Edgar C. Otálvora, autor en Runrun

Edgar C. Otálvora

Informe Otálvora: Europa no validará elecciones convocadas por Maduro, por Edgar C. Otálvora

Reunión del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela el 17SEP20. Foto: Cancillería Argentina.

 

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EE. UU. no se propone impedir el arribo a Venezuela de tres tanqueros de bandera iraní que estarían cruzando el Atlántico para proveer de gasolina al régimen chavista. En una rueda de prensa el 16SEP20, el emisario especial para Venezuela e Irán del Departamento de Estado de EE. UU., Elliott Abrams, precisó que el objetivo inicial de EE. UU. era asegurarse de “que nadie más que Irán participara en este comercio”.

Las amenazas de aplicación de sanciones habrían logrado que China, Rusia y armadores griegos se abstuvieran de la venta o transporte de gasolina al régimen.

“Así que solo quedan buques de crudo con bandera de propiedad iraní que se dedican a ese comercio de manera limitada. Hay tres en camino y eso solo proporcionará algunas semanas de gasolina. Si quisiera evitar el regreso del tipo de escasez que ahora es tan común en Venezuela, habría tenido que salir ayer de Irán otros tres petroleros”. Abrams concluyó que Irán no tiene la capacidad para sostener un flujo continuo de tanqueros con destino a puertos venezolanos.

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La Unión Europea considera que la oferta hecha por el gobierno de Nicolás Maduro el 01SEP20 con algunas “condiciones” electorales, resultan insuficientes, por lo que no será enviada una misión de observación electoral como la solicitada por el régimen chavista y por algunos miembros de la oposición para las votaciones del 06DIC20. Esta versión fue distribuida por Reuters el 11SEP20 adjudicada a fuentes anónimas de la UE.

Informe Otálvora consultó al Servicio Exterior de la UE y en su respuesta la vocera Nabila Massrali confirmó que el organismo recibió “una invitación de Venezuela para observar las próximas elecciones, así como una lista de garantías adicionales para la transparencia en el proceso electoral”. Tal como lo ha señalado previamente Borrell, la vocera afirma que “deben cumplirse condiciones mínimas para unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes para el despliegue de una Misión de Observación Electoral EOM de la UE”, agregó Massrali en un email, concluyendo que “hay un largo plazo para prepararse para el despliegue de una EOM. El tiempo ya es demasiado corto para eso si las elecciones se mantienen el 6 de diciembre”.

En definitiva, el criterio principal para negar el envío de una EOM europea a Venezuela sería el de la proximidad de la fecha, lo cual dio fuerza a la opción de negociar con Maduro una nueva fecha para las elecciones con el objeto de continuar conversaciones con el régimen en procura de “condiciones mínimas”.

Esa es una línea impulsada por Borrell y por varios gobiernos europeos e internamente por opositores como Henrique Capriles. Esa línea ha tendido a fracasar en tanto la posición dominante en Europa es que el régimen no garantiza elecciones libres.

Borrell convocó una reunión a nivel ministerial del Grupo de Contacto Internacional integrado por Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Francia, Italia, Alemania, Holanda, España, Portugal, Suecia y el Reino Unido además de Argentina que se sumó recientemente. Por cierto, por motivos aún no aclarados, el gobierno provisional de Bolivia optó por finalizar su participación en este grupo.

La reunión vía internet del GCI se produjo el 17SEP20 y al término de la misma Borrell tuiteó un breve comentario y fue emitido un largo comunicado ministerial que pareciera reflejar plenamente la situación. Si bien el GCI no tiene mandato para decidir en nombre de la UE ni de ningún grupo de países, Borrell dejó saber que había recibido apoyo para continuar conversaciones procurando una nueva fecha de votaciones en Venezuela. La primera reacción de Maduro fue descartar la posibilidad de mudar la fecha de las votaciones convocadas por su régimen.

Por cierto, el canciller argentino Felipe Solá, actuando como vocero del castrochavismo, se estrenó en el Grupo de Contacto atacando a la oposición venezolana que se niega a participar en las votaciones.

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El documento del GCI declara que “la única solución sostenible a la crisis venezolana será (…) a través de elecciones legislativas y presidenciales libres, creíbles, transparentes y justas”. El GCI listó las condiciones que sus integrantes consideran como necesarias, entre otras la designación de nuevas autoridades electorales, nuevo padrón electoral que incluya a venezolanos en el extranjero, “respeto del mandato constitucional de la Asamblea Nacional, devolución del control de los partidos políticos a sus administradores legítimos, cese de la inhabilitación y el enjuiciamiento de líderes políticos y pleno restablecimiento de sus derechos y de otros candidatos a la igualdad de condiciones políticas”.

En otro párrafo del comunicado, el GCI expresó “su apoyo a la labor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional Independiente de Investigación” que el 15SEP20 publicó su informe señalando a Maduro y otros altos funcionarios del régimen de delitos de violaciones de DDHH considerados como de lesa humanidad. La divulgación de este informe habría dado al traste con la intención del gobierno de España de abrir un compás de tiempo para que Borrell siguiera como intermediario entre Maduro y algunos sectores de la oposición en procura de “condiciones mínimas”.

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La posición de EE. UU. sobre las gestiones “europeas” buscando una nueva fecha para las votaciones ha sido de rechazo bajo dos argumentos: en Venezuela deben producirse elecciones presidenciales y no solo legislativas; y el régimen no ofrecerá las condiciones para unas elecciones libres. “Las elecciones fraudulentas no son menos fraudulentas si se celebran unos meses después”, afirmó Elliot Abrams en su rueda de prensa del 16SEP20.

Sobre la ruta escogida por el opositor Henrique Capriles de inscribir candidatos a las votaciones del 06DIC20 en contravía a la posición de su propio partido y de la alianza opositora liderada por Juan Guaidó, dos voceros de EE. UU. se han pronunciado.

“Hay una distinción entre quienes no están de acuerdo con las tácticas y quienes tienen estrategias fundamentalmente diferentes y esperan apoyar al régimen de Maduro. Por supuesto, los individuos que mencionaste (se refería a Capriles y a María Corina Machado quien no participa en elecciones pero rechaza la línea propuesta por Guaidó) todavía están de acuerdo con la estrategia de la oposición” afirmó el 14SEP20 la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado Carrie Filipetti, encargada simultáneamente de Venezuela y Cuba.

Al día siguiente, Abrams precisó: “a quienes han decidido participar en las elecciones a la Asamblea Nacional, nuestro mensaje es que tienen la obligación especial de exigir las condiciones necesarias (…) somos capaces de distinguir entre actores democráticos que difieren en estrategia y personas que trabajan con el régimen para socavar la democracia. No dudaremos en aplicar toda la fuerza de las sanciones estadounidenses a este último grupo…”.

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El Consejo de Asuntos Exteriores, integrado por los ministros de exteriores de la UE, tiene prevista una reunión presencial ordinaria el 21SEP20 y el tema Venezuela no aparece en la agenda ya divulgada. Una fuente oficial del Consejo, consultada el 14SEP20 para este informe, señaló que no existían “planes” para incluir a Venezuela en el temario aunque podría ser tratado en la sección de “otros temas” en caso de ser solicitado por alguno de los ministros. De esa manera pareciera confirmarse que la UE no convalidará las votaciones convocadas por el régimen en Venezuela.

Por cierto, la Unión Europea sí proveerá observación electoral en las elecciones convocadas en Bolivia para el 18OCT20. El jefe de la EOM Bolivia es Alexander Gray quien el 17SEP20 ya se encontraba en La Paz. Igualmente, la OEA y el Centro Carter estarán en tareas de observación electoral.

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El 27JUL19, tras tocar en La Habana y Brasilia, Serguéi Lavrov realizó una muy inusual visita, la primera de un canciller ruso a Paramaribo, la capital de Surinam al norte de Suramérica. Convertir a Surinam en un “hub” entre Rusia y Suramérica habría sido tema de las conversaciones de ese día. Lavrov sostuvo un encuentro con Desiré Bouterse quien se mantenía en el poder por diez años con crecientes lazos con China y figurando en la lista de aliados y beneficiarios del régimen chavista.

El 17SEP20 llegó a Paramaribo el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, en una visita de pocas horas para reunirse con el nuevo mandatario Chandrikapersad “Chan” Santokhi quien se impuso en las elecciones del 25MAY20 pese a los abiertos intentos de Bouterse para boicotear el conteo final de votos. La rápida presión internacional impidió que en Surinam se reprodujera la situación de su vecina Guyana donde el ahora expresidente David Granger logró retrasar por casi cinco meses la proclamación de los resultados electorales que lo declaraban perdedor. Santokhi, de ascendencia hindú y quien pronunció su juramento presidencial en sánscrito, se propone incentivar las relaciones de su país con EE. UU.

La noche del 17SEP20, Pompeo arribó a Georgetown, donde era esperado por el nuevo mandatario, el musulmán de ascendencia hindú Mohamed Irfaan Ali. La diplomacia de EE. UU., en coordinación con los países del Caricom y en una poco publicitada coincidencia con la izquierda caribeña procubana, presionó duramente al exmandatario David Grager para reconocer la victoria de Irfaan Ali lo cual solo ocurrió el 02AGO20. La presencia de Pompeo en Surinam y Guyana fue la forma de resaltar dos éxitos poco conocidos de la diplomacia estadounidense.

Pompeo y su colega guyanés Hugh Todd firmaron dos acuerdos, uno de ellos es la denominada “Iniciativa de Crecimiento en las Américas.

El otro es un acuerdo de shiprider que facilitará a partir del 21SEP20 la realización de operaciones marítimas y aéreas bilaterales antinarcóticos. El acuerdo crea mecanismos de aprobación rápida para sobrevuelos de EE. UU. sobre Guyana. Según el gobierno guyanés “las operaciones no se realizarían en aguas de Guyana a menos que el Gobierno otorgue” permiso previo. Este acuerdo es un tema particularmente sensible dado el diferendo territorial existente entre Venezuela y Guayana que involucra las áreas marítimas asociadas al territorio Esequibo.

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La gira de Pompeo por Suramérica fue diseñada como un recorrido alrededor de Venezuela y el “tema Venezuela” fue abordado con cada uno de los gobiernos. El 18SEP20 Pompeo arribó a Boa Vista, la capital del estado Roraima en la amazonía brasileña. Al final del día el secretario de Estado de EE. UU. partió hacia Bogotá para redondear su gira.

Como ya lo había hecho el 14ABR19 en la zona fronteriza de Colombia con Venezuela, durante las horas que Pompeo permaneció en Boa Vista visitó instalaciones donde se presta ayuda a los refugiados venezolanos en el programa Operação Acolhida ejecutado por las fuerzas militares de Brasil. Mientras Pompeo permanecía en Boa Vista, en el vecino estado de Amazonas el ejército brasileño continuaba realizando los juegos de guerra Operação Amazônia mediante los cuales se ejercitan bajo la hipótesis de enfrentar la invasión del ejercito de un país vecino. En algunos medios militares brasileños no habría gustado la simultaneidad de la visita de Pompeo con la ejecución de los ejercicios de guerra.

El canciller brasileño Ernesto Araújo acompañó a Pompeo durante su estadía en Boa Vista; y durante una rueda de prensa el estadounidense afirmó que “a Maduro vamos a sacarlo de allá” ratificando que “Venezuela” estaba en la agenda del día. Araújo declaró que Brasil no participaría en mediaciones entre el régimen chavista y la oposición “como si fuera un diálogo entre dos fuerzas iguales. Eso no existe en Venezuela; en Venezuela existe un lado represor y un lado reprimido”.

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La llegada de Pompeo a Bogotá coincide con la ejecución de un nuevo ejercicio militar conjunto combinado con escenario en las aguas del Caribe colombiano. Organizado por el Comando Sur de EE. UU. y con epicentro en Coveñas, departamento de Sucre en la costa colombiana el ejercicio militar Poseidon reúne desde el 18SEP20 y por una semana a personal militar, naves y aeronaves de la Fuerza Aérea y la Armada de EE. UU. junto con la Fuerza Aérea colombiana.

Según la versión oficial, el ejercicio busca aumentar la “interoperabilidad” en operaciones de “interdicción, interceptación, neutralización de blancos marítimos ilícitos” e incluiría “maniobras de reabastecimiento en vuelo y búsqueda y rescate en aguas abiertas”. El ejercicio es parte de las acciones binacionales antinarcóticos que Colombia y EE. UU. realizan regularmente en aguas del Caribe y del Pacífico.

Colombia se mantiene como el principal socio militar de EE. UU. en la región y sus fuerzas militares se encuentran en negociaciones con sus pares estadounidenses para el aumento de la dotación de equipos militares con base en la Acquisition and Cross Servicing Agreement de la cual se beneficia Colombia como país socio de la OTAN.

Durante la reunión anual de las armadas de ambos países celebrada el 02SEP20 entre el comandante de la Cuarta Flota contralmirante Don Gabrielson y el jefe de planificación naval de la Armada colombiana contralmirante José Joaquín Amezquita, se habría discutido sobre “una expansión” del suministro de activos militares navales a Colombia. A su vez, el Ejército colombiano se encuentra en una fase adelantada de las gestiones para adquirir de segunda mano 144 vehículos blindados M1117, procedentes de los depósitos de la Policía Militar del ejército estadounidense.

