Edgar C. Otálvora, autor en Runrun

Edgar C. Otálvora

Informe Otálvora | Biden mantendría sanciones a régimen chavista, por Edgar C. Otálvora

La nueva nave de Guarda Costas de EE. UU. USCGC Stone realizando ejercicios con fuerzas militares de Guyana el 09ENE21. Foto @USCGLANTAREA

@ecotalvora

La política de EE. UU. hacia Venezuela no cambiaría drásticamente al iniciarse el gobierno presidido por Joe Biden. El esquema de sanciones contra el régimen chavista se mantendrá, así como el desconocimiento a la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro y de su “Asamblea Nacional” instalada el 05ENE21.

Si bien el equipo de política exterior y de seguridad nacional del nuevo gobierno ya ha sido nominado, la definición y puesta en operación de iniciativas propias hacia Venezuela deberán esperar, en tanto no parecieran ser una prioridad.

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Las designaciones anunciadas, incluyendo la de Antony Blinken como Secretario de Estado, del diplomático William J. Burns como Director de la CIA, de Jake Sullivan como Asesor de Seguridad Nacional y del colombo-estadounidense Juan S. González como director para el Hemisferio Occidental del Consejo d Seguridad Nacional, dejan ver que en los primeros escalones del gobierno Biden estarán funcionarios con conocimiento de política latinoamericana, con trabajo previo y opinión formada sobre los temas regionales incluyendo la crisis venezolana.

Por cierto, ninguno de ellos es un radical de izquierda y algunos se han mostrado favorables a la línea de presión mediante sanciones aplicada por el gobierno Trump al régimen chavista.

De hecho, William Burns en una entrevista con Moisés Naim aseguró que la estrategia del gobierno Trump hacia Venezuela “va en la dirección correcta”, refiriéndose a la presión política y económica y al trabajo con otros países del continente y de Europa. “Mientras no caiga en la tentación de intervenir por la vía militar la diplomacia hacia Venezuela Trump va por buen camino”, decía Burns en mayo de 2019.

Video “La estrategia de Trump con Venezuela es correcta”: William Burns conversa con Moisés Naím. En EfectoNaim

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El principal enviado diplomático de Juan Guaidó en EE. UU., Carlos Vecchio, fue incluido en el listado de representantes extranjeros que asistirán a la ceremonia de juramentación de Biden el 20ENE21. La administración saliente y el equipo de transición coincidieron en esa decisión. La invitación a Vecchio fue confirmada al Informe Otálvora por operadores de Guaidó localizados en EE. UU., quienes la evalúan como un primer espaldarazo. Las nominaciones de Antony Blinken y Juan S. González así como la de Samantha Power al frente del organismo para ayuda internacional USAID, son evaluadas positivamente por el entorno de Guaidó, quienes lo evalúan como potenciales interlocutores.

El 29DIC20, el representante de Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, confió a este Informe que a esa fecha no se había producido un contacto directo y oficial con el equipo de transición de Biden, aunque mencionó contactos informales e indirectos. Oficialmente, el equipo de Biden para la transición no realiza reuniones con “gobiernos extranjeros” para el concepto de “un solo gobierno”, aunque son múltiples las vías para acceder a los oídos del nuevo gobierno. En mentideros latinoamericanos de Washington se comenta sobre las aproximaciones que han intentado diversas facciones de la oposición venezolana procurando exponer sus opuestas posiciones.

Pese a las tensiones entre el gobierno saliente y el equipo de transición, los temas de política exterior habrían sido tratados en diversas reuniones a nivel del Departamento de Estado. El 08ENE21 se produjo una primera reunión entre el saliente Mike Pompeo y el entrante Antony Blinken. El representante especial para Venezuela e Irán, Elliott Abrams, ha dejado saber sobre sus encuentros con representantes de Biden encabezados por la encargada del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado en tiempos de Barack Obama, Roberta Jacobson.

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EE. UU. intenta crear una alianza militar en Suramérica, que incluiría al gobierno izquierdista de Argentina, para limitar la presencia de China en aguas del Atlántico y el Pacífico en faenas de pesca industrial.

La nueva embarcación del Servicio de Guarda Costas de EE. UU., la “cortadora” USCGC Stone, inició su primera misión el 22DIC20 dirigiendo popa hacia el Atlántico Sur “para combatir la pesca ilegal, no reglamentada y no declarada al tiempo que fortalece las relaciones por la soberanía y seguridad marítimas en toda la región”. Aparte de cumplir tareas antinarcóticos como parte de las operaciones del Comando Sur, la nave fue encomendada para realizar maniobras con las Fuerzas de Defensa de Guyana y con la armada de Brasil con paradas en los puertos de Río de Janeiro y Salvador. El plan incluye visitas a Montevideo en Uruguay y Mar de la Plata en Argentina.

El USCGC Stone tiene 120 tripulantes y puede permanecer en el mar 60 días sin soporte. Su primera misión en el Atlántico Sur está directamente relacionada con la presencia de flotas chinas en prolongadas faenas frente a las costas de Suramérica realizando pesca INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada).

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El 09ENE21 navegaba en aguas de Guyana la nave USCGC Stone de los Guarda Costas de EE. UU. para realizar maniobras con pequeñas embarcaciones de las Fuerzas de Defensa de Guyana. El régimen chavista, por medio de la vicepresidenta Delsy Rodríguez y del ministro de Defensa Vladimir Padrino, calificó el 11ENE21 como “ejercicios militares” el despliegue de la nave estadounidense, lo cual sería una “provocación y amenaza”.

El régimen chavista, que durante dos décadas desacreditó los reclamos territoriales venezolanos sobre el territorio Esequibo, ahora intenta levantar banderas nacionalistas alrededor del tema.

“Estamos en presencia de una acción agónica de las últimas horas del gobierno de Donald Trump” dijo Rodríguez, pero en realidad la actividad de la USCGC Stone no es una acción circunstancial del gobierno saliente sino parte del plan de expansión de las fuerzas militares de EE. UU. en el Hemisferio Occidental en respuesta al reto de Rusia y China.

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El 11ENE21 arribó a Georgetown el almirante Craig Faller, quien iniciaba una corta gira en Guyana y Suriname, dos países que se han convertido en recientes aliados de EE. UU. En su primera noche en Georgetown, el comandante del Comando Sur de EE. UU. compartió manteles con el nuevo presidente guyanés, Irfaan Ali, en una cena ofrecida por la embajadora estadounidense Sarah-Ann Lynch. Al día siguiente, Faller sostuvo una reunión con Ali y el alto gobierno guyanés, a la vez que suscribió un acuerdo de cooperación logística con el jefe del estado mayor de Guyana, brigadier Godfrey Bess. El 13ENE21, Craig llegó a Surinam donde fue recibido por el presidente Chan Santokhi, con quien discutió planes de cooperación militar.

La presencia de Faller en Guyana coincidió con el apoyo brindado por el Departamento de Estado de EE. UU. (además de Canadá y los miembros de Caricom) al gobierno de Guyana en relación al proceso judicial entablado contra Venezuela en la Corte Internacional de Justicia sobre el diferendo territorial. Por cierto, el 15ENE21, el ministro de exteriores de Guyana, Hugh Todd, sostuvo una teleconferencia con su homólogo brasileño Ernesto Araújo quien aseguró que Brasil no reconoce cualquier medida que el gobierno ilegitimo de Maduro tome en relación a Guyana.

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En Ecuador se realizarán elecciones presidenciales y legislativas el 07FEB21 en lo que constituye una batalla entre el castrochavismo continental y los sectores democráticos ecuatorianos. El proyecto de retoma del poder por parte de la izquierda castrochavista, anunciado ampliamente por el Grupo de Puebla, tiene su próxima cita en Ecuador intentando llevar a la Presidencia a un pupilo de Rafael Correa de nombre Andrés Arauz.

El aparato político, financiero y propagandístico movido por el castrochavismo a nivel internacional, incluyendo una encuestadora propia, está volcado para fortalecer a Arauz como ya ocurrió en Bolivia para las elecciones del 18OCT20, cuando un candidato de Evo Morales recuperó el poder. Arauz, un economista de 35 años de edad, es un total desconocido para parte importante de la población y está recurriendo a spots publicitarios en los cuales la voz cantante la lleva Correa. El expresidente permanece prófugo en el extranjero tras haber sido condenado por corrupción en una sentencia a ocho años de cárcel ya confirmada por la Corte Nacional.

