Denuncian que al menos 20 víctimas de los conflictos armados bajo el Arco Minero del Orinoco y en el estado Amazonas
La ONG Fundaredes denunció en su boletín número 47, publicado en noviembre del 2023, que al menos 44 han sido asesinadas por funcionarios estatales o por bandas criminales en el contexto de la minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas desde el año 2019.
De ese grupo, al menos 20 víctimas pertenecen a las poblaciones originarias o indígenas de los estados Amazonas (con 11 casos) y Bolívar (con 9 casos). Advierten que existe una alta opacidad en las zonas mineras debido a la impunidad de las bandas criminales que controlan el mercado y el propio Estado venezolano que o no interviene «o participa directamente en los asesinatos».
«La pugna por el control territorial en las minas de oro, coltán y otros minerales suscita constantes enfrentamientos entre bandas criminales, en algunos casos con participación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y cuerpos policiales», dijo la organización.
La ONG denunció que, a dos años de las intervenciones militares conocidas como «Operación Roraima» y «Operación Autana», el gobierno de Nicolás Maduro no ofrece balances sobre el impacto humano ni socioambiental de los fuegos cruzados.
«Lejos de actuar de manera acertada para erradicar la minería ilegal y otros delitos que se cometen en estas tierras, sin causar daños colaterales ni a humanos ni al ambiente, el Estado ordena operativos que impactan negativamente, dejan secuelas irreversibles y enfoca su atención en quienes demuestran interés por ayudar», subrayó Fundaredes.
El abogado de la ONG Provea Olnar Ortiz, denunció en una entrevista a Radio Fe y Alegría que distintos ataques como los presenciados en Parima B, Amazonas, donde hubo al menos cuatro personas muertas, siguen impunes.
Lo mismo ocurre con el asesinato del líder Uwottüja Virgilio Trujillo, en el año 2022 o la masacre de Kumarakapay en el año 2019, donde fallecieron, al menos, 11 indígenas del estado Bolívar.
En el último informe de la Misión Independiente de la ONU para Venezuela se denunció el asesinato de Trujillo, en junio de 2022 y del miembro del pueblo indígena pemón Salvador Franco, quien murió en la cárcel de El Rodeo II en 2021.
