Edgar C. Otálvora, autor en Runrun

Edgar C. Otálvora

Informe Otálvora | Cuba y México convocan cumbre castrochavista, por Edgar C. Otálvora

Díaz Canel llega a Campeche, México, el 11FEB23 a bordo de avión venezolano. Foto: Presidencia de México.

López Obrador y Díaz Canell intentan crear un club de gobiernos castrochavistas para coordinar acciones

 

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Evo Morales y el canciller cubano Bruno Rodríguez reconocieron la ejecución de operaciones de manipulación encubierta mediante redes sociales por los gobiernos de sus respectivos países.

El 23FEB23 Ben Nimmo y Nathaniel Gleicherel, encargados de áreas de seguridad e inteligencia sobre amenazas del consorcio Meta que incluye a las redes Facebook, Instagram y WhatsApp, publicaron un reporte que involucra a la dictadura cubana y al gobierno del izquierdista Luis Arce. El reporte se refiere al descubrimiento y neutralización de tres redes que realizaban “operaciones de influencia encubierta” calificadas por Meta como “comportamiento inauténtico coordinado” (coordinated inauthentic behavior CIB).

Dos de esas redes “que combinan técnicas engañosas con el poder real de un estado” estaban “vinculadas de alguna manera a los gobiernos o partidos gobernantes” de Cuba y Bolivia. La red cubana utilizaba 363 cuentas Facebook y 72 de Instagram, mientras la boliviana manejaba 1041 cuentas Facebook y 130 de Instagram. Además de las operaciones CIB en sus propias redes, Meta registró que los gobiernos de Cuba y Bolivia replican estas operaciones simultáneamente en otras redes como Twitter, YouTube, Tik Tok, Telegram y Spotify.

Según Nimno y Gleicherel, la CIB operada por La Habana “se dirigía a audiencias locales en ese país y a la diáspora cubana en el exterior” (…) “en un esfuerzo por crear la percepción de apoyo amplio al gobierno cubano”. Inicialmente, la dictadura cubana “utilizó cuentas falsas básicas para compartir y dar “me gusta” al contenido progubernamental”. En una segunda etapa “creó una serie de cuentas ficticias más elaboradas. Cuentas personales que presentaban logos distintivos, fotos de perfil, estilos visuales y hashtags” las cuales fueron utilizadas para “publicar ataques a los opositores del gobierno (dentro y fuera de Cuba) y pidiendo a la población que los reportara”. Uno de los principales objetivos de la CIB cubana era desacreditar a los opositores, “algunos de los memes creados por la red incluían fotos de sus objetivos, muchos de los cuales se referían a los críticos del gobierno como «gusanos», según el reporte de Meta.

La actividad en Bolivia es calificada por Meta como una “operación mixta”, ya que “usaron cuentas falsas, desde las cuales administraban páginas que simulaban ser medios de comunicación independientes, para dirigir a las personas a sitios web fuera de la plataforma”, publicando “grandes cantidades de informes falsos, incluso contra las páginas de organizaciones de noticias y miembros de la oposición en un intento de eliminarlos y silenciarlos”. La CIB boliviana estaba en manos del grupo “Guerreros Digitales” y según Meta “en un probable intento para evadir la detección, esta red intercalaba contenido político con publicaciones de otro orden relacionadas a noticias y eventos locales”.

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La cancillería cubana, lejos de desmentir el informe de Meta, utilizó su usual método del argumento ad hominem, alegando que en la empresa trabaja “el exjefe de campaña de un senador republicano anticubano”. El dictador Miguel-Diaz tuiteó el 24FEB23 sobre su “rechazo ante nueva hipocresía y actuar cómplice de estas corporaciones con una trayectoria conocida de operaciones de desinformación y desestabilización en plataformas digitales contra #Cuba”. El canciller Bruno Rodríguez afirmó también el 24FEB23 que el cierre de las cuentas en Facebook e Instagram eran “intentos por censurar nuestra voz e invisibilizar la verdad”. Es decir, Cuba dejaba saber que efectivamente ejecutó la operación CIB descrita por Meta. Una nota del estatal portal “Cuba Debate”, firmado por Randy Alonso Falcón, asegura que el cierre de las cuentas fue un “corte interesado de la presencia revolucionaria en las redes”.

El gobierno izquierdista boliviano, por su parte, negó estar involucrado en la operación descrita por Meta. La influyente ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo que “ojalá que se dé un debate y esto es una exhortación a Facebook, más allá de lo que declare misteriosamente en relación a dos gobiernos de izquierda”.

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Evo Morales, quien ya está en abierta guerra contra el gobierno de su propio partido, rápidamente desmintió a la ministra Prada. “Me permito aclarar cómo presidente del MAS que repudiamos este tipo de accionar y solicitamos explicación de las autoridades involucradas. Las redes sociales deben ser un instrumento de expresión que promueva el diálogo político” escribió Morales en su cuenta de Twitter que es manejada por un equipo de asesores en medios.

Morales no negó que en Bolivia se realizara una operación CIB, pero rechazó que su partido estuviera involucrado en ella y apuntó directamente al gobierno de su antiguo ministro y actual presidente Luis Arce. “El caso de las cuentas falsas desarticuladas por Meta-Facebook debe ser investigado. Tenemos información que los pagos venían de @GabrielaAlconM y Ángela Cáceres”. Gabriela Alcon es la viceministra de Comunicaciones dependiente del ministerio de la Presidencia y Ángela Cácerez es jefe del gabinete de ese ministerio. Morales además dejó entender que desde la red desarticulada por Meta se producía ataques contra él mismo. “Ahora entendemos de dónde venían los ataques a mi persona”.

Morales acusó al actual gobierno boliviano de ejecutar la CIB, pero convenientemente no mencionó que el grupo “Guerreros Digitales” fue creado por su gobierno en 2019 con apoyo directo de la dictadura venezolana.

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El mexicano Manuel López Obrador y el cubano Miguel-Diaz Canel, reunidos el 11FEB23, acordaron convocar a una cumbre de mandatarios de los países bajo control castrochavista. Según el canciller mexicano Marcelo Ebrard, la lista de convocados incluye a Alberto Fernández de Argentina, Luis Arce de Bolivia, Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia, Gabriel Boric de Chile, Xiomara Castro de Honduras, Nicolás Maduro por Venezuela y los dos convocantes.

La lista podría ampliarse a varios mandatarios caribeños. Según Ebrard se trataría de una cumbre de “gobiernos progresistas” con el propósito de coordinar políticas económicas, seguridad alimentaria “y otros temas”. “No queremos una reunión para producir una declaración política”, dijo el canciller mexicano a la prensa.

Diaz Canel y López Obrador encomendaron a sus cancilleres para iniciar las consultas con los invitados elegidos, para definir sede, fecha y agenda.

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López Obrador logró en 2020 reiniciar las actividades de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, el organismo panamericano creado en 2011 en Caracas bajo el influjo del castrochavismo, y que excluye a EEUU y Canadá. El 24ENE23, como señal de la reactivación de la CELAC, se produjo una cumbre presidencial en Buenos Aires y en esa fecha Alberto Fernández transfirió la presidencia pro témpore al primer ministro de San Vicente y Las Granadinas, Ralph Gonsalves.

En Buenos Aires, la CELAC emitió una declaración con 111 párrafos declarativos la mayoría y programáticos algunos de ellos, pero quedó en evidencia la imposibilidad de avanzar hacia la institucionalización de la CELAC como lo procuran las dictaduras de Cuba y Venezuela afanosamente.

Dotar a la CELAC de un aparato burocrático propio, con una secretaría ejecutiva permanente y una sede oficial, es el plan que reiteradamente han expuesto Nicolás Maduro y sus representantes. El esquema de la CELAC como un foro de debate político, dada la cantidad y heterogeneidad de integrantes, no permite cohesionar acciones por lo que la dupla López Obrador y Díaz Canel intentan ahora crear una suerte de club de gobiernos castrochavistas para coordinar acciones. Ya no se trataría de un grupo de partidos de izquierda como lo es el Foro de São Paulo o, la versión VIP de la alianza izquierdista continental concentrada en el Grupo de Puebla.

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El 11FEB23 Díaz Canel aterrizó en el aeropuerto internacional de Campeche, en la mexicana provincia de Yucatán. Llegó a bordo de un avión con matrícula e insignias de la línea aérea del gobierno venezolano y al pie de la escalerilla le esperaba López Obrador. Se trató de la cuarta visita del cubano a México desde la toma de posesión de López Obrador el 01DIC18, incluyendo la asistencia de Diaz Canel como invitado de honor al desfile militar del 16SEP21 en Ciudad de México.

Durante su visita a Campeche, Díaz Canel recibió de manos de AMLO la Orden Mexicana del Águila Azteca, la cual le fue impuesta en una ceremonia que tuvo como escenario las construcciones mayas de la zona arqueológica de Edzná. El mandatario mexicano quería exaltar una vez más sus simpatías por la dictadura cubana. Incrementar el número de “médicos” cubanos contratados por México que ya suman el medio centenar, aumentar las compras de piedra cubana (no es broma) para su uso como balasto en la construcción de llamado “Tren Maya” fueron   temas oficiales de la visita que busca incrementar las áreas de acción conjunta de los dos gobiernos.

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Díaz Canel está supliendo la ausencia de Raúl Castro de los escenarios internacionales. Según la prensa cubana, Castro suele ir al aeropuerto José Martí a despedir y recibir a Díaz Canel cuando emprende y regresa de viajes al exterior. En la terminología oficial cubana Miguel Díaz-Canel Bermúdez es el “Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba” y “Presidente de la República de Cuba”. Raúl Castro es identificado como el “General del Ejército” y “Líder de la Revolución”.

El 16NOV22, Díaz Canel inició un periplo a Argelia, Turquía, Rusia y China, emulando rutas y aeronaves de viajes de Nicolás Maduro. En diciembre del 2022 el cubano realizó visitas a San Vicente y Las Granadinas, Barbados y Granada. En Barbados participó en una reunión cumbre de mandatarios de los países afiliados a Caricom. A finales de enero, el cubano viajó a Argentina para asistir a la cumbre de la CELAC y realizó una parada en Venezuela para repostar y sostener una reunión   con Maduro, quien no había asistido a Argentina.

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El 11ABR15, Nicolás Maduro utilizó a dobles de él y su esposa durante un evento público en la Cumbre de las Américas celebrada en Ciudad de Panamá. En la noche del 17SEP21, Maduro llegó sorpresivamente a Ciudad de México para participar en la reunión de reactivación de la CELAC convocada por Manuel López Obrador. Pero previamente hizo que su vicepresidenta Delcy Rodríguez viajara en horas de la mañana a México, para fingir que lo representaría en la cumbre. El vuelo de Maduro a México, en avión presidencial camuflajeado de aeronave con siglas comerciales, realizó un recorrido excéntrico por el Caribe para obviar el sobrevuelo sobre Colombia.

La paranoia de Maduro ha hecho que hasta ahora no haya aceptado visitar la frontera venezolano-colombiana o viajar a Colombia para atender las invitaciones de su amigo Gustavo Petro. Tampoco asistió a la toma de posesión de Lula da Silva. Aparte de haber eliminado el uso de rutas aéreas sobre Europa, se ha convertido en un asiduo visitante de Argelia y Turquía, como escalas en sus ahora raros viajes.

Las sanciones personales sobre Maduro por parte de EEUU y decenas de países, los juicios y recompensas ofrecidas por su captura y, la paranoia sembrada por los cuerpos de espionaje cubanos, mantienen al dictador venezolano personalmente lejos de los escenarios internacionales.

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La presidencia de Colombia dejó saber el 15FEB23 que Gustavo Petro viajaría al día siguiente a Cúcuta, la capital del fronterizo departamento de Norte de Santander. El programa de Petro incluiría una reunión con autoridades venezolanas para la inauguración del puente fronterizo de Las Tienditas, cuyo funcionamiento quedó impedido por la decisión de Nicolas Maduro de cerrar la frontera con Colombia en 2019.

El aparato de propaganda y contrainformación del chavismo dejó saber que Maduro no asistiría a la cita fronteriza y habría encomendado a su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, para representarlo.

A media mañana del 16FEB23, el embajador de Petro ante Maduro, Alberto Benedetti, publicó foto y texto en Twitter dejando saber que había viajado al estado Táchira, acompañando a Maduro quien se disponía a reunirse con el mandatario colombiano.

El principal aeropuerto del estado Táchira, el “Aeropuerto Internacional Juan Vicente Gómez” está localizado a pocos kilómetros del Puente Las Tienditas y muy cerca de la línea fronteriza. Maduro no utilizó el aeropuerto fronterizo y optó por aterrizar en el Aeropuerto Internacional Mayor Buenaventura Vivas Guerrero, que en la práctica es una base aérea militar situado en la población de Santo Domingo, a casi cien kilómetros del sitio de encuentro con Petro.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | Brasil bajo control del Grupo de Puebla, por Edgar C. Otálvora

La reunión de Lula da Silva con Bernie Sanders el 10FEB23. De izq a der. Márcio Elias Rosa, Fernando Haddad, Celso Amorim, Lula, Sanders, Mauro Vieira y Jaques Wagner. Foto: Presidencia Brasil.

A los efectos del Departamento de Estado no existe misión diplomática venezolana en los Estados Unidos

 

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A los efectos del gobierno de EEUU, en Venezuela no existe un gobierno reconocible. Si bien el gobierno Biden mantiene su posición de considerar a la menguada Asamblea Nacional electa en 2015 como la única institución democráticamente electa en Venezuela, igualmente no la acepta como un hipotético “gobierno parlamentario”.

