna desde hace varios meses, dentro del Gobierno han debatido sobre el control de la distribución de alimentos en el país. La escasez está en su nivel más alto, desde que se mide, y la inflación totalmente desatada y fuera de control ya supera los tres dígitos. Muchos economistas hablan incluso de que pronto tendremos una  hiperinflación. El grupo más radical en materia económica, encabezado por el nefasto ministro de Alimentación y Homar Farahon de la Sunagro, han estado proponiendo distintas alternativas para asumir mayor control sobre la producción privada de alimentos debido a que las empresas públicas de alimentos -expropiadas, compradas o intervenidas- están totalmente en la ruina.  Osorio y Farahon finalmente habrían convencido al Presidente Maduro de tomar una medida radical. Por ello fue que Maduro anunció un punto de quiebre en la guerra económica el jueves 8 de julio. Al día siguiente del anuncio, arrancó la llamada “operación Libertador”, encabezada por la Sunagro, que consiste en ordenar a las compañías más grandes de alimentos del país (Polar, Nestlé, Cargill, Monaca, Sindoni, Capri, Kraft, Heinz y otras) que redireccionen grandes volúmenes de su producción a las redes públicas. Las empresas han recibido la orden de entregarle sus productos a Mercal, Pdval y Bicentenario en porcentajes que van desde el 30% al 100% de su producción. Como lo leen: «hasta el 100% de la producción». El caso más llamativo es el de compañías que han recibido la orden de redireccionar un importante volumen de su producción al Servicio de Alimentación del Ejército. Cientos de miles de venezolanos no podrán comprar sus productos donde siempre lo han hecho. Esta es la genial idea de Osorio y sus aliados,  apropiarse de la producción de los privados y obligar a los venezolanos a comprar sólo en las redes públicas, lo cual traerá más colas en esos locales, más bachaqueo, miles de negocios privados quebrados, más desempleo y más corrupción. Un intento más en la estatización del sector privado con consecuencias lamentables para los venezolanos. Ayer nomás escuchamos al ministro de Comunas  Elías Jaua  reconociendo que han fracasado en la agricultura, rubro del que fue ministro por varios años, pidiéndole a los campesinos que hay que producir los alimentos en Venezuela. ¿Será que se le olvido que antes de que la robolución encantara al pueblo aquí no solo producíamos lo que comíamos sino que hasta exportábamos ciertos rubros?. Se le vio  la oreja cuando apoyaba al grupito sindical de dos docenas de trabajadores de Polar estimulando una supuesta lucha «contra el patrón que no solo especula, no solo somete al pueblo a la guerra económica sino que también explota a sus trabajadores». No cesan de falsear la realidad. Todo es una farsa y la paga el pueblo más necesitado. Debería ver a su admirada patria, Cuba, que apenas ahora es que, después de 50 años, reconoció con valentía  el fracaso de su hegemonía que solo perduró estos tres lustros por el ducto de dólares venezolanos. Los que ahora nos hacen falta y no aparecen. No pueden darnos en 16 años  ni un solo ejemplo de siquiera  una sola empresa mejorada tras cogérsela el «socialismo». Ciegos y sordos pero buchones en divisas …

 

Las persistentes fallas en el Sistema Integrado de Control Agroalimentario –SICA- que emite las guías obligatorias para todas las unidades de transporte de alimentos en el país, han ocasionado durante los últimos meses una acumulación de inventarios en las plantas, centros de distribución e incluso en los puertos a donde llega la materia prima.

La Cámara Venezolana de Industrias de Alimentos –CAVIDEA– alertó que debido a esta situación, las empresas acumulan hasta cinco días de inventario en sus almacenes. De persistir las dificultades en la salida de camiones desde las plantas a los centros de distribución, desde los puertos a las plantas y desde los centros de distribución a los clientes, algunas industrias se verían obligadas a detener temporalmente la producción, hasta que el inventario logre ser despachado al mercado y se liberen los espacios de almacenamiento en plantas y centros de distribución.