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Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora: Brasil quita inmunidad a enviados de Maduro e inicia maniobras militares

Tropas de la 16ª Brigada de Infantería de Selva del ejército brasileño llegando a Manaos el 01SEP20. Foto: Ejercito de Brasil.

 

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Un enfrentamiento entre fuerzas militares paraguayas y guerrilleros del Ejército del Pueblo Paraguayo, escenificado el 02SEP20, sirvió para recordar la existencia de esta organización creada con los auspicios de las Farc de Colombia y que formó parte del Congreso Bolivariano de los Pueblos creado por Hugo Chávez.

En el enfrentamiento del 02SEP20 fallecieron dos menores de edad, quienes según voceros del EPP habrían viajado desde Argentina para visitar el campamento guerrillero donde se encontrarían sus parientes. Reclutamiento de menores y la existencia de una red de encubrimiento por parte del gobierno argentino a la guerrilla paraguaya son elementos que han saltado a la mesa de análisis.

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El 01SEP20, durante una rueda de prensa en Ankara junto con su colega de Argelia, Sabri Boukadoum, el canciller turco recibió una pregunta a propósito de Venezuela. Muy probablemente se trató de una típica maniobra de “sembrar preguntas” entre los periodistas, porque el tema venezolano no estaba notoriamente en la agenda del día de los cancilleres de Turquía y Argelia, especialmente cuando la crisis en Libia y las amenazas de enfrentamiento bélico turco-griegas están tensionando el mediterráneo.

El ministro turco Mevlüt Çavusoglu dedicó más de seis minutos, de menos de media hora que duró la rueda de prensa, para referirse al tema venezolano. Obviamente el gobierno turco pretendía ese día demostrar que está muy activo en Venezuela como un mensaje retador a EE. UU. en una acción mediática coordinada con el régimen chavista. El gobierno de Recep Erdogan es un aliado y socio del régimen chavista al cual apoya incluso en esquemas para evadir las sanciones impuestas por EE. UU.

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Pocas horas antes, el 31AGO20, el régimen chavista había anunciado la emisión de un decreto mediante el cual otorgaba “indulto presidencial” a 110 “ciudadanos y ciudadanas”. Entre los “indultados” se encontraban decenas de diputados opositores, opositores presos, en el exilio, procesados en libertad, personas sin vínculos políticos pero presos por órdenes del régimen.

En las cárceles del régimen, tras el decreto, aún suman centenas de presos políticos y la lista de enjuiciados por razones políticas que permanecen en Venezuela o en el exilio equivalen a varias centenas más.

El decreto de Maduro fue una medida con intenciones propagandísticas fuera del país, como parte de su intento para lograr la convalidación de la Unión Europea a las elecciones parlamentarias convocadas por autoridades electorales designadas por el régimen para el 06DIC10. Elecciones en las cuales no participará el grueso de la oposición venezolana y cuya legitimidad y credibilidad ya ha sido puesta en duda por decenas de gobiernos.

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El canciller turco en la rueda de prensa del 01SEP20 dejó saber que durante su visita a Caracas del 17-18AGO20 había sostenido conversaciones, quizás telefónicas, con varios dirigentes opositores, entre los cuales se encontraba el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski. “Nos complace ver que se ha desarrollado un diálogo positivo entre el gobierno y la oposición en Venezuela con el impacto de las iniciativas que venimos llevando a cabo en coordinación con la UE. Esperamos que este proceso positivo se refleje en las elecciones del próximo período” alegó Çavusoglu, quien insinuó que los “indultos” en Venezuela eran producto de sus gestiones.

Turquía igualmente dejó saber que estaba en contacto con la UE para tratar los deseos de Maduro y de la “oposición” para contar con observación electoral europea. De esta manera se hizo público el rol de Turquía como parte de múltiples gestiones internacionales sobre Venezuela.

Las palabras del canciller turco desde Ankara impactaron rápidamente en Caracas dejando en evidencia una nueva fractura dentro de la oposición. Capriles Radonski, miembro fundador de Primero Justicia, rompía con la línea de su partido y anunciaba su participación en las votaciones convocadas por el chavismo. Por su parte, el “gobierno interino”, encabezado por Juan Guaidó, emitió un comunicado informando su “absoluto desconocimiento a las negociaciones inconsultas realizadas a título personal entre el régimen de Nicolás Maduro y los dirigentes Henrique Capriles y Stalin González”.

Guaidó y la alianza política que lo respalda “reafirmó” su “decisión de no participar en el fraude y luchar por las condiciones electorales necesarias que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional”. Los anuncios de Çavusoglu sirvieron como catalizadores para una nueva ruptura en la oposición venezolana.

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Según el canciller turco, sus gestiones en Caracas habían sido coordinadas con el Alto Representante de la Unión Europea Joseph Borrell. Igualmente afirmó que había sido estimulado por la ministra de Exteriores de España, Arancha González Laya, con quien coincidió en su paso por República Dominicana el 16AGO20 para la toma de posesión de Luis Abinader.

El 03SEP20 el diario turco prooficialista Daily Sabah publicó declaraciones de Çavusoglu en las cuales insinuó que había estado en contacto con EE. UU. a propósito de Venezuela. “EE. UU. y la Unión Europea tenían propuestas separadas. Cuando fueron compartidas con nosotros, recomendamos amigablemente que sería correcto satisfacer también las demandas de la oposición”, habría dicho Çavusoglu.

La poco probable versión de un diálogo entre Turquía y EE. UU. sobre gestiones en Venezuela ganó aparente verosimilitud dado que el funcionario turco había sostenido un encuentro con el secretario de Estado Mike Pompeo el 16AGO20 en República Dominica.

A la fecha, Borrell, González Laya y Pompeo no han confirmado la versión turca.

En el caso de Borrell, él mismo ha dejado saber que mantiene contactos tanto con el gobierno Maduro como con el gobierno Guaidó, así como con otros sectores de la oposición. Esos contactos han sido directos y por medio de enlaces diplomáticos de diversos países europeos, entre ellos el enviado especial de la UE para Venezuela Enrique Iglesias o los enviados del gobierno de Noruega, quienes visitaron Caracas a finales del mes de julio.

Las conversaciones de Capriles Radonski con el gobierno turco, a espaldas del “gobierno provisional” dejaron en evidencia, además, la falta de operatividad de la diplomacia del gobierno Guaidó la cual fue confiada a Julio Borges quien milita en el mismo partido que Capriles.

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Según comunicara Joseph Borrell el 11AGO20, la UE recibió una carta suscrita por Jorge Arreaza ofreciendo “la posibilidad de ampliar los plazos electorales para dar respuesta a los requerimientos de la oposición”, lo que a juicio de Borrel “es un paso en la buena dirección, pero insuficiente para que la Unión pueda estar en disposición de desplegar una misión de observación electoral”.

Esta carta fue puesta por Borrell en conocimiento de diversos gobiernos, incluyendo varios latinoamericanos que integran el llamado Grupo de Contacto sobre Venezuela. El 01SEP20 Arreaza remitió una segunda comunicación a Borrell simultáneamente a la enviada al Secretario General de la ONU, Antonio Guterrez. En las nuevas comunicaciones el régimen chavista presenta sus ofertas de buen comportamiento con vistas a las votaciones legislativas incluyendo “ajustes” al cronograma electoral, la no utilización de recursos públicos en la campaña proselitista y la creación de una “comisión concertada y equilibrada” para “abordar los impasses e inconvenientes que puedan surgir”.

Con esta oferta, que supuestamente estaría basada en un “intenso proceso de diálogo”, Maduro extiende nueva invitación para que la UE y la ONU participen como “observador y acompañante internacional”. Estas ofertas no son suficientes para que la UE organice una misión de observación electoral para Venezuela que exigiría una a supervisión directa de todo el proceso.

Las condiciones que la oposición venezolana representada por Guaidó son otras: designación de autoridades electorales por la Asamblea Nacional, cronograma que incluya elecciones presidenciales, libertad de todos los presos políticos, observación internacional de todo el proceso electoral.

Ninguna de ellas forman parte de la oferta chavista anunciada a la UE y la ONU.

En general, los miembros de la UE se muestran recelosos de autorizar el envío de sus representantes para convalidar las elecciones convocadas por el chavismo. Incluso algunos gobiernos miembros de la UE estarían evaluando la aplicación de nuevas sanciones al régimen chavista, según comentara el ministro de exteriores alemán Heiko Maas en una reciente reunión con venezolanos asilados en Alemania.

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El 03SEP20 el Departamento de Estado de EE. UU. emitió un comunicado titulado “Acontecimientos recientes en Venezuela”, donde reitera que “En Venezuela no existen condiciones para unas elecciones libres y justas y la liberación de varios presos políticos no cambia eso”. EE. UU. llama “a todos los actores democráticos, tanto dentro como fuera de Venezuela, a continuar insistiendo en las condiciones necesarias, internacionalmente aceptadas, para unas elecciones libres y justas. Nosotros, y nuestros socios democráticos en Venezuela y la comunidad internacional, no contribuiremos a legitimar otro fraude electoral más llevado a cabo por el régimen de Maduro”.

El 04SEP20, reforzando esa posición, el Departamento del Tesoro de EE. UU. procedió a incluir en su lista de sancionados a dos de los miembros del Consejo Nacional Electoral designados por el Tribunal Supremo controlado por el chavismo por su “participación en los esfuerzos de Maduro para manipular y reestructurar la Asamblea Nacional venezolana y el Consejo Nacional Electoral; movimientos que privan al pueblo venezolano de elecciones libres y justas y destruyen sus instituciones democráticas”.

La posición del Departamento de Estado continúa siendo la de apoyar a Juan Guaidó como presidente encargado más allá de diciembre del 2020. Incluso, el enviado especial para Venezuela del Departamento de Estado, Elliot Abrams, en declaraciones al canal colombiano NTN24 el 31AGO20, se distanció rudamente de la posición que soporta María Corina Machado a favor de una intervención extranjera para el cambio de régimen en Venezuela. La posición de Machado la mantiene distanciada de la alianza opositora y Abrams prefirió ratificar su respaldo a la propuesta de Guaidó.

En medios cercanos a Guaidó y al Departamento de Estado se comenta sobre el debate que existe sobre el siguiente paso que la alianza opositora y sus aliados extranjeros deberían realizar como respuesta a las votaciones del 06DIC20. Un “acto ciudadano de participación masiva” está siendo definido por la alianza opositora venezolana para confirmar su rechazo al proceso electoral convocado por el chavismo.

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La cancillería brasileña declaró personas no gratas a todos los funcionarios que mantiene el régimen chavista en la embajada venezolana en Brasilia y en diversos consulados a lo largo del país.

La comunicación oficial de Itamaratry fue entregada el 04SEP20 a todos los funcionarios diplomáticos, consulares y administrativos que representan a Nicolás Maduro y que se han negado a abandonar Brasil, pese a que desde el 02MAR20 les fuera notificado el plazo hasta el 01MAY20 para abandonar el país. Ese plazo les fue recordado en una carta oficial emitida por la cancillería brasileña el 28ABR20 y dirigida a quienes califica como “representantes del régimen ilegítimo de Venezuela”. El 17ABR20 Brasil había completado el retiro de todo su personal diplomático y consular desde Venezuela, materializando la ruptura de relaciones diplomáticas entre Brasilia y el gobierno de Nicolás Maduro.

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El gobierno de Jair Bolsonaro reconoce a Juan Guaidó como cabeza del Ejecutivo venezolano y en consecuencia recibió las credenciales diplomáticas presentadas por María Teresa Belandria en condición de embajadora enviada por el gobierno provisional venezolano.

En Brasil actualmente existen funcionarios diplomáticos de Maduro y de Guaidó.

El número de funcionarios del gobierno Maduro en Brasilia y en cinco consulados sumaban 34 personas según los listados del mes de abril, a las cuales deben sumarse sus familiares.

El partido PT, socio brasileño del chavismo, adelantó gestiones para impedir la expulsión de los funcionarios venezolanos anunciada en la carta de 28ABR20, alegando que corrían riesgos en caso de viajar a Venezuela en medio de la pandemia por COVID-19. El argumento era poco creíble porque en esas mismas fechas la cancillería de Maduro organizaba viajes aéreos desde diversos países hacia Venezuela, mientras el aparato propagandístico del chavismo mostraba al país como un lugar de bajo impacto por la COVID-19.

El 02MAY20 el magistrado del Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso, actuando a solicitud del diputado petista Paulo Pimenta, dictó una medida provisional suspendiendo la expulsión. El 16MAY20, el mismo magistrado emitió un habeas corpus ordenando al gobierno de Jair Bolsonaro suspender provisionalmente la decisión de expulsión “hasta tanto dure el estado de calamidad pública y emergencia sanitaria reconocido por el Congreso Nacional” por la pandemia.   

En un comunicado del 04SEP20 la cancillería brasileña afirma que la declaración de “persona non grata” indica que un “representante oficial extranjero ya no es bienvenido como tal” y le confiere al país que lo envió “la prerrogativa de retirarlo del país receptor pudiendo también el funcionario permanecer sin estatus diplomático o consular y sin las inmunidades y privilegios correspondientes”, por lo que la medida no  equivale “a la expulsión” o cualquier “otra medida de “retirada obligatoria”.

