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ARI Móvil: El camión de información que recorre comunidades en Caracas

Un foodtruck de noticias llega a los sectores populares, a las universidades y a los caraqueños en general de la mano de Runrun.es, El Pitazo y TalCual, los tres medios conforman la Alianza Rebelde Investiga. Llevar información de utilidad y conectar a las comunidades es uno de los objetivos de esta nueva plataforma periodística que ya está rodando por las calles de la ciudad

La Alianza Rebelde Investiga (ARI) integrada por los medios digitales Runrun.es, TalCual y El Pitazo, termina 2023 con el lanzamiento de una nueva plataforma informativa para llevar los contenidos directamente a la gente, a las comunidades en Venezuela, a través de ARI Móvil: un camión de información.

Un estudio del Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (Ipys) revela que 7 millones de venezolanos viven en lugares que son desiertos de noticias, sin acceso a medios de comunicación, a las noticias y a un periodismo local confiable. Ante esta realidad, la ARI se propuso buscar formas más creativas y directas de llegar a las audiencias.

El concepto de ARI Móvil es similar al de un foodtruck y pretende llegar a los sectores populares a través de la difusión de noticias y charlas de interés; así como la escucha de los problemas e iniciativas de estas audiencias. 

Para enfrentar el reto, ARI Móvil se traslada a las comunidades populares de Caracas, con su camión de noticias; para leer resúmenes de las investigaciones de los medios nacionales (Runrunes, TalCual y El Pitazo), que puedan ayudar a entender el contexto de lo que pasa en el país y en el mundo.

Dentro de sus actividades, ARI Móvil entrega el semanario Entérate, que produce el diario TalCual, donde se abordan las noticias más destacadas del ámbito nacional, con un lenguaje sencillo y directo. Asimismo, recoge testimonios con la intención de comunicar al país, con investigaciones periodísticas y notas de prensa, las necesidades de estas localidades. 

ARI Móvil también está comprometido a realizar orientación y capacitación en asuntos prioritarios en estos sectores, a través de charlas y conversatorios asociados a sus problemas, como Derechos Humanos, el buen uso de la tecnología y las redes digitales, temas electorales, entre otros.

Periodismo digital: de la pantalla a la calle

Los tres medios que conforman ARI publican noticias y reportajes a través de sus respectivas páginas webs y redes sociales, pero las fallas de internet, los cortes eléctricos, la desinformación y el bloqueo de medios de comunicación, son una constante en Venezuela que limita el derecho a la información. 

Ante esta realidad social, el equipo de ARI lleva la información online al formato offline, y para eso recurre al ARI Móvil, un camión de información que se desplaza por toda la Gran Caracas –en principio– para informar, conocer y entender las problemáticas de las localidades, con el objetivo de generar espacios de encuentro en la sociedad que sirven para fortalecer nexos.

Este camión ya tiene kilometraje

Son varios los lugares que ARI Móvil ya ha visitado, no solo para informar, sino para generar conexión con la localidad a través de la buena música. Icónicas canciones de salsa y música venezolana suenan desde el camioncito, para animar el ambiente y generar confianza en las comunidades.

La conexión es lo más importante para la ARI. En el mes de septiembre bautizaron al camioncito haciendo presencia en el mercado de Los Palos Grandes. Allí informaron a la comunidad, orientaron a los compradores respecto a los lugares donde podían conseguir hierbas medicinales y desayunos, y escucharon las historias de los comerciantes.

También, durante el mes de septiembre, acompañaron a la comunidad de las Minas de Baruta que organizaron una verbena de recaudación de fondos para llevar a 15 niños peloteros al campeonato de la Categoría Semillero en Yaracuy. La presencia del ARI Móvil permitió a los representantes expresar su necesidad y recibir posterior apoyo de donantes y patrocinadores. Previamente el camión estuvo en Puente Hierro, en el municipio Libertador.

En el mes de octubre, la Alianza cubrió e informó durante las primarias en toda Caracas. Visitó universidades como la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la Universidad Central de Venezuela (UCV), donde organizó eventos de información y espacios de conversatorios.