Esta semana ha sido particularmente crítica, porque el Sistema tiene 48 horas seguidas sin funcionar, lo que ha ocasionado que más de 3.000 unidades de transporte de alimentos no hayan podido movilizarse con las materias primas y los productos terminados.

La industria informó que la distribución en el país se encuentra igualmente afectada por el creciente deterioro de las unidades de transporte, debido a la escasez de repuestos, cauchos y baterías. Las empresas calculan que, aproximadamente, 20% de la flota de transporte de alimentos se encuentra paralizada por esta situación.

Adicionalmente, mencionaron que las fallas en el sistema eléctrico nacional también han afectado los sistemas de distribución, puesto que se interrumpen los sistemas de telecomunicaciones, entre ellos el del propio Sistema informático SICA.

La SUNAGRO ha sido informada oportunamente de estos inconvenientes.

 

Alimentos Polar es la única empresa privada o pública del sector productivo nacional que, desde hace 7 años, publica un documento único que evidencia la transparencia en la producción y distribución de alimentos y productos elaborados con esfuerzo venezolano.

Para seguir mostrando claridad en sus operaciones y compartir información de relevancia para la población, la compañía incorpora dos nuevos reportes en www.empresas-polar.com.

Cada mes se publica el Reporte Mensual de Clientes Atendidos que incluye la lista de todos los clientes de Alimentos Polar en el país. Cualquier persona que acceda a la página podrá revisarla.

Este reporte señala que, durante el mes de marzo, Alimentos Polar atendió directamente a 37.912 clientes en todo el país.

En promedio, todos los meses, la empresa despacha a más de 36.000 clientes entre abastos, bodegas, cadenas, supermercados, restaurantes y luncherías, panaderías, farmacias y mayoristas.

El mismo documento informa que, desde el año 2008, Alimentos Polar despacha directamente a más de 17.000 bodegas. Todos estos despachos son autorizados por la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria, Sunagro.

El Reporte Semanal de Inventarios e Inspecciones también está publicado en la página web y detalla los niveles de inventarios de cada semana en sus 12 sucursales ubicadas en el país, de los distintos rubros que produce.

De igual manera, se reportan las inspecciones que recibe la empresa en sus plantas y sucursales por parte de organismos oficiales y las órdenes de redireccionamiento de Sunagro, cuando aplican.

 

El racionamiento de alimentos de la cesta básica y productos de primera necesidad es, desde el martes, oficial para todos quienes viven en Venezuela, luego de que cuatro grandes cadenas de supermercados se unieran a la decisión de permitir estas compras cada día de la semana según el número final de la cédula de identidad.

Excelsior Gama, Plaza’s, El Patio y Automercados Luz asumieron este «sistema» que ya habían implementado otras grandes cadenas privadas como Central Madeirense, Plan Suárez, Unicasa y Makro desde hace al menos un mes para tratar de paliar las larguísimas colas que se hacen en sus establecimientos cada vez que aparece un producto alimenticio o de higiene a precio regulado por el gobierno venezolano.

Estos precios, absurdamente bajos si se comparan con lo que cuesta fuera de las fronteras (y con el aumento de la inflación y sus costos de producción), ha convertido a los ‎productos básicos en verdaderos tesoros, tan difíciles de encontrar que la gente espera horas para adquirirlos una vez que los encuentra, los acapara ante el temor de su desaparición o se dedica a revenderlos como una forma de ganarse la vida.

La decisión de las cadenas de mercados privados deja a los venezolanos con sólo dos días para comprar, un día hábil de la semana (las cédulas que terminan en 0 y 1 los lunes, 2 y 3 los martes, 4 y 5 los miércoles, 6 y 7 los jueves, 8 y 9 los viernes) y uno del fin del semana (las que terminan de 0 a 4 los sábados y de 5 a 9 los domingos).

