Corrupción en Venezuela

Comenzaba la tarde del 17 de marzo de 2023, cuando el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñañez, publicó en Twitter un comunicado de la Policía Nacional Anticorrupción que anunciaba procedimientos contra funcionarios del gobierno por violar el “sagrado juramento de honestidad, moral y ética que realizaron para asumir las responsabilidades asignadas”.

En las horas y días siguientes se conocerían los nombres de los implicados en la #PurgaMadurista: decenas de funcionarios de alto y mediano rango de compañías estatales, instituciones, los tribunales penales de la República, y dos alcaldías, así como empresarios de ramos diversos.

En el centro de todo el escándalo estaba Tareck El Aissami, quien era ministro del Petróleo y luego se señalaría como presunto responsable del desfalco de 5.500 millones de dólares a Pdvsa.

Tres días después del inicio de los arrestos, El Aissami dimitió a su cargo. Nunca se supo si lo detuvieron y su paradero hoy es un misterio. 

Los sustitutos de la #PurgaMadurista

Tras un año de la #PurgaMadurista, la opacidad se ha mantenido en los procesos de cada detenido. El último balance señaló que el Ministerio Público solicitó el pase a juicio de 22 de los 61 arrestados (sin revelar nombres).

Ese mismo documento apuntó que, para julio de 2023, todavía no se habían ejecutado 20 órdenes de aprehensión. Runrun.es pidió información sobre estos procesos judiciales a la Fiscalía General de la República y Pdvsa, pero al cierre de este reportaje no se había obtenido respuesta.

Los funcionarios que rápidamente ocuparon las docenas de sillas vacías que dejó la #PurgaMadurista estuvieron previamente en ministerios e instituciones al mando de las más altas esferas del poder.

Esta investigación revisó los perfiles y trayectorias profesionales de 35 de las personas designadas en los cargos abandonados por los implicados, y en otros que surgieron tras la sacudida, y determinó que por lo menos la mitad de ellos ha estado en posiciones cercanas al actual Presidente de la República, pero también a la vicepresidenta Delcy Rodríguez; a su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, entre otros.

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Según el informe publicado del CCC, el país obtuvo un puntaje de 1.46 sobre 10 respecto a sus capacidades para detectar, castigar y prevenir la corrupción

@Luciapietf

Venezuela se posicionó por quinto año consecutivo en el último lugar del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) entre 15 países de América Latina. Según la evaluación publicada este año, el país descendió 0.17 puntos respecto al 2022, obteniendo un puntaje de 1.46 de un máximo de 10. 

El CCC es un estudio elaborado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, que mide la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción a través de tres categorías: capacidad legal, democracia e instituciones políticas, y sociedad civil y medios de comunicación. 

A nivel regional, Uruguay (6.99) tuvo la puntuación más alta en el índice, seguido de Costa Rica (6.76), Chile (6.67), Perú (5.53), República Dominicana (5.42), Panamá (5.39), Argentina (5.07), Brasil (4.83), Colombia (4.78), Ecuador (4.68), Paraguay (4.61), México (3.87), Guatemala (2.86), Bolivia (2.56) y Venezuela (1.46), de acuerdo al informe. 

Descenso general

En Venezuela, la variable que evalúa la movilización de la sociedad civil contra la corrupción disminuyó 18% y la relacionada con la calidad de la prensa cayó 15%, debido a la aprobación en enero del proyecto de «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines», que obliga a las ONG a declarar sus bienes y revelar al Estado sus relaciones con donantes, lo que ha causado temor de sanción entre los miembros de estas instituciones.  

En la categoría «Sociedad civil y medios de comunicación», el país presentó una puntuación de 4.57 y se ubicó en el penúltimo lugar en Latinoamérica, por delante de Bolivia (3.62) y detrás de Guatemala (5.00).

Dentro de la categoría «Capacidad legal», la independencia y eficiencia judicial y de los organismos anticorrupción fueron las variables más bajas. Aquí, Venezuela  tuvo un puntaje total de 0.81, la última de la región. 

El mismo caso se observó en la categoría «Democracia e instituciones políticas», con un puntaje de 1.28. En este apartado, la variable más baja fue la que estudia los procesos legislativos y de gobierno, y la calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas. 