De esta manera Itamaraty cumple con la orden dictada por el Supremo Tribunal Federal de no expulsar a los enviados de Maduro, pero los inhabilita para continuar actuando en territorio brasileño.

Incluso entre el alto gobierno brasileño ha causado malestar que el general Manuel Barroso, agregado militar de Maduro y no reconocido como tal por Brasil, continúe asistiendo a eventos oficiales portando incluso su uniforme.

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La decisión de la cancillería brasileña respecto a los “diplomáticos” de Maduro, coincide con el inicio el 04SEP20 de las más importantes maniobras militares realizadas por Brasil en la Amazonía fronteriza con Venezuela.

Tal como adelantara el Informe Otálvora del 22AGO20, la “Operação Amazônia” que tiene como escenario el estado Amazonas, incluye la utilización de sistemas de cohetes Astros 2020 de fabricación brasileña. Las unidades lanzadoras, de control de tiro y de apoyo del Astros 2020 arribaron a Manaos el 03SEP20 tras ser trasladados por tierra y río desde el Fuerte Santa Bárbara localizado en Formosa, estado de Goias en el centro del país. El recorrido que incluyó transporte terrestre desde Goias hasta Belém do Para y el posterior viaje de cinco días por el río Amazonas, acumulando aproximadamente 3500 kilómetros, evidencia la importancia que los planificadores militares brasileños le han asignado a este juego de guerra que se inició el 04SEP20.

Decenas de unidades de infantería, artillería e ingeniería militar están involucradas en las maniobras brasileñas que se realizan relativamente lejos de la línea fronteriza con Venezuela pero que fueron conceptualizadas como un ejercicio “para la defensa ante un enemigo externo en un ambiente amazónico”. Esa descripción no deja duda sobre el preparativo militar brasileño para la hipótesis de un ataque desde territorio venezolano.

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El 25AGO20, luego de que en Caracas se conociera el alcance de las maniobras militares brasileñas, el ministro de exteriores del Maduro, Jorge Arreaza, concedió una entrevista a la periodista Bela Megale del diario O Globo. “Venezuela pide tregua para combatir el virus” tituló Megale su nota en la cual hizo referencia a una carta enviada por Arreaza al canciller brasileño Ernesto Araújo el 07AGO20.

Arreaza se quejaba porque la cancillería de Brasil no se dio por enterada. Y, por lo tanto, no respondió la carta con la cual el gobierno Maduro supuestamente “buscaba una forma de trascender nuestras diferencias dando pasos para una nueva dinámica de relaciones bilaterales integrales” a propósito de la pandemia de COVID-19. En la misma entrevista Arreaza, mostrando el usual estilo de la cancillería chavista, dijo que el gobierno de Brasil posee características “un poco primitivas”. Curiosamente Arreaza dijo que su gobierno “tiene diálogo con el gobierno Trump pero no conseguimos con Bolsonaro”.

La respuesta de la cancillería brasileña a Arreaza llegó el 04SEP20, mediante la anulación de las inmunidades diplomáticas a los funcionarios que Maduro se niega a retirar de territorio brasileño.

* Artículo publicado previamente en Diario Las Américas 

 

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Oposición debe administrar el apoyo extranjero, por Edgar C. Otálvora

Intervención de Edgar C. Otálvora en el Foro Iniciativas para cesar la usurpación en Venezuela. Segundo Panel. (Propuestas concretas) del Interamerican Institute for Democracy. 29 de julio 2020.

 

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Cuando el doctor Carlos Sánchez Berzaín me consultó sobre participar en este foro, debo confesar que no fue fácil decidirlo. La importancia de este instituto que ya siento mi casa, la lista de las personalidades que participaron en la primera sesión y de quienes hoy intervienen, fue un aliciente para decir que sí. Pero el retador título del evento Iniciativas para cesar la usurpación en Venezuela y el subtítulo Propuestas concretas, me hacía dudar. Porque no se trata de hacer un ejercicio académico, uno más, sobre horizontes deseados para el país. La convocatoria es para exponer propuestas de acción para que esos horizontes puedan hacerse factibles.

Cuando se trata de un escenario no democrático como es Venezuela, y cuando el objetivo es reemplazar el estatus político, entonces no estoy muy seguro de que sea buena idea discutir en público las tácticas y estrategias políticas. En todo caso, la semana pasada, en este espacio, se habló con toda crudeza de asuntos como intervención militar extranjera con o sin fuerzas terrestres, uso de drones, etcétera.

Temas todos ellos sobre los que se puede debatir públicamente solo si se está fuera de Venezuela so pena de inminente prisión. Pero en resumidas cuentas, los expositores del evento pasado coincidieron en enfoques, y en eso el profesor Carlos Blanco fue particularmente analítico a la usanza cartesiana identificando tres aspectos. Blanco enunció la insurrección civil, la insurrección militar y la coalición militar extranjera. Y terminó diciendo que “lo de afuera depende de lo de adentro”.

Este último enunciado debería tomarse como un axioma. Que la política exterior debe estar en función de la política interna debería ser una verdad cuando se es gobierno y, definitivamente, debe ser una verdad cuando se pretende desplazar a un régimen.

Con esta línea argumental por delante, me gané para la idea de estar esta noche aquí atendiendo la gentil invitación de ese gran latinoamericano boliviano que es Sánchez Berzaín.

Pareciera un obviedad pero es necesario repetirlo. El proceso de cambio político en Venezuela depende en primerísimo lugar de la capacidad de acción, de la fuerza política, que logren ganar y conservar los sectores democráticos que procuran un cambio de régimen.

El tema de la unidad, de su composición y sus límites, es uno de los epicentros de las disputas que ya llevan dos décadas. Diferencias tácticas y estratégicas. Diferencias programáticas. Diferencias de liderazgos. Diferencias de estado de humor de los líderes y de la población. Y ahora, con el aumento de la presencia de venezolanos en el extranjero, y muy especialmente en EE. UU., han surgido nuevos puntos de divergencia. La oposición venezolana asentada en EE. UU. ya no solo choca entre sí por el apoyo a uno u otro candidato, sino que ocupa tiempo y arañazos en una tema doméstico (en todo el sentido de la palabra) como el boicot a una marca de productos alimenticios, o en un tema del futuro como la sede de una embajada venezolana en Israel.

Es normal que un diplomático se encariñe con el país donde actúa. Pero no es correcto que un diplomático asuma la agenda del gobierno del país donde trabaja en reemplazo de la agenda de su propio gobierno. Hago la analogía con un diplomático, pero en realidad me estoy refiriendo a la larga lista de actores de la oposición venezolana que están actuando desde el extranjero.

Cuando un venezolano adquiere la ciudadanía de EE. UU. es natural que quiera hacer política estadounidense. Eso se puede convertir en un activo más para la causa democrática en Venezuela. Pero, convertir las diferencias políticas estadounidenses en nuevas diferencias en el seno opositor y, peor aun, pretender definir la política venezolana como un reflejo condicionado de las políticas partidistas de EE. UU. es un grave error. Creo que los demócratas venezolanos deben sumar sus fuerzas para preservar el apoyo bipartidista para una agenda de cambio en Venezuela y no al revés.

Una de las patas sobre la que se sustenta un cambio de sistema político en Venezuela es el apoyo internacional.

Ese apoyo no es fácil lograrlo y no suele ser tan abierto, amplio, incondicional y leal como pudiera aspirarse. Además, ese apoyo está sujeto a idas y venidas de la conducción política de cada país, en el entendido de que son justamente los países democráticos los que apoyarán la causa venezolana. El apoyo internacional es un recurso escaso que también debe ser administrado.

Foros Iniciativas para cesar la usurpación en Venezuela 

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Informe Otálvora | Brasil moviliza tropas y artillería hacia frontera con Venezuela, por Edgar C. Otálvora

Brasil moviliza tropas hacia la frontera amazónica con Venezuela. En la gráfica, convoy con componentes del sistema Astros 2020 de lanzamiento de cohetes en foto difundida el 11AGO20. Foto: Ejército de Brasil.

 

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Brasil está realizando una movilización sin precedentes de tropas y sistemas de lanzamiento de cohetes hacia la frontera amazónica con Venezuela.

Entre el 4 y el 23SEP20 el Ejército brasileño estará desarrollando la “Operação Amazônia” en el estado Amazonas, bajo la coordinación del Comando Militar de la Amazonía con base en Manaos.

El ejercicio para el cual han estado entrenando y calificando tropas de diversas regiones del país, consistirá en acciones orientadas a la “defensa externa en el ambiente operacional amazónico”.

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El 12AGO20 llegó a Belem do Pará por vía terrestre, procedente del estado central de Goiás, un convoy de vehículos transportando componentes del sistema Astros 2020 de lanzamiento de cohetes. En el puerto de la capital de Pará los equipos fueron embarcados para su traslado a Manaos por vía fluvial. El convoy incluía lanzadores, vehículos de control de tiro y de apoyo logístico. El Astros es un sistema de cohetería de lanzamiento múltiple construido en Brasil, con capacidad de alcanzar blancos terrestres hasta 300 kilómetros de distancia. Veterano en guerras en el Medio Oriente, es considerado un rival del sistema ruso BM-30 Smerch, operado por militares venezolanos.

Para la “Operação Amazônia” está siendo movilizado personal desde diversas unidades de otras regiones militares. Varias centenas de soldados serán aportados por la Brigada de Infantería de Selva basada en Marabá, Pará.

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Durante el mes de julio, el Departamento de Estado de EE. UU. circuló entre gobiernos considerados como aliados un documento que sirviera para reactivar la atención internacional sobre la crisis venezolana.

El escenario venezolano está marcado por:

1. El final en enero del 2021 del mandato de la actual Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, condición que ha servido de sustento a la presidencia provisional de Guaidó;

2. La amañada convocatoria a votaciones legislativas para el 06DIC20 hecha por el régimen chavista

3. La decisión de los más importantes partidos opositores de abstenerse de participar en la convocatoria electoral,

4. La dispersión de la oposición en cuanto a un acuerdo táctico y programático y,

5. La posición de EE. UU., la Unión Europea y buena parte de los países latinoamericanos sobre falta de condiciones para unas elecciones libres y democráticas en Venezuela.

Las elecciones presidenciales del 03NOV20 en EE. UU., además, se suman como un elemento de incertidumbre para el proceso político venezolano cada vez más influido por las tensiones internacionales.

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El 14AGO20 fue difundido el texto respaldado por los gobiernos de Albania, Australia, Austria, Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EE. UU., Ecuador, El Salvador, Estonia, Georgia, Guatemala, Haití, Honduras, Hungría, Israel, Kosovo, Letonia, Lituania, Panamá, Paraguay, Perú, Reino Unido, República Dominicana, República de Corea, Santa Lucia y Ucrania.

Según una fuente del Departamento de Estado consultada para este informe, en los últimos días habrían recibido comunicaciones de Marruecos y Guyana sumándose a la lista de gobiernos suscriptores del pronunciamiento.

Los firmantes hicieron un llamado “a todos los venezolanos, de todas las tendencias ideológicas y afiliaciones partidarias, ya sean civiles o militares” (…) “para participar urgentemente en apoyo de un proceso formado e impulsado por los venezolanos para establecer un gobierno de transición inclusivo que llevará al país a elecciones presidenciales libres y justas”.

El texto, si bien no rechaza explícitamente las votaciones convocadas por el régimen, afirma que “las elecciones a la Asamblea Nacional por sí solas no presentan una solución política y, en cambio, pueden polarizar aun más una sociedad ya dividida”.

El documento, sin mencionarlo, promueve unas negociaciones entre el régimen chavista y la oposición democrática al afirmar que “las discusiones y los avances logrados en las conversaciones dirigidas por Noruega en Barbados también deberían informar el camino a seguir”.

Además, se refieren a “la voluntad de todos los países que mantienen sanciones económicas de discutir el alivio de las sanciones en el contexto del progreso político”. “Una transición rápida y pacífica a la democracia es la ruta más eficaz y sostenible hacia la estabilidad, la recuperación y la prosperidad en Venezuela” aseguran los firmantes, quienes reiteran el apoyo a la propuesta de Juan Guaidó de establecer un gobierno de transición. En procura de un amplio apoyo internacional, el texto del Departamento de Estado lució genérico.

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En paralelo a la declaración internacional sobre Venezuela, el 14AGO20 circularon pronunciamientos de EE. UU. y del Grupo de Lima.

Según el Departamento de Estado de EE. UU. “esta declaración conjunta demuestra que no estamos solos en nuestra determinación de fortalecer el apoyo a un gobierno de transición en Venezuela y el fin de la dictadura de Maduro” a la cual acusó de “destruir sistemáticamente la capacidad de Venezuela para realizar elecciones libres” ya que “los estándares internacionales para elecciones libres y justas ni siquiera están cerca de cumplirse”.

El Grupo de Lima, inactivo en los últimos meses, sostuvo ese día una reunión vía Internet de la cual emanó un pronunciamiento acogido por los representantes de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y del venezolano Julio Borges actuando como enviado del gobierno Guaidó.

Como es usual, el representante de Guyana se abstuvo de firmar la declaración por representar un reconocimiento a Guaidó como jefe del Ejecutivo venezolano. Argentina, por su parte, cuyo canciller no participó delegando la representación en el secretario de Relaciones Exteriores Pablo Tettamanti, emitiría un comunicado confrontando al propio Grupo de Lima.