El sistema público estatal de distribución de alimentos ya había establecido la compra por terminal de cédula desde enero de este año, cuando se agudizó la escasez de los productos básicos y comenzaron a verse enormes filas de compradores. Por ello, con la decisión de las cadenas privadas queda claro que esta es la nueva forma de comprar en Venezuela, pues entre las cadenas privadas y el sistema público queda cubierto más del 90 por ciento de los establecimientos a los que acuden los venezolanos a comprar comida.

Algunos mercados medianos y la gran cadena de farmacias Farmatodo han establecido otro sistema de racionamiento, también por número de cédula. Estos permiten adquirir una determinada cantidad de un determinado producto pero solo una vez por semana. Si se presenta la misma cédula la misma semana para el mismo producto, el sistema de cajas no permite la compra.

Pero durante estos meses en los que se filtraron de un modo u otro el número de compradores por el número de cédula ‎apenas si el volumen de las filas ha bajado. En el país la gente ahora dedica buena parte de su tiempo a movilizarse‎ en busca de los productos regulados (aceite, margarina, arroz, papel higiénico, pañales, azúcar, harina de arepas, detergente de ropa, lavaplatos, queso amarillo y carne de res son verdaderas joyas) y llamar amigos y familiares para que aprovechen el hallazgo si les toca su terminal de cédula.

La presentación de la cédula como requisito obligatorio‎ para comprar productos regulados también ha significado un tremendo problema para indocumentados e ilegales en el país, que ahora solo pueden acudir a revendedores para adquirir los productos de primera necesidad.

 

 

Ante las declaraciones emitidas por el Vicepresidente para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria, Mayor Carlos Osorio, según las cuales las principales industrias de alimentos cortaron el suministro a los sectores populares en enero pasado, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) rechazó tales afirmaciones y señaló que, por el contrario,  como lo viene haciendo desde hace cinco años, atendió a más de 22 mil puntos de ventas entre bodegas y abastos populares.

Cavidea preciso que eso es posible, gracias a que la red de distribución privada ha podido mantener, con esfuerzo y eficiencia, la mayor cobertura en esos sitios.

Tal servicio de distribución privado puede ser verificado entre los afiliados al gremio industrial, como por el propio Sistema Integrado de Control Agroalimentario (SICA) del Gobierno Nacional.

Cavidea precisó que “nuestras empresas afiliadas no han dejado de distribuir productos en las bodegas y abastos ubicadas en los sectores populares del país, y menos aún durante el pasado mes de enero, cuando, por el contrario, se hizo un esfuerzo adicional por reponer los inventarios en todos los canales de distribución, ya que históricamente disponen de menos productos luego de la temporada navideña como consecuencia de los días feriados.”

De igual manera, , “al menos durante los últimos 5 años, la industria de alimentos ha mantenido una distribución constante en las zonas populares, alcanzando un promedio mensual de 22.000 bodegas y abastos, tal como puede verificarse en el Sistema Integrado de Control Agroalimentario (SICA), manejado por el Gobierno Nacional, así como en los registros que llevamos en las distintas empresas».

Para Cavidea, la red de distribución privada es la que tiene mayor cobertura de bodegas en las zonas populares. Y eso lo confirman las cifras que se citan, como las informaciones que, en distintas ocasiones, ha transmitido la industria a las autoridades, algunas de las cuales, como el Vicepresidente para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria, Mayor Carlo Osorio, insisten en hablar de lo contrario.

La Camara Venezolana de la Industria de Alimentos agregó que «todos los despachos realizados por los sistemas de distribución de la industria de alimentos son autorizados por la Superintendencia Nacional de Gestión Agroalimentaria (Sunagro) a través de las guías SICA, por lo que resulta imposible dejar de distribuir o desviar un despacho sin que lo autorice el Gobierno Nacional».

En relación con la deuda pendiente de 805 millones de dólares que tiene el Gobierno Nacional con los proveedores internacionales de materias primas e insumos que no se producen en el país y que son necesarios para la producción nacional de alimentos, Cavidea insistió en llamar la atención del Ejecutivo sobre esta situación expuesta recientemente. A la vez que, una vez más, hizo un llamado para que las divisas para cancelar dicha deuda sean liquidadas a la mayor brevedad.

