De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, durante el 2022, el Arco Minero del Orinoco «fue el centro de la minería ilícita y el contrabando de oro»
El informe recogió datos de Transparencia Venezuela, que en febrero publicó un estudio el cual registró denuncias de corrupción o mala gestión en 46 empresas públicas regionales
El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó este lunes, 20 de marzo, un informe sobre Venezuela, en el que destacó que el régimen venezolano no castiga de manera efectiva la corrupción.
A pesar de que la ley en Venezuela castiga la corrupción con sanciones penales para funcionarios, esto no se implementó de manera efectiva. Varios funcionarios reconocieron explícitamente la corrupción como un problema importante, indica el documento.
Según Tarek William Saab, fiscal general impuesto, durante 2022 se descubrieron 24 redes de corrupción en la industria petrolera y 178 personas fueron acusadas por corrupción, con 63 personas condenadas.
Pese a esas cifras, los observadores afirmaron que las estadísticas del régimen no eran confiables. De enero a agosto, 319 fiscales públicos habrían sido imputados y 63 condenados por corrupción.
Precisamente, sobre el tema de la corrupción, este informe coincide con una “purga madurista” por supuestos hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos, que culminó con la renuncia de Tareck El Aissami a su cargo de ministro de Petróleo.
Asimismo, por estas investigaciones recientes se detuvo al juez José Mascimino Márquez; el presidente del Circuito Penal de Caracas, Cristóbal Cornieles Perre; y Pedro Hernández.
También fue detenido Pedro Hernández, alcalde del municipio Santos Michelena en el estado Aragua, por su presunta vinculación y participación en la reactivación de bandas territoriales.
Un problema importante en la FANB
Según el Departamento de Estado, la corrupción en Venezuela fue un «problema importante» en las Fuerzas Armadas y de seguridad.
Especifica el texto que varios miembros de menor rango de estos cuerpos «generalmente estaban mal pagados y mínimamente capacitados».
«No hubo información disponible públicamente sobre la cantidad de casos que involucraron a policías y militares durante el año, aunque el Ministerio Público publicó varios casos individuales contra policías por solicitar sobornos y otras actividades corruptas».
Corrupción en empresas regionales y estaciones de servicio
El informe recogió datos de Transparencia Venezuela, que en febrero publicó un estudio el cual registró denuncias de corrupción o mala gestión en 46 empresas públicas regionales.
Todas las denuncias ocurrieron en los sectores de empresas de distribución de gas, transporte, agroalimentación, construcción, minería y comercio.
Al respecto, la organización hizo hincapié en que las empresas regionales a menudo se utilizaban con fines políticos y carecían de responsabilidad.
También, Transparencia Venezuela que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) ejercía control sobre las gasolineras subsidiadas y muchas veces desviaba la gasolina para venderla en el mercado negro.
Minería ilícita y contrabando de oro
De acuerdo con el informe del Departamento de Estado, durante el 2022, el Arco Minero del Orinoco «fue el centro de la minería ilícita y el contrabando de oro».
Con respecto a lo anterior, la Misión de la ONU informó en septiembre sobre una «colusión» entre el régimen y los grupos criminales que operan en el Orinoco, «lo que les permitió cometer delitos con impunidad».
Según los informes, tanto los grupos armados como el régimen amenazaron o atacaron a los líderes indígenas que se negaron a permitir el contrabando de mercancías o el acceso a la minería terrestre en sus territorios.
Por su parte, Transparencia Venezuela estimó que el 25% del oro extraído del Arco Minero llegó al Banco Central de Venezuela, mientras que al menos 30% terminó en manos de organizaciones criminales que controlaban las minas, y el resto fue a personas corruptas afiliadas al régimen.
