@dhayanamatos
Hablar sobre migraciones se ha convertido en un tema cotidiano en la vida de la población venezolana. Todas las personas conocen a alguien o tienen algún familiar que, debido a la crisis humanitaria del país, ha tenido que salir. Y la diáspora no deja de crecer.
Según la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Migrantes y Refugiados de Venezuela (R4V), se estima en 5.642.960 las personas venezolanas en movilidad y, a este ritmo, es bastante probable que para finales de año se superen los seis millones.
Colombia con un total de 1.742.927 entre personas refugiadas y migrantes, Perú con 1.049.970 y Chile con 457.324, son los tres países con la mayor proporción de personas de nacionalidad venezolana.
Destaca el hecho de que se trata de una migración sur-sur, ya que más del 75 % del total se concentra en la región latinoamericana. En ese sentido, es importante tener presente que los países de destino no son los que presentan los índices de desarrollo humano más alto; se trata de países que tienen problemas estructurales no resueltos. Se distinguen por tener una institucionalidad débil en la mayoría de los casos, hay corrupción en distintos niveles, presentan altos índices de criminalidad, violencia contra las mujeres basada en el género y descomunales brechas sociales. En ese contexto, muchos venezolanos viven en condiciones de pobreza en países con un alto porcentaje de su población que también está en estas circunstancias.
Aunque estos estados no son el “sueño” colombiano, peruano, chileno o ecuatoriano de alguien, no obstante, son sociedades que, aun en sus circunstancias, están en mejores condiciones socioeconómicas y sanitarias que las que tiene Venezuela. Esto lleva a muchas personas a trasladarse y a insertarse en el mercado laboral de los países de destino, en condiciones precarias y son vulnerables a la explotación en sus distintas manifestaciones.
La magnitud de la migración venezolana –entendiendo migración en sentido amplio que incluye también a las personas refugiadas, solicitantes de refugio, necesitadas de protección internacional, migración pendular y otras formas de movilidad humana– ha sido comparada, por la rapidez con la que se ha dado y por la afectación en los países vecinos, con la ocurrida en Siria.
Se observa que el interés en la migración venezolana ha venido creciendo constantemente. Se realizan investigaciones a nivel nacional e internacional sobre distintas dimensiones de este proceso. En este sentido, se precisa destacar cómo viven las mujeres, las niñas y las adolescentes este fenómeno.
Es importante tener presente que hombres y mujeres no se ven afectados de igual manera por el proceso migratorio. Se requiere tener un enfoque de género, centrado en las mujeres, e interseccional, que permita evaluar el impacto que este fenómeno tiene en la vida de las mujeres, adolescentes y niñas migrantes venezolanas.
Desde los años 80 del siglo XX, se comenzó a indagar sobre la feminización de las migraciones, que se refiere no tanto al aumento del número de mujeres en los procesos migratorios –lo que no es novedoso– sino a comprender sus propias motivaciones y experiencias en dichos procesos. Además, implicó que se desmontara la falsa creencia de que las mujeres siempre migraban con un hombre: su pareja, novio, padre, hermano, entre otros, para que se empezara a observar que tenían sus propias motivaciones y que sus procesos migratorios diferían de los de estos. En definitiva, que “las aves de paso también son mujeres”, en referencia al título de un trabajo pionero en esta materia, escrito por Mirjana Morokvásic en 1984.
En el caso de las mujeres venezolanas migrantes, se requiere visualizar que su desplazamiento es muy variado. Están las que se trasladan con su pareja y conforman familias nucleares de padre, madre, hijos e hijas, pero existen otras maneras de desplazarse. Las madres que se trasladan con sus hijos sin la compañía de un hombre; las que son madres, pero se trasladan sin sus hijos, quedando estos en Venezuela bajo el cuidado de otra persona, en la mayoría de los casos, otra mujer; las que se van con una pareja y sin hijos; las que se van con familiares hermanas/os, primas/os, entre otras/os; las que lo hacen con amistades y las que lo hacen solas.
Esta variedad también se evidencia en las razones que manifiestan para salir del país. Si bien hay una línea de base común, la crisis humanitaria, algunas privilegian la escasez de alimentos, de medicamentos, o ambas, como motivo para irse. Otras, las dificultades para acceder a servicios de salud para sí mismas o para su familia. Para algunas, la inseguridad es el factor que más influyó, mientras que, para otras migrantes, es la desinstitucionalización del Estado, la corrupción y la falta de garantía para el ejercicio de sus derechos humanos, el motivo principal. En no pocos casos, hay una combinación de distintas razones.
Un factor en el cual coinciden las venezolanas migrantes es en la preocupación por su condición migratoria, principalmente en los casos en que se encuentran en una situación administrativa irregular, debido a las limitaciones que ello acarrea para la obtención de un trabajo, acceder a un centro de salud, conseguir que les arrienden una habitación o una vivienda y, en general, para el ejercicio de sus derechos humanos.
Esta preocupación por la condición migratoria la comparten las mujeres con los hombres migrantes. No obstante, si se incorpora un enfoque de género, centrado en las mujeres, se pueden observar las diferencias entre unas y otros.
En cuanto al derecho al trabajo, por ejemplo, la falta de documentos expone a todas las personas a trabajos precarios, pero en el caso de las mujeres, además de la explotación laboral, su condición de vulnerabilidad, las expone a ser víctimas de explotación sexual y de distintas formas de violencia contra las mujeres basada en el género.