El CCC advirtió que hay temas críticos a monitorear, como las elecciones presidenciales de 2024 y las primarias de la oposición en octubre de 2023, debido a la posibilidad de que «se produzca una persecución selectiva de activistas, líderes sindicales y políticos de la oposición en el contexto de las continuas protestas por parte de los trabajadores públicos y de la campaña previa a las elecciones». 

En el informe también se mencionó el monitoreo sobre las perspectivas de nuevas negociaciones entre el gobierno y la oposición, tras la reanudación del diálogo en noviembre de 2022 en Ciudad de México. 

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“No hay manera de que desaparezcan 1.000 millones de dólares o 500 millones de dólares sin que haya una red nacional, sin que haya un Estado que lo permita o haya una red internacional que la proteja y la haga feliz”, manifestó la directora de la organización, Mercedes De Freitas

Mercedes De Freitas, directora ejecutiva y fundadora de Transparencia Venezuela, señaló que el dinero que ha sido robado en casos de corrupción estatal sería suficiente para liquidar la deuda externa, que asciende a 160 millardos de dólares.

En entrevista con el programa De Primera Mano de Radio Fe y Alegría Noticias, De Freitas destacó el daño que han ocasionado al país las personas que han desfalcado recursos del Estado destinados a mejorar la calidad de vida de los venezolanos.

Señaló que en los 149 casos de corrupción documentados por Transparencia Venezuela se han desfalcado al menos 64 millardos de dólares. Señaló sin embargo que la cifra puede ser superior, pero la organización no tiene acceso a todos los expedientes de los casos que se manejan.

“La deuda de Venezuela, que es una cosa horrorosa, espantosa, son 160.000 millones. El presupuesto de este año, calculado al dólar de diciembre, era de 9.000 millones de dólares. Estamos hablando de que una parte importante de la deuda (pudo ser pagada). Es una cosa gigantesca, bestial. Cuando hablamos con otros países del mundo, nada se les parece”, afirmó

A su juicio, la debilidad del sistema de justicia permite que la corrupción vaya creciendo junto con la impunidad, pues no se investiga ni responsabiliza a nadie por el dinero que se pierde.

“Hemos calificado la corrupción en Venezuela como sistémica. Eso quiere decir que no es solamente la actitud y las acciones de una persona o un grupo pequeño de personas, sino que el sistema ha creado las condiciones para que quien está cerca del poder (pueda) aprovecharse de lo público y para (que pueda) quedar impune. Hay esa relación entre la corrupción y la impunidad. Los corruptos necesitan que el sistema de justicia sea complaciente o, en el menor de los casos, se haga la vista gorda… Mire para el otro lado”, dijo.

En cuanto al caso de corrupción que se investiga en la empresa estatal Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), De Freitas calificó de insólito que por años no se investigara lo que estaba pasando, pese a que se hicieron denuncias desde hace años.

“Muchos casos tienen que ver con Pdvsa porque de ahí sale el dinero. La trama que está el fiscal Tarek William Saab denunciando desde el mes de febrero es una trama que viene desde el 2020. Entonces, así de desinformado está el contralor o así de cómplice está el contralor que ha silenciado su voz, que no ha hecho las auditorías que tiene que hacer, que no ha exigido transparencia ni en los órganos nacionales, regionales y municipales, ni en las empresas propiedad del Estado”, expresó.

Refutó que desde hace años Pdvsa no publica su informe de gestión y aun así el gobierno le felicita por su excelente desempeño y gestión.

“No hay manera de que desaparezcan 1.000 millones de dólares o 500 millones de dólares sin que haya una red nacional, sin que haya un Estado que lo permita o haya una red internacional que la proteja y la haga feliz”, manifestó la directora de Transparencia Venezuela.

La organización habla incluso de una red de corrupción internacional en la que Venezuela tiene presencia en al menos 70 países como Argentina, España, Italia, México, Estados Unidos y Colombia.

En Venezuela, añade el OVCS, «no existen garantías sociales para la subsistencia de la mayoríad e la población quienes se ven obligados a sortear toda clase de circunstancia para vivir»

El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) advirtió que los hechos de corrupción en Venezuela agravan aún más la difícil situación de vida que ya existe en el país.

