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CPI desmonta argumentos del gobierno de Maduro en primera audiencia de apelación sobre caso Venezuela I

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Paolina Massidda, representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI, señaló que las víctimas venezolanas tienen la posición de que Venezuela no investiga ahora “ni lo hará en un futuro”
En representación de Venezuela estuvo el abogado Ben Emmerson, quien aseguró que, según los jueces de la CPI, “funcionarios de alto rango estarían en el centro de la investigación”

La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) llevó a cabo la primera audiencia de apelación, donde el régimen de Nicolás Maduro presentó los argumentos para pedir que la Fiscalía no continúe con la investigación sobre el caso Venezuela I.

En la audiencia, que comenzó este martes, 7 de noviembre, Marc Perrin de Brichambaut, juez de la Sala de Apelaciones, explicó en detalle el motivo de las audiencias de apelación sobre Venezuela.

“Venezuela no está investigando o no ha investigado los hechos penales que podrían constituir crímenes a los que se refiere el artículo 5 del Estatuto (de Roma)”, el cual consagra la jurisdicción de la CPI en los crímenes de lesa humanidad.

 

La administración chavista había pedido a la Corte detener su investigación el año pasado sobre la represión gubernamental de las protestas antigubernamentales.

Sin embargo, en junio de 2023, los jueces de la CPI autorizaron al fiscal Karim Khan a reanudar la investigación, considerando insuficientes los procesos judiciales en el país.

Uno de los alegatos del chavismo es que Venezuela no podía investigar adecuadamente las acusaciones del fiscal Khan porque la información de la Fiscalía era imprecisa.

En esta primera audiencia también se abordó la supuesta obligación de parte de la Fiscalía de la CPI de traducir documentos y que se negaran a basarse en ciertos documentos como registros policiales y judiciales.

En representación del régimen de Maduro acudieron a la CPI el abogado británico Ben Emmerson, el canciller Yván Gil, el secretario de Derechos Humanos, Larry Devoe; y la directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Karen García.

La respuesta de la Fiscalía

Los representantes de la Fiscalía de la CPI rechazaron los argumentos del régimen de Maduro, donde alegaron que Venezuela no podía investigar adecuadamente las denuncias de Karim Khan porque su información era imprecisa.

“No se trataba de indicaciones especulativas de hacia dónde se dirigía la investigación, sino de parámetros que tenían mucho sentido y a los que podía responder Venezuela”, señaló la representante de la Fiscalía.

Estos parámetros, indicó, incluían calendarios, alcance geográfico, grupo de personas presuntamente responsable, los crímenes de lesa humanidad que presuntamente se cometieron, entre otros.

“Estos hechos eran de la misma gravedad que los que había examinado la Fiscalía. La Fiscalía pidió a Venezuela que ofreciera información sobre estas alegaciones y otros procedimientos que considerara pertinente”, agregó.

 

Además, la representante de la Fiscalía de la CPI recordó que esa notificación no requiere por derecho identificar “los actos criminales específicos que la Fiscalía pretende investigar”.

Asimismo, resaltó que la notificación al régimen “no tiene por objeto limitar la investigación de la Fiscalía”.

“El objetivo de la notificación es permitir a los Estados decidir si esa solicitud de aplazamiento o suspensión se puede hacer y apoyar esa solicitud con información pertinente. No debe ser una lista descriptiva de todas las actividades”, dijo.

Las víctimas dicen que no se investiga

Paolina Massidda, representante de la Oficina de Defensa Pública de las Víctimas de la CPI, señaló que las víctimas venezolanas tienen la posición de que Venezuela no investiga ahora “ni lo hará en un futuro”.

“Las víctimas tienen una posición muy clara. Es que Venezuela no está, ni lo hará en un futuro, investigando los crímenes de sus familiares y amigos”, señaló Massidda en su intervención.

Además, respaldó la posición de la Fiscalía de la Corte, donde señala que su notificación al Estado no debía identificar hechos penales específicos que se pretendían investigar «porque no siempre es fácil en el momento en que se inicia esa investigación».

“El nivel de especifidad requerido de un fiscal para evaluar la admisibilidad no es el mismo cuando trata de una situación que cuando trata de un caso en concreto”, explicó Massida.

La respuesta del chavismo

En representación de Venezuela estuvo el abogado Ben Emmerson, quien aseguró que, según los jueces de la CPI, “funcionarios de alto rango estarían en el centro de la investigación”.

Pero, a juicio de Emmerson, “el fiscal nunca ha identificado a ningún funcionario de alto rango sospechoso de algún delito que pretenda investigar”.

También, el jurista insistió en que la acusaciones de la Fiscalía eran tan generales que era «imposible en cualquier sentido práctico que Venezuela respondiera como estaba previsto y se requería».

A eso, los fiscales de la CPI dijeron que no estaban obligados a dar detalles específicos en este momento de su investigación, pero que los documentos proporcionados eran “específicos y significativos” y que Venezuela sí podía responder.

Sobre los supuestos errores de la Sala de Cuestiones Preliminares, al no exigir al fiscal de la CPI no tomar en cuenta los documentos presentados por Venezuela en español, Emmerson afirmó que era la Fiscalía quien tenía la obligación de traducir estos documentos a alguno de los idiomas oficiales de la Corte, es decir inglés o francés.

