Edgar C. Otálvora, autor en Runrun

Edgar C. Otálvora

Informe Otálvora | Maduro se escuda en Lula tras amenazar a Guyana

El jefe militar guyanés Omar Khan recibe honores militares al abordar la nave británica HMS Trent el 29DIC23. Foto: @HMSTrent.

Despliegue militar ordenado por Maduro, en caso de realmente haberse realizado, fue una reacción propagandística

 

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El barco de guerra británico HMS Trent, cuya presencia en Guyana desató histeria militar en la dictadura venezolana, no estuvo anclado frente a costas del territorio en disputa entre Venezuela y Guyana, según información develada por la propia propaganda del régimen.

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A raíz de la amenaza de acción militar contra Guyana hecha por el canciller del régimen chavista, Yvan Gil, durante una reunión de ministros de exteriores y defensa celebrada en Brasilia el 22NOV23, el gobierno guyanés informó a sus socios internacionales sobre la posición anunciada por el enviado de Maduro. Guyana, en tanto miembro de la Commonwealth, mantiene una relación especial con el Reino Unido, su antigua metrópolis y el 24DIC23, el Ministerio de Defensa británico anunció que su buque patrullero HSM Trent (P224) que iniciaba operaciones en el Caribe, realizaría una visita a aguas guyanesas. «El HMS Trent visitará Guyana, aliado regional y socio de la Commonwealth, a finales de este mes como parte de una serie de compromisos en la región durante su despliegue de la Tarea de Patrulla Atlántica», dijo el 23DIC23 una fuente del ministerio británico a la BBC.

La presencia del HSM Trent en aguas del Caribe, procedente de la costa occidental de África, respondió a una rotación de naves de guerra británicos. El Trent reemplazó al HMS Medway (P223) que previamente realizaba tareas antinarcóticos en el Caribe y pasó a mantenimiento en Gibraltar. El 29DIC23 el HSM Trent, anclado frente a las costas de Guyana al este del río Esequibo, recibió la visita de brigadier Omar Khan, jefe del comando militar de Guyana quien llegó acompañado de la Alta Comisionada británica en Guyana Jane Miller. Se trató de una visita de diplomacia militar y no de realización de ejercicios militares. El armamento principal de la patrullera británica lo constituye un cañón de 30mm y dos ametralladoras pesadas calibre 50, muy eficiente en operaciones de interceptación de navíos, pero sin representar una amenaza militar contra algún país.

En tanto, en Caracas, el régimen había ordenado la ejecución de una operación militar “defensiva” desde el 28DIC23 para enfrentar a la patrullera británica. El régimen anunció que en la “Acción Conjunta general Domingo Sifontes” participarían más de cinco mil efectivos militares del Ejército, Armada, Aviación, Guardia Nacional y Milicia Bolivariana, con movilización de aviones de combate, incluyendo los pocos aviones de combate F16 que permanecen operativos en Venezuela, aeronaves de combate Sukhoi, helicópteros, además de fragatas, buques de transporte y un largo listado de equipos militares. A su vez, Maduro se quejó ante Lula da Silva acusando al presidente guyanés, Irfaan Ali, de violar la llamada “Declaración de Argyle” firmada en San Vicente de Las Granadinas el 14DIC23 en la cual Maduro e Irfaan Ali acordaron “que Guyana y Venezuela, directa o indirectamente, no se amenazarán ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia”. Dado que esa declaración convirtió a Lula en virtual árbitro de la Guyana Esequiba, el 29DIC23 la cancillería brasileña emitió un comunicado, ante la solicitud de Maduro, en la cual manifestó que “el gobierno brasileño cree que deben evitarse manifestaciones militares de apoyo a cualquier partido, para que el proceso de diálogo en curso pueda dar resultados”.

El 31DIC23 el ministro de Defensa chavista, Vladimir Padrino, hizo saber que su jefe había ordenado el “repliegue” de parte de los “medios aeronavales” supuestamente movilizados por la visita del barco británico a Guyana. A esa hora ya el HMS Trent navegaba en dirección a Barbados para continuar con sus operaciones antinarcóticos. Según un gráfico mostrado por canales de Tv del régimen, la nave partió desde aguas de Guyana que no están en disputa. El despliegue militar ordenado por Maduro, en caso de realmente haberse realizado, fue una reacción propagandística que confirma el motivo de política interna que mueve el repentino interés del chavismo en el tema del reclamo territorial de la Guyana Esequiba.

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Pese a que Venezuela sufre una recurrente crisis de generación de electricidad que conlleva a rutinarios apagones y racionamientos en el interior del país, los gobiernos de Maduro y Lula da Silva, en compañía de un grupo empresarial brasileño amigo del chavismo, planea negocios para la exportación de electricidad a Brasil.

El 07MAR19, ante la sistemática caída del suministro eléctrico desde Venezuela y agravado por las tensiones políticas entre el gobierno de Jair Bolsonaro y el gobierno de facto de Maduro, Brasil decidió suspender el consumo de electricidad procedente de la represa de Guri en Venezuela. La línea que une Guri con el estado Roraima en el norte amazónico brasileño comenzó a ser negociada durante los gobiernos de Rafael Caldera en Venezuela y Fernando Henrique Cardoso en Brasil. Finalmente, su construcción fue adelantada por Hugo Chávez quien ordenó a fuerzas militares reprimir violentamente a comunidades indígenas que se oponían al proyecto. En 2001 la conexión para surtir de electricidad venezolana al estado Roraima, fue inaugurada por Chávez, Fernando Henrique Cardoso y Fidel Castro. El negocio de la electricidad quedó en manos estatales: Electronorte por Brasil y Corpoelec por Venezuela.

El deterioro del sistema eléctrico venezolano a lo largo de dos décadas de gobierno chavista comenzó a impactar también a Roraima por caídas de tensión y apagones, el único estado brasileño no conectado a la red de generación y distribución eléctrica de Brasil. El megaapagón del 07MAR19 en Venezuela impactó igualmente al norte brasileño dependiente de la electricidad de la represa Guri. La decisión del gobierno Bolsonaro fue suspender indefinidamente la compra de electricidad venezolana por lo cual Roraima regresó a la utilización de generación local termoeléctrica.

En 2019, Bolsonaro retomó el proyecto de construir una línea de poco más de 700 kilómetros que conecte a Roraima con el estado Amazonas. Pese a que el tendido eléctrico sería construido en paralelo a la carretera BR-174 ya existente, la izquierda brasileña se ha opuesto al proyecto alegando que atraviesa tierras del “Territorio Indígena Waimiri Atroari”. Permisos ambientales y el supuesto rechazo de los indígenas Waimiri-Atroari mantiene paralizado la ejecución de un proyecto que Bolsonaro había declarado como de “interés para la defensa nacional” de Brasil.

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Los empresarios brasileños Joesley e Wesley Batista, dueños de la empresa JBS, tenida como la mayor productora de proteínas animales en el mundo, diseñaron el esquema para hacerse del negocio de la importación de electricidad de Venezuela y de la eventual obtención de subsidios estatales brasileños. Los Batista han sido proveedores del régimen venezolano y en 2015 fueron anfitriones de Diosdado Cabello, el cogobernante jerarca chavista, quien visitó Brasil para revisar negocios de compra de carne por parte de Venezuela. En 2017, Joesley Batista ingresó al Palacio de Planalto, sede presidencial brasileña, para una audiencia con el entonces presidente Michel Temer. Con un sistema de grabación oculto, Batista obtuvo un audio de Temer como parte de un acuerdo de colaboración con la fiscalía brasileña. Los Batista habían sido notorios financistas de la campaña electoral de 2014 a favor de la petista Dilma Rousseff.

A pocos meses del regreso de Lula a la presidencia de Brasil, el 01ENE23, ya los hermanos Batista estaban en conexión con el régimen chavista para armar un negocio sobre electricidad venezolana.

Según reportó la revista brasileña Piauí el 19DIC23, los hermanos Batista por intermedio de su empresa Ambar Comercializadora de Energía, negociaban en marzo de 2023 con una empresa privada de Venezuela la compra de electricidad. En aquel entonces, según Piauí, Ambar notificó oficialmente al gobierno Lula sobre las negociaciones en proceso “con la empresa privada venezolana autorizada [por el régimen chavista] para exportar energía desde Guri”. Dado que la generación de electricidad en Venezuela está en manos estatales, el negocio implicaría que la dictadura chavista se dispone a venderle electricidad a una empresa privada venezolana, no identificada, la cual a su vez se la vendería a los empresarios brasileños quienes finalmente la facturarían a los consumidores brasileños. El tema fue tratado directamente por Lula y Maduro el 29MAY23 en Brasilia.

Lula ha mostrado particular prisa en iniciar el negocio de la electricidad en el esquema inventado por los hermanos Batista. Además de anunciar el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Maduro a pocas horas de regresar a la Presidencia, el gobierno Lula dejó saber el interés por reestablecer el abastecimiento eléctrico venezolano acusando a Bolsonaro de haberlo cortado por razones “ideológicas”. A principios de marzo, Ambar notificó al ministro de Minas y Energía de Brasil sobre el avance en las negociaciones con una empresa privada venezolana. El 04AGO23, Lula emitió un decreto para facilitar la importación de electricidad desde Venezuela.

El 13SEP23, Ambar informó al gobierno Lula que ya había firmado un contrato con la “empresa privada” autorizada por Maduro para negociar la electricidad venezolana. En esa comunicación, según reportó el diario Folha de São Paulo el 11DIC23, la empresa de los Batista incluyó el documento «Proposta de Importação de Energia Elétrica da República Bolivariana da Venezuela» el cual incluía los precios a los cuales se disponía vender la electricidad a Brasil. Esa propuesta fue remitida el 19SEP23 al “Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico” presidido por el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, el cual aprobó la oferta de Ambar el 25OCT23 y la encaminó a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica. El 24OCT23, Silveira estaba en Caracas para acordar detalles con su homólogo Néstor Reverol. El 30NOV23, fue publicada en el Diario Oficial de la Union, la resolución ministerial autorizando a Ambar como único importador de electricidad desde Venezuela.  El 19DIC23, la Agencia Nacional aprobó la estructura de precios propuesta por Ambar, el cual no se corresponde con electricidad generada en una hidroeléctrica. Todo indica que el gobierno de Lula ha favorecido a la empresa de los hermanos Batista aprobando sin licitación su negocio y autorizando el cobro de tarifas comparables con las de generación de electricidad térmica.

En tanto, en Venezuela persisten los racionamientos eléctricos diarios y por varias horas, en la mayoría de las ciudades del país.

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La dictadura de Nicaragua habría creado y puesto en operación un comando para el seguimiento y eventual asesinato de opositores exilados en Costa Rica. La versión corre en medios políticos costarricenses luego del atentado que sufriera el nicaragüense Joao Maldonado el 10ENE24.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | Lula designado árbitro entre Maduro y Guyana

Irfaan Ali junto a Lula da Silva durante una reunión de mandatarios suramericanos el 30MAY23 en Brasilia. Foto: Palacio de Planalto.

Reunión en Argyle tuvo lugar en el aeropuerto construido como un regalo de Fidel Castro y financiado con recursos aportados por Venezuela durante el gobierno de Chávez

 

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“He tomado esta decisión porque estamos en medio de una negociación, nacional e internacional, muy compleja y muy difícil”. Así justificó María Corina Machado su decisión de recurrir el 15DIC23 al Tribunal Supremo de Justicia del régimen chavista para solicitar aclaratoria sobre su supuesta inhabilitación para concurrir como candidata presidencial. Hasta la fecha se ignoraba que Machado participara en negociaciones internacionales con vistas a las hipotéticas elecciones presidenciales del año 2024.

Machado había reiterado que no existe inhabilitación en su contra y sus abogados han alegado que el documento, presentado al tribunal chavista, no se corresponde con las exigencias del régimen como parte de los acuerdos firmados por el régimen y un sector de la oposición con el auspicio de EEUU. “Hemos interpuesto una Demanda de Reclamación conjuntamente con Amparo Cautelar en contra de una Vía de Hecho, que irregularmente simula un acto de inhabilitación inexistente”, escribió el 17DIC23 en X el abogado Perkins Rocha, uno de los juristas asesores de Machado.