Durante su reporte de abril, el OVCS recordó que en ese periodo el gobierno reconoció públicamente la existencia de numerosos casos de corrupción, con presunta responsabilidad de altos funcionarios y dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

También, la organización señaló que durante abril se escenificó una «grandilocuente campaña comunicacional de lucha contra la corrupción», la cual culminó el mes con detenidos y una persona fallecida durante la custodia policial.

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Sin embargo, advierte el OVCS, «la ausencia de transparencia e imposibilidad de acceder a datos oficiales y reales dificulta a la sociedad civil y comunidad internacional la posibilidad de conocer la veracidad sobre estos hechos».

Además, indicaron que las políticas gubernamentales impactan en las condiciones de vida del venezolano, que hoy día sigue «sucumbido» ante una Emergencia Humanitaria Compleja, con un salario mínimo oficial equivalente a 5 dólares por mes y una pobreza creciente.

En Venezuela, añade el OVCS, «no existen garantías sociales para la subsistencia de la mayoría de la población, quienes se ven obligados a sortear toda clase de circunstancia para vivir».

«Los hechos de corrupción y las continuas violaciones a los derechos humanos en todas sus dimensiones agravan aún más la situación de vida en el país».

Derechos laborales, los más exigidos por la población

De acuerdo con datos del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), en abril de 2023 se registraron 489 protestas, de las cuales el 61 % fueron por derechos laborales.

Según la ONG, las protestas contabilizadas en abril, 398 se relacionaron con los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Desca), lo que representa 81 %.

Durante el periodo, también el OVCS contabilizó 25 protestas en 11 estados del país para exigir abastecimiento de combustible de calidad en forma regular y sin dolarización de tarifas.

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Marcos Gómez, de Amnistía Internacional en Venezuela, alertó de que la Justicia en este país solo actúa en defensa del gobierno

Representantes de organizaciones de defensa de derechos humanos advirtieron este martes, 18 de abril, que la Justicia en Venezuela necesita una reforma estructural que acabe con una corrupción que hace muy difícil luchar en el país contra abusos desde el poder.

El «Encuentro Internacional sobre Corrupción y Derechos Humanos en Venezuela», convocado por estas organizaciones, analiza entre este martes y el miércoles en Madrid la situación en el país sudamericano.

Mildred Rojas, de Transparencia Venezuela, miembro de la entidad Transparencia Internacional que lucha contra la corrupción, relató una serie de ejemplos de intervención en la Justicia desde el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Ejecutivo de Nicolás Maduro.

El nombramiento «a dedo» de jueces y fiscales, la detención y tortura de algunos de ellos, políticos que están por encima de los tribunales, sentencias favorables para quien pueda pagarlas y una Fiscalía que no rinde cuentas fueron algunos de los casos citados por Rojas.

Francisco Cox, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela, denunció un «aplastamiento de la oposición» por parte del Estado venezolano, mediante prácticas como «detenciones arbitrarias» y la utilización de leyes contra el terrorismo para «perseguir a la sociedad civil».

Justicia actúa en defensa del gobierno

Marcos Gómez, de Amnistía Internacional en Venezuela, alertó de que la Justicia en este país solo actúa en defensa del gobierno, con una corrupción hasta el punto de tener que pagar para que los detenidos tengan comida y agua.

O una gran cantidad de dinero que salió del país a Estados Unidos o Europa mientras la banca «es cruel» contra las organizaciones civiles en Venezuela, lamentó.

Asimismo, Gómez destacó la necesidad de informes como los de este tipo de organizaciones para denunciar internacionalmente esta situación, pues contribuyeron en su momento a luchar contra «ejecuciones extrajudiciales» en el país.

Al respecto, Jimena Reyes, de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, que integran organizaciones de más de un centenar de países, manifestó que «Venezuela es el país emblemático de esta situación en América Latina».

