Otra vez el déjà vu tropical: elecciones, presos, torturas, diálogos, exilio… y ahora marines en el Caribe y analistas enloquecidos vendiendo “el cambio inminente”. ¿Es por fin el fin o solo otro acto del mismo teatro? Mientras Washington y Miraflores ensayan su coreografía mediática, millones de venezolanos miran en silencio, sin saber si aplaudir, temer o seguir sobreviviendo.
Desde la elección de Hugo Chávez en 1998, Venezuela ha seguido un patrón casi ritual: primero, la expectativa de transformaciones sustanciales —justicia social, libertad política, democracia real, elecciones limpias—; después, la respuesta autoritaria del Estado: detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones, persecución de opositores. Más adelante, los procesos electorales —municipales, regionales, parlamentarios o presidenciales— funcionan como instrumentos de coacción o tregua: la oposición recibe cuotas limitadas de poder bajo condiciones desfavorables, mientras el régimen mantiene los resortes claves del Estado.
Se suceden negociaciones y diálogos públicos, promesas de reforma, aperturas mediáticas o concesiones simbólicas. Finalmente, la protesta decae: el cansancio social se impone, el exilio crece, el miedo cala. Y, al cabo de algunos años, reaparecen los viejos males —inflación, escasez, crisis institucional, presos, muertos, exiliados— y el ciclo retorna con ligeras variaciones, pero sin romper el poder autoritario.
Este modelo se ha repetido en múltiples episodios. En 2002-2003, el paro petrolero convocado por Fedecámaras, la CTV y empresarios, acompañado de movilizaciones masivas, que buscó forzar la salida de Chávez. Estas protestas terminaron debilitando políticamente a la oposición y desembocaron en el referendo revocatorio de 2004. La iniciativa de firmas (Firmazo, Reafirmazo) reunió millones de rúbricas, pero enfrentó obstáculos institucionales: firmas invalidadas, exigencias legales que favorecían al gobierno, parcialidad del Consejo Nacional Electoral, la Lista Tascón, la Lista Maisanta.
Chávez resultó ratificado en el cargo, desinflando la esperanza de cambio. Luego vinieron elecciones municipales y regionales en las que la oposición obtuvo espacios menores, siempre bajo reglas que favorecían al oficialismo. En 2007, el referendo para reformar la Constitución y permitir la reelección indefinida fue rechazado por la población, pero el gobierno persistió hasta lograrla en 2009 mediante otra consulta popular.
En 2013, tras la muerte de Chávez, Nicolás Maduro fue electo en comicios muy ajustados frente a Henrique Capriles, generando nuevas tensiones, protestas callejeras, denuncias de fraude y profunda frustración. Posteriormente, las movilizaciones de 2014 contra la escasez, la represión y la crisis económica, y las de 2017 —en respuesta al colapso institucional y la imposición de una Asamblea Nacional Constituyente— reprodujeron el patrón: gran movilización inicial, represión, oferta electoral o diálogo parcial, luego resignación, emigración, exilio, silencio forzado y desgaste.
El chavismo-madurismo ha tejido redes de control social e institucional que amortiguan la contestación. Se fortalecieron estructuras de inteligencia local y barrial, contrainteligencia vecinal, redes de líderes comunitarios leales, milicias y jefaturas de calle. Estos aparatos no solo cooptan mediante prebendas y vigilancia, sino que anticipan, fragmentan o desactivan movilizaciones antes de que cobren fuerza. Además, la precariedad de los servicios básicos —agua, electricidad, transporte, salud— reduce la capacidad de organización colectiva; sin luz, sin medios, sin liderazgos ni espacios seguros, muchas protestas no logran sostenerse.
En el contexto actual —con la militarización del Caribe por parte de Estados Unidos, que despliega buques, dispositivos de vigilancia aérea y fuerzas anfibias, y con el gobierno de Maduro anunciando maniobras para demostrar “preparación operativa” ante amenazas externas— los venezolanos observan desde las barreras, comprimidos por la represión cotidiana: detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y exilios masivos. Organismos como el SEBIN, la DGCIM, las milicias y las redes de jefas y jefes de calle, junto con las estructuras de inteligencia y contrainteligencia en los barrios populares, actúan como un tejido estatal de control y anticipación. Ante tanto asedio, cabe preguntarse si la resignación no es, en realidad, una estrategia forzada de supervivencia.
La evidencia reciente respalda esta percepción: tras las elecciones presidenciales de julio de 2024 se produjo una escalada de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y represión de manifestantes y civiles —según reportes de Human Rights Watch, Amnistía Internacional y la Oficina de Derechos Humanos de la ONU—, reeditando la pauta de “castigar allegados” para sembrar miedo. Mientras tanto, Estados Unidos despliega navíos, bombardea narco lanchas en los llamados “kinetic strikes”, acusa al régimen de ser parte del “Cartel de los Soles” y ofrece recompensas millonarias.