“El fiscal tiene la responsabilidad de hacer las traducciones necesarias. Venezuela no tiene la obligación de hacerlo, porque esto haría que se aplicase de forma totalmente discriminatoria el Estatuto. Es decir, que cualquier Estado cuyo idioma de trabajo fuese el inglés o el francés no tiene la obligación de traducir los documentos, pero sí los que utilizan el español, que son muchos países pobres”, insistió Emmerson.

Congreso de Costa Rica aprueba moción contra Maduro por «uso abusivo de poder»

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El Poder Legislativo del país centroamericano sancionó moralmente al gabinete madurista para evitar que el Estado venezolano vulnere el derecho a la información y al debido proceso judicial a nivel internacional

Foto: Gobierno de Costa Rica

La Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó este 6 de noviembre una moción que respalda las elecciones primarias opositoras de Venezuela y censura a Nicolás Maduro, quien ostenta el Poder Ejecutivo venezolano, por el «uso abusivo del poder».

La moción, aprobada en una votación de 39 contra 1 legisladores centroamericanos y con 6 diputados ausentes, indica que «el pasado domingo 22 de octubre, el pueblo venezolano acudió a las urnas mediante elecciones primarias, bajo el marco de la libertad y la democracia, a pesar de la gran cantidad de obstáculos que han tenido».

Y agrega que «el régimen venezolano ha iniciado una campaña de descrédito contra el proceso y, además, lo ha judicializado, desconociendo así los resultados de un proceso autogestionado por Partidos Políticos y la sociedad civil bajo la organización de la Comisión Nacional de Primarias».

Mientras tano, el Poder Legislativo costarricense activó una sanción de censura al gabinete de Maduro con la intención de reducir las desinformación y los atropellos de los derechos civiles y políticos, como el derecho a la información y al debido proceso judicial a nivel internacional, sobre todo para el país centroamericano.

Persecución política tras  las primarias

Las primarias venezolanas, en las que resultó ganadora la exdiputada María Corina Machado, están bajo investigación del Ministerio Público venezolano por los presuntos delitos de usurpación de funciones, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Por ello, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ordenó la suspensión de «todos los efectos» de las primarias, tras recibir una demanda que pedía la revisión de «irregularidades» introducida por el diputado José Brito, quién es acusado de participar en favor al régimen madurista.  

El Congreso de Costa Rica también acordó en la moción  «rechazar y censurar el uso abusivo que hace el régimen de Nicolás Maduro de las instituciones del Estado para imponer su voluntad, opacar a la oposición y desconocer a las organizaciones políticas y civiles».

Además, rechazó «las actuaciones de Gobierno venezolano en contra de la democracia y la paz» y le instó a que «siempre utilice el diálogo y la concertación como única vía para la resolución de diferencias y conflictos en un marco de paz, libertad y democracia».

Desde el Gobierno anterior de Carlos Alvarado (2018-2022), Costa Rica no tiene embajador ni personal diplomático de alto rango en Venezuela, tras desconocer los resultados de los comicios en los que presuntamente resultó reelegido Nicolás Maduro en 2018.

Mientras tanto, el Ministerio Público venezolano citó por segunda vez a dos miembros de la Comisión Nacional de Primarias en las secciones regionales del país en calidad de «investigados».

Las ONG, como Provea y Acceso a la Justicia, advierten que esa categoría de «investigado» no está en el marco legal venezolano y que las citaciones de la institución pública viola el derecho humano a la privacidad de los miembros de la Comisión al revelar los datos de habitación de los afectados. 

“Cada quien saldrá con su candidato a votar, habrá garantías para todos” y otras perlas de Maduro sobre comicios de 2024

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Maduro afirmó que en el año 2025 habrá elecciones a la AN y elecciones de gobernadores y alcaldes 

 

Este lunes, 7 de noviembre, el gobernante Nicolás Maduro en su acostumbrado programa televisivo “Con Maduro +” habló sobre las elecciones presidenciales previstas para 2024 y aseguró que “habrá garantías para todos”. 

Durante la emisión del programa, transmitido por el canal del Estado Venezolana de Televisión (VTV), Maduro soltó varias perlitas no solo de las presidenciales, también de otros futuros comicios y el territorio Esequibo. Aquí lo más reluciente de su alocución: 

“El próximo año hay elecciones presidenciales, en el año 2025 hay elecciones de la Asamblea Nacional, hay elecciones de alcalde, hay elecciones de gobernadores, (…) cada quien saldrá con su candidato a votar, felicidades para todos, garantías totales para todos”.

“Es la hora en que suena la campana de la unión nacional, de todos los venezolanos, por los derechos históricos de algo que nos dejaron los libertadores, que hora el imperio británico pretende robarnos”.

“No podemos dejar que nadie nos divida en la gran causa nacional de recuperar la tierra que nos dejaron los libertadores. No es un problema de que si usted es de un partido, de un color, de una ideología, aquí no es un tema de que si usted está apoyando tal candidato a gobernador, a alcalde, tal candidato a presidente, no, aquí todo eso lo ponemos de lado, después habrá chance”.

“La Exxon Mobil está sacando billete parejo para comprar gente en Venezuela para dividir y confundir”.

El Mañanero del #07Nov: las siete noticias que debes conocer

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En El Mañanero de Runrun.es de este 07 de noviembre resumimos los titulares más destacados del día sobre la situación con las lluvias en el país, la inflación del mes de octubre, los allanamientos carcelarios y la inhabilitación de María Corina Machado.