El 30DIC22, tres de los cuatro partidos que servían de base de apoyo al “gobierno provisional” encabezado Juan Guaidó en calidad de presidente de la Asamblea Nacional, optaron por elegir una nueva junta directiva. Simultáneamente acordaron disolver el “gobierno provisional” y dejar sin efecto todas las designaciones realizadas por Guaidó, afectando directamente al aparato de relaciones internacionales. La decisión de poner fin al “gobierno provisional” fue movilizada por varias cabezas opositoras que veían en Guaidó un competidor ante las inciertas elecciones presidenciales del 2024.

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Los partidos opositores venezolanos mantienen permanente contacto con voceros del gobierno de EEUU, especialmente con el embajador James Story quien desde Bogotá ejerce como jefe de la Oficina Externa de EEUU para Venezuela. Versiones que corren en Washington y en Caracas sugieren que algún o algunos funcionarios del alto gobierno estadounidense habría garantizado que, en caso de prosperar el plan para finalizar el “gobierno interino”, continuaría el reconocimiento a la Asamblea Nacional y a quienes designara para representarla en Washington. Los conjurados contra Guaidó supusieron (o quisieron suponer) que el estatus existente en las relaciones formales entre el “gobierno provisional” y la Casa Blanca se mantendría.

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La decisión del 30DIC22 fue particularmente impactante en el caso de las relaciones con EEUU, el principal respaldo extranjero de la oposición venezolana en cuanto a apoyo político, financiamiento y protección de activos. Carlos Vecchio contaba con el reconocimiento oficial del gobierno de EEUU, como Embajador de Venezuela, desde que Donald Trump recibió sus credenciales diplomáticas en una formal ceremonia en la Casa Blanca el 08ABR19. Tras la decisión de la Asamblea Nacional de cesarlo en sus funciones, Vecchio notificó al Departamento de Estado el fin de su misión en Washington cumpliendo así su última actividad oficial. Mientras, desde Caracas llegaba la información sobre la designación de un “representante” ante el gobierno de EEUU de nombre Fernando Blasi. La Asamblea Nacional decidió nombrar una junta directiva con tres parlamentarias quienes se encuentran fuera de Venezuela en calidad de exiliadas y que presiden una suerte de “gobierno legislativo”. A su vez, la AN designó un “comité de administración y protección de activos del país en el exterior” del cual forma parte Blasi y una “comisión de asuntos exteriores”.

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El 01FEB23, tanto Vecchio como el ahora exrepresentante permanente de Venezuela en la OEA, embajador Gustavo Tarre Briceño, ambos cesados en sus funciones por la AN, hicieron entrega a Blasi de las instalaciones oficiales en Washington. Posteriormente, el Departamento de Estado habría notificado al representante del “gobierno legislativo” la posición oficial de EEUU en cuanto no concederle la condición de representante diplomático de Venezuela. Una primera consecuencia ha sido la exigencia por el gobierno de EEUU a Blasi para que entregara las edificaciones que el estado venezolano posee en Washington como sede de su Embajada, de la Residencia oficial del embajador y de la residencia del representante permanente ante la OEA.

El 03FEB23 el gobierno de EEUU habría tomado posesión de las edificaciones venezolanas, basado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Esa convención vigente desde 1964 establece que “en caso de ruptura de las relaciones diplomáticas entre dos Estados, o si se pone término a una misión de modo definitivo o temporal, el Estado receptor estará obligado a respetar y a proteger (…) los locales de la misión, así como sus bienes y archivos”. En resumen, a los efectos del Departamento de Estado no existe misión diplomática venezolana en EEUU en razón de no existir un gobierno que represente al Estado venezolano que pudiera acreditar diplomáticos ante la Casa Blanca.

En el caso de la OEA, la situación fue expresamente explicada por Tarre Briceño en un texto que difundió el 10FEB23: “Esta circunstancia [desaparición del gobierno interino] es de especial importancia ya que el artículo 80 de la Carta de la Organización de Estados Americanos establece que su Consejo Permanente está integrado por “un representante por cada Estado miembro, nombrado especialmente por el Gobierno respectivo”. No existiendo gobierno en Venezuela, no puede haber un representante permanente ante la OEA.

El impacto de la no existencia de un gobierno en Venezuela reconocido por EEUU (¡y el Reino Unido!) está creando nuevas condiciones para que acreedores del Estado venezolano avancen sobre activos de la República situados en el exterior. Dueños de bonos de deuda pública venezolana y consorcios internacionales que se sienten perjudicados patrimonialmente por el chavismo están a la caza de activos como la petrolera Citgo que solo permanece protegida por la decisión política de los gobiernos de EEUU con bases legales difíciles de prolongar por mucho tiempo más.

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Lula da Silva llegó a Washington el 09FEB23 invitado por Joe Biden para sostener una reunión de trabajo que retomara las relaciones entre los dos países luego del virtual congelamiento provocado por la distancia simultáneamente impuesta por Biden y Jair Bolsonaro. Para Lula se trataba de la oportunidad de mostrar su regreso a la escena mundial, mientras para Biden fue su manera de ratificar la línea de no confrontación y de cooperación condicionada con los gobiernos de izquierda que están proliferando en el continente.

El brasileño visitó una vez más la Casa Blanca donde antes había sido invitado por George W. Bush y Barack Obama. Y una vez más, Lula se presentó como el virtual interlocutor entre EEUU y los gobiernos de izquierda de Latinoamérica, rol que los “muchachos” de Biden creyeron infructuosamente que podría ejercer el argentino Alberto Fernández.

Además, Lula llevó a la mesa de Biden temas como el cambio climático, el racismo, la defensa de la democracia ante ataques de la derecha radical y la guerra en Ucrania con los cuales buscaba sintonía con la actual Casa Blanca. Lula llegó a la EEUU tras anunciar en Brasilia su idea de promover un grupo de países que sirvan de intermediarios entre Ucrania y Rusia para negociar paz, propuesta que no habría sido comprada por los anfitriones en Washington. La posición “neutral” de Brasil ante la invasión rusa a Ucrania, establecida por Bolsonaro y continuada por Lula, no resulta del agrado de la diplomacia estadounidense. De hecho, en la declaración conjunta emitida por Biden y Lula, los negociadores estadounidenses exigieron un lenguaje donde no quedara duda sobre la culpabilidad de Rusia en la “violación de la integridad territorial de Ucrania”.

La visita de Lula a Washington no causó el impacto esperado por el brasileño. El apoyo financiero que Lula buscaba para un fondo de preservación de la Amazonía apenas quedó como una promesa de Biden para procurar recursos ante el Congreso. La declaración conjunta es una lista de propósitos genéricos en materia ambiental, comercial, de “trabajar juntos para fortalecer las instituciones democráticas” y “la coordinación en temas como la inclusión social y los derechos laborales, la igualdad de género, la equidad y justicia racial, y la protección de los derechos de las personas LGBTQI+”. Ninguna declaración expresa sobre los gobiernos dictatoriales del Continente fue hecha durante el encuentro.

Por cierto. Llamó la atención que la primera dama de EEUU, Jill Biden, no estuviera presente al momento cuando su marido recibió a la pareja presidencial brasileña.

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Para que no quedara duda sobre las tendencias políticas de Lula, antes de concurrir a su cita en la Casa Blanca el brasileño quien fue alojado en la presidencial Blair House, realizó dos actividades en las cuales sostuvo reuniones con figuras de la izquierda radical del Partido Demócrata. El primero en llegar a “Blair House” fue el senador Bernie Sanders quien al salir del encuentro habló con la prensa y afirmó que con Lula se proponía “fortalecer las bases democráticas no solo en Brasil y en EEUU, sino en todo el mundo». Sanders equiparó a Donald Trump con Jair Bolsonaro calificándolos de “extremistas de derecha”. Luego sería el turno de un grupo de representantes del ala “progresista” del Partido Demócrata que sostuvieron encuentro con Lula y su comitiva. Entre los visitantes estaban los representantes Alexandria Ocasio-Cortez, Pramila Jayapal, Ro Khanna y Sheila Jackson Lee.

Tras conversar con Sanders, Lula tenía ya la certeza de que atacar a Jair Bolsonaro ante Biden le ganaría simpatías del inquilino de la Casa Blanca. Durante la sesión de fotos en la Oficina Oval, ante la prensa, antes de la reunión de trabajo, Lula da Silva se quejó ante Biden de su antecesor Bolsonaro: “usted sabe, señor presidente, que Brasil se automarginó durante cuatro años. Al expresidente no le gustaba mantener relaciones internacionales con ningún país. Su mundo comenzaba y terminaba con noticias falsas, por la mañana, por la tarde y por la noche. Parece que despreciaba las relaciones internacionales…”. Biden lo interrumpe y dice “Me suena familiar” y lanzó una carcajada. Lula facilitó a Biden darle un golpecito a Trump.

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El Grupo de Puebla, la organización continental de izquierda creada en 2019, ha colocado a varios de sus miembros fundadores en cargos de alta relevancia en el nuevo gobierno de Brasil.

Lula da Silva participó en la fundación del Grupo, en ausencia, desde la cómoda habitación donde purgaba condena por corrupción. Con su llegada a la Presidencia de Brasil el 01ENE23 el Grupo de Puebla cuenta con miembros y asociados al frente de los gobiernos de Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Colombia y México, además de formar parte de la alianza de gobierno en España.

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El excanciller Celso Nunez Amorim, fundador del Grupo de Puebla y representante de Lula en el exterior durante los últimos años, fue designado como “Asesor Jefe de la Asesoría Especial” del Palacio de Planalto, desde donde se encargará de continuar ejerciendo como asesor directo y operador internacional de Lula. Acostumbrado a dirigir una diplomacia paralela a la cancillería de Itamaraty, Lula entregó esa responsabilidad a Amorim quien cuenta con su propia red de relaciones políticas y diplomáticas.

Durante la visita de Lula a Buenos Aires del 23-24ENE23, donde el brasileño realizó múltiples reuniones masivas y privadas con socios políticos de diversos países, fue Amorim y no el canciller Mauro Vieria quien acompañó al presidente. Durante la visita a Washington también estaba presente Amorim, actuando en la práctica como un segundo ministro de exteriores. En la fotografía oficial del encuentro Lula-Sanders, Amorim posó a la derecha de Lula.

La política exterior del gobierno Lula está claramente entroncada con el Grupo de Puebla mediante Amorin.

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Miembros fundadores del Grupo de Puebla tomaron control del aparato económico y financiero del Estado brasileño. Fernando Haddad, quien fue ministro de Educación de Lula durante siete años y candidato presidencial en 2018 ante la imposibilidad de lanzar al Lula encarcelado, ahora es el ministro de Hacienda. Desde la definición de la política económica hasta el control de todo el aparato financiero del Estado, incluyendo la importante red de bancos públicos, ahora está en manos del economista Haddad.

El Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, brazo financiero de Brasil para financiamiento de empresas, el cual fue utilizado masivamente por los gobiernos del PT para beneficiar a empresas constructoras brasileñas y a gobiernos extranjeros izquierdistas, también fue colocado bajo control directo del Grupo de Puebla. El economista Aloizio Mercadante, fundador del PT en 1980 y del Grupo de Puebla fue designado presidente del BNDES. Mercadante es, junto al colombiano Ernesto Samper Pizano, uno de los cuatro miembros del “Consejo Político” del Grupo de Puebla.

La abogada Carol Proner, esposa del cantautor Chico Buarque y fundadora del Grupo de Puebla fue designada “Asesora para Asuntos Internacionales” del BNDES. Proner junto al español Baltazar Garzón, entre otros, integra el “Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia”, un apéndice del Grupo encargado de prestar asistencia jurídica a los miembros y asociados del propio grupo.

La colonización del aparato financiero internacional del gobierno de Brasil es particularmente relevante para el Grupo de Puebla. Lula ya anunció que el BNDES volverá a otorgar créditos a empresas constructoras brasileñas para ejecutar obras en países de la región, es decir, a favor de gobiernos políticamente aliados. El argentino Alberto Fernández, también fundador del Grupo de Puebla, aspira a que el BNDES financie un gasoducto. La hondureña Xiomara Castro, esposa del fundador del Grupo de Puebla Manuel Zelaya, aspira a que el BNDES financie un plan de represas.

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Evo Morales está propiciando el derrocamiento de su compañero de partido y presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora. Diversos dirigentes del MAS han dado cuenta, en las últimas semanas, de las instrucciones dictadas por Morales en diversos encuentros partidistas para que sus militantes realicen acciones de protesta contra el gobierno de Arce. Morales, quien aspiraba a actuar como suerte de cogobernante, mantiene una lucha intestina por el control del partido. Desde el gobierno ha surgido un “ala renovadora” encabezada por el vicepresidente David Choquehuanca que pretender dejar a un lado el liderazgo de Morales. Choquehuanca fue ministro de Exteriores del gobierno de Morales y ejerció como secretario general del grupo de gobiernos castrochavistas ALBA.

Morales se propone impedir la reelección de Arce o la postulación de Choquehuanca para las elecciones presidenciales del lejano 2025. Ya Morales se dejó ver el 09FEB23 con una camiseta que anuncia una nueva presidencia en el lapso 2025-2030.

El enfrentamiento entre Morales y Arce comienza a crear roces en el interior de la alianza castrochavista continental.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | Lula busca liderar castrochavismo continental, por Edgar C. Otálvora
Lula da Silva, Alberto Fernández y Evo Morales en el Centro Néstor Kirchner. Buenos Aires 23ENE23. Foto: Presidencia Argentina.
Establecer relaciones especiales con Argentina y confirmar el regreso de Brasil a la alianza castrochavista continental fue el mensaje que transmitíó Lula en Buenos Aires

 

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En la decisión de Nicolás Maduro para no viajar a Buenos Aires a la cumbre presidencial de la CELAC, habría influido su amiga Cristina Kirchner. La expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, quien ejercita una franca confrontación contra Alberto Fernández y se mantuvo al margen de las actividades de la CELAC, opinó en contra del viaje.

