Edgar C. Otálvora, autor en Runrun

Edgar C. Otálvora

Informe Otálvora: Unión Europea mantiene contacto con Guaidó y Maduro, por Edgar C. Otálvora

El enviado de la Unión Europea para Venezuela, Enrique Iglesias, reunido con el canciller argentino Felipe Solá el 27FEB20 en Buenos Aires. Foto Cancillería Argentina.

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La Unión Europea mantiene puentes de contacto con Juan Guaidó y Nicolás Maduro. El Asesor Especial de la UE para Venezuela, el uruguayo-español Enrique Iglesias, participó el 24JUN20 en la telerreunión sostenida por el denominado Grupo de Contacto, el mecanismo creado en 2019 por la UE para concertar acciones internacionales sobre Venezuela.

A la teleconferencia se conectaron representantes de alto nivel de la propia Unión Europea y de siete de sus miembros (Alemania, España Francia, Italia, Países Bajos, Portugal y Suecia), Reino Unido, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay. El propósito de esa reunión fue reactivar el Grupo de Contacto que ya el 16JUN20 se había movilizado para emitir un comunicado rechazando la designación de autoridades electorales por parte del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela “en contra de lo previsto en la Constitución venezolana”.

Por cierto, el Reino Unido tras su salida de la UE el 31ENE20 optó por permanecer en el Grupo de Contacto. El gobierno del primer ministro Boris Johnson reconoce a Guaidó como presidente interino, lo que sirvió de base a la decisión tomada el 02JUL20 por un juez del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales para desconocer a Maduro como cabeza del Estado venezolano. Esa sentencia abrió puertas legales para que funcionarios designados por Guaidó tomen control de reservas de oro depositadas en el Banco de Inglaterra.

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Ante el Grupo de Contacto, Enrique Iglesias presentó el 24JUN20 un informe de sus recientes gestiones sobre Venezuela. Consultada para el Informe Otálvora, la portavoz de la Unión Europea Virginie Battu-Henriksson dejó saber que Iglesias “ha mantenido contactos con actores políticos de las diferentes partes, varios líderes de la oposición y miembros del gobierno de Maduro, así como representantes de la sociedad civil”.

Los contactos se han producido en los últimos meses, mediante enlaces vía internet en razón de las restricciones de viaje por la pandemia de la COVID-19, la cual impidió parte de una gira de Iglesias que debía llevarlo a La Habana, Buenos Aires, Ciudad de México, Washington y Caracas. Iglesias sostuvo el 27FEB20 un encuentro con el canciller argentino Felipe Solá para discutir sobre la situación venezolana.

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Juan Guaidó ha atendido directamente a Iglesias en conversaciones vía web, mientras los contactos con el régimen chavista se habrían realizado con su canciller Jorge Arreaza. Iglesias, a su vez, mantiene también contacto con varias ONG que operan en Venezuela.

Si bien la UE promueve “negociaciones significativas y conclusivas” entre Guaidó y Maduro, en las conversaciones con Iglesias no se habría mencionado la posibilidad de promover un “diálogo político” y por parte del enviado europeo se habría utilizado el término crear “mecanismos de entendimiento” entre las partes.

Como consecuencia de la crisis por la pandemia, las conversaciones de Guaidó con Iglesias derivaron hacia el asunto de la ayuda humanitaria internacional lo que, según fuentes cercanas a estas gestiones, facilitaron el acuerdo del 01JUN20 entre Guaidó y Maduro para la recepción de material médico por intermedio de la Organización Panamericana de la Salud OPS.

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Desde su llegada al cargo de alto representante de la UE el 01DIC19, Josep Borrell asomó la necesidad de rediseñar la estrategia europea hacia Venezuela. Borrell habría ofrecido una nueva “hoja de ruta” ante la situación en Venezuela dado que las perspectivas de cambio político se estaban diluyendo. La frustrada gira de Iglesias habría sido una iniciativa en función de esa nueva “hoja de ruta” la cual aún no ha sido presentada según varias fuentes consultadas en Caracas.

El régimen chavista rechazó las propuestas promovidas por EE. UU., el Grupo de Lima y buena parte de la Unión Europea para la realización de elecciones generales con plenas garantías electorales.

En contraste, el régimen optó por designar una ilegal junta directiva de la Asamblea Nacional presidida por el diputado Luis Parra que fue reconocida el 26MAY20 por el Tribunal Supremo de Justicia controlado por Maduro. Luego, ese mismo Tribunal Supremo de Justicia designó el 12JUN20 un nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral y en los siguientes días ilegalizó en la práctica a varios partidos de oposición mediante la destitución de sus juntas directivas.

Las nuevas autoridades electorales rápidamente decidieron la convocatoria solo a elecciones parlamentarias así como una reforma de la composición de la Asamblea Nacional y de los métodos para la elección de sus miembros.

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En ese contexto, el Grupo de Contacto emitió el 24JUN20 un comunicado en el cual ratificaban que “una solución sostenible a la profunda crisis venezolana debe incluir elecciones legislativas y presidenciales libres, transparentes, creíbles y justas. El GCI insta al régimen a detener las acciones unilaterales y llama a ambas partes a entablar negociaciones significativas e inclusivas que puedan conducir a una salida democrática de la crisis”.

El comunicado reflejaba, además, el clima existente en varias cancillerías europeas de rechazo a lo que estaba ocurriendo en Caracas. Además la diplomacia de EE. UU. ha pedido sistemáticamente a sus socios europeos un aumento de la presión sobre el régimen chavista.

Ratificando su respaldo a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y alegando la designación de una junta directiva ilegal de la AN además de acciones de la “asamblea constituyente” que dejaban sin inmunidad parlamentaria a diputados, el Consejo de la Unión Europea decidió aplicar sanciones a once funcionarios del régimen “debido a su papel en los actos y decisiones que socavan la democracia y el Estado de derecho en Venezuela”.

El listado de nuevos sancionados fue publicado en el Diario Oficial de la UE el 29JUN20. Con ello se elevó a 36 el número de altos jerarcas chavistas, encabezados por Nicolás Maduro, que son objeto de sanciones europeas que implican el congelamiento de bienes y prohibición de ingreso a territorio comunitario.

El nuevo listado incluyó al propio diputado Luis Parra y demás miembros de la ilegal junta directiva de la Asamblea Nacional, al director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones encargado de la censura de medios de comunicación, a fiscales “con despacho en la Dirección General de Contrainteligencia Militar”, así como miembros de la “asamblea constituyente” y del TSJ. La UE retomó de esta manera la línea sancionatoria que Josep Borrell había relativizado a su llegada al cargo.

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Nicolás Maduro reaccionó la noche del 29JUN10 con usual virulencia ante la decisión europea. Durante la entrega televisada de premios a periodistas del régimen, Maduro anunció que expulsaba a la jefe de la delegación de la UE en Venezuela, embajadora Isabel Brilhante Pedrosa. Maduro incluso ofreció suministrarle transporte aéreo a la embajadora para que abandonara el país en 72 horas.

En la mañana de 30JUN20, Borrell mediante un tuit, anunció que la UE reaccionaría con “las medidas necesarias habituales de reciprocidad”. Esa reciprocidad significaba el retiro del reconocimiento a la representante de Maduro ante la UE, Claudia Salerno Caldera, pero además el endurecimiento de la posición europea. La sorpresa europea ante la expulsión de su embajadora hizo que el gobierno de Eslovaquia anunciara su reconocimiento a Guaidó como presidente interino, declaración a la que se había negado desde principios del 2019.

Quedaba en evidencia una de esas situaciones extrañas provocadas por la existencia de dos gobiernos paralelos en Venezuela. La mayoría de los países de la UE reconocen a Juan Guaidó como presidente de la República interino pero toleran la presencia de diplomáticos designados por Maduro. La falta de acuerdo dentro de la UE hace que esa comunidad reconozca a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional y no como presidente de la República, por lo cual la UE acepta a la representante de Maduro.

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Tras su tuiteo, Borrel emitió un comunicado mediante el cual la UE condenó “firmemente esta decisión y lamenta profundamente el mayor aislamiento internacional que provocará. Pedimos que se anule esta decisión”. Borrell, quien es el jefe del servicio exterior europeo, pedía que se dejara sin efecto la expulsión de la funcionaria bajo su responsabilidad pero igualmente ratificó la posición de la UE afirmando que la salida a la “profunda crisis política y socioeconómica que atraviesa actualmente Venezuela”  (…) “debe basarse en unas elecciones dignas de crédito, en el reconocimiento y el respeto de la función e independencia de todas las instituciones elegidas democráticamente, en particular la Asamblea Nacional, en la liberación de todos los presos políticos y en la defensa de los derechos humanos y de las libertades fundamentales”.

Con extrañeza, los jefes del aparato diplomático europea observaban que la orden de expulsión ordenada por Maduro la noche del 29JUN20 no se había concretado en una comunicación oficial de la cancillería a la UE. La mañana del 02JUL20 el vocero de la UE Peter Stano dijo, durante una rueda de prensa vía web, que hasta ese momento el gobierno Maduro no había notificado formalmente la expulsión de su embajadora en Caracas. Socios internos y externos de Maduro lo habían aconsejado para que diera marcha atrás en su afrenta a la UE.

En tanto, el canciller del régimen chavista, Jorge Arreaza, procuró una conversación telefónica con Borrell en la cual le informó que Maduro dejaba sin efecto la expulsión. La tarde del 02JUL20 la cancillería de Maduro y el Servicio Exterior de la UE emitieron un comunicado simultáneo y conjunto para anunciar que “el Gobierno venezolano decidió rescindir la decisión según la cual la embajadora Isabel Brilhante Pedrosa fue declarada persona non grata”. Curiosamente la versión publicada por la cancillería chavista llevaba fecha del 01JUL20. El propio Arreaza confesó, en declaraciones al canal de propaganda Telesur, que las sanciones de la UE continuarían.

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Un golpe de Estado se está ejecutando en Guyana

El mandatario David Granger, quien gobierna desde el 16MAY15, fue objeto de un proceso de impeachment el 21DIC18 que obligaba a la convocatoria de elecciones en un plazo de noventa días. Mediante diversas maniobras, Granger logró permanecer en funciones y las elecciones parlamentarias fueron convocadas con un año de atraso. Las votaciones se realizaron finalmente el 02MAR20 pero desde entonces no se ha producido la proclamación de los resultados finales.

Bajo la supervisión de Caricom, la OEA y la Unión Europea, se han realizado varios reconteos de votos a pesar de que desde marzo es un hecho que la alianza opositora que respalda a Irfaan Ali habría obtenido mayoría en el parlamento. Funcionarios electorales asociados con Grager han obstaculizado los conteos de votos y obligaron a la realización de un reconteo a nivel nacional que duró varios meses y cuyos resultados son avalados por los observadores de Caricom.

Keith Lowenfield, el jefe de la Comisión Electoral de Guyana recibió la orden de la presidenta de la Comisión Electoral Claudette Singh, para presentar el informe conclusivo tras el reconteo de votos que darían la victoria a la alianza opositora. Lowenfield optó por elaborar un informe que anula 115.000 votos equivalente a 25 por ciento de los votantes. El informe de Lowenfield permitiría que David Granger fuera reelecto.

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La negativa de Granger para reconocer su derrota logró la inusual coincidencia de posiciones de EE. UU. y gobiernos de izquierda asociados con Cuba.

En una rueda de prensa el 01JUL20, el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, hizo un nuevo pronunciamiento sobre Guyana porque “han pasado cuatro meses desde la elección de Guyana”. Resaltó que “CARICOM y la OEA ya han certificado los resultados del recuento”.

Pompeo pidió que se continuara el proceso de anuncio de los resultados con base en ese recuento y advirtió nuevamente que EE. UU. procederá a aplicar sanciones en caso de imponerse una salida fraudulenta. “He dado instrucciones a mi departamento para garantizar que quienes minen la democracia de Guyana rindan cuentas”.

Desde la acera izquierdista del continente, el entrante presidente de Caricom, Ralph Gonsalves de San Vicente y las Granadinas, quien es un leal aliado del régimen cubano y habitué del palacio presidencial en Caracas, también se ha pronunciado contra el fraude que se estaría produciendo en Guyana.

El 10JUN20, Gonsalves afirmó durante una entrevista “estoy satisfecho de que Caricom no se quedará de brazos cruzados y observará el recuento que se realizó correctamente para que los resultados se descarten” y agregó que “no toleraría que nadie robara una elección” en Guyana. El 01JUL20, durante una teleconferencia de mandatarios de Caricom para el cambio de mando, Gonsalves se refirió a Guyana apoyando la línea seguida por su antecesora la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, quien en las últimas semanas fue blanco del gobierno guyanés por su insistencia en que sean reconocidos los resultados electorales avalados por Caricom y la OEA.