Reportan tres muertes en las últimas 48 horas por lluvias en Aragua y Portuguesa

Comité de Derechos Humanos de la ONU pide al Estado venezolano dejar de procesar y encarcelar periodistas

Observatorio de Finanzas: inflación aumentó en octubre pese a relativa estabilidad del tipo de cambio

Vista Hermosa es la quinta joya de la corona carcelaria

“Esa opción no existe”: Machado sobre posibilidad de ceder el testigo a otro candidato opositor

Apucv exige al gobierno garantizar derechos que faciliten buen curso de la ruta electoral

Los desafíos a los que se enfrentan las venezolanas para lograr la igualdad en el fútbol nacional

Machado sobre posibilidad de ceder el testigo a otro candidato opositor: “Esa opción no existe. Vamos a construir la fuerza para lograr que las elecciones sean limpias y libres y eso pasa por respetar el acuerdo de Barbados”

El mañanero

El régimen de Maduro sigue pifiando

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La Sala Electoral emitió una sentencia que parece aquella de la época colonial: “Ténganse por blancas a las negras Bejarano”. Los jerarcas del régimen de Maduro perciben que sus pifias pueden ser mortales para su intención de perpetuarse en el poder

 

Los jerarcas del régimen perciben que sus pifias pueden ser mortales para su intención de perpetuarse. Están ofuscados. La Sala Electoral emitió una sentencia que parece aquella de la época colonial: “Ténganse por blancas a las negras Bejarano”. Tarek Saab, el fiscal de Miraflores, se desbocó al declarar que en la primaria hubo fraude y en perseguir a sus organizadores. Maduro insultó al primer ministro de Guyana y convocó un referendo inapropiado. Diosdado no se percata de que sí hubo primaria y que María Corina no está inhabilitada y el psiquiatra devenido en paciente cambió su discurso de que los opositores somos traidores a la patria y ahora nos pide apoyo. Recordemos pifias citadas y agreguemos nuevas.

Con respecto a la candidata María Corina Machado y a la primaria

  1. Por órdenes de Miraflores, el ciudadano Antonio José Meneses Rodríguez, director general de Procedimientos Administrativos, pifió al firmar, sin tener la potestad legal, un documento del 27 de junio del 2023. Y, más grave aun, al dejar constancia de que María Corina está inhabilitada por 15 años, sin que exista un acto administrativo que lo demuestre.
  2. Pensaron que la primaria no se realizaría por falta de acuerdo en la oposición y por no tener la logística para realizarla.
  3. Cuando percibieron que sí se realizaría, pifiaron al pensar que acudiría poca gente y quedaron como pajarito en grama cuando la asistencia fue de algo más de 2.600.000 y que María Corina obtuvo el 93 por ciento de los votos.
  4. Tarek Saab citó a la Fiscalía a algunos miembros de la Comisión Nacional de Primaria y de las Juntas Regionales en calidad de “investigados”, figura que no existe, pero que inventó por falta de soporte para hacerlo como imputados, testigos o de expertos. La persecución a los citados fue una orden dada por Maduro a Tarek y este a los fiscales Jean Karin López Ruiz, Yorman Flores Estepa, Mary Angi Martins, Vanuska Martínez Pereira, Javier Serrano Duarte, Anderson Rosales, Alejandro Celis Rojas, Andreina Mujica García Ángelo y Dorta Sivira.
  5. La Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, integrada por Caryslia Rodríguez R., Fanny Márquez C. y por Inocencio Figueroa Arizaleta, pifió al aceptar la orden de Miraflores de suspender los efectos de los comicios del 22 de octubre, algo así como recójase la leche derramada, y aceptar la patraña de que la Contraloría había inhabilitado por 15 años a María Corina.

En resumen, los demócratas legitimamos el liderazgo de María Corina Machado y su candidatura para enfrentar a Maduro en el 2024. Otro punto que quedó claro es que María Corina no está inhabilitada, lo que parece tener es un veto, o sea una prohibición del régimen para participar. El Acuerdo Parcial firmado en Barbados fue un logro y debemos agradecer a Gerardo Blyde y a su equipo, así como la posición de los países que acompañaron ese proceso. El régimen cedió en lo contemplado en nuestra Constitución, pero evidenció que la viola. Ahora viene una etapa difícil y los aficionados no debemos interferir.

Con respecto al Esequibo

En relación a nuestro derecho sobre el territorio al oeste de la margen del río Esequibo, hay que tener claro que el Laudo Arbitral de París de 1899 fue un despojo realizado sin nuestra representación y con la complicidad de los jueces. El Acuerdo de Ginebra de 1966, entre Venezuela, el Reino Unido y la Colonia británica de Guyana, noventa y ocho días antes de la independencia de esta, fue un reconocimiento de la invalidez del laudo. En dicho acuerdo, las partes acordaron “buscar una solución práctica y satisfactoria” y, caso de no lograrse, el secretario general de la ONU decidiría la instancia en la que se dilucidaría. Lamentablemente, Venezuela se durmió y ahora debemos acudir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), de la cual somos miembros.

