En su más reciente informe, la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Venezuela denunció que luego de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el gobierno de Nicolás Maduro llevó a cabo una especie de plan de aniquilamiento de la disidencia política, el cual se tradujo en una treintena de muertos, cientos de heridos, miles de detenidos, exilio forzado, amedrentamiento en las calles y asfixia de la libertad de expresión lo que constituye crímenes de lesa humanidad.
La Misión determinó que al menos 30 personas murieron víctimas de la represión poselectoral y miles fueron detenidas, entre ellas más de 80 personas extranjeras y familiares de perseguidos políticos .
Aunado a eso, las aprehensiones se prestaron para la extorsión y chantaje de parte de funcionarios de cuerpos militares y policiales.
La investigación de la ONU evidenció además que mujeres y niñas adolescentes, fueron objeto de violencia sexual basada en género.
También se constataron casos de tortura prolongada con aislamiento de detenidos por razones políticas en espacios reducidos, lo que constituye tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Se acentuaron las detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, desapariciones forzadas, restricciones al espacio cívico y su impacto en organizaciones y personas defensoras de los derechos humanos.
Detenciones masivas
Durante las protestas postelectorales de 2024, las autoridades reconocieron que habían detenido a más de 2.220 personas, sin embargo la Misión solo pudo documentar 243 aprehensiones (202 hombres y 41 mujeres), lo que constituye un sub registro de la realidad en vista de la nula transparencia de datos oficiales y el impedimento a una investigación imparcial.
Luego de la toma de posesión presidencial del pasado 10 de enero de 2025, la Misión de la ONU documentó hasta 84 detenciones (67 hombres y 17 mujeres) de políticos de oposición, personas defensoras de derechos humanos, periodistas y familiares de opositores. Entre los arrestos, destacan los de dos adolescentes de 17 años, uno de los cuales fue excarcelado el 11 de junio de 2025.
Por su parte, durante los días previos y posteriores a las elecciones regionales y para la Asamblea Nacional del 25 de mayo de 2025, la Misión documentó 42 detenciones (34 hombres y 8 mujeres), la gran mayoría entre el 21 y el 23 de mayo, relacionadas con supuestas conspiraciones.
En lo concerniente a Niños, Niñas y Adolescentes, la Misión pudo documentar 220 casos de detenciones, entre el 28 de julio de 2024 y el 12 de enero de 2025 (187 niños, 22 niñas y 11 NNA cuyo género no ha podido identificarse).
Destacaron los casos de violencia selectiva contra el concejal y dirigente político Jesús Armas cuando salía de un café en Caracas el 10 de diciembre de 2024 y el director de Espacio Público, Carlos Correa, interceptado por una camioneta sin identificación el 7 de enero de 2025. En ambos casos las personas encapuchadas que los secuestraron no presentaron identificación.
El “escape” de la embajada argentina
Tras casi 14 meses de encierro, el 6 de mayo de 2025, las personas que permanecían en la residencia del Embajador de Argentina en Caracas huyeron del país, de acuerdo a una información emitida por el Secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio se trató de un rescate, mientras que el ministro de Interior, Diosdado Cabello argumentó que la salida había sido el resultado de una negociación. En una rueda de prensa, las cinco personas que abandonaron la sede diplomática aseguraron que su salida había sido el resultado de una “operación estratégica”.
Ninguno con defensa privada
Desde el momento de su aprehensión, las personas detenidas fueron impedidas de ser asesoradas por abogados de su confianza. Las víctimas fueron presentadas en los tribunales por funcionarios de la defensa pública. El informe señala que los abogados públicos siguen sin cumplir con su mandato de garantizar una defensa técnica efectiva e independiente. Según fuentes consultadas por la Misión, los defensores públicos han recibido la instrucción expresa de no realizar ningún acto procesal en favor de sus clientes.
Incomunicados
De acuerdo a la Misión de la ONU, numerosas personas detenidas luego de las protestas por las elecciones presidenciales de julio de 2024, que fueron trasladadas a Tocuyito, no tuvieron contacto con el mundo exterior por aproximadamente dos meses. Las visitas se realizaron bajo condiciones estrictas, con una duración limitada de entre 10 y 20 minutos, y sin contacto físico, ya que las personas detenidas y sus familiares estaban separados por un vidrio. Al menos 19 personas privadas de libertad en el centro de Rodeo I estuvieron incomunicadas desde el 15 de diciembre de 2024 por un periodo de tres meses, luego de protestar por las condiciones de detención.
Extorsión para salir
Al menos cinco personas alegaron haber sido víctimas de algún tipo de extorsión para evitar ser detenidas o ser liberadas sin enfrentar cargos. Los montos exigidos oscilaron entre $1.000 y $50.000, según información recibida de las personas afectadas y sus familiares. En un caso investigado, los familiares de un detenido pagaron $3.500 al encargado de una sede de la DGCIM para liberarlo. Se conocieron casos de ciudadanos extranjeros que para evitar su detención han tenido que pagar sumas de entre $5.000 y $10.000. También se documentaron extorsiones de carácter sexual contra mujeres a cambio de no ser detenidas o mejorar sus condiciones en los calabozos o cárceles.
