Rocío San Miguel, defensora de derechos humanos y directora de Control Ciudadano, regresó a Venezuela con el objetivo de reencontrarse con su familia y solicitar el cierre definitivo de la causa judicial en su contra. La información la confirmó su hermano, José Manuel San Miguel, a través de un comunicado difundido en redes sociales.
En el comunicado, la familia valoró el acompañamiento recibido durante su estancia en España y solicitó respeto por la privacidad, serenidad y estabilidad familiar mientras se transita esta etapa. Agradecieron también a las personas e instituciones que contribuyeron al bienestar de la defensora de derechos humanos en momentos de complejidad humana y familiar.
La familia recordó que Rocío San Miguel permanece sujeta a medidas cautelares, incluida la prohibición de ofrecer declaraciones a medios de comunicación. Por ello, cualquier información sobre su situación será difundida exclusivamente por su entorno familiar.
Caso Rocío San Miguel
Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando intentaba salir del país.
El gobierno de Nicolás Maduro la acusó de presunta traición a la patria, terrorismo y conspiración por un supuesto complot militar.
Durante su tiempo de reclusión, hubo alertas reiteradas sobre su situación de salud. Sufrió una fractura de hombro debido a una caída provocada por laberintitis. Estuvo unos cuatro meses sin recibir atención médica oportuna, solo analgésicos para mitigar el dolor, lo que le dejó secuelas por las que requirió dos intervenciones quirúrgicas. Además, padeció un régimen de aislamiento extremo e incomunicación.
Tras los hechos del 3 de enero en Venezuela, San Miguel fue excarcelada el 8 de enero de 2026, bajo medidas cautelares y con el proceso legal aún en curso. En el marco de ese proceso, inmediatamente después de salir de prisión, fue enviada a España.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Dailyn Oropeza camina diariamente entre dos mundos que se cruzan en el mismo punto de la salud pública venezolana. Ella es médico general de 26 años de edad que ejerce en el sector público y, al mismo tiempo, es una persona que vive con diabetes tipo 1 desde los cuatro años.
Esta doble condición de profesional de la medicina y paciente de larga data le otorga una mirada integral sobre los desafíos de gestionar una condición crónica en el país.
A diferencia de hace dos décadas, cuando el sistema público garantizaba los tratamientos, el contexto actual exige una capacidad adquisitiva que desafía la realidad de los trabajadores de la salud.
La brecha entre el tratamiento ideal y el accesible
La diabetes de tipo 1 se caracteriza por una producción deficiente de insulina en el páncreas. Esta hormona permite al cuerpo usar el azúcar de los alimentos como energía. En la diabetes tipo 1, el cuerpo destruye las células que la producen, lo que acumula el azúcar en la sangre. Esto es altamente riesgoso porque puede causar cetoacidosis (una emergencia médica por sangre ácida), coma y daños graves a largo plazo en el corazón, riñones, ojos y nervios si no se administra insulina diariamente para sobrevivir.
Pero en Venezuela, la brecha de costos entre la medicina privada y los subsidios públicos obliga a personas como Dailyn a tomar decisiones complejas sobre el propio tratamiento. Y es una realidad que, al menos, más de millón y medio de personas en el país deben enfrentar, según los más recientes cálculos que hizo la Federación Internacional de Diabetes en 2024.
“El costo de las insulinas es muy elevado, incluso mucho más de lo que yo misma puedo costear… Aproximadamente entre 200 y 300 dólares mensuales, solamente la insulina”, señala.
Al no poder cubrir el costo de las insulinas de acción ultrarrápida y ultralenta en farmacias privadas, Dailyn recurre a las opciones gratuitas (Cristalina y NPH) suministradas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Como profesional de la salud, es consciente de los riesgos de este ajuste forzado:
“Las que yo utilizo no son tan recomendadas en el uso del paciente con diabetes tipo 1 porque son más susceptibles a producir hipoglucemias –descenso anormal de niveles de glicemia que puede ocasionar desmayos y convulsiones– una de las emergencias diabéticas más complicadas”, explica.
A este panorama se suma el costo de los glucómetros -aparato electrónico-, tiras reactivas -láminas desechables-, agujas y lancetas, insumos indispensables para medir el nivel de azúcar en la sangre, que deben ser financiados en su totalidad por el paciente ante la escasez en las instituciones públicas.
Pero la gestión adecuada de la diabetes tipo 1 no se limita solo a la medicación. También requiere un seguimiento multidisciplinario que incluye consultas anuales con endocrinólogos, ginecólogos, nutricionistas, oftalmólogos, entre otros; además de exámenes de laboratorio constantes.
Si bien existen servicios activos en hospitales de referencia como el Hospital Vargas en Caracas, la saturación del sistema y los tiempos de espera de hasta cuatro meses limitan la atención oportuna ante dudas o urgencias. Por la vía privada, cada consulta puede oscilar entre los 60 y 80 dólares. El verdadero freno, detalla Dailyn, suele estar en los estudios previos.