Lamentablemente, el régimen cometió varias pifias:

  1. La siguiente declaración de Hugo Chávez como presidente, siendo Maduro ministro de Relaciones Exteriores: “Yo me he comprometido con el presidente Jagdeo y con Guyana. Primero, que el gobierno venezolano no va a oponerse a ningún proyecto en esta región que vaya en beneficio de sus habitantes…”. Evidentemente, ambos cometieron el delito de traición a la patria para privilegiar su proyecto político.
  2. El régimen pifió al intentar desconocer la competencia de la CIJ.
  3. Pifió al demorar el proceso alegando que debería estar presente el Reino Unido.
  4. Ahora convocó un referendo de cinco preguntas sobre algo que los venezolanos no tenemos poder de decisión:
  • La primera, para rechazar el Laudo Arbitral de París que, obviamente, todos rechazamos y aspiramos a que la CIJ decida a nuestro favor.
  • La segunda y tercera, aceptar el Acuerdo de Ginebra y rechazar la jurisdicción de la CIJ, respectivamente, es agua pasada. No queda otra que acudir a esa Corte y de hecho el régimen lo está haciendo.
  • La cuarta pregunta que se refiere a “oponernos por todos los medios conforme a derecho” a la pretensión de Guyana es un saludo a la bandera, ya que será la Corte la que decidirá. Sin embargo, tenemos una ventana de oportunidad si la misma decide anular el Laudo de París y aprueba que las partes procedan a la delimitación según el Acuerdo de Ginebra.
  • La quinta pregunta, sobre declarar el Estado Esequibo y cedular a sus habitantes prendió las alarmas en Guyana y en otros países. Si el voto es favorable a esta pregunta, ¿intervendrá nuestra Fuerza Armada para hacerla cumplir? ¿Qué pensarán los 56 países integrantes de la Mancomunidad de Naciones de habla inglesa?

Ojalá prive la sensatez y el régimen convoque a nuestros mejores expertos para que defiendan ante la CIJ nuestro derecho. Este escribidor de cuartillas solo conoce lo que leyó hace unos cuarenta años en un libro de Pedro José Lara Peña y, hace unos quince, en uno de Pompeyo Torrealba. De resto, solo los artículos y conferencias de varios expertos, como Héctor Faúndez y Víctor Rodríguez Cedeño, entre otros, por lo que recomendamos leer sus trabajos para aclarar o corregir lo aquí expuesto.

Como(había) en botica

  • Desde el 2011 María Corina ha tildado de traición a la patria lo actuado por el régimen respecto al Esequibo.
  • Lamentamos el fallecimiento de Francisco Pumar Martínez, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
  • ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!

eddiearamires@hotmail.com

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El octavo diálogo del Grupo Idea

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Junto con los expresidentes, que son los anfitriones, en el octavo diálogo del Grupo Idea se encontrará como testigo e invitado especial don Mario Vargas Llosa, premio nobel de literatura, durante los días 6 y 7 de noviembre

 

@asdrubalaguiar

Tras ocho años de compromiso indeclinable con la libertad y la experiencia de la democracia, una parte de las tres decenas de exjefes de Estado y de Gobierno formantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA), dentro de sus expresiones plurales volverán a un nuevo diálogo de ideas en sede académica; en esa en la que se forja la recta razón y se la blinda de voluntarismos estériles y la fugacidad característicos del actual Occidente y el ecosistema digital dominante. Junto con los expresidentes, que son los anfitriones, y contando con los respaldos del Miami Dade College, de Diario Las Américas y del Instituto Atlántico de Gobierno de Madrid, se encontrará como testigo e invitado especial don Mario Vargas Llosa, premio nobel de literatura, durante los días 6 y 7 de noviembre.

Un breve foro sobre “La presencia del narcoterrorismo en las esferas política y del Estado”, servirá de antesala al VIII Diálogo Presidencial en el Wolfson Campus, repitiéndose la metodología de nuestro primer diálogo inaugural –se dice fácil en tiempos de liquidez cultural y de realidades– y acicateados, a la vez, por la cuestión agonal y de momento, a saber, como tema paraguas, “La marginación del Estado de derecho y la criminalización de la política en la Era digital”.

Venezuela es el ejemplo protuberante. Mas media una cuestión de la que se escurren los análisis durante el curso del siglo que corre y ya frisa casi 5 lustros, a saber, la de la cooptación por el crimen del narcotráfico y, de suyo, por el lavado de los dineros de sangre y los provenientes de la corrupción, de las estructuras de gobierno en América Latina. Hay honrosas excepciones.

Cada vez más, por ende, se advierten crecientes dificultades para que el Estado constitucional y de derecho le ponga freno a eso que el expresidente Osvaldo Hurtado bien califica como dictaduras del siglo XXI. Ciertos académicos las morigeran y titulan como autoritarismos electivos o iliberales, con lo que el debate se desplaza, de manera mendaz, hacia al terreno formal de la legalidad o la ilegalidad; o se le opone en el camino, asimismo, el argumento de la voluntad popular, esta vez contenida, distorsionada y hasta falseada a través de los costosos aparatajes de la gobernanza digital. Los votos, salvo en las experiencias manuales que sobreviven, como la alemana, hoy quedan secuestrados por las aristocracias de los algoritmos.

El asunto es que, a diferencia de la vieja criminalidad, la de las mafias –donde los mafiosos, v.gr. la Cosa Nostra o la Camorra, se imponen a sí mismos códigos de honor– en el narcoterrorismo ocurre lo que a la par sucede en el ecosistema digital, donde todo es relativo y las verdades se rematan en pública almoneda, las reglas no existen, menos las morales.

Cuando en 1990 y 1991 se constituye el Foro de Sao Paulo, sus integrantes acusan para excusarse. Refieren que serán perseguidos atribuyéndoseles vínculos con el narcotráfico. Pasados 30 años, el Grupo de Puebla matiza la cuestión. Y señala –otra vez acusando para excusarse- que sus adversarios políticos, los que se dicen defensores de la democracia y las libertades, apelan LawFare a fin de criminalizar a sus líderes, llámense Correa, Evo, Kirchner o Lula. Nada dicen de los presos políticos venezolanos.

