Dhayana Fernández Matos, autor en Runrun

Dhayana Fernández-Matos

La salud es un derecho, por Dhayana Fernández-Matos

@dhayanamatos

El 7 de abril fue el Día Mundial de la Salud. Lo que se busca en los días conmemorativos es hacer reflexionar a las personas sobre las temáticas a las que se refieren.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) decidió que el lema para 2021 era “Construir un mundo más justo y saludable”, un objetivo absolutamente loable, ¿quién en su sano juicio puede negarse al logro de esta meta?, ¿es que acaso este último año no nos ha dejado bastante evidencia de la necesidad de que este ideal sea alcanzado?, ¿no queremos todas las personas, salud para nuestras familias y para nosotras mismas?

Pero si algo nos muestra la realidad descarnada es que esa conjunción de justicia y salud está lejos de lograrse.

En el mundo hay muchas desigualdades para creer que estamos cerca de la construcción de un mundo más justo y saludable. Lo vemos en la inequidad en el acceso a las vacunas contra la covid-19, situación que ha sido denunciada por el presidente de la OMS, quien hizo un llamado a países ricos, como Israel y la Unión Europea, para que dejen el acaparamiento y compartan las vacunas con países pobres que enfrentan dificultades muy grandes por causa del virus.

También se observa al interior de los países en relación con la atención que reciben las personas de acuerdo con su condición social.

Se dice que el virus no discrimina, que no distingue las clases sociales. Puede que la covid-19 no lo haga, pero la atención a la salud que reciben las personas no es igual en ricos que en pobres, de eso no hay ninguna duda. ¿O es que acaso ustedes tienen dudas de que si Elon Musk o Jeff Bezos llegaran a necesitar un respirador (¡y que conste que no se los estoy deseando!), van a tener los problemas que tiene que enfrentar el ciudadano de a pie para conseguirlo? La respuesta a esta pregunta es un no rotundo, ya sabemos que “poderoso caballero es Don Dinero” y de alguna parte saldrá uno.

Ni hablar de las desigualdades de género en la salud, que se han visto agravadas por la pandemia de la covid-19 de distintas maneras. Aumento de la carga laboral de las mujeres, donde se yuxtaponen el trabajo productivo y reproductivo, sin que se diseñen políticas públicas destinadas a hacerle frente a este problema, lo que genera una grave afectación no solo en la salud física sino también en la salud mental. A esto se le debe agregar el aumento de los casos de violencia contra las mujeres en el contexto de relaciones de pareja, al estar encerradas con su agresor. En definitiva, que las mujeres viven una pandemia dentro de otra pandemia.

A lo dicho en el párrafo anterior debe agregarse que, según ONU MUJERES, el 73 % de las personas que trabajan en el sector salud en América Latina y el Caribe son mujeres y si se hace referencia a las personas licenciadas en enfermería, la cifra aumenta hasta el 87 %. Esto implica que las mujeres están en primera línea de atención ante la covid-19 y también en la primera línea de riesgo.

Pero otros factores o condicionantes sociales, están presentes cuando hablamos de la salud, por ejemplo, ese terrible flagelo que azota a América Latina. Me refiero a la corrupción (aunque también se da en otros países fuera de la región) y que genera que se desvíen los recursos destinados a la salud para el peculio de alguna persona corrupta. Y dicho en término coloquial, de esa cabuya, en Venezuela tenemos varios rollos.

Es importante reiterar que la corrupción tiene impacto en la protección de los derechos humanos y es una actividad que genera la violación de estos. Entre ellos, del derecho a la salud.

La salud es un derecho humano y no se refiere a la ausencia de enfermedades, sino, de acuerdo con la Constitución de la OMS, se trata del “goce del grado máximo de salud que se pueda lograr”. Además, como derecho humano, implica obligaciones para los Estados de reconocerlo, garantizarlo y satisfacerlo.

Repito, el Estado venezolano está en la obligación de satisfacer el derecho a la salud de la ciudadanía.

Ya sabemos que la salud pública de calidad en Venezuela es una quimera. Como ejemplo, basta con revisar la página de GoFundMe y ver cuántas campañas hay activas en Venezuela, de personas que buscan recaudar fondos para hacerle frente a la covid-19, a algún cáncer o a cualquier enfermedad grave, ya que el Estado no les garantiza su salud y no tienen recursos para pagar los tratamientos. La cifra es alarmante y preocupante… ¡Cómo me gustaría que nuestro país tuviera los índices de calidad que muestra la salud pública de los países nórdicos! Sí, la pública, aquella que no es gratuita, sino que es pagada con los impuestos de la ciudadanía, ya que los recursos no se desvían a los bolsillos de los corruptos de turno, sino que se usan para lo que fueron programados. Pero bueno, ya sabemos que no somos Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia o Noruega.

Pero, aunque no seamos nórdicos, sí somos personas con derechos humanos que son exigibles. Y no puede el Estado ampararse en el bloqueo económico para dejar de cumplir con la garantía de estos.

En este punto, me gustaría recordarle a Nicolás Maduro, quien ya está vacunado, que la vida de las personas vale más que cualquier razón política; y a Guaidó, por su parte, recordarle que no estamos para repetir el mantra “cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”. Lo que quiere la gente es que lleguen las vacunas y que lleguen pronto.

En momentos como estos es que los grandes estadistas se crecen y ponen el bienestar de su población por encima de sus apetencias personales, así que, a ambos, me gustaría recordarles que es un momento excepcional para todos y todas. Necesitamos las vacunas, tráiganlas, pónganse de acuerdo, nadie, salvo ustedes, está pensando en elecciones regionales, todas las personas en Venezuela solo piensan en cómo hacerle frente a este virus y tener salud, borrar de la memoria ese olor a muerte que tenemos impregnado.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Fernando Albán y la justicia transicional, por Dhayana Fernández-Matos

Foto de posterior: féretro de Fernando Albán (Reuters, en BBC Mundo); foto anterior: Sang Hyun Cho en Pixabay. Comp. N. Silva/Runrunes.

@dhayanamatos

Fernando fue mi estudiante, lo conocí en el año 2006. Fue uno de los seleccionados para cursar el Programa de Formación Inicial (PFI) para el ingreso en la carrera judicial en la Escuela Nacional de la Magistratura.