El comunicado del Grupo de Lima del 14AGO20 reafirmó su respaldo al “Presidente encargado Juan Guaidó” y “rechazo al anuncio del régimen ilegítimo de celebrar elecciones parlamentarias sin las garantías mínimas y sin la participación de todas las fuerzas políticas”.

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El gobierno de Argentina´, encabezado por Alberto Fernández, asumió la representación de la izquierda continental intentando neutralizar desde adentro los esquemas de apoyo internacional a la oposición democrática venezolana. Argentina se dispone a representar y defender al régimen chavista en diversas instancias internacionales. Fernández es miembro fundador del “Grupo de Puebla”, la organización creada alrededor de líderes políticos y celebridades de la izquierda iberoamericana en procura de recuperar espacios en el Continente.

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El 10AGO20, el Servicio Exterior de la Unión Europea informó que la cancillería argentina se sumaba al denominado Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela, impulsado por la Unión Europea, alegando que sería “otro paso más hacia la búsqueda de soluciones pacíficas y democráticas a la crisis que viven los venezolanos”.

El GIC está ahora formado por Alemania, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, España, la Unión Europea, Francia, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, Suecia, Reino Unido y Uruguay. Antes del ingreso de Argentina, el GIC se había pronunciado rechazando la designación de autoridades electorales afines al régimen chavista.

Además de sumarse al GIC, Fernández y su canciller Felipe Solá optaron por no retirarse del Grupo de Lima pese a las divergencias existentes. En un comunicado emitido inmediatamente luego de la reunión del Grupo de Lima del 14AGO20, el gobierno argentino dijo “que no comparte la decisión de la franja de partidos políticos que expresaron su voluntad de no participar en las elecciones parlamentarias de diciembre próximo”. De esta manera Argentina se convirtió en el único gobierno suramericano que “apoya la realización de las próximas elecciones parlamentarias de diciembre”, aunque “con el criterio de que sean libres, justas e imparciales y con participación de todos los partidos y movimientos políticos”.

El comunicado argentino contiene un párrafo de alto cinismo en el cual asegura que “entiende el rechazo de amplios sectores de la oposición, acompañados por una parte de los países del Grupo de Lima, respecto de una serie de medidas que acompañaron el proceso de convocatoria y preparación de la próxima elección parlamentaria, en alusión a la designación de los directivos del Consejo Nacional Electoral, las autoridades de algunos partidos políticos y la inhabilitación de cambios en el número de diputados y las circunscripciones electorales”.

Si bien el largo listado de la Cancillería argentina demuestra la falta de condiciones para la celebración de elecciones en Venezuela, el comunicado “subraya una vez más la importancia de la participación de todos los sectores en las próximas elecciones”.

Todo indica que el gobierno argentino se dispone a ser parte de un grupo de gobiernos que convalidarían las votaciones convocadas por el régimen en Venezuela.

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Nicolás Maduro, mediante una carta suscrita por su canciller Jorge Arreaza, habría ofrecido posponer las elecciones convocadas por el régimen para el 06DIC20 a cambio del envío de una delegación europea en condición de “acompañamiento internacional”.

La versión se desprende de la declaración suscrita por el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, difundida el 11AGO20. Borrell, quien se mantiene directamente y mediante emisarios en contacto con diversos sectores políticos venezolanos informó que en sus contactos sugirió “la posibilidad de ampliar los plazos electorales para dar respuesta a los requerimientos de la oposición. En respuesta he recibido una carta del Ministro de Asuntos Exteriores en la que me informa de un acuerdo en ese sentido con parte de la oposición. Es un paso en la buena dirección, pero insuficiente para que la Unión pueda estar en disposición de desplegar una misión de observación electoral”. La “oposición” a la cual hace referencia la carta de Arreaza sería en realidad partidos aliados con el régimen o los partidos opositores entregados por el régimen a socios políticos.

El contenido de la carta fue distribuido por Borrell entre los miembros de la Unión Europea y de los gobiernos que integran el Grupo Internacional de Contacto. Borrell develó que “la Unión Europea recibió una invitación del gobierno de Nicolás Maduro para desplegar una misión de “acompañamiento electoral”. Borrell adelantó que se trata de “un concepto que, como señalé a los interlocutores del gobierno, es ajeno a la práctica de la Unión. La Unión Europea necesita, para desplegar una misión de observación electoral, unas condiciones y garantías mínimas de credibilidad, transparencia e inclusividad, y la capacidad de observar sin interferencias con acceso completo a todo el proceso electoral”.

Tres días después, en una reunión digital del Consejo de Ministros de Exteriores de la UE, Borrell informó de sus gestiones sobre Venezuela. Tras un debate sobre el tema, los ministros en general estuvieron de acuerdo con que la UE podría desplegar una “Misión de Observación Electoral” en Venezuela pero no enviar una “misión de acompañamiento” como la solicitada por Maduro. En todo caso el envío de observadores electorales requeriría “condiciones mínimas de credibilidad, transparencia e inclusión, y la capacidad de observar el proceso electoral sin interferencias” lo cual según informó Borrel son condiciones que no están presentes en Venezuela.

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El respaldo de Guyana al comunicado promovido por EE. UU. sobre Venezuela difundido el 14AGO20, reflejó un giro en la posición de ese país luego del cambio de gobierno del 02AGO20.

Cinco meses después de realizarse las elecciones parlamentarias en Guyana, el 02AGO20 las autoridades electorales emitieron los resultados que marcaron el triunfo del opositor Irfaan Ali, del Partido Progresista del Pueblo, derrotando al presidente David Granger candidateado por la coalición APNU/ AFC.

Tras una inusual convergencia de presión internacional desde Washington, Londres y La Habana, Granger finalmente permitió que fueran oficializados los conteos de votos que habían sido supervisados por enviados de la Comunidad del Caribe con el respaldo de la OEA y la Unión Europea. EE. UU. ya había iniciado la imposición de sanciones a altos funcionarios guyaneses por impedir la proclamación de Ali, pese a una campaña de lobby en Washington pagada por Granger para convencer al gobierno Trump sobre la tendencia procubana de su rival.

Pocas horas después de difundirse los resultados, Irfaan Ali juró el cargo y el acto de inicio del gobierno se realizó el 08AGO20 con la presencia del vecino mandatario de Surinam, Chan Santokhi, quien asumió el cargo el 16JUL20. En Guyana y Suriname, dos potenciales grandes productores de petróleo, se han establecido gobiernos que se muestran amistosos con EE. UU. De hecho, el 04AGO20 el nuevo gobierno guyanés anunció su respaldo a la candidatura del estadounidense Mauricio Claver-Carone a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, y el 19AGO20 firmó junto con otros 16 países una declaración rechazando posponer la elección en el BID.

La escogencia de Claver-Carone se ha tornado tema de controversia en Latinoamérica. Y un grupo de países (Argentina, Costa Rica, Chile, México y probablemente un grupo de gobiernos europeos) intentan suspender por falta de quorum la elección prevista para el 12SEP20.

El hecho de que Guyana se sumara al comunicado sobre Venezuela promovido por EE. UU. marcó un cambio de la posición guyanesa ante la crisis venezolana. Guyana participa en el Grupo de Lima, pero no firma declaraciones que signifiquen un reconocimiento al gobierno transitorio de Juan Guaidó, alegando que existe un proceso judicial entre los dos países y Guyana no debe pronunciarse sobre quién ejerce la representación del Estado venezolano.

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El cambio de enfoque hacia la crisis venezolana por parte de Guyana, en todo caso, no significa una modificación de la posición del gobierno de Granger, que demandó a Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia en relación al diferendo territorial existente entre ambos países. El gobierno Maduro se ha negado a presentarse en el proceso seguido en la CIJ alegando que Venezuela no reconoce esa instancia, lo cual no ha impedido que el juicio esté en marcha.

Pese a las diferencias partidistas e incluso en medio de la crisis vivida por la indefinición de los resultados electorales entre marzo y agosto, las dos grandes fuerzas políticas de Guyana mantienen una posición común ante el reclamo venezolano. El 30JUN20 la Corte Internacional de Justicia realizó una audiencia vía digital para tratar sobre la jurisdicción de esa corte en el tema de la titularidad del territorio Esequibo.

Carl Greenidge, quien fue canciller del gobierno de David Granger y actuaba ese día como agente guyanés ante la CIJ, se hizo acompañar de la parlamentaria Gail Teixeira, en representación del entonces partido opositor PPP. Tras el cambio de mando del 02AGO20 que convirtió al PPP en partido de gobierno, Irfaan Ali invistió a la señora Teixeira como su ministra de Asuntos Parlamentarios y al profesor Hugh Todd como nuevo ministro de Asuntos Exteriores. Entre sus primeros anuncios, Todd designó al ahora opositor Greenidge como su asesor en asuntos fronterizos y lo confirmó como agente de Guyana ante la CIJ para garantizar la continuidad en el juicio contra Venezuela.

Diario Las Américas

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | La crisis venezolana en medio de la campaña en EEUU, por Edgar C. Otálvora

El Comité de Política Exterior del Senado de EE. UU. reunido presencialmente el 04AGO20 para debatir sobre situación en Venezuela.

 

@ecotalvora

Desde su exilio en Buenos Aires, Evo Morales está promoviendo un grave estado de violencia en Bolivia. El 23JUL20 la “Coordinadora” de seis federaciones de productores de coca del “Trópico de Cochabamba” dieron un plazo de setenta y dos horas para que las autoridades electorales de Bolivia “se retractaran” de su decisión de posponer las elecciones presidenciales.

Debido a la expansión de la pandemia de COVID-19, el Tribunal Supremo Electoral decidió que las elecciones previstas para el 06SEP20 fueran aplazadas hasta el 18OCT20.

Las federaciones cocaleras son presididas por Evo Morales, quien las controla desde Argentina. Estas mantienen un estado de virtual alzamiento contra el Estado boliviano impidiendo el acceso de la fuerza pública a las provincias que controlan. Los cocaleros liderados por Morales amenazaron con “movilizaciones indefinidas en todo el territorio nacional”.

La Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Morales, el MAS, se niega a aprobar una ley que permita la recepción de un crédito por US$ 327 millones concedido por el Fondo Monetario Internacional en calidad de “fondos de emergencia” para atender erogaciones por la COVID-19. Simultáneamente, militantes del MAS y de la Central Obrera Boliviana iniciaron el 05AGO20 el cierre de importantes vías carreteras ya anunciado por los cocaleros.

En una sesión del Consejo Permanente de la OEA, realizada el 07AGO20, la canciller boliviana Karen Longaric Rodríguez denunció que los militantes del partido de Morales han impedido la circulación de insumos médicos, incluyendo transportes de oxígeno medicinal.

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La política de EE. UU. hacia Venezuela y Cuba tendría un cambio de orientación de producirse el triunfo de Joe Biden en las elecciones previstas para el 03NOV20. La nueva plataforma del Partido Demócrata deberá ser aprobada durante la convención prevista para la segunda quincena de agosto, pero ya el borrador circula desde mediados del mes de julio.

La plataforma demócrata del año 2016 dedicaba a Venezuela una única frase en la cual ofrecía “empujar al gobierno a respetar los derechos humanos y responder a la voluntad de su pueblo”. El texto del año 2020 contiene un largo párrafo sobre Venezuela, el cual critica la línea seguida por Trump, propone cambios de orientación de política exterior y hace una oferta para los venezolanos que se han desplazado a territorio de EE. UU. 

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“Rechazaremos la fallida política venezolana del presidente Trump, que solo ha servido para afianzar el régimen dictatorial de Nicolás Maduro y exacerbar una crisis humanitaria y de derechos humanos”, dice la oferta demócrata sobre Venezuela.

Adelanta que un gobierno demócrata “movilizará a los socios” regionales “y en todo el mundo” para atender las “necesidades urgentes de Venezuela” y ejercer “una presión inteligente y una diplomacia efectiva” rechazando “amenazas bélicas no atadas a objetivos políticos realistas” y “motivadas por objetivos partidistas” internos de EE. UU. Igualmente ofrece regularizar la situación migratoria de venezolanos en EE. UU. mediante la aprobación de un estatus de protección temporal (TPS).

El texto califica como “dictatorial” al régimen chavista y censura las orientaciones de Trump hacia Venezuela. Pero no niega ni confirma la línea de cambio de régimen promovida actualmente desde Washington.

En un párrafo referido a Irán, el documento demócrata dice que EE. UU. “no debe imponer un cambio de régimen a otros países y lo rechazan como objetivo de la política estadounidense hacia Irán”. Pero no hay una precisión expresa sobre Venezuela.

La plataforma demócrata claramente se distancia de la política del gobierno Trump de unificar sus acciones ante los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La oferta demócrata anuncia que se moverán “rápidamente para revertir las políticas” de Trump hacia Cuba; a la cual acusan de haber “socavado los intereses nacionales de EE. UU.” y “dañar al pueblo cubano y a sus familias en EE. UU.”, en referencia a autorizaciones de viajes a Cuba y envío de remesa.