En distintas investigaciones hechas en Perú, Ecuador, Colombia –incluidas las realizadas por quien suscribe este artículo–, entre otros países, las venezolanas han dado su testimonio de cómo la estigmatización sexual del origen nacional se convierte en un riesgo permanente y constante en sus vidas.
En el ámbito laboral esta estigmatización se manifiesta de distintas formas. Desde el acoso sexual que sufren por parte de los empleadores, o la discriminación por considerar que todas las venezolanas son “quita maridos”, “ejercen la prostitución”, “son fáciles”, por lo que se rechaza su contratación.
En el caso de las que trabajan como vendedoras ambulantes, diariamente se enfrentan al acoso y a proposiciones sexuales de los hombres, lo que incluye, en no pocas ocasiones, agresiones verbales y violencia física por parte de estos cuando son rechazados.
Los casos de violencia y acoso sexual no son denunciados por las venezolanas por distintas razones, entre las que cabe resaltar el miedo a ser deportadas debido a su situación de migrante irregular.
A este panorama, deben agregarse los riesgos que tienen de ser víctimas del crimen organizado y caer en redes de trata de personas y explotación sexual.
En este sentido, es preciso alertar que hay un tráfico con las mujeres venezolanas que parece no importarle a nadie. Ni al Estado venezolano que no se pronuncia ni toma medidas para proteger a sus nacionales, ni tampoco a los Estados receptores, que no las consideran en sus estrategias y políticas migratorias. Sus vidas son consideradas desechables.
En cuanto a la vivienda, también hay que hacer un análisis diferencial de género que visualice las experiencias de las mujeres, lo que resulta más acuciante cuando se habla de desalojos. Esta problemática se ha visto intensificada en el contexto de la pandemia de la covid-19 y ante las dificultades existentes para la obtención de medios de vida, principalmente en los casos de quienes se dedican a la economía informal.
Una encuesta regional sobre desalojos de las personas refugiadas y migrantes de Venezuela, realizada por la Plataforma R4V con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2021, arrojó como resultado que, de las mujeres que son cabezas de hogar, el 92 % tiene personas menores de 18 años bajo su cuidado, por lo que un desalojo puede tener un impacto desproporcionado en sus vidas.
A lo dicho en el párrafo anterior, debe agregarse que las venezolanas se ven expuestas a sufrir acoso y distintas manifestaciones de violencia por parte de los arrendatarios, quienes se aprovechan de su situación de poder y de la vulnerabilidad de las migrantes, para solicitar, y en algunos casos exigir por la fuerza, sexo a cambio del pago del arrendamiento.
En materia de salud, se sabe que muchas mujeres se trasladan a parir fuera de Venezuela debido a las circunstancias en las que se encuentran los centros hospitalarios del país, que no aseguran condiciones mínimas de atención ni para ellas ni para las y los recién nacidos.
Esto genera críticas y rechazo por parte de las poblaciones de acogida, que consideran que los recursos públicos se gastan en extranjeras. A lo que se debe agregar comentarios xenófobos de figuras públicas, como en el caso de la periodista colombiana Claudia Palacios, quien en un artículo de opinión titulado Paren de parir, se preguntaba por qué las venezolanas traían hijos al mundo, ante el futuro incierto que les esperaba.
Este artículo encendió las redes sociales y los comentarios a favor o en contra de la opinión de Palacios no se hicieron esperar. Lo más grave de este caso, es que quien habla, se dice feminista y defensora de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero que es incapaz de ver, desde su posición privilegiada, la realidad de las migrantes y mostrar empatía. Que desconoce la mirada interseccional necesaria para visualizar que se trata de mujeres en su mayoría pobres, muchas de ellas sin posibilidades de acceder a métodos anticonceptivos o incluso, sin tener control sobre sus cuerpos y su sexualidad.
También es importante mencionar, en materia de salud, el síndrome de estrés crónico que padecen las personas migrantes en general y en particular las mujeres. El psiquiatra español Joseba Achotegui lo llamó “Síndrome de Ulises”, en referencia al héroe mitológico, vencedor de muchas batallas pero que siente añoranza por Penélope y su vida anterior.
En entrevistas con mujeres migrantes, es recurrente que manifiesten sus emociones y la tristeza por abandonar su tierra. Estas emociones repercuten en su salud física y mental. Algunas expresas ahogos, dolores articulares, cefaleas, irritabilidad, ansiedad, insomnio, entre otros síntomas que no parecen tener una causa física, sino que se encuentran ligados al proceso de extrañamiento, al “Síndrome de Ulises”.
Estos párrafos son solo una pequeña muestra de lo que implica la feminización de las migraciones y el impacto desproporcionado que tienen estas en la vida de las venezolanas que deciden o son obligadas a irse.
La preocupación por la situación de las mujeres venezolanas migrantes y los riesgos que deben enfrentar, llevó a la Asociación Civil Éxodo en alianza con Voces de Género y Mulier, con la adhesión de otras organizaciones, a desarrollar una campaña pública por los derechos humanos de las niñas, adolescentes y mujeres en movilidad llamada “La mejor ruta”, en la que están generando informes técnicos, pódcast, historias gráficas y otros recursos que pueden resultar de gran ayuda para las venezolanas. La información se encuentra disponible en https://linktr.ee/LaMejorRutaVe y @LaMejorRutaVe, para quienes deseen conocer la campaña y adherirse a ella.
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