Eran otros tiempos. Todavía teníamos la ilusión de que era posible cambiar al Poder Judicial, y la selección transparente de quienes cursarían el PFI nos daba energía para apoyar ese proyecto.

Aunque hoy día cueste creerlo, las personas que hicieron ese primer curso quedaron por méritos propios –salvo dos o tres excepciones–. Eran abogadas y abogados que verdaderamente conocían de Derecho, con sueños por realizar; para algunas y algunos, llegar a ser juez o jueza había sido su meta profesional toda la vida.

Creo que pocas veces en Venezuela ha habido un programa de esta magnitud, que juntara lo más granado de quienes verdaderamente estudian el Derecho; venían de Maracaibo, de Bolívar, de Margarita, de Apure, de todas partes. Invirtieron tiempo, recursos, hicieron sacrificios familiares, perseguían un sueño. Este programa, “supuestamente”, les permitiría ser juez o jueza por méritos propios.

Y digo supuestamente porque después vino la dura realidad que ya se ha normalizado en nuestro país. Si usted no es afecta al gobierno y manifiesta a voz templada que es “roja rojita”, olvídese de que llegará a ocupar un puesto, aunque tenga las competencias y haya estudiado toda la vida para lograrlo.

Eso fue lo que sucedió con la gran mayoría de aquellas personas que hicieron el PFI, jamás las nombraron. Una parte, integra esa diáspora venezolana y se encuentra en distintos países; trabajando, luchando, cayéndose y levantándose para seguir adelante, pero no ingresaron al Poder Judicial. La otra, sigue en Venezuela también luchando, sobreviviendo y resistiendo.

Como dije al principio, Fernando fue un PFI, así los llamábamos. De él recuerdo su sonrisa permanente y unos panes muy ricos que me llevó un par de veces a la biblioteca, donde yo tenía mi oficina.

Él iba a conversar conmigo, hablábamos de lo que nos juntaba: los derechos humanos, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en ocasiones, de la familia. Nunca supe si en esa época estaba aprendiendo a hacer pan o si era experto, en todo caso, lo que recuerdo es el cariño con que compartía conmigo.

Unos años después, cuando ya era concejal por el municipio Libertador, me lo encontraba con cierta frecuencia en el Centro Comercial Los Chaguaramos, cuando yo iba a dar clases en los salones de la UCV que se encuentran allí.

El tema de nuestras conversaciones era el de siempre: los derechos humanos. Cada vez que nos encontrábamos, Fernando me decía que iba a preparar unos talleres para que yo fuera a dictarlos. Yo le decía que sí, pero nunca concretamos nada.

Volví a saber de Fernando Albán ese fatídico 8 de octubre de 2018. Estaba en Maiquetía, me iba luego de cremar apenas 8 días antes a mi mamá. No recuerdo si fue por Twitter o por otro medio, pero sí recuerdo la rabia tan grande y el dolor que sentí al enterarme de su supuesto suicidio, que no creí en aquel momento, como sigo sin creerlo actualmente.

Al llegar a mi destino y encender el celular, tenía mensajes de varios integrantes del PFI dándome la noticia. Otras personas me escribían para saber si no iba a decir nada al respecto. La verdad que en ese momento no hice nada, no tenía fuerza. Como dije, habían transcurrido pocos días desde que mi mamá había muerto y no tenía ánimos para nada. Solo quien ha vivido esta situación puede comprender lo que digo. Pero eso no quiere decir que me haya olvidado de Fernando, siempre lo tengo en la memoria con su sonrisa eterna.

Fernando Albán como el resto de las personas muertas o asesinadas en circunstancias que no son claras, merecen que se investiguen los hechos, que se sepa la verdad de lo ocurrido.

Eso se lo debemos como sociedad no solo a quien murió o fue asesinado/a, sino también a sus familiares. Es en este punto que conecto con el tema de la justicia transicional.

Soy una ferviente creyente en el diálogo, en que es necesario negociar, acordar, buscar puntos de encuentro; en que no podemos seguir viéndonos como enemigos y llenándonos de odio porque no resolvemos nada. Sigo creyendo que en Venezuela cabemos todas y todos. Pero yo hablo de un diálogo real, transparente, donde prevalezcan los intereses colectivos por encima de los egos, la corrupción y los abusos de poder.

Creo que en Venezuela en algún momento se instaurará la justicia transicional, como lo han hecho Perú o Colombia, entendiendo por esta –siguiendo al Centro Internacional para la Justicia Transicional– la manera en que los países dejan atrás periodos de conflicto y represión para hacerle frente a violaciones de derechos humanos masivas o sistemáticas, de tal magnitud y gravedad, que no obtienen respuestas del sistema judicial existente.

El jurista colombiano Rodrigo Uprimny Yepes, gran conocedor del tema de justicia transicional, ha manifestado en reiteradas ocasiones el lugar prioritario que deben ocupar las víctimas en este tipo de procesos, incluidas sus familias y la necesidad de asegurarles una reparación, lo que es imposible de lograr si no hay un esclarecimiento de los hechos. En otras palabras, que si no se judicializan los hechos, no hay garantías para los derechos de las víctimas y sus familiares.

Eso implica que, si en Venezuela algún día se instaura la justicia transicional, hay que investigar qué pasó con Fernando Albán y con tantas otras muertes que no han sido esclarecidas. Se lo debemos o por lo menos siento yo que, como parte de la sociedad venezolana, se lo debo a Fernando, a sus hijos y al resto de su familia.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Democracia en la calle, en la casa y en la cama, por Dhayana Fernández-Matos

Foto: portada del libro Escritos Feministas. La vigencia del pensamiento de Julieta Kirkwood en el Chile actual. Editorial Universitaria.

@dhayanamatos

Durante los años de la dictadura militar de Augusto Pinochet en Chile, las mujeres se organizaron para luchar por el retorno a la democracia, por los derechos de las personas detenidas, para conocer el destino de las que habían desaparecido y también por el avance de las mujeres en el ejercicio de sus derechos.

En ese contexto, una intelectual, Julieta Kirkwood, precursora de los estudios de género en su país, dijo una frase que se convertiría en el lema del movimiento de mujeres chilenas en la lucha contra la dictadura: “Democracia en la calle, en la casa y en la cama”.