“No siempre el impedimento es el chequeo médico per se, sino los gastos que conllevan ir al chequeo… La hemoglobina glicada-análisis especial para medir el nivel promedio de azúcar en la sangre durante los últimos tres meses- ya no se encuentra a nivel público, siempre tiene que ser costeada a nivel privado”, acota.
El reto más visible: una dieta adecuada
Para una persona con diabetes, la nutrición es el pilar que sostiene la estabilidad glucémica. Sin embargo, el presupuesto impone sus propias reglas en el plato. Dailyn relata cómo el salario del sector público condiciona la calidad de la dieta, llevando a priorizar la economía sobre el requerimiento médico.
“Los alimentos que son más beneficiosos para el control glucémico suelen ser los más costosos… En mi caso, lo que termino sacrificando con mayor frecuencia es la parte de la alimentación”, confiesa.
La escasez de proteínas, vegetales y frutas en su dieta diaria abre paso a un consumo desproporcionado de carbohidratos, una estrategia común para prolongar la saciedad pero que dificulta el control metabólico a largo plazo.
“El carbohidrato, que es el más económico, suele predominar en el plato y eso es directamente proporcional al descontrol glucémico que suelen tener los pacientes”, indica.
El testimonio de Dailyn Oropeza refleja la realidad de miles de personas que deben ajustar sus tratamientos diarios a las opciones disponibles, aunque no sea lo más adecuado, pero es lo que hay.
“Honestamente, no existe ninguna manera de que el sueldo del sector público te abarque todo lo que tú necesitas como un paciente diabético para poder llevar tu control adecuado”, añade.
En el análisis de la organización, la misma señala que para el periodo estudiado, el grupo alimentario que más aumentó fue el de las carnes y sus preparados, con un incremento del 26,24%.
El arte diario de equilibrar la balanza
La rutina de Dailyn desmitifica la idea de que vivir con diabetes tipo 1 se reduce a seguir un horario rígido. Ella explica que la administración de sus insulinas no responde a horas fijas, sino que se calibra en función de la dinámica de sus comidas y de un monitoreo riguroso.
Como mínimo, debe medir sus niveles de glucosa en sangre tres veces al día —coincidiendo con el desayuno, el almuerzo y la cena—, aunque cualquier malestar físico o imprevisto la obliga a realizar mediciones adicionales fuera de su pauta habitual.
Gestionar esta condición implica también saber reaccionar con rapidez ante las fluctuaciones de su cuerpo. Cuando experimenta un bajón de azúcar, busca consumir algo dulce, idealmente líquido por su velocidad de absorción, mientras que ante una elevación de glucosa debe ajustar la dosis de la hormona.
“Los malestares están dados principalmente por muchas ganas de orinar, tener mucha sed, a veces el cansancio… puede llegar incluso a generar una fatiga extrema”, detalla.
A pesar de estas exigencias, ha mantenido una vida activa en la medida de sus posibilidades —practicó voleibol en años anteriores— y maneja sus interacciones sociales con flexibilidad, moderando las porciones sin las severas restricciones del pasado.
De los mitos de la infancia a los riesgos de la escasez
Cuando recibió su diagnóstico, el mundo estaba en una época marcada por mitos que estigmatizaban y limitaban la vida social de los niños debido a la creencia de que no podían consumir ningún tipo de dulce. Hoy, la evolución médica permite entender que el enfoque correcto radica en la moderación y en la correspondencia exacta entre la ingesta de alimentos y la dosis de insulina.
Sin embargo, el desafío social de la adolescencia fue reemplazado más adelante por una crisis de desabastecimiento que le causó problemas de salud cuando la insulina desapareció temporalmente del sector público.
“El paciente diabético quedaba como en una deriva, porque de allí se sustentaba su control”, recuerda Dailyn sobre los momentos más duros de la crisis. Sin las herramientas básicas para medir su glucosa, la administración de la medicación se convirtió en un proceso al azar, una inestabilidad que le provocó una emergencia médica.
“Hubo un incidente en el que tuve una hipoglicemia muy grave por no tener cintas reactivas para hacerme control glucémico… Todo fue consecuencia de este descontrol que yo tenía al momento por falta de insumos médicos”, señala.
Ante las limitaciones económicas y estructurales del entorno local, la idea de marcharse del país ha estado presente en los pensamientos de Dailyn. Su motivación no responde únicamente a una búsqueda de mejoras salariales, sino a la necesidad humana y profesional de acceder a las innovaciones tecnológicas que definen el tratamiento moderno de la diabetes en otras latitudes del mundo.
“Realmente el pensamiento de migrar ha sido bastante frecuente y concurrido… en otros países se han visto infinidad de avances que todavía en Venezuela pues no alcanza a llegar”, explica.