*Con información de EFE

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Hasta ahora, tres funcionarios del Poder Judicial fueron detenidos en la purga madurista: el expresidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret,  José Mascimino Márquez García, juez 4º de Control con Competencia en Delitos de Terrorismo y el juez Yorwis Bracho Gómez

Los tres funcionarios, reveló la Fiscalía, son imputados por presunto retraso u omisión intencional de funciones y asociación

El fiscal general designado por la Constituyente, Tarek William Saab, informó el pasado 25 de marzo que son tres los detenidos hasta la fecha por hechos de corrupción en el Poder Judicial.

Resaltan en este grupo las detenciones del expresidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Cristóbal Cornieles Perret, y de José Mascimino Márquez García, juez 4º de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos de Terrorismo.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, ambos funcionarios del Poder Judicial se concertaron para otorgarle medida cautelar a Cheremos Carrasquel, procesado como integrante del grupo de delincuencia organizada conocido como “El Tren del Llano”.

La intención, según aseguran, es que Cheremos Carrasquel pudiera ser juzgado en libertad.

Por otra parte, se conoció sobre la detención en Falcón del juez Yorwis Bracho Gómez. La investigación reveló que al momento de celebrar una audiencia especial de tercería acordó la entrega de cuatro vehículos automotores, que eran objeto de medida cautelar de incautación solicitada en su momento por el Ministerio Público.

«Los propietarios de dichos vehículos están sujetos a investigación penal, incluso algunos investigados como terceros interpuestos, por lo que se presume que Yorwis Bracho Gómez se aprovecha de su cargo como Juez para otorgar beneficios judiciales», se lee en un despacho de la Fiscalía.

Los tres funcionarios, reveló el Ministerio Público, son imputados por presunto retraso u omisión intencional de funciones y asociación.

Tarek William Saab: A estos tres exintegrantes del Poder Judicial se les imputan los delitos de retraso u omisión intencional de funciones y asociación para delinquir

— Ministerio Público venezolano (@MinpublicoVEN) March 25, 2023

Los detenidos en el Poder Judicial

Cristóbal Cornieles Perret

El expresidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas fue juramentado en el cargo por la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Gladys Gutierrez, hace apenas cuatro meses, en octubre de 2022.

Egresó como abogado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y participó en la redacción de la Ley Orgánica de Protección a los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopnna).

Fungió también como consultor jurídico de la Asamblea Nacional de corte oficialista del año 2020 y asesoró legalmente a la extinta e ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de 2017.

En el cargo lo sucedió Katherine Harington, abogada y especialistas en Derecho Penal y Ciencias Penales y Criminológicas, cuyas actuaciones pasadas le han valido varias sanciones en el exterior por países como Estados Unidos, Canadá, Suiza y hasta la Unión Europea.

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Mascimino Márquez García

Márquez García fue noticia a principios de este año por presuntamente favorecer la liberación de Oswaldo José Cheremos Carrasquel, uno de los integrantes de la organización delictiva Tren del Llano, según reseña el portal Últimas Noticias.

Últimas Noticias señala que  la liberación de Cheremos Carrasquel fue instruida por Mario Aquino, uno de los asistentes del Circuito Judicial Penal Caracas, quien le envió un mensaje vía WhatsApp al juez Márquez García para que decretara el juicio en libertad del sujeto imputado por tráfico ilegal de armas de guerra, entre otros delitos.  

El juez Mascimino Márquez García es tristemente célebre por su implacable accionar en los procesos contra  dirigentes políticos de oposición, militares, periodistas y miembros de la sociedad civil. 

Antes de su vertiginoso ascenso en el sistema de justicia en el año 2019 se desempeñaba como camarero principal de una reconocida arepera en Caracas. Fue responsable de la detención y privativa de libertad en contra del diputado y dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, en julio de 2021.

También en ese mismo mes, ordenó la detención y privativa de libertad del periodista Ronald Carreño, tras admitir la acusación del Ministerio Público y desestimar los argumentos de la defensa. 

A su expediente rojo se suma haber ordenado la detención de 12 indígenas pemones en enero de 2020 por un supuesto asalto al Batallón de Infantería de Selva 513 Marino Montilla,  en Santa Elena de Uairén. En el grupo estaba Salvador Franco, quien falleció luego en prisión por tuberculosis.