En la primera vuelta participarán dieciséis candidatos incluyendo al expresidente Lucio Gutiérrez. Entre ellos solo tres figuran con posibilidades de éxito: el candidato del correísmo Andrés Arauz, el empresario Guillermo Lasso del movimiento CREO quien busca la Presidencia por tercera vez y, el dirigente indígena Yaku Sacha Pérez postulado por el movimiento Pachakutik.

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Un ausente en la lista de candidatos ecuatorianos es el empresario Álvaro Noboa, cuya postulación fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral el 31OCT19. Desde entonces Noboa, quizás el hombre más rico del país, ha recurrido a distintas instancias legales, nacionales e internacionales, para exigir la aceptación de su candidatura. Incluso, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, en una inusual medida, se pronunció el 06ENE21 solicitando al estado ecuatoriano permitir que Noboa “sea inscrito” como candidato en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral de Ecuador, que ha sido obviada por el CNE. La opción de Noboa no aparece en las encuestas electorales públicas. Una encuesta privada realizada 26-27DIC20, a la cual tuvo acceso el Informe Otálvora, otorga a Noboa un 14 % de la intención de voto, colocándolo de tercero en la disputa apenas debajo de Lasso quien en esa medición aparece en segundo lugar.

Las proyecciones de las principales encuestas colocan a Arauz en primer lugar pero los datos hacen suponer que ningún candidato reunirá el 50 %. Algunas mediciones indican que hasta el 40 % de los electores aún no decide su voto lo que podría generar una sorpresa en día de las elecciones. En caso de mantenerse el cuadro mostrado por las encuestas, habrá una segunda vuelta pautada para el 11ABR21, en la cual competiría el candidato castrochavista contra Guillermo Lasso.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | Tema Venezuela en espera de señales de Biden, por Edgar C. Otálvora

Joe Biden reunido el 12FEB15 con opositores venezolanos encabezados por Lilian Tintori. Foto Twitter Juan S. Gonzalez @Cartajuanero

 

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La crisis venezolana no es un tema prioritario en la agenda de arranque del gobierno de Joe Biden, como tampoco lo fue para los anteriores mandatarios de EE. UU.

Los primeros movimientos de Biden hacia Latinoamérica, incluyendo una conversación con el mandatario mexicano del 19DIC20, adelantan el interés de Biden en atender el tema migratorio. Por cierto, el comunicado del equipo de Biden sobre su conversación con López Obrador deja ver que la nueva administración estadounidense seguirá intentando frenar la llegada de migrantes latinoamericanos.

Según el comunicado, Biden y AMLO hablaron de “lidiar con las causas fundamentales de la migración en El Salvador, Guatemala, Honduras y el sur de México”. Y “discutieron la colaboración en un nuevo enfoque de la migración regional que ofrece alternativas a emprender el peligroso viaje a los EE. UU”.

Biden ofreció “un nuevo enfoque ordenado y humano de la migración que respete las normas internacionales sobre el trato de las solicitudes de asilo”. Hasta la fecha solo AMLO ha recibido una llamada telefónica desde la oficina del presidente electo.

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Diversas fuentes aseguran que no existe una posición definitiva sobre el enfoque que el gobierno Biden asumirá ante la crisis venezolana, tema concatenado con las líneas de acción hacia Rusia, Irán, China y Cuba.

El venezolano Pedro Mario Burelli Briceño, quien reside en Washington y sigue con minuciosidad la política de EE. UU. hacia Venezuela, en un artículo del 19DIC20 solicitado por la revista bogotana Semana, expuso sus predicciones sobre las medidas de Biden hacia Venezuela: “se mantendrán las sanciones individuales, las sectoriales serán revisadas”; “no se detendrá la actuación de un poder judicial semiautónomo”; “continuará la presión de decenas de aliados democráticos”; se implementarán “sanciones inteligentes”; habrá “más acción multilateral” con “mejor engranaje con Europa”; “la reactivación del Grupo de Lima” y “negociaciones para lograr la entrada masiva de ayuda humanitaria”.

Pero el tema epicentral del modelo que la nueva Casa Blanca implemente hacia Venezuela pasa por la posición que adopte ante el statu quo creado con la existencia de un gobierno provisional encabezado por Juan Guaidó que se sustenta en el desconocimiento de los resultados de las votaciones parlamentarias efectuadas por el régimen el 06DIC20.

El gobierno Trump ha dejado saber que mantiene su reconocimiento a la Asamblea Nacional electa el 06DIC15 y a Guaidó como el presidente de esa Asamblea y en consecuencia como presidente encargado de Venezuela. A ese statu quo se le denomina en Venezuela como “continuidad constitucional”. En esa posición coinciden Colombia, Canadá, Reino Unido, Brasil y el departamento de Estado de Trump, pero en la Unión Europea y dentro de la propia alianza opositora venezolana ese esquema está siendo puesto en duda.

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La Unión Europea no reconoce a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela debido a que por lo menos cuatro gobiernos del total de veintisiete miembros no lo aceptan. Pero hasta ahora la UE reconoce a Guaidó como el presidente legítimo de la Asamblea Nacional. La UE no reconoció el proceso de votaciones del 06DIC20 y por lo tanto no reconocerá la legitimidad de los diputados que el 05ENE21 comenzarán funciones legislativas bajo el amparo del gobierno Maduro.

Se espera que a más tardar el 06ENE21 el Alto Representante Josep Borrell emita un comunicado dejando constancia del desconocimiento a la legislatura que instalará el chavismo. Pero como manifestara Borrell en rueda de prensa del 07DIC20, los cancilleres de la UE no han llegado a una conclusión sobre la posición que asumirán ante lo que parece un vacío legal de poder por cuanto la Unión Europea no reconoce al gobierno de Nicolás Maduro y tampoco dará valor a su poder legislativo.

De hecho, en la reunión de ministro de Exteriores de la UE y Latinoamérica convocada por Alemania y celebrada el 14-15DIC20 no fue invitado ninguno de los dos gobiernos de Venezuela.

Aparte de las consideraciones de política exterior, la falta de una decisión sobre Venezuela por parte de la UE refleja el compás de espera abierto en múltiples temas internacionales, en espera de los cambios de señas que podrían comenzar a llegar desde Washington a partir del 20ENE21.

La próxima reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE está convocada para el 25ENE21, la agenda aún no ha sido confeccionada pero en esa ocasión podría concretarse la posición europea ante la nueva situación en Venezuela. Mantener el reconocimiento a Guaidó como cabeza de la Asamblea Nacional, el reconocimiento a regañadientes del gobierno Maduro, mantener un estado de indefinición que permita la permanencia en Caracas de las embajadas europeas y de la oficina de la UE.

Las opciones siguen barajándose entre los ministerios de Exteriores europeos mientras desde Caracas las distintas facciones en que se ha dividido la oposición, así como aliados y operadores internacionales del chavismo, intentan influir en la postura europea.

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Según un operador de Juan Guaidó localizado en EE. UU. quien no forma parte de su cuerpo “diplomático”, consultado para este Informe, aseguró que ya habrían sostenido contactos con miembros del equipo de transición de Biden, aunque no precisó el nivel de esos contactos y las conclusiones del mismo. El embajador de Guaidó ante la OEA, Gustavo Tarre Briceño, no atendió las consultas para este Informe sobre el mismo tema.

Fuentes venezolanas situadas en Washington vinculadas con Henrique Capriles Radonski aseguran que el excandidato presidencial, quien ahora reta el liderazgo de Guaidó, mantuvo contactos directos con el equipo de Biden antes de las elecciones del 03NOV20. En esos contactos Capriles habría expuesto su tesis sobre la finalización del mandato de la Asamblea Nacional electa en diciembre del 2015 y la necesidad de que EE. UU. cese en su apoyo a Guaidó y respalde un nuevo esquema.

En general, todo indica que se ha estado generando un flujo de mensajes desde los varios grupos opositores y desde el gobierno Maduro hacia posibles interlocutores en el entorno de Biden. Un consultor político venezolano que asesora campañas en diversos países de la región y que opera desde Washington, aseguró a este Informe que son más los mensajes que salen desde Caracas que las respuestas que llegan desde el equipo Biden.

Además pareciera que el equipo más cercano a Biden está actuando con particular discreción evitando o limitando contactos directos con voceros extranjeros, tratando de evitar una situación equiparable a la sostenida por el equipo de Donald Trump con respecto a Rusia en las elecciones y la transición del año 2016.

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El frente opositor que dio piso al gobierno provisional de Juan Guaidó se encuentra en trámites de disolución o, en todo caso, en procura de un difícil modus vivendi entre liderazgos que no se muestran dispuestos a congeniar una táctica compartida y mucho menos una estrategia común. No es un secreto que Henrique Capriles Radonski y Julio Borges (este último aún funge desde el exilio como canciller de Guaidó) están abiertamente enfrentados a Leopoldo López y a Guaidó.