El Departamento de Estado de EEUU, por intermedio del jefe de su embajada en Bogotá, Francisco Palmieri, quien ejerce también como embajador de EEUU para Venezuela, manifestó su complacencia por la acción de Machado. De hecho, la noticia de la asistencia de Machado al tribunal chavista fue conocida por un mensaje de Palmieri en la red X. Pareciera, según fuentes consultadas que hacen vida diplomática en Washington, que el gobierno Biden ha dado alta prioridad a la liberación de estadounidenses que permanecen como rehenes en cárceles venezolanas.

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Nicolás Maduro viajó a San Vicente y Las Granadinas a bordo de un avión privado, pero escoltado por aviones militares de combate. La aeronave que movilizó a Maduro y a su esposa el 14DIC23 es un lujoso jet ejecutivo Falcon 900 con registro T7-ESPRT de San Marino, conducido por un capitán con uniforme de piloto privado. Esa aeronave, matriculada en Europa, es usualmente utilizada por Maduro y otros altos jerarcas del régimen para evadir controles internacionales.

Durante los recorridos de ida y vuelta del 14DIC23 para asistir a una reunión con el mandatario de Guyana, Maduro viajó sobre el mar Caribe en trayectos de menos de 600 kilómetros cada uno y sobre aguas venezolanas en buena parte del recorrido, pero con la aeronave ejecutiva privada escoltada por aviones militares venezolanos Sukhoi SU-30 de fabricación rusa. Se ignora si las aeronaves portaban misiles como parte de la seguridad implementada para el viaje de Maduro.

La reunión en San Vicente y Las Granadinas fue planificada para tener lugar en las instalaciones aeroportuarias de Argyle, el aeropuerto construido como un regalo de Fidel Castro financiado con recursos aportados por Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez. Pese a que la reunión no ameritaría desplazamientos en la isla y se realizaba en el país controlado por uno de sus socios políticos, Maduro hizo movilizarse un gran grupo de su equipo de guardaespaldas cubanos. Varias aeronaves llegaron al aeropuerto desde el día antes, entre ellos un avión de transporte militar Hércules C130 que llevaba pintada la consigna de “El Esequibo es nuestro” y el mapa de Venezuela incluyendo el territorio Esequibo, razón de la disputa con Guyana.

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La reunión en Argyle fue un gran show político regional sin mayores consecuencias en el proceso del diferendo territorial.

El régimen chavista, después de décadas de restar importancia al tema, optó por incorporar el reclamo territorial en la agenda política interna venezolana en tono nacionalista y de reivindicación histórica.

Venezuela ha objetado el trazado de la frontera terrestre con Guyana desde el siglo pasado, razón por la cual no existe una delimitación marítima acordada por ambos países. Guyana ha estado otorgando licencias de explotación petrolera en aguas profundas, las cuales comenzaron a ser explotadas en 2019, convirtiendo al país en el nuevo miembro del club petrolero mundial.

En 2018 Guyana llevó el caso de los límites a la Corte Internacional de Justicia solicitando que el alto tribunal de la ONU decida que los límites entre Venezuela y Guyana son los establecidos en un dudoso Laudo Arbitral emitido en 1899. Venezuela sostiene que su territorio llega hasta la ribera occidental del río Esequibo, lo que implica que dos terceras partes del territorio actualmente bajo autoridad guyanesa sería propiedad venezolana. El 17FEB1966, cuando Guyana aún no existía como nación independiente, Venezuela y el Reino Unido suscribieron un acuerdo en Suiza que reglaba un mecanismo para procurar una solución al diferendo territorial. Con base en ese Acuerdo de Ginebra, Venezuela ha aspirado a una delimitación negociada.

El sol nace en el Esequibo

El sol nace en el Esequibo

En la década de los años setenta, durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, el negociador venezolano Isidro Morales Paul avanzó con sus homólogos guyaneses en una solución que garantizaría a Venezuela una salida plena al Atlántico a cambio de cesiones de tierra firme a Guyana, pero la llegada de nuevo gobierno en Venezuela en 1979 dio al traste con la iniciativa. Hoy en día existe un acuerdo político amplio en Guyana sobre la indivisibilidad de su territorio terrestre y Venezuela, en tanto, no reconoce a la Corte Internacional de Justicia como autoridad delimitadora. Con ese cuadro, el régimen chavista ha dejado correr la versión de una acción militar sobre el territorio en disputa, lo que hizo disparar alarmas en diversas capitales donde dieron por creíble el bluf de Maduro.

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La reunión de Argyle del 14DIC23 fue el resultado de una serie de movimientos políticos regionales como consecuencia de varios encuentros bilaterales y conversaciones de pasillo ocurridas en Dubai durante la cumbre climática COP28, realizada a principios de diciembre. El presidente guyanés Irfaan Ali fue visto muy activo, en grupos de mandatarios, a quienes dejaba saber la amenaza que su país estaba sintiendo desde Venezuela. Entre otros, Irfaan Ali sostuvo un encuentro con el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel en el cual participó el primer ministro de San Vicente y Las Granadinas, el “camarada” Ralph Gonsalves, operador procubano en el Caribe, presidente de la CELAC (la organización panamericana que excluye a EEUU y Canadá) y socio del chavismo. El guyanés solicitó a Díaz-Canel sus gestiones para que Maduro paralizara cualquier acción sobre Guyana. Lula y Diaz-Canel en sus conversaciones tocaron el asunto de Guyana y acordaron una ruta de acción.

También desde Dubai, el brasileño Lula da Silva pidió que “el sentido común” prevalezca entre Venezuela y Guyana. La declaración de Lula ocurría el 02DIC23, pocas horas antes de la realización de un referendo convocado por Maduro para, supuestamente, dar validez legal a una toma de posesión del territorio esequibo. Ya de regreso en Brasilia, Lula expuso el 07DIC23 a los mandatarios del Mercosur la necesidad de tomar cartas ante la tensión creada desde Caracas. Lula, quien había enviado a su operador diplomático Celso Amorim el 23NOV23 a Caracas para una conversación secreta con Maduro, expuso a sus socios del Mercosur que efectivamente existía temores de una acción militar por parte de Venezuela.

El 06DIC23, Amorim ofreció declaraciones afirmando que su gobierno “rechaza cualquier acción de fuerza por parte de Venezuela para ocupar el territorio Esequibo”. Al día siguiente los mandatarios de Mercosur emitieron un comunicado alertando “sobre acciones unilaterales que deben ser evitadas pues agregan tensión”. Lula ofreció su país como sede para conversaciones entre Maduro e Irfaan Ali y solicitó que la CELAC, encabezada por el “camarada” Ralph Gonsalves, se encargara de organizar un encuentro.

Para el Brasil la OEA no existe y las tensiones entre Guyana y Venezuela eran un motivo para reforzar la CELAC. En paralelo, la diplomacia cubana trabajaba con sus socios y amigos caribeños para diseñar un encuentro entre Maduro e Irfaan Ali, el cual fue aceptado por Guyana durante una reunión vía internet de mandatarios del CARICOM el 08DIC23. El 09DIC23, luego de llamadas de Lula a Maduro e Irfaan, se concretó la celebración el 14DIC23 de una reunión en la cual un numeroso grupo de países servirían de padrinos y testigos en el encuentro de Maduro e Irfaan Ali. Maduro anunció que la reunión sería el inicio de negociaciones con Guyana, Irfaan Ali dejó saber que aceptaba la reunión, pero la delimitación no estaba sujeta a negociación. Lula, promotor de la reunión, se negó a viajar a la reunión y envió a su representante Amorim.

Por cierto, desde su llegada al Palacio de Planalto el 01ENE23 para un tercer mandato presidencial, Lula realizó durante el año 2023 un total de 15 viajes al extranjero visitando 24 países, incluyendo dos estadías en EEUU. Lula no incluyó Venezuela durante su primer año de gobierno.

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La lista de los asistentes a la reunión en San Vicente y Las Granadinas: aparte de Maduro e Irfaan Alí, se sentaron en la mesa situada en una estrecha sala del aeropuerto de Argyle, el anfitrión Ralph E. Gonsalves presidiendo junto al primer ministro de Dominica y presidente pro tempore de CARICOM Roosevelt Skerrit. Además, estaban en la mesa los mandatarios de Bahamas, Barbados, Grenada, Santa Lucia, San Kitts y Neves y de Trinidad y Tobago. El enviado especial de Lula, Celso Amorim, ocupaba lugar especial, y a un lado se sumaban el canciller de Colombia y el vicecanciller de Honduras éstos dos en representación de la CELAC. Además, el secretario general de la ONU mandó a dos funcionarios como sus representantes. Maduro se hizo acompañar en la sala por su esposa, su vicepresidenta ejecutiva, su canciller y su traductora, entre otros ayudantes, ninguno de ellos conocedor de temas limítrofes.

Previamente Maduro e Irfaan Alí sostuvieron reuniones por separado protocolares con los mandatarios del CARICOM. El texto de una declaración que había sido discutida desde el día antes por los representantes de Maduro y de Guyana, recibía los últimos ajustes. Maduro exigía que se creara un mecanismo de seguimiento al acuerdo, sin importar mucho lo que dijera el acuerdo. Los representantes de CARICOM involucrados en la negociación pedían que en el título se mencionara la localidad de Argyle. En tanto, en la pequeña sala del aeropuerto construido con dinero venezolano, se celebraba la reunión que más parecía una “intervención” de familia que un encuentro diplomático. El texto de la declaración fue la demostración de la soledad en la cual Maduro se encontró en sus intentos de forzar que Guyana aceptara negociar límites.

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La “Declaración Conjunta de Argyle por el diálogo y la paz entre Guyana y Venezuela” fue leída a la prensa por Ralph E. Gonsalves, acompañado del brasileño Amorim y el dominiqués Roosevelt Skerrit. Ningún representante de Maduro o de Guyana acompañó la difusión del documento. Según el texto, el gobierno de Guyana y el régimen venezolano anunciaron que ninguno desiste de su posición sobre el Esequibo: Guyana dijo que “está comprometida con el proceso y los procedimientos de la Corte Internacional de Justicia”, mientras Maduro habló de su “falta de consentimiento y de reconocimiento a la Corte Internacional de Justicia y su jurisdicción en la controversia fronteriza”. Después de aclarar que no hay negociación, pasaron a prometer que no se amenazarán ni “utilizarán la fuerza mutuamente” y que se abstendrán de “intensificar cualquier conflicto” con lo cual Maduro asumió lo que previamente le había ordenado la propia Corte Internacional de Justicia. En el texto los declarantes dijeron la obviedad según la cual cualquier controversia se “resolverá con conformidad con el derecho internacional”, incluyendo “el Acuerdo de Ginebra”, frase exigida por Maduro. Los declarantes convirtieron a Lula da Silva en una suerte de árbitro regional, quien junto a los caribeños y la CELAC harán lo necesario para contener, revertir y evitar que se repita algún “incidente” entre Venezuela y Guyana. Los declarantes igualmente crearon una comisión mixta se encargará de conversar sobre los temas de interés común, pero no sobre el diferendo limítrofe.

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El 13DIC23, horas antes de la reunión en San Vicente y Las Granadinas, el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, se comunicó telefónicamente con el ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira. Según un comunicado difundido por el Departamento de Estado luego de celebrada la reunión en la isla caribeña, Blinken habría “agradecido a Brasil por su liderazgo diplomático en la búsqueda de una solución pacífica de la disputa entre Venezuela y Guyana”. Blinken habría confirmado la posición de EEUU sobre el tema: “la frontera terrestre entre Venezuela y Guyana debe respetarse a menos, o hasta, que las partes lleguen a un nuevo acuerdo o que un organismo legal competente decida lo contrario”. Al parecer en el Departamento de Estado dieron como creíbles las amenazas bélicas de Maduro, así como aún mantienen la línea de suavizar las sanciones para estimular que el régimen realice elecciones libres y permita que la opositora María Corina Machado sea aceptada como candidata por las autoridades electorales chavistas.

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Maduro regresó a Venezuela anunciando que en la reunión con Irfaan Alí había logrado retomar la negociación bilateral con Guyana sobre el Esequibo. Eso no es cierto. La “Declaración de Argyle” se limita a continuar el diálogo “sobre cualquier otro asunto pendiente” y crea una comisión para considerar “cualquier asunto con implicaciones para el territorio en disputa”. Sobre límites, Guyana no acepta regresar a un esquema bilateral.

La reunión en San Vicente y Las Granadinas sirvió para enfriar el tema a nivel internacional. Maduro pretende seguir utilizándolo como tema de política interna.