José Mascimino Márquez García también estuvo a cargo del caso de la Operación Gedeón en 2020. Los implicados en el caso denunciaron que violaron sus derechos. Asimismo, ordenó encarcelar al coronel Juan Rodríguez Dos Ramos por presunta conspiración en contra del Gobierno. 

Jorwis Bracho

Sobre la detención del juez primero de control de Falcón, Jorwis Bracho,  se supo que se practicó el pasado 17 de marzo, primer día de la jornada de la operación «guerra contra la corrupción». Medios locales indicaron que fue trasladado a Caracas un día después.

Bracho fue el encargado de abrir, en enero de 2022, un expediente por tráfico de drogas contra la alcaldesa oficialista de Semprún, Keyrineth Fernández y la diputada a la AN por el Zulia, Taína González. A ambas funcionarias las detuvieron con más de siete kilogramos de cocaína en el contexto del operativo «Manos de Hierro».

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De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, durante el 2022, el Arco Minero del Orinoco «fue el centro de la minería ilícita y el contrabando de oro»

El informe recogió datos de Transparencia Venezuela, que en febrero publicó un estudio el cual registró denuncias de corrupción o mala gestión en 46 empresas públicas regionales

El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó este lunes, 20 de marzo, un informe sobre Venezuela, en el que destacó que el régimen venezolano no castiga de manera efectiva la corrupción.

A pesar de que la ley en Venezuela castiga la corrupción con sanciones penales para funcionarios, esto no se implementó de manera efectiva. Varios funcionarios reconocieron explícitamente la corrupción como un problema importante, indica el documento. 

Según Tarek William Saab, fiscal general impuesto, durante 2022 se descubrieron 24 redes de corrupción en la industria petrolera y 178 personas fueron acusadas por corrupción, con 63 personas condenadas.

Pese a esas cifras, los observadores afirmaron que las estadísticas del régimen no eran confiables. De enero a agosto, 319 fiscales públicos habrían sido imputados y 63 condenados por corrupción.

Precisamente, sobre el tema de la corrupción, este informe coincide con una “purga madurista” por supuestos hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos, que culminó con la renuncia de Tareck El Aissami a su cargo de ministro de Petróleo.

Asimismo, por estas investigaciones recientes se detuvo al juez José Mascimino Márquez; el presidente del Circuito Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perre; y Pedro Hernández.

También fue detenido Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena en el estado Aragua, por su presunta vinculación y participación en la reactivación de bandas territoriales. 

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Un problema importante en la FANB 

Según el Departamento de Estado, la corrupción en Venezuela fue un «problema importante» en las Fuerzas Armadas y de seguridad.

Especifica el texto que varios miembros de menor rango de estos cuerpos «generalmente estaban mal pagados y mínimamente capacitados».

«No hubo información disponible públicamente sobre la cantidad de casos que involucraron a policías y militares durante el año, aunque el Ministerio Público publicó varios casos individuales contra policías por solicitar sobornos y otras actividades corruptas».

Corrupción en empresas regionales y estaciones de servicio

El informe recogió datos de Transparencia Venezuela, que en febrero publicó un estudio el cual registró denuncias de corrupción o mala gestión en 46 empresas públicas regionales.

Todas las denuncias ocurrieron en los sectores de empresas de distribución de gas, transporte, agroalimentación, construcción, minería y comercio.

Al respecto, la organización hizo hincapié en que las empresas regionales a menudo se utilizaban con fines políticos y carecían de responsabilidad.

También, Transparencia Venezuela que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ejercía control sobre las gasolineras subsidiadas y muchas veces desviaba la gasolina para venderla en el mercado negro.

Minería ilícita y contrabando de oro

De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, durante el 2022, el Arco Minero del Orinoco «fue el centro de la minería ilícita y el contrabando de oro».

Con respecto a lo anterior, la Misión de la ONU informó en septiembre sobre una «colusión» entre el régimen y los grupos criminales que operan en el Orinoco, «lo que les permitió cometer delitos con impunidad».

Según los informes, tanto los grupos armados como el régimen amenazaron o atacaron a los líderes indígenas que se negaron a permitir el contrabando de mercancías o el acceso a la minería terrestre en sus territorios.