El giro del LawFare, o el uso del sistema legal e institucional para destruir a los oponentes, como cabe observarlo, lo copian los poblanos del núcleo de abogados que así se constituye e intitula en Estados Unidos, para hacerle seguimiento a las actuaciones de Donald Trump y denunciarlas sistemáticamente ante los tribunales federales como instrumento de lucha. 

El crimen del narcotráfico –no generalizo, y lo reitero– ha estado cooptando las estructuras de gobierno y partidarias en la región y estas, a quienes intentan desbancar y sustituir democráticamente a los titulares de aquellas comprometidos, les oponen –oh, paradoja– el valor de la ley y la justicia; eso sí, trastocan y corrompen las palabras de la ley y del sentido de la justicia a fin de que los jueces ganados para este fenómeno de degeneración institucional, dicten sentencias en el marco de una “legalidad adulterada, de una ilegalidad legalizada”. En esa estamos y es el problema que demanda de solución preferente.

Distintas sanciones en contra de estos narco-regímenes, enhorabuena han sido aplicadas desde instancias europeas y americanas. Sin embargo, para peor se fijan o se levantan a discreción, según que medie o no algún interés de orden económico o geopolítico. Tal aporía, de consiguiente, hace difícil resolver sobre el desafío dada la ejemplaridad negativa que procura ese sistema del doble estándar; ese que, al cabo y en igual orden explica el doble estándar que construyen a sus medidas los causahabientes del derrumbe soviético en materia de derechos humanos.

Ante los crímenes de lesa humanidad ejecutados por las dictaduras militares latinoamericanas de derecha, se hizo gala de la tesis sobre la invalidez de las leyes de punto final y obediencia debida. Se argumentaba que la impunidad de los crímenes de aquellas castigaba doblemente a las víctimas y sus familiares. Pero llegado el siglo XXI, el socialismo progresista, cada vez que se intenta perseguir judicialmente a un terrorista o narcotraficante vinculado a la esfera política –aquí Colombia es el ejemplo que destacar– se abroquela en la defensa de la necesaria Justicia transicional, esgrimiendo a favor de la paz y la democracia la postergación del Estado constitucional y de derecho.

En suma, sobre las mesas de la diplomacia se vienen purificando violaciones palmarias al Estado de derecho, se olvidan crímenes que afectan el sentido de Humanidad, y hasta son llevados al paredón de la opinión pública de redes a las víctimas que osan reclamar su derecho a la seguridad.

El debate está abierto, toca a la quinta essencia diría un presocrático, o a la propia esencia del bien para separarle de la maldad, argumentaría Platón.

correoaustral@gmail.com

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Informe Otálvora | EEUU y María Corina extienden plazo a Maduro

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María Corina Machado en conversación con Mario Vargas Llosa tras las elecciones primarias. Foto: @MariaCorinaYA.

Tanto el gobierno de EEUU como MCM están coincidiendo en su evaluación de los hechos y en no apurar el restablecimiento de sanciones

 

@ecotalvora

La oposición venezolana entró en una línea de choque contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro.

El régimen chavista, que durante dos décadas se mostró favorable a la ocupación guyanesa del territorio venezolano en el Esequibo, está ahora utilizando este delicado tema con obvios fines de política interna. A ello se suma la pugnacidad del gobierno guyanés al entregar concesiones petroleras en aguas no delimitadas con Venezuela, algunas de ellas frente a las bocas del río Orinoco. A los efectos de Venezuela desde antes que el chavismo existiera, la frontera terrestre con Guyana no está delimitada y por lo tanto no existe una delimitación marítima.

El 01NOV23, el Consejo Permanente de la OEA recibió al primer ministro guyanés Mark Anthony Phillips, quien expuso la posición de su país en cuanto al diferendo y acusó al régimen de Nicolás Maduro de amenazar militarmente a Guyana. Como es usual, Guyana recibió el apoyo de los países caribeños y de EEUU, quienes alegan que el caso está en manos de la Corte Internacional de Justicia. Almagro tomó la palabra para negar cualquier derecho de Venezuela al territorio Esequibo, asegurando que el disputado Laudo Arbitral de 1899 ya fijó los límites entre los dos países.

Gerardo Blyde, quien encabeza el grupo negociados de la oposición venezolana frente a los representantes de Nicolás Maduro, hizo un inusual uso de su cuenta en la red X para responder a Almagro: “Su silencio sobre las concesiones en territorio en disputa e incluso en aguas que son de Venezuela y no están en discusión es grave. Sea al menos imparcial. El Esequibo es un asunto de Estado que nos involucra a todos los venezolanos, más allá de quién ejerza el poder”.

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La hipótesis de una aventura militar en Guyana por parte de la dictadura chavista, emulando a la dictadura argentina que invadió las islas Malvinas en 1982, está siendo manejada en diversas cancillerías del continente. En general, tal posibilidad no parece realista.

