El informe del Comité recomendó al Estado prevenir y combatir eficazmente los actos de acoso, intimidación y violencia contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, activistas indígenas y políticos
El pasado 3 de noviembre, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidió al Estado venezolano, en el quinto informe periódico de Venezuela sobre la situación del país en materia humanitaria y la aplicabilidad del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, dejar de procesar y encarcelar periodistas.
El Comité afirmó que se encuentra preocupado por las «múltiples informaciones que señalan graves restricciones a la libertad de opinión y de expresión en el Estado parte, especialmente de la oposición política al Gobierno”.
«Estas limitaciones incluyen prácticas como el acoso, la intimidación, la persecución, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento de periodistas, defensores de derechos humanos y activistas políticos, y la utilización de la Ley contra el Odio para restringir la libre expresión», destacó el reporte.
La organización también mostró su preocupación por el cierre de empresas de comunicación (periódicos, emisoras, televisoras) y por el robo, la confiscación y la destrucción de equipos; así como por la opacidad o arbitrariedad por parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) al administrar la aprobación y renovación de las concesiones para el espectro radioeléctrico.
Ante la situación, el informe del Comité recomendó al Estado venezolano lo siguiente:
Adoptar medidas inmediatas para que toda persona pueda ejercer libremente el derecho a la libertad de expresión.
Prevenir y combatir eficazmente los actos de acoso, intimidación y violencia contra periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, activistas indígenas y políticos.
Efectuar investigaciones rápidas, efectivas e imparciales de las denuncias de amenazas o actos de violencia contra estos grupos y llevar a los autores ante la justicia.
Abstenerse de procesar y encarcelar a periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, defensores de los derechos humanos y activistas políticos como medio de disuadirlos o desalentarlos.
Fortalecer las medidas para garantizar el funcionamiento imparcial e independiente de Conatel.
*Lea el informe completo AQUÍ