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Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora: Bolton retrata contradicciones de gobierno Trump ante Venezuela, por Edgar C. Otálvora

El asesor de Seguridad Nacional John Bolton, el secretario de Estado Mike Pompeo, el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence el 02MAY18 durante la juramentación de Pence. Foto Departamento de Estado EE. UU.

 

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La aparición del libro de John Bolton estaba previsto para el 23JUN20. Con creciente tensión entre Bolton y la Casa Blanca, el borrador fue revisado y podado por funcionarios encargados de impedir la difusión de material que pudiera violar la seguridad nacional. El 17JUN20, en medio de nuevos intentos judiciales de la Casa Blanca para impedir la circulación del libro, comenzaron a circular ejemplares y a aparecer segmentos del libro en portales de New York Times, Washington Post, Wall Street Journal y en medios de Tv. “The Room Where It Happened” suma 592 páginas de las cuales 38 contienen el capítulo “Venezuela Libre” al cual tuvo acceso el Informe Otálvora.

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Aun desde antes de la salida de Bolton de su cargo el 10SEP19, Trump insistió en privado y públicamente acusándolo de ser el promotor de una línea guerrerista. En un largo reportaje del 16MAY19 de The New York Times, el periodista Mark Landler coloca en la boca de Trump la expresión: “Si fuera por John estaríamos en cuatro guerras ahora”. El 29ENE20, desde su cuenta de Twitter cuando ya era un hecho que Bolton publicaría sus memorias, Trump confirmó esa versión al tuitear: “si lo hubiera escuchado estaríamos ahora en la Sexta Guerra Mundial”.

En específico sobre Venezuela, Trump asomó a la prensa la opción militar el 11AGO17 y la discutió en New York con mandatarios latinoamericanos el 18SEP17, meses antes del ingreso de Bolton al gobierno. Después, el 11SEP19, cuando se produce la salida de Bolton, Trump afirmó ante la prensa que “yo estaba en desacuerdo con John Bolton en sus actitudes sobre Venezuela. Creo que se pasó bastante de la raya”. Esa afirmación de Trump sugería un “ablandamiento” de su gobierno ante el régimen chavista que fue rápidamente desmentido por Marco Rubio. El senador Rubio tras conversar con Trump el 12SEP19 tuiteó: “Es cierto que (Trump) no estaba de acuerdo con algunos de los puntos de vista del asesor anterior (Bolton). Pero como me recordó es en realidad el OPUESTO DIRECTO de lo que muchos afirman o asumen. La dirección de los cambios de política no será para hacerla más débil”. Trump retuiteó a Rubio agregando un comentario: “De hecho, mis puntos de vista sobre Venezuela, y especialmente Cuba, fueron mucho más fuertes que los de John Bolton. ¡Me estaba reteniendo!”.

Bolton confirma esta versión alegando la “inevitable oposición” del Congreso de EE. UU. a una operación sobre Venezuela. Bolton, tenido como un halcón militarista, habría insistido ante Trump en la ruta de trabajar con los oponentes de Maduro, respaldar el plan para declarar a Juan Guaidó como presidente encargado una vez finalizara el mandato de Maduro en enero del 2019 y profundizar en sanciones contra el régimen. Bolton narra escenas en las cuales Trump habría reflejado dudas sobre la capacidad del “kid” Guaidó para enfrentar al “fuerte” Maduro, pero igualmente muestra a Trump, en otras escenas, entusiasmado por el impacto que “the Venezuela thing” tenía en la pauta de los medios y ordenando apurar las sanciones contra el régimen chavista  a las cuales parte del alto gobierno se negaban.

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Según Bolton, aparte del interés en una opción militar, periódicamente Trump se mostraba inclinado a procurar un encuentro con Maduro “para resolver todos nuestros problemas”. Esa opción habría sido desaconsejada tanto por el secretario de Estado Mike Pompeo como por Bolton. El libro hace referencia a las gestiones de Rudy Giuliani, el alcalde de Nueva York devenido en abogado y consejero privado de Trump, quien se habría valido de su especial acceso a la Oficina Oval para introducir la solicitud del senador Bob Corker y del congresista Pete Sessions favoreciendo un encuentro Trump-Maduro. Corker y Sessions, ambos del Partido Republicano, viajaron a Caracas en 2018 para sostener encuentros con Maduro. La mención de Bolton a Giuliani no es la primera sobre gestiones del abogado de Trump a favor de jerarcas y empresarios chavistas.

La posibilidad de conversar con Maduro, según Bolton, fue mencionada por Trump a Iván Duque. El presidente colombiano visitó la Casa Blanca el 13FEB19 poco antes de la frustrada operación de ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela desde Colombia promovida por Guaidó.

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Aparte de las contradicciones a nivel presidencial, Bolton reseña serias diferencias en el alto gobierno de EE. UU. en cuanto al proceder ante el régimen chavista. El Secretario del Tesoro Steven Mnuchin, según Bolton, se oponía a la imposición de sanciones petroleras alegando que ponía en peligro los activos de las petroleras estadounidenses en Venezuela que podrían ser expropiados por Maduro. Mnuchin igualmente se habría opuesto a imponer sanciones contra el sistema financiero del régimen chavista argumentando que impactaría en las operaciones de Visa y Master Card en Venezuela. La tesis de Mnuchin era preservar esos activos para “el día siguiente”, es decir, para luego de la caída de Maduro. “Steven está más preocupado por los efectos secundarios sobre empresas de EE. UU. que por la misión” habría dicho el secretario de Comercio Wilbur Ross a Bolton. Igualmente Mnuchin se habría mostrado reacio a retirar de la lista de personas sancionadas por EE. UU. a “ciertos individuos” que estaban colaborando con la oposición venezolana. Eso frenaba una de las herramientas que Pompeo y Bolton habían diseñado para premiar (“desancionar”) a aquellos funcionarios que pasaran de bando a favor de Guaidó. Mnuchin exigió que el Departamento de Estado fuera el responsable de esas medidas.

En ese momento igualmente se estaba produciendo dentro del Departamento de Estado lo que Bolton califica como una “abierta revuelta” que buscaba “subvertir” la política contra el chavismo. La sombra del gobierno Obama se hacía sentir. La entonces subsecretaria de estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, se posicionó en contra de la imposición de sanciones petroleras porque ello pondría en peligro al personal de EE. UU. en Venezuela. Bolton en esa parte del libro se pregunta sobre las conexiones de la burocracia del Departamento de Estado con la fuerte presencia izquierdista latinoamericana en Washington. A la larga, el temor a que en Caracas se repitiera un violento ataque contra la sede diplomática como el ocurrido en Libia en 2012, llevaría a que Pompeo cerrara la misión en Venezuela, medida que a juicio de Bolton reducía la capacidad de acción en el terreno.

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El polémico libro de Bolton, aparte de los ataques al presidente en año electoral y obvias exageraciones y omisiones, proporciona una visión “desde adentro” de la dinámica del gobierno Trump en cuanto la generación de sus políticas.

El Secretario de Estado Pompeo emitió la noche del 18JUN20 una nota en la cual afirma que: “No he leído el libro, pero de los extractos que he visto publicados, John Bolton está difundiendo una serie de mentiras, medias verdades completamente falsas y falsedades absolutas. Es triste y peligroso que el papel público final de John Bolton sea el de un traidor que dañó a EE. UU. al violar su sagrada confianza con su gente. Para nuestros amigos de todo el mundo: ustedes saben que la América del presidente Trump es una fuerza para el bien en el mundo”.

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El 12JUN20, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, bajo control de Maduro, emitió una sentencia mediante la cual decidió reemplazar las autoridades del Consejo Nacional Electoral CNE designando nuevos integrantes. En su sentencia, la “Sala Constitucional” dice que la Asamblea Nacional, órgano que según la Constitución debe designar a los rectores electorales, está en condición de “desacato” y sus decisiones serían nulas, por lo cual cualquier designación de un nuevo CNE por esa Asamblea presidida por Juan Guaidó carecería “de validez, eficacia y existencia jurídica”. Todo un galimatías con ropaje jurídico con el propósito de proceder a designar a un grupo de militantes y aliados del chavismo como nuevos árbitros electorales. El primer trabajo de ese CNE será convocar a elecciones parlamentarias que pongan fin a la actual Asamblea Nacional controlada por sectores democráticos venezolanos.

Los días 15 y 16JUN20 la “Sala Constitucional” del Tribunal Supremo emitió tres sentencias mediante las cuales decidió “suspender” a las directivas nacionales de los partidos de oposición AD y Primero Justicia, entregando esos partidos a figuras vinculadas con el chavismo.

Igualmente procedió a encomendar a la Sala de Casación Penal un proceso para declarar organización terrorista al partido Voluntad Popular donde militan Juan Guaidó y Leopoldo López. El régimen chavista con esas medidas redondeó su propósito escogiendo autoridades electorales e ilegalizando en la práctica a los principales partidos de la oposición.

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El gobierno de EE. UU. reaccionó oficialmente el 15JUN20 mediante una declaración de Pompeo: “Las elecciones libres son el camino para salir de la profunda crisis política de Venezuela. Desafortunadamente la Corte Suprema controlada por el régimen de Maduro continuó manipulando la Constitución venezolana al nombrar ilegalmente un nuevo Consejo Nacional Electoral alineado con el régimen”.

Agregó el comunicado que “el régimen ha seleccionado un CNE que sellará sus decisiones e ignorará las condiciones requeridas para las elecciones libres” y que en esas circunstancias “las elecciones que representan la voluntad del pueblo son imposibles”.

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El Alto Representante Josep Borrell emitió el 16JUN20 una Declaración en nombre de la Unión Europea: “El 12 de junio, la Corte Suprema de Venezuela nombró a los rectores de la CNE. El 15 de junio, el mismo tribunal suspendió la actual junta directiva de “Acción Democrática” (AD), uno de los principales partidos de oposición y miembro del grupo de oposición G4, y nombró una junta ad hoc. Estas decisiones reducen al mínimo el espacio democrático en el país y crean obstáculos adicionales para la resolución de la profunda crisis política en Venezuela”. Tras la denuncia, Borrel nuevamente hizo un “llamamiento al Gobierno y la oposición para que entablen negociaciones significativas e inclusivas hacia la constitución del CNE y el levantamiento de las prohibiciones a los partidos de la oposición. Todos los actores nacionales deberían volver a la mesa de negociación, en interés de todos los venezolanos”.

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El Grupo Internacional de Contacto, la instancia creada por la Unión Europea en 2019, reaccionó el 16JUN20 ante los acontecimientos en Caracas mediante una declaración suscrita por los gobiernos de Alemania, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, Reino Unido, Suecia y Uruguay. El GIC “lamenta la forma por la cual se procedió a la renovación del CNE de Venezuela por parte del Tribunal Supremo de Justicia sin participación de la Asamblea Nacional en la elección de sus miembros, en contra por tanto de lo previsto en la Constitución venezolana”.

A juicio de los firmantes “esta acción por parte del régimen” socava la credibilidad tanto del CNE como del próximo proceso electoral” y “reduce aun más las garantías necesarias para la realización de un proceso electoral justo y transparente que posibilite un retorno a la vigencia plena de las instituciones democráticas en Venezuela”. En mensaje directo a los jerarcas chavistas, el exhorto “a quienes detentan el poder en Venezuela a abstenerse de tomar medidas que tornen inviable dicha solución democrática” y reiterando el mensaje de la Unión Europea de ese mismo día, el grupo llamó “a todas las partes a retomar a la mayor brevedad negociaciones sustantivas e inclusivas”.

Según el ministro de Exteriores uruguayo, Ernesto Talvi, la declaración del GIC se habría producido por iniciativa del gobierno de Uruguay.

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A su vez, la tarde del 16JUN20 circuló un comunicado del Grupo de Lima suscrito por Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y el representante de Juan Guaidó. Los gobiernos de Guyana y Argentina se abstuvieron de firmar el comunicado. El gobierno argentino desde la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia el 10DIC19 se ha mantenido nominalmente en el Grupo de Lima pero se ha negado a suscribir los pronunciamientos.

La crisis de COVID-19, entre otros motivos, causó un congelamiento de las actividades del Grupo de Lima perdiendo la regularidad mostrada desde su 19fundación el 08AGO17. La más cercana reunión del Grupo se produjo el 20FEB20 en Canadá y su más reciente comunicado estaba fechado el 02ABR20. Las medidas electorales del régimen chavista sirvieron para reactivar al Grupo de Lima cuyos integrantes “rechazan y desconocen la ilegal designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (…) que vulnera abiertamente la Constitución venezolana y socava las garantías mínimas necesarias para cualquier proceso electoral y el retorno de la democracia en Venezuela”.

