El informe del Departamento de Estado señaló que «hubo informes creíbles de que las fuerzas de seguridad alineadas con Maduro torturaron y abusaron regularmente de los detenidos»
En general, de acuerdo con el texto, el régimen fue «hostil» con los organismos internacionales de derechos humanos y continuó negando el acceso a la CIDH, que visitó el país por última vez en 2002.
El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó este lunes, 20 de marzo, un informe sobre violaciones a los DDHH en Venezuela, cometidos por el régimen de Nicolás Maduro durante el 2022.
En el texto se documentaron asesinatos, desapariciones, torturas cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado, hechos de corrupción, censura y ataque a medios de comunicación, entre otros.
También, señaló el informe que el régimen de Maduro «dependía de los servicios de inteligencia civil y militar y, en menor medida, de las bandas armadas afines al régimen conocidas como colectivos, para neutralizar a la oposición política y someter a la población».
De acuerdo con el Departamento de Estado, el régimen de Maduro «cometió homicidios arbitrarios o ilegales», según reportaron «numerosos informes».
Pese a que no se tienen estadísticas oficiales de ejecuciones extraoficiales, las ONG informaron que entidades policiales nacionales, estatales y municipales, así como la FANB y colectivos, «llevaron a cabo cientos de tales ejecuciones durante el año».
Según Saab, 762 de los funcionarios fueron encarcelados; y 279 fueron condenados por sus crímenes, pero no hizo referencia a ejecuciones arbitrarias.
Al respecto, la ONG Provea y la Fundación Gumilla documentaron 485 ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operativos de seguridad o protestas en el primer semestre del año.
Desapariciones
El texto recoge datos de la ONG Fundaredes, la cual reportó 246 desapariciones o secuestros entre enero y junio en los estados Táchira, Falcón, Zulia, Bolívar, Apure y Amazonas.
Según las investigaciones de Fundaredes en la región fronteriza, los grupos armados irregulares y las bandas criminales «fueron cómplices de los agentes de seguridad del régimen en la comisión de violaciones regulares de DDHH, incluidas desapariciones».
Asimismo, el régimen chavista negó las solicitudes del Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de visitar el país para realizar investigaciones.
Tortura, tratos crueles e inhumanos
A pesar de que la Constitución venezolana prohíbe estas prácticas, el informe del Departamento de Estado señaló que «hubo informes creíbles de que las fuerzas de seguridad alineadas con Maduro torturaron y abusaron regularmente de los detenidos».
Con respecto a lo anterior, recordaron que la Misión de la ONU publicó un informe en septiembre, el cual reveló que el Sebin y la Dgcim fueron ejecutores de crímenes de lesa humanidad.
Según la Misión, esos actos violentos no se cometieron arbitrariamente, sino que fueron parte de un «sistema orquestado y ejecutado por el régimen de Maduro para reprimir a los disidentes».
En particular, la Misión de la ONU documentó que el Sebin «jugó un papel fundamental en la detención de opositores, incluidos políticos, defensores de derechos humanos y manifestantes».
Detenciones arbitrarias y asesinatos
La Carta Magna del país prohíbe el arresto o la detención de una persona sin una orden judicial y dispone que el acusado permanezca en libertad mientras es juzgado, «pero los jueces y los fiscales a menudo ignoran estas disposiciones», señala el documento.
El Foro Penal Venezolano, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Espacio Público y Provea registraron al menos 2.000 casos abiertos de detenciones arbitrarias.
A pesar de esas denunciar, según el informe del Departamento de Estado, el régimen de Maduro «rara vez otorgó a los detenidos el derecho a impugnar la legalidad de sus detenciones ante los tribunales, a pesar de que el derecho a hacerlo está estipulado por ley».
«El régimen detuvo arbitrariamente a personas, incluidos ciudadanos extranjeros, durante períodos prolongados sin cargos penales», añade el texto.