La ciencia médica ha avanzado hacia dispositivos que transforman por completo la calidad de vida de los pacientes, como los sensores de monitoreo continuo que eliminan los pinchazos diarios en los dedos. “Hay evoluciones en la parte tecnológica del control de glicemia que no conllevan ni siquiera el uso de inyectoras, sino de sensores que actúen por sí mismos y esto acá en Venezuela no existe… Y los pequeños que existen salen del presupuesto posible para poder adquirirlos”, añade.
Aunque ha pausado temporalmente la decisión de marcharse para culminar sus compromisos académicos actuales, el deseo de gestionar su salud con herramientas de última generación mantiene la opción de migrar como un plan latente en su horizonte.
Una condición que afecta a más de 1,5 millones de adultos en el país
De acuerdo con datos correspondientes al año 2024 de la Federación Internacional de Diabetes (FID), Venezuela registra una prevalencia de diabetes en adultos del 8,6%.
Esta tasa se traduce en un total estimado de 1.580.700 casos de diabetes en adultos en el país, dentro de una población adulta total calculada en 18.511.100 personas para ese año.
Venezuela forma parte de los 19 países y territorios que integran la región de Sudamérica y Centroamérica (SACA) de la FID. En esta región geográfica, la organización estima que unos 35 millones de personas conviven con la condición, una cifra que los modelos epidemiológicos proyectan que se incrementará hasta alcanzar los 52 millones para el año 2050.
La precariedad crónica en la vejez
Las barreras económicas que Dailyn Oropeza sortea a sus 26 años adquieren una gravedad aún mayor al observar el panorama de la población de la tercera edad en el país.
De acuerdo con el reporte de la asociación civil Convite publicado en febrero de 2026 sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela, este grupo poblacional enfrenta una brecha de ingresos superior al 90% para poder cubrir sus necesidades básicas.
En el ámbito de la salud, el estudio revela que la hipertensión, con un 63% de incidencia, y la diabetes, con un 32%, son las enfermedades crónicas más frecuentes entre las personas mayores.
Aunque el 82% de los encuestados requiere medicación diaria para controlar estas patologías, el 62% manifiesta severas dificultades para adquirirlos debido a la falta de recursos económicos.
Los datos de Convite también reflejan una emergencia alimentaria donde el 73% de las personas de la tercera edad han tenido que adquirir alimentos de menor calidad y costo, mientras que el 52% se ha visto en la obligación de reducir las porciones de sus comidas diarias. Asimismo, un 32% ha recurrido al consumo de subproductos como vísceras, piel o huesos para sustituir proteínas tradicionales.
Aunque casi la mitad de la población evaluada recibe el beneficio alimentario de la caja CLAP, el suministro institucional apenas logra cubrir los requerimientos nutricionales por un lapso menor a los 15 días en la gran mayoría de los casos.
Derechos que deben ser garantizados
La Constitución venezolana, en su artículo 83, establece que la salud es un “derecho social fundamental” y que es obligación del Estado garantizarlo como parte del derecho a la vida. Además, señala que el Estado debe promover y desarrollar “políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios”. El apartado también señala lo siguiente:
“Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad con los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República”.
Asimismo, exige un acceso equitativo y asequible a la atención médica y al tratamiento esencial. Este documento institucional subraya que los pacientes deben contar con medicamentos asequibles y tecnologías de monitoreo.
Mientras el marco internacional insta a los Estados a consolidar planes nacionales que garanticen una educación continua en el automanejo y una atención de alta calidad, la realidad en el entorno público venezolano obliga a improvisar pautas de tratamiento alternativas debido a las restricciones presupuestarias.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
El Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) publicó una serie de estrategias a seguir ante los frecuentes cortes de energía que padecen varias regiones del país, especialmente en zonas calurosas. De acuerdo con la organización venezolana, la crisis eléctrica, sumada a la falta de servicios básicos, altera las condiciones esenciales para el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2025) reveló que 9 de cada 10 hogares venezolanos experimentan cortes eléctricos diarios o esporádicos. Las fallas eléctricas afectan con mayor intensidad a estados del interior, zonas rurales y comunidades alejadas de la capital, lo que aumenta las desigualdades para las familias. Según estudios recientes de la ONG, las altas temperaturas han evidenciado problemas de infraestructura que limitan la ventilación, así como dificultades en el acceso al agua potable, lo que impide la operatividad de los baños en las instituciones y afecta la permanencia en las escuelas.
Niños evitan beber agua para no usar baños dañados
Una de las consecuencias más preocupantes de esta situación se observa en el comportamiento de algunos niños. De acuerdo con la organización, hay quienes evitan consumir agua para no tener que usar baños inoperativos. Advierten asimismo que las jornadas de calor afectan la concentración y el aprendizaje, así como también que el estrés ocasionado por la falta de servicios básicos y la prolongación de estas dificultades impacta en el derecho a la educación, al descanso, al desarrollo integral y a la salud mental.
El estrés que producen los constantes cambios de horario, la interrupción del sueño, las fallas de conectividad o la pérdida total del servicio también se extiende a los familiares de niños y adolescentes, quienes pueden padecer cansancio emocional, ansiedad y sensación de agotamiento, según detalló el comunicado.