Como ya ocurrió con las “elecciones” realizadas el 20MAY18 en las cuales no participó la oposición y Maduro se declaró triunfador, las elecciones parlamentarias de finales del año 2020 en Venezuela, de producirse, no serán reconocidas por buena parte de los países del vecindario latinoamericano ni por Europa.

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El equipo que desde la Casa Blanca hace seguimiento a los casos de Cuba, Venezuela y Nicaragua sufrirá un pronto cambio. El Departamento del Tesoro de EE. UU. hizo pública el 16JUN20 la intención de presentar la candidatura de Mauricio Claver Carone a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo, la cual deberá decidirse en la Asamblea anual de gobernadores convocada para tener lugar en Barranquilla, Colombia, la primera quincena de septiembre.

Claver Carone ha estado trabajando en la Casa Blanca desde el 01SEP18 como asistente especial del presidente y como director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional. Desde esas posiciones ha sido uno de los responsables en la definición e implementación de la línea dura y unificada hacia los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

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El BID es dirigido actualmente por el colombiano Luis Alberto Moreno quien el 01OCT20 estaría completando su tercer mandato quinquenal. La candidatura de Claver Carone marca la primera ocasión en la cual EE. UU. procura el cargo que desde la creación del banco ha estado en manos de latinoamericanos siguiendo un pacto no escrito que reservaba la vicepresidencia a un estadounidense.

Desde mediados del 2019 en diversas cancillerías del continente sacaban cuentas sobre votos para las candidaturas probables estimando que Argentina, México y Brasil aspiraban a dirigir el BID. Mauricio Macri primero y Alberto Fernández después, así como Jair Bolsonaro, planeaban presentar candidatos. El gobierno argentino está promoviendo al actual Secretario de Asuntos Estratégicos Gustavo Béliz quien ya contaba con el voto de México. Entre una media docena de potenciales candidaturas uno de los nombres, que más sonaba a nivel regional era el de la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla.

En Brasilia, en tanto, evaluaban que EE. UU. no apoyaría una candidatura del gobierno kirchnerista argentino, lo cual creaba espacio para postular una opción brasileña. Desde el encuentro entre Donald Trump y Bolsonaro en la Florida, el 07MAR20, circulaban versiones sobre distintos candidatos brasileños. Más recientemente en medios políticos brasilienses corrió la versión según la cual el gobierno de Bolsonaro, en la voz del ministro de Economía Paulo Guedes, habría presentado al secretario del Tesoro de EE. UU. Steven Mnuchin la candidatura brasileña para el BID. El nombre ofrecido por Brasil fue el del banquero Rodigo Xavier, pero Washington se limitó a tomar nota de la propuesta. Dada las especiales relaciones entre los gobiernos de Trump y Bolsonaro, Mnuchin habría realizado una llamada a su colega Guedes para transmitirle, antes del anuncio público, que EE. UU. presentará su propia candidatura y que aspira al voto brasileño.

El 16JUN20 las cancillerías de Ecuador y Paraguay emitieron comunicados anunciando su apoyo a la candidatura de EE. UU. Al día siguiente lo hicieron los gobiernos de Brasil, Colombia y Uruguay. Todos ellos junto al seguro voto del representante de Guaidó y el porcentaje de EE. UU. representan 50 % de los votos. La escogencia de Claver Carone luce ya como un hecho.

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El 18JUN20, cinco expresidentes latinoamericanos emitieron un comunicado expresando “profunda preocupación y desacuerdo” con la intención del gobierno Trump sobre el BID. Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Ricardo Lagos de Chile, Julio María Sanguinetti de Uruguay, Juan Manuel Santos de Colombia y Ernesto Zedillo de México son los suscriptores del pronunciamiento. “Esta no es solo una cuestión de alternancia protocolar, es un quiebre con obvias derivaciones políticas” sostienen los firmantes quienes “respetuosamente” exhortan a los otros socios del BID “a oponerse a la acción del gobierno de EE. UU.”.

Desde la acera de la izquierda, el Grupo de Puebla igualmente publicó un pronunciamiento en el cual expresan “no solo nuestra preocupación, sino también nuestro profundo desacuerdo con esta propuesta”. El comunicado del GP está firmado, entre otros, por José Rodríguez Zapatero y por los expresidentes de izquierda Lula da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Ernesto Samper. El subsecretario para América Latina y el Caribe de la cancillería de México, Maximiliano Reyes Zuñiga, esta vez no suscribió el texto del GP.

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Informe Otálvora: Venezuela se convirtió en tema del Consejo de Seguridad, por Edgar C. Otálvora

El Secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, en una sesión sobre Venezuela en el Consejo de Seguridad el 26ENE19. Foto: Departamento de Estado EE. UU.

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El gobierno de Bolivia anunció el 04JUN20 que procederá a cerrar sus embajadas en Managua y Teherán. “No tenemos nada contra esos países pueblos nobles y hermanos, que respetamos y son amigos, pero vamos a cerrar esas embajadas para ahorrar e invertir ese ahorro en salud y contra el COVID-19” dijo la presidenta interina Jeanine Áñez. La medida de ahorro presupuestario, que se suma a una reducción en la cantidad de ministerios, no deja de tener una orientación política al cerrar misiones, que no significa ruptura de relaciones ante gobiernos amigos del exmandatario y ahora prófugo Evo Morales.

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Tras un acuerdo entre el gobierno de España, Juan Guaidó y Nicolás Maduro, el Banco de España transfirió 2,5 millones de euros a la Organización Panamericana de Salud OPS para “para que sean empleados en la lucha contra la pandemia en Venezuela”. Según el Ministerio de Exteriores de España, consultado para este informe, se trata del “saldo remanente de una antigua cuenta del Banco Central de Venezuela en el Banco de España”.

“Previo acuerdo con representantes del régimen y la Presidencia interina, dichos recursos fueron transferidos directamente a la OPS”, reza la nota remitida por la Oficina de Información Diplomática según la cual “esta iniciativa española responde a la misma filosofía de fondo del acuerdo alcanzado esta semana entre OPS, Asamblea Nacional y Ministerio de Sanidad [de Venezuela]”.

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Con fecha 01JUN20 fue suscrito un curioso documento entre Geraldo de Cosio como representante interino de la OPS en Venezuela, Carlos Alvarado como  Ministro de Salud del gobierno Maduro y, Julio Castro como representante del gobierno de Juan Guaidó quien suscribió en calidad de “Asesor de temas de salud de la Asamblea Nacional para COVID19”.

Mediante el acuerdo “las partes se proponen trabajar coordinadamente en la búsqueda de recursos financieros” para atender “la emergencia sanitaria”. El “gobierno interino del presidente (e) Juan Guaidó” informó que “tras varios meses de lucha hemos conseguido que la OPS pueda recibir los fondos aprobados para ayuda humanitaria” y “que los actores de la dictadura se comprometieran a no poner obstáculos a la ejecución del programa”. El ministro de propaganda del gobierno Maduro, Jorge Rodríguez, dijo por su parte que habían llegado a un acuerdo con “un sector del antichavismo” y “si el diablo quiere colaborar, le decimos al diablo que firme un convenio”.

El acuerdo firmado permitiría la inyección al sistema de salud venezolano de materiales y servicios financiados con recursos controlados por Guaidó y que permanecen retenidos en el exterior.

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La cancillería mexicana, desde la llegada de Manuel López Obrador a la Presidencia el 01DIC18, progresivamente se ha convertido en un activo miembro de la izquierda continental. Maximiliano Reyes Zuñiga, subsecretario para América Latina y el Caribe de la cancillería de México, actúa como principal operador de las alianzas entre el gobierno mexicano y las organizaciones de izquierda en Iberoamérica. El presidente argentino Alberto Fernández y Reyes Zuñiga son altos funcionarios de gobiernos que a su vez son fundadores y miembros activos del “Grupo de Puebla”, la organización que reúne a connotadas figuras de la izquierda iberoamericana en plan de recuperar el poder en Latinoamérica.

Alberto Fernández participa en los eventos del Grupo de Puebla en los cuales abiertamente se involucra en política interna de terceros países, pero el argentino cuida que su firma no aparezca en declaraciones y proclamas del grupo. El mexicano Reyes Zuñiga, en cambio, ha suscrito numerosos documentos opinando, criticando y censurando a gobiernos extranjeros comprometiendo obviamente al gobierno al cual representa. El 31MAY20, Reyes Zuñiga firmó un documento expresando “profunda preocupación” por “la llegada de una brigada del Ejército norteamericano” a Colombia en relación al envío de 45 militares de EE. UU. en tareas de cooperación con el ejército colombiano en tareas antinarcóticos. Obviamente 45 hombres son bastante menos que una “brigada”.

El 02JUN20, a raíz de la ola de protestas en EE. UU. por el asesinato de George Floyd, el vicecanciller mexicano Reyes Zuñiga firmó un documento denunciando “el anuncio del presidente Donald Trump respecto al despliegue inmediato de las Fuerzas Armadas para controlar y “dominar” a la situación” y agregó que “este tipo de acciones recuerdan a los oscuros tiempos de las dictaduras y autocracias en nuestro hemisferio”. Mientras López Obrador mantiene una línea de no confrontación con el gobierno de Donald Trump y alegó el principio de “no intervención” para abandonar el Grupo de Lima sobre Venezuela, la cancillería mexicana está abiertamente enlazada en la red de propaganda de la izquierda continental.

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Se da como un hecho que el gobierno de México formará parte del Consejo de Seguridad de la ONU a partir del 01ENE21, con lo cual los dos representantes de Latinoamérica en ese organismo serán de filiación izquierdista.

Actualmente la representación latinoamericana en el Consejo de Seguridad la ejercen República Dominicana y San Vicente y las Granadinas. El gobierno de San Vicente y las Granadinas está encabezado por Ralph Gonsalves, el operador más activo del castrochavismo dentro de la comunidad de países del Caribe. Al concluir el año 2020 finaliza el lapso de dos años para la representación dominicana mientras que San Vicente y las Granadinas aún permanecerán hasta el 31DIC21.

La elección de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad está prevista para el 17JUN20 aunque la fecha podría ser modificada. No habrá la usual sesión plenaria para la elección de los cinco nuevos miembros no permanentes. El proceso de votación se realizará mediante el depósito de la boleta electoral de cada país por uno de sus representantes quienes ingresarán a la sala de votación en pequeños grupos, siguiendo un estricto horario que impida la concentración de personas. Mediante ese mecanismo, que responde a las medidas de protección ante la COVID-19, elegirán al reemplazo de República Dominicana que será México al presentar su postulación sin contrincante.

Canadá, por su parte, está pugnando por entrar al Consejo de Seguridad y se enfrenta a Irlanda y Noruega por los dos asientos que actualmente ocupan Alemania y Bélgica.

La presencia de México en el Consejo Permanente, muy seguramente, ampliará la imposibilidad de alcanzar acuerdos en ese organismo sobre Venezuela.

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La representación de EE. UU. en la ONU solicitó la realización de una sesión del Consejo de Seguridad para tratar la situación en Venezuela, la cual deberá realizarse a mediados de junio vía teleconferencia.

La crisis venezolana se está volviendo un tema recurrente en el Consejo de Seguridad desde que la entonces representante de EE. UU., Nikki Haley, impulsara el 17MAY17 una sesión de carácter informativa sobre Venezuela. Aquella sesión fue rechazada por Rusia y China alegando que la situación venezolana no ameritaba ser incluida en la agenda del Consejo. Ese mismo año, el 13NOV17, tuvo lugar una sesión del Consejo de Seguridad, mediante la fórmula Arria, en la cual se debatió sobre la situación venezolana. El 10SEP18 la embajadora Haley, en calidad de presidenta del Consejo, convocó a una sesión sobre la crisis migratoria venezolana. A lo largo del año 2019 el mismo organismo realizó varias sesiones para conocer la situación humanitaria venezolana. En todas las sesiones quedó patente la posición de Rusia y China, como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, de impedir la aprobación de cualquier resolución en contra del régimen chavista.

En el año 2020 el “tema Venezuela” ha sido abordado por el Consejo de Seguridad en tres ocasiones, ahora con Rusia interesada en utilizar activamente el organismo como plataforma propagandística a favor de su socio chavista. El “tema Venezuela” se ha convertido en parte de las municiones rusas en su confrontación con EE. UU., por ello Rusia ya no intenta bloquear que el Consejo de Seguridad atienda la situación venezolana. El representante ruso introdujo el tema Venezuela en la sección de “otros asuntos” de la sesión del 22ABR20. Ese día Rusia quería denunciar una supuesta decisión de EE.UU. para desplegar barcos de guerra “cerca de las costas de Venezuela”.

