Edgar C. Otálvora, autor en Runrun

Edgar C. Otálvora

Informe Otálvora | EE. UU. y Unión Europea acordaron coordinar enfoque hacia Venezuela, por Edgar C. Otálvora

Antony Blinken y Josep Borrell el 24MAR21 en Bruselas, Bélgica. Foto: Departamento de Estado EE. UU.

@ecotalvora

El primer viaje del nuevo Secretario de EE. UU. se inició el 14MAR21, estuvo acompañado del secretario de Defensa Lloyd Austin e incluyó a Japón y Corea. Antony Blinken optó por hablar en persona con los dos principales aliados asiáticos antes de la borrascosa reunión que celebraría el 18MAR21 en Alaska con el todo poderoso jefe de la política exterior china Yang Jiechi. El segundo viaje de Blinken al extranjero tuvo como destino Bruselas. Arrancó el 22MAR21 y tenía como propósito participar en la reunión ministerial de la OTAN y sostener encuentros con los altos jefes de la Unión Europea.

En Asia y Europa el mensaje de Blinken fue el mismo: EE. UU. con Biden está de vuelta a la arena internacional y procura retomar líneas de cooperación y acción conjunta con sus aliados tradicionales.

El 25MAR21, tras la visita de Blinken a Bruselas, tuvo lugar una teleconferencia entre Joe Biden, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel y los jefes de gobiernos miembros de la UE.

En las últimas semanas se han estado produciendo notorias coordinaciones de acción internacional entre EE. UU. y Europa. El 02MAR21 la Unión Europea impuso sanciones a funcionarios rusos por violaciones de DD. HH., medida que fue rápidamente seguida por el gobierno Biden. El 22MAR21, casi simultáneamente, EE. UU., Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea impusieron sanciones a funcionarios de China por violaciones de DD. HH.

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Entre las principales actividades de Blinken en Bruselas se marcó un encuentro con el Alto Representante de la UE Josep Borrell, en la cual el español confiaba incluir varios temas de la política en Latinoamérica. Se buscaba la reconstrucción de la agenda de trabajo de EE. UU. y UE.

La reunión Blinken-Borrell se produjo el 24MAR21 y al concluir fue distribuida una larga declaración según la cual el encuentro tuvo como propósito “discutir formas de fortalecer la relación entre EE. UU. y la UE y coordinar las respuestas a la política exterior prioritaria”. Irán, China, Rusia, Ucrania, Georgia, cambio climático, Mediterráneo oriental, Etiopía, Afganistán y la OTAN fueron asuntos mencionados expresamente en la declaración. No cabe duda que el texto, redactado y negociado previamente por los diplomáticos de ambos lados, no incluyó todos los temas efectivamente tratados.

Tras la emisión del comunicado conjunto y de una breve comparecencia ante la prensa en la cual no fue mencionado tampoco el caso venezolano, el Informe Otálvora consultó directamente con el Servicio Exterior de la Unión Europea basado en Bruselas. Un vocero oficial de la UE confirmó que Blinken y Borrell “discutieron sobre Venezuela” y “acordaron trabajar juntos en un enfoque coordinado”.

Se estima que el Departamento de Estado y la oficina dirigida por Borrell continuarán adelantando conversaciones sobre la coordinación de acciones en procura de la redemocratización de Venezuela. Diversas fuentes consultadas en Washington y Caracas sugieren que no existe un plan de ruta definido por el gobierno Binden hacia Venezuela y, por ahora, se mantiene en términos generales el esquema adelantado por el gobierno Trump con sanciones al gobierno de facto y reconocimiento de Juan Guaidó como presidente provisional.

Pero tanto en Washington como en Bruselas se intenta definir esquemas que permitan superar el estancamiento del proceso de redemocratización en Venezuela. Borrell, en declaraciones previas a su encuentro con Blinken, afirmó que las elecciones regionales convocadas por el chavismo podrían “traer una nueva oportunidad para tener un acuerdo entre el gobierno [de facto] y la oposición”. Borrell de esta manera insinuaba que unas posibles negociaciones en Venezuela podrían centrarse en las condiciones para esas elecciones regionales, coincidiendo de esa manera con el predicamento del gobierno de Noruega. Sin embargo, la posición en la Casa Blanca de Biden y en el Departamento de Estado no coincide con un “calendario electoral mínimo” sino que aspira a un cambio de gobierno.

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En tanto, fuentes cercanas a Guaidó aseguraron a este Informe que mantienen conversaciones con Canadá, EE. UU. y varios países europeos, incluyendo a Suecia, en procura de un nuevo esquema de alianza internacional para presionar al régimen chavista. En medios diplomáticos latinoamericanos se menciona la posibilidad de institucionalizar un nuevo grupo internacional, eventualmente integrado por ocho gobiernos de América, Europa y Asia, que sin reemplazar al paralizado Grupo de Lima, “fortalezca nuestra posición de presionar el régimen para organizar elecciones presidenciales”, según confirmó un cercano activista internacional de Guaidó.

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La detención el 12JUN20 en el aeropuerto de Isla Sal, Cabo Verde, del operador financiero del chavismo Alex Saab, desató una gran operación por parte del castrochavismo internacional. La detención de Saab se produjo ante la solicitud de EE. UU., quien considera al comerciante colombiano como un fugitivo en un proceso judicial de varios cargos por lavado de dinero procedente de corrupción asociada al gobierno de facto de Venezuela.

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El 13JUN20, el gobierno Maduro emitió un comunicado donde se refería al “Sr. Saab Morán”, a quien extrañamente le adjudicaban la nacionalidad venezolana y para quien aún no reclamaban estatus e inmunidades diplomáticas salvo denominarlo como “agente del gobierno bolivariano”.

Con el transcurrir del año 2020, la estrategia de la defensa del operador chavista consistió en argumentar la forma y la legalidad de su detención haciendo énfasis en su supuesta condición diplomática que el gobierno Maduro intentó adjudicarle cuando ya estaba preso y en proceso de extradición. El 28JUL20 el caso de Saab fue asumido públicamente por el bufete del español Baltazar Garzón, lo que dejaba en evidencia no solo la enorme cantidad de dinero que el chavismo estaba dispuesto a erogar en el proceso de la defensa sino, además, el enfoque internacionalizado y politizado que la defensa se proponía adelantar. Garzón ha sido defensor de Julian Assange, Lula da Silva, Evo Morales y forma parte del equipo jurídico del Grupo de Puebla, con lo cual el español mezcla sus altos honorarios y su filiación izquierdista.

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La defensa de Saab supuso la constitución de varios equipos de abogados en EE. UU., Colombia, Cabo Verde y en Nigeria. Incluso, según el periodista Nelson Bocaranda, habrían sido constituidas varias coordinaciones judiciales que operaban en paralelo.

Igualmente contaba con un aceitado sistema de enlace con medios de prensa de España, Portugal y Colombia. Dado que los acontecimientos judiciales sobre Saab básicamente ocurren en tribunales de lejanas capitales africanas, usualmente la versión que recogen diarios y agencias de noticias es la suministrada por el propio equipo de abogados del procesado, con toda suerte de omisiones o erradas interpretaciones favorables al cliente. La politizada defensa de Saab, intentado presentarlo como una víctima de EE. UU., cuenta con el respaldo de la red diplomática y de propaganda cubana con larga presencia en el África subsahariana.

La decisión de crear un equipo de abogados en Nigeria tenía como objeto contar con una instancia de apelación ante la esperable negativa de la justicia de Cabo Verde de liberar a Saab. La ciudad de Abuya es la sede de la Corte de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDAO). Dicha corte fue inicialmente constituida para dirimir diferencias entre los quince miembros de CEDAO pero desde 2005, por la aprobación de un protocolo, atiende temas de violaciones de derechos humanos a nivel regional.

Los coordinadores políticos de la defensa de Saab decidieron contratar los servicios de un reconocido jurista nigeriano Femi Falama, quien es a su vez un agente procubano en África.

Falama es un activo amigo de la embajada cubana en Nigeria y usual participante en eventos de “amistad” cubano africana en contra del “embargo” contra la isla. El papel de Falama en el caso Saab es liderar la acción judicial ante la Corte de Justicia de CEDAO y, a su vez, prestar su figura política antiestadounidense a favor del agente de Maduro insistiendo en su supuesta condición diplomática y resaltando que se trataría de un caso político de violación de derechos humanos.

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Con fecha 28DIC20, Jorge Arreaza emitió una comunicación dirigida a Saab mediante la cual lo designaba “Representante Permanente Alterno” de Venezuela “ante la Unión Africana” con sede en Etiopia. Por tratarse de un organismo multilateral del cual Venezuela es “país observador” la designación no requería la aprobación de la UA, pero en realidad tampoco le confería necesariamente inmunidades internacionales al preso. Desde esa fecha los papeles de la cancillería chavista se referían a Saab como “Enviado Especial y Embajador Extraordinario y Plenipotenciario”.

Todas las acciones judiciales y de presión que los abogados y el aparato diplomático castrochavista ejercieron sobre el gobierno y los tribunales de Cabo Verde han resultado inútiles. Las instancias administrativas y judiciales fueron aprobando la solicitud de extradición presentada por EE. UU. basadas en el criterio de cooperación judicial ante la inexistencia de un tratado de extradición. La importancia que EE. UU. le asigna a la extradición de Saab quedó patente en la comunicación telefónica que Antony Blinken, el recién designado Secretario de Estado de EE. UU. del gobierno Biden, realizara el 23FEB21 a su colega caboverdiano Rui Figueiredo.

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El 15MAR21, el tribunal multinacional de CEDAO sentenció que Saab debería ser inmediatamente puesto en libertad y recibir del gobierno de Cabo Verde una indemnización de US$ 200.000 por haber sido objeto de un “arresto arbitrario”. El tribunal constituido por Januaria Costa de Cabo Verde, Edward Amoako Asante de Ghana y el nigeriano Dupe Atoki igualmente mandó a suspender todo el proceso de extradición de Saab a EE. UU. Sin embargo, el sistema de justicia de Cabo Verde no acepta la autoridad del tribunal de CEDAO ya que ese país no ha ratificado el protocolo de 2005.

Incluso el 17MAR21, el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde descartó recursos de la defensa de Saab y confirmó sentencias de tribunales inferiores que autorizaban la extradición del colombiano a EE. UU.. El equipo de Garzón tendría aún la opción de recurrir a la Corte Constitucional de Cabo Verde en un intento desesperado de ganar más tiempo. Pero la estrategia de victimizar políticamente al agente chavista y decorarlo con rangos, privilegios e inmunidades diplomáticas resultó un total fracaso de la diplomacia castrochavista.

El caso de Saab es análogo al de otro famoso defendido por el abogado Baltazar Garzón. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinoza, en un intento para liberar a Julian Assange, quien permanecía asilado en la sede de la embajada de Ecuador en Londres, realizó una serie de maniobras similares a las realizadas por el gobierno Maduro con Saab. El 12DIC17 el australiano Assange recibió la carta de naturalización como ecuatoriano, el 15DIC17 fue designado consejero en la embajada de Ecuador ante el Reino Unido y el 19DIC17 fue nombrado consejero en la embajada ecuatoriana en Moscú. El gobierno británico rechazó la burda operación que pedía privilegios diplomáticos para quien se escondía en la embajada ecuatoriana para impedir ser extraditado a EE. UU. Todo indica que en la maniobra ecuatoriana también estaba presente la orientación de Garzón.

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Aun cuando el tribunal multinacional de CEDAO sentenció a favor de Saab, lo hizo solamente basándose en elementos procedimentales de la detención del colombiano. Los tres jueces descartaron los argumentos esgrimidos por el gobierno de3 Maduro según los cuales Saab estaría protegido por inmunidad diplomática. “La Corte observó que si bien el gobierno venezolano afirmó que el señor Saab Morán viajaba como su enviado especial, no poseía requisitos válidos que lo calificaran como diplomático acreditado en Cabo Verde u otro estado o de alto cargo político en el momento de su arresto”, según la sentencia del tribunal de la CEDAO. En consecuencia, “la corte desestimó el reclamo de Saab “según lo dispuesto en el Artículo 42 de la Convención de Nueva York de 1969 sobre Misiones Especiales”. Es decir, los juristas africanos confirmaron que la inmunidad diplomática no la confiere el gobierno que designa al funcionario sino el país que lo acoge, por lo cual Saab no era diplomático acreditado en Cabo Verde.

Tampoco era un “enviado especial” a los efectos de Cabo Verde ya que la cancillería de Maduro nunca notificó “de antemano” a las autoridades caboverdianas sobre la existencia de un “enviado especial” de apellido Saab, quien haría una parada en Cabo Verde y para quien solicitara “inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito” como reza la Convención de Nueva York. Saab, a los efectos del país que lo detiene y del tribunal multinacional africano, no era un diplomático al momento de su detención, con lo cual se derrumbó toda la argumentación inventada por la cancillería chavista.