La adolescencia necesita espacios para estudiar, descansar y mantener vínculos a corto y largo plazo. Sin embargo, la prolongación de estas fallas, que dificultan las condiciones necesarias para el desarrollo cotidiano, puede ocasionar acumulación de estrés.
Preservar la rutina en momentos de incertidumbre
Ante esta situación, Cecodap recomienda conservar, tanto como sea posible, las rutinas diarias, con el fin de preservar momentos para el descanso, el estudio, la alimentación y la interacción con otros.
Por otro lado, sugieren explicar la situación a los más pequeños suele ser complicado, por lo que la ONG recomienda emplear un lenguaje adecuado para su edad. Esto puede reducir la incertidumbre que se presenta en niños y adolescentes ante la problemática.
Asimismo, se recomienda a los padres prestar mayor atención a las quejas y frustraciones de los adolescentes. La irritabilidad intensa, el aislamiento o el miedo excesivo pueden ser señales de que necesitan apoyo adicional.
En el caso de niños y adolescentes con discapacidades o problemas de salud, la ONG recomienda mantener a disposición contactos de apoyo en caso de emergencia, así como anticipar necesidades prioritarias como alimentación, medicinas u otras particularidades.
La comunidad como red de apoyo
Otra de las estrategias es crear espacios de desconexión emocional del problema. La organización incentiva a los padres a generar momentos de esparcimiento familiar para ayudar a disminuir la sensación de descontrol. Además, es necesario mantener una hidratación y ventilación adecuadas durante los tiempos de reposo, especialmente ante las altas temperaturas.
La comunidad sigue siendo una importante red de apoyo. Por ello, Cecodap sugiere fortalecer esta conexión para compartir información, brindar acompañamiento y buscar soluciones que ayuden a reducir el aislamiento
Exigen respuestas efectivas al Estado
Cecodap aclaró que sus recomendaciones no buscan normalizar las condiciones adversas que limitan la calidad de vida, sino ofrecer herramientas para hacerlas más llevaderas mientras se exigen soluciones estructurales.
“También sabemos que no existe una respuesta mágica ni absoluta para resolver una situación tan compleja. Pero queremos decirles algo a niños, niñas, adolescentes, familias y centros educativos: estamos con ustedes”, expresó la ONG en su comunicado.
La organización resaltó que la protección integral de niños, niñas y adolescentes requiere respuestas efectivas, progresivas y sostenidas por parte del Estado. Además, reiteró que las familias no deberían enfrentar este tipo de situaciones sin el debido acompañamiento, por lo que reconocer el esfuerzo de quienes siguen adelante día a día, en medio de las dificultades, también es una forma de proteger.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
¡Buenos días! Aquí te servimos El Mañanero de este miércoles, 27 de mayo, ese rapidito de noticias que entra suave, pero despierta de golpe. El menú incluye “El primer sorbo”, una dosis fuerte de información para abrir los ojos, esa noticia que marca la agenda; “Recién salido del horno”, un resumen de los temas más importantes de las últimas horas; La “perla” del día, esa frase altisonante que te hará espabilar; “Lo que rompe en redes”, para que arranques la jornada a tono con los temas virales o tendencia en X, Instagram o TikTok; “Azuquita pa’l café”, un contenido curioso o inspirador para endulzar la mañana y “La ñapa”, con recomendaciones culturales, de información general o entretenimiento para que tu día tenga buen sabor hasta el próximo café.
El primer sorbo
Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, organización que defiende los derechos humanos de los privados de libertad, informó la noche de este martes 26 de mayo, que los ocho presos políticos militares del llamado “Caso Paracaidistas” o “Caso Baduel” fueron liberados.
En un video difundido en redes sociales, Romero indicó que tras permanecer nueve años y seis meses en prisión, los efectivos castrenses Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero fueron liberados.
El Foro Penal también confirmó la liberación del general Ramón Antonio Lozada Saavedra quien estaba detenido desde 2019.
Melania Leal, hermana de Emirlendris Benítez: “¿Cuántas madres y padres quieren que sigan muriendo esperando la libertad de sus hijos. Libertad para todos los presos políticos, mujeres y hombres civiles y militares. Basta de tanta tortura psicológica”
Lo que rompe en redes
El periodista Carlos Julio Rojas denunció que el preso político uruguayo-vzlano Jose Breijo (73 años) luego de estar detenido durante más de dos años en Tocuyito, acusado de terrorismo por tomar una simple foto, hoy le otorgan arresto domiciliario pero al llegar a su apartamento en Bello Monte, en Caracas, lo encuentra invadido por un efectivo quien era uno de los policías que lo secuestró.