El 28ABR20, por solicitud de Bélgica, Estonia, Francia y Alemania, tuvo lugar una sesión privada en videoconferencia sobre la situación humanitaria en Venezuela. Posteriormente, a solicitud de Rusia, fue convocada una sesión sobre Venezuela, cumplida como teleconferencia pública el 20MAY20. En esa ocasión Rusia asumió la vocería del régimen chavista en el organismo presentando una carta en la cual Nicolás Maduro acusaba a “grupos armados de mercenarios y terroristas organizados, entrenados, financiados y protegidos por los Gobierno de Colombia y Estados Unidos” que habrían realizado el 03MAY20 “una incursión armada en las costas venezolanas” denominada “Operación Gedeón”. Rusia y el representante de Maduro en la ONU, Samuel Moncada, de esa manera abrieron fuegos no solo contra EE. UU., la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó, sino que atacó al gobierno de Colombia. Subiendo la apuesta, Rusia hizo suya la expresión “actos de guerra” para señalar a Colombia. El representante ruso intentó la aprobación de una “nota de prensa” la cual finalmente no llegó a ser considerada por el Consejo.

Mediante la Fórmula Arria, que permite la participación de personalidades no representantes de gobiernos miembros, el Consejo de Seguridad nuevamente tratará sobre la crisis venezolana durante la segunda quincena de junio de 2020. Será una reunión informativa pública en la cual los aliados de Juan Guaidó expondrán las actuales dimensiones de la crisis venezolana. No parece viable que en el Consejo de Seguridad se produzca algún acuerdo sobre Venezuela.

Diario Las Américas 

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora: EE. UU. multiplica presencia militar en el Caribe, por Edgar C. Otálvora
Las naves de guerra USS Detroit, USS Lassen, USS Preble y USS Farragut navegan el 11MAY20 en aguas del Caribe, acompañadas de helicópteros MH-60R Sea Hawk. Al fondo, una aeronave P-8A con capacidad de guerra electrónica. Foto US Navy.

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En octubre de 2019 Juan Guaidó habría compartido con “países aliados” la información “relevante” que manejaba “sobre un grupo de militares y civiles en el exilio que habían sido contactados e infiltrados por agentes de la dictadura”.

Así lo señala un documento que circuló en varias cancillerías sudamericanas y europeas. El reporte está fechado el 08MAY20 y contiene una detallada explicación del equipo de Guaidó ante lo que el régimen chavista presentó como una “invasión militar” promovida por EE. UU., Colombia y Guaidó.

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Un aliado del chavismo en Europa Oriental comienza a disfrutar del ala protectora de EE. UU. El 15MAY20 el Departamento de Estado de EE. UU. informó que “esta semana, el primer envío de crudo estadounidense partirá a Bielorrusia” abriendo compuertas para ampliar relaciones políticas con este tradicional aliado de Rusia.

Aleksander Lukashenko, quien desarrolló intensas relaciones personales, políticas y comerciales con Hugo Chávez promovidas por Rusia, está ahora procurando ayuda de Washington en materia energética.

Bielorrusia fue beneficiaria de créditos y donaciones venezolanas, a la vez que se convirtió en proveedor de servicios de construcción de viviendas, de armamento y entrenamiento militar. El país donde el chavismo ha estado enviando centenas de cadetes para formarlos como oficiales ahora coquetea con EE. UU.

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Juan Guaidó y su “canciller”, Julio Borges, celebraron el 04-05MAY20 una reunión-taller con todos sus representantes diplomáticos en el extranjero con el objeto de debatir un documento con líneas de acción “estratégica”. Un punto central de lo debatido fue sobre el propósito de destacar a nivel internacional que la propuesta de Guaidó es un “proyecto hecho por los venezolanos para buscar una solución política en el país, que permita conformar un Gobierno de Emergencia Nacional para atender la crisis humanitaria compleja y avanzar hacia unas elecciones presidenciales libres”.

La primera jornada, con una audiencia de 150 personas conectadas, fue bajo invitación y contó con expositores sobre la situación petrolera y política mundial, así como sobre las acciones de la izquierda en Latinoamérica. A la reunión virtual fueron invitados representantes de la OEA, EE. UU., Unión Europea y Grupo de Lima.

La segunda jornada fue diseñada como una sesión interna, solo con participación de los miembros del equipo de Guaidó, en la cual debatirían sus líneas de acción internacional.

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La presencia de Joaquín Villalobos en el evento de los diplomáticos de Guaidó tenía como propósito escuchar sus observaciones sobre el “contexto geopolítico de la izquierda en América Latina como soporte de Nicolás Maduro”. Villalobos, líder guerrillero de izquierda en los años ochenta en su país (El Salvador), es actualmente un reconocido consultor en temas de resolución de conflictos. En esa condición actuó como asesor del colombiano Juan Manuel Santos en las negociaciones de paz con las Farc celebradas en La Habana que condujeron a los acuerdos de 2016. Igualmente, Villalobos participó como asesor de la delegación de la oposición venezolana en las negociaciones seguidas con el gobierno de Maduro en República Dominicana en 2017-2018.

Parte del contenido de la intervención de Villalobos en el evento organizado por Julio Borges del 04MAY20, apareció en forma de artículo en la edición del 07MAY20 de El País de Madrid, bajo el título “Venezuela, ¿negociar o no negociar?”. 

Villalobos se pregunta “¿por qué razón, después de tantos años con un conflicto en Venezuela, que no es guerra, no ha habido una solución negociada, mientras, en casos más graves y complejos, esta ha sido posible?”. Y su respuesta es que “las negociaciones en Venezuela han fracasado porque suponen que es un conflicto entre venezolanos cuando, en realidad, se trata de un país intervenido por Cuba”. Villalobos agrega que “los cubanos son el poder real en Venezuela y sin señalar su responsabilidad, sin presionarlos, sin exigirles su retirada y sin sentarlos en la mesa no es posible una negociación. La solución es que Cuba transite a la democracia y al capitalismo de una vez por todas”. Villalobos no lo dice en su artículo pero sí lo afirmó durante su teleconferencia: los sectores democráticos de Cuba, Venezuela y Nicaragua deben procurar acuerdos para actuar coordinadamente.

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La visión de Villalobos coincide con la forma como el gobierno de Donald Trump ha ido perfilando el “tema Venezuela” como indisoluble del “tema cubano”. De hecho, en el Departamento de Estado fue fusionado en un mismo despacho y funcionario el tratamiento de Venezuela y Cuba. Por cierto, el Departamento de Estado decidió dejar sin efecto el compromiso del gobierno de Barack Obama para retirar a Cuba del listado de países promotores del terrorismo que fue una de las condiciones del régimen castrista para “normalizar” las relaciones. El Departamento de Estado de EE. UU. emitió el 12MAY20 su listado, que por ley debe producir anualmente, informando al Congreso sobre países que cooperan con EE. UU. en el combate al terrorismo. Cuba fue reingresada al listado de la cual había sido sustraída en 2015 de gobiernos “no cooperantes” en el combate al terrorismo. Con ello el régimen castrista se suma a Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela. EE. UU. censura la negativa cubana de entregar a Colombia a diez jefes de la guerrilla del ELN que viven en La Habana y son señalados como responsables por el ataque del 17ENE19 cuando un carro-bomba explotó en la Escuela de Cadetes de la Policía Nacional en Bogotá.

Por cierto, en la explicación de la inclusión de Venezuela en el listado de “no cooperantes en la lucha contra el terrorismo”, el Departamento de Estado precisa que “si bien Maduro no fue el reconocido presidente de Venezuela durante este período [2019], su control dentro de Venezuela impidió efectivamente la cooperación con los Estados Unidos en los esfuerzos contra el terrorismo”.

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La credibilidad de la CEPAL ha quedado en seria duda tras la abierta vinculación de su Secretaria Ejecutiva, la mexicana Alicia Bárcena, al grupo internacional izquierdista Grupo de Puebla GP. Bárcenas, quien dirige el organismo regional de la ONU desde el 01JUL08, formó parte de los participantes en el “III Encuentro del Grupo de Puebla” realizado el 10ABR20 junto con Lula Da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa, Evo Morales, Ernesto Samper Pizano, Martín Torrijos y José Luis Rodríguez Zapatero. En ese encuentro, realizado mediante videoconferencia, participó igualmente el mandatario argentino Alberto Fernández, quien es uno de los fundadores de la iniciativa que busca relanzar a la izquierda latinoamericana basándose en sus principales figuras que se autocalifican como “líderes progresistas”.

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El GP fue creado el 10JUL19 y tiene como propósito “construir un nuevo proyecto común aprendiendo de nuestros errores y recuperando nuestra vocación de mayorías y de gobierno”. La llegada de Fernández a la presidencia argentina el 10DIC19 fue el primer éxito del grupo y desde entonces ha vinculado al gobierno de Argentina a las acciones del GP. Si bien Fernández no suele suscribir el creciente número de comunicados y proclamas del GP, el argentino no ha dudado en intervenir en eventos organizados por el grupo sobre política interna chilena el 23ABR20 y sobre Colombia el 15MAY20. Los comunicados del GP se han focalizado en la defensa de sus miembros Rafael Correa y Evo Morales, así como de los regímenes castrista y chavista, a la vez que ataca a los gobiernos de EE. UU., Ecuador y al transitorio de Bolivia. En la práctica, el GP está operando como una plataforma multiplicadora del discurso castrochavista a nivel internacional y, como herramienta cohesionadora de diversas tendencias izquierdistas en cada país, mostrándose como una versión light del Foro de São Paulo. El gobierno de López Obrador igualmente se muestra activo dentro del GP. Maximiliano Reyes Zúñiga, el subsecretario para América Latina y el Caribe, participó en la sesión sobre política interna colombiana celebrado el 15MAY20.

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El 01ABR20, cuando Donald Trump anunció la “mayor operación antinarcóticos” de la historia y su secretario de Defensa Mark Esper ejemplificó con las finanzas del régimen chavista como uno de los blancos de esa “operación”, se creó la falsa impresión de que se trataba de una suerte de expedición temporal hacia el Caribe y el Pacífico Oriental. No faltaron quienes vieron en ese anuncio la inminencia de una acción militar sobre Venezuela. En realidad, los planificadores castrenses de EE. UU. están ejecutando una acción para multiplicar los activos militares en el Hemisferio Occidental, enfocados a corto plazo en las operaciones antinarcóticos pero dirigidos a fortalecer a largo plazo la capacidad de combate en una zona que comienza a ser disputada por Rusia y China.

La Cuarta Flota, dependiente del Comando Sur, fue recreada el 05MAY08 después de medio siglo de haber sido disuelta. El Informe Otálvora del 18MAY08 narraba: “Chávez anunció que próximamente se realizaría una prueba de lanzamiento de un misil desde uno de los aviones Su-30 adquiridos a Rusia. Chávez detalló que la prueba sería en área marina y que él personalmente sería el artillero que activaría el disparo. Afirmó que los misiles con que cuentan los Su-30 serían utilizados para hundir la recién activada IV Flota de EE. UU.”.

A la Cuarta Flota le fue confiada como área de responsabilidad las aguas del Caribe, América Central y América del Sur, pero no le fueron asignadas embarcaciones. La Cuarta Flota existió durante una década como una instancia administrativa, adscrita al Comando Sur y que disponía de las naves que temporalmente le fueran asignadas desde otras flotas. Esta situación está tendiendo a cambiar tras la aprobación por Trump de los planes diseñados por el Comando Sur de multiplicar los activos militares en el Hemisferio Occidental, por ahora orientados a la ejecución de operaciones antinarcóticos.

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Según la información que ha ido liberando el propio Comando Sur de EE. UU., en las últimas semanas se han incorporado diversas naves para sumarse a la Cuarta Flota en sus operaciones en el Caribe y el Pacífico Oriental. Fueron asignados a la Cuarta Flota por lo menos cuatro destructores misilísticos Clase Arleigh Burke, hasta hace poco tiempo basados en el Medio Oriente como activos de la Quinta Flota. Entre ellos se encontrarían los destructores USS Pinckney (DDG 91), USS Lassen (DDG-82), USS Preble (DDG-88) y el USS Farragut (DDG-99). El destructor USS Kidd (DDG-100), de la misma clase de los anteriores, igualmente estaría asignado a las operaciones de la Cuarta Flota pero debió ser reconducido a un puerto de California el 28ABR20 ante la detección de casos de COVID-19 entre la tripulación.

La embarcación de más reciente construcción asignada a la Cuarta Flota es el USS Detroit (LCS-7), una nave de combate litoral lanzada en el 2014 y que se mantiene en operaciones antinarcóticos en el Caribe desde 2019. Así mismo, la patrullera USS Tornado (PC-14) forma parte de la flota ya activa en operaciones antinarcóticos. Las naves “cutter” USCGC James (WMSL-754) y el USCGC Waesche (WMSL-751), además de sus helicópteros, embarcaciones ligeras y personal embarcado en las naves de la Armada, sería aporte del servicio de Guarda Costas.