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El régimen chavista junto con Cuba, Rusia e Irán ha convertido el rechazo a las sanciones internacionales, calificadas como “medidas coercitivas”, en una de sus banderas en foros internacionales. Sin embargo la herramienta de la sanción internacional es rápidamente esgrimida por el régimen chavista contra quienes considera sus enemigos. El abogado Femi Falama, operador cubano en Africa y contratado para encabezar la defensa de Saab en Nigeria, actuando en nombre de sus representados (Saab y el gobierno Maduro) solicitó que fueran aplicadas sanciones internacionales al gobierno de Cabo Verde. Falama presentó el 24MAR21 una moción para que el Tribunal de CEDAO solicite a los gobiernos miembros la imposición de sanciones que incluirían el boicot a proyectos multilaterales y la prohibición de visas a los altos funcionarios caboverdianos. El valor de Saab para el régimen chavista parece ser muy alto.

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Por cierto, con el apoyo de Rusia y Cuba, el gobierno de facto de Venezuela solicitó el 16MAR21 incluir en la agenda de la reunión del 26MAR21 del Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio, la petición para crear un grupo especial de análisis sobre las sanciones impuestas por EE. UU. al régimen chavista. La reunión fue suspendida en razón de que la delegación de EE. UU. no reconoce la legitimidad de los enviados de Maduro. “EE. UU. rechazará cualquier esfuerzo de Maduro por hacer un mal uso de la OMC para atacar las sanciones estadounidenses destinadas a restaurar los derechos humanos y la democracia en Venezuela”, dijo un comunicado del representante comercial de EE. UU. el 26MAR21.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | EEUU mantiene sanciones y auspicia negociaciones en Venezuela, por Edgar C. Otálvora

Joe Biden acompañado de Kamala Harris, Antony Blinken, Jack Sullivan y Juan González, en reunión virtual con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau el 23FEB21. Foto @POTUS

 

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El gobierno de EE. UU. se propone adelantar una “nueva táctica” hacia Venezuela según las conversaciones sostenidas por la oposición venezolana y el nuevo gobierno estadounidense.

Esa táctica ya estaba retratada en la plataforma que el Partido Demócrata presentó para las elecciones del año 2020. Como adelantara el Informe Otálvora del 08AGO20, el Partido Demócrata ofrecía “movilizar a los socios” regionales “y en todo el mundo” para atender las “necesidades urgentes de Venezuela” y ejercer “una presión inteligente y una diplomacia efectiva”, rechazando “amenazas bélicas no atadas a objetivos políticos realistas” y “motivadas por objetivos partidistas” internos de EE. UU. Ese texto muy probablemente fue redactado por Antony Blinken quien ahora es la cabeza de la diplomacia estadounidense. La “nueva táctica” no es, al menos por ahora, un cambio radical con respecto a la línea efectivamente seguida por EE. UU. durante el gobierno de Trump.

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Desde el 19FEB21, y por una semana, se congregó en Bogotá un grupo de dirigentes opositores venezolanos que integran la alianza que apoyó el ascenso de Juan Guaidó como presidente encargado. El propósito del encuentro era procurar acuerdos tácticos internos y coordinar con el nuevo gobierno de EE. UU. La realización del evento fue mantenida en muy bajo perfil, según fuentes cercanas a Guaidó, por razones de seguridad de quienes viajarían desde Venezuela cruzando una frontera oficialmente cerrada. El 20FEB21, el gobierno de facto, para dejar constancia de su capacidad de espionaje y obviamente para desmoralizar a sus contrincantes, publicó en la cuenta de Twitter del alto jerarca Jorge Rodríguez, el programa que los reunidos en Bogotá se proponían cumplir.

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Una lista parcial de los participantes en la cita de Bogotá incluye a Juan Guaidó vía Internet; Leopoldo López y el embajador ante EE. UU. Carlos Vecchio, quienes llegaron desde Madrid y Washington, ambos copartidarios de Guaidó en el partido Voluntad Popular; el “canciller” Julio Borges y el embajador en Bogotá Tomás Guanipa en representación parcial del partido Primero Justicia, aunque el sector liderado por el excandidato Henrique Capriles Radonski no se hizo presente; Manuel Rosales líder del partido Un Nuevo Tiempo y Luis Aquiles Moreno del partido Acción Democrática.

Todos ellos asistían en nombre de la coalición partidista denominada G4 que ha rodeado a Guaidó desde su designación en 2019.

Además estaban presentes los voceros opositores Delsa Solorzano, Andrés Velásquez y Mariel Magallanes. La lista de invitados es más larga e incluye incluso a activistas que no lograron burlar el espionaje y cerco del régimen que les bloqueó la salida desde Venezuela. Algunos activistas opositores no dejaron de mostrar inconformidad por su exclusión de la lista de los convocados a Bogotá. La reunión santafereña contó con el beneplácito del gobierno de Colombia y fue apoyada logísticamente por el gobierno de EE. UU. James Story, el embajador de EE. UU. para Venezuela quien opera desde Bogotá, fungió como anfitrión de los venezolanos.

Una visita a Washington por parte de la dirigencia opositora, la cual comenzó a ser gestionada desde la conflictiva transición de gobierno en EE. UU., fue definitivamente descartada. El nuevo gobierno ha optado, salvo en casos especialmente críticos como Irán y Afganistán, por valerse del Internet como vía para adelantar sus gestiones bilaterales. Incluso el Secretario de Estado realizó sus primeras dos visitas al extranjero el 26FEB21, a Canadá y México, de manera virtual. Con esas normas de por medio, en Washington no se mostraron especialmente interesados en organizar una visita de los opositores venezolanos, quienes, además, en el caso de quienes permanecen en Venezuela, tienen serias restricciones de movimiento en razón del monitoreo de los órganos de espionaje interno. Mediante enlaces de teleconferencia los voceros opositores concentrados en Bogotá sostuvieron reuniones con organismos del gobierno estadounidense.

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El estadounidense de origen colombiano Juan González, designado por Biden como responsable del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional que opera desde la Casa Blanca, se expresó extensamente sobre la política hacia Venezuela en una entrevista difundida por Univisión el 18FEB21. González fue entrevistado por Patricia Janiot, quien resumió lo central de lo expuesto por su paisano.

“La democracia a Venezuela no llegará mañana; tomará tiempo y tenemos que empujar a que el régimen se siente con la oposición como iguales a negociar una salida. Los venezolanos son los que tienen que hablar del futuro del país”.

Para lograr que el gobierno de facto se siente a negociar con la oposición, el asesor de Biden indicó que “vamos a seguir incrementando la presión de una manera multilateral, que es lo que tiene efecto a favor de una salida democrática”, para lo cual EE. UU. se propone “formar un consenso entre la comunidad internacional para asegurar que quienes están robando miles de millones de dólares de Venezuela, no encuentren refugio en ninguna parte del mundo”.

González resaltó la vía multilateral que buscaría Biden ante Venezuela: “la administración anterior habló de una coalición internacional, pero todo lo que estaba haciendo era unilateral” y el “consenso internacional [sobre Venezuela] se estaba rompiendo por las acciones políticas unilaterales” del gobierno Trump.

En relación a las sanciones impuestas a jerarcas chavistas y al aparato gubernamental, González confirmó que el gobierno Biden no planea suspender esas medidas. Levantar unilateralmente las sanciones, “no es una de las prioridades de EE. UU. en este momento, porque lo que queremos es empujar hacia un diálogo entre los dos lados que lleve a un resultado democrático”.

Según sus propias publicaciones y de su esposa en cuentas de Twitter, González goza de una gran cercanía y familiaridad con Biden, lo que hace que sus comentarios sean tomados como el pensamiento de la Casa Blanca sobre Venezuela.

Por cierto, el 02MAR21 Joe Biden notificó al Congreso de EE. UU. su decisión de prolongar por un año, hasta el 08MAR22, la vigencia de la Orden Ejecutiva 13962 emitida por Barack Obama y ratificada durante todo el gobierno de Donald Trump. Dicha Orden Ejecutiva es el sustento legal para buen parte de las sanciones impuestas por EE. UU. al régimen chavista.

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El 02MAR21, el secretario de Estado de Biden sostuvo una conversación telefónica de aproximadamente cuarenta y cinco minutos con Juan Guaidó. La nota emitida por el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, “destacó la importancia del retorno a la democracia en Venezuela a través de elecciones libres y justas”, nada distinto de lo afirmado por el mismo Departamento en tiempos de Trump. Agregó Prince que “el secretario Blinken describió nuestros esfuerzos para trabajar con aliados de ideas afines, incluida la Unión Europea, el Grupo de Lima, la Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Contacto Internacional, para aumentar la presión multilateral y presionar por una transición democrática y pacífica”.

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El gobierno Biden se ha declarado en estado de provisionalidad en cuanto a las definiciones de sus líneas maestras de seguridad nacional y política exterior. El 03MAR21, Blinken pronunció lo que calificó como su primer discurso de ocho líneas generales de política exterior enmarcadas en la “orientación estratégica provisional” enunciada por Biden.

De las palabras de Blinken se desprende que los retos que representan China y Rusia son los grandes temas para EE. UU.

De hecho, para Blinken la “mayor prueba geopolítica del siglo XXI para EE. UU. es su relacionamiento con China”. En su discurso, Blinken no se refirió a Latinoamérica sino de forma genérica cuando resaltó que uno de los propósitos del gobierno Biden es “volver a conectarnos con nuestros amigos y aliados, y reinventar las asociaciones que se construyeron hace años para que se adapten a los desafíos de hoy y de mañana. Eso incluye países de Europa y Asia que han sido nuestros amigos más cercanos durante décadas, así como viejos y nuevos socios en África, Oriente Medio y América Latina”. Acción colectiva y multilateralismo son parte de las claves anunciadas por Blinken y ellas forman parte de la receta para Venezuela.

Blinken se refirió al tema militar. “Nos aseguraremos de seguir teniendo las fuerzas armadas más poderosas del mundo. Nuestra capacidad para ser diplomáticos eficaces depende en gran medida de la fuerza de nuestras fuerzas armadas”, pero igualmente confirmó que el gobierno Biden no promoverá “la democracia mediante costosas intervenciones militares o intentando derrocar regímenes autoritarios por la fuerza. Hemos probado estas tácticas en el pasado. Por muy bien intencionadas que sean, no han funcionado”. También dijo que “nunca dudaremos en usar la fuerza cuando estén en juego las vidas y los intereses vitales de los estadounidenses”.

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El equipo para Latinoamérica del gobierno Biden en el Departamento de Estado aún no está constituido. El diplomático Brian Nichols ha sido nominado para la subsecretaría del hemisferio occidental, pero su designación, que debe pasar por el Congreso, aún no ha sido tramitada. Igualmente, el hondureño-estadounidense Ricardo Zúñiga, quien sería el segundo de Nichols, aún no se incorpora al Departamento de Estado. El “hemisferio occidental” está en manos de la coreano-estadounidense  Julie J. Chung en calidad de encargada.

En todo caso, el secretario Blinken se muestra excepcionalmente enterado del proceso venezolano. En Washington se comenta que el think tank “International Crisis Group” hace su tarea en las proximidades del nuevo gobierno de EE. UU.

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Los enunciados de Juan González y de Antony Blinken fueron los elementos que el gobierno de EE. UU., por intermedio del embajador James Story, expuso a los líderes opositores reunidos en Bogotá en la semana entre el 19-26FEB21.

Según fuentes cercanas a Guaidó consultadas para este Informe en Washington y Caracas, el gobierno Biden confirmó que mantendría su reconocimiento a Juan Guaidó como principal interlocutor político y como presidente encargado de Venezuela.

El gobierno Biden se muestra interesado en incrementar la ayuda humanitaria hacia venezolanos con el concurso del “gobierno interino”. EE. UU. ofrece iniciar gestiones junto con Canadá, Colombia y eventualmente Brasil, además de la Unión Europea, para impulsar una iniciativa que promueva un nuevo mecanismo de diálogo político entre el gobierno de facto y la oposición encabezada por Guaidó. Dicho mecanismo, con un plazo fijo de duración, tendría el propósito de negociar un acuerdo integral para la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas. En tanto, se mantendría el esquema de sanciones contra el gobierno de facto y el desconocimiento del proceso electoral que el régimen se dispone a activar para elecciones regionales. El plan habría sido tratado por EE. UU. con el gobierno de Canadá, con quien Biden y Blinken han sostenido varios encuentros de trabajo.

En suma. La reunión de Bogotá mantiene el estatus entre el gobierno de EE. UU. y la oposición venezolana, la cual no logra alcanzar acuerdos tácticos efectivos. 

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La línea de acción de Biden hacia Venezuela se suma a la decisión de la Unión Europea de incrementar las sanciones contra altos jerarcas del régimen chavista. Los gobiernos de Alemania, España, Francia y Países Bajos impulsaron dentro de la Unión Europea un nuevo grupo de sanciones contra altos jefes militares, autoridades electorales y judiciales, involucradas en violaciones de DD. HH. y en la organización de las votaciones legislativas realizadas por el régimen el 06DIC20. 

