Venezuela atraviesa una crisis ambiental y humanitaria de enormes proporciones, marcada por el avance descontrolado de la minería —tanto legal como ilegal— en zonas de alto valor ecológico y cultural, especialmente en territorios indígenas.
Así lo revela el informe “Venezuela: Una mezcla explosiva entre la deficiente política de control ambiental y la expansión de la minería en territorios indígenas”, elaborado por la Organización para la Defensa de la Vida (Odevida) y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), que documenta cómo esta actividad extractiva ha desencadenado un proceso sistemático de degradación ambiental, violaciones a los derechos colectivos y desmantelamiento institucional.
Más allá de los impactos ecológicos visibles —como la contaminación del Lago de Maracaibo, los derrames petroleros o la deforestación acelerada— el informe denuncia un patrón más profundo: el abandono del Estado en sus deberes fundamentales de protección ambiental y garantía de derechos para los pueblos originarios.
El resultado es un escenario de emergencia donde confluyen la devastación territorial, la violencia estructural y el etnocidio, que amenaza con borrar culturas enteras bajo el peso de la codicia minera y la impunidad.
Continúa la emergencia ambiental
El informe presenta un balance que plantea que “la situación ambiental crítica siguió empeorando en Venezuela”. Allí, advierten que el Arco Minero del Orinoco, “con su expansión extractivista, avanzó más y ha seguido impactando a la Amazonia y causando graves daños a las comunidades indígenas y locales”. También alertan que se mantienen los derrames petroleros.
El Lago de Maracaibo en su punto más crítico
Uno de los casos más alarmantes es el del Lago de Maracaibo, que ha entrado en una etapa “crítica” de eutrofización intensiva, producto de décadas de contaminación por derrames petroleros, descargas de aguas servidas, agroquímicos y desechos sólidos. La proliferación de cianobacterias como la Microcystis aeruginosa —que ya cubren más del 70 % del lago— amenaza la biodiversidad, la salud de las comunidades ribereñas y la actividad económica.
Aunque en 2023 se creó una comisión presidencial y un “Plan Maestro” para el rescate del lago, en 2024 solo se logró recolectar 306.409 toneladas de desechos sólidos, de las cuales más de 185.000 estaban impregnadas de petróleo, según datos oficiales citados en el informe.
Tala indiscriminada y carbón vegetal en Lara
El informe también documenta la devastación del semiárido larense, especialmente en el municipio Torres, donde la producción de carbón vegetal para exportación ha generado una intensa deforestación. La tala de especies como el curarí, vera y cují amenaza con convertir estos territorios en zonas desérticas. La actividad extractiva ha alcanzado incluso áreas protegidas como el Parque Nacional Cerro Saroche y el bosque El Caimito.
Crisis del agua: una emergencia cotidiana
En 2024, el colapso en el acceso al agua potable en Venezuela se profundizó, afectando a millones de personas en todo el país y convirtiéndose en una de las principales causas de protestas ciudadanas. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), 335 manifestaciones estuvieron motivadas por la falta de agua potable, el segundo motivo de protesta por servicios básicos después del colapso eléctrico.
El informe elaborado por Provea y Odevida atribuye esta crisis a la combinación de múltiples factores: la mala gestión de los recursos hídricos, el deterioro acelerado de las redes de distribución, la contaminación de fuentes de agua y los efectos del cambio climático. Esta situación se agrava en entidades como Nueva Esparta, Anzoátegui, Falcón, Aragua y Lara, donde los reportes ciudadanos sobre la mala calidad del agua son persistentes.
Residuos sólidos, otro síntoma del colapso ambiental
La gestión de residuos sólidos en Venezuela sigue siendo un problema crónico que afecta directamente la salud pública, la calidad de vida y el ambiente. El informe de Odevida y Provea advierte que, en 2024, el país no logró avances significativos en esta área.
Según el Observatorio de Gastos Públicos de Cedice, los estados con mayor incidencia de esta problemática fueron Miranda, Distrito Capital, La Guaira, Aragua y Falcón. En Caracas, el 69 % de los encuestados percibió un aumento en los problemas asociados a la recolección de desechos, a pesar de que en algunos sectores se incrementó la frecuencia de los camiones recolectores, sin que esto lograra cubrir la demanda real.
Cambio climático: sin plan, sin datos y sin protección
De acuerdo con el informe, en 2024 el país enfrentó un aumento sostenido de las temperaturas, sequías severas y mayor exposición a enfermedades transmitidas por vectores como mosquitos. Sin embargo, el informe advierte que el Estado venezolano continúa sin implementar políticas concretas para mitigar los impactos de esta crisis ni desarrollar estrategias de adaptación climática.
De acuerdo con reportes de la organización ambientalista Clima21, Venezuela fue uno de los 77 países que registraron temperaturas récord durante 2023, con un promedio anual 1,3 ºC más alto que el periodo de referencia entre 1951 y 1980. Esta tendencia se mantuvo en 2024, con efectos cada vez más palpables en la salud, los ecosistemas y la producción agrícola del país.
Biodiversidad bajo asedio: fauna silvestre en riesgo crítico
Según el informe, la fauna silvestre enfrenta una amenaza múltiple: deforestación acelerada, minería ilegal, contaminación, caza furtiva, tráfico de especies y los efectos del cambio climático. Estos factores han provocado una disminución drástica de muchas poblaciones animales y han llevado a otras al borde de la extinción.