La flota cuenta además con el barco de aprovisionamiento USNS Laramie (T-AO-203) encargado de proveer combustible, alimentos y suministros en alta mar a las naves en operaciones, lo cual ampliará el tiempo de duración de las misiones antes de regresar a puerto. El USNS Laramie se encuentra actualmente en aguas del pacífico panameño tras navegar desde Florida.

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El 13MAY20, la Cuarta Flota publicó en su cuenta Twitter una serie de fotografías en las cuales aparecen navegando en formación, ya en aguas del Caribe, las naves USS Detroit, USS Lassen, USS Preble y USS Farragut. La imagen deja ver igualmente una aeronave Boeing P-8A Poseidon, parte del escuadrón VP-26 de la Armada de EE. UU. basado en Jacksonville, Florida.

Aeronaves P-8A, entre cuyas capacidades se incluye la guerra electrónica, suelen realizar vuelos de reconocimiento sobre aguas del Caribe, creando gran malestar en la jerarquía castrense del régimen chavista. De hecho, el 19JUL19 un avión caza Su-30 de la Fuerza Aérea venezolana realizó peligrosas maniobras de aproximación a un P-8A en espacio aéreo internacional sobre el Caribe.

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Informe Otálvora, ee.uu. unifica sanciones militares a Maduro, China y Ruisa
El canciller ruso Serguéi Lavrov junto a Nicolás Maduro el 07FEB20 en Caracas. Foto Twitter @cancilleriaVE

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Nicolás Maduro procura crear un incidente en Brasil

Tal como relatara este informe el 28MAR20, el gobierno de Brasil informó a los diplomáticos que Maduro aún mantiene en Brasilia, la decisión de declararlos “persona no grata” en caso de que permanecieran en el país al 01MAY20. La información les fue transmitida en un encuentro sostenido en el Palacio de Itamaraty el 02MAR20 entre la cancillería brasileña y varios funcionarios de Maduro a quienes les informaron la decisión brasileña de cerrar la embajada y los consulados en Venezuela. Igualmente les pidieron  abandonar Brasil para lo cual se les ofreció coordinar la evacuación que debería cumplirse a más tardar el 01MAY20. En caso contrario los funcionarios diplomáticos y consulares que Maduro mantiene en Brasil dejarían de contar con reconocimiento oficial y perderían sus inmunidades y privilegios, así como su visado que le permite permanecer en territorio brasileño. El personal brasileño abandonó Venezuela el 17ABR20 en un operativo de la Fuerza Aérea de Brasil. En tanto, Maduro se niega a retirar a una treintena de sus diplomáticos en Brasil, en contraste con lo que ordenó para su personal en EE. UU., Colombia o Costa Rica. Maduro habría solicitado a sus socios Lula da Silva y Dilma Rousseff presionar políticamente para impedir la salida de sus funcionarios. El PT decidió recurrir al Supremo Tribunal Federal para paralizar la medida de Itamaraty. Jair Bolsonaro quien reconoce a Juan Guidó como mandatario de Venezuela, rompió relaciones con Maduro, a quien no reconoce, y el 05MAR20 emitió la expulsión de los funcionarios diplomáticos, pero el gobierno Maduro no pareciera darse por enterado e intenta mantener sus bases de operación dentro de Brasil.

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La cancillería brasileña procura que el caso de los diplomáticos de Maduro no se convierta en un impasse aunque ya habría diseñado una ruta orientada hacia la deportación de los funcionarios, preservando las formas “diplomáticas”. El 28ABR20 Itamaraty, mediante una comunicación escrita, recordó a los funcionarios de Maduro en Brasilia la exigencia de que abandonaran el país antes del 02MAY20. El canciller de Maduro, Jorge Arreaza, dejó saber que sus funcionarios no saldrían de Brasil mientras el PT emitía un pronunciamiento asegurando, sin sustento alguno, que la medida es “un paso más del movimiento bélico de EE. UU. contra Venezuela”.

El 01MAY20, el Fiscal General de Brasil, Augusto Aras, emitió e hizo divulgar intensamente un documento mediante el cual “recomienda” al Ministerio de Relaciones Exteriores que “evalúe la posibilidad de suspender el cumplimiento de la orden de retirada inmediata del personal del cuerpo diplomático venezolano”. Alega Aras que “la situación de la salud en Venezuela es objeto de debate en la esfera internacional con evidencias de que se encuentra en situación crítica”. Aras pide reconsiderar el “plazo y el modo para el cumplimiento de la medida”, la cual no contradice. Aras fue designado en el cargo con el abierto apoyo de Jair Bolsonaro. El sábado 02MAY20 Luís Roberto Barroso, un miembro del Supremo Tribunal Federal, autorizó una medida de habeas corpus, por diez días, paralizando la expulsión de los diplomáticos de Maduro. La medida fue solicitada por el diputado federal del PT Paulo Pimenta.

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El gobierno de EE. UU. señaló al régimen chavista como un burladero que China y Rusia utilizarían para la adquisición de productos tecnológicos estadounidenses de potencial aplicación militar.

Desde el inicio del gobierno de Hugo Chávez en 1999, EE. UU. implementó limitaciones para la venta de tecnología de punta de patente estadounidense, especialmente computadoras, tanto al gobierno como a empresas privadas venezolanas. De esa manera Washington procuraba impedir el acceso de Cuba a tecnología informática de punta, por ejemplo. Aquellas medidas restrictivas se han incrementado en los últimos años a medida que Washington ha aplicado crecientes sanciones al régimen chavista. El 07NOV14, EE. UU. unificó las medidas de “licencia previa” que impuso a China en 2007 y, a Rusia y Venezuela desde 2014.

El Departamento de Comercio de EE. UU. publicó en la edición del 28ABR20 del “Federal Register” una larga lista de productos que en lo sucesivo requerirán licencia previa para su exportación, reexportación o transferencia hacia China, Rusia y Venezuela. En la práctica se trata de una prohibición a las empresas de EE. UU. y clientes extranjeros de esas empresas para suministrar tecnología estadounidense de uso inicialmente civil pero que podría “usarse en el desarrollo de armas, aviones militares o tecnología de vigilancia”. En sus argumentos, el Departamento de Comercio cita que “tanto China como Rusia apoyan la dictadura en Venezuela y buscan ampliar los vínculos militares y venta de armas en toda la región”.

Washington está homogenizando las sanciones y restricciones comerciales de tecnología de punta hacia Rusia y China incluyendo a Venezuela. Además, el Departamento de Estado de EE. UU. se pronunció sobre las especiales relaciones del régimen chavista con el régimen de Irán quienes  el secretario de Estado Mike Pompeo califico, el 29ABR20, como “pájaros del mismo plumaje”. Pompeo dijo que “en los últimos días, varios aviones pertenecientes a Mahan Air han transferido un apoyo desconocido al régimen de Maduro. Esta es la misma aerolínea terrorista que Irán usa para mover armas y combatientes alrededor del Medio Oriente”. Después, el 01MAY20, Pompeo tuiteó que “Los matones de Maduro saquearon nueve toneladas de lingotes de oro y lo enviaron al régimen iraní” agregando que Maduro está asociado con “el principal patrocinador estatal del terrorismo”.

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El Pentágono optó por recurrir a personal militar de la reserva para incrementar el pie de fuerza en las operaciones antinarcóticos que Trump autorizó incrementar en el Caribe y el Pacífico Oriental.

Cuando el 01ABR20 Trump anunció “la operación”, su Secretario de Defensa Mark Esper aseguró que impactaría, por ejemplo, en las finanzas del régimen chavista. Por su parte el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur, ha reiterado que “la operación” a la cual Trump se refirió se corresponde a un incremento de la presencia de EE. UU. en la región, mediante un aumento de sus activos militares, con fines de reforzar las acciones contra el narcotráfico y otros flujos ilegales. El nombre oficial de la “operación” es “Enhanced Department of Defense Counternarcotic Operation in the Western Hemisphere”.

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Trump notificó el 30ABR20 a la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y al presidente del Senado la emisión de una Orden Ejecutiva mediante la cual autorizó ​​al Secretario de Defensa para “ordenar a las unidades y a miembros individuales de la Reserva Seleccionada (…) para aumentar las fuerzas componentes activas de la “Operación Antinarcóticos en el hemisferio occidental”. El texto de la orden alega la necesidad de “incrementar  las Fuerzas Armadas regulares de EE. UU. para la misión operativa” por lo cual ordena al secretario Esper convocar hasta 200 reservistas no asignados a otra unidad para sumarse a la “operación”. Los reservistas procederán de la denominada Selected Reserve integrada por personal formado militarmente, actualmente fuera de servicio, pero en disposición inmediata para regresar a filas. El 27MAR20 Trump emitió una orden análoga disponiendo la convocatoria de esa reserva para acciones internas a raíz de la pandemia.

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Ya la COVID-19 ha impactado en los activos militares asignados al Comando Sur de EE. UU. para sus actividades. El destructor misilístico USS Kidd (DDG 100) destinado a operaciones antinarcóticos en el Pacífico Oriental debió regresar el 28ABR20 a su base en San Diego, California. El 22ABR20 había sido evacuado un marinero “después de experimentar dificultad para respirar” tras lo cual fueron realizadas pruebas médicas a toda la tripulación y fue ordenado el regreso de la nave a puerto “para brindar atención médica para sus marineros y para limpiar y desinfectar el barco”.

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En medio de la crisis planetaria por la COVID-19, Donald Trump y su secretario de Estado Mike Pompeo han mantenido una constante comunicación telefónica con mandatarios de diversos países a los que consideran aliados. El “tema Venezuela” ha formado parte de las conversaciones con varios mandatarios latinoamericanos.

Trump se comunicó el 23ABR20 con Iván Duque, a quien ofreció suministrarle equipos médicos para atender la pandemia. Igualmente hablaron de “continuar trabajando para abordar la actual crisis de Venezuela y otras prioridades mutuas en la región”. Duque mencionó el tema de la migración venezolana en Colombia y el peso que representa para el Estado colombiano. El 27ABR20, Pompeo incluyó en su agenda dos llamadas telefónicas: a Juan Guaidó y a Duque. Según el Departamento de Estado, Pompeo y Duque “discutieron su objetivo mutuo de una transición pacífica a la democracia en Venezuela, así como nuestros esfuerzos conjuntos para satisfacer las necesidades de los migrantes y refugiados venezolanos obligados a huir de las condiciones desastrosas y represivas en su país”. La conversación de Duque y Pompeo tenía como telón de fondo una oleada de venezolanos que están regresando a su país cruzando Colombia, ante la paralización económica de los países de la región y un inocultable ambiente antimigrantes venezolanos que ha cundido en países como Perú, Ecuador e incluso Colombia.

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El malestar de los colombianos hacia los migrantes venezolanos ha tendido a incrementarse según la más reciente encuesta Gallup.

El trabajo de campo para la encuesta fue ejecutado por la empresa Invamer entre 18 y 26ABR20, en medio de las medidas de “aislamiento preventivo obligatorio” por la COVID-19, en las cinco principales ciudades de Colombia. El 70 % de los encuestados aprueba la forma como Duque “está enfrentando la contingencia” y el 56 % cree que “lo peor está por venir” por la pandemia. El 67 % afirma que sus ingresos se redujeron por las medidas de control social y el 51 % dijo que su familia está “mercando” menos. En ese contexto, la imagen negativa de “los venezolanos que han llegado a Colombia para quedarse” ha subido de 52 % en octubre de 2018 hasta 81 % en la actualidad. Un funcionario del gobierno colombiano que hace seguimiento al tema Venezuela, consultado para este informe, aseguró que estas cifras se corresponden con una “creciente xenofobia” contra los venezolanos la cual el gobierno Duque intentará frenar mediante una campaña de concientización. De hecho, el 87 % de los encuestados dijo estar de acuerdo con mantener cerradas las fronteras con Venezuela para que no entren venezolanos, una vez finalicen las medidas de “aislamiento obligatorio” por la COVID-19.

Por cierto, el 94 % tiene opinión negativa de Nicolás Maduro y el 66 % tiene opinión negativa sobre Donald Trump. La imagen positiva de Juan Guaidó entre los colombianos cayó de 80 % en febrero de 2019 a 52 % ahora y, su percepción negativa ha crecido de 9 % a 29 % en el mismo lapso.

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Sofía Imber nació en Moldavia, creció, trabajó y murió en Venezuela. Sofía fue la más importante promotora cultural del siglo XX venezolano, reportera, periodista de análisis y opinión, productora y entrevistadora en Tv, directora de prensa, creadora y directora del Museo de Arte Contemporáneo, una influencer preinternet y una gran dama que gustaba hablar bajo y corto pero con una agudeza sin igual. Falleció el 20FEB17 pero antes realizó, durante tres años, incontables sesiones de trabajo con un joven periodista venezolano, Diego Arroyo Gil, quien logró “aprehender” a Sofía para plasmarla en una biografía acertadamente escrita en primera persona.