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Termina el año 2023. Reciban nuestros saludos por Navidad y Año Nuevo. Y gracias por seguirnos.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | Maduro amenaza con guerra, pero Lula no le cree

Tropas de EEUU y Brasil en un ejercicio de asalto aéreo en Amapá, Brasil, el 08NOV23. Foto: Ejercito EEUU/Spc. Joshua Taeckens)

Con el afán nacionalista ante Guyana el régimen chavista trata de retomar el control de la agenda política interna de Venezuela

 

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Durante 10 días, tropas de EEUU y Brasil desarrollaron un ejercicio de guerra en selva, que tuvo como escenarios los estados amazónicos de Pará y Amapá.

Desde el 06NOV23 se congregaron 300 efectivos del Ejército de EEUU y de la Guardia Nacional del estado de Nueva York sumados a un millar de soldados del Ejército de Brasil para ejecutar los ejercicios Vanguardia. 24.

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La dictadura venezolana ha estado difundiendo la especie según la cual estaría preparando una acción militar sobre el territorio de la Guayana Esequiba, el territorio situado al oeste del río Esequibo por el cual existe una disputa territorial desde antes de la existencia de la actual República Cooperativa de Guyana.

Impulsado por el interés del gobierno brasileño en reactivar el fenecido esquema suramericano Unasur, el 05OCT23 los gobiernos de Suramérica aprobaron el documento “Mapa del camino para la integración de América del Sur” el cual contempla varias áreas de acción incluyendo el área militar. En ese contexto, el 22NOV23 tuvo lugar en el Palacio de Itamaraty, sede de la diplomacia brasileña, un encuentro de ministros de relaciones exteriores y de defensa de Suramérica. En la declaración final suscrita, los ministros y enviados declararon a Suramérica como una “región de paz y cooperación” y acordaron “retomar el diálogo regular sobre temas de interés estratégico”.

El ambiente de camaradería de diplomáticos y militares fue roto por los enviados de Maduro, su canciller Yvan Gil y el viceministro de educación para la defensa Felix Osorio. Según reseñó el periodista Ricardo Della Colleta de Folha de São Paulo citando asistentes al evento, los enviados de Maduro realizaron abiertas amenazas contra Guyana, país cuyos representantes se encontraban en la sala. Gil y Osorio habrían afirmado que el gobierno Maduro “podía ser forzado por el pueblo” a tomar “determinadas actitudes” después de celebrarse un referendo convocado por el chavismo para el 03DIC23. Por medio de sus representantes y teniendo a la sede diplomática brasileña como escenario, Maduro dejó saber a los gobiernos suramericanos su pretensión de una aventura militar contra Guyana.

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El mismo día, el 22NOV23, se encontraba en Caracas el asesor presidencial y jefe de facto de la diplomacia brasileña Celso Amorim. En el Palacio de Miraflores Maduro recibió a Amorim, quien llevaba un mensaje directo de Lula preocupado ante una posible acción militar en territorio Esequibo. Los pormenores de la reunión Maduro-Amorim no fueron dados a conocer. Según un cable ampliamente difundido de la agencia española EFE, el 29NOV23, Brasil habría “reforzado su presencia militar en la frontera norte del país a raíz de las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Guyana por la región del Esequibo”. Citando un “comunicado del Ministerio de Defensa de Brasil”, EFE aseguraba que “se han intensificado las acciones de defensa en la región de la frontera norte del país, promoviendo una mayor presencia militar”. Pero en realidad, salvo el envío de un pequeño pelotón a al cuartel del Ejército en la fronteriza población de Pacaraima, Lula no ha ordenado ningún despliegue militar en la zona de frontera.

La agenda de Lula para el 01DIC23 en Dubai, donde se celebraba la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático, incluyó una reunión con el presidente guyanés Mohamed Irfaan Ali. El guyanés fue visto reunido con el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, con quien conversó sobre el conflicto con Venezuela.

Varias fuentes basadas en Brasil y que realizan seguimiento al tema militar, consultadas para este Informe, confirman que las fuerzas militares brasileñas han puesto en estado de alerta a los contingentes basados en el fronterizo estado de Roraima. Pero el gobierno de Brasil, al contrario de lo que pareciera sugerir el cable difundido por la agencia EFE, no ha tomado ninguna medida de declaración de “movilización nacional” (los preparativos logísticos para atender una hipótesis de guerra) y mucho menos de movimiento de tropas hacia la frontera.

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El 23OCT23, el régimen chavista convocó a un referendo sobre el tema del territorio Esequibo, pidiendo que la población se pronuncie sobre los límites con Guyana, rechace a la Corte Internacional de Justicia como árbitro de la disputa con Guyana por esos límites y apruebe la incorporación del territorio Esequibo como un nuevo estado de la república. El chavismo, gobernante en Venezuela desde el año 1999 y dependiente ideológica y políticamente del régimen cubano, nunca ocupó atención al tema limítrofe, recordándose incluso pronunciamientos de Hugo Chávez favoreciendo que Guyana otorgara concesiones de explotación del territorio en disputa.

En tanto Guyana, especialmente desde la llegada de Maduro a la Presidencia en 2013, ha estado muy activa en el otorgamiento de licencias de explotación petrolera en aguas sujetas a delimitación y demandó a Venezuela en 2018 ante la CIJ. El afán nacionalista actual del régimen chavista es, sin duda, la ruta escogida para recuperar simpatías políticas, compensar las tendencias opositoras y retomar el control de la agenda política interna. El aparato propagandístico del régimen chavista fue activado, como en una feria electoral, para estimular y obligar a la población a participar en el referendo.

El 30OCT23, el gobierno de Guyana que también está jugando a la carta nacionalista, recurrió a la CIJ pidiéndole medidas provisionales que ordenaran a Maduro la suspensión de su referendo y ordenaran que Venezuela no adopte “ninguna medida que tenga por objeto preparar o permitir el ejercicio de la soberanía o el control de facto sobre cualquier territorio que haya sido adjudicado a Guayana Británica en el Laudo Arbitral de 1899”. Además, Guyana pidió a la CIJ que mandara a que “Venezuela se abstendrá de toda acción que pueda agravar o extender la controversia ante la Corte o dificultar su resolución».

Según la sentencia emitida el 01DIC23 por la CIJ, de las declaraciones de los enviados de Maduro ante la Corte (Delcy Rodríguez y el embajador en la ONU Samuel Moncada), del jefe militar Vladimir Padrino y del propio Maduro, los magistrados entienden que el régimen venezolano “está tomando medidas con miras a adquirir el control y administrar el territorio en disputa”.

La decisión de la CIJ da como creíbles las amenazas militares del régimen venezolano y, en consecuencia, considera que están dadas las condiciones para dictar “medidas provisionales”. Según recordó la propia CIJ en su sentencia del 01DIC23, ella cuenta con la “facultad” para “indicar medidas provisionales” cuando exista un estado de “urgencia”, en el sentido “de que existe un riesgo real e inminente de que se produzca un perjuicio irreparable a los derechos reclamados antes de que la Corte dicte su decisión definitiva”. Y agrega que “la condición de urgencia es cuando los hechos susceptibles de causar un perjuicio irreparable” puedan «ocurrir en cualquier momento».

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Si bien la CIJ no se pronunció el 01DIC23 sobre el referendo promovido por el régimen y tampoco, por ejemplo, sobre las concesiones petroleras que Guyana ha otorgado en áreas no delimitadas, si decidió “indicar medidas previsorias. Indicó al régimen chavista que “se abstendrá de adoptar cualquier medida que modifique la situación que prevalece actualmente en el territorio en disputa por cuanto la República Cooperativa de Guyana administra y ejerce el control sobre esa zona”. Adicionalmente indicó a ambas partes a que se abstendrán “de toda acción que pueda agravar o extender la controversia ante la Corte o hacer que sea más difícil de resolver”, lo cual se corresponde con uno de los pedidos hechos por Guyana.

A los efectos del máximo tribunal internacional, existe una latente amenaza por parte del régimen chavista.

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En los planes estratégicos brasileños desde por lo menos los años ochenta del siglo XX, independientemente de los gobiernos que han pasado por Brasilia, ha sido una constante el interés de construir una carretera ancha y asfaltada que una la costa Atlántica de Guyana con la Amazonía de Brasil. Para los gobiernos de Guyana ha sido igualmente de interés la construcción de esa carretera que cruzaría el territorio reclamado por Venezuela.

En 2022, el gobierno de Guyana asignó a la empresa brasileña Construtora Queiroz Galvao SA un contrato por US$ 190 millones para construir el tramo carretero entre Linden y Mabura, ambas situadas al este del río Esequibo. Por cierto, la empresa Queiroz Galvao fue una de las constructoras involucradas en el escándalo de pago de sobornos al partido de Lula a cambio de contratos en la estatal petrolera Petrobras. Para lo que constituye el primer tramo de la carretera asfaltada hacia la frontera con Brasil, Guyana contó con financiamiento por US$ 112 millones aportado por el Banco de Desarrollo del Caribe (del cual el propio gobierno de Venezuela es miembro) y US$ 66 millones del gobierno británico.

El plan guyanés y brasileño es llevar la carretera Linden-Mabura hasta Lethem en territorio reclamado por Venezuela y limítrofe con el estado brasileño de Roraima. El 14SEP09, el propio Lula da Silva, acompañado del para entonces presidente guyanés Bharrat Jagdeo, inauguró el puente sobre el río Takutú, construido a un costo de US$ 5 millones pagados en su totalidad por Brasil. Ese puente construido en territorio bajo disputa por Venezuela sería la conexión de Brasil con la capital guyanesa por medio de la carretera que ahora ensancha y asfalta la constructora brasileña. En 2009 el chavismo gobernante en Venezuela no se opuso al proyecto construido en el Esequibo por su aliado político Lula da Silva.

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Bolivia se ha convertido en miembro pleno del Mercosur, el esquema de integración económica del sur del continente. Bolivia había firmado el 17JUL15 la versión definitiva de su adhesión al Tratado de Asunción, documento base del Mercosur, pero su ingreso como miembro pleno dependía de la aprobación de los parlamentos de los países miembros. Uruguay, Argentina y Paraguay aprobaron el ingreso de Bolivia entre 2016 y 2018 faltando hasta ahora la decisión brasileña. El senado de Brasil votó unánimemente el 28NOV23 la aprobación de la ley que permite que Bolivia ingrese como miembro pleno al Mercosur. El ingreso de Bolivia al esquema sureño de integración se produce más como un gesto político del gobierno de Lula da Silva hacia sus socios políticos bolivianos que como un reflejo de la dinámica del Mercosur. El esquema de integración sureño vive un claro estancamiento con enfrentamientos entre sus miembros por las restricciones que impone a la firma de acuerdos de libre comercio con terceros países.

El próximo presidente argentino, Javier Milei, se ha mostrado dubitativo sobre la continuidad de su país en Mercosur, pero como parte del giro pragmático que su equipo estaría imponiendo al próximo gobierno, se espera que Argentina se mantenga en el Mercosur y trabaje para lograr la firma del largamente negociado acuerdo de comercio con la Unión Europea. Tanto en Brasil como en Argentina se han desatado acciones de grupos económicos de alta influencia política para revertir las malas relaciones entre Lula da Silva y Milei.

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El domingo 26NOV23, vestida informalmente, llegó a la sede de la cancillería brasileña Diana Mondino. Se trata de una de las figuras más influyentes en el entorno de Javier Milei y quien, incluso desde antes de las elecciones presidenciales, fue señalada como la próxima ministra de Exteriores de Argentina. En el Palacio de Itamaraty Mondino era esperada, en jeans y sin corbata, por el canciller brasileño Majuro Vieira. Participaron del encuentro el embajador de Argentina en Brasilia Daniel Scioli y el embajador brasileño en Buenos Aires Julio Bitelli. Según diversas fuentes, el encuentro había sido planeado y ejecutado por el embajador argentino, quien al parecer será ratificado en su cargo pese a haber sido designado por el gobierno kirchnerista. La informalidad de la vestimenta no fue casual, fue la forma de bajarle tono a la tensión que ya existe entre Brasilia y el gobierno argentino que aún no comienza.

El viaje de Mondino a Brasilia, para entregar en manos de Vieira la invitación para que Lula da Silva asista a la toma de posesión de Milei el 10DIC23, marcó un cambio en las expectativas sobre lo que será la política exterior del gobierno de la nueva derecha en Argentina. “Comunista corrupto” fue uno de los varios calificativos que Milei usó en su campaña electoral contra Lula, advirtiendo que su gobierno no mantendría relaciones con dictaduras comunistas. Milei, como miembro de la llamada nueva derecha, mantiene especial relación con la familia Bolsonaro, tanto el expresidente Jair como con su hijo Eduardo Bolsonaro, quien participó en diversas actividades en la campaña electoral argentina.