Capriles Radonski y Borges preparan su aparato partidista para participar en elecciones regionales que convocará el régimen.

López y Guaidó se mueven dentro de un esquema promovido también por el Departamento de Estado de Trump que busca un gobierno de transición con participación del chavismo sin Maduro. No existe un plan opositor común que pueda ser presentado al nuevo gobierno de EE. UU. y, por el contrario, cada grupo está procurando ganar la voluntad de los asesores de Biden.

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Los aliados internacionales del régimen chavista y sectores empresariales domésticos, propugnan una fórmula que ha sido expuesta por el expresidente español José Luís Rodríguez Zapatero, el expresidente colombiano Ernesto Samper Pizano y por el empresario venezolano Alberto Vollmer de Marcellus.

Samper resumió en un tuit del 23DIC20 la versión que maneja la izquierda global para “encontrar una salida pacífica a la crisis de Venezuela”, la cual supone que la Unión Europea “se baja de la entelequia de Guaidó” y “Biden flexibiliza el bloqueo económico”, mientras tocaría a Maduro aceptar “una refrendación democrática de un acuerdo” y la oposición deberá “coincidir en algo”. No queda muy claro a que se refiere Samper con el término de una “refrendación democrática”.

Zapatero, en entrevista con el canal Antena 3 reiteró lo que había afirmado el 06DIC20 desde Caracas. Rodríguez Zapatero califica como “un experimento” el apoyo de la Unión Europea a Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional venezolana. Y propone que la UE cambie de posición, desconozca a la Asamblea Nacional, retire el reconocimiento a Guaidó y ponga final a las sanciones al régimen chavista.

Supone Zapatero que el gobierno de Biden debe reconsiderar la política de EE. UU. hacia Venezuela e incluso hizo una afirmación sin mucho fundamento, exigiendo que EE. UU. “devuelva” a Venezuela fondos por “30.000 millones de euros”. “El diálogo es el único camino” en Venezuela insiste Zapatero, quien opera internacionalmente como un asociado del gobierno Maduro.

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Alberto Vollmer de Marcellus, heredero de un largo encadenamiento de apellidos de las familias ricas venezolanas de varios siglos, se ha mantenido por dos décadas como un cooperador del régimen chavista. Preside una empresa productora de licores en cuyo directorio figuran empresarios de vieja estirpe. Sus empresas han crecido durante la dictadura y se califica como un “optimista”.

En una entrevista con BBC difundida el 22DIC20, en la cual se muestra como vocero de sectores empresariales, se desmarca del tema político: “con respecto a lo político, es un tema de los políticos”, dijo. “El conflicto político en el que se encuentra el país va a requerir llegar a un acuerdo para tener una solución viable (…) “y ese acuerdo  debe ser impulsar la economía y lograr que Venezuela se reinserte en la comunidad internacional”.

Vollmer critica a la oposición venezolana que ha rodeado a Guaidó, afirmando que “había una tesis: una parte del país decía que para que hubiera cambio económico debía haber un cambio de los actores. Llevamos dos años y medio bajo el manto de esa estrategia y no ha funcionado”.

Igualmente Vollmer pone en duda la efectividad de las sanciones internacionales contra el régimen: “ha habido una política de presión internacional a través de sanciones que ha limitado ingresos a Venezuela y esa reducción bárbara de ingresos, tanto por los errores del gobierno venezolano, por supuesto, pero además complementados por las sanciones. Y eso no obligó a un cambio político. Parece mentira pero ha obligado a un cambio económico obligado”.

La evaluación y propuesta de Vollmer es que “grupos de ambos lados pensaron que podían lograr su objetivo sin sentarse a negociar y yo creo que poco a poco se ha ido dando cuenta de que la única forma de tener un futuro sostenible en el tiempo es a través de un acuerdo”.

El editor venezolano Rafael Poleo, cronista y actor del proceso político venezolano de los últimos sesenta años, al referirse a la posición Vollmer recordó los nexos de varias generaciones de esa familia caraqueña con el Vaticano.

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Artículo publicado inicialmente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | Confirmado desconocimiento internacional a votaciones de Maduro, por Edgar C. Otálvora

Evo Morales, (izq) Andrónico Rodríguez (cen) y Piedad Córdoba (der) actuando como acompañantes de las votaciones del 06DIC20. Foto: CNE

 

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Ecuador va a elecciones el 07FEB21 y el castrochavismo está jugando fuerte para fortalecer al candidato de Rafael Correa. El 05DIC20 cuando casi todos miraban hacia los eventos en Caracas, en Buenos Aires se producía encuentros del candidato ecuatoriano Andrés Araúz con el alto gobierno argentino incluyendo reuniones con Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Fernández autorizó a Araúz para utilizar en su campaña electoral la oferta de vacunación masiva contra la covid-19 con vacunas que serían enviadas a Ecuador por el gobierno argentino splo en caso de triunfar el candidato de Correa.

Fernández, Araúz y Correa forman parte del llamado Grupo de Puebla, la estructura que coordina acciones regionales en función de la recuperación del poder para la alianza castrochavista. El regreso del partido de Evo Morales al poder en Bolivia, un eventual triunfo de Araúz en Ecuador, sumado a la apuesta castrochavista en las elecciones peruanas del 11ABR21 hacen que los altos jerarcas chavistas estén previendo un supuesto “cambio en la correlación de fuerzas” en Suramérica con impacto en todo el continente. Forzar la renuncia de Luis Almagro de su cargo en la OEA y reactivar Unasur son parte de los pasos que el castrochavismo intenta seguir.

Por cierto, el destino de los archivos de Unasur se ha convertido en un misterio del cual las cancillerías suramericanas prefieren guardar silencio. El edificio que sirvió de sede de Unasur, situado en las afueras de Quito, fue reclamado por el gobierno de Ecuador en 2019. La administración del organismo permaneció en manos de funcionarios controlados por el exsecretario Ernesto Samper hasta el cierre del edificio. Según algunas fuentes, los archivos del organismo habrían sido llevados a un tercer país, probablemente Argentina, aunque ningún gobierno de la región confirma o niega esta versión.

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La propaganda del régimen chavista suele oscilar entre la victimización y la jactancia.

Pese a que la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, dijo en clave jactanciosa el 26NOV20 que no les “importaba el reconocimiento internacional”, el 06DIC20 congregaron en Caracas a decenas de activistas extranjeros de izquierda. El desconocimiento internacional al proceso de votaciones legislativas intentaban compensarlo con la presencia de aliados políticos que se convirtieran en “testigos” de las votaciones convocadas por el régimen para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional.

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A Caracas llegaron desde luminarias de la izquierda iberoamericana hasta oscuros militares de partidos aliados como el PT de Brasil, el Frente Farabundo Martí de El Salvador, el Partido Revolucionario Democrático de Panamá, el Partido Comunista de Suráfrica, el grupo proiraní estadounidense Codepink o el Izquierda Unida de España. En la lista de los VIP se encontraban el español José Rodríguez Zapatero, quien pronunció una proclama a favor del régimen en la mañana del domingo pidiendo que la Unión Europea reconociera a la “nueva” Asamblea Nacional.

Además estaban Evo Morales escoltado por el presidente del Senado de Bolivia y vicepresidente de las Federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba Andrónico Rodíguez, el paraguayo Fernando Lugo, el ecuatoriano Rafael Correa acompañado de su excanciller Ricardo Patiño, el hondureño Manuel Zelaya, la colombiana Piedad Córdoba. El gobierno ruso envió una numerosa delegación de funcionarios y parlamentarios que desplegó por diversas zonas de la país, encabezada por un “embajador en Misión Especial para asuntos de observación en elecciones de órganos públicos de los países extranjeros” llamado Vladímir Churov.

Turquía, Cuba, China e Irán igualmente enviaron “delegaciones oficiales”. En contraste, ningún organismo internacional envió misiones formales de observación internacional por lo cual el proceso electoral no contó con la participación y supervisión de técnicos independientes especialistas en procesos electorales.

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Dado que la oposición venezolana no participó en el proceso, las votaciones realizadas por el régimen no fueron auditadas. En las pantallas de las máquinas de votación, recién adquiridas y nunca auditadas, entre la oferta electoral aparecían partidos opositores cuyos símbolos y directivas habían sido usurpadas y entregadas a aliados del régimen. Varias de las alianzas electorales que compitieron bajo el ropaje de “oposición” en realidad estaban compuestas por siglas que habiendo sido arrebatadas a los legítimos jefes de los partidos eran ahora controladas por militantes que pactaron con el régimen su participación en las elecciones rechazadas por la oposición.