Arroyo Gil se está convirtiendo en el gran biógrafo venezolano de estos tiempos. Recurriendo a la técnica de la entrevista intimista, además de Sofía por sus manos ya han pasado el periodista Nelson Bocaranda, el ilustre Simón Alberto Consalvi, la mítica cineasta Margot Benacerraf y el fabricante de mises Osmel Sousa.  Vale la pena leer La señora Ímber, de Arroyo Gil.

Diario Las Américas 

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

El 01ABR20 Donald Trump anunció una gran operación militar contra Maduro. Informe Otálvora. Foto Casa Blanca.
El 01ABR20 Donald Trump anunció una gran operación antinarcóticos en el Caribe y el Pacífico. Foto: Casa Blanca.

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Diario Las Américas

El 01ABR20 ante los periodistas convocados para la rueda de prensa diaria sobre la COVID-19, Donald Trump se presentó con los secretarios de Defensa y Justicia Mark Esper y William Barr, el consejero de Seguridad Nacional Robert O’Brien, el jefe del Estado Mayor general Mark Milley, el jefe de Operaciones Navales almirante Michael M. Gilday y el comandante de la Guardia Costera almirante Karl L. Schultz. Esper afirmó que el gobierno Trump se propone “mejorar las operaciones antinarcóticos en el Océano Pacífico Oriental y el Mar Caribe” con el “despliegue de buques, aviones y fuerzas de seguridad adicionales en el Área de Responsabilidad del Comando Sur de los EE. UU. (…) Estas fuerzas adicionales casi duplicarán nuestra capacidad para llevar a cabo operaciones antinarcóticos en la región”. No dejó de llamar la atención la ausencia del almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur y basado en la Florida, lo que hizo suponer que la decisión de lanzar el anuncio había sido una precipitada decisión de la Casa Blanca.

Trump se refirió a una gran operación con “22 naciones asociadas” y alegó que “a medida que los gobiernos y las naciones se centran en el coronavirus, existe una creciente amenaza de que los carteles, los delincuentes, los terroristas y otros actores malignos intenten explotar la situación para su propio beneficio”. Esper afirmó que “actores corruptos, como el ilegítimo régimen de Maduro en Venezuela, dependen de las ganancias derivadas de la venta de narcóticos para mantener su poder opresivo” enlazando de esta manera el “tema Venezuela” con el aumento de las fuerzas estadounidenses en tareas antinarcóticos.

Sin duda no se habló en esa ocasión de una acción militar sobre Venezuela sino de un aumento de las operaciones contra el tráfico de drogas, armas y personas que regularmente realiza la denominada “Fuerza de Tarea Conjunta Interagencias del Sur” (JIATF South) dependiente del Comando Sur de EE. UU.

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El anuncio de Trump sobre una operación antinarcóticos en aguas del Caribe se producía luego de dos acciones directamente enfocadas sobre los altos jerarcas chavistas. El 26MAR20 el Departamento de Justicia, con el necesario consentimiento del Departamento de Estado, informó sobre procesos judiciales iniciados por la Fiscalía de EE. UU. contra Nicolás Maduro y otros altos jerarcas del régimen acusándolos de tráfico de drogas y narcoterrorismo. Ese día, el Departamento de Estado ofreció recompensas por “información que conduzca al arresto y / o condena” de Maduro y varios de los enjuiciados.

El 31MAR20, el Departamento de Estado de EE. UU. difundió un documento denominado “Marco de Transición Democrática” en el cual exponían una ruta para la redemocratización de Venezuela. El documento ampliaba las propuestas ya presentadas por EE. UU. el 09ENE20 a favor de “un gobierno de transición negociado y ampliamente aceptable” que convoque a elecciones. El documento del 31MAR20 incluía la propuesta hecha por los delegados de Juan Guaidó en las negociaciones con Nicolás Maduro promovidas por el gobierno de Noruega a mediados de 2019.  La renuncia de Maduro y Guaidó a sus condiciones presidenciales y la designación de un Consejo de Estado con participación de chavistas formaba parte del esquema de transición presentado por el secretario de Estado Mike Pompeo. Por cierto, la propuesta de Pompeo no fue bien acogida por todo el gobierno Trump. Algunos altos funcionarios de la Casa Blanca encargados de los temas de seguridad nacional calificaron como “excesivamente diplomático” ese  marco de transición.

Con Maduro en la lista de acusados por la Fiscalía de EE. UU., con una recompensa en su contra y con una oferta de mano suave a cambio de su renuncia, el anuncio de las operaciones militares en el Caribe fue presentado por el chavismo y por algunos sectores opositores venezolanos como la señal de una inminente intervención militar.

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La inclusión en la agenda de lo que Trump calificó como la “mayor operación antinarcóticos” sorprendió en diversos medios políticos de EE. UU. El Departamento de Defensa a acababa de ordenar una casi total paralización de las movilizaciones de su personal civil y militar a largo del planeta para evitar contagios. En esos días Trump dedicaba sus intervenciones diarias para advertir a los estadounidenses sobre el alto número de muertes por COVID-19 que los expertos gubernamentales estaban previendo con base en predicciones de la Universidad de Washington. Un informe generado el 29MAR20 por el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de esa universidad colocaba en 81.114 el número de descensos esperables al 04AGO20, además de advertir sobre una inminente crisis por falta de camas hospitalarias y equipos de respiración en varios estados. Aquellos números hicieron que Trump abandonara su posición negacionista del impacto del coronavirus y asumiera temporalmente la línea de promover medidas de control social y paralización de actividades.

Las propias fuerzas militares estadounidenses y especialmente la Armada, se encontraban ese día atendiendo el grave caso de la propagación de COVID-19 entre la tripulación del portaviones USS Theodore Roosevelt detenido en Guam en medio del Pacífico. La decisión del Pentágono de no liberar información sobre casos de COVID-19 entre la tropa fue tomada cuando ya se conocían de diversos casos en bases estadounidenses. Además, el propio desarrollo de la pandemia en EE. UU. había hecho que los protocolos militares para el funcionamiento del gobierno en caso de una grave crisis con el liderazgo civil inhabilitado, ya habrían sido activados bajo responsabilidad del comandante del Comando Norte general Terrence J. O’Shaughnessy, según reportara Newsweek el 18MAR20.

El estado de crispación nacional por el avance de la enfermedad que incluso hacía temer por la continuidad del propio gobierno, no parecía ser el mejor escenario para una inminente acción militar de EE. UU. en Venezuela. Incluso el propio Trump se vio obligado a aclarar en la rueda de prensa del 01ABR20 que “nuestras fuerzas están totalmente equipadas con equipo de protección personal, y hemos tomado medidas de seguridad adicionales para garantizar que nuestras tropas se mantengan saludables”. La aclaratoria del comandante en jefe sobre la protección para evitar el contagio de COVID-19 dejaba claro que la operación anunciada no era la supuesta invasión a Venezuela que inmediatamente denunciara el régimen chavista y sus aliados. El Grupo de Puebla, el nuevo altoparlante internacional de la izquierda radical continental denunció un “escalamiento de tensiones en el área en momentos en que todo nuestro hemisferio debería estar solidariamente unido en torno a atender como prioridad máxima las afectaciones humanas del COVID-19”.

La inminencia de una acción militar sobre Venezuela era tan falsa que una de las naves con las que cuenta el Comando Sur para operaciones en el Caribe, el USS Detroit (LCS 7), se encontraba el 01ABR20 en la base naval de Key West para mantenimiento no programado (emergent repairs). La tripulación del USS Detroit permanecía en puerto bajo estrictas medidas de aislamiento para evitar contagios de COVID-19.

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Desde el año 2018, bajo la coordinación de Colombia, se han desplegado en el Caribe y en el Pacífico Oriental operaciones denominadas “Campaña naval y fluvial contra el narcotráfico Orión”. En esas campañas han participado diversas fuerzas y agencias de EE. UU. que integran la JIATF, así como personal militar, policial, tributarios y de inteligencia de una veintena de países incluyendo a España, Brasil, México, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Francia, Holanda, Perú, Ecuador, República Dominicana, Trinidad y Tobago, Jamaica, las Antillas neerlandesas y francesas, Argentina, Canadá y Chile.

El 09-10MAY19 en Cartagena de Indias, Colombia, la Armada colombiana fue la anfitriona de una jornada de evaluación de la “Orión 3” ejecutada el año anterior. A su vez, los oficiales operativos y de inteligencia de las armadas presentes adelantaron la planificación de la “Orión 4” que sería ejecutada en el segundo semestre del año 2019.

Tras los anuncios de Trump sobre una gran operación antinarcóticos, el Ministerio  de Defensa de Colombia emitió un comunicado el 05ABR20 señalando que “sobre actuaciones conjuntas  de Colombia con otros países de la región, entre ellos EE. UU., el Ministro Holmes Trujillo explicó a la opinión pública que las autoridades colombianas participan, junto con 22 naciones de América y Europa, en la Campaña Naval Orion que tiene como propósito el intercambio de información que permita a los países fortalecer sus capacidades de interdicción de drogas ilícitas”. El 07ABR20, el presidente colombiano Iván Duque anunció el inicio de “Orión 5” que según voceros militares de EE. UU. es una operación con apoyo estadounidense que se efectúa en paralelo a la operación anunciada por Trump.

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Durante sus comparecencias ante el Comité de Servicios Armados del Senado el 30ENE20 y ante el comité homólogo de la Cámara el 11MAR20, el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur, se refirió a la amenaza que para la seguridad de EE. UU. representa la creciente presencia de Rusia y China y de “organizaciones criminales trasnacionales” en el hemisferio. Según Faller el Hemisferio Occidental es un “espacio crítico en la competencia global”. En su comparecencia ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara, Faller afirmó que “habrá un aumento en la presencia militar estadounidense en el hemisferio a finales de este año. Esto incluirá una mayor presencia de barcos, aeronaves y fuerzas de seguridad para tranquilizar a nuestros socios… y contrarrestar una serie de amenazas que incluyan el narcoterrorismo ilícito”. El anuncio de Trump del 01ABR20 se correspondía con lo advertido previamente con Faller. Si bien el Comando Sur se muestra renuente a informar sobre la incorporación de nuevos “activos”, el 13ABR20 divulgó que el destructor misilístico USS Pinckney (DDG 91) había sido transferido a la Cuarta Flota para sumarse a las tareas de la JIATF South. Previamente el USS Pinckney formaba parte del grupo de naves de combate del portaviones USS Theodore Roosevelt en aguas del Pacífico.

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El 17ABR20, el almirante Craig Faller ofreció una rueda de prensa, vía telefónica, en la cual afirmó que “esta operación no está dirigida específicamente a Maduro, pero Maduro es cómplice y está involucrado en el narcotráfico”. Negó que la operaciones del Comando Sur estuvieran orientadas a una intervención militar en Venezuela agregando que la “estrategia y la política del gobierno de EE. UU. con Venezuela continúa siendo una presión diplomática y económica”. También indicó que el Comando Sur “trabaja con otras naciones asociadas y nuestro Departamento de Estado para que estemos listos para los tipos de asistencia que podrían requerirse en un entorno posterior a Maduro”.

Faller precisó algunos detalles de la “operación” anunciada por Trump resaltando que “hemos mantenido nuestras operaciones contra los narcotraficantes, así que esto no es algo nuevo que comenzó el primero de abril”. “El Comando Sur ha estado realizando misiones antinarcóticos durante muchos años. Recientemente, basado en un reconocimiento de la amenaza, el presidente aprobó un mayor nivel de fuerzas para esta misión” y el almirante enfatizó que “el presidente aprobó esta operación, antes de que el mundo se viera envuelto en la crisis COVID”.

Igualmente Faller dejó entender que la pandemia de la COVID-19 ha alterado los planes de acción militar: “nuestra misión prioritaria en el Comando Sur ha sido la salud y la seguridad de nuestra fuerza laboral, y equilibramos esa misión con la necesidad de llevar a cabo nuestras misiones esenciales de defensa nacional, como los antinarcóticos”.

Por cierto, Faller calificó a los gobiernos de Brasil y Colombia como “nuestros mejores socios” en materia de seguridad.

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El régimen chavista estaría impidiendo una operación del gobierno brasileño para evacuar a su personal diplomático que permanece en Caracas.