La plataforma ofrece en el caso de Cuba un obvio regreso a la política de mano blanda del gobierno de Barack Obama. Igualmente, la propuesta demócrata advierte que modificará la política de aplicación “indebida” de “sanciones económicas y financieras” que según el texto “incentivan a las empresas extranjeras a eludir” el sistema financiero de EE. UU. socavando el potencial de la diplomacia estadounidense y que “amenazan el papel clave del dólar estadounidense como moneda de reserva del mundo”.

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El 04AGO20 se produjo una sesión plena del Comité de Política Exterior del Senado de EE. UU., bajo el título de “Venezuela en manos de Maduro: evaluación del deterioro de la seguridad y la situación humanitaria”. Para la ocasión fueron citados el enviado especial para Venezuela del Departamento de Estado, Elliott Abrams, y el responsable de la USAID para América Latina y el Caribe, Joshua Hodges.

Durante el evento, el senador Chris Murphy, demócrata por el estado de Connecticut, realizó una larga intervención en la cual resumió la posición que ha venido expresando durante el último año en relación a la política de Trump hacia Venezuela.

Murphy, quien comenzó su carrera de legislador en 2007 como representante ante la Cámara y ejerce como senador desde 2013, ha orientado su actividad parlamentaria especialmente hacia temas de política exterior. Pese a su condición de “senador junior”, su nombre ya aparece entre posibles candidatos a encabezar el Departamento de Estado en caso de producirse una victoria de su partido y, en todo caso, parece llamado a ser un influyente operador y opinador sobre las posiciones demócratas en asuntos exteriores desde el Senado.

Según medios de prensa, Murphy habría intervenido en la definición de la plataforma demócrata en lo tocante a política exterior y los términos utilizados sobre Venezuela son similares a los que el senador ha expresado durante el último año.

En la redacción de la plataforma demócrata igualmente habrían intervenido miembros del equipo de trabajo del izquierdista Bernie Sanders.

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En un artículo publicado en The Washington Post el 29ENE19, cuando en Venezuela asomaba la opción de Juan Guaidó al frente de un gobierno provisional, el senador Murphy y el asesor adjunto de Seguridad Nacional del gobierno Obama, Ben Rhodes, escribieron que “ya no debería haber ningún debate sobre la falta de legitimidad democrática de Maduro”.

Llamando a aportar el apoyo demócrata, Murphy y Rodes alegaron que “la administración Trump tiene razón al poner la restauración de la democracia venezolana en el centro de nuestro enfoque de esta crisis. El retorno a una democracia estable interesa al pueblo venezolano, a EE. UU. y al hemisferio”. Y valoraron que Trump estuviera actuando “en concierto” con otros países de la región.

Pero los autores calificaron como un “riesgo” que EE. UU. diera “reconocimiento público de un presidente alternativo que no dirige el país”, lo que sería uno más de los “pronunciamientos audaces de política exterior de la administración Trump (…) que no están respaldados por planes de implementación realistas”. Aseguraban que “no hay una opción militar creíble de los EE. UU. para invadir Venezuela, y sería peligroso y desestabilizador hacerlo”.

Según Murphy y Rodes, en su artículo de principios de 2019, “si las fuerzas armadas continúan respaldando a Maduro” el apoyo a un gobierno de transición “puede parecer irresponsable, al tiempo que le ofrece a Maduro la oportunidad de reunir a sus partidarios nacionales y extranjeros contra la intervención de EE. UU.”.

La línea propuesta por los articulistas era que EE. UU. trabajara “con socios internacionales para apoyar las negociaciones con todas las facciones de Venezuela en busca de un gobierno de transición que pueda celebrar nuevas elecciones.

Además de ser liderado por una coalición de países de ideas afines, ese esfuerzo deberá incluir el diálogo con países como Cuba y China que tienen influencia en Caracas”. En tanto, EE. UU. debería “seguir endureciendo las sanciones contra Maduro” y trabajar “en foros que esta administración ha abandonado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Corte Penal Internacional, para aislar aun más a Maduro y abrir nuevas vías para la rendición de cuentas”.

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El 20NOV19, Univisión publicó en sus portales un nuevo artículo de Murphy sobre Venezuela donde afirmó que “el presidente Trump claramente espera que sus sanciones petroleras derroquen la dictadura de Maduro, pero no hay señales de que esta estrategia esté teniendo éxito, al igual que las sanciones no derrocaron a Castro, Putin o Jomeini”.

Las sanciones, según Murphy, “pueden estar consolidando aun más el control de Maduro en el poder” mientras “Maduro y sus aliados se burlan de la retórica dura de EE. UU.”.

Pero Trump “no tiene que renunciar a las sanciones para que sean efectivas; todo lo que necesita es crear una válvula de alivio para abordar la crisis alimentaria de Venezuela”. Para lo cual Murphy proponía un “programa de intercambio de ayuda internacional, donde los ingresos de las ventas de petróleo podrían usarse para comprar alimentos, medicamentos”.

El senador demócrata igualmente resaltaba que “los negociadores de Guaidó están abiertos a un alivio gradual de las sanciones a cambio de otras concesiones políticas importantes” como el llamado a elecciones, refiriéndose a las negociaciones que se había producido bajo el auspicio de Noruega y que fueron finalizadas el 07AGO19.

En su intervención del 04AGO20 en el Comité de Asuntos Exteriores, Murphy se quejó porque EE. UU. “socavó” esas negociaciones y pocos meses después el Departamento de Estado presentó “un marco de transición que casi es una copia a carbón de la que presentaron los partidos políticos el año pasado”.

En los actuales días de dura campaña electoral, Murphy decidió confrontar a Trump sobre el tema Venezuela y lo acusó de haber “empoderado a un dictador brutal”.

“El juego ganador estaba justo delante de nosotros: reunir a toda América Latina detrás de una transición o nuevas elecciones libres, y trabajar con o neutralizar a los patronos de Maduro (Rusia, Cuba, y en menor medida China)”, pero Trump no lo hizo según el senador demócrata.

El “tema Venezuela” forma parte de la agenda electoral del año 2020 en los EE. UU. No cabe duda. Desde la Casa Blanca y los comités de apoyo a Donald Trump se difunden las acusaciones contra las tendencias socialistas o comunistas dentro del Partido Demócrata, a las cuales se habría entregado el candidato Joe Biden.

A temas recurrentes en la confrontación partidista como los impuestos, o nuevos temas como la reducción de los presupuestos para los cuerpos policiales, o la legalización de migrantes, en la campaña electoral del año 2020 se ha incorporado el tema entre capitalismo y comunismo. Este último ejemplificado con Venezuela.

Pese a que propuestas como la del senador Murphy están orientadas hacia un cambio de régimen en Venezuela, la cercanía de otros sectores del Partido Demócrata con los regímenes castrochavistas ha encendido alarmas sobre una posible orientación de la política exterior de EE. UU. en manos demócratas.

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El gobierno socialista de España se sumó al Grupo de Puebla. El 13JUN20 se conoció la incorporación de la española Irene Montero a la organización que reúne una larga lista de celebridades de la izquierda latinoamericana y que intentan crear condiciones para la retoma del poder luego de que el castrochavismo fuera desplazado de numerosos gobiernos.

Junto con José Rodríguez Zapatero, que forma parte de los fundadores del GP, la presencia de Montero completa la figuración de los dos partidos que conforman al gobierno de Pedro Sánchez. Montero es la esposa de Pablo Iglesias y ambos son parte de la cuota de Podemos en calidad de ministra de la Igualdad y como segundo vicepresidente.

Con la participación de una ministra en funciones española, ya serían tres los gobiernos involucrados en GP. Los otros dos son el gobierno de Argentina a manos del propio presidente Alberto Fernández y el gobierno de México que opera en el GP por medio Maximiliano Reyes Zuñiga quien ejerce como subsecretario (vicecanciller) para América Latina y el Caribe.

* Este artículo fue publicado inicialmente en Diario las Américas 

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora: Decenas de países ya objetan proceso electoral convocado por el chavismo, por Edgar C. Otálvora

Los ministros de exteriores de España, Alemania, Bulgaria, Austria y Suecia en la reunión del Consejo Europeo el 13JUL20. Foto Unión Europea.

@ecotalvora 

En Guyana continúa el intento del actual mandatario David Granger de materializar un golpe de Estado desconociendo los resultados de las elecciones parlamentarias del 02MAR20. Conteos y reconteos verificados por observadores del Caricom y validados por la OEA dan como ganador al partido opositor liderado por Irfaan Ali quien reclama su triunfo.

Las amenazas del gobierno de EE. UU. sobre endurecer su posición ante Grager se concretaron el 15JUL20, cuando el Departamento de Estado anunció la implementación de restricciones de visas a los “responsables o cómplices de socavar la democracia en Guyana” y a sus familiares. Si bien el comunicado no precisaba nombres de sancionados, en una rueda de prensa el secretario Mike Pompeo fue preciso: “el gobierno de Granger debe respetar los resultados de las elecciones democráticas y hacerse a un lado”. La cancillería de Brasil emitió un comunicado el 15JUL20 afirmando que el desconocimiento de los resultados electorales “plantea una seria amenaza para la estabilidad en Guyana y una desviación de los compromisos democráticos que debe cumplir en el contexto regional y hemisférico”. Para el 21JUL20 fue convocada una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para analizar la situación guyanesa.

Por su parte, el gobierno del Reino Unido anunció que no reconocerá un gobierno fraudulento en Guyana. El secretario de Relaciones Exteriores británico Dominic Raab dijo el 17JUL20 que “cualquier gobierno que jure sobre la base de resultados no creíbles se enfrentará a una fuerte condena internacional”. Advirtió además que su gobierno inició el “proceso de poner esas consecuencias en marcha”.

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Rusia difundió la falsa versión según la cual una nave de guerra de EE. UU. navegó cerca de Venezuela portando armamento nuclear.

La segunda “operación de libertad de navegación” realizada en menos de un mes por EE. UU. en aguas frente a Venezuela, fue ejecutada el 15JUL20 por el destructor USS Pinckney operando como parte de la Cuarta Flota de EE. UU. bajo órdenes del Comando Sur. Si bien las operaciones de “libertad de navegación” han sido realizadas por la Armada de EE. UU. frente a las costas venezolanas  desde el año 2000, las recientes misiones se han cumplido bajo lo que oficialmente el Comando Sur denomina “la operación mejorada de narcóticos del presidente Trump”, como parte  de la planeada ampliación de la capacidad bélica en el hemisferio occidental y en obvia sincronía con la presión política sobre el régimen chavista.

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Previamente el 23JUN20, el destructor USS Nitze análogo al USS Pinckney, ambos destructores clase Arleigh Burke, había cumplido una misión similar. La acción consiste en navegar a una distancia superior a las doce millas, poco más de veintidós kilómetros con respecto a la costa, área que ya no es mar territorial venezolano y por lo tanto se consideran aguas internacionales a los efectos de la navegación. En ambos casos el Comando Sur procedió a publicitar la misión en simultáneo a su ejecución justificándola como respuesta al “excesivo reclamo marítimo de Venezuela en aguas internacionales”.

Según un comunicado emitido el 16JUL20 por la cancillería del gobierno Maduro, el USS Pinckney navegó a 16,1 millas náuticas, poco menos de treinta kilómetros de la costa venezolana en aguas ya situadas en lo que se denomina “zona contigua” de soberanía restringida pero que ya no es considerado como “mar territorial”. Sobre el exacto recorrido de la embarcación ninguna de las partes se ha pronunciado. En el usual estilo de los comunicados de la cancillería chavista de inspiración habanera, el ministro Jorge Arreaza aseguró que la presencia ostensiva del destructor estadounidense había sido “de manera furtiva” y la calificó como “un inexcusable acto de provocación errático e infantil”.

El gobierno ruso, por intermedio de su agencia de noticias Sputnik, difundió un cable que supuestamente copiaba el comunicado del Comando Sur: “Hoy, el barco destructor USS Pinckney [DDG 91] de la clase Arleigh Burke, armado con misiles nucleares, desafió el excesivo reclamo de Venezuela en aguas internacionales”. El comunicado emitido por el Comando Sur no hacía referencia a dotación de armamento nuclear a bordo del USS Pinkney. La delicada referencia a misiles nucleares en la nota rusa no fue patentemente un error de transcripción o de traducción. Venezuela es uno de los temas de tensión entre Moscú y Washington y el aparato de propaganda ruso suele direccionar ataques contra la política de EE. UU. hacia Venezuela.

El 15JUL20, durante una entrevista con The Hill, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, fue interrogado sobre usuales conversaciones con sus contrapartes rusos. Pompeo afirmó que en esas conversaciones además de posibles áreas de interés común, suele tocar aquellos temas “en los que no estamos de acuerdo” y que “socavan intereses importantes de seguridad nacional de EE. UU.” ejemplificando con “la participación de Rusia” en Venezuela y en Siria.

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El 10JUL20, Donald Trump realizó una rápida visita al estado de Florida para visitar el Comando Sur, presidir un evento de opositores de Venezuela, Cuba y Nicaragua y, asistir a un evento de recaudación de fondos electorales.

En el cuartel general del Comando Sur, en Doral, Miami, Trump sostuvo un encuentro con altos oficiales acompañado de su asesor de Seguridad Nacional Robert O’Brien, el secretario de Defensa Mark Esper, el zar antidrogas Jim Carroll, el secretario interino de Seguridad Nacional Chad Wolf y el congresista Mario Díaz-Balart entre otros altos funcionarios. El objeto de la sesión que fue difundida públicamente, era conocer los resultados de la operación antinarcóticos ordenada el 01ABR20 por Trump en las áreas de responsabilidad del Comando Sur en el Caribe y el Pacífico.