Esas sanciones fueron adoptadas por los ministros de Exteriores de la UE el 22FEB21. En el seno del gobierno Maduro existía cierta expectativa sobre una caída de presión externa que podría llegar con la presencia de Biden en la Casa Blanca y con Josep Borrell al frente de la diplomacia de la Unión Europea, lo cual no ha ocurrido. Las crecientes tensiones entre la UE y Washington contra Rusia, incluyendo el desaire a Borrell en Moscú el 05FEB21 y las sanciones europeas y de EE. UU. a funcionarios rusos anunciadas simultáneamente el 02MAR21, presagian que el caso venezolano tiende a mezclarse con los choques de Washington y Bruselas con Rusia.

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El libro CASTRO & CHAVEZ de Edgar C. Otálvora, originalmente publicado en versión digital en 2011, está disponible ahora en versión rústica de papel. Lo puede pedir por Amazon.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | Chavismo manipula a la ONU contra sanciones de EE. UU., por Edgar C. Otálvora

Nicolás Maduro y la relatora de la ONU Alena Douhan el 11FEB21 en Caracas. Foto: @NicolasMaduro.

 

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A partir del 19FEB21 comenzaron a arribar a Bogotá diversos dirigentes opositores venezolanos procedentes de Venezuela y de Europa para lo que sería un intento de alcanzar acuerdos de acción. La mayoría de los convocados se encuentran actualmente en el exilio y algunos de los participantes lo harán vía internet. Las serias diferencias tácticas entre las distintas fuerzas opositoras les han impedido definir una hoja de ruta común ante el proceso de normalización del chavismo en Venezuela.

Varios gobiernos extranjeros aliados de la oposición venezolana se encuentran en espera de definiciones. De hecho, uno de los temas a ser debatidos sería el de una planeada visita a Washington para encuentros con el nuevo gobierno de EE. UU. y con parlamentarios de ambos partidos.

Por cierto, uno de los asuntos tratados en la primera conversación oficial entre el nuevo Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, y su colega española Arancha González Laya, fue el “tema Venezuela”. Sobre la redemocratización de Venezuela el representante del gobierno Biden ha conversado con los cancilleres de Colombia y Brasil, así como con el Alto Representante de la Unión Europea Josep Borrell. “¿Qué hacer con Venezuela?” es una pregunta reiterada y a veces monótona en las conversaciones entre las cancillerías occidentales.

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El gobierno de facto de Nicolás Maduro organizó una compleja operación de propaganda internacional, utilizando a las Naciones Unidas, para impulsar una campaña contra las sanciones que diversos países le han impuesto en los últimos años.

El 26ENE21, la vicepresidente ejecutiva del régimen chavista, Delsy Rodríguez, anunció el inminente arribo a Venezuela de la “relatora especial de la ONU sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”. La emoción impresa por Rodríguez a la llegada de la bielorrusa Alena Douhan contrastaba con el hecho de que el gobierno chavista impide o condiciona el ingreso de funcionarios del sistema de Derechos Humanos de la ONU. De hecho, el chavismo jamás autorizó el envío de las misiones solicitadas por el jordano Zeid Al Hussein quien fue el antecesor de Michelle Bachelet como Alto Comisionado de la ONU para los DDHH. A la usanza cubana, el chavismo solo permite el ingreso de observadores de DDHH que le sean cómodos y que incluso actúen como parte de su armazón de propaganda internacional.

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Dos casos particularmente notorios de enviados de la ONU operando como propagandistas de regímenes castrochavistas son la filipina Virginia Bonoan-Dandan y el cubano-estadounidense Alfred-Maurice de Zayas.

Dandan, quien fue designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU  (CDDHH) el 01AGO11 como “Experta Independiente en DDHH y Solidaridad Internacional” ganó figuración luego de una visita a Cuba el 10-14JUL17. En su informe oficial Dandan afirmó que su visita había tenido como objeto “observar y aprender sobre cómo los DD. HH. están integrados en los esfuerzos de solidaridad internacional de Cuba”, para lo cual se reunió con diversos funcionarios y con organizaciones “de la sociedad civil” manejadas por el régimen.

Interrogada en la rueda de prensa antes de abandonar La Habana sobre sus contactos con los sectores opositores, la experta Dandan dijo “no sé a qué se refiere por oposición. Francamente no sé quién está en la oposición”.

A la vez que alababa los servicios de salud y educación cubanos, censuraba las sanciones de EE. UU. y se negaba a pronunciarse por el tratamiento a los DD. HH. en la isla.

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Alfred-Maurice de Zayas ejerció entre el 01MAY12 y el 30ABR18 la condición de “Experto Independiente de la ONU en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo”. Zayas fue el primero en ocupar un cargo creado el 29SEP11 por el CDDHH mediante una resolución promovida por Cuba, Bolivia, Venezuela, Irán, Corea del Norte, Bielorrusia, Irán y Nicaragua entre otros.

Zayas realizó una sonora visita a Venezuela el 27NOV-04DIC17, la primera de un “experto” de la ONU permitida por el régimen en dos décadas. Zayas se hizo conocer porque durante su estadía caraqueña publicó en Twitter unas fotografías supuestamente tomadas dentro de un supermercado situado en una de las zonas del alto ingreso de la capital venezolana. Esas imágenes según el experto demostrarían que en Venezuela no existía una crisis humanitaria, lo cual difería con la notable y dramática crisis de desabastecimiento de alimentos que vivía el país aquel año.

En su informe oficial distribuido el 03AGO18, Zeyas incluso se victimizó señalando que había sido acusado de parcialidad por algunas ONG defensoras de los DDHH. También se quejó por supuestamente haber sido objeto de “acoso moral” y de un “clima de intimidación”.

En su informe Zayas aclaró que “no emprendió una investigación general sobre las violaciones de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales” en Venezuela y dedicó su informe a justificar al régimen chavista que según el experto era blanco de una “guerra económica” (…) “que no difiere mucho de las guerras no convencionales libradas contra Cuba, Chile y Nicaragua”.

El informe Zayas incluía además un capítulo para exaltar las gestiones del español José Rodríguez Zapatero en Venezuela. Luego de aquella visita de Zayas, quien es un promotor del secesionismo catalán, ha actuado como asesor del régimen chavista para sus operaciones en el seno de la ONU.

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La experta independiente Virginia Bonoan-Dandan, el experto independiente Alfred-Maurice de Zayas y la relatora especial Alena Douhan, quien visitó Caracas en febrero de 2021, tienen algunas condiciones en común: sus cargos fueron inventados por el CDDHH con base en mayorías coyunturales, fueron designados por el Consejo pero no son funcionarios de la ONU aunque actúan como agentes del organismo internacional.

Los cargos ejercidos por los tres forman parte de los llamando “procedimientos Especiales” del CDDHH. Se trata de individuos, profesionalmente vinculados al tema de los derechos humanos, quienes basados en sus contactos y filiaciones políticas internacionales son designados para atender esos “procedimientos”.

Según la cartilla de la ONU “trabajan de manera voluntaria; no son personal de la ONU y no perciben un salario por su trabajo”. Sus gastos de vida en Ginebra, que es una de las ciudades más caras del mundo, son financiados por fuentes desconocidas pero presumibles. Dice el manual de la ONU que “son independientes de cualquier gobierno u organización y actúan a título individual” lo cual es razonablemente puesto en duda.

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La selectividad impuesta por el régimen chavista al momento de permitir el ingreso y la actividad de observadores de la ONU en materia de DD. HH. ha quedado especialmente resaltada en dos casos recientes: los condicionamientos a las operaciones de los enviados de la alta comisionada Michelle Bachelet y la negativa de permitir el ingreso de una misión aprobada y designada por el CDDHH.

El 20SEP19 los representantes del gobierno de facto suscribieron un memorando de entendimiento con la alta comisionada para DD. HH., con el propósito de autorizar y normar la presencia en Venezuela de un pequeño grupo de funcionarios de la ONU con teórico acceso ilimitado a los centros de reclusión de los numerosos presos políticos existentes en el país.

En medios diplomáticos de la ONU y en Caracas son generalmente conocidas las serias limitaciones que el régimen impone a las actividades de monitoreo de la oficina de la ONU en Venezuela.

Según la periodista Sebastiana Barráez, quien reporta desde Caracas para el portal bonaerense Infobae, “la mayor parte de sus actividades en Venezuela han estado dirigidas a dictar Talleres de Protocolo sobre derechos humanos, dándole una patente de corso a los responsables de crímenes de lesa humanidad”.

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El régimen no ha permitido el ingreso a territorio venezolano de la “Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos”. Esa misión fue creada el 27SEP19 por el CDDHH de la ONU mediante una votación que sumó 19 votos a favor y siete en contra en lo que constituyó una gran derrota para el aparato diplomático del castrochavismo. Pese a ser una decisión legítima del CDDHH, el gobierno de facto se negó a reconocerla y cumplirla.

Esa misión fue creada con el mandato de investigar en Venezuela “las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

La misión, que debía entregar su informe en septiembre del 2020, necesitó instalar una oficina en Panamá ante la imposibilidad de actuar en terreno. El mandato original de esa Misión era de un año pero el 06OCT20 el mismo Consejo decidió prolongar por dos años la duración y su objetivo fue ampliado: “seguir investigando las violaciones manifiestas de los derechos humanos, como las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual y de género, cometidas desde 2014, con miras a combatir la impunidad y asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

Hasta la fecha el gobierno Maduro mantiene su negativa para el ingreso de la Misión que reporta al CDDHH. Por cierto, los representantes de Maduro en la ONU lo inscribieron como uno de los oradores que participarán en el “segmento de alto nivel” del periodo de sesiones 45 del CDDHH que se inicia el 22FEB21. Un grupo de gobiernos, especialmente Irán, Cuba, Venezuela y Rusia, que son objeto de sanciones por parte de EE. UU.. y Europa, pretenden utilizar el espacio de la ONU para atacar estas medidas.

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Alena Douhan, quien equivocadamente es presentada en medios de prensa como vocero de la ONU, visitó Caracas en su condición de “Relatora Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos”. El cargo fue creado por el CDDHH el 18SEP14 mediante una resolución presentada por Irán e impulsada por Cuba y Venezuela en el contexto del llamado “Movimiento de Países No Alineados”.

Después, en el periodo 36 del CDDHH, los enviados de Maduro presentaron un proyecto de resolución para “prorrogar por un período de tres años el mandato del Relator Especial”. La resolución fue aprobada el 28SEP17 por 30 votos a favor y quince en contra. A favor estuvieron Cuba, China, Bolivia, Ecuador, Brasil, Paraguay, El Salvador, Venezuela, además de Saudi Arabia, India, Iraq, Suráfrica, entre otros. Rusia no estaba ese año en el Consejo por lo cual no pudo votar a favor. En contra votaron Alemania, Japón, Países Bajos, EE. UU., Portugal, Reino Unido, Albania, Bélgica, Corea, Suiza y cinco gobiernos más. En ese mismo período de sesiones del CDDHH, el 14SEP17 se realizó una “mesa redonda” bianual sobre “medidas coercitivas unilaterales”.

En esa oportunidad la coordinación de esa “mesa” fue asignada al representante de Maduro en el Consejo, el embajador Jorge Valero, quien incluyó entre los ponentes a dos personas que en el futuro serían llevadas a Venezuela en operaciones de apoyo al régimen chavista: el para entonces “relator especial” Alfred de Zayas y la para entonces experta invitada Alena Douhan. Los defensores del régimen chavista, supuestamente “independientes”, se mostraban actuando coordinadamente en este evento ocurrido en Ginebra.

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El embajador chavista Jorge Valero, Alena Douhan y Alfred de Zayas en un evento en el CDDHH en Ginebra el 14SEP17. Foto: ONU.

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El primero en ocupar el cargo de relator sobre “impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales” desde el 01MAY15 fue el argelino Idriss Jazairy, quien falleció el 27FEB20. La posición de Jazairy fue asignada rápidamente a Alena Douhan. El mandato de Douhan fue además prolongado por tres años, hasta el 2023, mediante una resolución del CDDHH del 06OCT20 presentada por Azerbaiyán y la delegación palestina. No queda duda de que el rol de la relatora Douhan es de altísima importancia política para un grupo de países confrontados contra EE. UU.

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En repetidas ocasiones, en documentos y declaraciones de prensa, el relator especial Idriss Jazairy se mostró favorable a los gobiernos de Rusia, Cuba, Venezuela e Irán, por lo que resultaba una figura particularmente útil en las campañas de propaganda contra las sanciones impuestas por EE. UU. y la Unión Europea. Su fallecimiento impidió que Jazairy cumpliera una invitación ya extendida por el régimen Maduro en 2019, la cual finalmente fue atendida por Alena Douhan.

Douhan estuvo en Venezuela entre 01FEB y 12FEB21 y sostuvo decenas de reuniones con altos jerarcas del régimen, así como con líderes opositores incluyendo a Juan Guaidó.

En su informe preliminar entregado a la prensa antes de su partida, Douhan dejó en evidencia que su visita estaba orientada a producir un informe contra la política de sanciones de EE. UU. al régimen chavista.

“El Relator Especial insta a todos los Estados a revisar y levantar las sanciones selectivas” concluye en el informe asegurando que “las sanciones impuestas contra Venezuela, sus ciudadanos y empresas afectan a personas en Venezuela y fuera de su territorio, tanto en el sector público como en el privado; nacionales de terceros países y empleados de empresas de terceros países afectados por sanciones secundarias o el miedo a ellas”.

