Para este sábado 21 de marzo está contemplada una segunda colecta de insumos en procura de ayudar a los familiares de los presos políticos que desde hace casi 70 días han estado acampando a las afueras de los centros de reclusión.
La actividad convocada por el Comité para la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (Clippve) tendrá lugar en la Plaza del Rectorado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), cerca de la sede de la Federación de Centros Universitarios (FCU) y comprenderá un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
“Estas familias sacrifican la comodidad de su hogar como un acto de dignidad y resistencia frente a la injusticia. Su presencia constante simboliza un reclamo legítimo de justicia y libertad”, expuso el Clippve a través de un comunicado publicado en sus redes sociales.
Quienes estén interesados en colaborar pueden llevar alimentos no perecederos como harina de maíz, azúcar, café, enlatados, jugos, arroz, galletas y agua potable.
También son aceptados artículos de higiene personal como papel higiénico, toallas húmedas, jabón líquido, desodorante, crema dental, desinfectantes, toallas sanitarias, entre otros.
Igualmente estarán recibiendo artículos como ropa de adultos, ponchos, carpas, almohadas, sábanas, cobijas y paraguas.
“Acompañemos su valentía con solidaridad concreta, aportando insumos que les permitan sostener esta lucha hasta que todos los presos políticos regresen a casa. Cada donativo es un gesto de acompañamiento y esperanza para las familias que esperan.”, expuso el Clippve.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Esta vida que transitamos a veces nos pone en 3 y 2, nos tira recta a las costillas, nos poncha con lanzamientos fuera de la zona o nos pone a batear con tres en base, dos outs y la de irse arriba en segunda. Y al ver a nuestro país ganar el Clásico Mundial, supe que esta gente no solo juega béisbol, sino que además nos da lecciones de vida para cosas como estas:
Si te eligen presidente de la junta de condominio y quieres que tu edificio al fin salga adelante, dirige como Omar López.
Si le quieres terminar a tu pareja tóxica, pero le temes a la soltería, abórdala con la misma sangre fría del barrendero de La Sabana, Maikel García.
Si tienes una visita en tu casa que no se termina de ir cuando ya estás cansado y te quieres dormir, bótala como Wylyer Abreu.
Si está llegando el autobús que necesitas, pero estás a una cuadra de la parada, corre como Ronald Acuña Jr.
Si tienes una camioneta 4×4 y se te accidenta, remólcala como Eugenio Suárez.
Si tienes un cliente abusador y lo quieres mandar a lavarse, haz todo lo que hace Arráez e irá a la base.
Cuando se te dañe un electrodoméstico y quieras repararlo, sácale los cables y busca el contacto de Ezequiel Tovar.
Si tienes que cambiar un bombillo y no llegas al techo, salta como Andrés Giménez.
Si se te caen las llaves y dudas para recogerlas porque te duelen las rodillas, te mareas al levantarte y padeces dolor lumbar, agáchate como Salvador Pérez.
Si tu hermano siempre te roba la última tajada de plátano y lo odias por eso, entonces regálasela para que triunfen juntos como los hermanos Contreras.
Cuando necesites hacer una vaca con tus panas, pídeles que pichen ahí como Eduardo Rodríguez y Ranger Suárez.
Cuando estés cobrando un dinero y no te hablen claro, tírales recta por el medio como Bazardo, Zerpa y Palencia.
Cuando estés ahogado en un vaso de agua, pide una sesión de coaching con Cabrera, Santana, Odor, el Beto o Gerardo Parra.
Cuando te citen en el colegio de tu hijo, no salgas de una a regañarlo. Mejor dale un sermón a lo Robinson Chirinos.
Si te invitaron a cenar y quedaste fallo con una arepa, róbate la segunda como Sanoja.
Si quieres hacer una fiesta y no tienes para pagar ni unos mariachis, agarra unos tobos, unas ollas y tírate un golpe de San Millán como en el dugout de Venezuela.
Porque si haces esto, te aseguro que terminarás campeón en la vida y con una moral tan alta, tan alta, que ya ni le tendrás miedo a los impuestos, a Mercurio retrógrado o a cuando el urólogo te diga: “Te sale toque de bola”.
Las hermanas Bejarano, pardas caraqueñas del siglo XVIII, aprovecharon el dinero ganado con su famosa torta para acogerse al decreto del empobrecido Carlos IV de España, que permitía comprar ciertos privilegios. Aquel “Téngase por blancas a las negras Bejarano” fue motivo de burlas y rechazos por los mantuanos caraqueños. Fueron injustos con esas hermanas que, con su dinero bien habido, trataban de evitar ser segregadas.