La visión de ARI Móvil es brindar estas mismas oportunidades a más comunidades, para estrechar lazos que sean la base de una sociedad cada vez más informada, organizada, consciente de su contexto y de las diversas formas que existen para mejorarlo.

Fundaredes: al menos 44 personas han sido asesinadas por la minería ilegal

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Denuncian que al menos 20 víctimas de los conflictos armados bajo el Arco Minero del Orinoco y en el estado Amazonas

La ONG Fundaredes denunció en su boletín número 47, publicado en noviembre del 2023, que al menos 44 han sido asesinadas por funcionarios estatales o por bandas criminales en el contexto de la minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas desde el año 2019.

De ese grupo, al menos 20 víctimas pertenecen a las poblaciones originarias o indígenas de los estados Amazonas (con 11 casos) y Bolívar (con 9 casos). Advierten que existe una alta opacidad en las zonas mineras debido a la impunidad de las bandas criminales que controlan el mercado y el propio Estado venezolano que o no interviene «o participa directamente en los asesinatos». 

«La pugna por el control territorial en las minas de oro, coltán y otros minerales suscita constantes enfrentamientos entre bandas criminales, en algunos casos con participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cuerpos policiales», dijo la organización. 

La ONG denunció que, a dos años de las intervenciones militares conocidas como «Operación Roraima» y «Operación Autana», el gobierno de Nicolás Maduro no ofrece balances sobre el impacto humano ni socioambiental de los fuegos cruzados. 

«Lejos de actuar de manera acertada para erradicar la minería ilegal y otros delitos que se cometen en estas tierras, sin causar daños colaterales ni a humanos ni al ambiente, el Estado ordena operativos que impactan negativamente, dejan secuelas irreversibles y enfoca su atención en quienes demuestran interés por ayudar», subrayó Fundaredes.

El abogado de la ONG Provea Olnar Ortiz, denunció en una entrevista a Radio Fe y Alegría que distintos ataques como los presenciados en Parima B, Amazonas, donde hubo al menos cuatro personas muertas, siguen impunes.

Lo mismo ocurre con el asesinato del líder Uwottüja Virgilio Trujillo, en el año 2022 o la masacre de Kumarakapay en el año 2019, donde fallecieron, al menos, 11 indígenas del estado Bolívar. 

En el último informe de la Misión Independiente de la ONU para Venezuela se denunció el asesinato de Trujillo, en junio de 2022 y del miembro del pueblo indígena pemón Salvador Franco, quien murió en la cárcel de El Rodeo II  en 2021. 

Pranes de Vista Hermosa se fueron un mes antes de la intervención 

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Familiares de presos declararon a Una Ventana a la Libertad que luego de enterarse de la toma, la mayoría quemó sus pertenencias

 

Hace un mes que los pranes del Internado Judicial Ciudad Bolívar, conocido como Vista Hermosa, se habían fugado del recinto, declararon familiares de reclusos a la ONG Una Ventana a la Libertad.

Este lunes 6 de noviembre, la “Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro”, comandada por el ministro de Interior y Justicia, Remigio Ceballos, arribó a la prisión bolivarense y de acuerdo con información oficial, la toma se llevó a cabo “en paz”.

Vista Hermosa era controlada por los pranes Wilkins Rafael Romero Maluenga, apodado “Wilkins”; Giovanny Navas, alias “Pan” y Edicson González, alias “Chichi”.

Según una fuente vinculada a UVL, los pranes habían cumplido sus condenas, pero permanecían dentro de la cárcel “para seguir con el control y por la misma seguridad de ellos”. 

Luego la salida de los pranes, quedaron al mando dos lugartenientes apodados “Chucky” y “Membra”, los cuales seguían recibiendo órdenes y rindiendo cuentas a sus “jefes”.

Fue la quinta prisión intervenida por funcionarios de cuerpos de seguridad del Estado después que el pasado 20 de septiembre comenzarán con el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, en el estado Aragua; la Penitenciaría Gran Cacique Guaicaipuro conocido como Tocuyito, en Carabobo; el penal José Antonio Anzoátegui conocido como Puente Ayala y el Internado Judicial de Monagas, La Pica.