El objetivo de la visita de Douhan estaba cumplido: el gobierno de facto cuenta con un documento con el sello de la ONU para alegar que la situación económica venezolana se debe a las sanciones externas y no al sistema político y la conducción económica durante dos décadas de chavismo. La difusión del informe Douhan, en la intrincada red de propaganda internacional castrochavista y sus aliados internacionales, comenzó de inmediato en lugares tan distantes como Washington, Berlín o Madrid buscando presionar a los gobiernos de Joe Biden y a la Unión Europea para que moderen las sanciones

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La Casa Blanca dejó saber que no pretende disminuir sus actividades con el gobierno de Jair Bolsonaro y calificó como una “asociación vibrante” las relaciones de EE. UU.. y Brasil. El comentario fue hecho por la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, durante la rueda de prensa del 08FEB21. El mimetismo de Bolsonaro con respecto de Donald Trump así como la agenda ambientalista, entre otros asuntos, hacía presumir un alejamiento entre Washington y Brasilia.

La corresponsal del diario carioca O Globo, Raquel Krähenbühl, interrogó a Psaki sobre el informe elaborado por un grupo de presión izquierdista denominado “Rede nos Estados Unidos pela Democracia no Brasil” el cual recomendó que el gobierno Biden imponga sanciones a Brasil y limite sus relaciones con Bolsonaro acusándolo de acciones contra los derechos humanos y el ambiente.

El informe, uno más de incontables papeles que circulan en Washington especialmente en tiempos de inicios de gobierno, era presentado por sectores opositores brasileños, incluyendo la cadena O Globo, como un elemento que perjudicaría a Bolsonaro. Psaki no mostró interés en el informe que según algunos medios brasileños ya circulaba en la Casa Blanca y determinaría el futuro de las relaciones bilaterales.

La periodista de O Globo repreguntó dejando ver un claro sesgo antiBolsonaro: “Pero, Jen, las políticas del presidente brasileño y del presidente Biden, en muchos temas (clima, derechos de los homosexuales, otros) son muy diferentes. ¿Cómo pueden trabajar juntos?”. La vocero oficial optó por dejar sentada la posición de su gobierno: “al igual que en muchas de nuestras relaciones, buscamos oportunidades para trabajar juntos en temas en los que existe un interés nacional conjunto. Y, obviamente, existe una relación económica importante, y no nos detendremos en áreas en las que no estemos de acuerdo, ya sea el clima o los derechos humanos, o de otro tipo. Y ese será también el camino a seguir en nuestra relación con Brasil”.

Tres días después, el 11FEB21, el secretario de Estado Blinken telefoneó por primera vez al canciller brasileño Ernesto Araújo, con lo cual se abrieron relaciones directas entre los gobiernos de Joe Biden y Jair Bolsonaro.

Hasta el 19FEB21, el secretario Blinken había sostenido conversaciones telefónicas con sus colegas de México, Colombia, Brasil, Guatemala, El Salvador y Honduras.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | Biden confirma política dura hacia régimen chavista, Edgar C. Otálvora

Joe Biden escoltado por Kamala Harris y Antony Blinken el 04FEB21. Foto: Departamento de Estado.

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El 04FEB21 se produjo la primera alocución de Joe Biden sobre política exterior desde que tomó posesión el 20ENE21. Biden visitó el Departamento de Estado y realizó un esperado pronunciamiento en el cual afirmó que “EE. UU. está de regreso EE. UU. está de vuelta. La diplomacia vuelve a estar en el centro de nuestra política exterior”.

Biden afirmó que “el liderazgo estadounidense debe enfrentar este nuevo momento de avance del autoritarismo, incluidas las crecientes ambiciones de China de rivalizar con EE. UU. y la determinación de Rusia de dañar y perturbar nuestra democracia”. El mismo día el gobierno de EE. UU. dejó sin efecto la orden emitida por Donald Trump para retirar hasta doce mil efectivos militares acantonados en Alemania.

Canadá, México, Reino Unido, Alemania, Francia, la OTAN, Japón, Corea del Sur y Australia fueron los socios mencionados por Biden con los cuales ya había entrado en contacto. En la alocución de Biden, en la cual incluso se pronunció contra el reciente golpe de estado en Birmania, no apareció alguna referencia a Latinoamérica.

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Por cierto, a lo largo de las dos semanas desde que asumió el cargo de Secretario de Estado, Antony Blinken había realizado decenas de llamadas a sus colegas pero solo se había comunicado con dos cancillerías latinoamericanas: México y Colombia.

Las estrechas relaciones tejidas entre los gobiernos de EE. UU. y Brasil, gracias a la diplomacia personal y la empatía entre Donald Trump y el brasileño Jair Bolsonaro, pareciera que quedarán en el pasado.

Ante la falta de señales desde Washington, el canciller brasileño Ernesto Araújo decidió invitar al embajador de EE. UU. en Brasilia, Todd Chapman, para un almuerzo el 04FEB20 en el Palacio de Itamaraty en Brasilia. Araújo ratificó a Chapmam el interés de Bolsonaro en mantener estrechos vínculos con el nuevo gobierno estadounidense.

En medios diplomáticos de EE. UU. se estima que las relaciones con Brasil tenderán a regresar a una normalidad operativa dirigida desde el Departamento de Estado sin estridencias de amistad vertidas en las redes sociales. El 04ENE21, Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente y diputado federal, publicó en su cuenta en Instagram una fotografía tomada en la Casa Blanca. En la imagen puede verse a Ivanka Trump llevando en brazo a la hija de Eduardo Bolsonaro, quien aparece junto a su esposa. La familiaridad de la escena y su difusión confirmaban el tipo de relación personal que Trump y Bolsonaro establecieron y sobre la cual funcionó la política exterior de Brasil en los últimos años.

En medios empresariales brasileños existen temores de que la agenda ambientalista del gobierno Biden se convierta en motivo para un distanciamiento político e incluso para justificar el cierre a las exportaciones brasileñas hacia EE. UU.

En Brasilia, como en casi todas las capitales latinoamericanas, el gobierno aún espera señales sobre la real política que Biden y su equipo implementarán para la región.

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El más completo pronunciamiento del gobierno Biden sobre Venezuela fue emitido el 03FEB21 por el vocero del Departamento de Estado Ned Price, durante su rueda de prensa diaria. Ante una pregunta de la periodista venezolana Gaby Perozo de VPItv, Price desarrolló la posición de su gobierno ante Venezuela lo que conllevó a un largo e inusual intercambio sobre el tema entre los periodistas acreditados en el Departamento de Estado y el vocero.

 “El objetivo primordial de la administración Biden-Harris es apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, y ayudar al pueblo venezolano a reconstruir sus vidas y su país” fue la premisa de Price. Además afirmó que EE. UU. sigue reconociendo a la Asamblea Nacional 2015 como la última institución democrática que queda en Venezuela, y en consonancia con eso, la persona elegida por la Asamblea Nacional para ser su presidente como presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó”.

Price desmintió que su gobierno se propusiera mantener conversaciones con Nicolás Maduro a quien calificó como “dictador”. Afirmó que “no esperamos ningún contacto con Maduro en el corto plazo. Nuestro enfoque está en trabajar con nuestros aliados y socios, trabajar con socios en la región” (…) “foros afines que comparten los mismos objetivos de lograr la democracia y los derechos humanos y el fin de esta dictadura corrupta en Venezuela”.

Por cierto, corre el rumor según el cual Ricardo Zúñiga, quien trabajó como parte del equipo del gobierno Obama en asuntos como las sanciones al régimen venezolano y las negociaciones con Cuba, estaría reingresando al Departamento de Estado. El hondureño-estadounidense actuaría como segundo en la subsecretaría del Hemisferio Occidental que estará en manos de Brian Nichols. Zuñiga ha cumplido funciones como diplomático y analista sobre Latinoamérica e incluso sirvió en la embajada de EE. UU. en Brasilia.

En tanto, la oposición venezolana está negociando una visita a Washington. Representantes de los partidos que forman la alianza que respalda a Juan Guaidó procuran una serie de reuniones con el nuevo gobierno de EE. UU. y con voceros parlamentarios para exponer la situación venezolana y conocer de primera mano la óptica sobre Venezuela.

A su vez, el gobierno Biden mantiene la política de sanciones al régimen chavista en los términos como el gobierno Trump los fue imponiendo. El 02FEB21 el Departamento de Tesoro emitió la autorización 30A, complemento de la emitida por el gobierno Trump, mediante la cual permitió que empresas y ciudadanos de EE. UU. realicen limitadas operaciones con los puertos del gobierno venezolano.

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Las usuales visitas de diplomáticos noruegos suelen desatar inmediatos bulos sobre hipotéticos pactos entre el régimen chavista y la oposición venezolana. A principios de febrero se conoció de la presencia de representantes del Ministerio de Exteriores del Reino de Noruega en Caracas. Consultada por este Informe, la vocera del Ministerio de Exteriores noruego Trude Måseide se limitó a emitir una corta declaración el 05FEB21: “Confirmamos que una delegación noruega está visitando Caracas para obtener una actualización sobre la situación política y humanitaria en Venezuela”.

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Dado que Noruega cerró su embajada en Caracas en 2013, el embajador noruego en Colombia ejerce como “Embajador concurrente” ante Venezuela. El seguimiento de la situación venezolana lo realiza discretamente desde su misión diplomática en Bogotá y, además, periódicamente llegan a Caracas enviados desde Oslo coordinados por la “Sección de Paz y Reconciliación” de su Ministerio de Exteriores. Este Informe consultó a la vocera oficial noruega sobre la composición de la misión enviada a Caracas a principios del mes de febrero y sobre su agenda de trabajo pero Måseide se abstuvo de proporcionar otros detalles.

Desde el 07AGO19 cuando Maduro suspendió las conversaciones que sostenía en Barbados con la oposición venezolana bajo el auspicio de Noruega, la cancillería noruega ha mantenido contactos permanentes y ha enviado delegaciones a Caracas.

El programa que cumplen los noruegos suele ser similar al de los enviados de la UE que también frecuentan la capital venezolana; reuniones con Juan Guaidó y directivos de la alianza partidista que lo respalda, con representantes de ONG y de la genéricamente denominada “sociedad civil”, diplomáticos extranjeros y con el canciller de Maduro y otros altos jerarcas del régimen. En cada ocasión los rumores en Caracas y Miami estallan sobre supuestas nuevas negociaciones.

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Noruega se muestra dispuesta a reanimar un proceso de diálogo entre las distintas fuerzas políticas venezolanas pero, según varias fuentes diplomáticas europeas, los diplomáticos noruegos consideran que no están presentes las condiciones en Venezuela para una nueva ronda de negociaciones. Si bien Noruega no forma parte de la Unión Europea, suele compartir información con el Servicio Exterior de la UE cuyo jefe, Josep Borrell, dejó saber el 28ENE21 que sus colegas noruegos “no consideran que se den las condiciones” y “habrá que esperar a que todo el mundo se resitúe”.

Oficialmente Noruega reconoce al gobierno de facto de Maduro aunque desconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional instalada el 05ENE21 por el chavismo. “La instalación de una nueva Asamblea Nacional no altera las relaciones de Noruega con Venezuela. De acuerdo con la política establecida, las autoridades noruegas se relacionan con el gobierno que gobierna Venezuela. Anteriormente hemos expresado nuestro apoyo a la Asamblea Nacional elegida democráticamente y a su líder Juan Guaidó, y seguiremos relacionándonos con la oposición”, decía un comunicado entregado el 06ENE21.

Por cierto, el gobierno alemán decidió ofrecer una muestra pública de respaldo a la oposición venezolana, luego de que la agencia de noticias rusa RT y el régimen chavista divulgaran la falsa versión de un cambio de posición de Alemania ante la situación en Venezuela. Leopoldo López, el jefe político del partido de Juan Guaidó, fue recibido el 04FEB21 en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania por el ministro de Estado Niels Annen y por el secretario de Estado Miguel Berger.

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El reconocimiento y el eventual apoyo de gobiernos extranjeros es un elemento clave para la oposición venezolana, en la medida en que ve cerrados los espacios de acción política interna y el gobierno de facto tiende a normalizarse.

El fin del período para el cual fue electa en 2015 la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó y la instalación de una asamblea totalmente controlada por el chavismo, creó una serie de dilemas de interpretación legal en los distintos aliados internacionales de la oposición con lo cual, por ejemplo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea decidieron por no reconocer a ninguna Asamblea Nacional venezolana y, en consecuencia, mantener el respaldo a Guaidó pero negándole la condición de presidente interino.

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El gobierno de Panamá comenzó a distanciarse de la oposición venezolana en lo que pareciera una toma de la diplomacia panameña por parte de sectores vinculados con el régimen cubano.