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Los resultados iniciales fueron emitidos en las primeras horas de la madrugada del 07DIC20 por la directiva del Consejo Nacional Electoral designada por el Tribunal Supremo de Justicia. Con solo un 31 % de participación el frente oficialista se adjudicaba el 69 % de los votos. El restante sería reconocido a la variopinta colección de partidos de la “oposición” tolerada, permitida o incluso creada por el propio régimen.

Incluso, por los menos dos candidatos de la oposición pro oficialista, quienes no resultaron electos, habrían recibido la respectiva designación como diputados mediante manipulaciones de los registros de candidaturas documentadas por periodistas que cubrieron los eventos. Esas maniobras fueron ejecutadas por el CNE controlado por el chavismo en recompensa a sus aliados.

La baja votación no fue motivo de malestar para el oficialismo porque su objetivo con el evento del 06DIC20 se había cumplido: crear la sensación de unas elecciones libres con las cuales otorgaría la condición de diputados a una abierta mayoría chavista que reemplazaría a los diputados de la Asamblea Nacional electa en diciembre de 2015 encabezada por Juan Guaidó.

El gobierno ruso emitió un largo comunicado en la tarde moscovita del 07DIC20 en el cual dejaba claramente expuesto el objetivo de sus socios en Venezuela. El texto firmado por la vocera María Zajárova afirmaba que los “observadores internacionales, incluidos los de la Federación de Rusia, que participaron en el acompañamiento del proceso electoral, elogiaron los esfuerzos de las autoridades venezolanas para organizar la votación de acuerdo con los más altos estándares de transparencia, democracia y seguridad sanitaria y epidemiológica”.

El texto comenzaba con una falsedad en tanto que el rol de “observador” es expresamente rechazado por el propio régimen chavista quien solo acepta la figura de “acompañantes”. Según el gobierno ruso “aquellos que boicotearon las elecciones claramente no están preparados para la competencia abierta a través de la participación en procedimientos democráticos y prefieren luchas de poder inconstitucionales”, reiterando el usual ataque de la señora Zajárova contra la oposición venezolana. Y finalmente la cancillería rusa afirmó que la “Asamblea Nacional renovada se convertirá en una plataforma representativa para un diálogo constructivo de todas las fuerzas políticas”.

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El gobierno de Rusia, convertido en padrino internacional del gobierno Maduro, de esta manera convalidaba el proceso de votaciones del 06DIC20 en Venezuela. En una reunión sostenida el 07FEB20 en Caracas entre Serguéi Lavrov y las caras visibles de la “oposición” oficial, en presencia del canciller del régimen Jorge Arreaza, el ministro ruso se había mostrado satisfecho por los acuerdos alcanzados para participar en unas elecciones bajo el control del chavismo.

El 05DIC20 la delegación rusa sostuvo una nueva reunión con los voceros de la “oposición” oficial que asumió a Rusia como suerte de garante de los resultados electorales. Entre los asistentes a estas reuniones resaltaban el exsocialdemócrata Timoteo Zambrano y el exchavista Henry Falcón quienes lideraban una de las alianzas partidistas que participaron en las votaciones del 06DIC20. Por cierto, Zambrano fue al menos desde principios del año 2016, cuando ejercía como virtual canciller de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática, el principal articulador dentro de la oposición para introducir a Rodríguez Zapatero y a Ernesto Samper Pizano como supuestos intermediarios para un acuerdo político con el chavismo.

Por cierto. En el libro Luis Almagro no pide perdón, de los periodistas Martín Natalevich y Gonzalo Ferreira, publicado el pasado mes de noviembre, se narra un episodio ocurrido en la residencia del venezolano Pedro Burelli en Washington, durante una cena ofrecida a Almagro y al entonces subsecretario de Estado Thomas Shannon el 16SEP16. Shannon, quien ejercía como segundo del Departamento de Estado desde el 12FEB16, operaba un plan hacia Venezuela e intencionalmente se mantenía sin abrir contactos con Almagro quien desde la OEA impulsaba actos de presión contra el régimen chavista. Aquella cena de tres lejos de bajar las tensiones hizo que se incrementaran. La conversación confirmó que el plan de Shannon era justamente respaldar a Zapatero usando a Unasur como excusa o mampara, mientras obviaba las acciones de Almagro y presionaba al Vaticano para que respaldara las gestiones del español en Caracas.

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El anunciado rechazo internacional al proceso electoral del 06DIC20 se confirmó en pocas horas. El gobierno del ecuatoriano Lenín Moreno emitió el 05DIC20 un comunicado en el cual adelantaba que no reconocería los resultados del proceso que “viola la Constitución y está viciado de toda legalidad”. Rápidamente se produjo una secuela de declaraciones oficiales de gobiernos que ratificaban su desconocimiento a los resultados anunciados en Caracas.

La cancillería colombiana mediante un comunicado oficial, el canciller chileno Andrés Allamand  mediante un tuiteo, el canciller brasileño Ernesto Araújo con un hilo de tuiteos, un tuiteo del ministro de asuntos exteriores de Canadá François-Philippe Champagne, un tuiteo de la ministra panameña Erika Mouynes y un comunicado de su despacho, un comunicado de Ministerio de Exteriores de Uruguay y un pronunciamiento del secretario para exteriores del Reino Unido, Dominic Raab. Todos ellos desconocían los resultados del proceso electoral en Venezuela y en el caso del Raab ratificaba sin duda la continuidad del reconocimiento a Guaidó como “Presidente interino constitucional de Venezuela”.

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En la mañana del 07DIC20 se realizaba en Bruselas una reunión ordinaria del Consejo de Asuntos Exteriores. Los ministros escucharon un informe del Alto Representante Josep Borrell sobre el proceso acontecido en Venezuela y sobre sus gestiones previas, intentando provocar una suspensión de las votaciones para abrir un compás de espera y propiciar nuevas negociaciones entre el régimen y la oposición.

Los ministros ratificaron la posición de la Unión Europea en cuanto a que las votaciones no fueron “libres, justas ni democráticas” y encomendaron a Borrell la redacción de un comunicado el cual fue distribuido a las pocas horas.

“Lamentablemente las elecciones (…) se llevaron a cabo sin un acuerdo nacional sobre las condiciones electorales y no cumplieron con los estándares internacionales mínimos para un proceso creíble y para movilizar al pueblo venezolano a participar. Esta falta de respeto al pluralismo político y la descalificación y enjuiciamiento de los líderes de la oposición no permiten que la UE reconozca este proceso electoral como creíble, inclusivo o transparente, y sus resultados como representativos de la voluntad del pueblo venezolano”.

Casi simultáneamente se dio a conocer un comunicado promovido por el Grupo de Lima que incluyó a Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Santa Lucía. El gobierno de Argentina se negó a suscribir el documento. “Reiteramos que los comicios carecen de legalidad y legitimidad porque fueron llevados a cabo sin las mínimas garantías de un proceso democrático, de libertad, seguridad y transparencia, ni de integridad de los votos, ni la participación de todas las fuerzas políticas, ni de observación internacional”.

En otro párrafo el Grupo de Lima ampliado hizo un llamado a los venezolanos “de todas las tendencias ideológicas y afiliaciones partidarias para que pongan los intereses de Venezuela por encima y se comprometan de manera urgente a un proceso de transición, definido e impulsado por los venezolanos, para encontrar una salida pacífica y constitucional que lleve al país a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y creíbles, lo más pronto posible”. El comunicado no hizo expresa referencia a Guaidó, procurando contar con la firma de países caribeños.

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En paralelo, el representante del gobierno de Brasil en la OEA, en nombre propio y de sus colegas de Canadá, Colombia, EE. UU., Guatemala, Perú y Venezuela (el representante del gobierno Guaidó), solicitó la convocatoria a una reunión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo “con la finalidad de considerar la situación política en la República Bolivariana de Venezuela, en el contexto de la realización de las elecciones parlamentarias por parte del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro”.

La reunión celebrada vía web se cumplió el 09DIC20 y en la misma se aprobó una resolución que contó con el voto favorable de 21 de los miembros. México y Bolivia votaron en contra. Seis gobiernos optaron por no asistir a la sesión, incluyendo a Nicaragua y San Vicente y las Granadinas que son aliados de Maduro. Cinco gobiernos se abstuvieron, entre ellos Argentina.