Guyana se ha convertido en un país exportador de petróleo gracias a la producción de un consorcio conformado por la estadounidense Exxon (45 %), la empresa propiedad del gobierno chino CNOOC (25 %) y la estadounidense Hess (30 %). El 23OCT23 Chevron Corporation anunció la compra total de la empresa Hess con lo cual Chevron adquirió la participación en el consorcio que explora petróleo en aguas no delimitadas entre Venezuela y Guyana en el Atlántico. La empresa Chevron, ejerciendo un matrimonio de intereses con el régimen chavista, ha sido una de las principales fuerzas de lobby para que los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden permitieran que la empresa junto a otros de ingeniería petrolera, permanecieran en Venezuela pese a las sanciones impuestas por EEUU a la estatal petrolera venezolana PDVSA. En la práctica, el 55 % de la propiedad del consorcio que realiza la explotación petrolera por autorización de Guyana, son socios directos de la dictadura venezolana. Repsol el aliado para negocios petroleros y el gobierno de China con el cual el chavismo mantiene una alianza estratégica. Maduro ha amenazado a las empresas que “pretendan entrar en aguas venezolanas o en aguas no delimitadas”, pero esas empresas son en realidad socias del chavismo.

El 26OCT23 el gobierno de Guyana anunció la aprobación de un grupo de licencias, sujetas todavía a negociación, para la explotación de petróleo aguas afuera. El consorcio formado por Exxon-CNOOC-Chevron fue uno de los ocho favorecidos para la asignación de nuevas zonas para exploración y futura explotación, esta vez en aguas no profundas.

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El 31OCT23 el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, compareció ante el Comité de Asignaciones del Senado para debatir sobre la propuesta del gobierno para ampliar los aportes en ayuda militar a Ucrania e Israel. Marco Rubio, senador republicano por Florida y miembro de este comité, decidió utilizar su pregunta para interrogar a Blinken sobre los sucesos en Venezuela tras las elecciones primarias. “La Administración Biden recientemente llegó a un acuerdo con el régimen de Maduro en el que EEUU levantó las sanciones a cambio de elecciones libres y justas […] les ha llevado dos semanas y lo han violado. Cancelaron las elecciones primarias de la oposición y continúan prohibiendo a la ganadora de las primarias. Han roto el trato. ¿Vamos a volver a imponer sanciones?”.

El día anterior, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designado y controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, había emitido una sentencia dictando medidas de “amparo cautelar” contra las elecciones primarias opositoras. El tribunal suspendió “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la “Comisión Nacional de Primarias”. El régimen de esta manera intentaba dejar sin efecto la elección autoconvocada y autoorganizada por la oposición para elegir un candidato para las hipotéticas elecciones de 2024.

Mediante la sentencia, la sala electoral del tribunal exigía a los organizadores del evento electoral opositor la entrega de innumerables documentos, incluyendo “el Acta de Aceptación de la Postulación, formulada por la ciudadana inhabilitada de manera firme por quince (15) años, María Corina Machado”. De esta forma, el régimen dejaba colar además la confirmación de la inhabilitación política que le impuso a quien dos días antes había ganado la elección primaria. En paralelo a la acción de su Tribunal Supremo, el régimen inició un proceso judicial penal, a manos de su Fiscalía general, contra los organizadores de las elecciones a quienes acusó de “usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

En el acuerdo suscrito el 17OCT23 en Barbados por el régimen chavista y la oposición se lee que “Las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato”. Esta cláusula fue presentada por el jefe negociado opositor, Gerardo Blyde, como la garantía del régimen de permitir la celebración de las elecciones primarias. La sentencia del tribunal del régimen retrataba el inicio de la violación del acuerdo de Barbados que había servido de excusa al gobierno de EEUU para complacer al sector petrolero ansioso de retomar operaciones en Venezuela.

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La respuesta de Blinken a la pregunta de Rubio el 31OCT23 fue genérica: “como saben, tras el acuerdo con la Plataforma Unitaria, la oposición llegó a un acuerdo con el régimen sobre el camino a seguir hacia las elecciones. Queríamos apoyarlo y parte del apoyo era alentarlo a avanzar, incluso levantando algunas sanciones con la capacidad, por supuesto, de revertirlas o de establecer algunas licencias que pueden revocarse muy rápidamente si el régimen, de hecho, ha violado el acuerdo que alcanzó. Entonces, por supuesto, tomaremos las medidas necesarias. Hemos sido muy claros al respecto. No están obteniendo vía libre para acciones que contradigan los compromisos […] estamos siguiendo esto con mucho cuidado”.

Por cierto, durante la intervención de Blinken en el comité senatorial, la sala fue invadida por un grupo de activistas de la organización estadounidense proiraní Codepink. Gritos de consignas, activistas con las manos pintadas de rojo y carteles de “levantar sanciones a Venezuela y Cuba”, “Cuba fuera de la lista de terroristas”, “No al apartheid israelí”, fueron mostrados. El grupo Codepink es un grupo enfocado en acciones de propaganda de apoyo en EEUU a las dictaduras de izquierda del continente y con vínculos con el régimen iraní. En 2019 mantuvieron tomada la sede de la Embajada de Venezuela en Washington.

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La siguiente reacción de EEUU fue la más concreta, pronunciada por Francisco Palmieri, el jefe de la misión diplomática estadounidense ante el gobierno colombiano y jefe de la “Unidad de Asuntos Venezolanos” que opera desde Bogotá. Palmieri, en declaraciones a Gabriela Perozo, del canal VPI el 02NOV23, afirmó que “a solo dos semanas de lo de Barbados es muy prematuro para desarticular el acuerdo, por algunas acciones que no van a tener mucha relevancia”. Palmieri se negó a responder si la decisión del tribunal sobre las primarias viola el acuerdo de Barbados. “Tenemos plena confianza que María Corina será el candidato presidencial de la oposición democrática”.

Palmieri confirmó que EEUU mantiene “canales de entendimiento abiertos para hablar directamente” con el régimen chavista.