Maduro, temeroso de una acción judicial por violación de DDHH durante su estadía en Buenos Aires, anunció a última hora la suspensión del viaje previsto para el 23ENE23. Lula da Silva, quien llegó a Buenos Aires el 22ENE23 en horas de la noche para celebrar al día siguiente una larga agenda bilateral con Fernández, había abierto espacio en sus actividades para una reunión privada con Maduro al final de la tarde. Fernández y Lula habrían sido sorprendidos durante una rueda de prensa al final de su reunión de trabajo bilateral, cuando fueron consultados sobre la ausencia de Maduro.

La señora Kirchner solo se reunió con los presidentes de Colombia, Honduras y Bolivia a quienes exigió que se trasladaran a su oficina en la sede del Senado argentino alegando razones de seguridad y su negativa a trasladarse al Hotel Sheraton donde ocurría la cumbre de CELAC. Imágenes divulgadas muestran a la vicepresidenta, vistiendo una suerte de pijama, mientras recibe a un sorprendido Gustavo Petro. En medios políticos argentinos causó sorpresa que Lula, en su primer viaje como presidente, no dedicara tiempo para encontrarse con quien fue una de las iniciales promotoras de su candidatura.

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La llegada de Lula da Silva a Buenos Aires marcó su primera salida al exterior como presidente, la cual fue complementada con una breve visita a Montevideo el 25ENE23. Establecer unas relaciones especiales con Argentina y confirmar el regreso de Brasil a la alianza castrochavista continental fue el mensaje que transmitía Lula. Durante su primer día en Argentina, Lula y Fernández se hicieron acompañar de Evo Morales quien encabezaba la creación de lo que denominan un “CELAC social”, versión reducida del Foro de São Paulo.

Durante las sesiones de la cumbre presidencial de la CELAC, Lula fue colocado en la cabecera de la gran mesa, compartiendo la posición privilegiada con el anfitrión en el evento del organismo del cual Brasil había dejado de ser parte por decisión de Jair Bolsonaro. Alberto Fernández necesita financiamiento para intentar palear la crisis económica que ha creado en su país, Lula necesita una plataforma de acción política continental… Fernández y Lula se proponen reactivar la fenecida Unasur, el organismo de integración suramericano ideado por Brasil durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, posteriormente creado y colonizado por Chávez y demás gobiernos izquierdistas dominantes en la década pasada.

La izquierda uruguaya organizó un acto masivo para recibir a Lula, quien pronunció un discurso confirmando su rol de referente de la izquierda regional. Lula fue recibido por Luis Lacalle y posteriormente visitó a Pepe Mujica.

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Lula y Fernández publicaron el 21ENE23 un artículo en el periódico bonaerense Perfil, en el cual adelantaban algunos temas de la nueva relación. Anunciaban, sabiendo que el asunto llamaría la atención global, que “decidimos avanzar en las discusiones sobre una moneda sudamericana común que pueda usarse tanto para los flujos financieros como comerciales, reduciendo los costos operativos y nuestra vulnerabilidad externa”. La prensa mundial rápidamente compró el tema y comenzó a difundir la versión de la inminente creación de una moneda entre Argentina y Brasil para competir contra el dólar. En una larguísima declaración con 82 párrafos temáticos firmada por Fernández y Lula el 23ENE23, más parecida a una “lista de propósitos de año nuevo”, “acordaron iniciar estudios técnicos, incluyendo a los países de la región, sobre mecanismos para profundizar la integración financiera y mitigar la escasez temporaria de divisas, incluyendo mecanismos a cargo de bancos centrales. Compartieron también la intención de crear una moneda de circulación sudamericana en el largo plazo”.

Por lo demás, la creación de una moneda común, al menos para el Mercosur, ha sido objeto de debate ya por varias décadas e incluso llegó a tener un nombre: gaucho. En catorce años de gobierno de Lula y su partido, en el cual incluso coincidió con socios ideológicos en los restantes países del Mercosur, la idea de la moneda común no prosperó. Durante la rueda de prensa conjunta con Fernández, al ser interrogado sobre la moneda común y si se trataría de una versión virtual inicialmente, Lula respondió que “si yo supiera todo lo que preguntó el periodista yo sería ministro de Hacienda y no presidente de la República”.

Lo de la moneda común resultó un globo propagandístico. Lula anunció que su gobierno ampliaría de 180 a 366 días el plazo en el cual el Banco de Brasil financia compras argentinas de productos brasileños, igualmente anunció que el estatal Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social reiniciará programas de financiamiento a empresas constructoras brasileñas para ejecutar obras en países de la región. Lula ofreció, además, financiar la construcción de nuevos tramos del llamado gasoducto “Néstor Kirchner”. El gobierno argentino pareciera haber encontrado al benefactor que reemplace al Hugo Chávez que financió los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

El anuncio de la reactivación del financiamiento del BNDES para que constructoras brasileñas ejecuten obras en el extranjero, dejó en evidencia que Lula pretender regresar al esquema que impuso durante su mandato otorgando créditos a gobiernos extranjeros aliados políticos para la ejecución de obras por empresas brasileñas que luego entregaban regalos a Lula, su partido y su familia. Además, los créditos como en el caso del Puerto de Mariel en Cuba y una ampliación nunca ejecutada del Metro de Caracas resultaron en pérdidas patrimoniales para el estado brasileño.

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La CELAC es un organismo que incluye a Cuba y excluye a EEUU y Canadá. Reactivado por Manuel López Obrador en 2021, se perfila como un intento de la alianza castrochavista continental para reemplazar a la OEA y convertirla en un foro conformacional contra EEUU. Incluso la CELAC cuenta con representante permanente de China y en su reunión del 24ENE23 fue escuchado un mensaje grabado enviado por Xi Jinping.

Llamó la atención que en la sala donde prácticamente todos los oradores atacaban a EEUU, se encontraba un enviado del gobierno de Joe Biden quien en su momento tomó la palabra. Se trata de Christopher Dodd, el exsenador designado por Biden como su Asesor Especial Presidencial para las Américas quien posó en la foto de familia de la cumbre de la CELAC junto al mandatario cubano Diaz Canel y a los ministros de exteriores de las dictaduras de Nicaragua y Venezuela. El gobierno de EEUU hizo saber a Fernández que la presencia de un representante en la reunión de CELAC había sido una cortesía dado que el argentino, convencido por Dodd, había aceptado participar en la Cumbre de las Américas de junio del 2022 en Los Ángeles.

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El dictador cubano Miguel Díaz-Canel, al contrario de Maduro, sí viajó a Buenos Aires a donde arribó el 22ENE23, a bordo de un avión de matrícula comercial venezolana y con cuarenta y ocho horas de anticipación al evento de la CELAC. El cubano realizó diversas reuniones con grupos políticos argentinos, así como reuniones bilaterales con Lula da Silva, Alberto Fernández y la hondureña Xiomara Castro. De regreso a Cuba, Díaz-Canel hizo una parada en el aeropuerto de Maiquetía de Venezuela donde fue recibido con honores militares por Nicolás Maduro. Reunión de dictadores en el terminal presidencial del aeropuerto de Maiquetía, al amparo de la normalizada dictadura venezolana. La alianza castrochavista vive tensiones internas por los enfrentamientos entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández en Argentina y, Evo Morales y Luis Arce en Bolivia, por el protagonismo ganado por el Grupo de Puebla y las versiones “progresistas” del chileno Gabriel Boric y Gustavo Petro, y más recientemente por la tendencia de Lula da Silva a procurar un nuevo protagonismo internacional en una versión no confrontacional con EEUU. Había temas para tratar en Maiquetía por los dictadores de Venezuela y Cuba.

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La presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, durante el año 2023 será ejercida por el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves. La decisión, tomada sin votación y abiertamente impuesta por los gobiernos de izquierda de la región, confirma la clara orientación que la CELAC posee como aparato de acción política de la alianza castrochavista continental.

Por tratarse de una pequeña nación caribeña, la gran prensa suele no prestar mucha atención a las usuales correrías de su primer ministro. El 10ENE13, cuando buena parte de los líderes castrochavistas del continente viajaron a Caracas para una farsa de toma de posesión de un ausente Hugo Chávez, el orador de orden fue Gonsalves. Aliado de la dictadura cubana, beneficiario de dinero de las arcas del gobierno venezolano, Gonsalves es el principal operador político del castrochavismo en el Caribe. Recientemente, a finales del año 2022, el cubano Diaz-Canel en uno de sus poco usuales viajes al exterior, pasó casi una semana en San Vicente y Las Granadinas. Allí pudo apreciar la pared donde figuran fotos en homenaje a Fidel Castro y Hugo Chávez en un espacio del aeropuerto internacional de Argyle, construido por Gonsalves con financiamiento de Venezuela.

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“Vamos a tener una relación muy buena con Venezuela” fue la afirmación del embajador Celso Amorim, excanciller de Brasil, fundador del Grupo de Puebla, agente de Lula en el exterior en los últimos años y quien fue designado ahora como encargado de política exterior del Palacio de Planalto, es decir, el operador para la diplomacia paralela a la cancillería de Itamaraty. Si bien el canciller Mauro Vieira acompañó a Lula en su viaje a Buenos Aires, en la delegación también estaba Amorim muy activo en las reuniones sostenidas.

Amorim fue entrevistado por la periodista de izquierda Cynthia García y confirmó que el gobierno brasileño había aceptado credenciales de un funcionario diplomático, con rango de embajador, designado por Nicolás Maduro como encargado de negocios en Brasilia. “Tendremos relaciones normales con Venezuela” redondeó Amorim. Por cierto, Amorim descartó que hubiese algún “problema” entre Lula y Cristina Kirchner y contó que la vicepresidenta alegó razones de seguridad para exigir que un posible encuentro se realizara en sus oficinas.

Por su parte, Lula afirmó en Buenos Aires que “Brasil y los países que componen la CELAC tienen que tratar a Cuba y Venezuela con mucho cariño” y afirmó que él (usando la expresión “a gente” en portugués) se dispone a “solucionar el problema venezolano” con “diálogos y no con amenazas de ocupación, lo vamos a solucionar con diálogo y no con ofensas personales”. Se ignora que tipo de intervención se propone realizar Lula en Venezuela, aunque en su intervención en Buenos Aires rechazó a quienes “le piden comprensión a Maduro”.

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La decisión de poner fin al “gobierno de transición” de Juan Guaidó, tomada por parte de la oposición venezolana, ha tenido inmediatas repercusiones. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea reunidos el 23ENE23 en Bruselas abordaron el tema. Una fuente oficial de la UE, consultada para este Informe, precisó que el tema Venezuela fue “brevemente” tratado por los ministros de Asuntos Exteriores en el marco del punto del orden del día «Asuntos de actualidad».

Según la fuente, el Alto Representante, Josep Borrell, “ha informado al Consejo sobre los últimos acontecimientos políticos, en particular la decisión de la Asamblea Nacional de disolver el Gobierno interino dirigido por Juan Guaidó, y la reanudación de las negociaciones el pasado mes de noviembre en México”. Tras el intercambio sobre el tema “no se tomó ninguna decisión”. La UE si bien desconoció la fraudulenta reelección de Maduro en 2018, nunca reconoció colectivamente al gobierno de transición encabezado por Juan Guaidó, ya que era una decisión que requería unanimidad.

El reconocimiento a Guaidó fue decidido individualmente por los diversos gobiernos que componen a la UE, muchos de los cuales optaron por no romper relaciones diplomáticas, mantener sus misiones diplomáticas en Caracas algunas de ellas sin embajador, pero en manos de encargados de negocios. Esta situación ha tendido a cambiar en los últimos meses y diversos gobiernos europeos están en la vía de reenviar embajadores a Caracas como ya ocurrió con España que, en una poco ortodoxa maniobra diplomática, elevó el rango de su encargado de negocios, Ramón Santos Martínez, al de embajador ante el gobierno de Nicolás Maduro. Los gobiernos no izquierdistas de Uruguay y Costa Rica están en el mismo propósito: Uruguay solicitó en noviembre de 2022 el beneplácito para enviar embajador a Caracas. Costa Rica realizó gestiones ante los enviados de Maduro a Argentina en la reunión de CELAC, para acordar el restablecimiento de relaciones a nivel consular.

Por su parte, el “gobierno legislativo” constituido por la oposición venezolana decidió designar un representante ante el gobierno de EEUU que reemplace al embajador que Juan Guaidó mantenía en Washington, Carlos Vecchio, quien contaba con reconocimiento oficial como funcionario diplomático acreditado ante el Departamento de Estado. En los mentideros de Washington se pone en duda que el gobierno de Biden otorgue al nuevo enviado de la oposición venezolana, Fernando Blasi militante del partido “Un Nuevo Tiempo”, el reconocimiento, los privilegios e inmunidades usuales a un embajador extranjero. Blasi sería un “representante” oficial de la oposición venezolana pero no un “Embajador”.

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Lula da Silva y Gustavo Petro se negaron a prestar apoyo militar al gobierno de Ucrania, en un obvio cuadre a favor de Rusia.