En la resolución, la OEA decidió “rechazar las elecciones fraudulentas celebradas en Venezuela el 6 de diciembre de 2020 y no reconocer sus resultados, por no haber sido libres ni justas de conformidad con las condiciones establecidas en el derecho internacional; por carecer de imparcialidad y transparencia; por no haber contado con la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía; por no haber sido liberados los presos políticos; por la falta de independencia de la autoridad electoral; y por no haber contado con observación electoral internacional independiente y creíble”.

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El Departamento de Estado de EE. UU. emitió en la tarde del 07DIC20 un comunicado sobre el tema venezolano. “El régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela organizó una farsa política que pretendía parecer elecciones legislativas. Afortunadamente, pocos fueron engañados. EE. UU., junto con muchas otras democracias de todo el mundo, condena esta farsa que no cumplió con ningún estándar mínimo de credibilidad”. Y aclara que “EE. UU. seguirá reconociendo al presidente interino Guaidó y a la legítima Asamblea Nacional. La comunidad internacional no puede permitir que Maduro, que está en el poder de manera ilegítima porque robó las elecciones de 2018, se beneficie de robar una segunda elección”.

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El día 07DIC20 arrancó, vía Internet, la consulta que la oposición venezolana se había propuesto en procura de una ratificación del mandato y el liderazgo de Juan Guaidó. EE. UU., Reino Unido, Colombia y Brasil ya han anunciado que mantienen su reconocimiento a Guaidó más allá del 05ENE21 cuando se instalaría la asamblea electa por el chavismo el 06DIC20.

Pero en medios diplomáticos de América y Europa está creciendo un silencioso debate sobre la continuidad de ese reconocimiento. Durante la sesión de la OEA del 09DIC20, la canciller peruana intervino para “precisar que el señalamiento de esta resolución sobre las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2020 y la falta de condiciones para que el proceso electoral contara con toda la participación de los actores políticos y la ciudadanía, no supone el reconocimiento a la continuidad del mandato constitucional del órgano legislativo o de sus integrantes”.

Por su parte, el representante jamaiquino, quien votó favorablemente la resolución, pidió incluir un pie de página en el cual afirma que “Jamaica considera que es necesario que la OEA evalúe cuidadosamente, desde un punto de vista jurídico, lo que ha ocurrido tras las elecciones celebradas el 6 de diciembre de 2020, incluidas las implicaciones jurídicas, en el contexto de la OEA”.

Leopoldo López, jefe político del partido en el cual milita Juan Guaidó, llegó a Bogotá el 09DIC20. Uno de los temas que llevaba en agenda para tratar con Iván Duque fue justamente la necesidad de una acción sobre la “comunidad internacional” para mantener el respaldo a Guaidó como presidente encargado. El asunto aún se debate en muchos palacios de gobierno y cancillerías a ambos lados del Atlántico.

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Artículo publicado inicialmente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | Bolsonaro cobra a Guaidó deuda de Chávez y Maduro, por Edgar C. Otálvora

Jair Bolsonaro y Juan Guaidó el 28FEB19 en Brasilia. Foto: Palacio de Planalto.

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El ministro de economía de Jair Bolsonaro solicitó a Juan Guaidó el pago de la milmillonaria deuda que el régimen chavista mantiene con el gobierno de Brasil.

Según fuentes consultadas en Brasilia y Caracas, a finales del pasado mes de agosto el Ministerio de Economía dirigido por Paulo Guedes hizo llegar al Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño una comunicación dirigida al gobierno de Venezuela. El 03SEP20 la cancillería brasileña Itamaraty envió esa carta, mediante una nota verbal, a la representante diplomática de Guaidó en Brasilia, la embajadora María Teresa Belandria. Itamaraty, de esta manera, ratificaba que a los efectos del gobierno brasileño es Juan Guaidó el jefe del Ejecutivo venezolano y en consecuencia el destinatario de la nota de cobranza emitida por Guedes.

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Desde el año 2018 el gobierno de Nicolás Maduro se mantiene insolvente en el pago de cuotas de la deuda adquirida con el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social BNDES y con bancos privados brasileños. Oficialmente esta deuda corresponde con adelantos realizados para el pago a los proveedores brasileños de exportación a Venezuela de servicios, aviones y alimentos.

Constructoras y productoras de cárnicos involucradas en el esquema de corrupción de Lava Jato, como la Odebrecht, Andrade Gutierrez y JBS figuran entre los beneficiarios del esquema de “promoción de las exportaciones” direccionado por los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff para respaldar a socios políticos extranjeros. Fue notoria la visita del cogobernante chavista Diosdado Cabello en junio del 2015 a varias ciudades de Brasil, en la cual tras encuentros con Lula da Silva y la para entonces presidenta Dilma Rousseff, concretó acuerdos de suministro de productos cárnicos con la empresa JBS, cuyos dueños atendieron personalmente al jerarca venezolano.

Cuba y Venezuela recibieron financiamiento del BNDES por órdenes de Lula y Rousseff y ahora se encuentra en estado de insolvencia. De acuerdo a la legislación brasileña, el BNDES cobrará al estatal Fondo de Garantía de las Exportaciones las cuotas vencidas y que no sean pagadas por los deudores, por lo cual las insolvencias de Maduro y Raúl Castro están siendo financiadas por el tesoro brasileño.

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Finalizando el mes de agosto de 2020, el Estado venezolano adeudaba poco menos de un mil trescientos millones de dólares al gobierno brasileño. Probablemente el monto de pagos ya vencidos superaba los setecientos millones de dólares para esa fecha.

La deuda que el gobierno Bolsonaro ahora cobra a Guaidó fue adquirida por Hugo Chávez y por Nicolás Maduro.

Los beneficiarios fueron empresas involucradas en esquemas de corrupción que han desatado decenas de procesos judiciales en Brasil incluso sobre el propio Lula da Silva quien ya ha sido encontrado culpable por tribunales de segunda instancia en dos de los juicios que le siguen. Según diversos documentos publicados en el portal del BNDES, el tema de la deuda venezolana ha sido reiteradamente tratado en las instancias directivas y en el comité de auditoría.

Tras la cobranza del ministro Guedes a Guaidó por intermedio de Itamaraty, se han celebrado varias reuniones entre la embajadora Belandria y directivos del BNDES y del Ministerio de Economía. La más reciente, según el portal del BNDES, se habría realizado el 26OCT20, vía teleconferencia, entre Belandria y la directora del área financiera del banco Bianca Nasser. La enviada de Guaidó habría solicitado una relación de los distintos contratos de financiamiento así como los cronogramas de pago.

El gobierno de Jair Bolsonaro es un claro aliado de Guaidó y las gestiones de Guedes parecieran, según una fuente oficial brasileña que sigue el proceso, un trámite formal para cubrir procedimientos legales internos y no una acción deliberada contra el gobierno provisional venezolano. Hasta la fecha el tema ha sido manejado con discreción tanto por la cancillería brasileña como por el “gobierno Guaidó”.

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Fortalecer a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC, como una forma de debilitar a la OEA, es uno de los propósitos que la alianza castrochavista continental se ha propuesto como objetivo.

La CELAC fue creada en 2010 impulsada en ese momento por una ola izquierdista que dominaba la escena política continental.

Conceptualmente ha sido presentada como una organización rival de la OEA, en la cual participa Cuba y el gobierno Maduro, y en su constitución fueron expresamente excluidos EE. UU. y Canadá. Al igual que ocurriera con Unasur, la CELAC fue colonizada por los gobiernos de la alianza castrochavista. La organización fue rápidamente perdiendo relevancia y la última cubre presidencial tuvo lugar en República Dominicana el 24ENE17.

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En enero del 2020 México asumió la presidencia pro tempore como un esfuerzo del gobierno de Andrés López Obrador para revivir la instancia que es vista por la izquierda como la contrapartida ante la OEA. El 08ENE20 coincidieron en Ciudad de México los cancilleres de Argentina, Cuba, Nicaragua, del saliente gobierno izquierdista de Uruguay y el alto jerarca chavista Jorge Rodríguez, junto con representantes de otros gobiernos de la región.

Buena parte de las cancillerías del continente ven con desgano a la CELAC. Incluso Brasil y el gobierno transitorio de Bolivia en aquel entonces anunciaron su separación.

Pero el regreso del castrochavismo a la presidencia boliviana y la nueva ofensiva izquierdista en el continente está dando alta prioridad a la reactivación de CELAC. De hecho, la cancillería boliviana emitió el 20NOV20 un comunicado según el cual el nuevo gobierno “retoma” la participación en la “Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA – TCP), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR)”.