El sector privado argentino, el cual ha impulsado al “anarco-capitalista” Milei, se ha movido intensamente para garantizar que ofertas y promesas hechas por el ahora presidente electo sean abandonadas o retrasadas. La dolarización inmediata de la economía, la ruptura con el Mercosur, la reducción drástica del aparato estatal, el distanciamiento con Brasil y China habrían progresivamente perdido urgencia en el programa de Milei luego de su triunfo.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora |  Petro entrega embajada en Caracas al chavismo

Gustavo Petro en el Palacio de Miraflores en Caracas el 18NOV23. Foto: @presidencialven

Proceso judicial por narcotráfico contra Maduro comenzó a sonar nuevamente en Washington

   

@ecotalvora

Una cumbre ambiental diseñada por Gustavo Petro y Nicolás Maduro, que tendría lugar en Caracas los primeros días del mes de noviembre, debió ser suspendida ante la decisión de Lula da Silva de no asistir. La reunión, que debió congregar a los mandatarios de Brasil, Bolivia, Ecuador (incluyendo al presidente electo Daniel Noboa) y de Colombia, con Maduro como anfitrión, fue sorpresivamente suspendida antes de que fuera anunciada públicamente.

Si bien el tema de la reunión sería el “cambio climático”, en medios diplomáticos de los países involucrados se estimó que el evento sería utilizado por Maduro para publicitar el conflicto por la Guayana Esequiba. Petro aspiraba a obtener de ese evento una posición que lo convirtiera en vocero de los países amazónicos en la reunión de San Francisco 17NOV23 del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, a la cual el colombiano fue invitado como observador.

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Luego de su visita a San Francisco el 17NOV23, la segunda a territorio estadounidense en menos de un mes, Gustavo Petro incluyó en su agenda una visita a Maduro el 18NOV23. En la agenda de Petro en Caracas a donde esta vez viajó con su esposa Verónica Alcocer, incluyó una recepción en la Quinta Colombia, la residencia oficial del embajador colombiano. Se trataría de la primera fiesta que un mandatario colombiano organiza y celebra en Caracas en más de una década. Pero Petro finalmente se marchó a Bogotá luego de su encuentro con Maduro en el Palacio de Miraflores, donde anunciaron que Colombia se asociaría para la explotación petrolera y gasífera en territorio venezolano.

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El nuevo embajador de Gustavo Petro ante Nicolás Maduro, Milton Rengifo Hernández, ya habría creado una red de extrañas relaciones con altos jerarcas del  régimen chavista. Luego de los escándalos por corrupción que acompañaron al anterior embajador colombiano en Caracas, Armando Benedetti, Petro envió como su embajador ante el régimen chavista a quien había sido su empleado en la Alcaldía de Bogotá y su “asesor jurídico” cuando ejerció como Senador. Sin experiencia diplomática previa, con solo un curso rápido recibido en la cancillería colombiana, Rengifo llegó a Caracas el 09AGO23 para asumir la jefatura de la misión diplomática.

Desde entonces habría incorporado en la gestión cotidiana de la embajada al venezolano Juan Carlos Churio, quien sería familia directa de Jesús Rafael Suárez Chourio. El ahora general Suarez Chourio forma parte del alto chavismo desde cuando participó en el cuartelazo de 1992 encabezado por Hugo Chávez. Ya desde tiempos del gobierno de Chávez existe un largo historial de casos de corrupción que involucran al apellido Churio. 

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La protección de la Embajada de Colombia en Caracas habría sido puesta en manos de militares a cargo de Juan Carlos Churio. Algunos de los guardianes habrían sido previamente personal de la Casa Militar que protege a Maduro y su familia. Usualmente los escoltas de embajadores son personal de seguridad procedente del país del diplomático ya que solo la protección externa de las edificaciones diplomáticas está en manos del país anfitrión y la sede diplomática es inviolable de acuerdo a la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

El actual embajador colombiano se mueve en Caracas con escoltas que previamente fueron espalderos de Cilia Flores, portan armamento visible y están involucrados directamente en la seguridad interna de la sede diplomática según fuentes consultadas en Caracas y Bogotá. Según fuentes en Caracas, los militares venezolanos que ahora actúan dentro de la sede diplomática colombiana han incluso revisado los antecedentes del personal local (no diplomáticos) contratado y obligado al despido de algunos empleados. En medios diplomáticos de Caracas se estima que el embajador colombiano se muestra “torpe” en su “relaciones diplomáticas” pero ha logrado una comunicación directa con “el mundo militar” por intermedio de su amigo Churio, quien gestiona incluso las reuniones entre el enviado colombiano y el jefe militar Vladimir Padrino.

“Una extraña agenda paralela” estaría adelantando el embajador de Petro, según la valoración de un veterano funcionario diplomático del gobierno colombiano basado en Bogotá, pero que hace seguimiento a los vaivenes de las relaciones con Venezuela. Las instrucciones dadas a Milton Rengifo fueron “ampliar las relaciones con todos los sectores en Venezuela”, “lo mandaron a integrar a los dos países y llama la atención que se le ve muy entregado a algunos personeros de acá”, comentó un diplomático suramericano basado en Caracas.

Por cierto, el 17NOV23 se produjo en la zona fronteriza venezolano-colombiana, en la población de San Antonio del Táchira, un encuentro del ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino y su homólogo colombiano Iván Velásquez, en el cual acordaron diseñar en los próximos sesenta días, una “hoja de ruta a nivel ministerial en materia de Seguridad y Defensa”. El nivel de cooperación e interacción entre los militares de ambos países, diseñados y establecidos a principios de los años noventa fueron desarticulados con la llegada de Chávez al gobierno en 1999 y jamás han sido reactivados.

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El proceso judicial por narcotráfico contra Nicolás Maduro, anunciado por EEUU el 26MAR20 durante el gobierno de Donald Trump, comenzó a sonar nuevamente en  la capital estadounidense. 

Los senadores republicanos Jim Risch (Idaho) y Chuck Grassley (Iowa), ambos con posiciones relevantes en el comité de relaciones exteriores y en el comité judicial respectivamente, enviaron el 15NOV23 una carta dirigida a dos altos funcionarios del gobierno Biden reclamando “que nos informe antes del 26 de noviembre de 2023 qué acciones legales, si las hubo, tomó para buscar el arresto y la extradición de Nicolás Maduro durante sus viajes internacionales desde enero de 2021”. Los destinatarios de las cartas de los senadores fueron el fiscal general (Departamento de Justicia) Merrick Garland y el secretario de Estado Antony Blinken.

En su misiva, Risch y Grassley refieren que Maduro ha viajado a México y Brasil, países que mantienen tratados de extradición con EEUU. Según los senadores “el hecho de no hacer cumplir la acusación estadounidense contra Nicolás Maduro prolonga la crisis de inmigración ilegal y drogas ilícitas que amenaza la seguridad de EEUU y del hemisferio occidental en general”.

Risch ha sido en el pasado reciente, particularmente crítico contra la línea del gobierno Biden hacia Venezuela. En enero de 2023, cuando un sector de la oposición venezolana decidió disolver el gobierno interino de Juan Guaidó, Risch apuntó su dedo hacia la diplomacia de Biden: “El fin del gobierno interino de Venezuela es una noticia terrible para los intereses de EEUU y el futuro del pueblo de Venezuela. Las políticas de la administración Biden tuvieron mucho que ver con este resultado, y nos preocupa aun más que la administración parezca lamentablemente no estar preparada para las consecuencias diplomáticas, legales y de seguridad” declaró el 05ENE23 en un texto emitido junto al representante por Texas Michael McCaul, quien lideraba la representación republicana en el comité de asuntos exteriores de la Cámara. 

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La venganza de Lula da Silva contra Jair Bolsonaro y contra quienes lo procesaron judicialmente por casos de corrupción sigue adelante. En un proceso judicial iniciado ante el Tribunal Superior Electoral por el PT, el partido de Lula, Bolsonaro fue inhabilitado para competir en nuevas elecciones presidenciales hasta 2030. El PT acusó a Bolsonaro de haber realizado un acto en el presidencial Palacio de la Alvorada en el cual reunió al cuerpo diplomático acreditado en Brasilia para exponerle sus consideraciones sobre “fallas” y “falta de transparencia” del proceso electoral brasileño. Por esa acusación, el 30JUN23 Bolsonaro fue condenado a ocho años de inhabilitación política. Posteriormente, el 31OCT23 el Tribunal Superior Electoral nuevamente emitió sentencia inhabilitando por ocho años a Bolsonaro, esta vez acusándolo de haber utilizado los actos oficiales del 07SEP22 para hacer propaganda electoral.

La más reciente acción punitiva de Lula contra Bolsonaro fue iniciada por el Instituto Brasileño del Medio Ambiente IBAMA dependiente del Ministerio del Medio Ambiente encabezado por la dirigente izquierdista Marina Silva. El 14NOV23 el Ministerio Público Federal, a partir de la denuncia del IBAMA, abrió un proceso judicial contra el expresidente Bolsonaro acusándolo de haber molestado a una ballena jorobada, entre el 16-17JUN23, en la región de São Sebastião en el estado de São Paulo. El gobierno Lula acusa a Bolsonaro de haberse aproximado en una moto acuática a 15 metros de la ballena… No es broma. El proceso fue publicado en el Diario Oficial del Ministerio Público Federal de Brasil el 17NOV23.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | EEUU y María Corina extienden plazo a Maduro

María Corina Machado en conversación con Mario Vargas Llosa tras las elecciones primarias. Foto: @MariaCorinaYA.

Tanto el gobierno de EEUU como MCM están coincidiendo en su evaluación de los hechos y en no apurar el restablecimiento de sanciones

 

@ecotalvora

La oposición venezolana entró en una línea de choque contra el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro.

El régimen chavista, que durante dos décadas se mostró favorable a la ocupación guyanesa del territorio venezolano en el Esequibo, está ahora utilizando este delicado tema con obvios fines de política interna. A ello se suma la pugnacidad del gobierno guyanés al entregar concesiones petroleras en aguas no delimitadas con Venezuela, algunas de ellas frente a las bocas del río Orinoco. A los efectos de Venezuela desde antes que el chavismo existiera, la frontera terrestre con Guyana no está delimitada y por lo tanto no existe una delimitación marítima.

El 01NOV23, el Consejo Permanente de la OEA recibió al primer ministro guyanés Mark Anthony Phillips, quien expuso la posición de su país en cuanto al diferendo y acusó al régimen de Nicolás Maduro de amenazar militarmente a Guyana. Como es usual, Guyana recibió el apoyo de los países caribeños y de EEUU, quienes alegan que el caso está en manos de la Corte Internacional de Justicia. Almagro tomó la palabra para negar cualquier derecho de Venezuela al territorio Esequibo, asegurando que el disputado Laudo Arbitral de 1899 ya fijó los límites entre los dos países.

Gerardo Blyde, quien encabeza el grupo negociados de la oposición venezolana frente a los representantes de Nicolás Maduro, hizo un inusual uso de su cuenta en la red X para responder a Almagro: “Su silencio sobre las concesiones en territorio en disputa e incluso en aguas que son de Venezuela y no están en discusión es grave. Sea al menos imparcial. El Esequibo es un asunto de Estado que nos involucra a todos los venezolanos, más allá de quién ejerza el poder”.

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La hipótesis de una aventura militar en Guyana por parte de la dictadura chavista, emulando a la dictadura argentina que invadió las islas Malvinas en 1982, está siendo manejada en diversas cancillerías del continente. En general, tal posibilidad no parece realista.

Guyana se ha convertido en un país exportador de petróleo gracias a la producción de un consorcio conformado por la estadounidense Exxon (45 %), la empresa propiedad del gobierno chino CNOOC (25 %) y la estadounidense Hess (30 %). El 23OCT23 Chevron Corporation anunció la compra total de la empresa Hess con lo cual Chevron adquirió la participación en el consorcio que explora petróleo en aguas no delimitadas entre Venezuela y Guyana en el Atlántico. La empresa Chevron, ejerciendo un matrimonio de intereses con el régimen chavista, ha sido una de las principales fuerzas de lobby para que los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden permitieran que la empresa junto a otros de ingeniería petrolera, permanecieran en Venezuela pese a las sanciones impuestas por EEUU a la estatal petrolera venezolana PDVSA. En la práctica, el 55 % de la propiedad del consorcio que realiza la explotación petrolera por autorización de Guyana, son socios directos de la dictadura venezolana. Repsol el aliado para negocios petroleros y el gobierno de China con el cual el chavismo mantiene una alianza estratégica. Maduro ha amenazado a las empresas que “pretendan entrar en aguas venezolanas o en aguas no delimitadas”, pero esas empresas son en realidad socias del chavismo.

