La afirmación figura en el informe La necesaria vinculación entre el derecho de los DDHH y el derecho humanitario internacional

La crisis que atraviesa Venezuela es de tal magnitud que puede calificarse como una emergencia humanitaria compleja, por ello, los venezolanos tienen el derecho de solicitar ayuda a los organismos internacionales y estos a su vez están obligados a ofrecerla.

La afirmación figura en el informe La necesaria vinculación entre el derecho de los DDHH y el derecho humanitario internacional redactado por Acceso a la Justicia, en el cual se hace un repaso histórico de que cómo la humanidad pasó de regular la guerra a aliviar sus consecuencias, para posteriormente diseñar mecanismos y crear estructuras de atención a los afectados por desastres naturales, económicos o sociales hasta perseguir unas condiciones de igualdad para todos.

Tras recordar que «las emergencias humanitarias complejas (EHC) son crisis humanas que se caracterizan por el conflicto, el desplazamiento de la población, la escasez de alimentos, la inestabilidad política, los trastornos sociales y la pérdida de infraestructura», en el informe se concluye lo siguiente:

«el caso venezolano cubre todos los aspectos descritos en la medida en que existe una ausencia y quiebre importante del estado en los servicios públicos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con la salud, educación y en la seguridad alimentaria, lo que ha generado un desplazamiento forzado de personas nunca visto no sólo en el país sino en el continente americano, lo cual, unido una permanente situación de violencia y de represión constante a la población en clara violación masiva, de manera sistemática y generalizada, de los derechos de los ciudadanos, todo ello causado por políticas gubernamentales cuya aplicación persiste por razones ideológicas, y que por lo mismo, impiden que haya un reconocimiento de la situación, pues ello conllevaría, a todos los efectos, una confesión de la propia responsabilidad del gobierno en lo que ocurre».

En el informe se recuerda que organizaciones nacionales e internacionales, incluido el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya calificaron la situación venezolana como una emergencia humanitaria compleja. Con motivo de la pandemia de la COVID-19, expertos de la ONU han exigido a las autoridades información sobre las medidas para enfrentar esta situación y los demás problemas que afronta el país.

No solo la ONU ha reconocido la gravedad de la crisis venezolana. Así la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las conclusiones de su frustrada visita in loco, declaró que:

«constató con extrema preocupación los graves efectos de la crisis humanitariacomo factor de desplazamiento de millones de personas venezolanas. El fenómeno migratorio venezolano representa actualmente uno de los más grandes desafíos en materia migratoria y de asilo en la región. A la fecha, el número de personas venezolanas que se han visto forzadas a migrar como mecanismo de supervivencia ante la grave crisis humanitaria que afecta al país, asciende a más de 4,9 millones de personas venezolanas, de las cuales más de 1,77 millones se han desplazado específicamente a Colombia».

El organismo  agregó que:

«A partir de la información recabada durante la visita, incluyendo numerosos testimonios y reuniones con diferentes actores, la CIDH pudo observar que la crisis humanitaria que enfrenta Venezuela encuentra su origen en múltiples factores y variables; de ahí que sea caracterizada como una crisis humanitaria compleja, grave y multidimensional».

Además, mencionó un coctel que tiene ingredientes económicos (la hiperinflación y las fallas en los servicios públicos); así como políticos (concentración de poder en el Gobierno y la neutralización de la Asamblea Nacional y persecución de la disidencia); y sociales (la violencia y la falta estructuras sanitarias y educativas básicas).

A tomar medidas

En el informe se afirma que la situación venezolana:

«origina el derecho para sus ciudadanos de recibir ayuda humanitaria, así como la obligación de las organizaciones humanitarias, tanto del sistema de Naciones Unidas como al resto del movimiento humanitario a declararlo de esta manera, cosa para lo que no necesita la aprobación del Estado, y aplicar a partir de tal situación los mecanismos necesarios para hacer llegar de manera oportuna y según los protocolos establecidos la ayuda a los sectores necesitados de la población».

Tras asegurar que la negativa de las autoridades nacionales a requerir ayuda no es obstáculo para que las instancias internacionales actúen por su cuenta, en el reporte se advierte a los funcionarios que asuman esa posición que corren el riesgo de terminar siendo considerados parte del problema.

Al respecto, en el documento se afirma lo siguiente:

«Tanto el generar las causas de una emergencia humanitaria compleja, como el negarse a reconocerla e impedir el ingreso de ayuda humanitaria, son supuestos que entran dentro de la competencia del Corte Penal Internacional, y por lo mismo, comportan delitos de lesa humanidad u otros establecido en el Estatuto de Roma, según el caso, los que por su naturaleza no prescriben y deben ser perseguidos por dicho órgano jurisdiccional con el respaldo de la comunidad internacional».

Así por ejemplo, en febrero de 2019 y con el uso de la fuerza , el régimen encabezado por Nicolás Maduro impidió el ingreso desde Colombia de unos camiones cargados con ayuda humanitaria que el Gobierno de Estados Unidos había mandado, y en reiteradas ocasiones ha rechazado las ofertas en ese sentido, por considerarla sparte de una intervención extranjera, o peor aún, una limosna.

Pero como ya se mencionó, no solo las autoridades venezolanas están obligadas a tomar medidas para acatar la crisis humanitaria que aqueja al país, sino también los organismos internacionales, a la luz de la llamada «responsabilidad de protección».

Los Estados acordaron en la llamada Cumbre del Milenio de 2005 que:

«La comunidad internacional, a través de las Naciones Unidas, también tiene la responsabilidad de utilizar medios diplomáticos, humanitarios y otros medios pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra, la limpieza étnica y crímenes contra la humanidad».

Sin embargo, el desarrollo de este principio apenas está en evolución.