En mentideros políticos de Ciudad de Panamá se comenta que el presidente Laurentino Cortizo no mantiene control de su cancillería. La política exterior de Panamá estaría siendo orientada en temas claves desde la dirección del partido gobernante PRD a manos del secretario general Pedro Miguel González. En la cancillería opera como asesor el intelectual Nils Castro, estrechamente vinculado con el régimen cubano. González, quien recibió protección de Cuba cuando fue acusado de asesinar a un soldado estadounidense en 1992, mantiene vínculos directos con el régimen cubano y el 18FEB20 fue recibido en La Habana por Miguel Díaz-Canel.

El panameño habría sido el negociador con Cuba del envío de 220 funcionarios cubanos a Panamá que arribaron el 24DIC20 bajo la cobertura de personal médico e, igualmente, está orientado el cambio de posición panameña ante Venezuela.

González, junto con la parlamentaria Sandra Noriega y cuatro miembros de la dirección nacional del PRD incluyendo a su secretario de Relaciones Internacionales Héctor Alemán, viajó a Venezuela en calidad de invitado del régimen para presenciar las votaciones legislativas del 06DIC20. Los representantes del partido oficialista panameño, en contraste con su propio gobierno, avalaron las votaciones legislativas del 06DIC20. El grupo fue recibido en el Palacio de Miraflores el 07DIC20 donde fueron atendidos personalmente por Nicolás Maduro. 

Cuando el Grupo de Lima emitió el 05ENE21 un pronunciamiento desconociendo la Asamblea Nacional instalada ese día por el chavismo y ratificando su reconocimiento a Juan Guaidó, la cancillería panameña junto con la de Argentina se negó a suscribir el documento. Panamá emitió su propio comunicado en el cual retiró su reconocimiento a la Asamblea Nacional encabezada por Guaidó aunque afirmó que la nueva posición panameña “no puede ser interpretada como un reconocimiento a la legitimidad del régimen de Nicolás Maduro”.

El 08ENE21 la cancillería panameña citó a su sede a Fabiola Zavarce, cercana al “canciller” de la oposición venezolana Julio Borges, para notificarle que a partir de ese día Panamá no reconocía al “gobierno Guaidó” y en consecuencia no la reconocía a ella como representante diplomática venezolana.

Zavarce había entregado sus cartas credenciales el 18MAR19 al entonces presidente Juan Carlos Varela, cuyo gobierno la reconoció como embajadora representante de Venezuela. Pese a la promesa de mantener de bajo perfil la decisión contra la representante venezolana, la cancillería panameña envió el 04FEB21 una nota diplomática a todas las misiones extranjeras presentes en Panamá informándoles de la decisión transmitida a Zavarce el 08ENE21.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad,. Y  no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | EE. UU. busca coordinar con Europa y Colombia acciones sobre Venezuela, por Edgar C. Otálvora

El secretario Antony Blinken a su ingreso al Departamento de Estado el 27ENE21 saludado por la diplomática Julie Chung encargada del Hemisferio Occidental. Foto Departamento de Estado.

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En Brasilia corren crecientes rumores de conspiraciones políticas para defenestrar a Jair Bolsonaro de la presidencia de la República.

En los mentideros políticos brasilienses y paulistanos se analizan diversas opciones legales para forzar la salida anticipada del presidente bajo acusaciones de crímenes de responsabilidad. Las vías judiciales contra Bolsonaro mediante activación del Supremo Tribunal Federal o del Tribunal Superior Electoral parecieran poco probables, por lo que el tema se centra en la aprobación de un proceso de impeachment análogo al instaurado contra Fernando Collor en 1992 y contra Dilma Rousseff en 2016.

La iniciativa de activar el enjuiciamiento político al presidente está en manos del presidente de la Cámara de Diputados por lo cual la designación del nuevo jefe de la Cámara, pautada para el 01FEB21, es un paso clave para la supervivencia de Bolsonaro en el cargo y su eventual procura de la reelección en 2022. Más de sesenta solicitudes de apertura de impeachment han sido recibidas por la presidencia saliente de la Cámara sin haber tramitado ninguna. Corresponderá al nuevo presidente de la Cámara evaluar esas solicitudes, guardarlas o escoger una para iniciar el enjuiciamiento a Bolsonaro.

Los pactos políticos que Bolsonaro ha ido construyendo con antiguamente odiados partidos políticos mediante la repartición de cargos, el apoyo de poderosas y ricas iglesias evangélicas y del agronegocio, y la ausencia de una alianza opositora, hacen ver que la destitución del presidente brasileño no prosperará, salvo que se produzca un gran deterioro del ambiente político que impacte la popularidad del mandatario sin partido propio.

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Las declaraciones y acciones del entrante gobierno de EE. UU. han confirmado que el “tema Venezuela” no es un asunto urgente en su agenda.

El 27ENE21, el nuevo Secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken, durante su inaugural rueda de prensa en el Departamento de Estado fue interrogado en primer término por el corresponsal de AP, Matt Lee: “¿cuáles son sus prioridades para completar la revisión para posiblemente revertir, rescindir, o retroceder?”. Blinken afirmó que “estoy particularmente centrado en la cuestión de las sanciones a los hutíes”. Es decir, el primer tema que le vino a la mente al nuevo Secretario de Estado de EE. UU. fue el conflicto en Yemen con una nada velada crítica a Arabia Saudita.

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El ahora secretario de Estado Blinken se había referido a Venezuela cuando hizo comparecencia ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de EE. UU., el 19ENE21, en procura de la confirmación de su designación. En su declaración inicial, Blinken no se refirió a Latinoamérica. Resaltó la creciente rivalidad de China, Rusia y otros estados autoritarios y mencionó adicionalmente a Irán y Corea del Norte.

Una intervención del senador Marco Rubio hizo que Blinken debiera pronunciarse sobre Venezuela. “¿Considera que nuestra postura hacia Venezuela debe cambiar, en esencia, que ya no debemos reconocer a Juan Guaidó y entablar negociaciones con Maduro?”, preguntó Rubio. Blinken respondió “No, estoy muy de acuerdo con usted”, en cuanto “a pasos que se dieron hacia Venezuela en los últimos años, incluido el reconocimiento del señor Guaidó, el reconocimiento de la Asamblea Nacional como la única institución elegida democráticamente en Venezuela, buscando aumentar la presión sobre el régimen liderado por el brutal dictador Maduro”. Blinken agregó una frase que resume la posición que el Partido Demócrata vertió en su plataforma electoral del 2020: “la parte difícil es que a pesar de todos esos esfuerzos, que apoyo, obviamente no hemos obtenido los resultados que necesitamos”, dijo el nuevo Secretario de Estado.

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Durante sus primeros tres días frente al Departamento de Estado, según la agenda pública, Blinken realizó llamadas telefónicas a sus colegas de Canadá, México, Japón, República de Corea, Francia, Alemania, Reino Unido, Australia, Filipinas, Tailandia, Israel, Iraq, Afganistán, Italia, Jordania, Suráfrica, India, Pakistán, Nueva Zelandia y Suecia, así como al presidente de la Unión Africana, al secretario de la OTAN y al Alto Representante de la Unión Europea. La llamada al canciller mexicano Marcelo Ebrard fue la única a un gobierno latinoamericano y se produjo en el contexto del Tratado EE. UU. – México – Canadá T-MEC y por la relevancia que el gobierno Biden le concede al asunto migratorio.

En horas de la tarde del viernes 29ENE21, Blinken se comunicó con su colega colombiana Claudia Blum y en su conversación expresamente se mencionó el “tema Venezuela”. Según la nota de EE. UU., entre otros temas “discutieron su compromiso compartido con el restablecimiento de la democracia y la estabilidad económica en Venezuela, y la importancia de los esfuerzos para satisfacer las necesidades humanitarias de los migrantes venezolanos en Colombia y en toda la región”. Biden e Iván Dique mantendrían una pronta conversación telefónica, según la versión de la cancillería colombiana.

En todo caso, la sensación general es que Latinoamérica no está entre las primeras materias en mente de los nuevos gerentes de la política exterior de EE. UU. Nada nuevo en Washington, por lo demás.

Luego de la conversación de Josep Borrell con Blinken del 28ENE21, el representante europeo decidió convocar para el 02FEB21 una reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela. Tan solo unas horas antes, en entrevista concedida a EFE y Europa Press, Borrell se había mostrado reacio a adelantar una sesión del GIC porque a su juicio ese grupo formado por gobiernos europeos y latinoamericanos “parece que es una bala que no hay que gastar” (…) “hay que esperar a tener más claridad y mejor conocimiento de cuáles son las posiciones de los distintos actores, entre ellos la administración americana”. 

Pareciera que la conversación con Blinken fue la señal que Borrell esperaba si bien Venezuela no es mencionada en los comunicados del Departamento de Estado y del Servicio Exterior de la UE sobre esa teleconferencia.

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Por cierto, el presidente ecuatoriano Lenin Moreno viajó el 25ENE21 a Washington en medio de los reajustes de cambio de gobierno y fue atendido solo por funcionarios de tercer o cuarto escalón, entre ellos el director para el Hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional Juan González y la diplomática Julie Chung, quien provisionalmente está encargada de la subsecretaría de Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado.

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La única declaración sobre Venezuela por parte del gobierno Biden se produjo el 26ENE21, cuando la vocera de la Casa Blanca Jen Psaki fue interrogada sobre la prohibición de deportar venezolanos ordenada por Donald Trump pocas horas antes de su salida de la Casa Blanca. “¿Puede darnos una actualización de su posición sobre eso?” preguntó a Psaki uno de los corresponsales. La secretaria de Prensa, veterana en esas lides, recurrió a su libro de notas donde leyó una declaración genérica sobre Venezuela. “Si bien el objetivo primordial de EE. UU. es apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones libres y justas, ha sido claro durante mucho tiempo —el presidente, quiero decir— que el enfoque de su administración hacia Venezuela se centrará en abordar la situación humanitaria, brindar apoyo al pueblo venezolano y revitalizar la diplomacia multilateral para presionar por un resultado democrático y perseguir a las personas involucradas en la corrupción, abusos contra los derechos humanos, y perseguir a las personas involucradas en eso”.

Sobre el tema específico de la prohibición de deportación de venezolanos, Psaki dijo que “nuestro equipo de seguridad nacional está haciendo una revisión de todas las posiciones puestas en marcha por la administración Trump y proporcionaré una actualización cuando la tengamos”.

Psaki recurrió a una respuesta “de manual” para atender la consulta del corresponsal. Sin entrar en detalles, los cuales con certeza no han sido definidos por el nuevo gobierno, el texto que debió ser redactado por el equipo de transición puntualiza que Biden buscará una “transición” en Venezuela para lo cual procurará utilizar presión internacional. Sin referirse expresamente a la política de sanciones al régimen chavista, el texto reitera que EE. UU. continuará persiguiendo a los acusados de “corrupción y abusos contra los derechos humanos”.

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Las particularidades de la crisis venezolana han colocado a las principales cancillerías del planeta ante una lista de disyuntivas, nada fáciles de atender. Reconocer las elecciones presidenciales del 20MAY18 y en consecuencia reconocer la presidencia de Nicolás Maduro o desconocerlo considerándolo un mandatario de facto. Reconocer la continuidad de la Asamblea Nacional electa en 2015 y cuyo mandato fenecía el 05ENE21, reconocer a la Asamblea Nacional compuesta por chavistas y asociados que se instaló el 05ENE21, desconocer a ambas asambleas nacionales. Reconocer a Juan Guaidó como presidente de la República dada su condición de presidente de la Asamblea Nacional electa en 2015 (EE. UU., Canadá, Grupo de Lima, Reino Unido y diversos gobiernos europeos), reconocer a Guaidó solo como presidente de esa Asamblea Nacional (como lo hizo la Unión Europea desde 2019), desconocer a Guaidó en cuanto presidente de la República y presidente de la Asamblea Nacional por cuanto su mandato concluyó el 05ENE21. En el último caso, reconocer o desconocer a Guaidó como líder de la oposición e interlocutor en Venezuela.

La oposición venezolana había producido la tesis de la “continuidad constitucional”, según la cual ante la falta de una nueva Asamblea Nacional legítimamente electa, correspondería a los diputados votados en 2015 continuar ejerciendo su mandato y Guaidó mantenía su condición presidencial. Esta tesis ha resultado un duro hueso para roer por las asesorías jurídicas de muchos gobiernos. Solo una decisión política de altísimo nivel, como en el caso de EE. UU., Reino Unido, Brasil y Colombia ha permitido que esos gobiernos asuman la tesis y favorezcan a Guaidó.

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Tanto la Unión Europea con Panamá han dejado de reconocer a la Asamblea Nacional electa en 2015 sin reconocer a la implantada por el chavismo. El ministro de Exteriores de Países Bajos, Stef Blok, ha dicho que ni Guaidó ni Maduro pueden hablar en nombre de Venezuela. El canciller de República Dominicana dijo que a juicio de su gobierno reconocer a Guaidó como jefe de Estado interino después del 05ENE21 sería “sentar un precedente funesto hacia el futuro”, aunque igualmente no reconoce la asamblea instalada por el chavismo.