Asimismo,  el gremio industrial hizo un nuevo llamado al Ejecutivo Nacional para establecer La Alianza para Incrementar la Producción Nacional de Alimentos, propuesta que Cavidea hizo pública hace pocos días  y sobre la cual aún no han recibido respuesta.

 

 

 

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que a partir del día lunes 9 de marzo serán instaladas en establecimientos privados de distribución de alimentos en todo el país 20 mil captahuellas. El mandatario indicó que se trata solo de una «primera fase» en la incorporación de estas máquinas al sistema de ventas de alimentos.

Declaró que el Gobierno sostuvo una reunión con siete grandes cadenas privadas de distribución de alimentos y todas «voluntariamente» aceptaron incorporar las captahuellas al sistema de venta.

«Así como vencimos el fraude electoral, el fraude político vamos a vencer el fraude económico, el fraude comercial, tenemos que vencerlo. Pido la comprensión de toda Venezuela, entender el problema porque hay mucha manipulación», dijo el mandatario.

El vicepresidente para la Seguridad Alimentaria, Carlos Osorio, detalló que para la instalación de las captahuellas se comenzará por las «regiones donde hay mayores niveles de consumo de alimento».

Maduro criticó la postura asumida por la oposición ante la «ayuda» ofrecida por Unasur para el proceso de distribución de alimentos a nivel nacional. «Ofrecieron el apoyo de Suramérica para terminar de estabilizar el abastecimiento, la distribución y todo el tema económico, y se va a hacer una comisión especial para apoyar los esfuerzos productivos nuestros, pero resulta que a la oposición parece que le hubiesen mostrado un crucifijo a un vampiro (…) ¿Pueden entender que alguien se oponga a que nos ayuden a consolidar abastecimiento, producción y economía? Es una cosa de mezquindad y de malos sentimientos», apuntó.

Las declaraciones las dio Maduro durante la inauguración de un Gran Abasto Bicentenario, en Los Valles del Tuy, específicamente en la carretera Charallave-Ocumare, del estado Miranda. Estimó el mandatario, que este nuevo establecimiento de 7 mil metros cuadrados atenderá a unas 5 mil personas diarias.

La hora del sacrificio 

Maduro sostuvo que de no existir el sistema de distribución de alimentos estadal «la guerra económica nos hubiese llevado a una situación dura de lucha».  Pese a que dijo que nunca antes un gobierno se había ocupado de la seguridad alimentaria en el país, reconoció que es necesario «fortalecer» la producción nacional.

«Hay que hacer alianzas productivas, fortalecer la capacidad distributiva y comercializadora. Por ejemplo, este abasto debe tener articulación con los sectores productivos de leche, de carne, de hortalizas, de frutas, de verduras, las fábricas. Convertir Los Valles del Tuy en una gran región productiva socialista, que no sea necesario traer de afuera sino que de aquí salga para Caracas, Oriente, Guárico», indicó.

Insistió en que «no hay excusas» para no aumentar la producción y llamó al vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria, Carlos Osorio, a concretar esta labor. «Tenemos que multiplicar la producción de todas las empresas alimentarias y agroalimentarias, no hay excusas, tenemos todo, el dinero para invertir y los sistemas de distribución».

El mandatario anunció una reunión con sectores productivos privados pero no especificó fechas ni las empresas con los que sostendrá el encuentro. «Me voy a reunir por separado con algunos que me han pedido conversar y en privado les diré lo mismo que aquí: a trabajar, quien se meta a conspirar solo le espera la cárcel, no me importa el apellido que tenga», advirtió.

«Así como hago un llamado al sector privado se lo hago a los trabajadores, es la hora de trabajar y de producir, es la hora del sacrificio para tener patria, para prestar nuestro servicio al pueblo», agregó.