Aunque se han reportado algunas acciones puntuales por parte de cuerpos de seguridad, estas no responden a una política nacional de protección sistemática. El informe menciona, por ejemplo, que en abril de 2024 el Cicpc detuvo en Anzoátegui a tres personas por cacería ilegal de felinos, cuyos cuerpos eran comercializados por sus pieles. Ese mismo mes, la Guardia Nacional Bolivariana arrestó a 13 individuos por la captura ilegal de 450 pepinos de mar en el estado Nueva Esparta, una especie en veda permanente desde 1997.
Arco Minero del Orinoco: el epicentro de la devastación
El Arco Minero del Orinoco sigue siendo uno de los territorios más conflictivos y vulnerables del país. En 2024, lejos de haberse contenido, la minería —legal e ilegal— se expandió con fuerza, fuera de los límites establecidos en el decreto oficial que creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional.
El informe de Odevida y Provea documenta cómo esta expansión ha tenido impactos severos en reservas forestales como La Paragua y en regiones protegidas del estado Amazonas, con pérdida estimada de entre 75.000 y 85.000 hectáreas de bosque solo entre 2023 y 2024.
Derrames petroleros: contaminación crónica sin respuesta
Durante 2024, Venezuela mantuvo una tendencia “alarmante” de derrames y fugas de hidrocarburos, sin que el Estado aplicara planes de contingencia o hiciera diagnósticos públicos sobre el impacto ambiental de estos sucesos. Según el Observatorio de Ecología Política (OEP), se registraron al menos 34 eventos de este tipo en el país, principalmente en los estados Falcón (44,1 %), Zulia (29,4 %) y Anzoátegui (14,7 %).
Los derrames más frecuentes provienen de infraestructuras obsoletas o abandonadas. En Falcón, destacan las fugas desde el sistema de oleoducto y gasoducto submarino de Río Seco y desde la Refinería Cardón, que afectan gravemente el Golfete de Coro. En Zulia, el deterioro del sistema petrolero ha hecho del Lago de Maracaibo un punto crítico: imágenes satelitales captadas el 25 de agosto mostraron ocho fugas activas de crudo. Otras zonas afectadas incluyen Cabimas, Bachaquero y el municipio San Francisco.
Derecho de los pueblos indígenas: nuevas zonas de actividad minera ilegal invaden territorios ancestrales
Durante 2024, Provea documentó una expansión preocupante de la minería ilegal en la Amazonía venezolana, agravando la devastación generada por el Arco Minero del Orinoco. Esta zona, legalizada por el decreto presidencial 2.248 de 2016, ha generado trabajo forzado, prostitución, violencia, trata de personas, reclutamiento de menores y asesinatos de defensores ambientales.
Expansión de la minería ilegal en la Amazonía venezolana
Durante 2024, Provea y otras organizaciones documentaron el avance sostenido de la minería ilegal en territorios indígenas, a pesar de la presencia de efectivos militares. En zonas como El Dorado y “Bulla Loca”, en el estado Bolívar, la actividad minera resurgió rápidamente, incluso luego de tragedias recientes. El Estado autorizó nuevas explotaciones como el Bloque 003 del Arco Minero del Orinoco, destinado a la extracción de casiterita para exportación a China.
En el Parque Nacional Cerro Yapacana (Amazonas), donde está prohibida la minería desde 1989, la explotación de oro no solo continuó, sino que pasó a estar controlada por la guerrilla colombiana y militares venezolanos, según testimonios locales. Reportes indican que líderes indígenas han impuesto “peajes” en oro, y que fuerzas como la GNB, la Armada y el Seniat cobran a quienes ingresan insumos para las minas. SOS Orinoco denunció que entre enero de 2023 y abril de 2024 se sumaron al menos 119 hectáreas nuevas de territorio minado dentro del parque.
Demarcación y titulación de territorios indígenas
El proceso de demarcación y entrega de territorios indígenas en Venezuela permanece completamente paralizado desde 2015. Esta inacción del Estado limita gravemente los derechos de los pueblos originarios a la protección, el uso y la autodeterminación sobre sus territorios ancestrales, en contravención de lo establecido en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por el país.
Migración forzada de pueblos indígenas
La crisis humanitaria en Venezuela ha provocado la migración forzada de comunidades indígenas, cuyas condiciones de vida se han visto gravemente deterioradas por el colapso de servicios básicos, la inseguridad alimentaria, la pérdida de territorios y la violencia asociada a la minería y otras actividades extractivas. Sin embargo, el Estado venezolano no produce datos oficiales sobre este fenómeno.
Condiciones precarias de los pueblos indígenas
El informe advierte un deterioro sostenido de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en Venezuela, lo que compromete su supervivencia y dignidad. La inseguridad alimentaria, la pérdida de servicios públicos esenciales, el abandono de la educación intercultural bilingüe y la falta de acceso a servicios de salud forman parte de un panorama crítico que pone en riesgo su bienestar integral.
Represión poselectoral contra pueblos indígenas
El informe denuncia que la represión política posterior a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 también alcanzó a miembros de comunidades indígenas, históricamente marginadas. Según el Foro Penal, al menos 17 personas indígenas fueron arrestadas entre julio y septiembre en diferentes estados del país, incluyendo Amazonas, Aragua, Zulia, Cojedes y Distrito Capital.
Las víctimas pertenecen a diversas etnias: baré, puinave, pemón, jivi, wayuu, baniva, piapoco y yekwana. Ninguna de ellas participaba en protestas al momento de su detención, lo que refuerza la arbitrariedad de los arrestos. Además, las audiencias judiciales se realizaron de forma telemática, sin garantizar su derecho a comunicarse en su lengua originaria ni a identificarse como integrantes de pueblos indígenas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