Con el tiempo, este lema traspasó las fronteras y, hoy en día, sigue viéndose en marchas y mítines de los movimientos de mujeres de toda América Latina ya que, pese a que han transcurrido varias décadas, aún está lejos el día en que las mujeres puedan decir que se ha alcanzado una verdadera democracia paritaria.

En un artículo publicado en Forbes, expresaba Erin Spencer que, al paso que vamos, la paridad de género se alcanzará dentro de 130 años.

A la fecha, solo 21 países tienen como jefa de Estado o de gobierno a una mujer y, del total de 193 naciones, en 119 nunca se ha elegido a una mujer a estos cargos.

Pero para que se alcance la paridad y una verdadera igualdad de género, no basta con que las mujeres representen la mitad de los puestos de decisión en los órganos políticos en todos los niveles. Se necesita más: la igualdad en las relaciones de pareja, la democratización del cuidado y del trabajo no remunerado o, como dice Julieta Kirkwood, también se requiere democracia en la cama y en la casa.

Democracia en la cama

Se vincula con la posibilidad de las mujeres de tener control sobre su cuerpo, su sexualidad y su capacidad reproductiva. En pleno siglo XXI, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres es una utopía en nuestra región. La cantidad de mujeres que señalan que su primera relación sexual no fue consentida; las que son violadas por sus esposos, novios o compañeros; las que no pueden decidir sobre su cuerpo porque tienen al Estado, la medicina, las iglesias, al Derecho y a los hombres dentro de sus úteros inmiscuyéndose en temas que no les corresponden; los embarazos a temprana edad; la estigmatización de las que ejercen su sexualidad libremente, entre otras circunstancias, nos lleva a señalar que hay un largo camino por recorrer para lograr un cambio que democratice verdaderamente las relaciones en la cama.

Democracia en la casa

Obedece a esta separación y división sexual del trabajo que determina que el hogar, lo doméstico, es el espacio de las mujeres, quienes han sido designadas como las principales responsables del cuidado de la familia y de las labores domésticas. Incluso, en algunos casos son las únicas con esta responsabilidad.

Democratizar este espacio supone que se reconozca la corresponsabilidad de todos los miembros de un hogar en las labores domésticas y que el cuidado de los hijos debe ser responsabilidad compartida, de madres y padres. Bien claro lo señala la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) cuando habla de la función social de la maternidad: el hecho de que sea la mujer quien quede embarazada no debe significar que ella sea excluida o discriminada en el ejercicio de sus derechos y, además, que la educación de los niños y las niñas debe ser responsabilidad compartida entre hombres, mujeres y la sociedad en su conjunto.

Además, debe fortalecerse la organización social del cuidado como tarea compartida entre las familias, el Estado y la sociedad.

Cuidar debe ser visto como un derecho humano de todas las personas y en ese sentido, implica obligaciones para el Estado.

Democratizar la casa también supone reconocer que el trabajo doméstico, no remunerado, crea valor y por tanto debe ser no solo contabilizado en las cuentas públicas, sino reconocido como trabajo. Nos referimos a un reconocimiento real, no solo a su establecimiento en un artículo de la Constitución.

Pensemos en un día en el cual las mujeres deciden no cocinar, ni realizar labores de cuidado, ¿esto paralizaría al país? Sin duda que lo haría, esto quiere decir que para que un país funcione, las labores domésticas y de cuidado son esenciales para la reproducción de la vida.

Tampoco en la casa estamos cerca de alcanzar la anhelada democracia. Y, en medio de una situación que ya era muy difícil para las mujeres por las dobles y triples jornadas laborales a las que tenían que hacerles frente, llegó la pandemia de la covid-19 para agravar la situación.

Las medidas de confinamiento social han tenido un impacto desproporcionado en la vida de las mujeres por distintas razones. En primer lugar, porque para las mujeres, las niñas y las adolescentes de América Latina, el lugar más peligroso y donde hay más riesgo de sufrir violencia de género, por el hecho de ser mujeres, es su propio hogar. Y los principales agresores son hombres pertenecientes a la familia (esposo, novio, pareja, expareja, padrastro, hermanos, tíos, primos, abuelos) o cercanos a esta. Esta realidad supuso para las mujeres estar encerradas con sus agresores.

En segundo lugar, por la sobrecarga de tareas de cuidado. Si antes de la pandemia las mujeres mostraban promedios de horas de trabajo semanales superiores a los de los hombres, ahora, al no poder ir los niños a clases ni ellas al trabajo fuera del hogar, el tiempo del trabajo productivo (remunerado) y el reproductivo (no remunerado), se yuxtaponen y la sobrecarga laboral es peor. Y, por último, deben señalarse las altas tasas de desempleo, otro aspecto en el cual las mujeres han sido golpeadas más duramente por la pandemia. En algunos casos, el desempleo puede significar pérdida de la autonomía económica, lo que resulta fundamental en el avance de las mujeres y en el logro de relaciones más igualitarias en la casa.

Democracia en la calle

Ante un escenario como el que hemos pintado, se pueden entender las dificultades que existen para que haya verdadera democracia en la calle, vinculada con la presencia de las mujeres en la vida política, con el ejercicio del poder político y la toma de decisiones que afectan al bienestar general.

En este punto hay que señalar que, contrariamente a los mensajes vacíos de Nicolás Maduro el Día de la Mujer Trabajadora, cuando se atrevió a señalar que en Venezuela se había derrotado al machismo y a la cultura patriarcal –palabras irrespetuosas hacia las mujeres venezolanas y sus luchas por el reconocimiento de derechos que, a todas luces suenan a burla por ser falsas y por venir, precisamente, del jefe de un Estado feminicida–, en el país hay un rezago en garantizar los derechos políticos de las mujeres.

Para poner solo un ejemplo, basta señalar que Venezuela está entre los vergonzosos pocos países de la región que no tienen una ley de cuotas legislativas, que ha sido el mecanismo usado en América Latina para el avance de los derechos políticos de las mujeres desde 1991, cuando Argentina las adoptó por primera vez.