El 02MAR20 la cancillería brasileña convocó al Palacio de Itamaraty a funcionarios diplomáticos acreditados por Nicolás Maduro y que permanecen en Brasil controlando las instalaciones de la Embajada de Venezuela y los diversos consulados. Jair Bolsonaro no reconoce el gobierno de Maduro y desde 2019 interactúa oficialmente con María Teresa Belandria, la enviada de Juan Guaidó, quien recibe tratamiento de embajadora y Jefe de Misión diplomática en Brasilia. Los funcionarios de Itamaraty informaron a los enviados de Maduro sobre la decisión de cerrar la Embajada en Caracas y les requirieron abandonar Brasil antes del 02MAY20 cuando serían declarados “persona no grata” y expulsados del país. Itamaraty les propuso realizar una retirada recíproca y simultanea de los funcionarios de las respectivas Embajadas.

El 13MAR20 cuando el ministro de Defensa chavista Vladimir Padrino contactó telefónicamente al ministro Fernando Azevedo e Silva a propósito de la pandemia de COVID-19, el brasileño habría solicitado coordinar el viaje a Venezuela de una aeronave militar para trasladar a Brasilia un grupo de aproximadamente setenta, formado por el personal de la embajada en Caracas (diplomáticos, militares y administrativos) y sus familias. De esa manera se cumpliría la decisión del gobierno Bolsonaro de cerrar sus misiones diplomáticas y consulares en Venezuela. El Ministerio de Defensa de Brasil suponía erradamente que tras la conversación entre Padrino y Azevedo contaría con la autorización para el viaje de evacuación el cual fue programado por la Fuerza Aérea Brasileña para el 18ABR20. Según una nota del 14ABR20 de la revista brasileña Oeste, el gobierno Maduro no había autorizado la operación luego de meses de negociaciones.

 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Presión de EEUU sobre chavismo continúa en medio de pandemia, por Edgar C. Otálvora
El fiscal general William Barr (derecha) con Donald Trump durante la firma de una orden ejecutiva contra acaparamiento el 23MAR20. Foto Casa Blanca.

@ecotalvora 

Diario Las Américas   

La epidemia mundial de COVID-19 no ha significado un congelamiento de los procesos políticos nacionales o internacionales, muchos de ellos de carácter conflictivo. La epidemia no solo sirve de telón de fondo en la continuidad de esos conflictos.  En no pocos casos, el impacto del COVID-19 y de las acciones que los actores políticos toman, forman parte de los procesos en marcha. Resulta absolutamente imposible desagregar el tema COVID-19 de la dinámica política internacional ya que se ha engranado con ella.

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El gobierno de Brasil procederá a expulsar al personal diplomático y consular así como agregados militares designados por Nicolás Maduro que aún permanecen en control de la sede de la Embajada de Venezuela en Brasilia y de los seis consulados venezolanos. El 01MAY20 es la fecha límite impuesta por la cancillería brasileña para la salida de los representantes del régimen chavista tras lo cual serían declarados persona non grata y procederían a su deportación.

El 13MAR20 habría tenido lugar una conversación telefónica entre los ministros de la Defensa de Maduro y Jair Bolsonaro solicitada por el general Vladimir Padrino López. En el alto gobierno en Brasil se sintió malestar por la decisión del ministro Fernando Azevedo e Silva al aceptar una conversación saltándose la línea presidencial de limitar los contactos con el régimen chavista. La comunicación con Padrino, de la cual rápidamente se ufanara Maduro y Padrino, habría tenido lugar sin notificación a la cancillería de Itamaraty. Según Padrino se habría “abierto un canal” con el gobierno de Bolsonaro lo cual fue desmentido por fuentes de la cancillería brasileña consultados para este Informe.

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En un intento desesperado para impedir la reelección de Luis Almagro como Secretario General de la OEA, un grupo de países caribeños estimulados desde La Habana y Caracas, alegaron que la alcalde de la ciudad de Washington, Muriel Bowser, ordenaría el allanamiento de la sede de la organización en caso de producirse la asamblea de elección. Para el 20MAR20 había sido convocado un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, conformada por los ministros de exteriores de los países miembros. La rápida expansión de la pandemia de COVID-19 hacía ver que serían pocos o ninguno los cancilleres que viajarían a Washington para personalmente emitir el voto en la elección para la Secretaría General y la Secretaría Adjunta de la organización. En los medios diplomáticos se daba como un hecho que los gobiernos instruirían a sus respectivos representantes permanentes, residenciados en Washington, para actuar como jefes de la delegación y votar.

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El 16MAR20 el gobierno de Perú anunció que retiraba la postulación del embajador Hugo de Zela al cargo en la OEA. De esa manera ante la opción de reelegir a Luis Almagro solo se mantenía la ecuatoriana María Fernanda Espinosa, quien no contaba con el apoyo del gobierno de su país y corría como la candidata presentada por gobiernos aliados del eje castrochavista. El retiro de De Zela no significó un aumento de los compromisos de votos a favor de Espinoza quien contaba con la mayoría de los votos caribeños, más el voto de sus amigos ideológicos de Argentina, Nicaragua y México y el posible voto de Canadá cuyo gobierno había decidido oponerse a la reelección de Almagro. La candidatura de Espinoza había sido presentada por los gobiernos de Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas. A cuarenta y ocho horas de la elección, trece gobiernos entregaron al presidente del Consejo Permanente una inusualmente larga comunicación en la cual solicitaban aplazar la elección del Secretario alegando las recomendaciones de la ONU, la OMS y hasta de Donald Trump en el sentido de evitar reuniones masivas. Los firmantes incluso alegaron que –según la alcaldesa de Washington- la sede de la OEA no contaría con inmunidad diplomática y podía ser objeto de medidas punitivas. La comunicación fue suscrita por los representantes permanentes de Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Trinidad y Tobago, todos los miembros de Caricom exceptuando a Haití. La representante permanente de México en la OEA, Luz Elena Baños Rivas, entregó el 18MAR20 una comunicación respaldando el pedido de los caribeños. La decisión de aplazar la Asamblea General requería el apoyo de dos tercios del total de treinta y cuatro miembros de la organización y el día 19MAR20 quedó en evidencia que la propuesta de cambio de fecha no contaba con los apoyos requeridos. Quienes se oponían a la inminente reelección de Almagro amenazaron con no asistir a la Asamblea y que “la reunión sea considerada como carente de legitimidad”.

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A media mañana del 20MAR20, tal como estaba previsto, fue instalado el 54 período extraordinario de la Asamblea General de la OEA. La sesión fue celebrada en el Salón Simón Bolívar en condiciones excepcionales en las cuales solo estaba presente un miembro por casa país miembro además del personal mínimo de apoyo. Solamente la delegación de Dominica faltó a la cita. Almagro resultó electo con 23 votos contra 10 de su rival en votación secreta, lo que indica que algunos países caribeños se sumaron al respaldo a Almagro. La reelección de Almagro confirmó la desaparición del castrochavismo como fuerza política que imponía posiciones dentro de la OEA.

La representante del gobierno de Manuel López Obrador realizó tres intervenciones durante la sesión para oponerse a la presencia del representante de la Asamblea Nacional de Venezuela, para rechazar la designación del representante de Ecuador como presidente de la Asamblea y finalmente para declarar la guerra a Almagro. Leyendo un texto previamente preparado por su cancillería, la embajadora mexicana dijo a Almagro que “Usted inicia un segundo periodo, no solo con la falta de apoyo, sino con el rechazo de un grupo importante de Estados”. Poco después el canciller del gobierno Maduro, Jorge Arreaza, emitió un comunicado calificando como “apresurada e inoportuna” la reelección de Almagro. Maduro, que abandonó la organización en 2019, quedaba en evidencia sobre su intervención en la maniobra ejecutada por sus socios dentro de la OEA.

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La Fiscalía General de EE. UU. anunció el 26MAR20 las acusaciones penales que presentó contra Nicolás Maduro, el cogobernante Diosdado Cabello, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Maikel Moreno y otros altos jerarcas del  régimen chavista como Tareck El Aissami Madd, quien ha ocupado altísimos cargos de gobierno. Las acusaciones implican igualmente a Iván Márquez y Jesús Santrich, dos comandantes de la guerrilla colombiana Farc que rompieron con los acuerdos de paz y pasaron a la clandestinidad. El Departamento de Estado de EE. UU., a su vez, informó la decisión de ofrecer “recompensas por información que conduzca al arresto y / o condena” de Maduro, Cabello, El Aissami y los militares retirados Hugo Carvajal Barrios y Clíver Alcalá Cordones.

Maduro y Cabello están acusados de “participar en una conspiración narcoterrorista, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 20 años y un máximo de cadena perpetua”, “conspirar para importar cocaína a los EE. UU., que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 10 años y un máximo de cadena perpetua”, “usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, que conlleva una sentencia mínima obligatoria de 30 años y un máximo de la vida en prisión” y “conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover las conspiraciones de narcotráfico e importación de cocaína, lo que conlleva una sentencia máxima de cadena perpetua”. El caso contra Maduro corre a manos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

La acción de la Fiscalía de EE. UU. al develar los casos judiciales contra los jerarcas chavistas colocó el “tema Venezuela” en un nuevo nivel. La estrategia del gobierno de EE. UU. desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha sido crear condiciones para que los socios internos (y externos) de Maduro lo presionen a la renuncia. “Esta disposición es con la finalidad de “obligarlo o convencerlo” de aceptar unas negociaciones “exactas y precisas por elecciones presidenciales” dijo el encargado de la Embajada virtual de EE. UU. en Venezuela, James Story, en declaraciones a El Nacional de Caracas. En el alto chavismo calcularon que la crisis mundial por el COVID-19 daría un alivio a las presiones internacionales que reclaman la redemocratización de Venezuela. La evaluación del chavismo fue equivocada.

Por cierto, en la acusación por “conspiración para cometer lavado de dinero” que la Fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó contra Maikel Moreno, narra que “un director de concurso de belleza venezolano” habría recibido US$40.000 de manos del señalado.

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Los gobiernos de Cuba, Irán y Rusia emitieron declaraciones atacando la acción de la fiscalía estadounidense. En su rueda de prensa del 27MAR20, la vocera del Ministerio de Exteriores ruso María Zajárova, luego de expresar usuales ataques a la oposición “radical” venezolana, afirmó que “Rusia continuará ayudando a Venezuela, incluso en la normalización de la situación sanitaria y epidemiológica”.

El gobierno ruso, además, ratificó el 28MAR20 la decisión de reforzar su presencia en Venezuela como actor petrolero y aliado del régimen chavista. La empresa petrolera Rosneft anunció la venta de sus activos en Venezuela y el fin de sus operaciones incluyendo su participación en las empresas productoras y comercializadoras Petromonagas, Petroperija, Boqueron, Petromiranda y Petrovictoria. Rosneft es una empresa controlada por el gobierno ruso pero cuya propiedad accionaria es compartida con la BP británica y con el fondo catarí QH Oil Investments LLC. Según el comunicado emitido por Rosneft, había alcanzado un acuerdo “para vender todos sus intereses” en Venezuela a una empresa “100 por ciento propiedad del gobierno de la Federación Rusa” cuyo nombre es obviado en el texto. Se trataría de una maniobra de cambio de bandera para mantener las operaciones petroleras rusas en Venezuela mediante una empresa de capital estrictamente estatal ruso, lo que pudiera sortear temporalmente las sanciones que EE. UU. ha venido imponiendo a subsidiarias de Rosneft involucradas en la venta de crudo venezolano favoreciendo al régimen chavista.

Operación castrochavista. Informe Otálvora 9marzo2020
Mark Weisbrot, director del CEPR de Washington, atrás de Nicolás Maduro durante un acto en Caracas el 06MAR14. Imagen: Video Telesur.

@ecotalvora

Diario Las Américas

Temores de violencia política en Guyana corrían desde hace varias semanas en medios diplomáticos y de altos funcionarios de la ONU con motivo de las elecciones parlamentarias convocadas para el 02MAR20. El gobierno de David Granger sufrió un impeachment el 21DIC18 y debieron ser realizadas elecciones parlamentarias en un plazo de 90 días, lo cual no ocurrió. Granger, del partido APNU, presentó su nombre frente a Irfaan Alí, del Partido Progresista del Pueblo. Tras más de dos días de las votaciones, los resultados electorales no habían sido publicados llamando la atención que las nueve regiones alejadas de la capital habían reportado el 04MAR20 sus resultados faltando los cómputos de la región 04 Demerara-Mahaica, que incluye a la capital Georgetown y que es la que aporta mayor número de asientos a la Asamblea Nacional. La noche del 06MAR20 las autoridades electorales (GECOM) divulgaron los resultados de la región 04 asignándole el 63 % de los votos a la coalición que respalda a Granger, con lo cual el actual mandatario lograría continuar en el cargo que ejerce desde 2015.