Ahora, Delcy la impuesta presidenta interina, y su hermano Jorge, autorizado a seguir al frente de la Asamblea Nacional, lograron que el presidente estadounidense decretara “téngase como trumpistas a los hermanos Rodríguez”. No compraron esos cargos con su trabajo, sino otorgando acceso a los recursos naturales de los venezolanos.
Los tiempos han cambiado y, afortunadamente, los venezolanos no discriminamos por la piel, ni por religión, pero hay muchos adictos al dinero y al poder político. Tal es el caso de los hermanos Rodríguez, quienes para conservar los privilegios brincaron la talanquera el 3 de enero, aunque algunos dicen que desde tiempo atrás practicaban el salto con garrocha. De furibundos antiestadounidenses, se convirtieron en gaticos sumisos.
¿Cuál fue el precio que pagaron?
En menos de que canta un gallo, aceptaron la exigencia de Trump de que le cedieran el manejo de nuestro petróleo. Para ello, ordenaron a la genuflexa Asamblea Nacional que aceptara las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos. Concedieron que se lleven el crudo, lo vendan, nos den todo o parte de las ganancias y que esos ingresos se destinen a lo que ordene el Tío Sam.
Reconocemos que la nueva ley es mejor que la anterior, pero tiene muchas fallas. Ahora, la comercialización es más transparente, no habrá barcos fantasmas, se conocerá el precio de venta y aspiramos a que beneficie a los venezolanos y no a los corruptos del régimen. Sin embargo, antes de que llegará Chávez al poder, la PDVSA meritocrática manejaba diáfanamente nuestro principal recurso.
Quieren hacer algo similar con el oro. Seguramente será mejor que el sistema corrupto actual, que ocasiona un gran ecocidio al sur del Orinoco con deforestaciones y contaminaciones a nuestros ríos con mercurio. Esperamos que ingrese al Banco Central y no se vaya por los caminos verdes. Pero, reiteramos, esto lo puede hacer un nuevo gobierno electo y no mediante imposición extranjera.
¿Por qué la tutela permite que siga la represión?
Cual Houdinis piratas, sacaron del sombrero un mamotreto de ley que llamaron de amnistía, que no hacía falta. Es restrictiva y pretende borrar delitos de los chavistas-maduristas. Los venezolanos exigimos la excarcelación de todos los presos políticos, tanto civiles, como militares.
Desde enero ha habido al menos 87 nuevas detenciones por motivos políticos y altos funcionarios, señalados como responsables de crímenes de lesa humanidad, continúan en posiciones de poder y en las fuerzas de seguridad. La Misión reiteró que la operación militar de Estados Unidos violó el derecho internacional, incluso si existen motivos razonables para creer que Maduro es responsable de crímenes de lesa humanidad.
¿Cuándo pueden ser las elecciones?
La estabilidad del país se lograría fácilmente si se desarma a los paramilitares financiados por el régimen, es decir por Maduro, Delcy y Diosdado Cabello, y tolerados por (el exministro de Defensa*) Padrino López y el Alto Mando militar. Corresponde al sector político llegar a acuerdos para decidir el tiempo apropiado. Aunque debe ser ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre.
¿Qué pasó, dónde están?
Los Rodríguez y su combo echaron por la borda las absurdas prédicas de Chávez y de Maduro. Imitaron al converso Enrique IV con aquello de que París bien vale una misa, aunque esta vez la humillación también fue para los venezolanos. Parafraseando al popular influencer Kilómetro Internacional, cabe decir, “Maduro está en una cárcel federal, y ¿dónde están los que gritaban ¡Somos un país soberano, el petróleo es nuestro, ni una gota de petróleo para Estados Unidos!? ¿Dónde están?”.
Considerando el secuestro de las instituciones y la influencia de Rusia, Cuba, Irán, China y la presencia de la narcoguerrilla colombiana, estamos de acuerdo en la extracción de Maduro, pero hay que dar pasos para desmantelar el aparato represivo, el desbloqueo de internet y de medios de comunicación, para enrumbarnos hacia la democracia. Reiteramos que María Corina es la líder de la oposición.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Venezuela el 19 de marzo de 2026, reduciendo el nivel de alerta general de Nivel 4 (no viajar) a Nivel 3 (reconsidere viajar).