El 26OCT23 el gobierno de Guyana anunció la aprobación de un grupo de licencias, sujetas todavía a negociación, para la explotación de petróleo aguas afuera. El consorcio formado por Exxon-CNOOC-Chevron fue uno de los ocho favorecidos para la asignación de nuevas zonas para exploración y futura explotación, esta vez en aguas no profundas.

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El 31OCT23 el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, compareció ante el Comité de Asignaciones del Senado para debatir sobre la propuesta del gobierno para ampliar los aportes en ayuda militar a Ucrania e Israel. Marco Rubio, senador republicano por Florida y miembro de este comité, decidió utilizar su pregunta para interrogar a Blinken sobre los sucesos en Venezuela tras las elecciones primarias. “La Administración Biden recientemente llegó a un acuerdo con el régimen de Maduro en el que EEUU levantó las sanciones a cambio de elecciones libres y justas […] les ha llevado dos semanas y lo han violado. Cancelaron las elecciones primarias de la oposición y continúan prohibiendo a la ganadora de las primarias. Han roto el trato. ¿Vamos a volver a imponer sanciones?”.

El día anterior, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela designado y controlado por el gobierno de Nicolás Maduro, había emitido una sentencia dictando medidas de “amparo cautelar” contra las elecciones primarias opositoras. El tribunal suspendió “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido por la “Comisión Nacional de Primarias”. El régimen de esta manera intentaba dejar sin efecto la elección autoconvocada y autoorganizada por la oposición para elegir un candidato para las hipotéticas elecciones de 2024.

Mediante la sentencia, la sala electoral del tribunal exigía a los organizadores del evento electoral opositor la entrega de innumerables documentos, incluyendo “el Acta de Aceptación de la Postulación, formulada por la ciudadana inhabilitada de manera firme por quince (15) años, María Corina Machado”. De esta forma, el régimen dejaba colar además la confirmación de la inhabilitación política que le impuso a quien dos días antes había ganado la elección primaria. En paralelo a la acción de su Tribunal Supremo, el régimen inició un proceso judicial penal, a manos de su Fiscalía general, contra los organizadores de las elecciones a quienes acusó de “usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir”.

En el acuerdo suscrito el 17OCT23 en Barbados por el régimen chavista y la oposición se lee que “Las partes reconocen y respetan el derecho de cada actor político de seleccionar su candidato”. Esta cláusula fue presentada por el jefe negociado opositor, Gerardo Blyde, como la garantía del régimen de permitir la celebración de las elecciones primarias. La sentencia del tribunal del régimen retrataba el inicio de la violación del acuerdo de Barbados que había servido de excusa al gobierno de EEUU para complacer al sector petrolero ansioso de retomar operaciones en Venezuela.

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La respuesta de Blinken a la pregunta de Rubio el 31OCT23 fue genérica: “como saben, tras el acuerdo con la Plataforma Unitaria, la oposición llegó a un acuerdo con el régimen sobre el camino a seguir hacia las elecciones. Queríamos apoyarlo y parte del apoyo era alentarlo a avanzar, incluso levantando algunas sanciones con la capacidad, por supuesto, de revertirlas o de establecer algunas licencias que pueden revocarse muy rápidamente si el régimen, de hecho, ha violado el acuerdo que alcanzó. Entonces, por supuesto, tomaremos las medidas necesarias. Hemos sido muy claros al respecto. No están obteniendo vía libre para acciones que contradigan los compromisos […] estamos siguiendo esto con mucho cuidado”.

Por cierto, durante la intervención de Blinken en el comité senatorial, la sala fue invadida por un grupo de activistas de la organización estadounidense proiraní Codepink. Gritos de consignas, activistas con las manos pintadas de rojo y carteles de “levantar sanciones a Venezuela y Cuba”, “Cuba fuera de la lista de terroristas”, “No al apartheid israelí”, fueron mostrados. El grupo Codepink es un grupo enfocado en acciones de propaganda de apoyo en EEUU a las dictaduras de izquierda del continente y con vínculos con el régimen iraní. En 2019 mantuvieron tomada la sede de la Embajada de Venezuela en Washington.

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La siguiente reacción de EEUU fue la más concreta, pronunciada por Francisco Palmieri, el jefe de la misión diplomática estadounidense ante el gobierno colombiano y jefe de la “Unidad de Asuntos Venezolanos” que opera desde Bogotá. Palmieri, en declaraciones a Gabriela Perozo, del canal VPI el 02NOV23, afirmó que “a solo dos semanas de lo de Barbados es muy prematuro para desarticular el acuerdo, por algunas acciones que no van a tener mucha relevancia”. Palmieri se negó a responder si la decisión del tribunal sobre las primarias viola el acuerdo de Barbados. “Tenemos plena confianza que María Corina será el candidato presidencial de la oposición democrática”.

Palmieri confirmó que EEUU mantiene “canales de entendimiento abiertos para hablar directamente” con el régimen chavista.

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María Corina Machado planteó a medidos de 2022 la necesidad de escoger un nuevo liderazgo para la oposición. El 06ABR22, Machado difundió un video en el cual expresó su línea: “para liberar a Venezuela tenemos que enfrentar a la tiranía en nuestro terreno […] No cuenten con nosotros para lavarle la cara a Maduro y limpiar sus crímenes ante la CPI, no cuenten con nosotros para simular una normalización […] no cuenten con nosotros para aceptar migajas y vender la idea de que el régimen piensa hacer una elección limpia y libre en 2024”. Machado afirmó en ese video que el régimen “está montando una nueva farsa electoral para una vez más elegir ellos al candidato opositor […] “lo que más le conviene al régimen es ver un gentío metiéndose en una feria electoral, con pitos y banderas, promoviendo candidatos en un país de fantasía”. Machado se refería a la elección de un candidato opositor, pero esencialmente a un liderazgo político y argumentaba que “para que en Venezuela haya una elección de verdad primero debemos elegir una nueva dirección política”. En aquellos días, Machado no era visitada por las delegaciones que de tiempo en tiempo enviada la Unión Europea y Machado se mantenía al margen del gobierno de Juan Guaidó. Sobre las negociaciones que la opositora “Plataforma Democrática” mantenía con el régimen, Machado dijo el 29NOV22 en entrevista con Idania Chirinos que “la mesa de negociación ha sido una mesa de extorsión en la que los venezolanos no están representados”.

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Con los resultados de las elecciones primarias del 22OCT23, en las cuales según los organizadores logró el 92,35 % de los votos válidos, Machado asumió la vía electoral como la gran oportunidad abierta. En diversas intervenciones afirmó estar “concentrada en lograr un gran acuerdo nacional”.

El 31OCT23, Machado entrevistada por Jorge Ramos de Univisión dijo que “hay que crear los incentivos para todos los actores, incluso para aquellos que hoy son los que sostienen el régimen. Que entiendan que por su propio bien, deben coordinar esfuerzos y colaborar en un proceso de transición”. Entrevistada por Marcos Colombo el 02NOV23 para el portal argentino Infobae, Machado aseguró que el régimen “todavía” no ha roto el acuerdo de Barbados con el proceder del Tribunal Supremo suspendiendo los efectos de las elecciones primarias y confirmando la inhabilitación de la propia Machado. “Yo no creo que esto implique que se ha violado el acuerdo, no todavía. Es decir, haber impedido las primarias por la fuerza definitivamente hubiese sido violar el acuerdo. Pero eso no pasó. Entonces yo creo que el régimen está tensando la liga, pero aún no se ha roto”.

Tanto el gobierno de EEUU como Machado están coincidiendo en su evaluación de los hechos. La elección de Machado como candidata no es anulable y deberá esperarse antes de considerar que el régimen no cumplirá sus compromisos electorales, lo que podría llevar a que EEUU deje sin efecto las licencias que permiten hasta el 18ABR24, operaciones de petróleo, gas y minería a empresas estadounidenses (o con presencia en EEUU) en asociación con el gobierno de Maduro.

El 18OCT23, en paralelo a la emisión de licencias con duración de seis meses por parte del Departamento de Tesoro permitiendo operaciones petroleras y mineras en Venezuela, el Departamento de Estado emitió un comunicado en el cual fijó un plazo de menos de dos meses, hasta finales de noviembre, colocar un plazo de menos de dos meses, “antes de finales de noviembre” para que el régimen defina “un cronograma y un proceso específicos para la reinstalación acelerada de todos los candidatos. Todos los que quieran postularse para presidente deben tener la oportunidad y tener derecho a igualdad de condiciones electorales, a libertad de movimiento y a garantías para su seguridad física”. Además, EEUU espera que antes de finalizar el mes de noviembre de 2023 debe “comenzar la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente”.

Este Informe consultó infructuosamente al comando de María Corina Machado acerca de sus eventuales conversaciones con el gobierno de EEUU.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | EEUU descubre que Maduro incumplirá acuerdos

Acto de firma de acuerdos entre oposición y representantes de Maduro, Bridgetown, 17OCT23. Foto: Cancillería Colombia.

EEUU reconoce que adquirió compromisos con el régimen chavista según Departamento de Estado en declaraciones exclusivas para el Informe Otálvora

 

@ecotalvora

El Departamento de Estado de EEUU confirmó al Informe Otálvora que el gobierno de EEUU adquirió compromisos con representantes de Nicolás Maduro.

«Estados Unidos se comprometió con representantes de Nicolás Maduro y coordinó cuidadosamente con la Plataforma Unitaria los pasos necesarios para avanzar en una solución negociada que conduzca a elecciones competitivas y la restauración de la democracia en Venezuela”, asegura un vocero del Departamento de Estado en email recibido por este Informe.

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Menos de 24 horas después de suscrito el 17OCT23 un acuerdo entre la dictadura venezolana y negociadores opositores, a cambio de lo cual EEUU aliviaría sanciones económicas al régimen, en el gobierno Biden comenzaron a sentir que Nicolás Maduro se dispone a burlar los compromisos firmados en Barbados y aquellos a los cuales acordó privadamente con enviados estadounidenses.

Una rueda de prensa virtual organizada por el Departamento de Estado para el 18OCT23, en la cual participarían dos voceros oficiales estadounidenses, del propio Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional, bajo compromiso de anonimato, habría sido movida de hora reiteradamente en espera de la emisión de un comunicado oficial sobre las medidas tomadas ese día por EEUU a favor de la dictadura chavista. Pese a que los textos estaban preparados con anticipación, el Departamento de Tesoro esperó hasta el final del día para publicar las licencias que permitirían a las empresas del mundo regresar a Venezuela para hacer negocios con el régimen chavista en gas, petróleo y en la devastadora explotación de oro en la Amazonía y la Orinoquia venezolanas.

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El día anterior el Departamento de Estado y la Casa Blanca se habían mostrados exultantes ante las firmas en Barbados. El vocero del Departamento de Estado escribió el 17OCT23 en la red X “acogemos con satisfacción el acuerdo electoral entre la Plataforma Unitaria de Venezuela y los representantes de Nicolás Maduro, un paso crucial hacia unas elecciones competitivas. Seguimos apoyando la restauración pacífica de la democracia”. Demostrando que el contenido de lo firmado unas horas antes en Barbados, ya era de conocimiento de una larga lista de gobiernos, aunque no de los venezolanos; pocas horas después circuló un comunicado suscrito por los jefes de asuntos exteriores de EEUU, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea mostrando “beneplácito” por el acuerdo de Barbados como “un paso necesario en la continuación de un proceso de diálogo inclusivo y la restauración de la democracia en Venezuela”.