 

Dejemos de lado si son pertinentes o no, esa es otra discusión. Asumamos que los subsidios a los alimentos son necesarios, éticamente correctos y además que el Estado cuenta con medios para hacerlo. Creo que en alguna medida u otra los supuestos anteriores son defendibles. Ahora vamos al punto crucial ¿Es la política de subsidios generalizados mediante controles de precios la mejor manera de hacerlo?

En Venezuela el subsidio a los alimentos ha operado deprimiendo artificialmente los precios mediante el control de cambio y precios. Aquellos alimentos con un fuerte componente importado, como por ejemplo las pastas de trigo, son subsidiadas importando materia prima a un tipo de cambio extremadamente sobrevaluado y obligando a las empresas a vender a precios de chiste. Para aquellos productos cuyo mayor componente es nacional la carga de subsidio recae fundamentalmente en los productores. Estos productores no solo venden en muchos casos con márgenes ridículos sino que además están sometidos al acoso gubernamental día sí y día también.

El subsidio a los alimentos basado en los controles de precios es insostenible y lo que estamos presenciando desde hace algunos meses es el colapso total de un esquema que se inició en 2003 con la apertura del primer Mercal en Ruiz Pineda. La distribución de alimentos subsidiados dio enormes réditos políticos a la actual clase dirigente. El auge de los precios del petróleo permitió que el esquema se alargase en el tiempo. El actual deterioro en la popularidad del gobierno se debe en gran medida al colapso del sistema de distribución de alimentos subsidiados.

El esquema de distribución de alimentos no respondió, como el chavismo pretende hacer creer, a una preocupación fundamental por el nivel de vida de las clases más necesitadas. El sistema fue concebido para beneficiar al mayor número de personas posible y de esta manera generar un amplio piso político. Desde el punto de vista político el sistema operó muy bien mientras el ingreso petrolero fue creciente. En el momento en que los precios dejaron de crecer comenzaron a vérsele las costuras. El sistema habría colapsado con o sin la caída en los precios del petróleo. Hoy no hay incentivos para producir, no hay dólares suficientes para importar y además existen cuantiosos incentivos para arbitrar los productos en mercados alternativos. Fin del cuento.

Es mentira que el apoyo a los sectores de menores recursos facilitando el acceso a alimentos sea únicamente posible en “socialismo”. El subsidio a los alimentos está ampliamente extendido en el mundo. Quizás el país donde se gasta más dinero en este tipo de subsidios sea en los EE.UU. (más de US$ 70.000 millones al año y se benefician más de 45 millones de personas). La diferencia es cómo lo hacen. No es un subsidio generalizado sino enfocado en atender a aquellas personas que realmente lo necesitan. Para ello se realizan evaluaciones sobre los medios con que cuentan las familias y en base a ello se les otorga el monto correspondiente de ayuda. En el pasado era conocido como Food Stamps Program hoy es conocido por las siglas SNAP. A los beneficiarios se le otorga un bono de alimentación que pueden gastar en comida con tarjetas electrónicas o vales. El precio del producto que adquieren es determinado por el mercado y el subsidio es directo. El sistema no se sustenta bajo una depresión artificial de los precios, no hay problemas de acaparamiento, contrabando de extracción o escasez.

El problema de implementar un esquema de subsidio a los alimentos como el anterior es que se requiere un proceso de evaluación de medios. Este proceso lleva tiempo y requiere organización. Un programa de estas características busca dar alivio a los sectores más necesitados sin destruir el aparato productivo y generar terribles incentivos en los consumidores. Un programa así es muy superior al esquema empleado en Venezuela ¿Por qué nos empeñamos entonces en hacer las cosas mal? La respuesta fundamental es que el programa de asistencia alimentaria del chavismo tuvo y tiene un objetivo político. La segunda respuesta es que implementar un esquema superior requiere organización, disciplina y sobretodo gente que mire estos programas no como una forma de repartir renta sino como una asistencia temporal a aquellos más desfavorecidos. El chavismo nunca lo vio así, al parecer tampoco tendrá tiempo para mirarlo de forma diferente.

@franibar10