Libertad de expresión
Espacio Público reportó 228 casos de violaciones a la libertad de expresión en 128 casos entre enero y agosto, los cuales incluyen «censura, intimidación, hostigamiento verbal y judicial, amenazas, agresiones, una muerte y 14 arrestos».
Por su parte, la ONG Un Mundo Sin Mordaza documentó 198 denuncias de abusos a la libertad de expresión de enero a julio. También, se identificaron siete casos de cierre forzado de medios de comunicación, entre otros.
El informe del Departamento de Estado recordó que en abril de 2022, Olga Mata y Florencio Gil fueron arrestados por “incitar al odio” luego de que publicaran un video en TikTok que criticaba a personas de alto nivel alineadas con el régimen.
Sobre el caso anterior, Tarek William Saab, también mencionado en el video de TikTok, anunció el arresto y acusó a ambos de “instigar el asesinato de figuras públicas”.
Tras una protesta pública, Mata y Gil fueron liberados, pero les exigieron presentarse ante el tribunal mensualmente. Mata también se hizo grabar un video de disculpa.
Violencia y acoso
Líderes del régimen de Maduro continuaron «hostigando e intimidando» a medios de comunicación y periodistas mediante amenazas, incautaciones de bienes, investigaciones administrativas y penales y enjuiciamientos, detalla el documento del Departamento de Estado.
Al respecto, la ONG Redes Ayuda denunció un total de 63 actos de hostigamiento, amenazas y agresiones contra periodistas y prensa durante el primer semestre del año.
Por su parte, Espacio Público registró cinco detenciones arbitrarias de publicaciones en línea hasta fines de agosto. La mayoría de los detenidos eran periodistas, miembros de los medios de comunicación u ONG y activistas de DDHH.
Censura o restricciones de contenido
La administración chavista mantuvo su modus operandi de imponer acciones legales contra medios de comunicación y emisoras radiales independientes, se deja por sentado en el informe.
Uno de los casos más controvertidos ocurrió el 7 de febrero, cuando un tribunal otorgó la sede del diario El Nacional a Diosdado Cabello después de que Cabello presentara una demanda contra el diario por “daño moral” en 2015 .
Días más tarde, el 10 de febrero, Cabello amenazó con ir tras el medio La Patilla, el cual también informó anteriormente sobre los presuntos vínculos de Cabello con el narcotráfico.
Además, los medios afiliados al régimen «proporcionaron una programación a favor del régimen casi continua».
Corrupción
Tarek William Saab reveló que durante el año se descubrieron 24 redes de corrupción en la industria petrolera y 178 personas fueron acusadas por corrupción, con 63 personas condenadas.
No obstante, según el informe del Departamento de Estado, la corrupción fue un problema importante en la FANB y de seguridad, «cuyos miembros de menor rango generalmente estaban mal pagados y mínimamente capacitados».
Un estudio de Transparencia Venezuela, que se publicó en febrero de 2022, registró denuncias de corrupción o mala gestión en 46 empresas públicas regionales.
A pesar de que la Misión de la ONU informó la colusión entre el régimen y grupos criminales que operan en Orinoco, lo que les permitió cometer delitos con impunidad, este lugar se mantuvo como el «centro de la minería ilícita y el contrabando de oro».
Postura del régimen hacia la investigación internacional
El Departamento de Estado resalta que el régimen fue «hostil» con los organismos internacionales de derechos humanos y continuó negando el acceso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitó el país por última vez en 2002.
Asimismo, se recuerda que la Misión de la ONU tuvo que operar desde Panamá, debido a las restricciones impuestas por el régimen de Maduro que incluían la falta de acceso a Venezuela.
El informe recordó que en noviembre de 2021, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, visitó el país, culminando esa visita con el anuncio de la apertura de una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en Venezuela desde 2014.
Posteriormente, en marzo de 2022, Khan visitó nuevamente el país y autorizó a la Fiscalía a establecer una oficina de cooperación con las autoridades venezolanas y facilitación de asistencia técnica, aunque la apertura quedó pendiente a noviembre.