La Unión Europea en comunicado de Josep Borell del 05ENE21 manifestó que “va a mantener su relación con todos los interlocutores políticos y de la sociedad civil que están intentando restablecer la democracia en Venezuela, incluidos en particular Juan Guaidó y otros representantes de la Asamblea Nacional saliente, elegida en 2015, que constituyó la última expresión libre de los venezolanos en un proceso electoral”.

En la reunión de ministros de exteriores de la UE, celebrada el 25ENE21, fue aprobado un nuevo documento sobre Venezuela en el cual confirmaron su decisión de desconocer al poder legislativo impuesto por el chavismo. La UE se abstuvo pronunciarse expresamente sobre el reconocimiento de Guaidó como presidente del parlamento como la UE lo hacía desde enero del 2019. LA UE calificó “a los representantes de los partidos de oposición elegidos para la Asamblea Nacional de 2015, y especialmente a Juan Guaidó, así como a otros representantes de la oposición democrática” como “actores importantes e interlocutores privilegiados” y los alentó a “adoptar una postura unificada con vistas a un proceso inclusivo de diálogo y negociación”. Por cierto, los ministros europeos dejaron saber su disposición para coordinar con el gobierno de EE. UU. las nuevas acciones para solucionar la “crisis de Venezuela”.

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La agencia de propaganda del gobierno ruso RT se ha mostrado particularmente activa para falsear información sobre las posiciones europeas en cuanto a Guaidó.

El 28ENE21 el aparato propagandístico del régimen chavista distribuyó ampliamente la versión difundida desde Berlín por el funcionario de la agencia rusa, Florian Warweg, según la cual Alemania “deja de reconocer a Juan Guaidó”. El texto de la agencia rusa publicado originalmente en alemán, que incluye su propia interpretación de la constitución venezolana, está basado en una obvia manipulación de la rueda de prensa ofrecida el 27ENE21 por Christofer Burger, quien actúa como vocero del Ministerio de Exteriores de Alemania.

Warweg, quien en su página de Internet se muestra con una mascarilla en la que exalta a Julian Assange, es un abierto operador propagandístico de izquierda quien durante un agresivo intercambio de preguntas al vocero Burger, opinó que cualquier apoyo del gobierno alemán a Guaidó sería “contrario al derecho internacional e inconstitucional”. Burger, por su parte, le ratificó a Warweg que Alemania no reconoce a la Asamblea Nacional instalada por el chavismo y que “el Gobierno Federal seguirá apoyando a las fuerzas democráticas en Venezuela lideradas por Guaidó con el objetivo de promover la salida de la crisis a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles”. Burger incluso señaló en medio de la rueda de prensa a Warweg por distribuir “desinformación” sobre la posición alemana.

En ningún momento el vocero alemán afirmó que su gobierno mantenía o dejaba de reconocer a Guaidó en su condición de “presidente provisional” y sin embargo la versión de la agencia rusa dice lo contrario.

Ya desde el 25ENE21, la agencia rusa y en especial su reportero Warweg insistían en falsear la real situación de la Unión Europea ante Guaidó, anunciando un imaginario retiro de apoyo al venezolano. En realidad la Unión Europea, como entidad supranacional, nunca reconoció a Guaidó como jefe del Ejecutivo lo que correspondió a cada uno de los gobiernos partes de la UE que sí lo apoyaron desde 2019.

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Ya está disponible en versión en papel rústica la versión en inglés de CASTRO & CHAVEZ de Edgar C. Otálvora Las ediciones en español e inglés circularon en 2011 pero solo en versión digital. En esa obra se reconstruye el proceso mediante el cual el pacto entre Hugo Chávez y Fidel Castro permitió la intervención cubana en la otrora próspera sociedad venezolana. Está disponible en Amazon.

Artículo publicado inicialmente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | Biden mantendría sanciones a régimen chavista, por Edgar C. Otálvora

La nueva nave de Guarda Costas de EE. UU. USCGC Stone realizando ejercicios con fuerzas militares de Guyana el 09ENE21. Foto @USCGLANTAREA

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La política de EE. UU. hacia Venezuela no cambiaría drásticamente al iniciarse el gobierno presidido por Joe Biden. El esquema de sanciones contra el régimen chavista se mantendrá, así como el desconocimiento a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y de su “Asamblea Nacional” instalada el 05ENE21.

Si bien el equipo de política exterior y de seguridad nacional del nuevo gobierno ya ha sido nominado, la definición y puesta en operación de iniciativas propias hacia Venezuela deberán esperar, en tanto no parecieran ser una prioridad.

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Las designaciones anunciadas, incluyendo la de Antony Blinken como Secretario de Estado, del diplomático William J. Burns como Director de la CIA, de Jake Sullivan como Asesor de Seguridad Nacional y del colombo-estadounidense Juan S. González como director para el Hemisferio Occidental del Consejo d Seguridad Nacional, dejan ver que en los primeros escalones del gobierno Biden estarán funcionarios con conocimiento de política latinoamericana, con trabajo previo y opinión formada sobre los temas regionales incluyendo la crisis venezolana.

Por cierto, ninguno de ellos es un radical de izquierda y algunos se han mostrado favorables a la línea de presión mediante sanciones aplicada por el gobierno Trump al régimen chavista.

De hecho, William Burns en una entrevista con Moisés Naim aseguró que la estrategia del gobierno Trump hacia Venezuela “va en la dirección correcta”, refiriéndose a la presión política y económica y al trabajo con otros países del continente y de Europa. “Mientras no caiga en la tentación de intervenir por la vía militar la diplomacia hacia Venezuela Trump va por buen camino”, decía Burns en mayo de 2019.

Video “La estrategia de Trump con Venezuela es correcta”: William Burns conversa con Moisés Naím. En EfectoNaim

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El principal enviado diplomático de Juan Guaidó en EE. UU., Carlos Vecchio, fue incluido en el listado de representantes extranjeros que asistirán a la ceremonia de juramentación de Biden el 20ENE21. La administración saliente y el equipo de transición coincidieron en esa decisión. La invitación a Vecchio fue confirmada al Informe Otálvora por operadores de Guaidó localizados en EE. UU., quienes la evalúan como un primer espaldarazo. Las nominaciones de Antony Blinken y Juan S. González así como la de Samantha Power al frente del organismo para ayuda internacional USAID, son evaluadas positivamente por el entorno de Guaidó, quienes lo evalúan como potenciales interlocutores.

El 29DIC20, el representante de Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, confió a este Informe que a esa fecha no se había producido un contacto directo y oficial con el equipo de transición de Biden, aunque mencionó contactos informales e indirectos. Oficialmente, el equipo de Biden para la transición no realiza reuniones con “gobiernos extranjeros” para el concepto de “un solo gobierno”, aunque son múltiples las vías para acceder a los oídos del nuevo gobierno. En mentideros latinoamericanos de Washington se comenta sobre las aproximaciones que han intentado diversas facciones de la oposición venezolana procurando exponer sus opuestas posiciones.

Pese a las tensiones entre el gobierno saliente y el equipo de transición, los temas de política exterior habrían sido tratados en diversas reuniones a nivel del Departamento de Estado. El 08ENE21 se produjo una primera reunión entre el saliente Mike Pompeo y el entrante Antony Blinken. El representante especial para Venezuela e Irán, Elliott Abrams, ha dejado saber sobre sus encuentros con representantes de Biden encabezados por la encargada del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en tiempos de Barack Obama, Roberta Jacobson.

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EE. UU. intenta crear una alianza militar en Suramérica, que incluiría al gobierno izquierdista de Argentina, para limitar la presencia de China en aguas del Atlántico y el Pacífico en faenas de pesca industrial.

La nueva embarcación del Servicio de Guarda Costas de EE. UU., la “cortadora” USCGC Stone, inició su primera misión el 22DIC20 dirigiendo popa hacia el Atlántico Sur “para combatir la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada al tiempo que fortalece las relaciones por la soberanía y seguridad marítimas en toda la región”. Aparte de cumplir tareas antinarcóticos como parte de las operaciones del Comando Sur, la nave fue encomendada para realizar maniobras con las Fuerzas de Defensa de Guyana y con la armada de Brasil con paradas en los puertos de Río de Janeiro y Salvador. El plan incluye visitas a Montevideo en Uruguay y Mar de la Plata en Argentina.

El USCGC Stone tiene 120 tripulantes y puede permanecer en el mar 60 días sin soporte. Su primera misión en el Atlántico Sur está directamente relacionada con la presencia de flotas chinas en prolongadas faenas frente a las costas de Suramérica realizando pesca INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada).

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El 09ENE21 navegaba en aguas de Guyana la nave USCGC Stone de los Guarda Costas de EE. UU. para realizar maniobras con pequeñas embarcaciones de las Fuerzas de Defensa de Guyana. El régimen chavista, por medio de la vicepresidenta Delsy Rodríguez y del ministro de Defensa Vladimir Padrino, calificó el 11ENE21 como “ejercicios militares” el despliegue de la nave estadounidense, lo cual sería una “provocación y amenaza”.

El régimen chavista, que durante dos décadas desacreditó los reclamos territoriales venezolanos sobre el territorio Esequibo, ahora intenta levantar banderas nacionalistas alrededor del tema.

“Estamos en presencia de una acción agónica de las últimas horas del gobierno de Donald Trump” dijo Rodríguez, pero en realidad la actividad de la USCGC Stone no es una acción circunstancial del gobierno saliente sino parte del plan de expansión de las fuerzas militares de EE. UU. en el Hemisferio Occidental en respuesta al reto de Rusia y China.

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El 11ENE21 arribó a Georgetown el almirante Craig Faller, quien iniciaba una corta gira en Guyana y Suriname, dos países que se han convertido en recientes aliados de EE. UU. En su primera noche en Georgetown, el comandante del Comando Sur de EE. UU. compartió manteles con el nuevo presidente guyanés, Irfaan Ali, en una cena ofrecida por la embajadora estadounidense Sarah-Ann Lynch. Al día siguiente, Faller sostuvo una reunión con Ali y el alto gobierno guyanés, a la vez que suscribió un acuerdo de cooperación logística con el jefe del estado mayor de Guyana, brigadier Godfrey Bess. El 13ENE21, Craig llegó a Surinam donde fue recibido por el presidente Chan Santokhi, con quien discutió planes de cooperación militar.

La presencia de Faller en Guyana coincidió con el apoyo brindado por el Departamento de Estado de EE. UU. (además de Canadá y los miembros de Caricom) al gobierno de Guyana en relación al proceso judicial entablado contra Venezuela en la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo territorial. Por cierto, el 15ENE21, el ministro de exteriores de Guyana, Hugh Todd, sostuvo una teleconferencia con su homólogo brasileño Ernesto Araújo quien aseguró que Brasil no reconoce cualquier medida que el gobierno ilegitimo de Maduro tome en relación a Guyana.

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En Ecuador se realizarán elecciones presidenciales y legislativas el 07FEB21 en lo que constituye una batalla entre el castrochavismo continental y los sectores democráticos ecuatorianos. El proyecto de retoma del poder por parte de la izquierda castrochavista, anunciado ampliamente por el Grupo de Puebla, tiene su próxima cita en Ecuador intentando llevar a la Presidencia a un pupilo de Rafael Correa de nombre Andrés Arauz.

El aparato político, financiero y propagandístico movido por el castrochavismo a nivel internacional, incluyendo una encuestadora propia, está volcado para fortalecer a Arauz como ya ocurrió en Bolivia para las elecciones del 18OCT20, cuando un candidato de Evo Morales recuperó el poder. Arauz, un economista de 35 años de edad, es un total desconocido para parte importante de la población y está recurriendo a spots publicitarios en los cuales la voz cantante la lleva Correa. El expresidente permanece prófugo en el extranjero tras haber sido condenado por corrupción en una sentencia a ocho años de cárcel ya confirmada por la Corte Nacional.

En la primera vuelta participarán dieciséis candidatos incluyendo al expresidente Lucio Gutiérrez. Entre ellos solo tres figuran con posibilidades de éxito: el candidato del correísmo Andrés Arauz, el empresario Guillermo Lasso del movimiento CREO quien busca la Presidencia por tercera vez y, el dirigente indígena Yaku Sacha Pérez postulado por el movimiento Pachakutik.

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Un ausente en la lista de candidatos ecuatorianos es el empresario Álvaro Noboa, cuya postulación fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral el 31OCT19. Desde entonces Noboa, quizás el hombre más rico del país, ha recurrido a distintas instancias legales, nacionales e internacionales, para exigir la aceptación de su candidatura. Incluso, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en una inusual medida, se pronunció el 06ENE21 solicitando al estado ecuatoriano permitir que Noboa “sea inscrito” como candidato en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, que ha sido obviada por el CNE. La opción de Noboa no aparece en las encuestas electorales públicas. Una encuesta privada realizada 26-27DIC20, a la cual tuvo acceso el Informe Otálvora, otorga a Noboa un 14 % de la intención de voto, colocándolo de tercero en la disputa apenas debajo de Lasso quien en esa medición aparece en segundo lugar.

