La política laboral del régimen ha permanecido bajo vigilancia permanente por la OIT a lo largo del siglo XXI. Tanto, que nuestro país ha recibido la visita en más de 15 ocasiones mediante la asistencia de misiones de todo género: de consulta técnica, de contacto directo, de alto nivel, siendo la más prominente la actual Comisión de Encuesta, aprobada desde 2018.
Este organismo tripartito global ha intentado conducir a esta Administración al cumplimiento de los convenios, mediante el diálogo social. Este consiste en la negociación, consulta e intercambio de información entre representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores sobre temas económicos y sociales, orientados a lograr el trabajo decente, la justicia social, la paz y el desarrollo sostenible. Su fin es fomentar el consenso y la participación democrática en la toma de decisiones.
En realidad, todo este esfuerzo ha sido en vano, tanto bajo la presidencia de Hugo Chávez como la de Nicolás Maduro, quienes no escatimaron oportunidades para burlarse y descalificar al organismo mundial, con el objetivo de evadir durante sus gestiones la aplicación de los convenios firmados otrora por el Estado venezolano a lo largo de un siglo, al ser miembro fundador de la OIT en 1919.
Lo acontecido durante el siglo XXI en materia laboral refleja el dicho popular “tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe”. Esto determinó que el Consejo de Administración aprobara la creación de la Comisión de Encuesta para Venezuela en marzo de 2018, por iniciativa de Fedecámaras y luego apoyada por las centrales sindicales venezolanas. La mencionada Comisión emitió su histórico informe y recomendaciones en septiembre de 2019 sobre las graves violaciones laborales y sindicales en el país. La respuesta gubernamental fue, de nuevo, la negativa a cumplir tales recomendaciones.
Las recomendaciones fueron implementadas con retraso por la pandemia, a partir de 2022, con la instalación del Foro Social. Sus 4 asambleas, integradas por representantes empresariales, sindicales, de la OIT y del gobierno, se efectuaron durante el periodo 2022-2025. Estas ratificaron la actitud sarcástica de un régimen empeñado en evadir la aplicación de las propuestas en torno a revisión de salario, negociación colectiva, libertad sindical y consulta tripartita.
En ese contexto, asoma el año 2026, conociéndose la permanencia de ejecutorias antilaborales como la resolución 2792, el instructivo ONAPRE, el salario mínimo y las pensiones congeladas durante 4 años, cuyo monto actual es de 0,4 $ mensuales. A esto se agrega, entre tantas tropelías contra la libertad sindical, la radicalización y extensión de la política de terror aplicada a la población, ahora dirigida a los sindicalistas, con la detención ilegal de una veintena de compañeros hoy desaparecidos, al desconocerse sus centros de reclusión.
Por ello, resulta sorprendente la reciente comunicación del 13/1/2026 del ministro del Trabajo, Germán Piñate, y de la viceministra Rosalía Zingales, convocando a la “sesión del Grupo Consultivo para la consulta del salario mínimo correspondiente al año 2026”, a fin de dar cumplimiento al artículo 129 del DLOTTT y al Convenio 26 sobre el salario mínimo. Adornan el anuncio con el acostumbrado tufo oficial: “la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores” “ante la agresión imperialista”, “cuyas acciones buscan desestabilizar el bienestar de la clase obrera”.
Sí, en el texto de invitación se incluye el contrabando ideológico y se reclama la solidaridad incondicional con dos reos acusados, hoy recluidos en una cárcel de Nueva York, quienes disfrutarán de beneficios procesales que no tienen los sindicalistas en Venezuela. Así, se da una convocatoria ministerial a una “sesión de trabajo” cuando el gobierno mantiene a más de una veintena de sindicalistas presos, sin conocimiento de cuáles delitos cometieron, ni de su condición de vida, ni de dónde se encuentran.
En esa condición de indefensión se encuentran los siguientes compañeros de sindicatos y gremios, quienes protestaron por salario mínimo, convenciones colectivas y en defensa de sus agremiados, y padecen la represión gubernamental por asumir la agenda laboral de sus respectivas organizaciones:
1. José Elías Torres, secretario general de la CTV
2. Willian Lizardo, presidente de Fetraconstruccion
3. Roberto Franco, secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela
4. Omar Escalante, presidente de Fetracarabobo
5. Javier Tarazona, secretario ejecutivo del Colegio de Licenciados del Estado Táchira.
6. Daniel Romero, directivo del sindicato de SUTISS-SIDOR
7. Regulo Reina, dirigente del sector petrolero
8. Eduardo Torres, APUFAT y abogado de PROVEA
9. Lourdes Villareal, Sindicato SUMA
10. Carlos Alberto Gómez, presidente del SUMA Mérida.
11. Yuri Salas Moreno, secretario ejecutivo del SUNEP-Miranda
12. Marwin González, presidente de AJUNJENPOL Estado Bolívar
13. Fernando Serrano, directivo de SUTRALUM-VENALUM
14. Fidel Brito, presidente de FETRABOLIVAR
15. Omar Vazquez Lagonel, vicepresidente de FENAJUPV
16. Roberto Campero, directivo de SINTRAENSEÑANZA, estado Aragua
17. Nelson Torrealba, de Sintraenseñanza.
18. Arnaldo Méndez, Coalición Sindical Sector Salud
19. José Luis Subero, Sindicato de la Salud, estado Sucre
20. Gilberto Alcalá, Sindicato de la Construcción Caracas
21. Esmir Amaro Gudiño, sindicato SUTICEL.
¿Qué pretende el MINTRA con esta convocatoria? Presentar una imagen de “paz laboral” y de “diálogo social” ante el país y la comunidad internacional, eludiendo su responsabilidad como culpable directo de la pobreza de la población venezolana. Una pauperización originada en su salvaje política de flexibilización laboral, de suspensión de la contratación colectiva y de persecución contra la libertad sindical.
Por tanto, la exigencia de libertad plena de todos los directivos sindicales en el país debe ser la condición expresa para activar los acuerdos del Foro Social. Entre ellos prevalece el tema del salario mínimo, la activación de las convenciones colectivas de los sectores público y privado, y la libertad de reconstruir libremente sus sindicatos y gremios.
Un planteamiento que está directamente vinculado a la liberación de todos los presos políticos, injustamente encarcelados por manifestar sus deseos de vivir en democracia, como lo indica la institucionalidad de nuestra Constitución y la plena vigencia del Estado de derecho.
@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.
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