Cabe destacar que Venezuela sí tuvo cuotas legislativas. La Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política de 1997 las reconoció en el artículo 144, pero el flamante Consejo Nacional Electoral (CNE) las desaplicó en 2000 y dictó una resolución al respecto, alegando que dicha norma violaba el artículo 21 de la recién estrenada Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que se refiere precisamente a la igualdad y que, además, establece la necesidad de que se asegure una igualdad real y efectiva, lo que se busca precisamente con un mecanismo como el de las cuotas de género.

Esta interpretación restrictiva del artículo 21 fue un duro golpe para el avance en los derechos políticos de las venezolanas, pero hay más.

El CNE se ha jactado de establecer la alternancia y la paridad en la lista de candidaturas en resoluciones en distintas elecciones, 2005, 2008 e incluso, para las elecciones de diciembre de 2020, pero no se establece sanción en caso de incumplimiento ni se evidencia que haya un monitoreo de los partidos políticos para que cumplan. Así que estas medidas son letra muerta y quedan como un saludo a la bandera.

Si de verdad se hubiese cumplido con la paridad y la alternancia, quizás las mujeres en la Asamblea Nacional no representarían únicamente el 31 % del total de diputados/as principales, según los cálculos que hemos hecho de acuerdo con la información que obtuvimos. Aunque el Estado habla de un 40 %, que no se sabe de dónde lo sacan ya que, como en otros temas, la opacidad y las dificultades para obtener los datos oficiales del CNE dificultan tener información totalmente confiable.

Lo cierto es que, mientras que más de 6 países de América Latina han establecido en sus constituciones y leyes la paridad, en Venezuela no se observa voluntad política para reconocerla.

Pero el irrespeto hacia las venezolanas y sus luchas por derechos políticos sigue. El 15 de marzo, la diputada Asia Villegas publicó en Twitter que fue “con la llegada del CMdte. Chávez que las mujeres pudimos empezar a votar por otras mujeres”. Las respuestas de rechazo ante semejante mentira no se hicieron esperar.

Si bien es cierto que todavía es muy largo el camino por recorrer, no se puede desconocer que antes del chavismo –que en 22 años en el poder no ha hecho avances significativos en los derechos políticos de las mujeres–, en Venezuela hubo mujeres candidatas presidenciales como Ismenia Villalba o Irene Sáez, la gobernadora Lolita Aniyar de Castro, senadoras como Mercedes Pulido de Briceño y Evangelina García Prince o diputadas como Ixora Rojas, Isolda Herrera de Salvatierra y Argelia Laya, para nombrar solo algunas.

Mujeres que lucharon por sus derechos y por los de todas las venezolanas, que lograron la reforma del Código Civil en 1982, que tuvieron que enfrentarse a un ambiente político hostil para las mujeres (continúa siéndolo), que tienen su lugar en esa historia pocas veces contadas de la vida política de Venezuela, que no pueden quedar borradas por la idolatría a un hombre que supo instrumentalizar muy bien a las mujeres en sus discursos, pero que no cumplió con su gran promesa de sacarlas de la pobreza.

Insistimos que estamos lejos de lograr la democracia en la calle, la democracia paritaria. No hay voluntad política ni por parte del chavismo ni por parte de la oposición, pero no es negando la historia y las luchas de las mujeres que vamos a avanzar. Así que a la diputada Asia Villegas le pedimos que, en lugar de borrar la historia de las mujeres políticas venezolanas, trabaje fuerte para que tenga un lugar en ella.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

¿Tiempos de estatutos para la protección de personas migrantes venezolanas?, por Dhayana Fernández-Matos

Biden y Duque le tienden la mano a los migrantes venezolanos. Izq. venezolanos en EE. UU. (foto archivo El Nacional); der.: el presidente Iván Duque (foto Presidencia de Colombia). Comp. Runrunes.

@dhayanamatos

Como venezolana, migrante, defensora de derechos humanos e investigadora que trabaja con personas migrantes, refugiadas y necesitadas de protección internacional, debo reconocer que el hecho de que Colombia y Estados Unidos hayan emitido estatutos de protección temporal para los venezolanos me llena de regocijo.

Quienes andamos en estas lides, sabemos que un elemento fundamental para hacerle frente a la vulnerabilidad que afecta a la población migrante es regularizar su situación; esto permite tener los documentos en regla, poder buscar empleo formal, abrir una cuenta bancaria, cotizar en la seguridad social, cursar estudios, en fin, poder realizar un conjunto de actividades cotidianas, que son prácticamente imposibles de efectuar por aquellas personas en situación irregular, quienes comúnmente son denominadas “ilegales”.

No hay persona “ilegal”

Cabe destacar que no hay seres humanos ilegales, ya que las leyes son posteriores al hecho de ser persona; y considerar a alguien de esta manera viola su derecho humano al reconocimiento de su personalidad jurídica. A lo que se debe agregar el efecto estigmatizador del uso de este término, lo que lleva a criminalizar, sin justa causa, a quienes están en una situación administrativa irregular.

Las migraciones han sido parte de la vida humana desde tiempos remotos, no obstante, es desde el siglo pasado que se han convertido en un problema fundamental para los Estados. Y este es un punto en el cual se debe hacer hincapié.

Son los Estados los que construyen socialmente la migración como un problema. Son los Estados los que instrumentalizan la migración para sus propios intereses. Son los Estados, en el contexto de la globalización económica, los que apuestan por la liberalización del capital, por el libre intercambio de los productos y, en temas de movilidad humana, por una regulación y control estricto de sus fronteras. Esto es lo que se conoce como las paradojas del proceso de globalización.

Así las cosas, en un contexto como el actual, la restricción de las fronteras y la estrategia de securitización implementada por muchos Estados (ejemplo claro es la estrategia de expulsión y control del presidente Sebastián Piñera de Chile) no logran su cometido, el cual es frenar las migraciones. Las personas siguen desplazándose aunque no tengan una visa u otro documento para su permanencia regular; lo que pasa es que lo hacen con mayores riesgos y esto exacerba su vulnerabilidad.

Además, ante la desesperación por salir y por establecerse en otro país, se convierten en blancos fáciles para las redes de trata de personas y tráfico ilícito de migrantes, entre otros delitos de los cuales pueden ser víctimas.

Refugiados, migrantes y DD. HH.

En el caso de Venezuela, donde la migración es forzada y se da ante una emergencia humanitaria compleja, la situación es aun más grave. La distinción entre personas refugiadas, aquellas que huyen por ser perseguidas, y migrantes, quienes se movilizan “libremente” por razones variadas, entre las que se destacan las económicas, no es tan clara como a veces se pretende señalar.