“A las 5:00 de la mañana, ellos (los funcionarios), se empezaron a organizar afuera y a las 6:00 de la mañana entraron tras abrir un boquete por una de las paredes del estadio. Todo se dio con tranquilidad porque los presos colaboraron en todo momento”, dijo un familiar de un recluso.

Trascendió que antes de abandonar la cárcel, la mayoría de los presos quemaron sus pertenencias.

“Anoche (domingo) los presos empezaron a quemar todo. Los celulares, los televisores, los aires acondicionados etc. Nada de eso entró por arte de magia, todo eso pasó por autorización de los mismos Guardias Nacionales”, señaló otra de las parientes.

“Hasta los cochinos mataron, para comernos todo eso. Lo único que quedó allá dentro fueron los gallos de pelea que cada uno cuesta como unos 100 dólares”, agregó.

De acuerdo con Ceballos, entre lo incautado en el operativo había 43 armas cortas, dos escopetas, cinco subametralladoras, una granada fragmentaria y 10 bombas lacrimógenas, 89 cargadores y un lanza granada.

Presuntamente, 26 reclusos pertenecientes a la banda de “Wilkins” fueron trasladados a la División de Investigación Penal de la Policía Nacional Bolivariana, ubicado en la avenida Paseo Simón Bolívar, mientras que el resto de la población penal fue llevada a distintos centros de reclusión del país.

Familiares de presos denunciaron que por la causa o “colaboración” al pran los uniformados de amarillo en el área de régimen penitenciario pagaban 550 bolívares o lo equivalente a unos 15 dólares, mientras los que vestían de civil cancelaban unos 650 bolívares, casi $20.

 “Y 100 bolos más para bingo, mantenimiento, wifi y todo eso, porque ellos se beneficiaban de todo eso, hasta nosotros, las familias”, agregaron.

 

LEA:   Vista Hermosa es la quinta joya de la corona carcelaria

CPI desmonta argumentos del gobierno de Maduro en primera audiencia de apelación sobre caso Venezuela I

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Paolina Massidda, representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI, señaló que las víctimas venezolanas tienen la posición de que Venezuela no investiga ahora “ni lo hará en un futuro”
En representación de Venezuela estuvo el abogado Ben Emmerson, quien aseguró que, según los jueces de la CPI, “funcionarios de alto rango estarían en el centro de la investigación”

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) llevó a cabo la primera audiencia de apelación, donde el régimen de Nicolás Maduro presentó los argumentos para pedir que la Fiscalía no continúe con la investigación sobre el caso Venezuela I.

En la audiencia, que comenzó este martes, 7 de noviembre, Marc Perrin de Brichambaut, juez de la Sala de Apelaciones, explicó en detalle el motivo de las audiencias de apelación sobre Venezuela.

“Venezuela no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes a los que se refiere el artículo 5 del Estatuto (de Roma)”, el cual consagra la jurisdicción de la CPI en los crímenes de lesa humanidad.

 

La administración chavista había pedido a la Corte detener su investigación el año pasado sobre la represión gubernamental de las protestas antigubernamentales.

Sin embargo, en junio de 2023, los jueces de la CPI autorizaron al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación, considerando insuficientes los procesos judiciales en el país.

Uno de los alegatos del chavismo es que Venezuela no podía investigar adecuadamente las acusaciones del fiscal Khan porque la información de la Fiscalía era imprecisa.

En esta primera audiencia también se abordó la supuesta obligación de parte de la Fiscalía de la CPI de traducir documentos y que se negaran a basarse en ciertos documentos como registros policiales y judiciales.

En representación del régimen de Maduro acudieron a la CPI el abogado británico Ben Emmerson, el canciller Yván Gil, el secretario de Derechos Humanos, Larry Devoe; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Karen García.