Frente a este panorama, surgen interrogantes tan ácidas como inevitables: ¿El gobierno de Donald Trump moviliza poder militar costoso solo para interceptar lanchas cargadas de droga mientras los grandes circuitos del narcotráfico se reorganizan y buscan rutas distintas? ¿Cómo responderá la administración estadounidense a sus propios ciudadanos cuando el gasto de esta operación militar en el Caribe se traduzca, al menos públicamente, en escasos resultados reales, pero en muchas tensiones diplomáticas?
¿Estará dispuesta la oposición venezolana no solo a imaginar operaciones quirúrgicas o tácticas de presión externa, sino también a enfrentar las consecuencias de un enfrentamiento mayor, sabiendo que el régimen ha mostrado voluntad de resistir incluso socavando derechos básicos de la población civil?
Si alguna vez se pretendiera un gobierno de transición, ¿quién controlaría las fuerzas armadas, cuando se acusa a algunos de sus miembros de formar parte del narcotráfico, como en el caso del “Cartel de los Soles”? ¿Existirían oficiales dispuestos a romper esa cadena silenciosa de complicidades o preferirían mantenerse firmes por lealtad, lucro, temor o simple supervivencia? ¿Imaginar un escenario diferente significa pensar que el régimen preferirá irse “por las buenas” —o por las malas— en vez de desencadenar una crisis brutal que afecte principalmente a los más débiles, deje cicatrices profundas en el tejido social y convierta la transición misma en un campo minado de rencores, desconfianza y fragmentación?
La resignación no es simple cobardía ni rendición; es la estrategia callada de quienes han sido empujados al borde, un modo de administrar el oxígeno cuando la asfixia es total. En Venezuela, suspender la protesta, callar, emigrar o replegarse no significa aceptar el orden impuesto, sino sobrevivirlo. Sin embargo, ese sobrevivir prolongado tiene un costo ético devastador: cuando la injusticia se vuelve paisaje, el derecho se marchita; cuando la impunidad se normaliza, la violencia se perpetúa; cuando la protesta se sofoca, mueren también las certezas de que otro país es posible. Esta es la paradoja del presente: un pueblo herido que aún respira, pero cuya resistencia se ha desplazado al terreno íntimo —en la cocina, en la memoria, en el exilio— mientras las estructuras del poder maquillan su desgaste con diálogos sin consecuencias y concesiones sin retorno.
Al final, no es solo la dictadura la que ha desgastado a Venezuela; también lo han hecho las promesas opositoras que nunca fueron oposición real, los discursos épicos que acabaron en cuotas de poder y selfis con embajadores. Una sociedad entera fue llevada, ilusión tras ilusión, a depositar su esperanza en líderes que juraban ser distintos, pero negociaron lo mismo. Hoy el dolor político no es abstracto: se encarna en hijos que no regresan, padres enterrados de lejos, familias dispersas en aeropuertos, maletas y remesas. Ya no se trata únicamente de recuperar una democracia extraviada; es también la lucha íntima por el retorno de los nuestros, por romper el destierro y el desarraigo que corroen a la nación como una procesión silenciosa.
Después de tantos años de lucha, ¿la oposición se opuso de verdad o solo administró la derrota? ¿La llamada “revolución bolivariana” sigue siendo, siquiera en apariencia, una revolución del pueblo, o es la coartada de un sistema de mafias y narcotraficantes que secuestró al Estado para su beneficio? Y más incómodo aún: ¿en pleno 2025 todavía necesitamos hacernos esa pregunta? Porque si tras el despliegue militar, la guerra comunicacional del “imperio” y la “revolución”, las sanciones, las maniobras y los discursos incendiarios no llega el cambio, quizá debamos mirarnos en el espejo roto de Cuba: sesenta años esperando que “los gringos” vinieran a liberarlos para descubrir que nadie llegaba.
Ese espejo devuelve una imagen cruel: un país que, tras tanta sangre, presos y exilios, corre el riesgo de convertirse en otro enclave melancólico de esperanzas estafadas y resignaciones eternas. Tal vez ahí radique la última verdad incómoda: nadie salvará a Venezuela desde afuera ni desde adentro mientras la sociedad siga delegando su futuro en salvadores de turno; y cada nueva espera solo será otro globo que estalle en las manos de un pueblo que aún respira, pero que ya no puede darse el lujo de seguir soñando con rescates milagrosos.
¿Y entonces qué más se le puede pedir a un país exiliado, perseguido, hambreado, sometido, preso, desaparecido, vigilado, controlado y amenazado? Después de marchas, huelgas de hambre, cacerolas, protestas, guarimbas, elecciones, cuidar votos, campañas y defender actas, ¿qué más se le exige: esperar, resignarse, volver a la calle, volver a votar, emigrar, ¿retornar? ¿Habrá algún sabio analista, líder, influencer o catedrático —de esos que parecen tener siempre la respuesta— capaz de decir qué puede hacer la sociedad venezolana que no sea, como escribió don Rómulo Gallegos, amar, sufrir y esperar?
- @NixonDominguez | Historiador – Universidad de Los Andes / Magister en Gestión de Gobierno – Universidad Autónoma de Chile. / Instagram: Nixonjds
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