Esta flexibilización se debe a la eliminación de los indicadores de riesgo por “detención injusta”, “disturbios” y “otros”. Sin embargo, se mantiene la recomendación de reconsiderar los viajes debido a los riesgos persistentes de “crimen, secuestro, terrorismo e infraestructura de salud deficiente”.
A pesar de la mejora en la calificación general, el gobierno estadounidense mantiene excepciones de Nivel 4 para estados como Táchira, Amazonas, Apure, Aragua y Guárico o las zonas rurales de Bolívar “debido al riesgo de delincuencia, secuestro y terrorismo”.
“Si bien la situación está mejorando, las condiciones en algunas partes de Venezuela siguen siendo peligrosas. Se producen delitos violentos como homicidios, robos a mano armada y secuestros”, explica un comunicado del Departamento de Estado.
Operaciones diplomáticas y restricciones oficiales
Este cambio de nivel se produce tras el inicio, en enero de 2026, de un enfoque por fases para la reanudación de las operaciones de la embajada de EE. UU. en territorio venezolano. No obstante, la Unidad de Asuntos de Venezuela, ubicada en la Embajada en Bogotá, continúa funcionando como la misión remota principal hasta que la sede en Caracas esté plenamente operativa.
Dada la suspensión parcial de servicios, los empleados del gobierno estadounidense aún requieren de autorizaciones especiales para ingresar al país y para realizar cualquier desplazamiento fuera de la ciudad de Caracas.
Se recuerda, además, que los estadounidenses que ingresen a Venezuela deben poseer pasaporte estadounidense válido en buen estado con al menos seis meses de vigencia, se requiere una visa venezolana válida. No se expiden visas a la llegada.
Riesgos de seguridad y deficiencias en salud
El Departamento de Estado consideró que la seguridad personal sigue siendo un reto, con reportes constantes de homicidios y robos armados perpetrados por bandas criminales que operan con impunidad.
En ese sentido, se advierte especialmente sobre los riesgos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, donde el uso de taxis no regulados y los movimientos nocturnos hacia Caracas son “altamente peligrosos”. Además, señalan que grupos como el Tren de Aragua y el “Cartel de los Soles” mantienen su actividad operativa en diversas regiones.
En el ámbito sanitario, el organismo señala que el sistema de salud venezolano se encuentra en una etapa de recuperación, pero aún enfrenta escasez crítica de medicamentos y suministros básicos, incluso agua y electricidad en hospitales públicos de zonas aisladas.
El organismo considera fundamental que los viajeros estadounidenses cuenten con un seguro que cubra evacuaciones médicas, teniendo en cuenta que las evacuaciones directas hacia los Estados Unidos no son posibles bajo las condiciones actuales.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Persistencia de prácticas represivas y continuidad en el poder de presuntos responsables de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, denunciaron los exjefes de Estado y de Gobierno de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA).
Haciéndose eco de las conclusiones de la Misión Independiente para la Determinación de los Hechos en Venezuela, los exmandatarios advirtieron la “urgente necesidad” de situar estas garantías como prioridad en el país.
Alertaron que pese a las recientes excarcelaciones, siguen los encarcelamientos y restricciones a la libertad de opositores.
Paralelamente, cuestionaron la aplicación selectiva de la Ley de Amnistía y señalaron que cuando la justicia es selectiva se desnaturaliza el propósito de esta.
— Iniciativa Democrática de España Y Las Américas. (@IDEA_Grupo) March 18, 2026
Quienes suscribieron la misiva expusieron que la presidenta encargada bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, así como su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y otros miembros del Ejecutivo, forman parte de una estructura de poder cuestionada por organismos internacionales.
Los políticos expresaron su preocupación por un enfoque centrado en la recuperación de la industria petrolera venezolana, que podría dejar un margen al chavismo para prolongarse en el poder sin avanzar en cambios verdaderamente democráticos.
De manera categórica instaron a la comunidad internacional a mantener atención sobre el país y a promover una transición que conduzca a una reforma institucional efectiva.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El más reciente reporte de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) señaló que, durante el primer mes de 2026, la respuesta humanitaria en Venezuela alcanzó a 204 000 personas. Esta cifra representa apenas el 3.7 % de la población meta de 5.5 millones de personas establecida en el Plan de Respuesta Humanitaria.