Pero tras las firmas de los acuerdos electorales y desde la misma sala donde se habían suscrito los textos, el enviado de Maduro, Jorge Rodríguez, había desinflado las expectativas creadas por EEUU y los negociadores opositores. Rodríguez aseguró que toda la materia electoral pactada estaría condicionada a las leyes venezolanas, que no aceptarían delegaciones para monitoreo electoral sino “delegaciones técnicas” de observadores, igualmente desmintió que el régimen se propusiera dejar a un lado las inhabilitaciones políticas impuestas a importantes líderes políticos opositores, entre ellos María Corina Machado quien ha ganado alta figuración en las llamadas “elecciones primarias” de la oposición. Ya de regreso en Caracas, Rodríguez junto a Maduro confirmaron que los acuerdos con EEUU y con la oposición no significarán cambios en las normas electorales venezolanas ni concesiones a la oposición. Maduro de esa manera atendía a la incertidumbre creada dentro del chavismo sobre las concesiones que estaba dispuesto a hacer a cambio del prometido ablandamiento de las sanciones de EEUU.

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La noche del 18OCT23, el Departamento de Estado emitió un comunicado a nombre del secretario de Estado, Antony Blinken, quien a esa hora viajaba junto a Biden desde Israel con escala en Alemania. El comunicado de Blinken describía sumariamente el contenido de las licencias emitidas pocas horas antes por el Departamento del Tesoro. Pero reiteradamente resaltó que las licencias con vigencia de seis meses no tendrían renovación automática y estarían sujetas a que Venezuela [es decir, el régimen chavista] “cumpla con sus compromisos bajo la hoja de ruta electoral, así como otros compromisos con respecto a aquellos que son detenidos injustamente”. El comunicado reiteró que “el gobierno de EEUU tomará medidas si no se cumplen los compromisos previstos en la hoja de ruta electoral y con respecto a los presos políticos”. La respuesta de Washington a las expresiones de Maduro y su negociador fue colocar un plazo de menos de dos meses, “antes de finales de noviembre” para que el régimen defina “un cronograma y un proceso específicos para la reinstalación acelerada de todos los candidatos. Todos los que quieran postularse para presidente deben tener la oportunidad y tener derecho a igualdad de condiciones electorales, a libertad de movimiento y a garantías para su seguridad física” y antes de terminar noviembre el régimen debe “comenzar la liberación de todos los ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente”. El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, en un comunicado afirmó que el Departamento del Tesoro “está preparado para modificar o revocar autorizaciones en cualquier momento, en caso de que los representantes de Maduro no cumplan con sus compromisos”.

Por su parte, Juan González el teórico de los “incentivos” al régimen chavista, amenazó en entrevista con la agencia EFE distribuida el 19OCT23 con “calibrar la política de sanciones” en caso de que “antes de fines de noviembre” el régimen no defina un camino para la rehabilitación de candidatos y se comience a liberar a los estadounidenses detenidos injustamente y a los prisioneros políticos”.

Desde Caracas, Maduro y Rodríguez dejaron saber que el plazo del mes de noviembre no formaba parte de lo acordado en las reuniones secretas con EEUU y amenazaron con hacer públicos los pormenores de esas negociaciones. La huella de la “diplomacia” del régimen cubano no pasa desapercibida en la respuesta del régimen chavista a los sorprendidos funcionarios estadounidenses.

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El acto de firma de los acuerdos entre el régimen chavista y la oposición del 17OCT23 fue en idioma inglés. La maestra de ceremonias, proporcionada por el gobierno de Barbados, se dirigió preferentemente a los presentes en inglés pese a su dominio del español. Y las delegaciones formadas por venezolanos curiosamente suscribieron dos versiones de los dos acuerdos, una en español y otra en inglés. Entre los firmantes se encuentra la modelo italiana Camilla Fabri, acusada de lavado de activos en Italia y esposa del operador financiero del chavismo Alex Saab quien permanece preso en EEUU. El régimen se opuso a que el asesor político Lester Toledo, opositor actualmente en el exilio, firmara los acuerdos por considerarlo un “prófugo”. Dado que los textos a ser firmados llegaron a Barbados ya impresos, el nombre de Toledo aparece en las versiones firmadas, pero sin la rúbrica del opositor.

El evento tuvo sede en el centro de convenciones de Barbados, el Lloyd Erskine Sandiford Centre. En la mesa principal fueron colocados los dos jefes de las delegaciones negociadoras, Jorge Rodríguez por el chavismo y Gerardo Blyde por la oposición. Junto a ellos se encontraba el ministro de Exteriores de Barbados, Jerome Walcott, en representación de la primer ministra de Barbados Mia Mottley, quien el 08JUL23 visitó Caracas para suscribir acuerdos con Maduro. Desde el año 2019 Mottley ha sido anfitriona de diversos encuentros entre el régimen chavista y negociadores opositores. En la mesa también se encontraba el mexicano Efraín Guadarrama, director de Organismos Regionales en la cancillería mexicana quien el día antes estuvo reunido con Maduro en Caracas como parte de la delegación encabezada por la canciller de México y miembro del Grupo de Puebla Alicia Barcena. El quinto miembro de la mesa fue el diplomático noruego Dag Nylander, encargado de las funciones de facilitador.

Para el evento en Bridgetown, el Departamento de Estado de EEUU movilizó a su encargado de Negocios ante el gobierno de Colombia y jefe de la “Oficina Externa para Venezuela”, Francisco Palmieri, quien asistió con la embajadora estadounidense local Linda Taglialatela. El gobierno de los Países Bajos, quien junto a Rusia actuó como acompañante de las negociaciones, envió a su embajador en Trinidad & Tobago Cor Hersbach y a funcionarios que viajaron desde La Haya. La Unión Europea estuvo representada por su embajadora en Barbados Małgorzata Wasilewska, Francia comisionó a su embajador en Santa Lucia Francis Etienne y, el Reino Unido se hizo representar por su Alto Comisionado para varios países del Caribe Scott Furssedonn-Wood.

Los invitados especiales del evento fueron los representantes de gobiernos controlados por el Grupo de Puebla, aliados del chavismo. Gustavo Petro envió a su canciller Álvaro Leyva y Lula da Silva se hizo representar por su “asesor presidencial”, fundador del Grupo de Puebla y jefe real de la diplomacia brasileña Celso Amorim. Alberto Fernandez comisionó a su Embajador local Ciro Ciliberto Infante. También estuvo presente el embajador ruso en Caracas, Serguéi Mélik-Bagdasárov, quien viajó a Barbados como parte de la comitiva de Jorge Rodríguez.

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El 17OCT23, tras negociaciones “secretas” entre EEUU, la dictadura chavista y un sector de la oposición venezolana, fue suscrito en Bridgetown, Barbados, un “acuerdo parcial” en materia electoral.

A los efectos de buena parte de los numerosos actores extranjeros involucrados, con la firma del acuerdo concluye el proceso de negociaciones que debería llevar a elecciones presidenciales aceptables internacionalmente. La izquierda continental congregada en el Grupo de Puebla aupó el esquema propuesto por EEUU de aliviar sanciones económicas a cambio de un compromiso político entre el chavismo y la “Plataforma Democrática”. Juan González, el encargado por la Casa Blanca para las negociaciones con el chavismo, colombo-estadounidense que sirve como asesor del presidente Biden y como responsable del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, gusta usar la expresión “incentivos” para referirse a la política de apaciguamiento a la dictadura que se ha materializado en una secuela de medidas adoptadas desde el 2021 con el ablandamiento  de sanciones a cambio de negociación política, con las cuales han ido satisfaciendo simultáneamente a empresas petroleras estadounidenses deseosas de hacer negocios en Venezuela y a la dictadura chavista sedienta de petrodólares.

El último en unirse en esa dirección fue el brasileño Lula da Silva quien el 19JUL23 afirmó en Bruselas que «la situación en Venezuela se resolverá cuando los partidos y el Gobierno pacten la fecha electoral y las reglas para esa cita con las urnas «y a paso seguido, «el compromiso de que empiecen a caer los castigos impuestos por EEUU”. Las declaraciones del brasileño se produjeron a la salida de un encuentro promovido por el presidente de Francia, Emmanuel Macron, con participación del colombiano Gustavo Petro, el argentino Alberto Fernandez y el jefe de la diplomacia de la Unión Europea Josep Borrell, al cual asistieron la vicepresidenta ejecutiva del régimen venezolano Delcy Rodríguez y el negociador opositor Gerardo Blyde.

Lula, Petro y Fernandez, miembros del izquierdista Grupo de Puebla, pero deseosos de mantener buenas relaciones con Washington, se habían comprometido con EEUU, cada uno en su ocasión, para servir de puentes con el régimen chavista. De hecho, junto al mexicano Manuel López Obrador, los mandatarios de Argentina, Brasil y Colombia crearon una instancia para acompañar las conversaciones entre Maduro y los opositores.

La presencia de Delcy Rodríguez en Bruselas el 19JUL23, confirmaba que ella y su hermano Jorge Rodríguez estaban actuando en las conversaciones, pláticas y negociaciones que Maduro mantenía simultáneamente con EEUU y con la oposición. Voceros de EEUU han asegurado que Catar prestó su asistencia a las negociaciones, confirmando las versiones según las cuales Doha, donde fue reiteradamente vista Delcy Rodríguez a lo largo del año 2023, fue sede de diversas reuniones de las negociaciones.

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Los puntos del acuerdo firmado por los representantes de Maduro y de la oposición en Barbados el 17OCT23 son todas de carácter dubitativo, sujetos a futuras interpretaciones. Como resaltaron Maduro y Rodríguez en diversas intervenciones, la aplicación del acuerdo sobre “promoción de derechos políticos y garantías electorales” estarán sujetos a la aplicación de “la Constitución”, las leyes electorales y “demás normas jurídicas aplicables”, lo cual coloca el acuerdo en el terreno controlado por el régimen, desde las instancias judiciales hasta las autoridades electorales. Según el texto, las partes “reconocen y respetan” el derecho a que cada actor selecciones su candidato presidencial. Las partes “promoverán de manera conjunta ante” las autoridades electorales [designadas y controladas por el régimen entre sus propios militantes] un “conjunto de garantías”. Esas garantías “que serán promovidas” incluyen “proponer” que las elecciones se realicen en el segundo semestre del 2024, actualización del registro de votantes, auditorias al sistema electoral, invitar “misiones técnicas de observación” [no de monitoreo, insisten los chavistas] de la Unión Europea, ONU, Unión Africana, Centro Carter, y un grupo denominado “Unión Internacional de Organismos Electorales”. El chavismo expresamente vetó la posibilidad de invitar representantes de la OEA. Las partes igualmente acordaron “requerir a las autoridades competentes la adopción de medidas para garantizar la seguridad, libertad de circulación y reunión para todos los candidatos”. En otro aparte acuerdan “promover” el equilibrio en los medios de comunicación”. Por cierto, el 20OCT23, pocos días después de haber sido suscrito el acuerdo en Barbados, el régimen chavista prohibió a las estaciones de radio y TV, informar sobre el proceso de las elecciones primarias planeadas por los partidos opositores para el 22OCT23.

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Hasta la fecha desde que EEUU impusiera las primeras sanciones financieras al régimen chavista en 2017, los gobiernos de Donald Trump y Joe Biden habían emitido licencias públicas y privadas que permitían obviar las sanciones económicas impuestas. Trump autorizó a Chevron y a varias empresas de ingeniería petrolera estadounidenses a permanecer en Venezuela, con mínimas operaciones, bajo el argumento de que de lo contrario Rusia se apropiaría de las empresas situadas en territorio venezolano. Desde finales del año 2022 EEUU había autorizado la reactivación de exportaciones petroleras por parte de Chevron, la italiana ENI y la española Repsol, así como el suministro a Venezuela de insumos necesarios para la producción. Esas licencias eran de carácter individual, prohibían el pago de impuestos y regalías el régimen chavista y no contemplaban el inicio de nuevas operaciones de exploración y apertura de nuevos pozos. Igualmente, el gobierno de EEUU había autorizado al gobierno de Trinidad y Tobago y a la petrolera Exxon a pactar con el régimen un acuerdo para la explotación de gas en la fachada oriental venezolana para su transferencia a plantas en territorio trinitario.

Las licencias emitidas el 18OCT23 obvian la obtención de permisos individuales para que personas y empresas con actividad en EEUU puedan realizar operaciones petroleras y gasíferas en asociación con el régimen chavista y pagarle en divisas los impuestos, regalías y ganancias. Las licencias tendrán vigencia de seis meses no prorrogables automáticamente. Para el cumplimiento de lo anterior, EEUU ha autorizado al sistema financiero estadounidense para permitir que la banca estatal venezolana sirva de intermediario financiero en los flujos monetarios correspondientes a las operaciones petroleras, gasíferas y mineras. El gobierno Biden no autorizó operaciones en las cuales estén involucrados el gobierno o empresas de Rusia. Esto habría sido la razón para el rápido viaje de Delcy Rodríguez a Moscú, el 11OCT23, luego de una rápida visita a Catar, antes de que se hicieran públicos los acuerdos. Además, el gobierno Biden autorizó operaciones con algunos de los bonos de deuda pública venezolana.