Aunque hay una clara definición de lo que es una persona refugiada, no ocurre lo mismo con lo que es una persona migrante; no existe a nivel internacional una definición jurídica de esta categoría. A lo que se debe agregar, en el caso de las personas venezolanas, que es muy tenue esa línea entre refugiados y migrantes ya que estos últimos, que supuestamente salen por motivos económicos, lo hacen por encontrarse en un contexto de violación de sus derechos económicos, sociales y culturales que les impide proveerse de las condiciones materiales que aseguren una existencia digna.

Este escenario llevó a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su Resolución 2/18, se refiriera a la movilidad de personas venezolanas como una migración forzada y exhortó a los países de la región a reconocer la condición de persona refugiada, de acuerdo con la definición de la Declaración de Cartagena sobre refugiados de 1984, que incorpora a esta categoría a quienes huyen de una violencia generalizada o por la violación sistemática de derechos humanos.

Esta declaración es del año 2018, cuando ya se empezaba a hablar de éxodo masivo, que ha ido aumentando hasta el punto de que, para inicios de 2021, ya había más de 5 millones de personas venezolanas fuera del territorio nacional. Este fenómeno solo es comparable por su magnitud, el impacto en los países vecinos y por la rapidez del desplazamiento, con el sirio, con la diferencia de que en este país del Medio Oriente hay una guerra declarada.

Estatutos de protección vs. alambradas

En estas circunstancias, es indudable que medidas como los estatutos temporales para la protección de personas migrantes venezolanas llenan de alegría a quienes pueden regularizar su situación. Pero también lleva a preguntarse si esto implica un cambio a nivel internacional en las estrategias de securitización y controles fronterizos que han marcado las políticas migratorias de la mayoría de los países durante los últimos años, hacia políticas inclusivas y centradas en el respeto de los derechos humanos.

La respuesta a esta interrogante es un no rotundo. No se observa un cambio de enfoque. Lo que se visualiza es, por el contrario, un aumento de los controles fronterizos incluso cierre de fronteras, aumento del personal militar en zonas limítrofes, exigencia de visas con un conjunto de requisitos cada vez más difíciles de cumplir, en fin, una serie de medidas que están muy lejos de centrarse en un enfoque humanitario y de derechos humanos.

Ante este panorama, las decisiones de los gobiernos de Iván Duque en Colombia y Joe Biden en Estados Unidos destacan. Se presentan como acciones humanitarias, que lo son, pero detrás de ellas hay que hurgar en eso que se conoce como la realpolitik, término de origen alemán, definido por el Diccionario de la lengua española como la “Política basada en criterios pragmáticos, al margen de ideologías”. En otras palabras, que estos gobiernos no tomaron estas decisiones por “buena gente”, sino porque mediante un análisis de costo-beneficio, las consideraron positivas para sus intereses.

El gesto de Duque

En el caso de Iván Duque, poco antes de la presentación del proyecto de decreto del Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (ETPV), específicamente el 21 de diciembre de 2020, expresaba que las personas venezolanas irregulares no serían vacunadas porque implicaría una estampida de gente cruzando la frontera para hacerlo. ¿Qué llevó al presidente colombiano a cambiar de posición en un mes y extender la protección para los migrantes venezolanos?

Se han dado distintas explicaciones al respecto. Sobre todo tomando en cuenta de que se trata de una medida impopular; la mayoría de la población colombiana no dio su beneplácito a esa decisión.

Uno de los argumentos se vincula con el hecho de que en Colombia se concentra el mayor número de migrantes de nacionalidad venezolana y más de la mitad se encuentra en condición irregular. Regularizar a esta población implica que tendrá que aportar a las arcas nacionales mediante el pago de impuestos, en un momento donde los Estados buscan recursos de distintas maneras ante la crisis ocasionada por la pandemia de la covid-19.

Otros señalan que es un tema de trascendencia. Hasta ahora, Iván Duque no ha tomado ninguna medida que deje una huella histórica de su mandato, lo cual podría lograr con el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, la más amplia protección humanitaria otorgada a personas venezolanas y que le ha valido elogios de la comunidad internacional.

Pero no se puede olvidar que tanto durante su campaña, como a lo largo de su mandato, el gobierno de Iván Duque ha sido el principal oponente de Nicolás Maduro en la arena internacional, por tanto, esta medida demuestra congruencia entre el discurso y las acciones, de las cuales se espera obtener dividendos políticos.

Biden: giro de timón en temas migratorios

En el caso de Joe Biden, hay que recordar que durante el gobierno de Barack Obama fue vicepresidente y apoyó sus políticas migratorias, entre ellas, la expulsión masiva de migrantes, con cifras superiores a las registradas durante el mandato del xenófobo Donald Trump. Esto llevó a caracterizar al gobierno de Obama como el mayor expulsor en la historia estadounidense. Así que tampoco se puede presentar a Biden como el adalid de esta población.

El estatuto de protección temporal (TPS por sus siglas en inglés) para venezolanos fue una de las promesas del hoy presidente de Estados Unidos durante su campaña presidencial y responde a ese giro de timón que se observa en el abordaje de los problemas migratorios, donde, por lo menos en el discurso, se busca transformar las estrategias de securitización, las medidas de arresto de migrantes y la violación de derechos humanos que fueron recurrentes durante el gobierno de Trump. Por ahora, no ha sido fácil implementar los cambios por las limitaciones legales y burocráticas para hacerlo.

El TPS supone una diferencia importante con su antecesor Trump, quien se concentró en el establecimiento de sanciones para Venezuela y en el apoyo a Juan Guaidó, pero que esperó hasta su último día en la Casa Blanca para prohibir la expulsión de personas de Venezuela, una protección mucho más limitada que la que proporciona el TPS.

Pero independientemente de las razones de los gobiernos, para los venezolanos en Colombia y Estados Unidos los nuevos estatutos les dan motivos para caminar con más tranquilidad, por eso debemos mostrar nuestro agradecimiento.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Claudia López, la alcaldesa xenófoba y populista, por Dhayana Fernández-Matos

@dhayanamatos

La alcaldesa Claudia López lo volvió a hacer. Nuevamente arremetió contra los venezolanos y los hizo responsables de los índices de inseguridad de Bogotá, por supuesto, sin datos estadísticos que sustenten sus afirmaciones.