La respuesta de la Fiscalía

Los representantes de la Fiscalía de la CPI rechazaron los argumentos del régimen de Maduro, donde alegaron que Venezuela no podía investigar adecuadamente las denuncias de Karim Khan porque su información era imprecisa.

“No se trataba de indicaciones especulativas de hacia dónde se dirigía la investigación, sino de parámetros que tenían mucho sentido y a los que podía responder Venezuela”, señaló la representante de la Fiscalía.

Estos parámetros, indicó, incluían calendarios, alcance geográfico, grupo de personas presuntamente responsable, los crímenes de lesa humanidad que presuntamente se cometieron, entre otros.

“Estos hechos eran de la misma gravedad que los que había examinado la Fiscalía. La Fiscalía pidió a Venezuela que ofreciera información sobre estas alegaciones y otros procedimientos que considerara pertinente”, agregó.

 

Además, la representante de la Fiscalía de la CPI recordó que esa notificación no requiere por derecho identificar “los actos criminales específicos que la Fiscalía pretende investigar”.

Asimismo, resaltó que la notificación al régimen “no tiene por objeto limitar la investigación de la Fiscalía”.

“El objetivo de la notificación es permitir a los Estados decidir si esa solicitud de aplazamiento o suspensión se puede hacer y apoyar esa solicitud con información pertinente. No debe ser una lista descriptiva de todas las actividades”, dijo.

Las víctimas dicen que no se investiga

Paolina Massidda, representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI, señaló que las víctimas venezolanas tienen la posición de que Venezuela no investiga ahora “ni lo hará en un futuro”.

“Las víctimas tienen una posición muy clara. Es que Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y amigos”, señaló Massidda en su intervención.

Además, respaldó la posición de la Fiscalía de la Corte, donde señala que su notificación al Estado no debía identificar hechos penales específicos que se pretendían investigar «porque no siempre es fácil en el momento en que se inicia esa investigación».

“El nivel de especifidad requerido de un fiscal para evaluar la admisibilidad no es el mismo cuando trata de una situación que cuando trata de un caso en concreto”, explicó Massida.

La respuesta del chavismo

En representación de Venezuela estuvo el abogado Ben Emmerson, quien aseguró que, según los jueces de la CPI, “funcionarios de alto rango estarían en el centro de la investigación”.

Pero, a juicio de Emmerson, “el fiscal nunca ha identificado a ningún funcionario de alto rango sospechoso de algún delito que pretenda investigar”.

También, el jurista insistió en que la acusaciones de la Fiscalía eran tan generales que era «imposible en cualquier sentido práctico que Venezuela respondiera como estaba previsto y se requería».

A eso, los fiscales de la CPI dijeron que no estaban obligados a dar detalles específicos en este momento de su investigación, pero que los documentos proporcionados eran “específicos y significativos” y que Venezuela sí podía responder.

Sobre los supuestos errores de la Sala de Cuestiones Preliminares, al no exigir al fiscal de la CPI no tomar en cuenta los documentos presentados por Venezuela en español, Emmerson afirmó que era la Fiscalía quien tenía la obligación de traducir estos documentos a alguno de los idiomas oficiales de la Corte, es decir inglés o francés.

“El fiscal tiene la responsabilidad de hacer las traducciones necesarias. Venezuela no tiene la obligación de hacerlo, porque esto haría que se aplicase de forma totalmente discriminatoria el Estatuto. Es decir, que cualquier Estado cuyo idioma de trabajo fuese el inglés o el francés no tiene la obligación de traducir los documentos, pero sí los que utilizan el español, que son muchos países pobres”, insistió Emmerson.

Congreso de Costa Rica aprueba moción contra Maduro por «uso abusivo de poder»

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El Poder Legislativo del país centroamericano sancionó moralmente al gabinete madurista para evitar que el Estado venezolano vulnere el derecho a la información y al debido proceso judicial a nivel internacional

Foto: Gobierno de Costa Rica

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este 6 de noviembre una moción que respalda las elecciones primarias opositoras de Venezuela y censura a Nicolás Maduro, quien ostenta el Poder Ejecutivo venezolano, por el «uso abusivo del poder».