El brasileño fue consultado por el entonces comandante del Ejército, general Júlio Cesar de Arruda, en reunión sostenida el 20ENE23 con el alto mando militar, sobre una solicitud hecha por el gobierno de Alemania. El gobierno alemán está interesado en comprar municiones para los carros de guerra Leopard-1 que forman parte del arsenal del ejército brasileño y que serían parte de los carros de combate a ser entregados a Ucrania. Lula, según el diario Folha de São Paulo, habría afirmado que “no vale la pena provocar a los rusos”. El conflicto en Ucrania está causando escasez de municiones y Alemania está recurriendo a Brasil, que tiene en su parque.

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La solicitud de municiones para Leopard-1 se trataría de la segunda ocasión en la cual los diplomáticos alemanes consultan a Brasil para comprar equipos bélicos con destino en Ucrania. Aún durante el gobierno de Jair Bolsonaro, Alemania habría intentado adquirir unidades del carro blindado Gepard de combate antiaéreo o, en todo caso, municiones para ese sistema. Los Gepard, comprados por Brasil a Alemania la década pasada, serían útiles en Ucrania para sumarlos a las defensas contra ataques de drones rusos. Por cierto, el general Arruda fue destituido por Lula al día siguiente de la reunión en la cual se discutió la venta de armamento para uso en Ucrania.

El gobierno ucraniano llegó a ver con buenos ojos el arribo de Lula a la presidencia brasileña e incluso envió a Brasilia a la viceprimera ministra, Yulia Svyrydenko, para la toma de posesión el 01ENE23. Pero Lula está dando continuidad a la línea de Jair Bolsonaro al declarar a Brasil como “neutral” ante la invasión rusa a Ucrania en obvio respaldo a Moscú. 

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La general Laura J. Richarson, jefe del Comando Sur de EEUU, durante una conferencia el 19ENE23 en el Atlantic Council de Washington evaluó las amenazas que enfrenta su país en el continente. Reveló las gestiones realizadas para convencer a seis países latinoamericanos, sin mencionarlos y descartando a Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son poseedores de equipos bélicos de origen ruso. EEUU intenta que esos países reemplacen sus equipos militares rusos por equivalentes de fabricación estadounidense. EEUU estimula que los equipos rusos sean donados a Ucrania. Brasil, Perú, Chile, Colombia, México y Bolivia son usuarios de armamento ruso especialmente de helicópteros de combate. El 24ENE23, durante su intervención en la cumbre presidencial de la CELAC, Petro comentó el pedido estadounidense y dijo haber respondido que no entregaría las armas de fabricación rusas “para que se llevaran eso a Ucrania a seguir una guerra”.

En sus recientes viajes a Latinoamérica, Richardson ha visitado Colombia en dos ocasiones tras la toma de posesión de Gustavo Petro. El 25ENE23 el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Helder Hiraldo, visitó a Richardson en el cuartel general del Comando Sur en Miami, Florida. Colombia, tras la llegada al poder de Hugo Chávez en 1999, reemplazó a Venezuela como el principal aliado militar estadounidense en el continente. El triunfo de Petro en Colombia está poniendo en duda la continuidad de la alianza militar de EEUU y Colombia.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | EEUU no tiene el dinero para acuerdo Maduro-Oposición, por Edgar C. Otálvora

El canciller mexicano felicita a Gerardo Blyde por la firma de un acuerdo con el régimen chavista el 26NOV22. Foto: @SRE_mx.

Nadie en Washington garantiza fondos para el acuerdo que la oposición venezolana y los enviados de Nicolás Maduro firmaron en México el 26NOV22

 

@ecotalvora

El sábado 07ENE23, sin avisos previos, el presidente de Colombia Gustavo Petro viajó a Caracas para una reunión de urgencia con Nicolás Maduro. Se trataba de la segunda visita a Venezuela por parte del colombiano desde su toma de posesión, mientras que Maduro, aconsejado por sus servicios de seguridad cubanos, ha descartado una eventual visita a territorio colombiano.

Según las versiones oficiales, Maduro y Petro pasaron revista a diversos temas comerciales, de infraestructura, de regulación de inversiones, sobre los cuales estarían trabajando. Todos ellos son asuntos que no ameritaban un viaje presidencial. En realidad, Petro viajó a Caracas para solicitar a Maduro su intervención ante los jefes guerrilleros de ELN quienes se muestran reacios a declarar un cese al fuego bilateral.

El 31DIC22, Petro anunció un cese al fuego bilateral y ordenó la paralización de las operaciones militares ofensivas contra el ELN, las disidencias de la Farc, grupos paramilitares y demás grupos alzados en armas en Colombia. El anuncio de Petro fue rápidamente desmentido por la jefatura del ELN quien informó que en las negociaciones que sigue con el gobierno y que han tenido a Caracas como sede, no se había acordado un cese al fuego. El 04ENE23 Petro ordenó reactivar operaciones militares contra el ELN aunque en la práctica esperaba los resultados de las gestiones de su socio Maduro.

La estrecha relación del régimen chavista con el ELN, organización que controla extensas zonas en territorio venezolano, fue el motivo para que el colombiano apelara a Maduro. Como consecuencia de las gestiones, el ELN aceptó realizar en Caracas una reunión extraordinaria con el gobierno Petro probablemente el 17ENE23.

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A su llegada al aeropuerto de Maiquetía el 07ENE23, Petro era esperado al pie de la escalerilla por la vicepresidenta del régimen Delcy Rodríguez quien estaba acompañada por un hombre cano quien fue colocado en la fila de saludo en segunda posición antes que el embajador colombiano. El hombre, un desconocido para los analistas políticos de ambos países, es el “empresario” venezolano Luis Salas quien actuó como secreto enlace y correo entre Maduro y Petro una vez que el colombiano ganó las elecciones. Salas marchó en el callejón de honor junto a Petro y Rodríguez cuando el colombiano recibió honores militares en el aeropuerto. Después, Salas fue visto en los pasillos del Palacio de Miraflores durante la estadía de Petro para sus reuniones con Maduro. Ya el 01NOV22 en la primera visita de Petro a Maduro, el “enlace secreto” Salas acompañó a Delcy Rodríguez a dar el recibimiento al colombiano.

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Nadie en Washington garantiza fondos para el acuerdo que la oposición venezolana y los enviados de Nicolás Maduro firmaron en México el 26NOV22.

Mediante ese acuerdo crearon un mecanismo para la “protección social del pueblo venezolano” y que sirvió para justificar el ablandamiento de sanciones al régimen chavista.

El 16SEP21 Maduro suspendió su participación en las negociaciones con la opositora “Plataforma Unitaria”, organizadas por diplomáticos de Noruega, auspiciadas por EEUU y que contaban con Ciudad de México como sede. Mientras la oposición decía procurar negociar condiciones adecuadas para unas próximas elecciones presidenciales, el régimen exigía el fin de las sanciones impuestas por EEUU y otros gobiernos. Una hipotética suspensión de algunas sanciones, especialmente la bregada por el lobby de la petrolera Chevron para regresar a operar en Venezuela, estaba condicionada a un regreso de Maduro a la mesa de México.

El mal llamado reinicio de las negociaciones se produjo el 26NOV22 cuando las delegaciones encabezadas por el opositor Gerardo Blyde y el negociador del régimen Jorge Rodríguez comparecieron en México para una sesión de fotografías y declaraciones, y para firmar dos documentos previamente acordados y que no requerían del viaje. Se trataba del “segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano” y un anexo sobre la puesta en funcionamiento del acuerdo. En ese documento las partes se comprometieron a designar comisiones técnicas que serían notificadas a la cancillería de Noruega en un plazo de 24 horas, lo cual nunca ocurrió. El acuerdo firmado establecía que “las partes han identificado recursos pertenecientes al Estado venezolano, congelados en el sistema financiero internacional, a los cuales es posible acceder […] entendiendo la necesidad de obtener las autorizaciones que competen a instituciones y organismos competentes [en el extranjero]”. Entre 3.000 y 5.000 millones de dólares era la cifra que chavismo y opositores aseguraban que pondrían en el fondo creado. En aquel entonces el Informe Otálvora del 02DIC22 advertía que “en realidad, se desconoce cuánto dinero del estado venezolano se encuentra represado o incautado en instancias extranjeras y, su eventual recuperación requerirá ingentes esfuerzos legales y administrativos”.

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Tras la firma del acuerdo “social”, la oposición esperaba retomar las conversaciones en breve sobre los aspectos políticos y humanitarios. Condiciones para las elecciones que teóricamente tendrán lugar en el año 2024, liberación de presos políticos eran temas de la agenda opositora. Mientras la petrolera Chevron comenzaba a operar con la estatal Pdvsa y preparaba embarques de crudo hacia EEUU, el gobierno Maduro se negó a realizar una nueva ronda de negociaciones durante el mes de diciembre.

El 31DIC22 Jorge Rodríguez dijo que estaban intentando “aterrizar” el acuerdo ya firmado. El 01ENE23 el propio Maduro se quejó porque EEUU no estaba liberando los recursos ofrecidos. Según Rodríguez, sería “atemporal” (sic) avanzar en otros temas “sin cerrar uno anterior” con lo cual nuevamente las negociaciones quedaban congeladas pese a los ya usuales contactos entre el régimen y voceros de la “oposición”.

En tanto, en mentideros de Washington se maneja la cifra de apenas 175 millones de dólares que pudieran ser objeto de liberación por parte del Departamento del Tesoro. Colocar esos fondos en manos de la ONU para cubrir los supuestos planes acordados entre Maduro y la oposición, de los cuales no se tiene noticias concretas, dependería además de decisiones administrativas y políticas que pudieran no contar con el pleno respaldo del alto funcionariado estadounidense en razón de las responsabilidades legales que pudieran acarrear. Las cifras fantasiosas de miles de millones de dólares forman parte de una hipotética contabilidad que reúne inciertas cifras de activos venezolanos retenidos por gobiernos a lo largo del mundo.

El 13ENE23, mediante un tuiteo del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, se conoció que la decena de negociadores de la Plataforma Unitaria encabezados por Gerardo Blyde, habían sostenido una nueva reunión con el Departamento de Estado. Los enviados de la oposición fueron recibidos por un grupo de funcionarios de tercer y cuarto escalón del Departamento de Estado. Según la fotografía divulgada la parte estadounidense estaba encabezada por Mark Wells, el segundo a bordo de la subsecretaría para el Hemisferio Occidental, quien estaba acompañado por el Embajador de EEUU para Venezuela, James Story, quien opera desde Bogotá y viajó a Washington para la ocasión. El tuiteo adjudicado a Nichols informó que el encuentro fue para “reafirmar el apoyo de EEUU a su trabajo por lograr elecciones libres y justas en Venezuela en 2024”. Todavía la administración Biden insiste en la ruta de lograr que el régimen chavista permita elecciones libres en Venezuela.

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La visita de la numerosa delegación partidista opositora venezolana a Washington se produjo poco después que la Asamblea Nacional opositora (denominada “IV Asamblea Nacional” electa en 2015 y que EEUU reconoce como la única institución electa democráticamente en Venezuela) decidiera poner fin a la figura del “gobierno provisional”, destituir a todos los funcionarios designados durante las gestiones de Juan Guaidó como “presidente provisional” y designar una nueva directiva integrada por militantes de los tres partidos (AD, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo conocidos como el G3) que coordinaron la destitución de Guaidó.

Por cierto, entre las medidas acordadas por el bloque de tres partidos está la disolución del aparato diplomático del “gobierno provisional” que incluía las misiones diplomáticas ante el gobierno de EEUU y en la OEA. Mientras cualquier gobierno del planeta, incluyendo a los estadounidenses, hace esfuerzos para mantener su sede diplomática y el reconocimiento diplomático de Washington, los opositores venezolanos desecharon esta herramienta con la cual contaban.

La disolución del “gobierno de transición” fue realizada con el visto bueno del gobierno de EEUU, que les garantizó al G3 la continuidad del reconocimiento a la Asamblea Nacional opositora. Ese reconocimiento no solo sería de carácter político, sino que el Departamento de Estado se comprometió a autorizar que la Asamblea y los organismos que designara para el manejo de recursos fueran autorizados por el Departamento de Tesoro como ya había ocurrido con el “gobierno de transición” de Guaidó. El 09ENE23, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que permitirá que la Asamblea Nacional opositora opere como un virtual “gobierno legislativo” con capacidad para realizar transacciones con entes estadounidenses. Probablemente el financiamiento que desde EEUU reciben los diputados opositores continúe fluyendo de esta manera, pero el tema central del control de los activos congelados en el exterior, algunos de ellos en procesos de litigios con acreedores, quedó latente.

Si bien Guaidó no ejercía real gobierno en Venezuela, la existencia del “gobierno provisional” y su reconocimiento legal por importantes gobiernos, creó una situación jurídica que impide que el régimen chavista tenga acceso a activos del Estado situados en el exterior, a la vez que impide que ansiosos creedores a quien el chavismo expropió bienes se hagan de esos bienes como pago. La disolución del “gobierno provisional” por parte de la propia oposición dejó abiertas puertas para que acreedores aumenten sus apuestas para hacerse de propiedades estatales venezolanas como la petrolera Citgo que opera refinerías, redes y gasolinerías en EEUU.

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Por cierto. El gobierno de EEUU está jugando a obviar el caso de la empresa propiedad estatal venezolana situada en Barranquilla, Colombia, cuyo manejo fue devuelto por Gustavo Petro a Maduro. La empresa Monómeros Colombo Venezolanos como parte de la estatal venezolana Pdvsa vía la filial Pequiven, fue objeto de sanciones por el gobierno de EEUU el 28ENE19. La imposibilidad de realizar transacciones comerciales con empresas de EEUU paralizó en la práctica las operaciones de Monómeros que contaba desde el mes de mayo con una junta directiva designada por el “gobierno provisional” encabezado por Juan Guaidó. Ante este hecho, el 07JUN19 el gobierno Trump emitió una licencia que liberó a Monómeros de las sanciones.

Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia el 07AGO22, Colombia dejó de reconocer al “gobierno provisional” venezolano y entró en inmediatos negocios con el régimen chavista. Uno de los primeros movimientos de Petro ante Maduro fue facilitar la retoma del control de la empresa por enviados de Caracas, mediante la inscripción el 09SEP22 de una junta directiva en la cual fueron incluidos dos colombianos vinculados con el nuevo gobierno y una venezolana relacionada con el entorno íntimo de la familia Maduro. La empresa productora y comercializadora de fertilizantes quedaba nuevamente bajo control del chavismo. El asunto habría sido tratado por Petro con emisarios del gobierno Biden, exigiendo que Washington no reimpusiera sanciones a Monómeros, bajo el argumento de que el mayor afectado es el sector agrícola colombiano. En la práctica, uno de los resultados de la línea de no confrontación con Petro decretada por EEUU ha sido mantener a la empresa retomada por Maduro fuera de la lista de sanciones.

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La eliminación del “gobierno provisional” en Venezuela fue recibida como entusiasmo por el gobierno ruso. La vocera del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, emitió el 09ENE23 un comunicado señalando que “la oposición radical venezolana, con el apoyo y la instigación de los patrocinadores occidentales, continuó sus intentos de dar nueva vida al trabajo de la «Asamblea Nacional paralela» para retener el acceso a las palancas del gobierno por las buenas o por las malas. Al mismo tiempo, se tomó la decisión correcta y lógica de abolir el “gobierno interino” encabezado por J. Guaidó”.

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En Perú está en desarrollo una insurrección impulsada por la alianza entre narcotráfico y el castrochavismo impulsado desde Bolivia por Evo Morales. La agenda de las violentas protestas que se registran en el sur peruano, con decenas de muertos, se limita a aspectos de carácter político: exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, disolución del parlamento, convocatoria a elecciones y realización de una asamblea constituyente.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | Venezuela se queda sin embajadores en EEUU y la OEA, por Edgar C. Otálvora

Embajador Gustavo Tarre Briceño cuando el 10ABR19 fue reconocido como representante de Venezuela en la OEA. Foto: OEA.

La salida de Tarre Briceño de la OEA constituye una obvia victoria para la alianza castrochavista continental

 

@ecotalvora

Venezuela deja de tener representación diplomática ante el gobierno de EEUU y ante la OEA como consecuencia de la decisión del 20DIC22 de la Asamblea Nacional de Venezuela (electa en 2015) de poner fin al gobierno de transición instaurado en 2019.

El embajador de Venezuela en la OEA, Gustavo Tarre Briceño y el embajador de Venezuela ante el gobierno de EEUU, Carlos Vecchio, además de otros diplomáticos ante diversos gobiernos, fueron cesados automáticamente en sus funciones como consecuencia de la decisión del legislativo opositor. Se trata de las primeras consecuencias legales de la decisión mediante la cual los diputados se prolongaron por un año más su mandato y pusieron fin de facto al gobierno provisional y a la presidencia de Juan Guaidó.

La salida de Tarre Briceño de la OEA constituye una obvia victoria para la alianza castrochavista continental que, por diversas vías, había tratado de dejar sin efecto la resolución que desde 2019 lo aceptó como el representante de Venezuela.

Dado que la designación de representantes diplomáticos es una función del Ejecutivo, eventuales nuevos representantes que pudieran ser designados por el “gobierno legislativo” de la oposición venezolana no serían aceptados por los gobiernos que desconocen al régimen de Maduro.

Igualmente termina el financiamiento otorgado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, con visto bueno del Departamento de Estado de 2019, al “gobierno provisional” de Venezuela, procedente de dinero incautado por el gobierno de EEUU. El “gobierno legislativo” aprobado por la AN no contará con financiamiento salvo que se produzca la muy improbable aprobación del actual secretario de Estado.

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Para el 24ENE23 está prevista la realización en Buenos Aires de un encuentro presidencial de la CELAC. El grupo que es controlado por la izquierda continental y que excluye a EEUU y Canadá, decidirá crear una secretaría permanente que le permita operar como un organismo formal. Los planes de contraponer la CELAC a la OEA han sido diseñados con el concurso del mexicano López Obrador y el argentino Alberto Fernández quien actualmente preside el grupo y actuará como anfitrión.

La cita bonaerense será la primera actividad en el exterior que cumplirá Lula da Silva, quien asumirá la presidencia de Brasil el 01ENE23. Brasil regresa a CELAC y Lula se convierte en el catalizador de las acciones de los gobiernos de izquierda a nivel continental, con respecto a temas como una posible reforma de la OEA o la destitución del secretario general, Luis Almagro.

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Lula llega a la presidencia de Brasil con sed de protagonismo internacional y sus seguidores con hambre de venganza política. El “informe final” elaborado por su equipo de “transición de gobierno” acusa a Jair Bolsonaro de mantener una “visión aislacionista” que “afectó la imagen del país y perjudicó la capacidad brasileña de influir sobre temas de la agenda global”. El documento señala a Bolsonaro de desmontar UNASUR, sacar a Brasil de CELAC y propiciar el desmantelamiento del Mercosur. El equipo de Lula asegura que “al apostar en el aislamiento de Venezuela (del régimen chavista) Brasil se convirtió en un “factor de inestabilidad regional”.

Una de las primeras designaciones del nuevo gobierno brasileño fue el de su ministro de Exteriores, el cual fue asignado a un diplomático de carrera, Mauro Vieira, quien ha sido canciller durante el gobierno de Dilma Rousseff y embajador de Lula en EEUU y Argentina. La diplomacia oficial, de esta manera, fue puesta en manos de un hombre que procede del interior de Itamaraty.

Para la diplomacia paralela presidencial, los enlaces y conexiones con los aliados de la izquierda continental que en el pasado ejecutaba el fallecido petista Marco Aurélio Garcia, se asoman el nombre del excanciller Celso Amorim, aunque la expresidenta Dilma Rousseff y la secretaria ejecutiva del Foro de São Paulo, Mónica Valente, podrían completar un equipo de operadores internacionales paradiplomáticos. Amorim, quien es uno de los fundadores del Grupo de Puebla y ha actuado en los últimos años como el operador internacional de Lula, tendrá cargo de asesor presidencial con oficinas en el Palacio de Planalto.

Ya antes de la toma de posesión, Lula está diseñando varios periplos al extranjero. A finales de enero viajará a Buenos Aires para una visita oficial a Argentina y participar en lo que sería un encuentro de las cabezas de los gobiernos de izquierda continental para acordar planes de acción conjunta. La Casa Blanca le extendió invitación para una visita oficial a Washington para la cual están negociando fechas. En abril, Lula realizará una gira a Europa con varias paradas ya acordadas. Una visita a China está igualmente en la lista inmediata de viajes.

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Joe Biden asistió el 01ENE14 a la toma de posesión de Dilma Rousseff cuando ejerció como vicepresidente de EEUU durante el gobierno de Barack Obama. Para la toma de posesión de Lula da Silva, Biden decidió enviar una delegación de menor nivel que no incluye a la vicepresidenta Kamala Harris. La delegación estadounidense a Brasilia está integrada por Deb Haaland, secretaria del Interior y por el colombo-estadounidense Juan González, quien es asesor de Biden y director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental.

En la toma de posesión de Lula deberán estar presentes los mandatarios de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Honduras, Paraguay, Suriname, Uruguay y San Vicente y Las Granadinas, además de Portugal, Angola, Cabo Verde, Timor Este y altos representantes de Rusia, China e Irán, entre otros. El propósito de Lula es reflejar un gran evento internacional.

No pasa desapercibido que Manuel López Obrador (México), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua) no atendieron la invitación de Lula. El mexicano se hace representar por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y por su canciller y precandidato presidencial Marcelo Ebrard. La dictadura cubana envió a Brasilia, con cinco días de anticipación, al vicepresidente Salvador Valdés y a la viceministra de Exteriores Josefina Vidal. Valdés ha realizado diversas reuniones de coordinación política.

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El asunto de la participación de Maduro en los eventos del 01ENE23 en Brasilia se convirtió en tema aparte. Una resolución interministerial del 19AGO19, emanada de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia de Brasil, estableció una prohibición de ingreso al país de “altos funcionarios del régimen venezolano por sus actos contrarios a los principios de la Constitución (brasileña) atentando contra la democracia, y los derechos humanos”.

En el listado de sancionados figuraron seis decenas de altos jerarcas chavistas encabezados por Nicolás Maduro, lo que impediría la asistencia del dictador venezolano a Brasilia.

En la mañana del 20DIC22 apareció en el Diario Oficial de la Unión una resolución interministerial del día anterior que dejaban sin efecto la resolución del año 2019. Fuentes cercanas al gobierno saliente, consultadas para este Informe, aseguran que en las últimas semanas se produjo negociaciones entre el gobierno saliente y el entrante sobre diversas materias. De ellas emanó la decisión de Bolsonaro para designar el 28DIC22 como nuevo comandante del Ejército al general Júlio Cesar de Arruda, quien contaba con el aval de Lula.

Reacio a visitar países donde no se le permita el despliegue de su propio aparato de seguridad, dada la oferta de recompensa que ofrece el gobierno de EEUU, Maduro se ha abstenido de viajar en los últimos años a Europa e incluso hasta la fecha no ha aceptado visitar Colombia donde gobierna su aliado Gustavo Petro. En medios diplomáticos de Brasilia se da como un hecho que Maduro preferiría enviar a alguno de los hermanos Rodríguez, la vicepresidenta Delcy o el presidente la asamblea nacional chavista Jorge Rodríguez, en su representación.

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Lula pretende reestablecer relaciones diplomáticas con el régimen chavista desde el mismo 01ENE23. Hasta la fecha no ha dejado saber quién será su embajador ante el gobierno de Maduro. En medios diplomáticos de Brasilia causó sorpresa que Maduro optara por indicar a un funcionario de bajo rango político y diplomático para que ejerza como su embajador ante el gobierno de Lula. Se trata de Manuel Vicente Vadell, quien ejercía como cónsul de Maduro en São Paulo y quien permaneció ilegalmente en Brasil luego de que en marzo de 2020 el gobierno Bolsonaro ordenara la salida de los diplomáticos chavistas. Según O Globo, el gobierno Bolsonaro permitió que Vadell, quien se negaba a regresar a Venezuela alegando la pandemia de COVID, regularizara su situación migratoria y posteriormente abriera una tienda de venta de ropa en el barrio Vila Madalena en São Paulo.

Por cierto, María Teresa Belandria, quien ejerció como embajadora de Venezuela en Brasil por designación del presidente interino Juan Guaidó desde 2019, fue objeto de varios actos de despedida por parte del cuerpo diplomático acreditado en Brasilia.

Dando como un hecho que Lula procedería a reconocer al gobierno de Maduro, Guaidó y Belandria acordaron anunciar al gobierno de Brasil que a partir del 26DIC22 cesarían las funciones de la Embajada. Por lo menos tres recepciones, típicas cuando un diplomático reconocido cesa en sus funciones, fueron ofrecidas a Belandria por parte de las misiones diplomáticas de EEUU, la Unión Europea y los Países Bajos.

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El anuncio por las autoridades electorales de los resultados que daban como ganador a Lula da Silva como presiente de Brasil, el 30OCT22, fue seguido de un total silencio por parte de Jair Bolsonaro. El presidente que alega haber sido objeto de fraude electoral y de un poder electoral posicionado en su contra, se negó a reconocer expresamente los resultados y se cobijó en un silencio que, según fuentes cercanas a la familia presidencial, dejaban ver un cuadro de depresión, y que según observadores políticos manifestaba incapacidad de Bolsonaro para reaccionar a los nuevos hechos.

Miles de ciudadanos fueron a las calles para protestar los resultados y clamar para que una intervención militar impidiera la toma de posesión de Lula. El Cuartel General del Ejército en Brasilia permanecía rodeado de bolsoneristas que acamparon exigiendo un pronunciamiento militar que reiteradamente fue negado por los altos mandos castrenses.

Temeroso de la apertura de procesos judiciales en su contra, sin apoyo político de sus aliados partidistas para encabezar un acto de desconocimiento a los resultados electorales, Jair Bolsonaro optó por abandonar Brasil el 20DIC22 con destino a EEUU. A bordo de un avión oficial presidencial, Bolsonaro voló desde Brasilia con destino a Orlando, en el estado de Florida, donde ya estaban varios miembros de su clan familiar. La aeronave tras hacer una parada técnica en Boa Vista, estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, tomó rumbo al noreste para obviar el espacio aéreo venezolano y alcanzar el Atlántico a través de Guyana. Los expresidentes brasileños tienen derecho a contar con un número determinado de “asesores” pagos con recursos públicos y según publicación oficial del 20DIC22, el gobierno dispuso lo necesario para que cinco funcionarios permanezcan en EEUU, a la orden de Bolsonaro, posiblemente en tareas de seguridad.

La presidencia de Brasil quedó en manos del vicepresidente Hamilton Mourão quien sería el encargado de transferir la banda presidencial a Lula da Silva en los actos del 01ENE23.

Brasil cruza a la izquierda de la mano de Lula y las fuerzas populares que rechazan el regreso del PT al poder parecieran haberse quedado sin un líder. Bolsonaro, en una alocución divulgada poco antes de volar a EEUU, pidió a sus seguidores que mantuvieran una fuerte oposición a Lula, pero él sin mayor explicación decidió partir del país antes del fin de su mandato, dejando a sus leales seguidores que intentan llegar a Brasilia para protestar contra el ascenso de Lula da Silva.