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Los resultados de las elecciones comenzaron a ser impugnados ante evidencias de conductas poco transparentes por parte de los agentes electorales de la región 04. La noche del 05MAR20 la embajadora de EE. UU., Sarah-Ann Lynch, los altos comisionados británico y de Canadá Greg Quinn y Lilian Chatterjee, y el jefe de la delegación de la Unión Europea, Fernando Ponz-Canto, difundieron un comunicado en el cual “cuestionaron” los resultados de la región 04 con base en sus observaciones y pedían completar el escrutinio. En la mañana del 06MAR20, con los ánimos caldeados en las calles de Georgetown, las misiones internacionales de observación de la OEA, Commonwealth, Unión Europea y el Centro Carter emitieron una declaración, denunciando que la “tabulación de los resultados para las elecciones en la Región 4 se interrumpió y sigue siendo incompleta”. Poco después, EE. UU., el Reino Unido, Canadá y la Unión Europea expresaron “su profunda preocupación por las acusaciones creíbles de fraude electoral que pueden influir en los resultados de esta elección” y pidieron a Granger “evitar una transición de gobierno que creemos que sería inconstitucional, ya que se basaría en un proceso de tabulación de votos que carecía de credibilidad y transparencia”. Granger está proclamando su victoria mientras la oposición denuncia fraude.

Los señalamientos de fraude electoral pueden convertirse en detonante para una grave crisis política en una de las economías más pobres del continente pero que está adquiriendo la condición de poderoso exportador de petróleo. El próximo gobierno guyanés sería el primero en disfrutar de una holgura presupuestaria basada en la producción petrolera que empresas de EE. UU. y China realizan en aguas reclamadas por Venezuela. Granger, quien ha actuado como aliado de las petroleras estadounidenses permitiéndoles avanzar sobre territorio en disputa con Venezuela, está siendo ahora objetado por el Departamento de Estado de EE. UU. El candidato opositor es visto con simpatías por la izquierda continental en razón de las relaciones que su partido ha mantenido con el régimen cubano.

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Cuba, Venezuela y el rechazo al comunismo serían temas que Donald Trump estará remarcando en sus intervenciones de la campaña electoral presidencial de EE. UU. para confrontar la candidatura demócrata.

El 06MAR20, en una rueda de prensa colectiva en la Casa Blanca, Trump fue interrogado por el corresponsal del diario británico The Guardian acerca de los resultados en las elecciones primarias del Partido Demócrata que reflejaban el ascenso del ex vicepresidente Joe Biden. Trump respondió “¿Joe Biden? Él es de izquierda. En muchos sentidos, es peor que Bernie”. Tras el “supermartes” del 03MAR20, cuando catorce estados realizaron sus votaciones primarias, las opciones reales para escoger al rival de Trump en las elecciones del 3NOV20 quedaron reducidas dentro del Partido Demócrata a dos: el abiertamente izquierdista Bernie Sanders y Biden, quien asume el rol del demócrata moderado que puede enfrentar a Trump y neutralizar al ala radical de su partido. Sea cual sea el candidato demócrata, Trump se propone señalarlo de izquierdista radical y utilizar la crisis venezolana como ejemplo de lo que podría ocurrir en EE. UU.

El comentario de Trump se produjo a su salida para tomar vuelo hacia Florida, con escalas en Tennessee donde se reunirá el 07MAR20 con el presidente brasileño Jair Bolsonaro.

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El restablecimiento de la democracia en Venezuela aparece como uno de los temas acordados entre los dos gobiernos para la reunión y cena que ofrece Donald Trump a Jair Bolsonaro, planificada para la noche del 07MAR20 en la residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida. El esquema acordado para el encuentro y el sitio donde tendrá lugar son señales de la proximidad con que la actual Casa Blanca está relacionándose con el gobierno brasileño. La sesión con Bolsonaro se produce pocos días después de la cita de Trump con el colombiano Iván Duque en Washington con quien, aparte del tema de la erradicación de narcocultivos en Colombia, fue abordado igualmente el “tema Venezuela”.

La inusual visita de cuatro días de un mandatario brasileño al estado de Florida, tendrá en el tema de las relaciones militares EE. UU.-Brasil uno de los platos fuertes. El domingo 08MAR20 Bolsonaro visitará la sede del Comando Sur, donde será atendido por el almirante Craig Faller y representantes del Departamento de Defensa. En ese contexto será suscrito el acuerdo bilateral RDT&E  investigación, desarrollo, tests y evaluación) con el cual la industria bélica brasileña aspira a ampliar su presencia en EE. UU. y a nivel global. El entroncamiento de la política exterior brasileña con Washington igualmente hará que la situación en el Medio Oriente y la seguridad regional americana sea objeto de las conversaciones entre Trump y Bolsonaro.

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Una operación de propaganda fue desatada por el eje castrochavista con el triple objetivo de golpear al gobierno de transición en Bolivia, mejorar la imagen internacional de Evo Morales y afectar la candidatura de Luis Almagro a un nuevo período en la Secretaria General de la OEA.

El 26FEB20 aparece publicado en el portal “Monkey Cage” del diario The Washington Post un trabajo suscrito por John Curiel y Jack R. Williams sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia del 20OCT19. Curiel y Williams se presentaron como investigadores del “Election Data and Science Lab” del Instituto Tecnológico de Massachusetts MIT. Los autores quienes comienzan su texto afirmando que en Bolivia se produjo un “golpe de Estado” contra Evo Morales obviaron que su artículo había sido elaborado por contrato con el Centro de Investigación Económica y Política (CEPR), uno de las decenas de centros de estudios que pululan en Washington en procura de financiamiento. El 27FEB20 el Informe Otálvora solicitó vía email a John Curiel información sobre el financiamiento de su estudio sin recibir su respuesta.

El CEPR se especializa en dar apariencia académica a acciones políticas de izquierda. Pese a actuar en abierta coordinación como gobiernos extranjeros como el de Venezuela o México, el CEPR nunca se ha registrado ante el Departamento de Justicia en calidad de agente de gobierno extranjero.

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El texto publicado por Curiel y Williams en el portal de The Washington Post es un resumen de un informe de los mismos autores, presentados como expertos estadísticos en temas electorales, que fue publicado el 27FEB20 en el portal del CEPR. La operación propagandística había cumplido su primera meta: publicar un texto supuestamente amparado por el prestigio de The Washington Post y del MIT. El informe de Curiel y Williams se limita a una serie de simulaciones estadísticas contrastando los resultados del recuento preliminar de las votaciones (suspendido antes de finalizar) contra los resultados finales que daban una ventaja de más de 10 % que le permitían a Morales proclamarse reelecto en primera vuelta. Esos resultados fueron calificados como sospechosos por técnicos de la OEA presentes en Bolivia lo que se sumó a protestas populares para dar pie a la crisis política en la cual Evo Morales aceptó la celebración de una segunda vuelta electoral y posteriormente renunciara al cargo y abandonara el país. El informe de Curiel y William no se basó en información de campo (irregularidades informáticas, en actas y escrutinios, etc.) que considerara los hechos ocurridos en Bolivia, sino en juegos de simulación estadística de laboratorio.

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Mark Weisbrot, fundador, imagen pública y jefe del CEPR, ha mantenido relaciones directas con los gobiernos castrochavistas por más de una década. El 05MAR11 fue recibido en el Palacio de Miraflores cuando viajó a Caracas escoltando al actor Sean Penn, quien era habitual huésped de Hugo Chávez. El 24AGO12 fue huésped de Rafael Correa en Quito, donde ofreció una “charla magistral” en defensa de Julian Assange quien permanecía protegido por el gobierno ecuatoriano en su embajada en Londres. El 06MAR14 Weisbrot visitó nuevamente Miraflores en compañía del actor Danny Glover, quien figura como miembro del directorio del CEPR. Ambos acompañaron a Nicolás Maduro en un acto proselitista en el centro de Caracas que fue transmitido por la televisión oficial. Los organizadores del evento colocaron a Weisbrot a un lado de otro operador internacional del chavismo, el español Ignacio Ramonet, justo detrás de Maduro.

En 2019, Weisbrot publicó junto con el economista Jeffrey Sachs un trabajo con apariencia científica, en la cual decía demostrar que las sanciones impuestas por EE. UU. al régimen chavista eran las responsables de la caída de la producción petrolera venezolana “y causaron daños muy graves a la vida humana y a la salud, incluyendo un estimado de más de 40 000 muertes entre 2017-2018”. El informe Sachs-Weisbrot, ampliamente utilizado por el gobierno de Nicolás Maduro, se basaba en una engañosa comparación entre la industria petrolera de Venezuela y Colombia, sin tomar en cuenta el proceso de deterioro de la petrolera estatal venezolana Pdvsa durante el régimen chavista. Al igual que en el caso de las elecciones bolivianas, el estudio de Weisbrot sobre las sanciones a Pdvsa se limitaba a un dudoso y unicausal ejercicio estadístico.

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Personal del CEPR ha estado trabajando para el régimen chavista por casi dos décadas. Por lo menos tres miembros del equipo de “investigadores” del CEPR formaron parte de la oficina de propaganda creada en Washington por el gobierno de Hugo Chávez en 2003, denominada “Venezuela Information Office” VIO. Esa oficina era dirigida por Olivia Goumbri y coordinada por Deborah James, quien actualmente forma parte del equipo de CEPR. Goumbri ha actuado por más de una década como agente al servicio del gobierno chavista y, dada su condición de estadounidense, regularmente se ha registrado ante el Departamento de Justicia de EE. UU. por prestar servicios políticos a la Embajada de Venezuela en Washington. En los reportes de actividades que Goumbri ha presentado al Departamento de Justicia suele aparecer Mark Weisbrot como usual participante en actividades propagandísticas del régimen chavista en la capital de EE. UU.

En el listado de miembros del CEPR también figura el ecuatoriano Guillaume Long, quien ocupara una larga lista de cargos durante los gobiernos de Rafael Correa, incluyendo el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Long actúa como el puente entre el CEPR y el entramado castrochavista en el continente.

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Pocas horas después de que fueran publicadas las dos versiones del trabajo de John Curiel y Jack R. Williams, el gobierno de Andrés López Obrador dio el segundo paso de la operación contra Luis Almagro y a favor de Evo Morales. El 28FEB20, la representante permanente de México en la OEA, Luz Baños Rivas, entregó a la Secretaría General del organismo una comunicación exigiendo que Almagro explicara “por escrito” las diferencias entre el informe de los observadores de la OEA y la “nota del Washington Post” y que “investigadores especializados independientes” realizaran un “análisis comparativo” entre “la investigación del MIT” y el de la misión de la OEA. De esta manera el gobierno de México falsamente le asignaba el informe al MIT y al The Washington Post y careaba a Almagro.

El 29FEB20, el presidente argentino Alberto Fernandez, mediante un tuit, se sumó públicamente a la operación: “Según un informe publicado por el @washingtonpost y realizado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) Evo Morales ganó los comicios electorales del año pasado por más de 10 puntos de diferencia, sin que mediara fraude alguno”. La alianza de López Obrador y Alberto Fernández contra Almagro estaba en pleno apogeo. Los gobiernos de México y Argentina, ambos protectores de Evo Morales, estaban actuando en obvia combinación señalando a Almagro de ser responsable de un golpe de Estado en Bolivia.

El 29FEB20 el “Grupo de Puebla”, la neoorganización castrochavista, emitió un comunicado apoyando “la solicitud de la Misión Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), en relación a solicitar antecedentes para contrastar su informe técnico con el “Análisis sobre la elección de Bolivia en 2019” de los “investigadores” Williams y Curiel. Entre los firmantes del comunicado del Grupo de Puebla se encuentran el excanciller Celso Amorín, el excanciller de Evo Morales David Choquehuanca, el chileno Marco Enriquez-Ominami, el español José Luis Rodríguez Zapatero, el colombiano Ernesto Samper, el paraguayo Fernando Lugo y el presidente argentino en ejercicio Alberto Fernández. El 02MA20, Ernesto Samper tuiteó “La disputa entre la OEA y el MIT sobre el fraude electoral en Bolivia se resuelve fácilmente: mientras que Almagro busca su reelección, los técnicos del MIT buscan la verdad y esa verdad está clara como el agua: No hubo fraude. Evo sigue siendo el Presidente legítimo”. Los apoyos inmediatos desde el gobierno de Maduro y por parte del partido Podemos de España dejaban en evidencia la calidad de campaña propagandística. El aparato propagandístico de la izquierda latinoamericana y española encendió todos sus usuales multiplicadores de contenidos. La operación ganaba espacios repitiendo la falsedad de que el MIT había determinado que en Bolivia no hubo fraude. El abierto enfrentamiento contra Almagro confirmaba los objetivos de la conspiración instrumentalizada desde Washington.

El 04MAR20, el MIT por intermedio del provost Richard Lester informó al gobierno de Bolivia que el trabajo de Williams y Curiel es “un estudio externo” realizado por los autores en calidad de “consultores independientes” del CEPR y no del MIT.