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El argentino Alberto Fernández está muy activo procurando ganar simpatías hacia CELAC argumentando que la OEA se encuentra paralizada en razón de conflictos ideológicos y políticos. El 19NOV20, Fernández viajó a Uruguay, sin aviso previo a los medios, para un almuerzo con Luis Lacalle Pou, con quien no se había reunido desde que el uruguayo tomara posesión del cargo el 01MAR20. El anfitrión recibió a Fernández en la estancia presidencial de Anchorena donde personalmente preparó el asado con el cual brindó al visitante, quien llegó sin su canciller Felipe Solá. La reunión en espíritu de camaradería había sido convenida entre Fernández y su amigo el canciller uruguayo Francisco Bustillo cuando ambos coincidieron en la toma de posesión de Lucho Arce en La Paz el 08NOV20. No hubo documentos oficiales sobre lo tratado por los mandatarios salvo una genérica declaración de la Casa Rosada. Diversas fuentes aseguran que entre los temas tratados, en la “reunión de amigos”, estaban la reactivación de Celac, así como acordar pasos en común dentro del Mercosur.

La reactivación de Unasur, con la eventual apertura de una oficina en Buenos Aires que reemplace a la antigua sede en Quito, es una idea que está siendo acariciada por la izquierda continental, en un intento de reconstruir el andamiaje que el castrochavismo había  logrado controlar.

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En medios diplomáticos sureños se aprecia la falta de un intento de liderazgo regional por parte del gobierno de Jair Bolsonaro, demasiado comprometido en pugnas intestinas. Ese espacio estaría abierto para el mandatario argentino, una de las cabezas visibles del izquierdista Grupo de Puebla, quien, además, próximamente asumirá la presidencia rotativa del Mercosur. Alberto Fernández y Jair Bolsonaro han pasado un año sin comunicarse directamente. Nunca se han encontrado personalmente y, por el contrario, los medios y las redes sociales han sido escenario para choques de posiciones entre ambos.

Incluso el clan Bolsonaro llegó a plantearse la opción de romper relaciones diplomáticas con Argentina tras conocerse los resultados de las elecciones que dieron el triunfo a Fernández y a Cristina Kirchner.

La primera conversación oficial entre los mandatarios de Argentina y Brasil desde que el argentino tomara posesión del cargo el 10DIC19 fue discretamente negociada por los cancilleres Felipe Sola y Ernesto Araújo y se acordó que fuera una teleconferencia el 30NOV20.

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Tal como lo adelantara el Informe Otálvora del 14NOV20, Joe Biden señaló el 23NOV20 al diplomático Antony Tony Blinken como su futuro secretario de Estado. Blinken, ha hecho carrera en el Departamento de Estado y en la Casa Blanca y luego de las elecciones del 03NOV20 ha estado atendiendo los enlaces de Biden con mandatarios extranjeros.

El 24NOV20, aún sin haberse iniciado oficialmente la transición, Biden presentó colectivamente a quienes se propone designar como secretarios de Departamento de Estado y de Seguridad Nacional, así como al asesor de Seguridad Nacional, a la directora de Inteligencia Nacional y a la representante permanente ante la ONU.

En su intervención inicial, Biden proclamó que “es un equipo que refleja el hecho de que EE. UU. está de vuelta, listo para liderar el mundo, no para retirarse de él”.

Cada uno de los designados realizó una breve exposición. Antony Blinken afirmó que EE. UU. debe “proceder con iguales medidas de humildad y confianza. Humildad porque, como dijo el presidente electo, no podemos resolver todos los problemas del mundo solos. Necesitamos trabajar con otros países. Necesitamos su cooperación. Necesitamos su asociación. Pero también confianza porque EE. UU. en su mejor momento todavía tiene una mayor capacidad que cualquier otro país del mundo para unir a otros para enfrentar los desafíos de nuestro tiempo”.

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Son pocas las señales expresas sobre cuál sería la política Biden hacia Latinoamérica. La designación del cubano-estadounidense Alejandro Mayorkas al frente de la Secretaría de Seguridad Nacional pareciera ser una señal de relevancia para el tema migratorio. En su intervención en la presentación del 24NOV20, Mayorkas dijo que “el Departamento de Seguridad Nacional tiene una noble misión, ayudarnos a mantenernos a salvo y hacer avanzar nuestra orgullosa historia como un país de bienvenida”.

Tanto Blinken así como Jake Sullivan, quien fue indicado como próximo asesor de Seguridad Nacional, se han manifestado en entrevistas de prensa en los últimos años y en foros académicos favorables a la política de sanciones contra el régimen chavista, pero el componente “diplomacia” pareciera que estará fuertemente presente en la política exterior del gobierno Biden.

Artículo publicado inicialmente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | Castrochavismo planea ofensiva continental, por Edgar C. Otálvora

El expresidente boliviano Evo Morales y el presidente argentino el 09NOV20 en el Paso Internacional La Quiaca. Foto Casa Rosada.   

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Sin esperarse al desenlace de la elección presidencial y sin que Donald Trump y el aparato del gobierno federal inicie los trámites formales para la transición, Joe Biden designó el 10NOV20 a equipos de trabajo para cada una de las secretarias de Estado. El equipo encargado del Departamento de Estado lo encabeza la diplomática Linda Thomas-Greenfield.

Los nombres de quienes podrían acompañar a Biden, de concretarse su gobierno, ya comienzan a circular en los mentideros de Washington y en medios de prensa. Incluso ya se han hecho públicos reacciones de malestar entre el ala radical de izquierda del Partido Demócrata a raíz de nombres que circulan para ocupar posiciones cercanas a la Presidencia.

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En relación a la conducción de la política exterior se da como un hecho que el Penn Biden Center de la Universidad de Pennsylvania sería una fuente de candidatos para ocupar posiciones en el gobierno Biden. Se menciona a Daniel P. Erikson como probable responsable de la política hacia Latinoamérica desde la Casa Blanca quien estaría comandado por Antony Tony Blinken, cuyo nombre se asoma como potencial secretario de Estado o consejero de Seguridad Nacional. El estadounidense nacido en Colombia Juan González igualmente aparece entre los nombres de quienes serían operadores hacia Latinoamérica en un gobierno encabezado por Biden.

Blinken, Erikson y González comparten historia laboral junto con el exvicepresidente Biden durante el gobierno Obama.

Erikson integró el equipo del gobierno de EE. UU. para el restablecimiento de las relaciones con Cuba y se involucró en tareas con Colombia y Centroamérica. En una entrevista divulgada por el portal argentino Infobae el 21AGO19, Erikson afirmaba respecto a Venezuela que “la presión económica aunque es muy importante no será suficiente para provocar un cambio en Venezuela”, aunque mostrándose contrario a una intervención militar.

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Las elecciones del 18OCT20 en Bolivia significaron la retoma del gobierno por la izquierda boliviana a manos de Luis Arce en representación de Evo Morales. Los actos de toma de posesión fueron marcados para el domingo 08NOV20 y se realizaron en ausencia de Morales. El ahora expresidente viajaba ese día en avión de la Fuerza Aérea de Argentina desde Buenos Aires a la frontera norte, presto para realizar al día siguiente, acompañado del presidente argentino Alberto Fernández, una operación de propaganda con su entrada a Bolivia.

En el hemiciclo del Palacio Legislativo en La Paz transcurrió al final de la mañana del 08NOV20 la ceremonia de juramentación del nuevo vicepresidente boliviano David Choquehuanca, quien adquirió el carácter de presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional y, en consecuencia, juramentó a Luis Arce como presidente de Bolivia. Arce y Choquehuanca fueron ministros del gobierno de Morales y Choquehuanca en los años recientes se residenció en La Habana, desde donde ejercía como secretario de la organización intergubernamental castrochavista ALBA. Con la juramentación de Arce se concretó el retorno del castrochavismo al control de los más altos cargos del país.

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Tradicionalmente Bolivia ha sido visto como un país de baja relevancia geopolítica; pero, en el actual ajedrez político internacional, se convierte en una pieza en disputa por sus yacimientos mineros y por su condición de satélite político de la alianza castrochavista formada por Fidel Castro y Hugo Chávez.

El 08NOV20 entre los contados ministros de exteriores que viajaron a la Paz se encontraba el canciller de Irán, Mohammad Javad Zarif. La poco frecuente presencia del canciller iraní por Latinoamérica incluyó visitas a Caracas y La Habana, donde sostuvo reuniones con Nicolás Maduro y  Miguel Díaz-Canel, dejando saber la relevancia política que Irán le concede a la retoma castrochavista en Bolivia. En tanto, el canciller de Maduro, Jorge Arreaza, permaneció tres días en La Paz y fue recibido en ceremonia especial por Arce el 11NOV20.