Las proyecciones de las principales encuestas colocan a Arauz en primer lugar pero los datos hacen suponer que ningún candidato reunirá el 50 %. Algunas mediciones indican que hasta el 40 % de los electores aún no decide su voto lo que podría generar una sorpresa en día de las elecciones. En caso de mantenerse el cuadro mostrado por las encuestas, habrá una segunda vuelta pautada para el 11ABR21, en la cual competiría el candidato castrochavista contra Guillermo Lasso.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | Tema Venezuela en espera de señales de Biden, por Edgar C. Otálvora

Joe Biden reunido el 12FEB15 con opositores venezolanos encabezados por Lilian Tintori. Foto Twitter Juan S. Gonzalez @Cartajuanero

 

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La crisis venezolana no es un tema prioritario en la agenda de arranque del gobierno de Joe Biden, como tampoco lo fue para los anteriores mandatarios de EE. UU.

Los primeros movimientos de Biden hacia Latinoamérica, incluyendo una conversación con el mandatario mexicano del 19DIC20, adelantan el interés de Biden en atender el tema migratorio. Por cierto, el comunicado del equipo de Biden sobre su conversación con López Obrador deja ver que la nueva administración estadounidense seguirá intentando frenar la llegada de migrantes latinoamericanos.

Según el comunicado, Biden y AMLO hablaron de “lidiar con las causas fundamentales de la migración en El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur de México”. Y “discutieron la colaboración en un nuevo enfoque de la migración regional que ofrece alternativas a emprender el peligroso viaje a los EE. UU”.

Biden ofreció “un nuevo enfoque ordenado y humano de la migración que respete las normas internacionales sobre el trato de las solicitudes de asilo”. Hasta la fecha solo AMLO ha recibido una llamada telefónica desde la oficina del presidente electo.

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Diversas fuentes aseguran que no existe una posición definitiva sobre el enfoque que el gobierno Biden asumirá ante la crisis venezolana, tema concatenado con las líneas de acción hacia Rusia, Irán, China y Cuba.

El venezolano Pedro Mario Burelli Briceño, quien reside en Washington y sigue con minuciosidad la política de EE. UU. hacia Venezuela, en un artículo del 19DIC20 solicitado por la revista bogotana Semana, expuso sus predicciones sobre las medidas de Biden hacia Venezuela: “se mantendrán las sanciones individuales, las sectoriales serán revisadas”; “no se detendrá la actuación de un poder judicial semiautónomo”; “continuará la presión de decenas de aliados democráticos”; se implementarán “sanciones inteligentes”; habrá “más acción multilateral” con “mejor engranaje con Europa”; “la reactivación del Grupo de Lima” y “negociaciones para lograr la entrada masiva de ayuda humanitaria”.

Pero el tema epicentral del modelo que la nueva Casa Blanca implemente hacia Venezuela pasa por la posición que adopte ante el statu quo creado con la existencia de un gobierno provisional encabezado por Juan Guaidó que se sustenta en el desconocimiento de los resultados de las votaciones parlamentarias efectuadas por el régimen el 06DIC20.

El gobierno Trump ha dejado saber que mantiene su reconocimiento a la Asamblea Nacional electa el 06DIC15 y a Guaidó como el presidente de esa Asamblea y en consecuencia como presidente encargado de Venezuela. A ese statu quo se le denomina en Venezuela como “continuidad constitucional”. En esa posición coinciden Colombia, Canadá, Reino Unido, Brasil y el departamento de Estado de Trump, pero en la Unión Europea y dentro de la propia alianza opositora venezolana ese esquema está siendo puesto en duda.

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La Unión Europea no reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela debido a que por lo menos cuatro gobiernos del total de veintisiete miembros no lo aceptan. Pero hasta ahora la UE reconoce a Guaidó como el presidente legítimo de la Asamblea Nacional. La UE no reconoció el proceso de votaciones del 06DIC20 y por lo tanto no reconocerá la legitimidad de los diputados que el 05ENE21 comenzarán funciones legislativas bajo el amparo del gobierno Maduro.

Se espera que a más tardar el 06ENE21 el Alto Representante Josep Borrell emita un comunicado dejando constancia del desconocimiento a la legislatura que instalará el chavismo. Pero como manifestara Borrell en rueda de prensa del 07DIC20, los cancilleres de la UE no han llegado a una conclusión sobre la posición que asumirán ante lo que parece un vacío legal de poder por cuanto la Unión Europea no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro y tampoco dará valor a su poder legislativo.

De hecho, en la reunión de ministro de Exteriores de la UE y Latinoamérica convocada por Alemania y celebrada el 14-15DIC20 no fue invitado ninguno de los dos gobiernos de Venezuela.

Aparte de las consideraciones de política exterior, la falta de una decisión sobre Venezuela por parte de la UE refleja el compás de espera abierto en múltiples temas internacionales, en espera de los cambios de señas que podrían comenzar a llegar desde Washington a partir del 20ENE21.

La próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE está convocada para el 25ENE21, la agenda aún no ha sido confeccionada pero en esa ocasión podría concretarse la posición europea ante la nueva situación en Venezuela. Mantener el reconocimiento a Guaidó como cabeza de la Asamblea Nacional, el reconocimiento a regañadientes del gobierno Maduro, mantener un estado de indefinición que permita la permanencia en Caracas de las embajadas europeas y de la oficina de la UE.

Las opciones siguen barajándose entre los ministerios de Exteriores europeos mientras desde Caracas las distintas facciones en que se ha dividido la oposición, así como aliados y operadores internacionales del chavismo, intentan influir en la postura europea.

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Según un operador de Juan Guaidó localizado en EE. UU. quien no forma parte de su cuerpo “diplomático”, consultado para este Informe, aseguró que ya habrían sostenido contactos con miembros del equipo de transición de Biden, aunque no precisó el nivel de esos contactos y las conclusiones del mismo. El embajador de Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, no atendió las consultas para este Informe sobre el mismo tema.

Fuentes venezolanas situadas en Washington vinculadas con Henrique Capriles Radonski aseguran que el excandidato presidencial, quien ahora reta el liderazgo de Guaidó, mantuvo contactos directos con el equipo de Biden antes de las elecciones del 03NOV20. En esos contactos Capriles habría expuesto su tesis sobre la finalización del mandato de la Asamblea Nacional electa en diciembre del 2015 y la necesidad de que EE. UU. cese en su apoyo a Guaidó y respalde un nuevo esquema.

En general, todo indica que se ha estado generando un flujo de mensajes desde los varios grupos opositores y desde el gobierno Maduro hacia posibles interlocutores en el entorno de Biden. Un consultor político venezolano que asesora campañas en diversos países de la región y que opera desde Washington, aseguró a este Informe que son más los mensajes que salen desde Caracas que las respuestas que llegan desde el equipo Biden.

Además pareciera que el equipo más cercano a Biden está actuando con particular discreción evitando o limitando contactos directos con voceros extranjeros, tratando de evitar una situación equiparable a la sostenida por el equipo de Donald Trump con respecto a Rusia en las elecciones y la transición del año 2016.

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El frente opositor que dio piso al gobierno provisional de Juan Guaidó se encuentra en trámites de disolución o, en todo caso, en procura de un difícil modus vivendi entre liderazgos que no se muestran dispuestos a congeniar una táctica compartida y mucho menos una estrategia común. No es un secreto que Henrique Capriles Radonski y Julio Borges (este último aún funge desde el exilio como canciller de Guaidó) están abiertamente enfrentados a Leopoldo López y a Guaidó.

Capriles Radonski y Borges preparan su aparato partidista para participar en elecciones regionales que convocará el régimen.

López y Guaidó se mueven dentro de un esquema promovido también por el Departamento de Estado de Trump que busca un gobierno de transición con participación del chavismo sin Maduro. No existe un plan opositor común que pueda ser presentado al nuevo gobierno de EE. UU. y, por el contrario, cada grupo está procurando ganar la voluntad de los asesores de Biden.

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Los aliados internacionales del régimen chavista y sectores empresariales domésticos, propugnan una fórmula que ha sido expuesta por el expresidente español José Luís Rodríguez Zapatero, el expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano y por el empresario venezolano Alberto Vollmer de Marcellus.

Samper resumió en un tuit del 23DIC20 la versión que maneja la izquierda global para “encontrar una salida pacífica a la crisis de Venezuela”, la cual supone que la Unión Europea “se baja de la entelequia de Guaidó” y “Biden flexibiliza el bloqueo económico”, mientras tocaría a Maduro aceptar “una refrendación democrática de un acuerdo” y la oposición deberá “coincidir en algo”. No queda muy claro a que se refiere Samper con el término de una “refrendación democrática”.

Zapatero, en entrevista con el canal Antena 3 reiteró lo que había afirmado el 06DIC20 desde Caracas. Rodríguez Zapatero califica como “un experimento” el apoyo de la Unión Europea a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional venezolana. Y propone que la UE cambie de posición, desconozca a la Asamblea Nacional, retire el reconocimiento a Guaidó y ponga final a las sanciones al régimen chavista.

Supone Zapatero que el gobierno de Biden debe reconsiderar la política de EE. UU. hacia Venezuela e incluso hizo una afirmación sin mucho fundamento, exigiendo que EE. UU. “devuelva” a Venezuela fondos por “30.000 millones de euros”. “El diálogo es el único camino” en Venezuela insiste Zapatero, quien opera internacionalmente como un asociado del gobierno Maduro.

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Alberto Vollmer de Marcellus, heredero de un largo encadenamiento de apellidos de las familias ricas venezolanas de varios siglos, se ha mantenido por dos décadas como un cooperador del régimen chavista. Preside una empresa productora de licores en cuyo directorio figuran empresarios de vieja estirpe. Sus empresas han crecido durante la dictadura y se califica como un “optimista”.

En una entrevista con BBC difundida el 22DIC20, en la cual se muestra como vocero de sectores empresariales, se desmarca del tema político: “con respecto a lo político, es un tema de los políticos”, dijo. “El conflicto político en el que se encuentra el país va a requerir llegar a un acuerdo para tener una solución viable (…) “y ese acuerdo  debe ser impulsar la economía y lograr que Venezuela se reinserte en la comunidad internacional”.

Vollmer critica a la oposición venezolana que ha rodeado a Guaidó, afirmando que “había una tesis: una parte del país decía que para que hubiera cambio económico debía haber un cambio de los actores. Llevamos dos años y medio bajo el manto de esa estrategia y no ha funcionado”.

Igualmente Vollmer pone en duda la efectividad de las sanciones internacionales contra el régimen: “ha habido una política de presión internacional a través de sanciones que ha limitado ingresos a Venezuela y esa reducción bárbara de ingresos, tanto por los errores del gobierno venezolano, por supuesto, pero además complementados por las sanciones. Y eso no obligó a un cambio político. Parece mentira pero ha obligado a un cambio económico obligado”.

La evaluación y propuesta de Vollmer es que “grupos de ambos lados pensaron que podían lograr su objetivo sin sentarse a negociar y yo creo que poco a poco se ha ido dando cuenta de que la única forma de tener un futuro sostenible en el tiempo es a través de un acuerdo”.

El editor venezolano Rafael Poleo, cronista y actor del proceso político venezolano de los últimos sesenta años, al referirse a la posición Vollmer recordó los nexos de varias generaciones de esa familia caraqueña con el Vaticano.

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En Amazon, ya disponible el más reciente libro de Edgar C. Otálvora. Venezuela juego trancado. En versión digital y en papel.

Artículo publicado inicialmente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | Confirmado desconocimiento internacional a votaciones de Maduro, por Edgar C. Otálvora

Evo Morales, (izq) Andrónico Rodríguez (cen) y Piedad Córdoba (der) actuando como acompañantes de las votaciones del 06DIC20. Foto: CNE

 

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Ecuador va a elecciones el 07FEB21 y el castrochavismo está jugando fuerte para fortalecer al candidato de Rafael Correa. El 05DIC20 cuando casi todos miraban hacia los eventos en Caracas, en Buenos Aires se producía encuentros del candidato ecuatoriano Andrés Araúz con el alto gobierno argentino incluyendo reuniones con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Fernández autorizó a Araúz para utilizar en su campaña electoral la oferta de vacunación masiva contra la covid-19 con vacunas que serían enviadas a Ecuador por el gobierno argentino splo en caso de triunfar el candidato de Correa.

Fernández, Araúz y Correa forman parte del llamado Grupo de Puebla, la estructura que coordina acciones regionales en función de la recuperación del poder para la alianza castrochavista. El regreso del partido de Evo Morales al poder en Bolivia, un eventual triunfo de Araúz en Ecuador, sumado a la apuesta castrochavista en las elecciones peruanas del 11ABR21 hacen que los altos jerarcas chavistas estén previendo un supuesto “cambio en la correlación de fuerzas” en Suramérica con impacto en todo el continente. Forzar la renuncia de Luis Almagro de su cargo en la OEA y reactivar Unasur son parte de los pasos que el castrochavismo intenta seguir.

Por cierto, el destino de los archivos de Unasur se ha convertido en un misterio del cual las cancillerías suramericanas prefieren guardar silencio. El edificio que sirvió de sede de Unasur, situado en las afueras de Quito, fue reclamado por el gobierno de Ecuador en 2019. La administración del organismo permaneció en manos de funcionarios controlados por el exsecretario Ernesto Samper hasta el cierre del edificio. Según algunas fuentes, los archivos del organismo habrían sido llevados a un tercer país, probablemente Argentina, aunque ningún gobierno de la región confirma o niega esta versión.