El informe detalla que, a pesar de los esfuerzos, la cobertura sigue siendo limitada frente a las necesidades globales. Los datos demográficos de las personas asistidas muestra que el 66 % de las personas alcanzadas fueron mujeres y niñas, mientras que el 34 % fueron hombres.
En cuanto a las edades favorecidas, se brindó apoyo a 95 000 niños, niñas y adolescentes (NNA), 103 000 adultos y 6000 adultos mayores.
La respuesta incluyó a 7400 personas de comunidades indígenas, 15 000 mujeres embarazadas o lactantes y 418 personas con discapacidad.
Capacidad operativa y territorial
La ejecución de las actividades en enero se concentró en 149 municipios y 260 parroquias de los 24 estados del país. Este despliegue fue posible gracias al trabajo de 52 organizaciones humanitarias: 29 organizaciones nacionales y locales, 14 organizaciones internacionales, 3 agencias de la ONU, 1 de la Cruz Roja y 5 de otros tipos.
En cuanto a los puntos de atención, la infraestructura sanitaria (hospitales y CDIs) albergó el 39 % de las actividades, mientras que el 35 % de la asistencia se entregó directamente en las comunidades.
Sectores y regiones con mayor actividad
Los clústeres que lograron asistir a un mayor número de personas bajo la coordinación de OCHA fueron:
Seguridad Alimentaria y Medios de Vida: 166 000 personas alcanzadas (de una meta de 2.2 millones).
Nutrición: 28 000 personas (meta: 1.1 millones).
Salud: 17 000 personas (meta: 5.2 millones).
A nivel geográfico, los estados con mayor cantidad de personas alcanzadas fueron Falcón (67 300), Sucre (62,978) y Zulia (27 633). Por el contrario, en estados como La Guaira no se reportaron personas asistidas durante este periodo.
Un 2025 marcado por el desfinanciamiento y la precariedad
La limitada respuesta de inicio de año no es aislada. Según el reporte anual de OCHA, el año 2025 cerró con el nivel de financiamiento más bajo de los últimos años para Venezuela. Tras una caída preocupante en 2024, las contribuciones de los donantes en 2025 apenas alcanzaron los 115 millones de dólares, lo que representó solo el 19 % de los 606 millones requeridos.
Esta brecha financiera posicionó a Venezuela como una de las crisis más desfinanciadas a nivel global, afectando directamente la operatividad de clústeres esenciales:
Agua, saneamiento e higiene: Fue uno de los más golpeados con menos del 10% de financiamiento.
Salud y nutrición: Mantuvieron una cobertura de apenas entre el 13 % y 19 %.
Seguridad alimentaria: Recibió menos del 25 % de lo necesario.
A pesar de la asfixia económica, durante 2025 se logró beneficiar a 2.1 millones de personas (58 % mujeres y niñas), logrando hitos como la entrega de comidas escolares a 697 000 menores y suplementos nutricionales a 259 000 personas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
La ONG Laboratorio de Paz señaló que la reciente designación de Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa implica riesgos para una transición democrática.
La ONG, a través del informe titulado “Expediente Gustavo González López Responsabilidad de mando, DDHH y aparato de inteligencia en Venezuela”, alertó que colocar al frente del aparato militar a una figura vinculada al sistema de represión documentado por organismos internacionales es “incompatible con una transición democrática basada en derechos humanos”.
La organización advirtió que la llegada de González López al Ministerio de Defensa proyecta sobre el ámbito militar una “trayectoria asociada a prácticas de represión” que no constituye una señal de cambio, sino de continuidad en el modelo de gestión del poder basado en el control y la coerción.
“En el contexto de un eventual proceso de transición, la permanencia o designación de personas vinculadas a violaciones de derechos humanos en posiciones clave del sector seguridad constituye un obstáculo estructural para la reforma institucional, la rendición de cuentas y la construcción de garantías de no repetición”, se lee en el informe.
A continuación los hallazgos más relevantes del informe:
Existencia de un patrón sistemático de represión
Los hechos documentados por la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos evidencian la existencia de un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y violencia sexual.
Laboratorio de Paz señaló que en Venezuela no se trató de excesos aislados, sino de un sistema organizado de represión y dentro de ese sistema, Gustavo González López ocupó una posición relevante de dirección.
Sebin como instrumento de control
En el informe, la ONG destacó que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) operó como un instrumento fundamental dentro de esta política, utilizando la inteligencia para identificar, vigilar y neutralizar a personas consideradas opositoras o críticas del poder.