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Uno de los tantos temas polémicos alrededor de las licencias concedidas por EEUU a la dictadura venezolana tiene que ver con autorizar operaciones internacionales de la empresa estatal minera Minerven. Tanto el Departamento del Tesoro como el de Estado se han visto, sin que nadie se lo preguntara, en la situación de justificar esa decisión. Alega el gobierno de EEUU que “emitió una segunda licencia general que autoriza transacciones con Minerven (la empresa minera de oro estatal venezolana) que, según el Tesoro, tendría el efecto de reducir el comercio de oro en el mercado negro”.

Al respecto, el grupo SOSOrinoco, que hace monitoreo y documenta la destrucción de la Amazonía y Orinoquía venezolanas por parte de la explotación aurífera promovida y ejecutada por el régimen chavista, emitió el 21OCT23 un comunicado respondiendo al Departamento de Tesoro: “mucho antes de la imposición de sanciones, el decreto del Arco Minero impulsó un modelo de negocio caótico, violento y criminal, sin tomar en cuenta derechos humanos ni regulaciones ambientales, que ahuyentó a las grandes compañías mineras internacionales”.

Agrega que “con este levantamiento de sanciones el régimen de Maduro tiene un nuevo incentivo para profundizar aún más la política del Arco Minero ya que por la puerta de Minerven podrán sacar más oro al mercado internacional «legalmente»: Maduro y su grupo de beneficiarios (militares, altos personeros políticos y financistas del régimen) ahora seguirán traficando, pero abiertamente”.

Otro aspecto, de grandes consecuencias, que está siendo comentado en medios judiciales y políticos en EEUU es el referente al reconocimiento implícito que el gobierno Biden habría hecho del gobierno de facto de Maduro como representante legal del estado venezolano. Oficialmente EEUU no reconoce a Maduro como titular de un gobierno venezolano, pero en las licencias emitidas y en el lenguaje utilizado queda implícito que “los representantes de Maduro” son los representantes de un gobierno. Esta interpretación pudiera tener consecuencias inesperadas pero predecibles en procesos judiciales que se siguen en diversos países sobre la titularidad de los bienes estatales venezolanos… y de la deuda que mantiene.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | EEUU mantiene sanciones a Maduro pese a acuerdo migratorio

Alejandro Mayorkas (der.) anunció acuerdo migratorio con régimen chavista en reunión con gobierno de México el 05OCT23. Foto: Departamento de Seguridad Nacional EEUU.

La Casa Blanca, en declaraciones exclusivas para este Informe, reitera que mantiene sus sanciones y no reconoce al régimen chavista

 

@ecotalvora

El gobierno de EEUU y la dictadura venezolana encabezada por Nicolás Maduro han mantenido conversaciones y alcanzado un acuerdo en materia migratoria pero la Casa Blanca, en declaraciones exclusivas para este Informe, reitera que mantiene sus sanciones y no reconoce al régimen chavista.

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En una entrevista del 01SEP23 con Carolina Chimoy de la agencia alemana Deutsche Welle, el encargado del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el colombo-estadounidense Juan González, describió el estado de las relaciones de su gobierno con el régimen chavista. González afirmó que EEUU “no ha dicho que no tenemos diálogos o intercambios con representantes de, de, de, de… Nicolás Maduro. De hecho, yo fui en marzo pasado [marzo 2022]. Tenemos al enviado especial Roger Carstens quien aboga por la liberación de americanos detenidos. Él tiene diálogos con ellos y si tenemos conversaciones en ciertos temas necesarios con ellos… pero el enfoque nuestro es apoyar los esfuerzos de la plataforma democrática…”. El tartamudeo de González al intentar calificar a la contraparte venezolana con la cual se reúnen, delataba las dificultades prácticas que el gobierno de EEUU tiene al momento de determinar cuál es el legítimo gobierno en Venezuela.

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El 05OCT23 el Departamento de Estado emitió un comunicado en el cual informaba que EEUU “anuncia hoy que reanudará las repatriaciones directas de nacionales venezolanos que crucen nuestra frontera ilegalmente y no establezcan un base legal para permanecer”. El tema de los migrantes se ha convertido en un asunto político de alto impacto en EEUU y el gobierno Biden intenta atenderlo para frenar su impacto negativo con vista a las elecciones presidenciales del 2024.

Mientras amplía instrumentos legales para la permanencia de venezolanos y otras nacionalidades, el gobierno Biden igualmente está adelantando una política de expulsión de migrantes ilegales, lo cual ha incluido a cubanos y ahora a venezolanos. En el caso de Cuba, EEUU reanudó los vuelos para repatriación de cubanos el 24ABR23 con base en lo acordado en la reunión sostenida en Washington el 12ABR23 entre enviados de la cancillería de Cuba y funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU.

Las palabras “repatriaciones directas” utilizadas en el caso venezolano dejaron al descubierto el asunto de las relaciones entre la Casa Blanca de Biden y el régimen chavista.

Dado que los vuelos directos entre EEUU y Venezuela están suspendidos en razón de las sanciones impuestas al régimen venezolano, las “repatriaciones directas” implican la realización de vuelos directos a territorio venezolano desde EEUU, lo que supone acuerdos previos entre el gobierno estadounidense y quien controla los aeropuertos de Venezuela.

El comunicado emitido por el Departamento de Estado utiliza una frase que inmediatamente desató la atención de quienes hacen seguimiento al asunto de las relaciones entre EEUU y Venezuela, muy especialmente entre quienes tienen intereses financieros en juego. El documento del Departamento de Estado afirma que “este anuncio sigue a la decisión de las autoridades de Venezuela de aceptar el regreso de ciudadanos venezolanos”. El portavoz del Departamento de EEUU, Matthew Miller, calificó como “autoridades de Venezuela” a la dictadura encabezada por Nicolás Maduro. El asunto de quién representa a Venezuela oficialmente, tema central en decenas de procesos judiciales en EEUU y Europa, nuevamente fue colocado en el escenario con el texto de Miller.

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El anuncio del Departamento de Estado sobre deportaciones de venezolanos coincidió con la realización de un encuentro de los gobiernos de EEUU y México realizado el Ciudad de México el 06OCT23 denominado Diálogo de Alto Nivel de Seguridad. Uno de los temas tratados fue el de las migraciones que circulan por México hacia EEUU enfocado como parte de los problemas de seguridad fronteriza. La representación estadounidense estuvo encabezada por el secretario de Estado Antony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional el cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas, el fiscal general Merrick Garland, quienes tuvieron como contraparte a sus homólogos mexicanos liderizados por la ministra de Exteriores Alicia Bárcena.

Durante la rueda de prensa posterior a las reuniones de trabajo, el asunto de las migraciones fue tocado por Blinken y Mayorkas. El encargado de la seguridad nacional de EEUU, ejemplificando luego de mencionar medidas acordadas para la seguridad fronteriza, dijo que “justo hoy, EEUU anunció su acuerdo con el país de Venezuela [with the country of Venezuela, sic] para repatriar a los ciudadanos venezolanos que no aprovechen las vías legales y, en cambio, lleguen de manera irregular a nuestra frontera sur y no califiquen para el alivio”. Luego, ante una solicitud de ampliación por parte de la periodista Eileen Sullivan de The New York Times, Mayorkas afirmó que “hemos tomado la determinación de que es seguro devolver a los ciudadanos venezolanos que hayan llegado a EEUU después del 31 de julio y no tengan una base legal para permanecer aquí. Y ahora hemos negociado con éxito un acuerdo [successfully negotiated an agreement, sic] con el país de Venezuela para repatriar a aquellos ciudadanos venezolanos que hayan llegado después del 31 de julio y no tengan una base para permanecer en los EEUU”.

La periodista Sullivan igualmente pidió que los altos funcionarios estadounidenses explicaran “¿qué cambió en la perspectiva de EEUU sobre Venezuela?”, “¿ha cambiado las relaciones diplomáticas?” y ahora “¿tienes diferentes relaciones con ellos?”. No hubo respuesta a estas preguntas.

El secretario de Estado sintió la necesidad de relativizar las expresiones de su colega Mayorkas y complementó: “Y Eileen, solo para agregar una nota al pie de página, tenemos un compromiso férreo de brindar protección a quienes califiquen. Eso sigue siendo primordial en todo lo que estamos haciendo. Y, por cierto, también esperamos que todos los demás países del hemisferio hagan lo mismo, para asegurarnos de que están cumpliendo con sus propias obligaciones”.

El tema del tratamiento a los migrantes venezolanos quedó debidamente explicado, no así el asunto de las relaciones diplomáticas con el régimen chavista con el cual, según Mayorkas, se habría alcanzado un acuerdo.

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En Caracas, mientras tanto, el régimen emitía un comunicado exaltando sus relaciones con EEUU y acusándolos, a su vez, de ser causantes de la migración venezolana “por la aplicación de las medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo”. En el comunicado del régimen chavista del 05OCT23 se leía que “el Gobierno Bolivariano de Venezuela anuncia que, en el marco de las conversaciones sostenidas entre las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela y las autoridades de los Estados Unidos de América, ha suscrito un acuerdo sobre migración que permita la repatriación ordenada, segura y legal de ciudadanos venezolanos desde los Estados Unidos”.

Los voceros de EEUU no usaron la expresión “firmar” o “suscribir” pero según la doctrina más pura sobre el tema, cualquier acuerdo en derecho internacional es derecho, no necesita firma ya que se da como implícita.

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Este Informe consultó a la Casa Blanca y al Departamento de Estado de EEUU sobre las implicaciones del comunicado calificando al régimen chavista como “autoridades venezolanas” y del hecho de haber negociado y alcanzado un acuerdo con “el país de Venezuela”.

Las preguntas enviadas al alto gobierno estadounidense fueron: ¿El gobierno de EEUU reconoce a Nicolás Maduro como autoridad de Venezuela? ¿EEUU reconoce dos gobiernos en Venezuela, uno encabezado por Nicolás Maduro y otro por la presidenta de la Asamblea Nacional, Dinorah Figuera? ¿El gobierno de EEUU firmó un acuerdo con el «gobierno bolivariano de Venezuela»?

Un vocero oficial del Consejo de Seguridad Nacional el 07OCT23 remitió sus comentarios a la consulta hecha a la Casa Blanca por el Informe Otálvora.

Según el vocero, “nada ha cambiado en el reconocimiento. Nuestras sanciones contra Venezuela siguen vigentes y continuaremos haciéndolas cumplir. Seguimos apoyando firmemente el restablecimiento pacífico de la democracia, el retorno de elecciones libres y justas, y el respeto de los derechos y libertades de los venezolanos.”.

En relación al acuerdo alcanzado en materia de repatriación de venezolanos, el vocero de la Casa Blanca afirmó que “La acción es parte de un esfuerzo regional para abordar el desafío histórico de la migración irregular, y se limita solo a ese tema”.

El acuerdo entre EEUU y la dictadura venezolana pareciera emular el previamente alcanzado con Cuba sobre la misma materia. La diferencia es que oficialmente existen relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana, mientras las relaciones con Venezuela están formalmente rotas pese a que mantienen conversaciones directas según confirman los voceros estadounidenses.

El 08OCT23, un vocero del Departamento de Estado comunicó al Informe Otálvora que “la reanudación de los vuelos de repatriación no indica un cambio en el estatus de nuestras relaciones diplomáticas”.

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El 02NOV17, Nicolás Maduro suspendió de forma unilateral el pago de la deuda pública financiera que mantiene Venezuela. Algunas estimaciones colocan esta deuda en el monto de aproximadamente US$ 60.000 millones. Los tenedores de bonos de esta deuda basada en leyes de Nueva York tienen un plazo de seis años, que comenzó en 2017, para hacer reclamos relacionados con la falta de pago de esta deuda.