La moción, aprobada en una votación de 39 contra 1 legisladores centroamericanos y con 6 diputados ausentes, indica que «el pasado domingo 22 de octubre, el pueblo venezolano acudió a las urnas mediante elecciones primarias, bajo el marco de la libertad y la democracia, a pesar de la gran cantidad de obstáculos que han tenido».

Y agrega que «el régimen venezolano ha iniciado una campaña de descrédito contra el proceso y, además, lo ha judicializado, desconociendo así los resultados de un proceso autogestionado por Partidos Políticos y la sociedad civil bajo la organización de la Comisión Nacional de Primarias».

Mientras tano, el Poder Legislativo costarricense activó una sanción de censura al gabinete de Maduro con la intención de reducir las desinformación y los atropellos de los derechos civiles y políticos, como el derecho a la información y al debido proceso judicial a nivel internacional, sobre todo para el país centroamericano.

Persecución política tras  las primarias

Las primarias venezolanas, en las que resultó ganadora la exdiputada María Corina Machado, están bajo investigación del Ministerio Público venezolano por los presuntos delitos de usurpación de funciones, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Por ello, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la suspensión de «todos los efectos» de las primarias, tras recibir una demanda que pedía la revisión de «irregularidades» introducida por el diputado José Brito, quién es acusado de participar en favor al régimen madurista.  

El Congreso de Costa Rica también acordó en la moción  «rechazar y censurar el uso abusivo que hace el régimen de Nicolás Maduro de las instituciones del Estado para imponer su voluntad, opacar a la oposición y desconocer a las organizaciones políticas y civiles».

Además, rechazó «las actuaciones de Gobierno venezolano en contra de la democracia y la paz» y le instó a que «siempre utilice el diálogo y la concertación como única vía para la resolución de diferencias y conflictos en un marco de paz, libertad y democracia».

Desde el Gobierno anterior de Carlos Alvarado (2018-2022), Costa Rica no tiene embajador ni personal diplomático de alto rango en Venezuela, tras desconocer los resultados de los comicios en los que presuntamente resultó reelegido Nicolás Maduro en 2018.

Mientras tanto, el Ministerio Público venezolano citó por segunda vez a dos miembros de la Comisión Nacional de Primarias en las secciones regionales del país en calidad de «investigados».

Las ONG, como Provea y Acceso a la Justicia, advierten que esa categoría de «investigado» no está en el marco legal venezolano y que las citaciones de la institución pública viola el derecho humano a la privacidad de los miembros de la Comisión al revelar los datos de habitación de los afectados. 

“Cada quien saldrá con su candidato a votar, habrá garantías para todos” y otras perlas de Maduro sobre comicios de 2024

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Maduro afirmó que en el año 2025 habrá elecciones a la AN y elecciones de gobernadores y alcaldes 

 

Este lunes, 7 de noviembre, el gobernante Nicolás Maduro en su acostumbrado programa televisivo “Con Maduro +” habló sobre las elecciones presidenciales previstas para 2024 y aseguró que “habrá garantías para todos”. 

Durante la emisión del programa, transmitido por el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV), Maduro soltó varias perlitas no solo de las presidenciales, también de otros futuros comicios y el territorio Esequibo. Aquí lo más reluciente de su alocución: 

“El próximo año hay elecciones presidenciales, en el año 2025 hay elecciones de la Asamblea Nacional, hay elecciones de alcalde, hay elecciones de gobernadores, (…) cada quien saldrá con su candidato a votar, felicidades para todos, garantías totales para todos”.

“Es la hora en que suena la campana de la unión nacional, de todos los venezolanos, por los derechos históricos de algo que nos dejaron los libertadores, que hora el imperio británico pretende robarnos”.

“No podemos dejar que nadie nos divida en la gran causa nacional de recuperar la tierra que nos dejaron los libertadores. No es un problema de que si usted es de un partido, de un color, de una ideología, aquí no es un tema de que si usted está apoyando tal candidato a gobernador, a alcalde, tal candidato a presidente, no, aquí todo eso lo ponemos de lado, después habrá chance”.