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Nuestros mejores deseos para nuestros leales lectores… Un gran 2023 para ustedes.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | Cocaleros y Grupo de Puebla buscan desestabilizar Perú, por Edgar C. Otálvora

Presidenta Dina Boluarte encabeza ceremonia en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea el 14DIC22. Foto: Presidencia de Perú

Grupos armados cocaleros se suman a los residuos urbanos de guerrilleras de izquierda para desencadenar una ola de acciones violentas en Perú. La crisis peruana tiene fuerte olor a coca

 

@ecotalvora

El gobierno de EEUU ya abrió canales directos con Lula da Silva, quien iniciará gobierno el 01ENE23. El 09DIC22 Lula sostuvo un encuentro en Brasilia con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan, quien viajó a Brasil acompañado de su subalterno, el colombo-estadounidense Juan González y del hondureño-estadounidense Ricardo Zuñiga, del Departamento de Estado.

Según las diversas versiones del encuentro, los enviados estadounidenses extendieron a Lula la invitación para una visita oficial a Washington. El “tema Venezuela” habría sido introducido por los visitantes en la conversación. Como ya ocurrió con Gustavo Petro y Alberto Fernández, los enviados del gobierno Biden solicitaron a Lula que utilizara su influencia sobre Nicolás Maduro para “mejorar” las condiciones para elecciones democráticas en Venezuela.

El embajador Mauro Vieira, quien ya fue señalado por Lula como su ministro de Exteriores, confirmó que Brasil reestablecerá relaciones diplomáticas con la dictadura venezolana a partir del 01ENE23.

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Grupos armados de organizaciones cocaleras peruanas se han sumado a los residuos urbanos de guerrilleras de izquierda para desencadenar una ola de acciones violentas en Perú. Acciones desatadas tras la destitución de Pedro Castillo de la presidencia de Perú. Simultáneamente, el presidente mexicano Manuel López Obrador está capitaneando una reacción desde el exterior en apoyo a Castillo.

La crisis peruana tiene fuerte olor a coca.

El 07DIC22 el presidente izquierdista Pedro Castillo se dirigió al país anunciando un conjunto de medidas que, en resumen, significaban un intento de golpe de Estado. Disolución del Congreso, reestructuración del poder judicial, establecimiento de un gobierno de “emergencia excepcional”, gobierno mediante la emisión de decretos presidenciales, convocatoria a elecciones para un Congreso que dictaría una nueva constitución.

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Pedro Castillo, quien desde el inicio de su gobierno el 28JUL21 había salido ileso de dos intentos de destitución por parte del Congreso, logró con su caricatura de golpe que las distintas fuerzas parlamentarias sumaran 110 votos de un total de 130, la mayoría necesaria para su destitución. Incluso sus camaradas del partido Perú Libre votaron por la declaratoria de “vacancia por incapacidad moral”. Se trata de una figura constitucional peruana equivalente a un proceso de control político parlamentario a la gestión presidencial del cual puede derivar en la declaración de vacío presidencial. Ese vacío será superado con la juramentación del primero en la línea de sucesión, en este caso, la vicepresidenta electa Dina Boluarte.

Aparte de ser destituido del cargo, contra Castillo fue iniciado el mismo 07DIC22 un proceso judicial por rebelión y conspiración por el cual permanece encarcelado desde ese mismo día, luego de que agentes policiales le impidieron desplazarse hasta la residencia del embajador mexicano en Lima, donde el ya expresidente pretendía refugiarse como asilado político.

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Pedro Castillo llegó a la Presidencia de Perú con un partido de alquiler propiedad de Vladimir Cerrón, un agente de la dictadura cubana que intentó convertirse en el mentor del maestro interiorano y exdirigente sindical. Castillo no implementó el programa radical de izquierda diseñado por Cerrón de quien progresivamente se distanció.

Castillo accedió a la apertura de canales de comunicación con el gobierno de EEUU, asistió a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y no adelantó una política conformacional contra EEUU. Los planes diseñados por Cerrón y Evo Morales para crear una alianza cocalera entre Perú y Bolivia no encontraron eco en Castillo.

En tanto, la familia más cercana de Castillo comenzó a utilizar su posición para facilitar otorgamiento de contratos a empresarios que adivinaron rápidamente las debilidades de la familia del exmaestro rural.

Alejado de su base política original, Castillo fue igualmente incapaz de construir alianzas políticas con otros sectores del archipiélago partidista peruano. Cuando lanzó su golpe de Estado, en lo que resultó una infantil maniobra para impedir su probable destitución por corrupción, ningún partido o cuartel se pronunció a favor de Castillo. A Pedro Castillo nadie lo tumbó, él se cayó solo. El eje castrochavista se limitó a pronunciamientos a posteriori. De La Habana, Caracas o del Chapare boliviano no llegaron grupos de choque armados para defender a Castillo.

El 12DIC22 el Congreso peruano aprobó desaforar al expresidente Castillo abriendo las puertas para su enjuiciamiento en tribunales ordinarios. El 16DIC22 un tribunal de Lima dictó una medida que permitirá que las autoridades judiciales lo mantengan 18 meses encarcelado en calidad de “prisión preventiva” mientras se elabora el expediente y se le juzga.

En tanto, el 16DIC22, diversos medios y autoridades peruanas reportaban la llegada a Lima de grupos de “manifestantes” organizados procedentes de la región cocalera del VRAEM. La consigna de los cocaleros que mantienen cerradas vías carreteras del sur del Perú y se movilizan para protestar en la capital es la de calificar a la nueva presidenta como “usurpadora” del cargo, exigiendo su renuncia con convocatoria a nuevas elecciones.

La narcoizquierda peruana está alzada en apoyo tardío a Castillo. Con varias decenas de muertos en diversos enfrentamientos, el 14DIC22 el gobierno de Boluarte decretó un estado de emergencia por 30 días, lo que implica la suspensión de varios derechos constitucionales como los de reunión, libre tránsito e inviolabilidad de la residencia.

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Además de los cocaleros, el mandato de la presidenta Dina Boluarte ha sido puesto en duda por cuatro gobiernos izquierdistas de la región con los cuales Perú ha entrado en choque diplomático.

El mexicano Manuel López Obrador y el argentino Alberto Fernández, fundadores del Grupo de Puebla y quienes están coordinando sus políticas exteriores hacia Latinoamérica, sumaron al colombiano Gustavo Petro y al boliviano Luis Arce para emitir el 12DIC22 un comunicado en respaldo al destituido Pedro Castillo. El gobierno de Chile se habría negado a participar en la maniobra. Lula da Silva se desmarcó el 09DIC22 de la crisis peruana en un comunicado en el cual calificó como “constitucional” la destitución de Castillo y deseó éxito a la presidenta Boluarte.

En el comunicado del 12DIC22, el ala “Puebla” de la izquierda continental denuncio que Castillo “desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento” […] “para luego ser objeto de un tratamiento judicial” que según los cuatro gobiernos violaría la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, conocido usualmente como el Pacto de Costa Rica. Se trata de la misma normativa que en el pasado Hugo Chávez y Evo Morales han invocado para justificar la reelección perpetua en el cargo.

Según los mandatarios del Grupo de Puebla, el proceso de juicio político aplicado a Castillo en apego a la constitución de Perú estaría “revirtiendo la voluntad popular expresada con el libre sufragio”. Se trata de la misma argumentación utilizada por la izquierda continental para responder a la destitución de Evo Morales.

La primera reacción del gobierno peruano fue emitir un comunicado público el 12DIC22, sin mencionar expresamente a los firmantes del comunicado, en el cual ratificaban que “de acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República”.

En su programa televisivo matutino del 13DIC22, López Obrador dejó saber que su gobierno sigue considerando a Castillo como presidente y en consecuencia desconoce el mandato de la presidenta Boluarte. Según AMLO, el Pacto de Costa Rica implica que “se debe reconocer que ganó democráticamente y no se le puede destituir” y que esa convención internacional estaría sobre la Constitución de Perú. Burlón, AMLO dijo que su gobierno no estaba realizando un acto de injerencia, sino que emitía una opinión, aunque declaró congeladas las relaciones con el nuevo gobierno peruano. El 14DIC22, el turno ofensivo correspondió a Gustavo Petro, quien mediante un tuiteo puso en duda la legalidad del proceso de destitución y enjuiciamiento a Castillo.

En reacción a la inamistosa posición de sus gobiernos, la cancillería peruana citó el 14DIC22 a los embajadores de México, Argentina y Bolivia, así como al encargado de negocios de Colombia. Se trataba de la segunda ocasión en menos de una semana en la cual era citado el diplomático mexicano Pablo Monroy para recibir nota de protesta por las declaraciones injerencistas de su presidente y de su canciller contra el gobierno peruano. La cancillería peruana entregó notas de protesta a los cuatro jefes de misión acusando a sus gobiernos de injerencia en asuntos internos del Perú.

El 15DIC22 el nuevo gobierno peruano escaló su respuesta a López Obrador y sus socios. Ese día la cancillería de Perú “llamó a consultas” a los jefes de sus misiones diplomáticas en Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires y La Paz “en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países, cuyas declaraciones cuestionan la sucesión presidencial realizada en estricto apego a la Constitución del Perú”.

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Las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, juntos con socios políticos caribeños asociados en el ALBA, se congregaron en La Habana el 14DIC22 y se pronunciaron sobre los hechos peruanos. Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y sus asociados aseguran que Pedro Castillo se vio obligado a tomar medidas (se refieren al golpe de Estado del 07DIC22) “que fueron luego aprovechadas por sus adversarios en el parlamento para destituirlo”.

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El gobierno de facto de Nicolás Maduro se convirtió ya en uno de los más largos de la historia de Venezuela. Solo dos dictadores del siglo XX y Hugo Chávez lo superan en tiempo continuo de ejercicio del gobierno en el país.

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Durante el año 2011, cuando la salud de Chávez estaba ya gravemente comprometida, las visitas a Cuba del entonces ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, se hicieron más frecuentes y prolongadas. Maduro había conocido Cuba en los años setenta cuando fue enviado para cursos de formación política y militar en condición de militante de organizaciones venezolanas que mantenían el esquema de la vía armada para la conquista del poder.

Después, Maduro fue una de las piezas colocadas por los servicios de espionaje cubano alrededor de Chávez en 1994, logrando escalar posiciones en el aparato político que estaba construyendo el militar golpista luego de salir de la cárcel. Con el tiempo Maduro se convirtió desde 2006 en el ministro de Relaciones Exteriores de Chávez, lo que le permitió permanecer en las cercanías del poder sin la erosión de otros miembros del gobierno.

La larga estadía de Maduro en la cancillería chavista presagiaba que los hermanos Castro estaban emulando en Venezuela el esquema intentado en Cuba de utilizar el cargo de canciller para formar un eventual futuro gobernante. Ya ese ejercicio había sido intentado por los Castro con Roberto Robaina y Felipe Pérez Roque ambos acusados, cada uno en su momento, de traición a la revolución después de haber sido cancilleres estrella.

En su condición de canciller, en julio de 2011 Maduro viajó a Brasil con el propósito de abortar la opción, ofrecida por el gobierno izquierdista de Dilma Rousseff, para que Chávez fuera atendido de su cáncer en el reputado Hospital Sirio-Libanês de São Paulo. Para el régimen cubano era prioritario el manejo directo de la enfermedad de Chávez como un asunto de secreto político, por lo cual no permitieron que el paciente se colocara fuera de su alcance. En aquellos días también, los consejos de Fidel Castro hicieron que Chávez retrocediera en su intención de desplazar a Maduro de su posición de canciller y enviarlo a competir en las elecciones regionales como candidato a la gobernación del fronterizo estado Táchira o del estado Carabobo.

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El 10OCT12 Chávez designó a Maduro como vicepresidente ejecutivo, cargo con facultades para suceder al presidente en caso de falta absoluta. La dictadura cubana de esa manera dejaba saber su predilección por Maduro como el sucesor de Chávez en detrimento de Elías Jaua, otro cuadro cubano incrustado la alta jerarquía chavista, quien en lo sucesivo vio declinar su estrella.

El ascenso de Maduro al cargo vicepresidencial marca la fecha en la cual comenzó a ejercer la función presidencial, primero de forma subrepticia amparado en falsas firmas de Chávez en documentos de Estado y luego, mediante dudosas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral controlados por el chavismo que le permitieron presentarse como candidato del chavismo a las elecciones presidenciales del 14ABR13 sin abandonar el cargo de vicepresidente y sin entregar documentos probatorios de su lugar de nacimiento.

La violación de normas constitucionales y de la legislación electoral se sumaron a un obvio fraude en las urnas.

La noche del 18ABR13, a pocas horas del cambio de gobierno en Venezuela, se produjo en Lima una reunión presidencial de Unasur, a la cual asistieron Pepe Mujica, Evo Morales, Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Juan Santos Calderón y el anfitrión Ollanta Humala y a la cual fue invitado Maduro. Bajo la promesa nunca cumplida de realizar un reconteo de votos, Unasur bendijo el fraude electoral en Venezuela.

El padrinazgo de sus socios políticos internacionales y la decisión del abanderado opositor Henrique Capriles Radonski de no defender en la calle los resultados a su favor, crearon las condiciones para que el cuadro cubano Nicolás Maduro hoy en día supere una década encabezando el gobierno chavista.