Video / @CarlosJRojas13: “Denunciamos como el preso político uruguayo-vzlano Jose Breijo (73 años) luego de estar preso más de dos años en #Tocuyito acusado de terrorismo por tomar una simple foto hoy le otorgan arresto domiciliario pero al llegar a su apartamento en #BelloMonte… pic.twitter.com/eeWgo7b6gx
— Carlos Julio Rojas (@CarlosJRojas13) May 26, 2026
Azuquita pa’la café
Dejó que su mamá abriera el último sobre de figuritas que tenía y salió Messi. La reacción es de total emoción.
Este chamo dejó que su mamá abriera el último sobre de figuritas que tenía y le terminó saliendo Messi.🇦🇷
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España no solo consiguieron más de 286 000 euros en efectivo en la casa de Julio Martínez Martínez, el amigo y considerado “testaferro” de José Luis Rodríguez Zapatero, sino que también hallaron unas agendas con documentos que comprometen al expresidente del gobierno español.
Las agendas de Julio Martínez, empresario y amigo cercano del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, revelan una mezcla de operaciones comerciales y gestiones políticas de alto nivel en Venezuela. Los documentos fueron incautados en el marco del caso que investiga el rescate financiero de la aerolínea Plus Ultra y presunto blanqueo de capitales
En las agendas hay escritos que van desde la intervención de Zapatero en la excarcelación de presos políticos venezolanos hasta la participación de agentes del servicio de Inteligencia española en el traslado a Madrid del excandidato presidencial, Edmundo González Urrutia. También, incluyen apuntes crípticos, como “Que EG se venga”, en posible referencia a Edmundo González.
La UDEF informó además del hallazgo de collares, brazaletes, anillos, relojes, sortijas y pendientes en una caja fuerte situada en el despacho madrileño de Zapatero.
La secretaria del expresidente expresó que las joyas son una herencia de la suegra de Zapatero. En una edición del programa de Antena 3, “El Hormiguero”, el escritor Juan del Val dijo que las joyas están valoradas desde “80 000 euros hasta una cifra incalculable”. Dentro de la caja también había pen drives y documentos.
La Audiencia Nacional de España citó a declarar al expresidente el 2 de junio como imputado por delitos de tráfico de influencias, pertenencia a organización criminal y falsedad documental. La operación se enmarca en la investigación que se le sigue al exmandatario por el papel que tuvo en el rescate de la aerolínea Plus Ultra por 53 millones de euros. De acuerdo a medios europeos, nunca antes en la era democrática de España se había imputado a un expresidente de gobierno por delitos de corrupción.
A continuación, una recopilación de los temas asociados con Venezuela que se encontraron en la agenda del denominado “testaferro” de Zapatero.
Plan 2 para Maduro
De acuerdo a El País, en las agendas incautadas hablan de un “plan 2” para Venezuela, el cual buscaba dejar al actualmente encarcelado en Estados Unidos Nicolás Maduro en el poder, “pero con un diseño institucional que redujera su aislamiento internacional”.
Las anotaciones datan del 19 de enero de 2025, diez días después de la juramentación de Maduro luego de ser proclamado ganador de las elecciones presidenciales por el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin hasta ahora mostrar actas ni resultados desagregados.
En los apuntes se describe la situación venezolana como “compleja, con presión internacional, protestas y una percepción de fracaso”.
Quería pasar por encima de la Asamblea
En la agenda incautada por la UDEF hay hasta una propuesta de reforma constitucional para reducir el periodo presidencial en Venezuela a cuatro años, la creación de la figura de primer ministro y un Consejo de Estado que funcionaria como segunda cámara en vista de la ausencia de un Senado en Venezuela.
Después de la supuesta reforma constitucional se planteaban elecciones locales y de gobernadores, pero no mencionaba comicios presidenciales.
Ministro no chavista
De acuerdo a The Objective, otro elemento del plan de Zapatero era el nombramiento de al menos un ministro no chavista dentro del Ejecutivo. La libreta decía “Albacete, hombre de MCM”, en referencia al empresario Ricardo Albacete Vidal, quien tiene doble nacionalidad (española y venezolana) y fue detenido antes de las elecciones del 28 de julio de 2024. Posteriormente, fue excarcelado en diciembre de ese año y enviado a España.
A finales de febrero, la presidenta encargada Delcy Rodríguez designó a Oliver Blanco como viceministro con responsabilidad en Europa y América del Norte.
En un mensaje en sus redes sociales, Rodríguez escribió “Blanco es un joven venezolano de las relaciones internacionales que ha tenido militancia partidista opositora y mantiene un firme compromiso con el país”.
Presos políticos hacen daño al gobierno
En la agenda se lee que Zapatero se mostró complacido con la Ley de Amnistía y reconoce que los presos políticos “hacen mucho daño al Gobierno”.
“Esto no es un signo de debilidad, sino un signo de fortaleza”, se ve subrayado en la agenda en referencia a la represión desatada por el gobierno luego del 28J.
En el cuaderno se aprecian dos cifras: 337 y 146 presos. En la misma página se habla de la liberación de 20% de los privados de libertad por razones políticas “para finales de marzo o principios de abril, como gesto de buena voluntad de la administración de Maduro”.