Sus declaraciones son simple oportunismo y una búsqueda por mejorar sus índices de popularidad. Esta estrategia no es novedosa, abunda en la historia reciente de los partidos de extrema derecha; hay varios líderes políticos que convierten el discurso “antiinmigración” en un componente clave de su acción política.

Infundir miedo al otro, al extranjero, culparlo de los males estructurales de la sociedad de acogida, ha sido una táctica recurrente a nivel mundial con claros ejemplos como Donald Trump, el partido Vox en España o recientemente, el candidato presidencial peruano Daniel Salaverry.

Lo que llama la atención en este caso, es que se trata de una mujer perteneciente a un grupo humano en una situación histórica de desventaja, la población LGBT, que en principio, debería tener empatía con otro grupo humano en situación de vulnerabilidad; además, porque su trayectoria política se ha fundamentado en un supuesto accionar centrado en las personas, pero para la alcaldesa, los venezolanos no entramos en esa categoría.

Más allá de los fines electoreros y populistas de Claudia López con sus mensajes xenófobos, preocupa el efecto de estos en la población colombiana, donde día a día aumenta el sentimiento antiinmigración.

Y la alcaldesa, en lugar de cumplir con su obligación de respetar los derechos humanos a TODAS las personas, incita al odio y a la discriminación.

Según el Barómetro de la Xenofobia, citado por Proyecto Migración Venezuela, luego de las palabras de la alcaldesa, los mensajes por las redes que vincularon la migración con la seguridad aumentaron en 1800%, con lo peligroso que resulta la criminalización y la estigmatización de los migrantes, lo cual repercute principalmente en aquellos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad.

Pero ese discurso xenófobo de la alcaldesa no es simple casualidad, no es “que se le salió”, es estudiado, evaluado y analizado los costos-beneficios que le pueden traer usarlo en su carrera por la silla presidencial. Lo que eso implique para la vida de decenas de miles de personas es un mal menor ante las apetencias de poder.

Claudia López forma parte de ese grupo de líderes políticos que son muy buenos en la oposición; llenan y llenan titulares con sus denuncias de corrupción, con sus fabulosas ideas para hacer políticas públicas que mejoren la vida de la población –por ejemplo, mejorar la movilidad de la ciudad de Bogotá–, pero que una vez son electos empiezan a demostrar sus falencias en lo que implica la gestión pública.

Estas falencias las ha demostrado en el tratamiento del tema de la movilidad, su gran promesa electoral, pero también en el manejo de la pandemia de la covid-19.

A diferencia de otras mujeres lideresas como Angela Merkel de Alemania y Jacinda Arden de Nueva Zelanda, así como mujeres representantes de gobiernos subnacionales, que han sido elogiadas por su manejo rápido de la situación y el establecimiento de medidas dirigidas a controlar la pandemia, la alcaldesa de Bogotá se ha distinguido este tiempo por sus constantes discusiones con el gobierno central (¡Dios nos guarde de defender al delfín de Uribe!, pero esa es la realidad) y sus políticas locales de ensayo-error ante el virus.

La guinda en el pastel la puso sus vacaciones a Costa Rica a principios de año, en pleno desarrollo de la segunda ola de covid-19 en Bogotá y después de insistirles a los bogotanos que se quedaran en sus casas. Esto le valió muchas críticas que la obligaron a adelantar su viaje de regreso. Pero más allá de eso, demuestra que la flamante alcaldesa no predica con el ejemplo.

Hasta la fecha y con poco más de un año de mandato, sus comportamientos han generado innumerables críticas, no solo de sus oponentes, sino de personas cercanas a su ideología.

Y, aunque sigue teniendo altos índices de popularidad, estos han caído significativamente; por lo que tenía que buscar generar un impacto en la población para aumentarlos y nada mejor que propiciar el discurso xenófobo y antiinmigración.

Cabe destacar que no es solo la xenofobia, sino peor aun, es lo que Adela Cortina denomina la aporofobia, el rechazo a quien es extranjero y pobre. Esto se nota en las palabras de la alcaldesa cuando constantemente repite que a los venezolanos se les ha “dado de todo”, refiriéndose precisamente a aquellos migrantes en situación de pobreza.

Todo este panorama lleva a que las personas venezolanas migrantes que estamos en Colombia y que día a día trabajamos por este país, que nos encontramos agradecidas por habernos recibido, que aportamos, que sumamos, no aceptemos las palabras de la alcaldesa. Porque nos discrimina, nos estigmatiza y nos criminaliza.

Es cierto que no tenemos un gobierno que nos represente, que reclame por nosotros, porque el que tenemos nos considera traidores a la patria por irnos a buscar vivir con dignidad; pero eso, en lugar de doblegarnos, nos debe fortalecer. Debemos reclamar, protestar y exigir a la alcaldesa de Bogotá que nos respete como personas y respete nuestros derechos humanos.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Estado feminicida, por Dhayana Fernández-Matos

@dhayanamatos

La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém Do Pará por la ciudad brasileña donde se firmó) ratificada por el Estado venezolano y, por tanto, ley en nuestro país, expresa que todas las mujeres tienen derecho a una vida libre de violencia tanto en el espacio público como en el privado. Además, este texto establece como obligación de los Estados adoptar “por todos los medios apropiados, y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar” este tipo de violencia. Así las cosas, estamos hablando de un derecho humano que acarrea un conjunto de obligaciones para los entes estatales.

Ante los femicidios, el Estado está obligado a investigar los hechos, establecer la responsabilidad penal de los culpables y reparar a las víctimas. A lo que se debe agregar su responsabilidad en el desarrollo de medidas y políticas públicas dirigidas a prevenir estos delitos y erradicar la violencia contra las mujeres.

La violencia basada en el género es permanente en la vida de las mujeres; se establece un continuum que tiene como hecho extremo al femicidio, el asesinato de una mujer por el hecho de serlo, pero que se va configurando por agresiones cotidianas, constantes, recurrentes y que, en no pocas ocasiones, se naturalizan.

El femicidio, el último lugar de ese continuum, se caracteriza por un desprecio absoluto hacia las mujeres, por eso las matan.