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La propaganda del régimen chavista suele oscilar entre la victimización y la jactancia.

Pese a que la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, dijo en clave jactanciosa el 26NOV20 que no les “importaba el reconocimiento internacional”, el 06DIC20 congregaron en Caracas a decenas de activistas extranjeros de izquierda. El desconocimiento internacional al proceso de votaciones legislativas intentaban compensarlo con la presencia de aliados políticos que se convirtieran en “testigos” de las votaciones convocadas por el régimen para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional.

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A Caracas llegaron desde luminarias de la izquierda iberoamericana hasta oscuros militares de partidos aliados como el PT de Brasil, el Frente Farabundo Martí de El Salvador, el Partido Revolucionario Democrático de Panamá, el Partido Comunista de Suráfrica, el grupo proiraní estadounidense Codepink o el Izquierda Unida de España. En la lista de los VIP se encontraban el español José Rodríguez Zapatero, quien pronunció una proclama a favor del régimen en la mañana del domingo pidiendo que la Unión Europea reconociera a la “nueva” Asamblea Nacional.

Además estaban Evo Morales escoltado por el presidente del Senado de Bolivia y vicepresidente de las Federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba Andrónico Rodíguez, el paraguayo Fernando Lugo, el ecuatoriano Rafael Correa acompañado de su excanciller Ricardo Patiño, el hondureño Manuel Zelaya, la colombiana Piedad Córdoba. El gobierno ruso envió una numerosa delegación de funcionarios y parlamentarios que desplegó por diversas zonas de la país, encabezada por un “embajador en Misión Especial para asuntos de observación en elecciones de órganos públicos de los países extranjeros” llamado Vladímir Churov.

Turquía, Cuba, China e Irán igualmente enviaron “delegaciones oficiales”. En contraste, ningún organismo internacional envió misiones formales de observación internacional por lo cual el proceso electoral no contó con la participación y supervisión de técnicos independientes especialistas en procesos electorales.

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Dado que la oposición venezolana no participó en el proceso, las votaciones realizadas por el régimen no fueron auditadas. En las pantallas de las máquinas de votación, recién adquiridas y nunca auditadas, entre la oferta electoral aparecían partidos opositores cuyos símbolos y directivas habían sido usurpadas y entregadas a aliados del régimen. Varias de las alianzas electorales que compitieron bajo el ropaje de “oposición” en realidad estaban compuestas por siglas que habiendo sido arrebatadas a los legítimos jefes de los partidos eran ahora controladas por militantes que pactaron con el régimen su participación en las elecciones rechazadas por la oposición.

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Los resultados iniciales fueron emitidos en las primeras horas de la madrugada del 07DIC20 por la directiva del Consejo Nacional Electoral designada por el Tribunal Supremo de Justicia. Con solo un 31 % de participación el frente oficialista se adjudicaba el 69 % de los votos. El restante sería reconocido a la variopinta colección de partidos de la “oposición” tolerada, permitida o incluso creada por el propio régimen.

Incluso, por los menos dos candidatos de la oposición pro oficialista, quienes no resultaron electos, habrían recibido la respectiva designación como diputados mediante manipulaciones de los registros de candidaturas documentadas por periodistas que cubrieron los eventos. Esas maniobras fueron ejecutadas por el CNE controlado por el chavismo en recompensa a sus aliados.

La baja votación no fue motivo de malestar para el oficialismo porque su objetivo con el evento del 06DIC20 se había cumplido: crear la sensación de unas elecciones libres con las cuales otorgaría la condición de diputados a una abierta mayoría chavista que reemplazaría a los diputados de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015 encabezada por Juan Guaidó.

El gobierno ruso emitió un largo comunicado en la tarde moscovita del 07DIC20 en el cual dejaba claramente expuesto el objetivo de sus socios en Venezuela. El texto firmado por la vocera María Zajárova afirmaba que los “observadores internacionales, incluidos los de la Federación de Rusia, que participaron en el acompañamiento del proceso electoral, elogiaron los esfuerzos de las autoridades venezolanas para organizar la votación de acuerdo con los más altos estándares de transparencia, democracia y seguridad sanitaria y epidemiológica”.

El texto comenzaba con una falsedad en tanto que el rol de “observador” es expresamente rechazado por el propio régimen chavista quien solo acepta la figura de “acompañantes”. Según el gobierno ruso “aquellos que boicotearon las elecciones claramente no están preparados para la competencia abierta a través de la participación en procedimientos democráticos y prefieren luchas de poder inconstitucionales”, reiterando el usual ataque de la señora Zajárova contra la oposición venezolana. Y finalmente la cancillería rusa afirmó que la “Asamblea Nacional renovada se convertirá en una plataforma representativa para un diálogo constructivo de todas las fuerzas políticas”.

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El gobierno de Rusia, convertido en padrino internacional del gobierno Maduro, de esta manera convalidaba el proceso de votaciones del 06DIC20 en Venezuela. En una reunión sostenida el 07FEB20 en Caracas entre Serguéi Lavrov y las caras visibles de la “oposición” oficial, en presencia del canciller del régimen Jorge Arreaza, el ministro ruso se había mostrado satisfecho por los acuerdos alcanzados para participar en unas elecciones bajo el control del chavismo.

El 05DIC20 la delegación rusa sostuvo una nueva reunión con los voceros de la “oposición” oficial que asumió a Rusia como suerte de garante de los resultados electorales. Entre los asistentes a estas reuniones resaltaban el exsocialdemócrata Timoteo Zambrano y el exchavista Henry Falcón quienes lideraban una de las alianzas partidistas que participaron en las votaciones del 06DIC20. Por cierto, Zambrano fue al menos desde principios del año 2016, cuando ejercía como virtual canciller de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, el principal articulador dentro de la oposición para introducir a Rodríguez Zapatero y a Ernesto Samper Pizano como supuestos intermediarios para un acuerdo político con el chavismo.

Por cierto. En el libro Luis Almagro no pide perdón, de los periodistas Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira, publicado el pasado mes de noviembre, se narra un episodio ocurrido en la residencia del venezolano Pedro Burelli en Washington, durante una cena ofrecida a Almagro y al entonces subsecretario de Estado Thomas Shannon el 16SEP16. Shannon, quien ejercía como segundo del Departamento de Estado desde el 12FEB16, operaba un plan hacia Venezuela e intencionalmente se mantenía sin abrir contactos con Almagro quien desde la OEA impulsaba actos de presión contra el régimen chavista. Aquella cena de tres lejos de bajar las tensiones hizo que se incrementaran. La conversación confirmó que el plan de Shannon era justamente respaldar a Zapatero usando a Unasur como excusa o mampara, mientras obviaba las acciones de Almagro y presionaba al Vaticano para que respaldara las gestiones del español en Caracas.

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El anunciado rechazo internacional al proceso electoral del 06DIC20 se confirmó en pocas horas. El gobierno del ecuatoriano Lenín Moreno emitió el 05DIC20 un comunicado en el cual adelantaba que no reconocería los resultados del proceso que “viola la Constitución y está viciado de toda legalidad”. Rápidamente se produjo una secuela de declaraciones oficiales de gobiernos que ratificaban su desconocimiento a los resultados anunciados en Caracas.

La cancillería colombiana mediante un comunicado oficial, el canciller chileno Andrés Allamand  mediante un tuiteo, el canciller brasileño Ernesto Araújo con un hilo de tuiteos, un tuiteo del ministro de asuntos exteriores de Canadá François-Philippe Champagne, un tuiteo de la ministra panameña Erika Mouynes y un comunicado de su despacho, un comunicado de Ministerio de Exteriores de Uruguay y un pronunciamiento del secretario para exteriores del Reino Unido, Dominic Raab. Todos ellos desconocían los resultados del proceso electoral en Venezuela y en el caso del Raab ratificaba sin duda la continuidad del reconocimiento a Guaidó como “Presidente interino constitucional de Venezuela”.

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En la mañana del 07DIC20 se realizaba en Bruselas una reunión ordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores. Los ministros escucharon un informe del Alto Representante Josep Borrell sobre el proceso acontecido en Venezuela y sobre sus gestiones previas, intentando provocar una suspensión de las votaciones para abrir un compás de espera y propiciar nuevas negociaciones entre el régimen y la oposición.

Los ministros ratificaron la posición de la Unión Europea en cuanto a que las votaciones no fueron “libres, justas ni democráticas” y encomendaron a Borrell la redacción de un comunicado el cual fue distribuido a las pocas horas.

“Lamentablemente las elecciones (…) se llevaron a cabo sin un acuerdo nacional sobre las condiciones electorales y no cumplieron con los estándares internacionales mínimos para un proceso creíble y para movilizar al pueblo venezolano a participar. Esta falta de respeto al pluralismo político y la descalificación y enjuiciamiento de los líderes de la oposición no permiten que la UE reconozca este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente, y sus resultados como representativos de la voluntad del pueblo venezolano”.

Casi simultáneamente se dio a conocer un comunicado promovido por el Grupo de Lima que incluyó a Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. El gobierno de Argentina se negó a suscribir el documento. “Reiteramos que los comicios carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional”.

En otro párrafo el Grupo de Lima ampliado hizo un llamado a los venezolanos “de todas las tendencias ideológicas y afiliaciones partidarias para que pongan los intereses de Venezuela por encima y se comprometan de manera urgente a un proceso de transición, definido e impulsado por los venezolanos, para encontrar una salida pacífica y constitucional que lleve al país a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, lo más pronto posible”. El comunicado no hizo expresa referencia a Guaidó, procurando contar con la firma de países caribeños.

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En paralelo, el representante del gobierno de Brasil en la OEA, en nombre propio y de sus colegas de Canadá, Colombia, EE. UU., Guatemala, Perú y Venezuela (el representante del gobierno Guaidó), solicitó la convocatoria a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo “con la finalidad de considerar la situación política en la República Bolivariana de Venezuela, en el contexto de la realización de las elecciones parlamentarias por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro”.

La reunión celebrada vía web se cumplió el 09DIC20 y en la misma se aprobó una resolución que contó con el voto favorable de 21 de los miembros. México y Bolivia votaron en contra. Seis gobiernos optaron por no asistir a la sesión, incluyendo a Nicaragua y San Vicente y las Granadinas que son aliados de Maduro. Cinco gobiernos se abstuvieron, entre ellos Argentina.

En la resolución, la OEA decidió “rechazar las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020 y no reconocer sus resultados, por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional; por carecer de imparcialidad y transparencia; por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; por no haber sido liberados los presos políticos; por la falta de independencia de la autoridad electoral; y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble”.

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El Departamento de Estado de EE. UU. emitió en la tarde del 07DIC20 un comunicado sobre el tema venezolano. “El régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela organizó una farsa política que pretendía parecer elecciones legislativas. Afortunadamente, pocos fueron engañados. EE. UU., junto con muchas otras democracias de todo el mundo, condena esta farsa que no cumplió con ningún estándar mínimo de credibilidad”. Y aclara que “EE. UU. seguirá reconociendo al presidente interino Guaidó y a la legítima Asamblea Nacional. La comunidad internacional no puede permitir que Maduro, que está en el poder de manera ilegítima porque robó las elecciones de 2018, se beneficie de robar una segunda elección”.

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El día 07DIC20 arrancó, vía Internet, la consulta que la oposición venezolana se había propuesto en procura de una ratificación del mandato y el liderazgo de Juan Guaidó. EE. UU., Reino Unido, Colombia y Brasil ya han anunciado que mantienen su reconocimiento a Guaidó más allá del 05ENE21 cuando se instalaría la asamblea electa por el chavismo el 06DIC20.

Pero en medios diplomáticos de América y Europa está creciendo un silencioso debate sobre la continuidad de ese reconocimiento. Durante la sesión de la OEA del 09DIC20, la canciller peruana intervino para “precisar que el señalamiento de esta resolución sobre las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2020 y la falta de condiciones para que el proceso electoral contara con toda la participación de los actores políticos y la ciudadanía, no supone el reconocimiento a la continuidad del mandato constitucional del órgano legislativo o de sus integrantes”.

Por su parte, el representante jamaiquino, quien votó favorablemente la resolución, pidió incluir un pie de página en el cual afirma que “Jamaica considera que es necesario que la OEA evalúe cuidadosamente, desde un punto de vista jurídico, lo que ha ocurrido tras las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2020, incluidas las implicaciones jurídicas, en el contexto de la OEA”.

Leopoldo López, jefe político del partido en el cual milita Juan Guaidó, llegó a Bogotá el 09DIC20. Uno de los temas que llevaba en agenda para tratar con Iván Duque fue justamente la necesidad de una acción sobre la “comunidad internacional” para mantener el respaldo a Guaidó como presidente encargado. El asunto aún se debate en muchos palacios de gobierno y cancillerías a ambos lados del Atlántico.

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Artículo publicado inicialmente en Diario Las Américas

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