En una intervención solicitada por Trump, el asesor de Seguridad Nacional fue el encargado de conectar los temas “narcotráfico” y Venezuela: “Los traficantes usan sus fondos con fines nefastos, entre ellos para financiar el régimen de Nicolás Maduro, el régimen ilegítimo en Venezuela (…) durante años, Venezuela ha inundado a los EE. UU. con cocaína. Envenena nuestras comunidades y alimenta una peligrosa epidemia de adicción que amenaza la seguridad de todos los estadounidenses”. Luego se escucharía la presentación del almirante Faller, comandante del Comando Sur sobre los resultados de las operaciones.

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Durante su explicación a Trump, el almirante Faller presentó a dos miembros de su comando, procedentes de las fuerzas militares de Colombia y Brasil. Se trata del general de brigada del Ejército colombiano Juan Carlos Correa Consuegra quien forma parte del alto mando del Comando Sur como director de la Dirección J7 “Ejercicios y Asuntos de la Coalición”. “El presidente Duque nos ha enviado lo mejor de sí y ha pagado por ello.  Así que viene aquí totalmente pagado por Colombia y trabaja para mí.  Y es un reconocimiento de que Colombia estuvo con nosotros en la Guerra de Corea y está con nosotros hoy” dijo Faller.

El segundo en ser presentado fue el mayor general de la Fuerza Aérea de Brasil David Almeida Alconforado quien es el segundo en la Dirección J5 de “Estrategia, Políticas y Planes” del Comando Sur. “Una vez más, brasileños, pagando para que viniera aquí y trabajara para mí para hacer una diferencia en seguridad. Brasil ha estado con nosotros desde la Segunda Guerra Mundial y nuestra relación se está haciendo aun más fuerte” explicaba Faller a Trump.

Por cierto, en la línea de mando del Ejército del Sur, dependiente del Comando Sur, se encuentra otro brasileño: el general de brigada del Ejército de Brasil Alcides Valeriano de Faria Júnior, quien desde el año 2019 ocupa la posición de subcomandante general del Ejército Sur de EE. UU.

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La decisión del régimen chavista de renovar las autoridades electorales obviando a la Asamblea Nacional, designando a chavistas y socios políticos, fue objeto de análisis en la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebrado el 13JUL20. El alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad Josep Borrell presentó las conclusiones de la reunión.

La nota publicada por el Servicio Exterior de la UE, dando cuenta de las declaraciones de Borrell, anunciaba que el alto representante había propuesto la realización de una “reunión ministerial del Grupo Internacional de Crisis”, lo que parecía una extraño giro por tratarse ese de un ente privado. El Informe Otálvora consultó con el SEUE sobre tan curiosa propuesta y recibió el 14JUL20 como respuesta: “es un error. El texto tendría que ser “international contact group”. Lo vamos a cambiar pronto”, como en efecto ocurrió.

En definitiva, según Borrel los ministros de Exteriores decidieron “enviar un fuerte mensaje al régimen de Maduro sobre su última decisión” en relación al tema electoral. Borrel se dispone a “convocar una reunión ministerial del Grupo de contacto internacional, junto con otros actores clave, para analizar las condiciones en las que se celebrarán las próximas elecciones parlamentarias”. Las autoridades electorales designadas por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro, procedieron rápidamente a modificar la legislación electoral sobre los métodos de elección y la composición de la Asamblea Nacional, así como a convocar elecciones parlamentarias para el 06DIC20.

Además, el TSJ mediante tres sentencias expropió a los tres principales partidos opositores (AD, Primero Justicia y Voluntad Popular) reemplazando las direcciones legítimas y designado incluso a militantes chavistas para dirigir esos partidos. Los resultados de ese proceso electoral serán muy probablemente desconocidos por una mayoría importante de gobiernos de América y Europa. El GCI lo integra la UE, Alemania, España Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Suecia, Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay.

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El 27SEP19, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un órgano formado por 47 gobiernos de entre los miembros de la organización, aprobó por primera vez una completa resolución sobre “la alarmante situación de los derechos humanos” en Venezuela. Se trató de una gruesa derrota al chavismo en un foro que solía serle benévolo y hasta solidario. La resolución 42/25, como se le denomina, fue aprobada con 19 votos a favor y solo siete gobiernos, entre ellos Cuba y China, se pronunciaron en contra. El silencio de 21 de los miembros del Consejo abrió paso a la aprobación. Mediante la resolución, el Consejo solicitó a la alta comisionada de DD. HH. Michelle Bachelet, la elaboración de una serie de informe periódicos sobre la situación en Venezuela. Para el período 44 de sesiones del Consejo programado para junio-julio de 2020, Bachelet debía presentar un reporte con especial acento en “la independencia del sistema judicial y el acceso a la justicia, también para obtener reparación por las violaciones de los derechos económicos y sociales, y a la situación de los derechos humanos en la región del Arco Minero del Orinoco” en referencia a la zona de explotación minera promovida por el régimen chavista en la Orinoquía y Amazonía venezolanas.

Ese informe fue presentado durante la sesión del Consejo celebrada el 15JUL20 en Ginebra. Tras narrar numerosos casos de violaciones de DDHH, concluye que “las víctimas de violaciones de los derechos humanos se ven confrontadas a barreras jurídicas, políticas y socioeconómicas para acceder a la justicia; las mujeres, en particular, enfrentan retos específicos por motivos de género”. El reporte incorpora veintiuna recomendaciones al gobierno de Venezuela, entre ellas conducir “investigaciones prontas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre las alegaciones de violaciones a los derechos humanos, incluyendo la privación de la vida, la desaparición forzada, la tortura, la violencia sexual y la violencia de género en las que se involucran elementos de las fuerzas de seguridad…”.

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Durante la sesión del 15JUL20 se produjo una secuencia de cincuenta intervenciones de representantes de gobiernos y de ONG reconocidas por el Consejo. El exembajador venezolano Diego Arria fue uno de los expositores de la jornada, promoviendo la iniciativa de expulsar a Maduro del Consejo. De entre los países que tomaron la palabra, el régimen chavista recibió el apoyo solo de Rusia, Cuba, Corea del Norte, Eritrea, China, Bielorrusia, Irán, Siria, Nicaragua, Birmania, Laos y Camboya. En apoyo al informe de Bachellet sobre la violación de DD. HH. en Venezuela se pronunciaron Perú en dos intervenciones la primera a nombre de once países miembros del Grupo de Lima, la Unión Europea, Alemania, Francia, Ecuador, Austria, Portugal, España, Luxemburgo, Brasil, Colombia, Croacia, R. Checa, Dinamarca, Países Bajos, Austria, Eslovenia, Uruguay, Suiza, Georgia, Albania, Polonia, Reino Unido y sorprendentemente Argentina.

En su intervención en nombre de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú, la embajadora peruana Silvia Elena Alfaro Espinosa afirmó que “reiteramos nuestro rechazo a las recientes decisiones del TSJ sobre el Consejo Nacional Electoral usurpando las facultades de la Asamblea Nacional, nombrando una autoridad electoral que no ofrece las garantías debidas para un proceso electoral democrático tanto como las decisiones contra los principales partidos políticos opositores”.

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Quizá la intervención que causó mayor impacto fue la del embajador Federico Villegas, representante del gobierno de Argentina, quien comenzó anunciando que su gobierno comparte la “intervención conjunta pronunciada por Perú por la profunda preocupación por la situación de los derechos humanos en Venezuela y por la grave crisis política, económica y humanitaria que padece ese país”. Argentina, desde la llegada del izquierdista Alberto Fernández a la Presidencia el 10DIC19, se mantiene en el Grupo de Lima solo nominalmente, pero ahora Villegas se adhería al pronunciamiento presentado por Perú en nombre del grupo. Villegas afirmó que “nuestra región está llamada a incrementar los esfuerzos para encontrar una salida pacífica, política y negociada a esta grave crisis multidimensional, liderada por los propios venezolanos a través de elecciones inclusivas, transparentes y creíbles”. El enviado argentino “haciendo eco de un reciente llamado de la alta comisionada” pidió una “negociación política inclusiva, basada en los derechos humanos y en la restitución de los derechos políticos”. Si bien Villegas también criticó las sanciones impuestas por diversos países al régimen chavista, su presentación levantó polvo en Buenos Aires por lo que fue entendido como un distanciamiento con Maduro.

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Víctor Hugo Morales, comentarista político y narrador de futbol uruguayo que opera desde Buenos Aires, empleado del gobierno chavista por intermedio del canal de propaganda Telesur, abrió fuegos el 16JUL20 contra Alberto Fernández por la posición de su embajador en la ONU. Morales, en su programa radial, acusó a Fernández de estar “de rodillas no solo frente a los EE. UU., sino de rodillas ante Trump”. En medios políticos bonaerenses se interpretó este ataque como un nuevo capítulo de la serie de choques públicos que comienzan a presentarse entre el kirchnerismo y Fernández, los cuales la vicepresidenta Cristina Kirchner pareciera estimular.

Fernández solicitó intervenir en el programa de Morales para responder a los señalamientos. “La Argentina hizo el planteo que siempre hace. Hubo un informe muy crítico de Michelle Bachelet planteando las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Y la Argentina ratificó su posición de preservar los derechos humanos en cualquier ámbito y cualquier gobierno” afirmó Fernández. Resaltó que su gobierno reconoce a Maduro y relativizó la postura de su embajador alegando que las elecciones que Argentina reclama para Venezuela son solo las legislativas y no pide reemplazar a Maduro. “Yo no hablo con la oposición de Venezuela” dijo Fernández quien confesó haber pedido a EE. UU. poner fin a las sanciones contra el régimen chavista. Todo indica que el franco apoyo de la diplomacia argentina al informe Bachelet sobre violaciones de DD. HH. en Venezuela obligó a Alberto Fernández a dar explicaciones a sus enfurecidos aliados kirchneristas quienes a pesar de ello le siguen atacando. Por su parte, el presidente de la Cámara de Diputados y aliado de Fernández, Sergio Massa, declaró el 16JUL20 tras conocer el informe de Bachelett que “sin duda en Venezuela hay una dictadura que no respeta los DD. HH.”…

Diario Las Américas 

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora: Unión Europea mantiene contacto con Guaidó y Maduro, por Edgar C. Otálvora

El enviado de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, reunido con el canciller argentino Felipe Solá el 27FEB20 en Buenos Aires. Foto Cancillería Argentina.

@ecotalvora

La Unión Europea mantiene puentes de contacto con Juan Guaidó y Nicolás Maduro. El Asesor Especial de la UE para Venezuela, el uruguayo-español Enrique Iglesias, participó el 24JUN20 en la telerreunión sostenida por el denominado Grupo de Contacto, el mecanismo creado en 2019 por la UE para concertar acciones internacionales sobre Venezuela.

A la teleconferencia se conectaron representantes de alto nivel de la propia Unión Europea y de siete de sus miembros (Alemania, España Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Suecia), Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay. El propósito de esa reunión fue reactivar el Grupo de Contacto que ya el 16JUN20 se había movilizado para emitir un comunicado rechazando la designación de autoridades electorales por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela “en contra de lo previsto en la Constitución venezolana”.

Por cierto, el Reino Unido tras su salida de la UE el 31ENE20 optó por permanecer en el Grupo de Contacto. El gobierno del primer ministro Boris Johnson reconoce a Guaidó como presidente interino, lo que sirvió de base a la decisión tomada el 02JUL20 por un juez del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales para desconocer a Maduro como cabeza del Estado venezolano. Esa sentencia abrió puertas legales para que funcionarios designados por Guaidó tomen control de reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra.

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Ante el Grupo de Contacto, Enrique Iglesias presentó el 24JUN20 un informe de sus recientes gestiones sobre Venezuela. Consultada para el Informe Otálvora, la portavoz de la Unión Europea Virginie Battu-Henriksson dejó saber que Iglesias “ha mantenido contactos con actores políticos de las diferentes partes, varios líderes de la oposición y miembros del gobierno de Maduro, así como representantes de la sociedad civil”.

Los contactos se han producido en los últimos meses, mediante enlaces vía internet en razón de las restricciones de viaje por la pandemia de la COVID-19, la cual impidió parte de una gira de Iglesias que debía llevarlo a La Habana, Buenos Aires, Ciudad de México, Washington y Caracas. Iglesias sostuvo el 27FEB20 un encuentro con el canciller argentino Felipe Solá para discutir sobre la situación venezolana.

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Juan Guaidó ha atendido directamente a Iglesias en conversaciones vía web, mientras los contactos con el régimen chavista se habrían realizado con su canciller Jorge Arreaza. Iglesias, a su vez, mantiene también contacto con varias ONG que operan en Venezuela.

Si bien la UE promueve “negociaciones significativas y conclusivas” entre Guaidó y Maduro, en las conversaciones con Iglesias no se habría mencionado la posibilidad de promover un “diálogo político” y por parte del enviado europeo se habría utilizado el término crear “mecanismos de entendimiento” entre las partes.