“La inteligencia fue utilizada no para proteger al Estado, sino para controlar a la sociedad. Este modo de operación fue consolidado y sostenido por directores del organismo, entre ellos Gustavo González López“, indicó el informe.
Responsabilidad de mando
Según refiere el informe de Laboratorio de Paz, los elementos documentados permiten sostener que Gustavo González López, en su condición de director general del Sebin, ejercía control efectivo sobre el organismo, ordenaba operaciones y tenía conocimiento —o debía tenerlo— de las violaciones que se cometieron en la última década.
La Misión encontró motivos razonables para creer que tuvo conocimiento, participó y contribuyó en la comisión de graves violaciones de derechos humanos.
“No se trata de responsabilidad meramente indirecta: existen elementos que apuntan a control, conocimiento y participación. Organizaciones como Human Rights Watch lo han identificado como uno de los altos funcionarios a cargo de estructuras implicadas en abusos”, afirmó el estudio.
Inserción en una cadena de mando político
El estudio apuntó a que la actuación del Sebin se encontraba articulada con decisiones de alto nivel, lo que indica que las violaciones formaban parte de una política estatal orientada a la represión de la disidencia.
La represión no fue el resultado de excesos aislados de funcionarios, sino de una política que descendía a través de la cadena de mando.
Calificación jurídica de los hechos
Las conductas documentadas en distintos informes de organizaciones defensoras de derechos humanos constituyen graves violaciones de derechos humanos y, en determinados casos, pueden encuadrarse dentro de la categoría de crímenes de lesa humanidad, en tanto forman parte de un ataque sistemático contra la población civil.
Laboratorio de Paz reseña que los elementos analizados en este informe permiten sostener que existen motivos razonables para atribuir responsabilidad de mando a Gustavo González López, sin perjuicio de las determinaciones que correspondan a instancias judiciales competentes.
Reconocimiento internacional de la gravedad de los hechos
La designación de Gustavo González López como ministro de Defensa implica que una persona señalada por organismos internacionales en relación con graves violaciones de derechos humanos asume el control de la Fuerza Armada.
La imposición de sanciones por parte de múltiples jurisdicciones —incluyendo Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, Suiza y Panamá— refleja una valoración coincidente sobre la gravedad de las acusaciones vinculadas a su actuación.
“No se trata de un señalamiento aislado, sino de una preocupación sostenida en distintos ámbitos internacionales”, señaló la ONG.
Implicaciones de su designación como Ministro de Defensa
La designación de Gustavo González López como ministro de Defensa proyecta sobre el ámbito militar una trayectoria asociada al aparato de inteligencia y represión del Estado, y plantea riesgos significativos en relación con la continuidad de prácticas incompatibles con estándares democráticos, concluye Laboratorio de Paz.
En palabras de Human Rights Watch en 2019: “El nombramiento de González López debería encender las alarmas internacionales debido a su deplorable récord de atrocidades en el pasado”. Esta advertencia, según el informe de Laboratorio de Paz, adquiere renovada vigencia en el contexto actual.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El regreso de los trabajadores a la calle en diferentes ciudades del país el pasado jueves señala brotes verdes en la lucha por exigir el trabajo digno, y en retomar la protesta pública como derecho a la manifestación y a la libertad de expresión, consagrados en nuestra Constitución nacional y arbitrariamente desconocidos por el Estado.
Esta política fue la constante durante la gestión del presidiario de Brooklyn. Entonces, cualquier pronunciamiento público, marcha o publicación en las redes sociales se había convertido en un delito, con la consecutiva carga de persecución política desatada a lo largo del territorio nacional. Todo el peso del Estado se asestaba sobre la ciudadanía a través de tribunales inquisidores y de los colectivos, conocidos como las SS del siglo XXI, apoyados por el aparato policial del régimen.
Los nuevos aires que se respiran desde enero en el país, conjuntamente con la decisión de los trabajadores agrupados en diferentes centrales, corrientes sindicales y sindicatos de base, han devuelto el ánimo de la población para atreverse a plantarle cara a un gobierno ilegal e ilegítimo, con su decisión de lucha por una vida digna.