“La Exxon Mobil está sacando billete parejo para comprar gente en Venezuela para dividir y confundir”.

El Mañanero del #07Nov: las siete noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 07 de noviembre resumimos los titulares más destacados del día sobre la situación con las lluvias en el país, la inflación del mes de octubre, los allanamientos carcelarios y la inhabilitación de María Corina Machado.

Reportan tres muertes en las últimas 48 horas por lluvias en Aragua y Portuguesa

Comité de Derechos Humanos de la ONU pide al Estado venezolano dejar de procesar y encarcelar periodistas

Observatorio de Finanzas: inflación aumentó en octubre pese a relativa estabilidad del tipo de cambio

Vista Hermosa es la quinta joya de la corona carcelaria

“Esa opción no existe”: Machado sobre posibilidad de ceder el testigo a otro candidato opositor

Apucv exige al gobierno garantizar derechos que faciliten buen curso de la ruta electoral

Los desafíos a los que se enfrentan las venezolanas para lograr la igualdad en el fútbol nacional

Machado sobre posibilidad de ceder el testigo a otro candidato opositor: “Esa opción no existe. Vamos a construir la fuerza para lograr que las elecciones sean limpias y libres y eso pasa por respetar el acuerdo de Barbados”

El mañanero

El régimen de Maduro sigue pifiando

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La Sala Electoral emitió una sentencia que parece aquella de la época colonial: “Ténganse por blancas a las negras Bejarano”. Los jerarcas del régimen de Maduro perciben que sus pifias pueden ser mortales para su intención de perpetuarse en el poder

 

Los jerarcas del régimen perciben que sus pifias pueden ser mortales para su intención de perpetuarse. Están ofuscados. La Sala Electoral emitió una sentencia que parece aquella de la época colonial: “Ténganse por blancas a las negras Bejarano”. Tarek Saab, el fiscal de Miraflores, se desbocó al declarar que en la primaria hubo fraude y en perseguir a sus organizadores. Maduro insultó al primer ministro de Guyana y convocó un referendo inapropiado. Diosdado no se percata de que sí hubo primaria y que María Corina no está inhabilitada y el psiquiatra devenido en paciente cambió su discurso de que los opositores somos traidores a la patria y ahora nos pide apoyo. Recordemos pifias citadas y agreguemos nuevas.

Con respecto a la candidata María Corina Machado y a la primaria

  1. Por órdenes de Miraflores, el ciudadano Antonio José Meneses Rodríguez, director general de Procedimientos Administrativos, pifió al firmar, sin tener la potestad legal, un documento del 27 de junio del 2023. Y, más grave aun, al dejar constancia de que María Corina está inhabilitada por 15 años, sin que exista un acto administrativo que lo demuestre.
  2. Pensaron que la primaria no se realizaría por falta de acuerdo en la oposición y por no tener la logística para realizarla.
  3. Cuando percibieron que sí se realizaría, pifiaron al pensar que acudiría poca gente y quedaron como pajarito en grama cuando la asistencia fue de algo más de 2.600.000 y que María Corina obtuvo el 93 por ciento de los votos.
  4. Tarek Saab citó a la Fiscalía a algunos miembros de la Comisión Nacional de Primaria y de las Juntas Regionales en calidad de “investigados”, figura que no existe, pero que inventó por falta de soporte para hacerlo como imputados, testigos o de expertos. La persecución a los citados fue una orden dada por Maduro a Tarek y este a los fiscales Jean Karin López Ruiz, Yorman Flores Estepa, Mary Angi Martins, Vanuska Martínez Pereira, Javier Serrano Duarte, Anderson Rosales, Alejandro Celis Rojas, Andreina Mujica García Ángelo y Dorta Sivira.
  5. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, integrada por Caryslia Rodríguez R., Fanny Márquez C. y por Inocencio Figueroa Arizaleta, pifió al aceptar la orden de Miraflores de suspender los efectos de los comicios del 22 de octubre, algo así como recójase la leche derramada, y aceptar la patraña de que la Contraloría había inhabilitado por 15 años a María Corina.