Por su parte, Transparencia Venezuela estimó que el 25% del oro extraído del Arco Minero llegó al Banco Central de Venezuela, mientras que al menos 30% terminó en manos de organizaciones criminales que controlaban las minas, y el resto fue a personas corruptas afiliadas al régimen.

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A través de un comunicado, la organización destaca que, «aun cuando la investigación está en proceso, el país tiene derecho a saber más sobre los funcionarios detenidos, los delitos de los que se les acusa, los presuntos mecanismos empleados, desde cuándo estarían ocurriendo o el tamaño del patrimonio público comprometido»

Foto: AP

La asociación civil Transparencia Venezuela divulgó, el 20 de marzo, un comunicado a través del cual se pronunció por las investigaciones y detenciones en el país por «graves hechos de corrupción».

La nota se refiere, en primer lugar, a los hechos ocurridos desde el pasado 17 de marzo, cuando la Policía Nacional Contra la Corrupción anunció la detención de funcionarios del Poder Judicial, la industria petrolera y alcaldías, presuntamente vinculados en actos de corrupción administrativa y malversación de fondos.

«Resulta preocupante que, pese a la gravedad de los hechos a los que hace referencia la Policía Nacional Contra la Corrupción, que fue reiterada en los anuncios realizados por el Ministerio Público, sea tan escasa la información pública», se lee en el comunicado.

En este sentido, Transparencia Venezuela destaca que, «aun cuando la investigación está en proceso, el país tiene derecho a saber más sobre los funcionarios detenidos, los delitos de los que se les acusa, los presuntos mecanismos empleados, desde cuándo estarían ocurriendo o el tamaño del patrimonio público comprometido».

De igual manera, recuerda que «la opacidad que se ha agudizado en las últimas dos décadas, y que está presente en todos los niveles de la función pública, solo da paso al surgimiento de rumores que incrementan la incertidumbre y la desconfianza en las instituciones que deben velar por el cumplimiento de las leyes.
Hasta la fecha, los nombres de los presuntos funcionarios y de empresarios detenidos solo se han conocido de manera extraoficial, así como las supuestas tramas de corrupción, los presuntos vínculos con organizaciones criminales y los ‘miles de millones extraviados’”.

Por esta razón, Transparencia Venezuela exhorta a que se informe al país el procedimiento que se está siguiendo, además de que, «en cada uno de estos casos, la investigación alcance a todas las personas presuntamente involucradas».

Adicionalmente, pide que se difunda «información oficial sobre las medidas que se tomarán contra los señalados, la posible congelación de bienes y recursos», pues «la falta de rendición de cuentas, la ausencia de un sistema de justicia autónomo e independiente, así como la inexistencia de información pública confiable, veraz y oportuna constituyen un gran incentivo para que ocurran hechos como los denunciados».

Asimismo, la asociación civil argumenta que «los graves casos de malversación podrían detectarse oportunamente y se resguardaría mejor el patrimonio público si los venezolanos tuvieran el acceso completo a las leyes de Presupuesto y Endeudamiento; el Ministerio del Petróleo y los demás despachos publicaran sus memorias y cuentas; Petróleos de Venezuela hiciera públicos sus informes de gestión; la Contraloría Ge- neral de la República cumpliera con sus funciones y el Cuerpo Nacional Contra la Corrupción rindiera cuentas de lo hecho desde su creación hace nueve años».

Transparencia Venezuela enfatiza que respalda «todas las gestiones que se hagan para combatir la corrupción, siempre que se adelanten de manera transparente y con apego a las leyes vigentes».

«Nuestra organización seguirá atenta a las acciones que se emprenden por estos casos, así como sigue de cerca los más de 140 procesos por corrupción que han sido anunciados por sistemas de justicia de terceros países, en los que están involucrados fondos públicos venezolanos, muchos de los cuales no se han investigado en Venezuela, al menos no que se conozca públicamente», reza el comunicado.

La nota cierra con «datos recabados en fuentes abiertas» sobre los presuntos detenidos: Cristóbal Cornielles Perret, José Mascimino Márquez García, Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, Hugbel Rafael Roa Carucci, Pedro Hernández y Jorwis Bracho Gómez.

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