Martínez tenía anotados los nombres de Enrique Márquez, Rocío San Miguel y Leocenis García, además de la situación de los refugiados en la embajada de Argentina en Caracas.
San Miguel fue excarcelada y enviada a España, mientras que Márquez fue uno de los primeros en salir de prisión tras los hechos del 3 de enero junto a Biagio Pilieri.
Márquez, exrector del CNE, fue presentando por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el discurso del Estado de la Unión en el Capitolio de Washington y en una posterior rueda de prensa ofrecida en Venezuela agradeció a Rodríguez Zapatero por intermediar para su excarcelación.
Figuras puntuales
Además de Edmundo González Urrutia también aparecen los nombres de Eudoro González, Carlos Ocariz y Ramón Guillermo Aveledo.
“Ocariz es un osado, con dosis de ansiedad”, dice uno de los mensajes. “Aclárele a Edmundo que el mensaje a Ocariz ha sido que la interlocución corresponde a Aveledo y a usted”, reza otro.
El exdiputado Eudoro González estuvo presente en la negociación en la residencia del embajador de España en Caracas que desembocó en el destierro de González Urrutia y hasta lo acompañó al aeropuerto de Maiquetía. Después de eso, fue apartado del partido Primero Justicia.
El negocio del “amarillo” y el “negro”
Los informes de la UDEF en el caso Plus Ultra detallan una red de intermediación comercial de alto valor económico que utilizaba la influencia política del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en Caracas para facilitar negocios con materias primas estratégicas. Según la documentación incautada al empresario Julio “Julito” Martínez, las operaciones se estructuraban bajo las siguientes claves:
Comercialización de oro: En las anotaciones y chats intervenidos, la red utilizaba términos cifrados como “el amarillo” para referirse al oro. Las anotaciones indican planes para estructurar rutas de “entrega de producto físico” por valor de varios millones de euros.
Conexión con entidades públicas: Las agendas mencionan explícitamente que la entidad financiera estatal Bandes (Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela) “debe estar disimulado” para sortear controles o sanciones internacionales. También figuran contactos directos con la Corporación Venezolana de Minería (CVM) y el Viceministerio de Seguimiento y Control de Desarrollo Ecominero, reseña El Mundo de España.
Esquema de Comisiones (10%): En una hoja titulada “Temas de Interés”, Martínez detalló planes de negocio para el comercio de crudo y sus derivados, anotando en color rojo una comisión fija del 10% por las gestiones.
Foto: El Mundo de España.
Minería estatal: Los escritos hacen referencia directa a la explotación de recursos como carbón, gas, níquel y oro (mencionando la “loma de níquel” y “rodio no se declare”) en coordinación con corporaciones del Estado como la Corporación Venezolana de Minería (CVM), la estatal PDVSA y la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país
Un acuerdo inaceptable en el Foro de Diálogo Social
En un reportaje del sitio web Infobae publicado el 22 de mayo de 2026 se informa que «Gobierno, sindicatos y empresarios negocian regular los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT)», y se destaca «la disposición mostrada por el Ejecutivo y las centrales oficialistas en el marco del Foro de Diálogo Social que promueve la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», confirmando así el acercamiento del chavismo con los patronos en el contexto del “nuevo momento político” inaugurado el 3 de enero, tras el ataque militar de Estados Unidos.
Resulta asombroso que en la agenda del Foro Social aún se mantenga la permanencia de los CPT en el país, con la anuencia de los diferentes actores sociales que integran la instancia —centrales sindicales, Fedecámaras y la OIT—, ya que la posición del régimen es mantener esta figura creada para atentar contra la libertad sindical y la propiedad privada.
Los CPT forman parte del proyecto de Estado Comunal desde 2007. Su objetivo, originalmente trazado, es implantarlos como una organización de los trabajadores sustituta de los sindicatos y como mecanismo de control del Estado sobre las empresas privadas y públicas. Quien no lo entienda así debe remitirse a las normativas creadas ilegalmente desde 2017.
La propuesta inicial de los CPT se planteó en la fracasada reforma constitucional de 2007, sometida por Hugo Chávez al país y derrotada en el referéndum del 2 de diciembre de ese año. El intento no se detuvo allí: continuó presente en los Planes Simón Bolívar elaborados por asambleas tumultuarias en Guayana y en los textos de las leyes orgánicas comunales aprobadas de manera írrita por la Asamblea Nacional en diciembre de 2010.
Una larga cadena de ilegalidades
Posteriormente se incluyeron en los artículos 497 y 498 del ilegal Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT), impuesto por Hugo Chávez mediante una ley habilitante en 2012 destinada a atender catástrofes naturales, aunque la cuarta disposición transitoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) señala expresamente que la aprobación de esa ley corresponde a la Asamblea Nacional.
Entre tropelías y abusos de poder, una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) convocada ilegalmente por el Ejecutivo de Nicolás Maduro —en violación de las normas constitucionales de convocatoria— instaló este adefesio jurídico de corte corporativo y aprobó finalmente la Ley de los Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT) en 2018.