La protesta del 12 de marzo
Efectivamente, en los días transcurridos desde el 3 de enero, febrero y marzo, los reclamos se concentraban en la exigencia de libertad a los presos políticos, en las protestas de los familiares, ONG y del movimiento estudiantil, requiriendo la libertad inmediata de los centenares de privados de libertad, mediante acciones concentradas en los numerosos centros de reclusión de la capital y el interior del país.
En ese contexto, el 12 de marzo de 2026, miles de trabajadores, docentes, pensionados y sindicalistas en Venezuela marcharon en todo el país para exigir salarios dignos, la eliminación del instructivo ONAPRE y la libertad de sindicalistas detenidos, protestando contra el estancamiento del salario mínimo de 130 bolívares, vigente desde 2022. Se reportaron al menos 22 protestas en 19 estados, con un fuerte reclamo por la pulverización del ingreso ante la alta inflación y la entrega de un pliego de peticiones ante autoridades legislativas.
En años anteriores, llegar a los predios de la Asamblea Nacional constituía un acto de temeridad. Con tan solo acercarse para entregarles un petitorio, corrías el riesgo de sufrir brutales agresiones del aparato policial gubernamental o terminar en El Helicoide. Ese día, quizás influenciado por el protectorado vigilante, el Parlamento asumió una actitud «tolerante» al recibir a la delegación sindical.
Hay elementos a mejorar en el discurso sindical para presentar un mensaje unificado en torno al aumento salarial y al resto de beneficios laborales. Ahora confunde un tono retador de convocatoria a paros nacionales, cuando en realidad la estructura del movimiento sindical se ha fragmentado en extremo, víctima del intervencionismo estatal. Un Estado chavista cuya estrategia es cabalgar sobre reiterados fracasos para desmembrar las conquistas laborales, como lo ha hecho hasta hoy.
Es fundamental reconocer que el régimen autoritario no ha sido desalojado del poder; lamentablemente está presente y lo ejerce. Por tanto, el lado sindical y gremial requiere avanzar a un grado de madurez que facilite recuperar terreno organizativo y la credibilidad ante el resto de la población. Esta observa hoy cómo son los jóvenes, por su tradición irreverente, quienes han dado un paso al frente, y ahora puede identificar a los trabajadores atreviéndose, venciendo el miedo, a tomar la calle.
Entre tanto, ¿cuál es el discurso de la otra acera? Un mensaje que abunda en «culpar a la Constitución y las leyes laborales por proteger a los trabajadores», así como en resaltar «la gran cantidad de la nómina de la función pública, la excesiva carga de la población pensionada y jubilada», la retroactividad de las prestaciones sociales y la inamovilidad laboral por los bajos salarios.
Por su parte, el discurso empresarial sigue sin admitir que el salario del trabajador ha conocido la más brutal ofensiva registrada en cualquier país del continente. Eliminaron, entre 2008 y 2022, catorce ceros del signo monetario, implantaron medidas coercitivas contra la negociación colectiva en el sector público con el memorándum 2792 desde 2018, y desmantelaron el salario con el instructivo ONAPRE desde 2022.
Todas estas medidas derivaron en tragedias familiares al convertir las prestaciones sociales de toda una vida de 30 años de labor en una cifra irrisoria, incapaz de alcanzar para comprarse un helado, un vestido o la reparación de un artefacto eléctrico dañado por el mal servicio de CORPOELEC, entre otras calamidades.
A la hora del té, toda esta realidad debe estar sobre la mesa sin prejuicios, partiendo del objetivo de lograr una condición laboral digna. Esta no se decreta, pero se alcanza cuando hay un compromiso de alcanzarla en plazos establecidos mediante el compromiso de todos, debiéndose acordar soluciones a partir del diálogo social, incluyendo lo ocurrido en el pasado y la situación extrema del presente.
Hay tan solo un bemol del tamaño de una catedral, y es que el actual régimen, artífice de toda la ofensiva antilaboral, permanece en el poder. Un gobierno que insiste en sus políticas de aumentar la remuneración con bonos que prolongan la miseria actual del trabajador. Ante esta situación, solo se puede augurar la agudización de la conflictividad laboral en medio del auge de la libertad sindical.
En resumen, abordar la nueva realidad plantea al sindicalismo autónomo unidad organizativa, coherencia y originalidad en la propuesta. Ello significa disponerse a concertar en una zona de distensión, de encuentro de las centrales de trabajadores con las diferentes corrientes sindicales y sindicatos no confederados, en procura de un plan de acción común que permita superar la miseria extrema de la población activa y pensionada del país.