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María Corina Machado planteó a medidos de 2022 la necesidad de escoger un nuevo liderazgo para la oposición. El 06ABR22, Machado difundió un video en el cual expresó su línea: “para liberar a Venezuela tenemos que enfrentar a la tiranía en nuestro terreno […] No cuenten con nosotros para lavarle la cara a Maduro y limpiar sus crímenes ante la CPI, no cuenten con nosotros para simular una normalización […] no cuenten con nosotros para aceptar migajas y vender la idea de que el régimen piensa hacer una elección limpia y libre en 2024”. Machado afirmó en ese video que el régimen “está montando una nueva farsa electoral para una vez más elegir ellos al candidato opositor […] “lo que más le conviene al régimen es ver un gentío metiéndose en una feria electoral, con pitos y banderas, promoviendo candidatos en un país de fantasía”. Machado se refería a la elección de un candidato opositor, pero esencialmente a un liderazgo político y argumentaba que “para que en Venezuela haya una elección de verdad primero debemos elegir una nueva dirección política”. En aquellos días, Machado no era visitada por las delegaciones que de tiempo en tiempo enviada la Unión Europea y Machado se mantenía al margen del gobierno de Juan Guaidó. Sobre las negociaciones que la opositora “Plataforma Democrática” mantenía con el régimen, Machado dijo el 29NOV22 en entrevista con Idania Chirinos que “la mesa de negociación ha sido una mesa de extorsión en la que los venezolanos no están representados”.

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Con los resultados de las elecciones primarias del 22OCT23, en las cuales según los organizadores logró el 92,35 % de los votos válidos, Machado asumió la vía electoral como la gran oportunidad abierta. En diversas intervenciones afirmó estar “concentrada en lograr un gran acuerdo nacional”.

El 31OCT23, Machado entrevistada por Jorge Ramos de Univisión dijo que “hay que crear los incentivos para todos los actores, incluso para aquellos que hoy son los que sostienen el régimen. Que entiendan que por su propio bien, deben coordinar esfuerzos y colaborar en un proceso de transición”. Entrevistada por Marcos Colombo el 02NOV23 para el portal argentino Infobae, Machado aseguró que el régimen “todavía” no ha roto el acuerdo de Barbados con el proceder del Tribunal Supremo suspendiendo los efectos de las elecciones primarias y confirmando la inhabilitación de la propia Machado. “Yo no creo que esto implique que se ha violado el acuerdo, no todavía. Es decir, haber impedido las primarias por la fuerza definitivamente hubiese sido violar el acuerdo. Pero eso no pasó. Entonces yo creo que el régimen está tensando la liga, pero aún no se ha roto”.

Tanto el gobierno de EEUU como Machado están coincidiendo en su evaluación de los hechos. La elección de Machado como candidata no es anulable y deberá esperarse antes de considerar que el régimen no cumplirá sus compromisos electorales, lo que podría llevar a que EEUU deje sin efecto las licencias que permiten hasta el 18ABR24, operaciones de petróleo, gas y minería a empresas estadounidenses (o con presencia en EEUU) en asociación con el gobierno de Maduro.

El 18OCT23, en paralelo a la emisión de licencias con duración de seis meses por parte del Departamento de Tesoro permitiendo operaciones petroleras y mineras en Venezuela, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el cual fijó un plazo de menos de dos meses, hasta finales de noviembre, colocar un plazo de menos de dos meses, “antes de finales de noviembre” para que el régimen defina “un cronograma y un proceso específicos para la reinstalación acelerada de todos los candidatos. Todos los que quieran postularse para presidente deben tener la oportunidad y tener derecho a igualdad de condiciones electorales, a libertad de movimiento y a garantías para su seguridad física”. Además, EEUU espera que antes de finalizar el mes de noviembre de 2023 debe “comenzar la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente”.

Este Informe consultó infructuosamente al comando de María Corina Machado acerca de sus eventuales conversaciones con el gobierno de EEUU.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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“Esa opción no existe”: Machado sobre posibilidad de ceder el testigo a otro candidato opositor

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En entrevista al diario El País, Machado fue interrogada sobre si permitiría que otro candidato opositor se inscriba por ella, en caso de que le prohíban hacerlo: “Esa opción no existe. Vamos a construir la fuerza para lograr que las elecciones sean limpias y libres y eso pasa por respetar el acuerdo de Barbados”
Machado descartó considerar un plan b en el caso de que la inhabilitación en su contra se mantenga: “Tenemos que concentrarnos en respetar el mandato. Un plan b es desconocer el 22 de octubre”

 

El diario El País de España entrevistó a  María Corina Machado, candidata opositora a las presidenciales electa con más de 92% de los votos emitidos en la primaria del 22 de octubre.

En la conversación, la dirigente de Vente Venezuela negó la posibilidad de ceder el testigo a otro candidato opositor, en caso de que el gobierno insista en impedir que se inscriba en los comicios de 2024. 

Machado insistió en que se han ido creando “condiciones” para que se revierta la inhabilitación que pesa en su cotntra “Es un elemento de orden político que al final va a depender del equilibrio de las fuerzas políticas”.

Cuando le preguntaron si daría un paso al costado para dejar que se presente otro candidato opositor, la dirigente política respondió:  “Esa opción no existe. Vamos a construir la fuerza para lograr que las elecciones sean limpias y libres y eso pasa por respetar el acuerdo de Barbados, donde se recoge que el candidato ganador de las primarias puede inscribirse en las elecciones”.