Qué son y qué hacen los CPTT
Por consiguiente, cuando leemos en la nota de prensa que «Gobierno, empresarios y sindicalistas avanzan en la discusión para regular los llamados Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (CPTT)», nos resulta inaceptable seguir tolerando una «figura laboral» completamente ajena y contraria al diálogo social en las relaciones de trabajo.
Bien sabemos que, en la norma promulgada en febrero de 2018, los CPTT deben funcionar en todas las «entidades de trabajo» para «impulsar, evaluar y controlar los procesos de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de los bienes y servicios para satisfacer las necesidades del pueblo».
Asimismo, la ley de los CPT indica que cada consejo debe contar con un «trabajador miliciano» e incluye entre sus atribuciones «conocer, evaluar y fiscalizar los procesos de producción, abastecimiento, comercialización y distribución de productos y servicios de la entidad de trabajo». Adicionalmente, en cuanto a su estructura organizativa, el CPTT asume las funciones correspondientes a los sindicatos y gremios.
La posición contradictoria del empresariado
Aunque Fedecámaras rechaza esta figura por atentar contra la propiedad privada, el secreto industrial y la paz del clima laboral, resulta extraño —y complaciente con el régimen— que el empresariado venezolano «prefiera que los CPTT solo se aplicaran a los entes públicos y que, en caso de continuar actuando en el sector privado, se restrinjan sus funciones en temas como el secreto industrial y los proyectos gerenciales».
Por otra parte, la investigación señala que «la Comisión de Encuesta de la OIT, considerada el máximo mecanismo de investigación de la institución para casos graves de violaciones laborales, está a favor de eliminar los CPTT; sin embargo, el oficialismo descarta esta idea argumentando que existen unos 40 000, razón por la cual les sería difícil suprimirlos de un plumazo».
Un modelo con raíces en el autoritarismo del siglo XX
Cabe aclarar que los consejos de trabajadores tuvieron un origen autónomo y obrero en la Revolución rusa de 1917, así como en Italia y Alemania en 1918; Stalin luego los cooptó en la URSS, convirtiéndolos en instrumentos de control del Estado orientados a transformar los sindicatos en figurines despojados de toda representación autónoma de los trabajadores. Así ocurrió durante el transcurso del siglo XX, hasta la desaparición definitiva de la URSS y el bloque soviético de Europa del Este en 1990.
Su versión más moderna han sido los Comités de Defensa de la Revolución cubanos, convertidos en policías del pensamiento y de la libertad de expresión ciudadana. Por tanto, mantenerlos en nuestro país representa un exabrupto de más en el Foro Social convocado para cumplir con los convenios 87 (Libertad sindical), 26 (Salario mínimo) y 144 (Reuniones tripartitas).
Lo inservible debe desecharse
Estos CPT venezolanos son reminiscencias del régimen chavista en agonía, mampara de un Estado Comunal autoritario cuya presencia solo pretende mantener desde el poder un control injustificable e inaceptable sobre las relaciones de trabajo. Si estamos ante un «nuevo momento político a partir del 3 de enero», lo inservible debe desecharse.
Finalmente, según indica el trabajo periodístico, «en un plazo no mayor de 15 días se debe presentar en la mesa del Diálogo Social la propuesta de reglamento de los CPTT». Esperamos que los integrantes de esta instancia laboral, que se reúne desde 2022 sin resultado alguno más allá de la frustración y el desengaño, no pierdan más tiempo y asuman la posición que requiere el pueblo venezolano: abocarse a restablecer el poder adquisitivo mediante el desarrollo concreto de las convenciones colectivas, la seguridad social integral y el trabajo digno.
Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, organización que defiende los derechos humanos de los privados de libertad, informó la noche de este martes 26 de mayo que los ocho presos políticos militares del llamado “Caso Paracaidistas” o “Caso Baduel” fueron liberados.
En un video difundido en redes sociales, Romero indicó que tras permanecer nueve años y seis meses en prisión, los efectivos castrenses Rubén Bermúdez, Javier Rafael Peña, Feydi Montero, Juan Díaz, Yecson Lozada, Jairo Villegas y Noé Romero fueron liberados.
La abogada del Foro Penal Mariana Ortega, quien llevó la batuta en la defensa de los militares, señaló que la liberación “no es un triunfo” porque fueron condenados injustamente. Romero explicó que los efectivos castrenses fueron liberados con libertad plena por cumplimiento total de la pena.
“Estamos en libertad”, “Vamos a compartir con la familia”, “Vamos a casa”, fueron las primeras palabras que pronunciaron los liberados.
Palabras del sargento primero del Ejército, Yecson Lozada quien pasó casi 10 preso por el llamado “caso paracaidistas” pic.twitter.com/8SacDdhr9o
En 2017, organismos de inteligencia detuvieron a siete sargentos pertenecientes a la 42 Brigada de Infantería Paracaidista, ubicada en Maracay, estado Aragua. Los mismos fueron acusados de conspiración para ejecutar un golpe de Estado en contra de Nicolás Maduro.