Escribió Ernesto Guevara que un “cuadro” es un “individuo que ha alcanzado el suficiente desarrollo político como para poder interpretar las grandes directivas emanadas del poder central, hacerlas suyas y trasmitirlas como orientación a la masa”… La agencia Bloomberg, que se muestra especialmente cercana al régimen chavista, entrevistó a Nicolás Maduro Guerra el 11DIC22. El hijo del dictador y alto jerarca del régimen anunció que su padre será el candidato del chavismo para las votaciones que el régimen prevé realizar en alguna fecha en los siguientes años…

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A nuestros leales lectores… Feliz Navidad 2022.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | EEUU no planea reconocer a Maduro, por Edgar C. Otálvora

El canciller mexicano Marcelo Ebrard felicita a Gerardo Blyde por la firma de acuerdos con el régimen de Maduro en Ciudad de México el 26NOV22. Foto: @SRE_mx

El lobby petrolero logró crear una grieta en las sanciones estadounidenses al régimen venezolano sin que, en contrapartida, se produjeran avances en las “pláticas” sobre elecciones libres

 

@ecotalvora

No está en los planes del gobierno de EEUU reconocer a Nicolás Maduro como jefe de Estado. Un reconocimiento de ese tipo paralizaría los procesos judiciales que le siguen en EEUU por narcotráfico

La posición del gobierno Biden sobre Maduro ha cobrado interés en razón de las conversaciones entre altos funcionarios de la Casa Blanca con Maduro y por la decisión de EEUU relacionada con el príncipe saudí Mohamed bin Salmán.

El 17NOV22 el Departamento de Justicia, a solicitud del Departamento de Estado, consignó ante un tribunal de Washington un alegato en relación al príncipe heredero saudí sobre quien corre una demanda civil. Mediante el documento “EEUU informa respetuosamente a la corte que el acusado Mohamed bin Salman, primer ministro del reino de Arabia Saudita, es el actual jefe de gobierno y por lo tanto goza de inmunidad frente a estas demandas» basado en que “la doctrina de la inmunidad de los jefes de Estado está bien establecida en el derecho internacional consuetudinario». MBS, como se conoce al poderoso príncipe saudí, asumió altísimas posiciones de gobierno desde que su padre Salmán bin Abdulaziz fuera investido rey en 2015 y en 2017 fue declarado primer heredero al trono. Asumió el cargo de primer ministro el 27SEP22, posición que ahora le confiere condición de jefe de gobierno e inmunidad en tribunales de EEUU.

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El 18NOV22, la decisión del gobierno Biden sobre MBS fue objeto de largo tratamiento en las preguntas de los corresponsales que asistían a la rueda de prensa en el Departamento de Estado, ese día a cargo del vocero adjunto Vedan Patel. La versión del Departamento de Estado fue que la posición sobre MBS era de carácter legal y no estaba referida a la situación de las relaciones bilaterales. Matt Lee, veterano periodista de AP, fue particularmente incisivo en sus preguntas: “¿considera usted, relacionado con esto, considera a Maduro como el jefe de Estado de Venezuela o jefe de Gobierno?”. Patel respondió: “No, no lo hacemos”. Lee reiteró: “¿Entonces, Maduro no recibirá el mismo tipo de trato [que MBS]?”. “Yo no quiero hablar de un caso judicial hipotético, pero es correcto”, dijo Patel usando una obvia paralipsis para afirmar que el gobierno de EEUU no tiene planteado reconocer a Maduro como jefe de Estado o de gobierno.

Pese a la negativa del vocero del Departamento de Estado, un implícito reconocimiento a Maduro como jefe de Estado ha sido una potencial consecuencia de la visita al Palacio de Miraflores el 05MAR22 del asesor presidencial de Biden y responsable del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, el colombo-estadounidense Juan González.

González es uno de los artífices de la actual política del gobierno de EEUU hacia Venezuela, que tuvo su más reciente desarrollo con la modificación de las sanciones impuestas a la empresa petrolera estatal venezolana.

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El 23NOV22, el presidente colombiano y nuevo aliado de Maduro, Gustavo Petro, anunció en su cuenta de Twitter que “este 25 y 26 se reinician los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana”. Días antes, el 05NOV22 en entrevista con El Espectador de Bogotá, el embajador de Petro ante Maduro, Alberto Benedetti, había comentado que “las negociaciones van superbién. A finales de noviembre eso puede terminar demasiado bien e inesperado para todo el continente”.

Petro no forma parte del esquema de negociaciones entre Maduro y los partidos opositores venezolanos, pero los comentarios del presidente colombiano y su locuaz embajador sirvieron para confirmar que las negociaciones estaban en marcha.

El viaje a Ciudad de México de las delegaciones para retomar las pláticas solo era un ardid para ocultar que, tras bastidores y con una fuerte presencia de EEUU, se estaba armando un nuevo capítulo para la crisis venezolana. A finales del mes de noviembre se vencía la licencia otorgada por el Departamento del Tesoro que permitía mantener operaciones mínimas en Venezuela a la petrolera Chevron y a las empresas de ingeniería Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International. Igualmente se vencía la licencia especial concedida a Chevron para entrar en contacto directo con el régimen chavista pare negociar un eventual futuro esquema de operaciones de la petrolera en Venezuela.

Desde la visita de Juan González a Caracas, en los mentideros de Washington quedó en evidencia el avance que la empresa Chevron había logrado en su objetivo de lograr una grieta legal para obviar las sanciones a la petrolera venezolana Pdvsa. Oficialmente el gobierno Biden dejó saber, en declaraciones y filtraciones de los principales operadores de política exterior de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, que un relajamiento de las sanciones estaría condicionado a que Maduro regresara a la “mesa de negociación” establecida en México en 2021. Una salida pacífica para Venezuela, con elecciones libres, democráticas y observadas internacionalmente, es el desiderátum pregonado por Washington y aliados europeos. De manera tal que la concreción de los deseos del lobby petrolero requería de un acto simbólico, con México como escenario, en el cual se reanudaran “las negociaciones”.

Por cierto, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, en un tuiteo del 24NOV22, escribió en español informando que su gobierno acoge “con beneplácito el regreso al diálogo entre los partidos venezolanos esta semana”. Ya no se trata, en el lenguaje del Departamento de Estado, de negociaciones entre una dictadura y los defensores de la democracia, sino un “dialogo entre partidos”.

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El anuncio adelantado por Petro obligó a que el Ministerio de Exteriores de Noruega, que sirve como financista parcial y facilitador de las pláticas entre Maduro y los representantes opositores, emitiera un comunicado el 24NOV22. “Anunciamos que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela han decidido retomar el proceso de diálogo y negociación en México el 26 de noviembre, facilitado por Noruega. Ahí las partes suscribirán un acuerdo parcial en materia social”. El viaje de las delegaciones de Maduro y de la oposición a México tendría como objetivo real la firma de un acuerdo que los venezolanos desconocían. Los aparatos diplomáticos de EEUU, Noruega, la Unión Europea, aliados extranjeros del chavismo, diversos organismos de la ONU, habían estado en los últimos meses trabajando en un esquema que satisficiera la exigencia chavista de suspender las sanciones financieras de EEUU al régimen como condición para una hipotética negociación sobre condiciones electorales.

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El 26NOV22 el diplomático noruego Dag Nylander, el representante de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, y el representante de la alianza partidista “Plataforma Unitaria de Venezuela” Gerardo Blyde, junto con sus respectivas delegaciones, suscribieron dos documentos. El “segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano” y un anexo con los términos para el seguimiento del propio acuerdo.

Mediante esos dos documentos fueron creados una “Mesa de Atención Social”, un “Grupo Especial para la Atención de los Efectos del Sobrecumplimiento GEAS”, una “Comisión de Seguimiento y Verificación”, y solicitaron a la ONU la creación de un fondo fiduciario que llevaría como nombre “Fondo para la Protección Social del Pueblo Venezolano”. Según los firmantes, el esquema tendría como objetivo identificar, planificar, ejecutar y hacer seguimiento a proyectos para el sector eléctrico, infraestructura educativa pública, respuesta a las “torrenciales lluvias” y ampliación del programa de alimentos ejecutado por la ONU. En resumen, las fuerzas políticas venezolanas estarían creando un cogobierno entre la dictadura venezolana y los partidos opositores. Según el texto, en un plazo de 24 horas luego de firmado el acuerdo, las partes debían notificar al noruego Dag Nylander los nombres de los representantes en el GEAS y en la “Comisión de Seguimiento”.

Por cierto. La firma de los acuerdos sirvió para que el precandidato presidencial mexicano y actual ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, ganara cámara como anfitrión del evento.

Reza el acuerdo que “las partes han identificado recursos pertenecientes al Estado venezolano, congelados en el sistema financiero internacional, a los cuales es posible acceder […] entendiendo la necesidad de obtener las autorizaciones que competen a instituciones y organismos competentes [en el extranjero]”. El acuerdo no especifica el monto que administraría los numerosos grupos creados. Según altos jerarcas del régimen, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, el acuerdo les permitiría, por medio de la ONU, disponer de US$3.000 millones. En realidad, se desconoce cuánto dinero del Estado venezolano se encuentra represado o incautado en instancias extranjeras y, su eventual recuperación requerirá ingentes esfuerzos legales y administrativos.

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La firma de los acuerdos en México el 26NOV22 fueron inmediatamente saludados por los gobiernos de EEUU, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Colombia, Argentina, y otros tantos. Algunos de ellos dejaron saber que en breve se realizarían nuevas rondas de negociaciones sobre los aspectos centrales de las garantías para elecciones presidenciales y la liberación de los presos políticos.

Pese a que se trataba de la semana del Día de Acción de Gracias, los responsables del Hemisferio Occidental en el gobierno Biden estaban atentos a los eventos en Ciudad de México. En la tarde del 26NOV22 el Departamento de Tesoro emitió una licencia pública denominada Licencia General 41 a favor de la empresa Chevron, así como licencias temporales a favor de las empresas de servicios estadounidenses para realizar operaciones en Venezuela, pero sin iniciar nuevos proyectos de perforación.

Mediante la licencia 41, el gobierno Biden autorizó por el plazo de seis meses, con eventuales renovaciones posteriores automáticas mensuales, para la creación de un monopolio a manos de Chevron para llevar petróleo venezolano a EEUU. La empresa fue autorizada a producir crudo, como parte de las operaciones de las empresas mixtas en las cuales la estadounidense es socia minoritaria de Pdvsa. El texto comente una equivocación al referirse a las “empresas mixtas” (joint ventures) de Chevron en Venezuela, cuando en realidad se tratan de empresas del Estado venezolano de las cuales la estadounidense es operadora y socia minoritaria.

La licencia prohíbe que Chevron pague impuestos o royalties al “gobierno de Venezuela” y dividendos a Pdvsa, con lo cual expresamente reconoce a la dictadura chavista como “el gobierno de Venezuela”. Igualmente prohíbe negocios de Chevron con empresas rusas o iraníes que operen en Venezuela. Según el chavismo, la licencia no impide que el régimen obtenga beneficios de la venta de crudo, ya que los impuestos y royalties son pagados por las empresas mixtas y no por Chevron. Tanto el Departamento del Tesoro como voceros del Departamento de Estado han asegurado que supervisarán la ejecución de la licencia para impedir que el régimen se beneficie de ingresos.

El lobby petrolero logró crear una grieta en las sanciones estadounidenses al régimen venezolano sin que, en contrapartida, se produjeran avances reales en las “pláticas” sobre la realización de elecciones libres en Venezuela.

Voceros de la oposición que firmó los acuerdos han hecho circular la versión de haber ido “nariciados” a México, obligados por los aliados internacionales. Por su parte, Nicolás Maduro afirmó el 30NOV22 que la realización de “elecciones libres” en 2024 estará condicionada a la eliminación de las sanciones internacionales. La cronificación del régimen chavista pareciera haber ganado nuevo terreno.

Los asesores de Biden le ofrecieron que esta línea de acción le permitiría simultáneamente agradar al sector petrolero estadounidense y dar una respuesta al “tema Venezuela” al “obligar” a que Maduro se siente en una mesa de negociación. En tanto, en Washington corren rumores de una pronta reestructuración de los equipos encargados de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.

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Juan Guaidó ordenó el cierre de la misión diplomática que desde 2019 mantiene en Brasilia en previsión a medidas retaliativas contra su personal por parte del entrante gobierno izquierdista.

Para el 01ENE23 está prevista la toma de posesión presidencial de Lula da Silva quien es socio del régimen chavista. El PT, partido de Lula, ha sido particularmente activo para amparar los intereses de la dictadura venezolana en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Incluso la sede de la Embajada de Venezuela en Brasilia permanece bajo control de enviados de Maduro, atrincherados bajo protección del PT.

El gobierno Bolsonaro reconoció legalmente en 2019 y otorgó tratamiento de jefe de misión diplomática a la venezolana María Teresa Belandria, la enviada por el “gobierno provisional” encabezado por Guaidó. El 28NOV22 Belandria entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil una nota verbal mediante la cual notificó el fin de sus funciones el 26DIC22, lo cual significa el cierre de la misión.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | Izquierda continental engolosinada de poder, por Edgar C. Otálvora

Reunión Grupo de Puebla en Colombia con presencia de representante de China el 11NOV22. Foto: @evoespueblo.

El Grupo de Puebla no es una reunión de diletantes sino un foro para coordinar la toma y la preservación del poder por parte de la izquierda continental

 

@ecotalvora

Tras las elecciones de medio término, la Casa Blanca pareciera haber decidido renovar su esquema de comunicación con Latinoamérica.