Una de las actividades cumplidas por Arreaza en La Paz fue la reactivación de una oficina de la petrolera Pdvsa la cual, según analistas consultados, podría servir como parte del esquema internacional utilizado por el régimen chavista para evadir las sanciones petroleras impuestas por EE. UU.

Arreaza se trasladó a La Paz con un numeroso grupo de funcionarios, quienes se encargaron de allanar la sede diplomática venezolana que permanecía bajo control de representantes de Juan Guaidó. Los muchachos de Arreaza igualmente organizaron un intento de escrache dentro del palacio presidencial contra el presidente colombiano Iván Duque.

El miércoles 11NOV20 el gobierno boliviano reinició relaciones diplomáticas con los gobiernos de Irán y de Maduro, mediante la recepción por Arce de las credenciales de los nuevos embajadores con las formalidades protocolares. Ese mismo día el canciller de Arce, Rogelio Mayta, recibió al encargado de negocios de Cuba en La Paz, Arcenis La O, para acordar el descongelamiento de las relaciones y el pronto cruce de embajadores.

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Los resultados electorales en México del 01JUL18 con la victoria de Manuel López Obrador; del 27OCT19 en Argentina con la victoria del kirchnerismo con Alberto Fernández y Cristina Kirchner; del 25OCT20 en el plebiscito en Chile para redactar una nueva Constitución y del 18OCT20 en Bolivia con el retorno del MAS a la presidencia; la participación del partido Podemos en el gobierno de España, además de la continuidad del régimen chavista en Venezuela, sirven de contexto para una ofensiva del castrochavismo.

La alianza izquierdista continental  trabaja para conquistar las presidencias de Perú y Ecuador, donde habrá elecciones el 07FEB21 y el 11ABR21, además de mantener un clima de tensión social en Colombia con vistas a los comicios del 29MAY22.

Los candidatos presidenciales castrochavistas de Perú y Ecuador, Verónika Mendoza y Andrés Arauz, formaron parte de los líderes de izquierda que se concentraron en La Paz el 08NOV20. Arauz, el candidato presidencial de Rafael Correa, acompañado de sindicalistas de su país, incluso viajó al interior de Bolivia para sumarse a Evo Morales con quien compartió tribuna en una masiva concentración realizada el 11NOV20 en Chimoré, Cochabamba. Morales está convocando con carácter de urgencia a un “encuentro internacional de pueblos indígenas y organizaciones sociales” que se realizaría el 17-19DIC20 en Cochabamba. Morales, ahora fuera del palacio de gobierno, pareciera que estará encargado de liderar las acciones políticas hacia Ecuador y Perú.

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La agenda inmediata de los gobiernos castrochavistas busca la reactivación de Unasur, con el alto apoyo del gobierno de Argentina, donde probablemente sea abierta una oficina de la casi extinta organización suramericana. Ya en Buenos Aires se encuentra la estatua de Néstor Kirchner que había sido colocada en la sede de Unasur en las afueras de Quito y que fue retirada cuando Ecuador optó por abandonar el organismo y solicitar la devolución del edificio.

Las declaraciones de Morales sugieren que Bolivia junto con Argentina y México, seguramente con apoyo de algunos gobiernos caribeños, se disponen a entorpecer y desprestigiar la gestión de Luis Almagro en la Secretaría General de la OEA, incluso para procurar su renuncia.

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Pese a que el gobierno boliviano saliente extendió invitaciones a todos los jefes de Estado con los cuales mantiene relaciones, solo cuatro comparecieron a los actos. En uno de los balcones de la sala fueron acomodados el rey Felipe VII de España junto a los presidentes de Colombia y Paraguay, Iván Duque y Mario Abdo Benítez. En el balcón contiguo estaba el presidente argentino Alberto Fernández y el vicepresidente segundo de España Pablo Iglesias, los dos miembros del denominado Grupo de Puebla, aliados extranjeros de Evo Morales y quienes convenientemente fueron acomodados uno junto al otro, sirviendo de símbolo a la confluencia en Bolivia de figuras del castrochavismo internacional, autodenominados ahora como progresistas.

La inusual presencia de Iglesias como parte de la delegación española sirvió para su lanzamiento como figura relevante de la izquierda que opera a ambos lados del Atlántico.

El hecho de que la delegación española estuviera encabezada por el rey Felipe VII acompañado de la ministra de exteriores Arancha González Laya, hacía redundante la inclusión de Iglesias entre los viajeros. La composición de la delegación no está en manos de la Casa Real sino del gobierno, por lo cual la decisión de situar a Iglesias el 08NOV20 en La Paz fue decidida por el presidente del gobierno Pedro Sánchez, en lo que luce como una nueva concesión al socio político que ahora procura proyección política en tierras latinoamericanas.

Previamente, a raíz de la llegada del perseguido opositor venezolano Leopoldo López a España, Sánchez optó por recibirlo el 27OCT20 en la sede del partido PSOE y no en el presidencial Palacio de la Moncloa para así no perturbar a Iglesias, de lo que él mismo se jactara en entrevista con el medio izquierdista bonaerense Página 12.

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En la última década Pablo Iglesias ha viajado a Latinoamérica en plan de asesor, contratista de los gobiernos castrochavistas, líder de un partido opositor español pero ahora podía hacerlo como un mandatario extranjero para celebrar con sus socios políticos.

Previo a su viaje a La Paz, Iglesias acordó con algunos de sus compañeros del Grupo de Puebla y de la “Internacional Progresista” la emisión de una proclama contra “el golpismo de la ultraderecha” que circularía a propósito de su visita a La Paz.

Iglesias quiere mostrarse como un líder internacional y pidió que su declaración “en defensa de la democracia” fuera firmada por Dilma Rousseff, Alberto Fernández, José Rodríguez Zapatero, Rafael Correa, Evo Morales, el griego Alexis Tsipras, el candidato colombiano Gustavo Petro, el chileno Daniel Jadue y el francés Jean Luc Melenchon. Al parecer Iglesias estaría promoviendo la conformación de una nueva alianza partidista de izquierda que sumaría a los “progresistas” de ambos lados del Atlántico, una suerte de Foro de São Paulo bicontinental.

Como parte de su agenda partidista en La Paz, Iglesias se reunió con los candidatos castrochavistas, la peruana Verónika Mendoza y el ecuatoriano Andrés Arauz. Iglesias igualmente cenó con el argentino Alberto Fernández, con quien discutió planes conjuntos de acción internacional.

Artículo publicado originalmente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | España y América rechazan votaciones convocadas por Maduro, por Edgar C. Otálvora

La Asamblea General de la OEA aprobó desconocer las votaciones del 6DIC20 en Venezuela. Foto OEA.

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El 26OCT20 se produjo la primera advertencia concreta de acción militar de EE. UU. sobre Venezuela.

El representante especial del Departamento de Estado para Venezuela e Irán, Elliott Abrams, afirmó que “la transferencia de misiles de largo alcance de Irán a Venezuela no es aceptable para EE. UU. y no será tolerada ni permitida”.

En sus declaraciones para Fox News, Abrams se refería a la posibilidad de que Irán suministre misiles de largo alcance a su aliado el régimen chavista; hipótesis que ha ganado fuerza ante los anuncios iraníes de reiniciar abiertamente sus ventas de material bélico. “Haremos todo lo posible para detener los envíos de misiles de largo alcance, y si de alguna manera llegan a Venezuela serán eliminados allí” dijo Abrams.

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Las votaciones legislativas convocadas por el régimen chavista para el 06DIC20 no serán reconocidas por la mayoría de los países del continente.

En la Asamblea Anual de la OEA, celebrada vía Internet el 20-21OCT20, fue considerada una resolución que condiciona el reconocimiento de cualquier elección que pudiera celebrarse en Venezuela. La resolución, aprobada por 20 de los 34 miembros de la organización, con solo cuatro votos en contra, establece que “el reconocimiento de las elecciones a la Asamblea Nacional de Venezuela dependerá del establecimiento de las condiciones necesarias de libertad, justicia, imparcialidad y transparencia; garantizando la participación de todos los actores políticos y de la ciudadanía, la liberación de los presos políticos, con plazos razonables para su celebración y que cuenten con observación electoral internacional independiente y creíble”.

El título de documento, “La carencia de condiciones democráticas mínimas, para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en la República Bolivariana de Venezuela”, concreta la valoración que la OEA hace sobre el proceso convocado por el chavismo en su intento de renovar la Asamblea Nacional.