El Gobierno vinculó a los siete sargentos con el general Ramón Antonio Lozada Saavedra y con el fallecido general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa que además murió bajo custodia del Estado en el 2021.
De los ocho años que llevaba detenido Lozada Saavedra, los últimos tres los pasó postrado en una cama del Hospital Militar Dr Carlos Arvelo, en Caracas, donde según denuncias de sus allegados, permaneció aislado y con un cuadro de salud “crítico”.
Alfredo Romero precisó que, aunque la liberación del general fue anunciada en horas de la tarde, el proceso legal para concretar su salida aún no ha concluido. Agregó que el militar retirado está en silla de ruedas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Este martes 26 de mayo, las ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) y el Foro Penal Venezolano (FPV) rechazaron lo que califican como un “nuevo uso político” de los anuncios de excarcelaciones realizados en los últimos días.
Ambas organizaciones —defensoras de derechos humanos— advirtieron que las liberaciones anunciadas por el Gobierno de Delcy Rodríguez “no representan una solución real a la situación de los presos políticos en Venezuela”.
JEP denunció a través de su cuenta en X que ha pasado poco más de una semana desde el anuncio oficial de que habrían 300 nuevas excarcelaciones y, hasta este momento, apenas ha podido verificar 44 excarcelaciones.
Cifras de la ONG contabilizan que actualmente hay 637 presos por motivos políticos entre ellos adultos mayores, personas con enfermedades graves, extranjeros y ciudadanos binacionales utilizados dentro de esquemas de “diplomacia de rehenes”.
“Esta enorme diferencia entre las cifras anunciadas y la realidad comprobable vuelve a evidenciar el uso propagandístico de las excarcelaciones mientras el aparato represivo permanece intacto”, se lee en el post.
La ONG recordó también que la mayoría de las personas previamente excarceladas desde enero hasta la fecha continúan bajo medidas condicionales arbitrarias, sometidas a procesos sin garantías y bajo amenaza permanente de regresar a prisión.
Justicia, Encuentro y Perdón alertó que persisten denuncias de desapariciones forzadas, tortura física, psicológica y médica dentro de los centros de reclusión, así como un patrón sistemático de castigo y desgaste contra las familias de las víctimas.
Ha pasado poco más de una semana desde el anuncio oficial de que habrían 300 nuevas excarcelaciones y, hasta este momento, apenas hemos podido verificar 44 excarcelaciones de presos políticos. Esta enorme diferencia entre las cifras anunciadas y la realidad comprobable vuelve a…
— Justicia, Encuentro y Perdón (@JEPvzla) May 26, 2026
Ni la mitad del anuncio
Este lunes, el Foro Penal informó a través de su cuenta en X que solo ha podido verificar la excarcelación de presos políticos desde 18 de mayo, cuando se anunció la supuesta liberación de 300 detenidos y luego la de 500.
Las 39 liberaciones que ha podido verificar la ONG representan el 13% de lo anunciado por Jorge Rodríguez.
#25Mayo 10:30 pm (Ccs) Hasta hoy, a esta hora, solo hemos verificado excarcelación de 39 presos políticos desde 18 de mayo, cuando se anunció la supuesta excarcelación de 300 y luego de 500 personas. Al menos en lo que respecta a presos políticos, eso no ha ocurrido.@ForoPenal
El balance más reciente de la ONG precisa que el total de presos políticos es de 409. De ellos, 375 son hombres y 34 son mujeres. 222 son civiles y 187 militares, mientras que se desconoce el paradero de una persona.
Balance de #PresosPoliticos en Venezuela al 25/05/2026 por 𝗙𝗼𝗿𝗼 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹:
𝗧𝗼𝘁𝗮𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝘀 𝗽𝗼𝗹í𝘁𝗶𝗰𝗼𝘀: 409* Desde la semana pasada
Tras el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, quien el viernes 20 de mayo aseguró que serían liberadas 300 personas detenidas por motivos políticos, días después, la presidenta encargada con aval de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, elevó la cifra a 500 excarcelaciones. Sin embargo, los datos verificados por las ONG distan ampliamente de la cifra oficial.
“El presidente de la Asamblea Nacional (había anunciado) que en las próximas horas 300 personas serían excarceladas. Ese número ha aumentado (…) y en las próximas horas estará superando las 500 liberaciones”, afirmó Rodríguez.
Rodríguez señaló que estos son casos que no estaban enmarcados en la ley de amnistía, por lo que tuvieron “un proceso distinto”, a través de la Comisión de Revolución Judicial y el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática.
La presidenta interina explicó que bajo estos dos esquemas se han hecho consultas con ONG y universidades —que no precisó— que los ha llevado a un proceso de, hasta el momento de su declaración, “395 liberaciones”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