A continuación, otros temas clave que respondió Machado en esta entrevista

Apoyo pleno de la oposición

Machado aseguro que ha recibido el apoyo en pleno de la oposición, no solo de los partidos que conforman la Plataforma Unitaria de Venezuela y que estuvieron vinculados con la primaria,   sino también de algunas organizaciones políticas regionales y locales que después de lo que ocurrió,  “se han conmovido”.

“Hay una necesidad de construir un gran acuerdo nacional con unos consensos fundamentales que hay que asentar y avanzar. Esto es el principio del fin, pero quedan muchos desafíos por delante”, consideró. 

Sobre la masiva participación en el proceso del 22 de octubre, Machado dijo que esta implicaba “el  cierre de un ciclo y la demostración de que la sociedad venezolana está unida en una aspiración de cambio que se sintió con enorme fuerza en toda Venezuela”.

 

¿Cuál será su estrategia?

Machado fue enfática al afirmar que el régimen de Maduro no está dispuesto a dejar el poder bajo ningún concepto, y que por tanto, hay que posibilitar “que el movimiento social que ya arrancó se consolide y se amplíe para poder hablarle a los venezolanos que puedan tener miedo del cambio”.

Agregó que algunos sectores que se podrían sentir cercanos a Maduro al final tienen incentivos “para que este proceso avance y se dé una transición ordenada y sostenida”.

“Me refiero a algunos gobiernos de América Latina, como Colombia, Brasil, Chile, México. Hay que transmitir la disposición de coordinar fuerzas con todos estos actores para generar incentivos sobre el propio régimen que deriven en una negociación con más vigor y legitimidad”, destacó. 

“El gobierno tiene muchas presiones para respetar acuerdo de Barbados”

Al ser consultada sobre el retiro de su inhabilitación, comentó que antes de la primaria muchos aseguraban que no iban a celebrarse, y se concretaron. 

Opinó también que el chavismo está entendiendo que ha perdido la “base social”, y en alguna medida, la capacidad represiva.

“Las bases de las fuerzas armadas y los cuerpos de seguridad también tienen la sensación de que está pasando algo (…) Y necesitan plata, porque han saqueado el país. Hay muchos incentivos y presiones para respetar el acuerdo que se firmó en Barbados. Ese acuerdo viene asociado al cumplimiento de una serie de compromisos que incluyen que todas aquellas personas que compitieron en las primarias puedan inscribirse en la próxima elección”, sostuvo. 

“Un plan B sería desconocer lo que pasó el 22 de octubre”

Machado descartó considerar un plan b en el caso de que la inhabilitación en su contra se mantenga. 

“Tenemos que concentrarnos en respetar el mandato. Un plan b es desconocer el 22 de octubre [fecha en la que se celebró la primaria]. Lo que hay que hacer es que Maduro entienda que por su propio interés tiene que cumplir con la palabra empeñada en Barbados”, recalcó. 

 

¿Transición en marcha?

El País preguntó a Machado si negociaría una transición democrática con el chavismo, a lo que contestó: “Eso ya está en marcha, pero hay otros muchos aspectos que deben ser objeto de una negociación y que no están incluidos en el acuerdo. Parte del problema que tenemos en la oposición es una crisis de representatividad desde hace muchos años, y la primaria lo resolvió. Tenemos una fuerza mucho mayor de cara a un proceso de negociación a partir de ahora”.

Sobre la posibilidad de dar garantías judiciales o amnistía a jerarcas del chavismo, la opositora electa como candidata en la primaria del 22 de octubre mencionó que negociar implica dar incentivos “y lograr que el costo de permanencia en el poder sea mayor que el costo de aceptar la salida en una transición”.

“Y eso significa, desde luego, que hay que dar ciertas garantías. Eso es producto de la negociación y no de una discusión pública”, remarcó. 

Justicia, pero no venganza

De llegar a la presidencia, aseguró Machado, los actores del sistema que no hayan cometido delitos mayores podrán tener la tranquilidad “de que enfrentarán un sistema de justicia justo, no como el que nos negaron a nosotros”.

“Con otros actores habrá que ver cuáles son los términos para cada uno de ellos. Lo que puedo garantizar es que esto no es un proceso que busque venganza o retaliación, eso sería repetir las prácticas del chavismo. Buscamos justicia para nuestro país”, aseveró. 

No ha hablado con Capriles, ni con Petro

En la parte final de la entrevista, Machado reveló que ha conversado con otros líderes opositores como Leopoldo López. Aunque reveló que no ha hablado con Henrique Capriles, mencionó que sí lo ha hecho “con muchísimas personas de su partido”.

“He hablado con todos y todo el mundo está invitado a formar parte del comando que estamos construyendo”, reiteró. 

Respecto a su acercamiento a presidente aliados al chavismo, como Gustavo Petro, informó que le envió un mensaje al mandatario colombiano. 

“Estoy acercándome a todos los presidentes de la región. Una de las cosas más importantes para las presidenciales es que los venezolanos en el exterior puedan votar. Colombia, Perú y Chile son países que pueden hacerle entender a Maduro que eso es un derecho que hay que respetar”, comentó.

Sin temores

Actualmente, Machado no tiene mayores temores, según manifestó: “Lo que más me preocupaba era que los venezolanos perdiéramos la confianza en nosotros mismos si la primaria no se daba. Eso habría sido devastador. Nos ha demostrado de lo que somos capaces y eso es lo que más hay que cuidar. Está derribando las barreras que el régimen construyó entre nosotros”.