Ante quienes señalan que mueren más hombres víctimas de la delincuencia común que mujeres por femicidios, es importante recordarles las particularidades de este último:

1. En primer lugar, como señalamos, responde al desprecio hacia las mujeres.

2. En segundo lugar, su naturalización, su aceptación como hecho cotidiano, normal.

3. En tercer lugar, que un porcentaje importante de estos crímenes lo comete un hombre cercano o familiar de la víctima; hay que tener presente que el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres. Y que los principales agresores son el cónyuge, excónyuge, pareja, padrastro y otros miembros de la familia.

4. En cuarto lugar, el alto índice de impunidad presente en este delito envía un mensaje a la ciudadanía que legitima las muertes violentas de las mujeres. Esto implica que, aunque el femicidio es individual, el mensaje es colectivo. Es para todas las mujeres: que sus vidas son desechables, lo que profundiza la desigualdad y la exclusión.

Es importante destacar que no todo asesinato de una mujer es un femicidio. Por ejemplo, si hay un secuestro con rehenes en un banco y matan a varios de ellos, entre los que se encuentran mujeres, en principio eso no es un femicidio. Para que este se configure se precisa que el hecho de ser mujer sea un elemento central de la acción.

El femicidio en la legislación venezolana. Lo que muestran las cifras.

El 25 de noviembre de 2014 se aprobó una reforma de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Venezuela; en la misma se estableció el femicidio como tipo penal. Se reconoció que comete este delito quien mate a una mujer por odio o desprecio por el hecho de serlo. Además, se establece la sanción.

Hasta este punto, es lo que hacen las normas en materia penal: tipifican un delito y establecen una pena. Pero hay más.

La ley venezolana forma parte de la tercera ola de leyes en materia de violencia contra las mujeres que son reconocidas como leyes de protección integral. Estas no se limitan a señalar un conjunto de normas penales, sino que reconocen la necesidad de un abordaje integral del problema. Esto implica adoptar medidas de distintos tipos: educativas, sanitarias, de difusión, sensibilización, capacitación, entre otras, que aseguren a las mujeres una vida libre de violencia.

La gran pregunta es si el Estado venezolano está cumpliendo con sus obligaciones y si está tomando medidas, incluidas políticas públicas con enfoque de derechos humanos y de género, encaminadas a hacerle frente a este terrible flagelo, principalmente en el caso de femicidios.

La respuesta parece ser clara si tomamos en cuenta las noticias de mujeres asesinadas, víctimas de femicidios en el país.

Según la plataforma comunicacional Utopix, entidad que rigurosamente ha venido monitoreando los femicidios en el país registrados en medios digitales, en el año 2020 ocurrieron en total 256 femicidios de mujeres y niñas en Venezuela; esto supone 1 femicidio cada 34 horas. Además, implicó un incremento de este tipo de delito en comparación con lo que ocurría en 2016 que era 1 femicidio cada 72 horas. En los dos primeros meses de 2021, se produjeron 43 femicidios en el país, esto quiere decir 1 cada 33 horas.  También el Centro de Justicia y Paz (Cepaz) lleva un registro de este delito en Venezuela.

Es importante tener presente que se tiene una aproximación estadística no porque el Estado venezolano esté cumpliendo con su obligación de tener esa información –desde el año 2016 no presenta cifras–, que constituye una herramienta fundamental en la elaboración de políticas públicas, sino porque organizaciones de la sociedad civil, esas mismas ONG denostadas por el Estado, están cubriendo con su trabajo las falencias de las instituciones públicas.

Pero no es solo la falta de estadísticas. Es en general la falta de respuesta del Estado venezolano ante estos delitos, los altos índices de impunidad, su complicidad ante este tipo de agresiones. Todavía está muy presente en la memoria el asesinato de Jennifer Vieira por parte de su esposo Edwin “Inca” Valero y la falta de debida diligencia; incluso, el claro incumplimiento de los órganos del sistema de justicia en garantizarle sus derechos. Esto no es sino uno, entre muchos casos, que permiten señalar al Estado venezolano como un Estado feminicida.

Diferencias entre femicidio y feminicidio

En algunos países estos términos se usan indistintamente. No obstante, en este caso, haremos la diferencia entre el tipo penal establecido en la ley y el término feminicidio, desarrollado por la antropóloga mexicana Marcela Lagarde y que tiene como protagonista al Estado.

Para Lagarde el feminicidio se configura cuando el Estado incumple su obligación de garantizarles a las mujeres una vida libre de violencias y no crea las condiciones de seguridad ni en los espacios públicos ni en los espacios privados.

Dicho lo anterior, cuando el Estado no desarrolla políticas públicas para hacerle frente a este delito; cuando no se toman en cuenta las denuncias de las mujeres; cuando los funcionarios de los cuerpos policiales, los fiscales, los jueces y las juezas no están debidamente capacitados sobre los derechos de las mujeres; cuando los nombramientos y designaciones de fiscales, jueces y juezas con competencia en materia de violencia de género se hacen por lealtades partidistas y no por competencias;  cuando los índices de impunidad de los femicidios son muy altos, todo ello configura el feminicidio.

El Estado venezolano claramente está incumpliendo con sus compromisos en asegurarle a las venezolanas una vida libre de violencia, lo que favorece la comisión de femicidios y la impunidad de estos delitos. Por eso es un Estado feminicida.

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¿Es laico y feminista el Estado venezolano?, por Dhayana Fernández-Matos

@dhayanamatos

Que la religión es el opio de los pueblos es un hecho controvertido. Para algunas personas, es esperanza para quienes sufren. Pero más allá de estas discusiones bizantinas, no hay duda que las religiones, así en plural, han sido una piedra de tranca para el avance en el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres.

Hasta la fecha, los progresos que se han dado no han sido gracias al apoyo de las religiones, sino pese a su resistencia y a su oposición.

Si nos enfocamos en el imaginario religioso y en todas las representaciones sociales de la mujer que están presentes, por ejemplo en la Iglesia católica, podemos ver cómo se establecen dispositivos de control –Foucault vaya por delante– que disciplinan los cuerpos femeninos o feminizados, perpetuando la posición subordinada de la mujer en la sociedad. Un escaneo rápido de la Biblia nos permite observar los arquetipos de mujeres representadas, que se mueven entre dos polos opuestos: la mujer mala, pecadora, incitadora de pasiones incontrolables, inferior al hombre de cuya costilla proviene; y la imagen inmaculada de la virgen, pura, angelical, sin deseos sexuales que la degraden, diferente al resto de las mujeres, por ello su hijo fue concebido sin pecado original.