Como consecuencia de la crisis por la pandemia, las conversaciones de Guaidó con Iglesias derivaron hacia el asunto de la ayuda humanitaria internacional lo que, según fuentes cercanas a estas gestiones, facilitaron el acuerdo del 01JUN20 entre Guaidó y Maduro para la recepción de material médico por intermedio de la Organización Panamericana de la Salud OPS.

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Desde su llegada al cargo de alto representante de la UE el 01DIC19, Josep Borrell asomó la necesidad de rediseñar la estrategia europea hacia Venezuela. Borrell habría ofrecido una nueva “hoja de ruta” ante la situación en Venezuela dado que las perspectivas de cambio político se estaban diluyendo. La frustrada gira de Iglesias habría sido una iniciativa en función de esa nueva “hoja de ruta” la cual aún no ha sido presentada según varias fuentes consultadas en Caracas.

El régimen chavista rechazó las propuestas promovidas por EE. UU., el Grupo de Lima y buena parte de la Unión Europea para la realización de elecciones generales con plenas garantías electorales.

En contraste, el régimen optó por designar una ilegal junta directiva de la Asamblea Nacional presidida por el diputado Luis Parra que fue reconocida el 26MAY20 por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro. Luego, ese mismo Tribunal Supremo de Justicia designó el 12JUN20 un nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral y en los siguientes días ilegalizó en la práctica a varios partidos de oposición mediante la destitución de sus juntas directivas.

Las nuevas autoridades electorales rápidamente decidieron la convocatoria solo a elecciones parlamentarias así como una reforma de la composición de la Asamblea Nacional y de los métodos para la elección de sus miembros.

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En ese contexto, el Grupo de Contacto emitió el 24JUN20 un comunicado en el cual ratificaban que “una solución sostenible a la profunda crisis venezolana debe incluir elecciones legislativas y presidenciales libres, transparentes, creíbles y justas. El GCI insta al régimen a detener las acciones unilaterales y llama a ambas partes a entablar negociaciones significativas e inclusivas que puedan conducir a una salida democrática de la crisis”.

El comunicado reflejaba, además, el clima existente en varias cancillerías europeas de rechazo a lo que estaba ocurriendo en Caracas. Además la diplomacia de EE. UU. ha pedido sistemáticamente a sus socios europeos un aumento de la presión sobre el régimen chavista.

Ratificando su respaldo a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y alegando la designación de una junta directiva ilegal de la AN además de acciones de la “asamblea constituyente” que dejaban sin inmunidad parlamentaria a diputados, el Consejo de la Unión Europea decidió aplicar sanciones a once funcionarios del régimen “debido a su papel en los actos y decisiones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”.

El listado de nuevos sancionados fue publicado en el Diario Oficial de la UE el 29JUN20. Con ello se elevó a 36 el número de altos jerarcas chavistas, encabezados por Nicolás Maduro, que son objeto de sanciones europeas que implican el congelamiento de bienes y prohibición de ingreso a territorio comunitario.

El nuevo listado incluyó al propio diputado Luis Parra y demás miembros de la ilegal junta directiva de la Asamblea Nacional, al director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones encargado de la censura de medios de comunicación, a fiscales “con despacho en la Dirección General de Contrainteligencia Militar”, así como miembros de la “asamblea constituyente” y del TSJ. La UE retomó de esta manera la línea sancionatoria que Josep Borrell había relativizado a su llegada al cargo.

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Nicolás Maduro reaccionó la noche del 29JUN10 con usual virulencia ante la decisión europea. Durante la entrega televisada de premios a periodistas del régimen, Maduro anunció que expulsaba a la jefe de la delegación de la UE en Venezuela, embajadora Isabel Brilhante Pedrosa. Maduro incluso ofreció suministrarle transporte aéreo a la embajadora para que abandonara el país en 72 horas.

En la mañana de 30JUN20, Borrell mediante un tuit, anunció que la UE reaccionaría con “las medidas necesarias habituales de reciprocidad”. Esa reciprocidad significaba el retiro del reconocimiento a la representante de Maduro ante la UE, Claudia Salerno Caldera, pero además el endurecimiento de la posición europea. La sorpresa europea ante la expulsión de su embajadora hizo que el gobierno de Eslovaquia anunciara su reconocimiento a Guaidó como presidente interino, declaración a la que se había negado desde principios del 2019.

Quedaba en evidencia una de esas situaciones extrañas provocadas por la existencia de dos gobiernos paralelos en Venezuela. La mayoría de los países de la UE reconocen a Juan Guaidó como presidente de la República interino pero toleran la presencia de diplomáticos designados por Maduro. La falta de acuerdo dentro de la UE hace que esa comunidad reconozca a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y no como presidente de la República, por lo cual la UE acepta a la representante de Maduro.

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Tras su tuiteo, Borrel emitió un comunicado mediante el cual la UE condenó “firmemente esta decisión y lamenta profundamente el mayor aislamiento internacional que provocará. Pedimos que se anule esta decisión”. Borrell, quien es el jefe del servicio exterior europeo, pedía que se dejara sin efecto la expulsión de la funcionaria bajo su responsabilidad pero igualmente ratificó la posición de la UE afirmando que la salida a la “profunda crisis política y socioeconómica que atraviesa actualmente Venezuela”  (…) “debe basarse en unas elecciones dignas de crédito, en el reconocimiento y el respeto de la función e independencia de todas las instituciones elegidas democráticamente, en particular la Asamblea Nacional, en la liberación de todos los presos políticos y en la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.

Con extrañeza, los jefes del aparato diplomático europea observaban que la orden de expulsión ordenada por Maduro la noche del 29JUN20 no se había concretado en una comunicación oficial de la cancillería a la UE. La mañana del 02JUL20 el vocero de la UE Peter Stano dijo, durante una rueda de prensa vía web, que hasta ese momento el gobierno Maduro no había notificado formalmente la expulsión de su embajadora en Caracas. Socios internos y externos de Maduro lo habían aconsejado para que diera marcha atrás en su afrenta a la UE.

En tanto, el canciller del régimen chavista, Jorge Arreaza, procuró una conversación telefónica con Borrell en la cual le informó que Maduro dejaba sin efecto la expulsión. La tarde del 02JUL20 la cancillería de Maduro y el Servicio Exterior de la UE emitieron un comunicado simultáneo y conjunto para anunciar que “el Gobierno venezolano decidió rescindir la decisión según la cual la embajadora Isabel Brilhante Pedrosa fue declarada persona non grata”. Curiosamente la versión publicada por la cancillería chavista llevaba fecha del 01JUL20. El propio Arreaza confesó, en declaraciones al canal de propaganda Telesur, que las sanciones de la UE continuarían.

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Un golpe de Estado se está ejecutando en Guyana

El mandatario David Granger, quien gobierna desde el 16MAY15, fue objeto de un proceso de impeachment el 21DIC18 que obligaba a la convocatoria de elecciones en un plazo de noventa días. Mediante diversas maniobras, Granger logró permanecer en funciones y las elecciones parlamentarias fueron convocadas con un año de atraso. Las votaciones se realizaron finalmente el 02MAR20 pero desde entonces no se ha producido la proclamación de los resultados finales.

Bajo la supervisión de Caricom, la OEA y la Unión Europea, se han realizado varios reconteos de votos a pesar de que desde marzo es un hecho que la alianza opositora que respalda a Irfaan Ali habría obtenido mayoría en el parlamento. Funcionarios electorales asociados con Grager han obstaculizado los conteos de votos y obligaron a la realización de un reconteo a nivel nacional que duró varios meses y cuyos resultados son avalados por los observadores de Caricom.

Keith Lowenfield, el jefe de la Comisión Electoral de Guyana recibió la orden de la presidenta de la Comisión Electoral Claudette Singh, para presentar el informe conclusivo tras el reconteo de votos que darían la victoria a la alianza opositora. Lowenfield optó por elaborar un informe que anula 115.000 votos equivalente a 25 por ciento de los votantes. El informe de Lowenfield permitiría que David Granger fuera reelecto.

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La negativa de Granger para reconocer su derrota logró la inusual coincidencia de posiciones de EE. UU. y gobiernos de izquierda asociados con Cuba.

En una rueda de prensa el 01JUL20, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, hizo un nuevo pronunciamiento sobre Guyana porque “han pasado cuatro meses desde la elección de Guyana”. Resaltó que “CARICOM y la OEA ya han certificado los resultados del recuento”.

Pompeo pidió que se continuara el proceso de anuncio de los resultados con base en ese recuento y advirtió nuevamente que EE. UU. procederá a aplicar sanciones en caso de imponerse una salida fraudulenta. “He dado instrucciones a mi departamento para garantizar que quienes minen la democracia de Guyana rindan cuentas”.

Desde la acera izquierdista del continente, el entrante presidente de Caricom, Ralph Gonsalves de San Vicente y las Granadinas, quien es un leal aliado del régimen cubano y habitué del palacio presidencial en Caracas, también se ha pronunciado contra el fraude que se estaría produciendo en Guyana.

El 10JUN20, Gonsalves afirmó durante una entrevista “estoy satisfecho de que Caricom no se quedará de brazos cruzados y observará el recuento que se realizó correctamente para que los resultados se descarten” y agregó que “no toleraría que nadie robara una elección” en Guyana. El 01JUL20, durante una teleconferencia de mandatarios de Caricom para el cambio de mando, Gonsalves se refirió a Guyana apoyando la línea seguida por su antecesora la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, quien en las últimas semanas fue blanco del gobierno guyanés por su insistencia en que sean reconocidos los resultados electorales avalados por Caricom y la OEA.

Diarios Las Américas 

 

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Informe Otálvora: Bolton retrata contradicciones de gobierno Trump ante Venezuela, por Edgar C. Otálvora

El asesor de Seguridad Nacional John Bolton, el secretario de Estado Mike Pompeo, el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence el 02MAY18 durante la juramentación de Pence. Foto Departamento de Estado EE. UU.

 

@ecotalvora 

La aparición del libro de John Bolton estaba previsto para el 23JUN20. Con creciente tensión entre Bolton y la Casa Blanca, el borrador fue revisado y podado por funcionarios encargados de impedir la difusión de material que pudiera violar la seguridad nacional. El 17JUN20, en medio de nuevos intentos judiciales de la Casa Blanca para impedir la circulación del libro, comenzaron a circular ejemplares y a aparecer segmentos del libro en portales de New York Times, Washington Post, Wall Street Journal y en medios de Tv. “The Room Where It Happened” suma 592 páginas de las cuales 38 contienen el capítulo “Venezuela Libre” al cual tuvo acceso el Informe Otálvora.

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Aun desde antes de la salida de Bolton de su cargo el 10SEP19, Trump insistió en privado y públicamente acusándolo de ser el promotor de una línea guerrerista. En un largo reportaje del 16MAY19 de The New York Times, el periodista Mark Landler coloca en la boca de Trump la expresión: “Si fuera por John estaríamos en cuatro guerras ahora”. El 29ENE20, desde su cuenta de Twitter cuando ya era un hecho que Bolton publicaría sus memorias, Trump confirmó esa versión al tuitear: “si lo hubiera escuchado estaríamos ahora en la Sexta Guerra Mundial”.

En específico sobre Venezuela, Trump asomó a la prensa la opción militar el 11AGO17 y la discutió en New York con mandatarios latinoamericanos el 18SEP17, meses antes del ingreso de Bolton al gobierno. Después, el 11SEP19, cuando se produce la salida de Bolton, Trump afirmó ante la prensa que “yo estaba en desacuerdo con John Bolton en sus actitudes sobre Venezuela. Creo que se pasó bastante de la raya”. Esa afirmación de Trump sugería un “ablandamiento” de su gobierno ante el régimen chavista que fue rápidamente desmentido por Marco Rubio. El senador Rubio tras conversar con Trump el 12SEP19 tuiteó: “Es cierto que (Trump) no estaba de acuerdo con algunos de los puntos de vista del asesor anterior (Bolton). Pero como me recordó es en realidad el OPUESTO DIRECTO de lo que muchos afirman o asumen. La dirección de los cambios de política no será para hacerla más débil”. Trump retuiteó a Rubio agregando un comentario: “De hecho, mis puntos de vista sobre Venezuela, y especialmente Cuba, fueron mucho más fuertes que los de John Bolton. ¡Me estaba reteniendo!”.

Bolton confirma esta versión alegando la “inevitable oposición” del Congreso de EE. UU. a una operación sobre Venezuela. Bolton, tenido como un halcón militarista, habría insistido ante Trump en la ruta de trabajar con los oponentes de Maduro, respaldar el plan para declarar a Juan Guaidó como presidente encargado una vez finalizara el mandato de Maduro en enero del 2019 y profundizar en sanciones contra el régimen. Bolton narra escenas en las cuales Trump habría reflejado dudas sobre la capacidad del “kid” Guaidó para enfrentar al “fuerte” Maduro, pero igualmente muestra a Trump, en otras escenas, entusiasmado por el impacto que “the Venezuela thing” tenía en la pauta de los medios y ordenando apurar las sanciones contra el régimen chavista  a las cuales parte del alto gobierno se negaban.