El Departamento de Estado anunció el 18NOV22 la designación de Chris Dodd como “asesor presidencial especial para las Américas”. El exsenador, compañero partidista y amigo personal del presidente de EEUU, desarrolló durante su vida política un conocimiento personal y una red de contactos en Latinoamérica que fue puesta en uso para salvar la Cumbre de las Américas que tuvo a California como sede y a Biden como anfitrión en junio pasado. Dodd fue el artífice que logró congregar al brasileño Jair Bolsonaro y al argentino Alberto Fernández bajo un mismo techo.

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Desde el principio de su gobierno, Biden había estado delegando los movimientos de diplomacia directa con Latinoamérica en el colombo-estadounidense Juan Sebastián González, asesor presidencial y responsable del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. González, fue el protagonista y probable diseñador de una visita a Nicolás Maduro el 05MAR22 que pudo haber dado al traste con el esquema de presión que EEUU mantiene sobre el régimen chavista.

La poca relevancia que el secretario de Estado Antony Blinken otorga al continente, la ausencia de un equipo cohesionado sobre Latinoamérica en el Departamento de Estado y la Casa Blanca, está siendo suplido curiosamente con viajes diplomáticos por parte del director de la CIA, el embajador William Burns, quien fue el primer alto funcionario del gobierno Biden en reunirse con Bolsonaro o, por la comandante del Comando Sur, general Laura Richardson, quien ha estado trabajando directamente para mantener canales operativos con el estado colombiano tras la llegada del gobierno izquierdista de Gustavo Petro.

El papel de Chris Dodd, quien cuenta con 78 años de edad, sería el de operar como vocero directo de Biden en el continente donde se está cocinando una abierta reacción antiestadounidense.

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A los efectos de la Unión Europea, en Venezuela se mantiene el estado de “continuo deterioro de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos” existente a finales del año 2017 y, en consecuencia, fueron renovadas sin mayor debate las sanciones impuestas a altos jerarcas del régimen.

El 13NOV17 los ministros de exteriores de la UE reunidos como “Consejo de la Unión Europea” acordaron restringir la venta de armas al régimen chavista. Igualmente acordaron prohibir el ingreso a territorio de la UE de altos jerarcas del régimen, así como al congelamiento de sus propiedades. La Unión Europea no impuso medidas contra el aparato empresarial del estado venezolano. Desde entonces la lista de jerarcas sancionados fue aumentando hasta llegar al número de 55. Entre ellos figuran el cogobernante Diosdado Cabello, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, políticos funcionales como Bernabé Gutiérrez, el zar petrolero Tareck El-Aissami, el fiscal general del régimen Tarek Saab, altos jefes militares como Remigio Ceballos, jefes judiciales como Maikel Moreno y el zar de la frontera Freddy Bernal.

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El 07NOV22 en un pasillo del Centro de Convenciones del balneario egipcio de Sharm el-Sheikh, coreografiado por algún mandatario africano amigo del régimen cubano, se produjo un encuentro entre Nicolás Maduro y el presidente francés Emmanuel Macron. La conversación atentamente captada por las cámaras del equipo de propaganda del régimen chavista fue ampliamente difundida para transmitir la imagen de un Maduro que cultiva amistades internacionales. A su regreso a Caracas, Maduro en una reunión del buró político del PSUV transmitida por TV, dejaba saber que probablemente viajaría a Europa para celebrar su cumpleaños.

Pocos días antes, el 25OCT22, el grupo de trabajo sobre Latinoamérica y el Caribe del Consejo de la Unión Europea, había celebrado una reunión de trabajo en Bruselas en cuya agenda figuró el tema “Venezuela”. Los funcionarios del Consejo de la UE estaban realizando la evaluación de la situación venezolana para decidir sobre la continuidad de las sanciones a los jerarcas chavistas que vencerían el 14NOV22.

La recomendación de los diplomáticos encargados del caso fue prolongar por un año las sanciones y actualizar la información sobre los sancionados sin modificar el listado. Según una fuente oficial de la UE consultada por este Informe “la adopción de los actos jurídicos se finalizó mediante un procedimiento escrito que concluyó el 10 de noviembre de 2022”. La fuente enfatizó que “el Consejo podrá adoptar actos cuando se reúna físicamente o, a falta de sesiones presenciales, mediante procedimiento escrito”. La decisión de renovación de sanciones a jerarcas chavistas fue tomada sin una reunión ministerial del Consejo, demostrando que los gobiernos de la UE no tienen mayor interés de debatir algún cambio de posición colectiva ante el régimen venezolano.

Desmintiendo la versión del chavismo sobre sus avances diplomáticos en Europa, el Diario Oficial de la UE publicó el 11NOV22 la Decisión 2022/2201 que prolonga por un año más las sanciones altos cargos del régimen chavista. De hecho, el viaje de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, a los Países Bajos para participar en una sesión de la Corte Internacional de Justicia el 17NOV22, solo fue posible alegando que se trataba de una visita a un país “anfitrión de una organización internacional intergubernamental”.

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“Dando como un supuesto las victorias electorales de Gustavo Petro en Colombia y especialmente la de Lula da Silva en Brasil, la izquierda continental ya está barajando un escenario de retoma de la institucionalidad continental”. Así adelantaba el Informe Otálvora del 22ABR22 los eventos que comienzan a registrarse tras la toma del gobierno colombiano por Petro el 07AGO22 y el anuncio de la victoria de Lula da Silva el 30OCT22.

El Grupo de Puebla, la organización VIP de la izquierda continental, celebró el 10-11NOV22 una reunión en Santa Marta, Colombia, con la mayoría de sus principales miembros fundadores. En la mesa principal se situaron la brasileña Dilma Rousseff, el español José Rodríguez Zapatero, el local Ernesto Samper Pizano, el dominicano Leonel Fernández y el chileno Marco Enriquez-Ominam, quien actúa como coordinador del grupo y activo operador internacional.

Además se sumó al evento el boliviano Evo Morales así como Rui Zhu enviado por el Partido Comunista de China, quien previamente había visitado La Habana. La presencia del diplomático chino, quien posó en la foto de familia oficial de la reunión, dejó ver la concatenación de intereses entre la alianza izquierdista continental y el gobierno chino. China cuenta con funcionarios de enlace con la CELAC, con el Foro de São Paulo y ahora con el Grupo de Puebla.

Este último no es una reunión de diletantes sino un foro para coordinar la toma y la preservación del poder por parte de la izquierda continental.

El Grupo de Puebla, que se autodenomina “progresista”, desde su fundación en 2019 y hasta la fecha se había abstenido meticulosamente de mostrar contactos directos con agentes del régimen chavista. La reincorporación de la dictadura venezolana a los organismos internacionales continentales es uno de los puntos de la agenda del Grupo de Puebla y la reunión celebrada en Colombia fue la primera en la cual participó un emisario del régimen, el embajador de Maduro en Colombia, Félix Plasencia.

Gustavo Petro, por su parte, clamó el 11NOV22 desde París para que el gobierno de EEUU retire la recompensa por U$ 15 millones que ofrece a cambio de información que lleve al arresto de Nicolás Maduro a propósito del juicio que por narcotráfico le sigue la justicia estadounidense.

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El Grupo de Puebla interpreta que “en buena parte de los Estados de América Latina y el Caribe, el progresismo es gobierno” y “se abre una oportunidad inmejorable para continuar con la tarea iniciada a comienzos de siglo”. Con esa evaluación por delante, el grupo emitió una declaración suerte de programa de acción continental en el cual denuncian a EEUU por la imposición de sanciones a Cuba y Venezuela.

El documento emitido por el Grupo de Puebla el 11NOV22 incluye una larga lista de temas de acción gubernamental entre ellas la “desregulación de la prohibición de las drogas”, una “moneda única latinoamericana” y una “política de seguridad y defensa común”, retomando  ideas chavista sobre una alianza militar subcontinental de gobiernos de izquierda en la cual ya habían estado trabajando a nivel de Unasur.

El Grupo de Puebla anuncia la reactivación de Unasur y adelanta que la llegada de Lula a la Presidencia “despeja el camino de Brasil para su retorno a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Adicionalmente, el grupo reitera la propuesta de desplazar a Luis Almagro de la Secretaría General de la OEA a quien acusan de “desestabilización de las democracias latinoamericanas” y de “denuncias de abuso de poder”. Destituir a Almagro o lograr su dimisión es un objetivo planteado por los gobiernos de Argentina y México desde 2021 y que intentarán ejecutar a partir del 01ENE23 cuando Brasil cambie de gobierno.

Reabrir Unasur, fortalecer la CELAC en contraste con la OEA y en choque con EEUU, lavarle la cara a la dictadura venezolana, fortalecer alianza con China, destituir a Almagro, tomar control del Banco Interamericano de Desarrollo, esas son parte de las metas de la alianza izquierdista.

Por cierto, en medios políticos bogotanos que aún recuerdan viejas anécdotas de la godarria cachaca se comentaba estos días, no sin sorna, que parece extraño que el expresidente Ernesto Samper ande firmando documentos atacando a Almagro por mantener amorío con una funcionaria del organismo que dirige…

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El 14NOV22 un grupo de expresidentes encabezado por los chilenos Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, la brasileña Dilma Rousseff, el ecuatoriano Rafael Correa y el uruguayo José “Pepe” Mujica, acompañados de decenas de firmas de exfuncionarios de los recientes gobiernos de izquierda de la región, hicieron circular una carta pública dirigida a los mandatarios suramericanos. En la lista de los receptores incluye a Nicolás Maduro y a Lula da Silva dándole al brasileño tratamiento de “Excelência senhor Presidente” aun sin haber tomado posesión del cargo.

La carta fue difundida por dos “centros de investigación» de la red izquierdista continental, la “Fundación Chile 21” y el “Instituto Novos Paradigmas” basado en Porto Alegre, Brasil. El documento alega que “a partir de enero del 2023 tendremos en todos los países más grandes, sin ninguna excepción, gobiernos partidarios de retomar y fortalecer los procesos de integración” por lo cual “urge en consecuencia la reconstrucción de un espacio eficaz de concertación suramericana” el cual sería Unasur.

Los expresidentes en su carta asumen la exposición hecha por el excanciller de Rafael Correa, Guillaume Long, durante un encuentro del Grupo de Puebla en Río de Janeiro el 29MAR22. Según Long, un trabajo elaborado por el “centro de investigaciones” estadounidense asociado a la dictadura chavista denominado Center for Economic and Policy Research (CEPR), concluye que el organismo Unasur aún existe legalmente ya que el retiro de Brasil y Argentina nunca cumplió los extremos procedimentales internos.

Debe esperarse que durante el primer semestre del año 2023 sea convocada una cumbre presidencial para declarar reconstituida la Unasur. Los gobiernos de izquierda se están moviendo rápido.

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Los eventos de coordinación política internacional no solo tienen lugar a nivel VIP en el Grupo de Puebla. Bajo la convocatoria del cogobernante Diosdado Cabello, la alianza de partidos de izquierda Foro de São Paulo sesionó en Caracas el 18-19NOV22. El propósito de la reunión fue acordar un “plan estratégico” y coordinar acciones colectivas continentales. Además de Cabello, la reunión fue dirigida por la brasileña Mónica Valente, exsecretaria de asuntos internacionales del partido PT, actual secretaria ejecutiva del Foro de São Paulo e integrante del grupo de “relaciones exteriores” del “Gabinete de Transición Gubernamental” designado por Lula da Silva.

Por cierto, la reunión del Foro de São Paulo tuvo lugar en el edificio que servía de sede al diario El Nacional, el cual fue confiscado por un tribunal del régimen a favor de Diosdado Cabello.

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El 15NOV22 desde su hotel en Palm Beach, Florida, el expresidente Donald Trump anunció su decisión de competir por la presidencia de EEUU en las elecciones del 2024.

Su discurso de más de una hora fue un largo ataque al gobierno Biden, una exaltación a su pasado gobierno con un tema de política exterior central: la confrontación con China. Pocas fueron las referencias a Latinoamérica.

Trump afirmó haber conseguido que “México nos diera veintiocho mil soldados gratis” para impedir el ingreso de inmigrantes por la frontera. Sobre López Obrador, Trump dijo que “es socialista, pero es un gran señor” (…) “es un gran hombre y amigo mío”.

Sobre los latinos en EEUU, Trump dijo que los hispanos apoyaban su plan de construir un muro en la frontera con México: “muchos han notado los enormes avances que hemos logrado con los votantes latinos, y creo que estableceremos récords aun mayores con este voto crucial en 2024. El votante hispano, el votante latino, ha sido increíble. Grandes personas, muy emprendedoras, y quieren seguridad. Y todos pensaron cuando hice el muro, construí el muro, y pensaron: «Oh, eso me haría daño con el voto hispano». No, me ayudó porque entendieron. Querían seguridad, querían seguridad y entendían la frontera mejor que nadie”.

En relación al tema de las drogas, ejemplificó con la política china. “Cuando estaba con el presidente Xi, le pregunté: «Presidente, ¿tiene un problema de drogas?»…»No, no, no, no, no lo tenemos». Me miró como si yo no supiera lo que estaba haciendo. Él dijo: “No, no tenemos una droga”. “¿Cómo es que no tienen un problema con las drogas?” Él dijo: “Prueba rápida”. “¿Qué es una prueba rápida?” ¿Sabía qué es una prueba rápida? Ahí es donde si te atrapan vendiendo drogas, tienes un juicio inmediato y rápido y al final del día eres ejecutado”. Eso es terrible, pero ellos no tienen problemas con las drogas”.

“Hay muchas naciones que nos odian gravemente. Y ese es el problema cuando nos miran en desorden como lo estamos ahora…”, dijo Trump en alguna parte de su discurso.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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