Estas representaciones se han trasladado a otras instituciones, por ejemplo, al derecho penal, que anteriormente, cuando hablaba de las mujeres, solo lo hacía en los delitos contra el honor (la virgen mancillada) o aquellos contra las buenas costumbres (la prostituta). A la familia, donde es deber de la mujer seguir al hombre y “amarlo hasta que la muerte los separe”, si la muerte viene por un femicidio es un problema menor.

Y así encontramos estas visiones de las mujeres producto de una herencia judeocristiana y de un pasado colonial donde la Iglesia era un poder político (continúa siéndolo), con potestad de hacer, deshacer, andar y desandar.

Con el tiempo, en apariencia, se impuso la idea racionalista de la separación entre el Estado y la Iglesia, no sin que en algunas partes se hayan generado conflictos armados importantes, como la Guerra de Cristeros en México, precisamente el país de América Latina donde se estableció por primera vez en el texto constitucional la laicidad del Estado; principio que, pese a los intentos abiertos y encubiertos de algunos, sigue muy presente en la política de este país.

Pero sacar a la Iglesia católica de las instituciones políticas no significó un cambio en las representaciones sociales de las mujeres. Ya el tinglado del sistema patriarcal estaba montado y se impuso la visión rousseauniana de la ciudadanía: solo los hombres podían estar en la esfera pública y ser titulares de derechos. ¿Las mujeres? A seguir lavando, cocinando, cuidando a los ciudadanos republicanos y asistiendo a misa dominical.

Esta dinámica se impuso en el resto de América Latina; en algunos Estados antes que en otros y, según los intereses en juego, en unos momentos más clara la separación que en otros.

El Estado laico en Venezuela

En nuestro país la libertad religiosa está consagrada en el texto constitucional como derecho humano. En teoría, el Estado es laico, no confesional y plural. Permite la existencia de distintas religiones, ninguna de ella es la religión del Estado y deben permanecer fuera de las distintas instancias del poder público. Insisto, en teoría.

En la práctica, durante buena parte del siglo XX la Iglesia católica siguió teniendo una presencia importante en el sistema político, la que sin perderla del todo, fue mermando y dando paso a nuevas religiones, principalmente evangélicos, que poco a poco han ido adquiriendo más presencia e influencia en la política criolla.

Es importante destacar que este fenómeno no se ha dado solo en Venezuela. El avance de los evangélicos en América Latina se evidencia desde hace un tiempo. Sus candidatos han llegado, incluso, a ser presidentes, como el caso de Jimmy Morales en Guatemala y, el más preocupante, Jair Bolsonaro en Brasil.

Pero también han estado presentes en ciertas alianzas que lucen, cuando menos, bizarras. Como el apoyo de los evangélicos al presidente Manuel López Obrador en un grupo que bien podría llamarse “el chiripero” en versión azteca, en recuerdo de aquel de 1993 que apoyó al presidente Rafael Caldera.

En Venezuela también hemos visto avances y alianzas entre estos grupos y el gobierno de Nicolás Maduro. Ya en el año 2019 se autodesignaba como el presidente “cristiano y obrero”, incluso llegó a decretar un Día Nacional del Pastor.

Con las elecciones del 6 de diciembre de 2020, esta alianza se fortalece. Comienzan a encenderse las alarmas de los grupos defensores de derechos humanos, ya que la experiencia en la región muestra que sus actuaciones, generalmente, están en contra de los derechos de las mujeres y las poblaciones LGBT.

Una de las primeras señales de alerta fue el cambio del nombre de la Comisión Permanente de Familia de la Asamblea Nacional que ahora se denominará Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Cultos.

Una unión que pudiera resultar solo un poco extraña si no se hubiese visto cómo han actuado los evangélicos en otros países, imponiendo barreras y obstáculos para que se discutan los temas que les interesan a las mujeres, entre ellos la despenalización del aborto y los de las poblaciones LGBT. Dicho sea de paso, estamos hablando de derechos humanos, no de potestades discrecionales del poder público.

La guinda en este pastel la puso el tema de la supuesta discusión de una Ley de Religión “dizque” inofensiva. ¡Feministas y población LGBT temblad!

¿Un Estado feminista?

Tanto Nicolás Maduro como Hugo Chávez se autodesignaron como feministas. No obstante, más allá de la retórica y de la instrumentalización de las mujeres, principalmente las de escasos recursos que han sido su base electoral más sólida, no se observan políticas públicas que empoderen a las mujeres. Por el contrario, sí se han dado un conjunto de políticas asistencialistas y de transferencias monetarias (necesarias) que no rompen las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres.

Tampoco por el lado de la oposición ha habido interés en los temas de las mujeres y también se observa que el tema religioso no está fuera de la política.

Un ejemplo de ello es el nombre del plan de atención a la salud de la población en riesgo vital, coordinado por Fabiana Rosales, esposa de Juan Guaidó, que se denomina plan Madre María de San José.

Pero volviendo a la falta de interés de ambos lados en priorizar las agendas de las mujeres, esto queda claro cuando se establece algún mecanismo de diálogo (así no resulte), donde las mujeres no están presentes. Esto lleva a cuestionar que no haya presencia del grupo humano que representa más de la mitad de la población venezolana, ¿cómo se discuten temas de tal envergadura sin que haya mujeres que representen los intereses de las mujeres?

En ese contexto, es necesario que las feministas venezolanas nos unamos. Las diferencias ideológicas son sanas, necesarias y enriquecen los debates políticos. Si algunas son socialistas, liberales, conservadoras, comunistas o NINI, es válido y respetable, pero lo que aquí está en juego, con el avance de los evangélicos y la invisibilidad de las mujeres, lleva a la necesidad de un Pacto Feminista, un pacto por nuestros derechos, ya que no se puede hablar de democracia sin la presencia de las mujeres. Así que ¡Feministas venezolanas, uníos!  #MásMujeresMásDemocracia

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