Detenciones de familiares
La Misión de la ONU identificó un patrón sostenido y sistemático de detenciones de familiares de personas opositoras. Las aprehensiones responden a una política de represión orientada a generar miedo y control social. Los familiares son detenidos como forma de represalia o presión hacia el perseguido político. El objetivo es tratar de silenciar la disidencia y desincentivar la denuncia de violaciones a los derechos humanos. Uno de los casos más emblemáticos es el de Rafael Tudares Bracho, yerno de Edmundo González Urrutia. Tudares fue detenido en los días previos a la juramentación de Maduro. Desde entonces ha permanecido incomunicado y sin que su familia haya recibido información oficial sobre su paradero. Igualmente está el caso de la periodista Ana Carolina Guaita, quien fue detenida el 20 de agosto de 2024 por funcionarios del SEBIN en Maiquetía. La Misión constató que su detención estuvo directamente vinculada con la participación política de su madre, Xiomara Barreto, dirigente del partido COPEI, en la campaña presidencial de 2024. Según documentó la Misión de la ONU, el jefe de la Dirección de Seguridad de la Gobernación de La Guaira, Andrés Goncalvez, ofreció liberar a Guaita a cambio de la entrega voluntaria de su madre.
Excarcelaciones opacas
El proceso de excarcelación luego de la represión poselectoral estuvo marcado por la falta de transparencia en cuanto a cifras oficiales, las medidas cautelares restrictivas y el hostigamiento hacia las personas beneficiadas. Al menos tres personas excarceladas fallecieron después de su detención como consecuencia del deterioro de su salud. Según datos oficiales del Ministerio Público, entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, se produjeron 2.006 excarcelaciones, incluidos niños, niñas y adolescentes. Pese a que las comunicaciones oficiales cesaron en marzo de 2025, las excarcelaciones esporádicas y de forma individual continuaron.
De acuerdo al Foro Penal Venezolano, del 16 de noviembre de 2024 al 17 de marzo de 2025 un total de 1.399 personas fueron excarceladas, cifra inferior a la proporcionada por las autoridades.
Casas clandestinas
La Misión de la ONU denunció la práctica de utilizar casas de seguridad o lugares clandestinos de detención. En al menos cuatro casos, se obtuvo información de que las personas detenidas fueron llevadas a casas clandestinas donde sufrieron malos tratos o tortura al inicio de su detención. Según un informante, el concejal Jesús Armas fue trasladado a una casa clandestina en una urbanización de Colinas de Santa Mónica. Allí permaneció atado a una silla durante tres días, siendo asfixiado con bolsas plásticas mientras lo interrogaban.
Bloqueo al habeas corpus
El bloqueo y rechazo sistemático a la recepción del habeas corpus ha sido una constante en este gobierno. En el periodo posterior a las elecciones presidenciales, la Misión documentó al menos 22 casos en los que los recursos de habeas corpus no fueron recibidos o tramitados.
Cama de Adolfo, El Tigrito y Saturno
Puñetazos, golpes con planchas de madera o con bates envueltos en espuma, descargas eléctricas, incluidos en los genitales, asfixia con bolsas plásticas, inmersión en agua fría, privación forzada de sueño a través de iluminación y música con volumen alto las 24 horas del día fueron algunas denuncias recibidas por la Misión de parte de los detenidos
De acuerdo a la Misión de la ONU, las técnicas fueron aplicadas deliberadamente para quebrar la resistencia de las víctimas e inducir confesiones forzadas o acusaciones fabricadas contra terceros.
En el centro penitenciario del estado Aragua, conocido como Tocorón, la Misión documentó el uso de una celda de castigo conocida como la “cama de Adolfo”, se trata de un espacio no más grande que la caja de una lavadora, aproximadamente de un metro cuadrado similar a la bóveda, sin ventilación, iluminación y oxígeno adecuado.
También en Tocorón, la Misión incluyó en el informe a los “Tigritos”, otras celdas de castigo donde los presos pueden estar de pie, pero no pueden desplazarse. Se estima que hay al menos tres en el plantel y las personas solo reciben alimentos dos veces a la semana.
Por su parte, los investigadores constataron la presencia de una celda en “Tocuyito”, estado Carabobo, llamada “Saturno”, donde los detenidos son atados de las manos a un tubo por un tiempo indefinido.
No se puede denunciar
La Misión de la ONU documentó impunidad e ineficacia institucional, la cual impide a las víctimas de violencia sexual y basada en género acceder a mecanismos efectivos de denuncia, protección y reparación.
Las barreras incluyen miedo a represalias, revictimización en el proceso penal, falta de independencia judicial e inexistencia de rutas institucionales seguras para las mujeres en detención o para sus familiares.
Según el informe, en ninguno de los casos documentados por la Misión desde las elecciones presidenciales de julio de 2024, se ha tenido conocimiento de que se hayan iniciado investigaciones diligentes, imparciales e independientes.
Ataque a los periodistas
La Misión de la ONU también pudo documentar el patrón de represión contra periodistas, trabajadores de la prensa, así como comunicadores y creadores de contenidos en plataformas digitales, restringiendo el espacio cívico y la libertad de opinión y expresión. Se dieron al menos 18 casos nuevos de detenciones a periodistas en el ejercicio de sus funciones durante el periodo comprendido entre agosto de 2024 y agosto de 2025. Las detenciones son consideradas arbitrarias, al no existir órdenes de captura o no haberse producido en flagrancia. Igualmente la Misión registró testimonios de detenciones y agresiones físicas a periodistas mientras cubrían las protestas postelectorales en distintas regiones del país.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