La Asamblea Nacional de Venezuela, electa en 2015 y que EEUU reconoce como la única instancia constitucional, aprobó el 08AGO23, una prórroga de cinco años en el plazo de prescripción de esos bonos. Tras esa decisión, el siguiente paso sería la firma de un acuerdo entre los representantes del estado venezolano reconocidos por EEUU y los acreedores. En varios documentos oficiales, incluyendo citaciones de tribunales de EEUU que procesan demandas contra el estado venezolano, se ha mencionado la existencia de un «Comisionado Presidencial para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela» como el representante designado por la Asamblea Nacional para representar a Venezuela en EEUU. Se desconoce el nombre de este “Comisionado Presidencial” designado por el “gobierno interino” encabezado por Dinorah Figuera y reconocido por EEUU. Este Informe infructuosamente consultó a la presidenta Figuera sobre este asunto.

El comunicado del Departamento de Estado del ‘05OCT23 sobre deportaciones de venezolanos calificando a Maduro como “autoridad” y las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional sobre un acuerdo alcanzado con Venezuela, desataron nuevas dudas sobre quién ejerce la titularidad de la representación oficial venezolana a los efectos de EEUU. Miles de millones de dólares estarían en juego…

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | izquierda del Partido Demócrata sale en auxilio de dictadura chavista

Alexandria Ocasio-Cortez con Gustavo Petro en la Casa de Nariño, Bogotá, 21AGO23. Foto: Presidencia Colombia.

Existe una clara conexión entre el aparato internacional del castrochavismo y el ala de extrema izquierda del Partido Demócrata

 

@ecotalvora

El Grupo de Puebla decide quitarse el traje de “progresista” y confirma su entronque con el castrochavismo. Las dictaduras de Venezuela y Cuba comienzan a figurar abiertamente en las actividades públicas del Grupo de Puebla, la organización de activismo político de la izquierda continental que ya controla varios gobiernos latinoamericanos incluyendo las tres principales economías de la región. Hasta la fecha, el grupo que gusta posar de “progresista”, había preferido no incluir en sus deliberaciones a representantes del castrismo y del chavismo, pero en su novena reunión pautada para realizarse en Puebla, México el 30SEP-01OCT23 fue contemplada la intervención de Delcy Rodríguez, alta jerarca de la dictadura venezolana y el canciller cubano Bruno Rodríguez.

Ya en su octava reunión, cumplida en Santa Marta, Colombia, el 10-11NOV22, había sido invitado un enviado de Maduro, el entonces embajador en Bogotá Félix Plasencia. Después, una delegación de Grupo de Puebla formada por su coordinador el chileno Marco Enríquez Ominami y por los colombianos Ernesto Samper Pizano y Clara López fueron recibidos por Nicolás Maduro el 19ABR23 en Caracas. Varias semanas después, Jorge Rodríguez, hermano de Delcy y parte de la alta jerarquía chavista, fue incluido en la lista oficial de miembros del Grupo de Puebla.

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Con la reunión del año 2023, el Grupo de Puebla confirma su condición de instancia paragubernamental, en tanto que no es solo un club de diletantes de izquierda sino un foro con participación de representantes de gobiernos. En Puebla, el grupo se dispone a servir de plataforma internacional a la candidata presidencial seleccionada por Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum.

Entre los participantes en la novena reunión del Grupo de Puebla se encuentran la ministra de exteriores de México Alicia Bárcena, quien funge como anfitriona. Además, la lista contempla al presidente electo de Guatemala Bernando Arévalo, al negociador por el gobierno colombiano Iván Cepeda, la ministra española Irene Montero, el ministro de Defensa de Argentina Jorge Enrique Taiana y la representante personal del presidente argentino, su secretaria de Cambio Climático Cecilia Nicolini. El evento es patrocinado por el gobernador del estado de Puebla, el oficialista Sergio Salomón y la candidata oficialista a la gobernación Olivia Salomón. El presidente del gobierno español (en funciones) Pedro Sánchez y los mandatarios de Argentina y Chile, Alberto Fernández y Gabriel Boric, participaron en la reunión de Puebla mediante mensaje grabados en video. El embajador de Argentina en Caracas y el embajador colombiano en México, Oscar Laborde y Alvaro Ninco, representaron a sus respectivos gobiernos.

El Grupo ha colonizado fuertemente al aparato estatal brasileño y actualmente tiene a la expresidenta Dilma Rousseff como representante y presidente del “Nuevo Banco del Desarrollo” de BRICS, al excanciller Celso Almorim como “Asesor Especial” en la Presidencia de Brasil ejerciendo como el verdadero jefe de la política exterior brasileña, al ministro de Hacienda Fernando Haddad y al presidente del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social Aloizio Mercadante.

Uno de los propósitos del nuevo encuentro en Puebla es reactivar la campaña de desprestigio contra el secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro, cuya destitución sigue siendo una aspiración de la izquierda continental. El grupo de Puebla está trabajando en lo que denominan la “convergencia” de los organismos internacionales bajo su control o donde ejercen influencia y aseguran que “América Latina y el Caribe recuperaron la voz de la mano de los gobiernos progresistas y unidos”.

En Puebla, el grupo aprobará un plan de acciones de política internacional en cuyos puntos aparece un tema particularmente relevante para la dictadura chavista: las sanciones económicas.

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Existe una clara conexión entre el aparato internacional del castrochavismo y el ala de extrema izquierda del Partido Demócrata.

El 24SEP23, la representante por New York, Alexandria Ocasio-Cortez, publicó en X un ataque contra las sanciones que EEUU mantiene contra el régimen chavista. Según la representante, las “amplias sanciones Trump/Rubio han jugado un papel importante en la expulsión de millones de personas de Venezuela. Esto debería abordarse en debates serios sobre los solicitantes de asilo”. La representante señala al senador por Florida Marco Rubio como quien “autorizó” y “diseñó” las sanciones. Los tuiteos de Ocasio-Cortez resumían sus declaraciones a Margaret Brennan del canal CBS. En el programa “Face the Nation” del 24SEP23 Ocasio-Cortez afirmó que si “alguien pueda conseguir un trabajo en la ciudad de Nueva York no es lo que impulsa a millones de personas a abandonar Venezuela. Es la desestabilización económica y la desestabilización política que la gente está experimentando allí”. Preguntada por Brennan sobre si la representante “quiere que la administración Biden reduzca la presión” sobre Maduro, Ocasio-Cortez respondió que “debemos reexaminar la naturaleza de estas sanciones”.

La campaña para aliviar las sanciones a la dictadura chavista, curiosamente, hermana a grandes corporaciones petroleras como Chevron o Exxon, a especuladores bursátiles propietarios de bonos de deuda pública venezolana y a la izquierda estadounidense engranada con el aparato castrochavista.

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La representante Ocasio-Cortez realizó el 14-21AGO23 una gira por tres países de Suramérica acompañada por los también representantes Nydia Velázquez de Nueva York, Joaquin Castro y Greg Casar de Texas, Maxwell Frost de Florida y por Misty Rebik quien ejerce como jefe de personal de la oficina del senador izquierdista Bernie Sanders. La gira fue organizada por David Adler quien ha trabajado con Sander y actualmente actúa como coordinador de “Progressive International”. La “Internacional Progresista” que coordinó la visita de los representantes estadounidense tiene entre sus miembros latinoamericanos a Rafael Correa, Gustavo Petro, el asesor presidencial brasileño Celso Amorim, la secretaria ejecutiva del Foro de São Paulo Monica Valente, el ministro de Hacienda brasileño Fernando Haddad, el exvicepresidente boliviano Álvaro García-Linera, el boliviano Sacha Llorenti quien ejerció como secretario del grupo de países ALBA, el brasileño jefe de los “trabajadores sin techo” Guilherme Boulos entre otros, muchos de ellos miembros igualmente del Grupo de Puebla. Boulos fue el encargado de la visita de los congresistas estadounidenses a una barriada en Brasilia.

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La visita de Ocasio-Cortez y sus colegas parlamentarios a Suramérica fue “patrocinada” (sponsored) por un think tank con larga historia de enlace con el castrochavismo, basado en Washington y denominado “Center for Economic and Policy Research CEPR”. El CEPR ha estado involucrado en operaciones propagandísticas para desprestigiar a Luis Almagro y negar el intento de fraude electoral realizado por Evo Morales en 2019. El CEPR trabajó con los gobiernos de izquierda de Bolivia, México y Argentina para realizar una sesión en la OEA, el 22OCT21, para atacar a la misión electoral de ese organismo y a Luis Almagro y en defensa de Evo Morales.

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El Informe Otálvora del 07MAR20 reportaba sobre el CEPR, el think tank que patrocinó la visita de Ocasio-Cortez a Suramérica:

Mark Weisbrot, fundador, imagen pública y jefe del CEPR, ha mantenido relaciones directas con los gobiernos castrochavistas por más de una década. El 05MAR11 fue recibido en el Palacio de Miraflores cuando viajó a Caracas escoltando al actor Sean Penn, quien era habitual huésped de Hugo Chávez. El 24AGO12 fue huésped de Rafael Correa en Quito, donde ofreció una “charla magistral” en defensa de Julian Assange quien permanecía protegido por el gobierno ecuatoriano en su embajada en Londres. El 06MAR14 Weisbrot visitó nuevamente Miraflores en compañía del actor Danny Glover, quien figura como miembro del directorio del CEPR. Ambos acompañaron a Nicolás Maduro en un acto proselitista en el centro de Caracas que fue transmitido por la televisión oficial. Los organizadores del evento colocaron a Weisbrot a un lado de otro operador internacional del chavismo, el español Ignacio Ramonet, justo detrás de Maduro.

En 2019, Weisbrot publicó junto con el economista Jeffrey Sachs un trabajo con apariencia científica, en la cual decía demostrar que las sanciones impuestas por EEUU al régimen chavista eran las responsables de la caída de la producción petrolera venezolana “y causaron daños muy graves a la vida humana y a la salud, incluyendo un estimado de más de 40 000 muertes entre 2017-2018”. El informe Sachs-Weisbrot, ampliamente utilizado por el gobierno de Nicolás Maduro, se basaba en una engañosa comparación entre la industria petrolera de Venezuela y Colombia, sin tomar en cuenta el proceso de deterioro de la petrolera estatal venezolana Pdvsa durante el régimen chavista.

Personal del CEPR ha estado trabajando para el régimen chavista por casi dos décadas. Por lo menos tres miembros del equipo de “investigadores” del CEPR formaron parte de la oficina de propaganda creada en Washington por el gobierno de Hugo Chávez en 2003, denominada “Venezuela Information Office” VIO. Esa oficina era dirigida por Olivia Goumbri y coordinada por Deborah James, quien actualmente (2020) forma parte del equipo de CEPR. Goumbri ha actuado por más de una década como agente al servicio del gobierno chavista y, dada su condición de estadounidense, regularmente se ha registrado ante el Departamento de Justicia de EEUU por prestar servicios políticos a la Embajada de Venezuela en Washington. En los reportes de actividades que Goumbri ha presentado al Departamento de Justicia suele aparecer Mark Weisbrot como usual participante en actividades propagandísticas del régimen chavista en la capital de EE. UU.

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En el listado de miembros del CEPR también figura el ecuatoriano Guillaume Long, quien ocupara una larga lista de cargos durante los gobiernos de Rafael Correa, incluyendo el de ministro de Relaciones Exteriores. Long actúa como el puente entre el CEPR y el entramado castrochavista en el continente. Long es parte de los fundadores del Grupo de Puebla. En un encuentro organizado por el Grupo de Puebla en Río de Janeiro el 29MAR22 para mostrar su apoyo al candidato Lula da Silva, Long fue el encargado de presentar un informe del CEPR con bases legales para la reactivación de UNASUR.

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El 14AGO23, en una sesión de la Comisión de la Amazonía de la cámara de Diputados de Brasil en Brasilia encabezada por Célia Xakriabá, Ocasio-Cortez hablando en español afirmó que «estamos aquí porque los movimientos fascistas son globales y, como resultado, los movimientos progresistas también tienen que ser globales” y calificó como “pivotal” al actual momento en el mundo.

Ocasio-Cortez fue recibida en Brasilia por el ministro de Hacienda y miembro del Grupo de Puebla Fernando Haddad, por funcionarios de segundo nivel de la cancillería y por el asesor presidencial Celso Amorim. En Chile sostuvo un encuentro con el presidente Gabriel Boric. En Colombia fue recibida en la Casa de Nariño por Gustavo Petro quien hizo que su embajador en Washington, Gilberto Murillo, viajara a Bogotá para acompañarlo en su encuentro con los representantes estadounidenses. El grueso de la agenda de Ocasio-Cortez en sus visitas a tres capitales suramericanas se enfocó en encuentros con políticos y figuras de las izquierdas locales.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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