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Según Bolton, aparte del interés en una opción militar, periódicamente Trump se mostraba inclinado a procurar un encuentro con Maduro “para resolver todos nuestros problemas”. Esa opción habría sido desaconsejada tanto por el secretario de Estado Mike Pompeo como por Bolton. El libro hace referencia a las gestiones de Rudy Giuliani, el alcalde de Nueva York devenido en abogado y consejero privado de Trump, quien se habría valido de su especial acceso a la Oficina Oval para introducir la solicitud del senador Bob Corker y del congresista Pete Sessions favoreciendo un encuentro Trump-Maduro. Corker y Sessions, ambos del Partido Republicano, viajaron a Caracas en 2018 para sostener encuentros con Maduro. La mención de Bolton a Giuliani no es la primera sobre gestiones del abogado de Trump a favor de jerarcas y empresarios chavistas.

La posibilidad de conversar con Maduro, según Bolton, fue mencionada por Trump a Iván Duque. El presidente colombiano visitó la Casa Blanca el 13FEB19 poco antes de la frustrada operación de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela desde Colombia promovida por Guaidó.

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Aparte de las contradicciones a nivel presidencial, Bolton reseña serias diferencias en el alto gobierno de EE. UU. en cuanto al proceder ante el régimen chavista. El Secretario del Tesoro Steven Mnuchin, según Bolton, se oponía a la imposición de sanciones petroleras alegando que ponía en peligro los activos de las petroleras estadounidenses en Venezuela que podrían ser expropiados por Maduro. Mnuchin igualmente se habría opuesto a imponer sanciones contra el sistema financiero del régimen chavista argumentando que impactaría en las operaciones de Visa y Master Card en Venezuela. La tesis de Mnuchin era preservar esos activos para “el día siguiente”, es decir, para luego de la caída de Maduro. “Steven está más preocupado por los efectos secundarios sobre empresas de EE. UU. que por la misión” habría dicho el secretario de Comercio Wilbur Ross a Bolton. Igualmente Mnuchin se habría mostrado reacio a retirar de la lista de personas sancionadas por EE. UU. a “ciertos individuos” que estaban colaborando con la oposición venezolana. Eso frenaba una de las herramientas que Pompeo y Bolton habían diseñado para premiar (“desancionar”) a aquellos funcionarios que pasaran de bando a favor de Guaidó. Mnuchin exigió que el Departamento de Estado fuera el responsable de esas medidas.

En ese momento igualmente se estaba produciendo dentro del Departamento de Estado lo que Bolton califica como una “abierta revuelta” que buscaba “subvertir” la política contra el chavismo. La sombra del gobierno Obama se hacía sentir. La entonces subsecretaria de estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, se posicionó en contra de la imposición de sanciones petroleras porque ello pondría en peligro al personal de EE. UU. en Venezuela. Bolton en esa parte del libro se pregunta sobre las conexiones de la burocracia del Departamento de Estado con la fuerte presencia izquierdista latinoamericana en Washington. A la larga, el temor a que en Caracas se repitiera un violento ataque contra la sede diplomática como el ocurrido en Libia en 2012, llevaría a que Pompeo cerrara la misión en Venezuela, medida que a juicio de Bolton reducía la capacidad de acción en el terreno.

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El polémico libro de Bolton, aparte de los ataques al presidente en año electoral y obvias exageraciones y omisiones, proporciona una visión “desde adentro” de la dinámica del gobierno Trump en cuanto la generación de sus políticas.

El Secretario de Estado Pompeo emitió la noche del 18JUN20 una nota en la cual afirma que: “No he leído el libro, pero de los extractos que he visto publicados, John Bolton está difundiendo una serie de mentiras, medias verdades completamente falsas y falsedades absolutas. Es triste y peligroso que el papel público final de John Bolton sea el de un traidor que dañó a EE. UU. al violar su sagrada confianza con su gente. Para nuestros amigos de todo el mundo: ustedes saben que la América del presidente Trump es una fuerza para el bien en el mundo”.

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El 12JUN20, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, bajo control de Maduro, emitió una sentencia mediante la cual decidió reemplazar las autoridades del Consejo Nacional Electoral CNE designando nuevos integrantes. En su sentencia, la “Sala Constitucional” dice que la Asamblea Nacional, órgano que según la Constitución debe designar a los rectores electorales, está en condición de “desacato” y sus decisiones serían nulas, por lo cual cualquier designación de un nuevo CNE por esa Asamblea presidida por Juan Guaidó carecería “de validez, eficacia y existencia jurídica”. Todo un galimatías con ropaje jurídico con el propósito de proceder a designar a un grupo de militantes y aliados del chavismo como nuevos árbitros electorales. El primer trabajo de ese CNE será convocar a elecciones parlamentarias que pongan fin a la actual Asamblea Nacional controlada por sectores democráticos venezolanos.

Los días 15 y 16JUN20 la “Sala Constitucional” del Tribunal Supremo emitió tres sentencias mediante las cuales decidió “suspender” a las directivas nacionales de los partidos de oposición AD y Primero Justicia, entregando esos partidos a figuras vinculadas con el chavismo.

Igualmente procedió a encomendar a la Sala de Casación Penal un proceso para declarar organización terrorista al partido Voluntad Popular donde militan Juan Guaidó y Leopoldo López. El régimen chavista con esas medidas redondeó su propósito escogiendo autoridades electorales e ilegalizando en la práctica a los principales partidos de la oposición.

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El gobierno de EE. UU. reaccionó oficialmente el 15JUN20 mediante una declaración de Pompeo: “Las elecciones libres son el camino para salir de la profunda crisis política de Venezuela. Desafortunadamente la Corte Suprema controlada por el régimen de Maduro continuó manipulando la Constitución venezolana al nombrar ilegalmente un nuevo Consejo Nacional Electoral alineado con el régimen”.

Agregó el comunicado que “el régimen ha seleccionado un CNE que sellará sus decisiones e ignorará las condiciones requeridas para las elecciones libres” y que en esas circunstancias “las elecciones que representan la voluntad del pueblo son imposibles”.

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El Alto Representante Josep Borrell emitió el 16JUN20 una Declaración en nombre de la Unión Europea: “El 12 de junio, la Corte Suprema de Venezuela nombró a los rectores de la CNE. El 15 de junio, el mismo tribunal suspendió la actual junta directiva de “Acción Democrática” (AD), uno de los principales partidos de oposición y miembro del grupo de oposición G4, y nombró una junta ad hoc. Estas decisiones reducen al mínimo el espacio democrático en el país y crean obstáculos adicionales para la resolución de la profunda crisis política en Venezuela”. Tras la denuncia, Borrel nuevamente hizo un “llamamiento al Gobierno y la oposición para que entablen negociaciones significativas e inclusivas hacia la constitución del CNE y el levantamiento de las prohibiciones a los partidos de la oposición. Todos los actores nacionales deberían volver a la mesa de negociación, en interés de todos los venezolanos”.

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El Grupo Internacional de Contacto, la instancia creada por la Unión Europea en 2019, reaccionó el 16JUN20 ante los acontecimientos en Caracas mediante una declaración suscrita por los gobiernos de Alemania, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, Reino Unido, Suecia y Uruguay. El GIC “lamenta la forma por la cual se procedió a la renovación del CNE de Venezuela por parte del Tribunal Supremo de Justicia sin participación de la Asamblea Nacional en la elección de sus miembros, en contra por tanto de lo previsto en la Constitución venezolana”.

A juicio de los firmantes “esta acción por parte del régimen” socava la credibilidad tanto del CNE como del próximo proceso electoral” y “reduce aun más las garantías necesarias para la realización de un proceso electoral justo y transparente que posibilite un retorno a la vigencia plena de las instituciones democráticas en Venezuela”. En mensaje directo a los jerarcas chavistas, el exhorto “a quienes detentan el poder en Venezuela a abstenerse de tomar medidas que tornen inviable dicha solución democrática” y reiterando el mensaje de la Unión Europea de ese mismo día, el grupo llamó “a todas las partes a retomar a la mayor brevedad negociaciones sustantivas e inclusivas”.

Según el ministro de Exteriores uruguayo, Ernesto Talvi, la declaración del GIC se habría producido por iniciativa del gobierno de Uruguay.

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A su vez, la tarde del 16JUN20 circuló un comunicado del Grupo de Lima suscrito por Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y el representante de Juan Guaidó. Los gobiernos de Guyana y Argentina se abstuvieron de firmar el comunicado. El gobierno argentino desde la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia el 10DIC19 se ha mantenido nominalmente en el Grupo de Lima pero se ha negado a suscribir los pronunciamientos.

La crisis de COVID-19, entre otros motivos, causó un congelamiento de las actividades del Grupo de Lima perdiendo la regularidad mostrada desde su 19fundación el 08AGO17. La más cercana reunión del Grupo se produjo el 20FEB20 en Canadá y su más reciente comunicado estaba fechado el 02ABR20. Las medidas electorales del régimen chavista sirvieron para reactivar al Grupo de Lima cuyos integrantes “rechazan y desconocen la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (…) que vulnera abiertamente la Constitución venezolana y socava las garantías mínimas necesarias para cualquier proceso electoral y el retorno de la democracia en Venezuela”.

Como ya ocurrió con las “elecciones” realizadas el 20MAY18 en las cuales no participó la oposición y Maduro se declaró triunfador, las elecciones parlamentarias de finales del año 2020 en Venezuela, de producirse, no serán reconocidas por buena parte de los países del vecindario latinoamericano ni por Europa.

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El equipo que desde la Casa Blanca hace seguimiento a los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua sufrirá un pronto cambio. El Departamento del Tesoro de EE. UU. hizo pública el 16JUN20 la intención de presentar la candidatura de Mauricio Claver Carone a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, la cual deberá decidirse en la Asamblea anual de gobernadores convocada para tener lugar en Barranquilla, Colombia, la primera quincena de septiembre.

Claver Carone ha estado trabajando en la Casa Blanca desde el 01SEP18 como asistente especial del presidente y como director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional. Desde esas posiciones ha sido uno de los responsables en la definición e implementación de la línea dura y unificada hacia los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

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El BID es dirigido actualmente por el colombiano Luis Alberto Moreno quien el 01OCT20 estaría completando su tercer mandato quinquenal. La candidatura de Claver Carone marca la primera ocasión en la cual EE. UU. procura el cargo que desde la creación del banco ha estado en manos de latinoamericanos siguiendo un pacto no escrito que reservaba la vicepresidencia a un estadounidense.

Desde mediados del 2019 en diversas cancillerías del continente sacaban cuentas sobre votos para las candidaturas probables estimando que Argentina, México y Brasil aspiraban a dirigir el BID. Mauricio Macri primero y Alberto Fernández después, así como Jair Bolsonaro, planeaban presentar candidatos. El gobierno argentino está promoviendo al actual Secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz quien ya contaba con el voto de México. Entre una media docena de potenciales candidaturas uno de los nombres, que más sonaba a nivel regional era el de la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla.

En Brasilia, en tanto, evaluaban que EE. UU. no apoyaría una candidatura del gobierno kirchnerista argentino, lo cual creaba espacio para postular una opción brasileña. Desde el encuentro entre Donald Trump y Bolsonaro en la Florida, el 07MAR20, circulaban versiones sobre distintos candidatos brasileños. Más recientemente en medios políticos brasilienses corrió la versión según la cual el gobierno de Bolsonaro, en la voz del ministro de Economía Paulo Guedes, habría presentado al secretario del Tesoro de EE. UU. Steven Mnuchin la candidatura brasileña para el BID. El nombre ofrecido por Brasil fue el del banquero Rodigo Xavier, pero Washington se limitó a tomar nota de la propuesta. Dada las especiales relaciones entre los gobiernos de Trump y Bolsonaro, Mnuchin habría realizado una llamada a su colega Guedes para transmitirle, antes del anuncio público, que EE. UU. presentará su propia candidatura y que aspira al voto brasileño.

El 16JUN20 las cancillerías de Ecuador y Paraguay emitieron comunicados anunciando su apoyo a la candidatura de EE. UU. Al día siguiente lo hicieron los gobiernos de Brasil, Colombia y Uruguay. Todos ellos junto al seguro voto del representante de Guaidó y el porcentaje de EE. UU. representan 50 % de los votos. La escogencia de Claver Carone luce ya como un hecho.

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El 18JUN20, cinco expresidentes latinoamericanos emitieron un comunicado expresando “profunda preocupación y desacuerdo” con la intención del gobierno Trump sobre el BID. Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Ricardo Lagos de Chile, Julio María Sanguinetti de Uruguay, Juan Manuel Santos de Colombia y Ernesto Zedillo de México son los suscriptores del pronunciamiento. “Esta no es solo una cuestión de alternancia protocolar, es un quiebre con obvias derivaciones políticas” sostienen los firmantes quienes “respetuosamente” exhortan a los otros socios del BID “a oponerse a la acción del gobierno de EE. UU.”.

Desde la acera de la izquierda, el Grupo de Puebla igualmente publicó un pronunciamiento en el cual expresan “no solo nuestra preocupación, sino también nuestro profundo desacuerdo con esta propuesta”. El comunicado del GP está firmado, entre otros, por José Rodríguez Zapatero y por los expresidentes de izquierda Lula da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Ernesto Samper. El subsecretario para América Latina y el Caribe de la cancillería de México, Maximiliano Reyes Zuñiga, esta vez no suscribió el texto del GP.

Diario Las Américas 

 

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