En resumen, los demócratas legitimamos el liderazgo de María Corina Machado y su candidatura para enfrentar a Maduro en el 2024. Otro punto que quedó claro es que María Corina no está inhabilitada, lo que parece tener es un veto, o sea una prohibición del régimen para participar. El Acuerdo Parcial firmado en Barbados fue un logro y debemos agradecer a Gerardo Blyde y a su equipo, así como la posición de los países que acompañaron ese proceso. El régimen cedió en lo contemplado en nuestra Constitución, pero evidenció que la viola. Ahora viene una etapa difícil y los aficionados no debemos interferir.

Con respecto al Esequibo

En relación a nuestro derecho sobre el territorio al oeste de la margen del río Esequibo, hay que tener claro que el Laudo Arbitral de París de 1899 fue un despojo realizado sin nuestra representación y con la complicidad de los jueces. El Acuerdo de Ginebra de 1966, entre Venezuela, el Reino Unido y la Colonia británica de Guyana, noventa y ocho días antes de la independencia de esta, fue un reconocimiento de la invalidez del laudo. En dicho acuerdo, las partes acordaron “buscar una solución práctica y satisfactoria” y, caso de no lograrse, el secretario general de la ONU decidiría la instancia en la que se dilucidaría. Lamentablemente, Venezuela se durmió y ahora debemos acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de la cual somos miembros.

Lamentablemente, el régimen cometió varias pifias:

  1. La siguiente declaración de Hugo Chávez como presidente, siendo Maduro ministro de Relaciones Exteriores: “Yo me he comprometido con el presidente Jagdeo y con Guyana. Primero, que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esta región que vaya en beneficio de sus habitantes…”. Evidentemente, ambos cometieron el delito de traición a la patria para privilegiar su proyecto político.
  2. El régimen pifió al intentar desconocer la competencia de la CIJ.
  3. Pifió al demorar el proceso alegando que debería estar presente el Reino Unido.
  4. Ahora convocó un referendo de cinco preguntas sobre algo que los venezolanos no tenemos poder de decisión:
  • La primera, para rechazar el Laudo Arbitral de París que, obviamente, todos rechazamos y aspiramos a que la CIJ decida a nuestro favor.
  • La segunda y tercera, aceptar el Acuerdo de Ginebra y rechazar la jurisdicción de la CIJ, respectivamente, es agua pasada. No queda otra que acudir a esa Corte y de hecho el régimen lo está haciendo.
  • La cuarta pregunta que se refiere a “oponernos por todos los medios conforme a derecho” a la pretensión de Guyana es un saludo a la bandera, ya que será la Corte la que decidirá. Sin embargo, tenemos una ventana de oportunidad si la misma decide anular el Laudo de París y aprueba que las partes procedan a la delimitación según el Acuerdo de Ginebra.
  • La quinta pregunta, sobre declarar el Estado Esequibo y cedular a sus habitantes prendió las alarmas en Guyana y en otros países. Si el voto es favorable a esta pregunta, ¿intervendrá nuestra Fuerza Armada para hacerla cumplir? ¿Qué pensarán los 56 países integrantes de la Mancomunidad de Naciones de habla inglesa?

Ojalá prive la sensatez y el régimen convoque a nuestros mejores expertos para que defiendan ante la CIJ nuestro derecho. Este escribidor de cuartillas solo conoce lo que leyó hace unos cuarenta años en un libro de Pedro José Lara Peña y, hace unos quince, en uno de Pompeyo Torrealba. De resto, solo los artículos y conferencias de varios expertos, como Héctor Faúndez y Víctor Rodríguez Cedeño, entre otros, por lo que recomendamos leer sus trabajos para aclarar o corregir lo aquí expuesto.

Como(había) en botica

  • Desde el 2011 María Corina ha tildado de traición a la patria lo actuado por el régimen respecto al Esequibo.
  • Lamentamos el fallecimiento de Francisco Pumar Martínez, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamires@hotmail.com

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