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La resolución de la OEA sobre Venezuela del 21OCT20 sumó los votos de Bahamas, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, EE. UU., Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucia, Uruguay y de la representación de Venezuela. Solo votaron en contra los enviados de Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y, Antigua y Barbuda.  Se abstuvieron los restantes miembros: Argentina, Barbados, Belice, Granada, Guyana, México, Saint Kitts y Nevis, Surinam y, Trinidad y Tobago.

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En medio de un cambio de jefes de misiones diplomáticas que involucran a Cuba y Venezuela, entre otras, el gobierno español de Pedro Sánchez ha optado por bajar el rango a su representación diplomática en Caracas.

Ya desde el mes de septiembre pasado se conocía sobre el fin de las gestiones en Caracas del embajador Jesús Silva Fernández quien fue designado embajador en 2017 por el gobierno de Mariano Rajoy. Silva, quien es blanco de usuales ataques por el régimen chavista e incluso fue expulsado de Venezuela en 2018, ahora regresa a cumplir funciones en el ministerio de Exteriores en Madrid. En su reemplazo ya había sido anunciado el embajador que encabezaba la misión diplomática española en La Habana desde 2018. En medios diplomáticos había circulado la versión según la cual España no solicitaría al gobierno de Nicolás Maduro el debido plácet para Fernández Trigo. Esa decisión fue confirmada el 29OCT20 por la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica, Cristina Gallach.

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El embajador Juan Fernández Trigo asumirá la jefatura de la embajada de España en Venezuela en condición de “encargado de negocios permanente” (e. p.) y no como embajador. La decisión en términos políticos significa un desaire a Maduro por cuanto la designación de Fernández solo será un trámite administrativo entre cancillerías y no un acto que involucra la jefatura del Estado.

En términos diplomáticos, España se suma a varios países europeos y latinoamericanos que han optado por mantener abiertas sus misiones en Venezuela pero con un nivel inferior al de embajador, como señal de un estado de “anormalidad” en las relaciones.

España no reconoce el proceso electoral del año 2018 en Venezuela por lo que desconoce la legitimidad del gobierno de Maduro y no reconocerá las votaciones legislativas convocadas para el 06DIC20.

El cambio de jefatura en la misión española en Caracas coincide con la decisión del líder opositor Leopoldo López de abandonar clandestinamente la sede de la embajada española, donde permanecía refugiado desde el 2019. Sistemáticamente el régimen chavista se ha negado a otorgar salvoconductos para facilitar la salida del país a los perseguidos políticos que logran obtener la protección de misiones diplomáticas extranjeras. López arribó a Madrid el 25OCT20, recibiendo la protección del gobierno español y fue recibido por Pedro Sánchez el 27OCT20 en la sede del PSOE.

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El 28OCT20 el gobierno español habría entregado a los representantes diplomáticos de Maduro una nota verbal de protesta. De esa manera el gobierno de España rechazaba los ataques vertidos por Maduro contra su embajador en Caracas. “El Embajador racista, colonialista y golpista, Jesús Silva, se va de Venezuela con plena garantía a su inmunidad diplomática. Es un funcionario involucrado en la planificación de la incursión marítima de la “Operación Gedeón” y en la fuga de Leopoldo López” había tuiteado Maduro previamente. Incluso a gobiernos como el español, que mantienen posiciones indulgentes con Maduro, les resulta difícil llevar relaciones “normales” con el régimen.

Aparte de los ataques verbales contra el diplomático español, el régimen chavista encendió una nueva ola represiva con desapariciones forzadas, allanamientos de viviendas y apertura de procesos judiciales contra personal del gobierno interino y especialmente contra el periodista Roland Carreño, quien es un cercano colaborador de Juan Guaidó, y a quien el régimen le abrió un proceso judicial acusándolo de conspiración, financiamiento del terrorismo y tráfico de armas de guerra.

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A partir del 03NOV20, el Senado de Bolivia estará presidido por el líder cocalero Andrónico Rodríguez, delfín de Evo Morales y vicepresidente de las “Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba”. Las “seis federaciones” son presididas por Morales y representan la confluencia de la producción de coca y el control territorial que ejercen los aliados de Morales en el departamento de Cochabamba.

El 18OCT20 se realizaron elecciones generales en Bolivia con el propósito de renovar las dos cámaras de la Asamblea Legislativa y para escoger un nuevo presidente que reemplazara a la presidenta encargada Jeanine Áñez. Tras las denuncias de fraude electoral en las elecciones del 20OCT19, Evo Morales optó por presentar su renuncia al cargo presidencial, abandonar La Paz para refugiarse en la zona cocalera del Chapare y finalmente abandonar el país rumbo a México. La salida del país de Morales y de su vicepresidente Alvaro García Linera, así como por la renuncia de la presidente del Senado y militante del MAS,  Adriana Salvatierra, creó un vacío de poder que fue cubierto por la senadora Añez, quien procedió a formar un gobierno interino.

La renuncia de Morales ha sido presentada por la izquierda internacional como un “golpe de Estado”, calificando a Añez como una “dictadora”. El parlamento permaneció bajo control de cuadros de Morales quienes cercaron financieramente al gobierno de Añez, mientras el partido MAS adelantó cruentas protestas procurando cercar ciudades para evitar la circulación de alimentos, combustibles e incluso suministros médicos para la pandemia.

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Para las elecciones del 18OCT20, el castrochavismo internacional se volcó masivamente para garantizar su regreso al poder en Bolivia, mientras los sectores democráticos bolivianos no presentaron una oferta política ni una táctica unificada para hacer frente al gran aparato montado para favorecer a Luis Arce, el candidato de Evo Morales.

El apoyo político, financiero, organizativo prestado a la candidatura de Arce se materializó en una costosa campaña propagandística, equipos de encuestas y análisis político, presencia de decenas de operadores extranjeros los días previos a las votaciones, la implementación de un sistema computarizado con sede en Buenos Aires para el registro de los votos, apoyo financiero para la movilización de los cuadros del MAS en tareas proselitistas y de control de centros de votación, amén del control territorial que ejercen grupos cocaleros en algunas regiones del país.

Según los cómputos oficiales, en algunas mesas de votaciones situadas especialmente en el departamento de Cochabamba, el candidato de Morales habría obtenido más del 90 % de los votos, incluso en algunas de ellas habría sumado el 100 %.

Los señalamientos de fraude electoral masivo están circulando desde entones e incluso algunas organizaciones civiles, especialmente del departamento de Santa Cruz, han convocado protestas en las cuales se exige un pronunciamiento militar y el desconocimiento de la presidencia del MAS. Con los resultados del 18OCT20 que fueron rápidamente reconocidos por los contrincantes y, basado en un sistema de elección de parlamentarios que sobrerrepresenta a sectores rurales, el partido de Morales logró recuperar la Presidencia de Bolivia y el control de las dos cámaras legislativas.

El análisis de los resultados electorales muestra que en las grandes ciudades de Bolivia, salvo en El Alto, triunfaron los candidatos antimasistas y que el candidato del MAS logra la presidencia con los votos procedentes de la dispersa geografía boliviana controlada territorialmente por los partidarios de Morales.

Los candidatos antimasistas Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho no contaban con un aparato partidista organizado que les permitiera realizar actividad proselitista durante la campaña, ni tener supervisión adecuada de las mesas de votación. Tras la renuncia de Jeanine Áñez a su candidatura presidencial, Mesa no hizo esfuerzos de acercamiento para unir fuerzas ante el masismo. Camacho, por su cuenta, prefirió ratificar su poderío político en el Departamento de Santa Cruz antes de propiciar una alianza amplia. Durante su campaña, Mesa realizó solo ocho actividades de calle, mientras el partido de Morales estaba en permanente movilización obviando expresamente las medidas de protección ante la pandemia.

Los seguidores de Morales se disponen a iniciar una persecución judicial contra los miembros del gobierno de transición.

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Chile decidió iniciar un proceso de cambio de su Constitución con el apoyo en las urnas de solo el 39,6 % del total de electores chilenos.

En el “Plebiscito Nacional” celebrado el 25OCT20 concurrieron a votar siete millones y medio de ciudadanos, equivalente a 50,9 % del total de electores. La validez del plebiscito no dependía del porcentaje de electores participantes. Por la opción de cambiar la Constitución se pronunciaron 5.886.421 votantes, lo que representa el 78,2% de los votos pero solo el 39,6 % de los electores inscritos.

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La izquierda chilena y continental, que se adjudica los resultados como una victoria propia, resaltó la “masiva” aprobación del cambio constitucional. Pero las cifras señalan que solo una minoría se pronunció a favor de la medida. La baja participación electoral chilena es una tendencia. En los procesos electorales presidenciales de 2013 y 2017, con abstenciones por encima del 50 %, Michelle Bachelet y Sebastián Piñera fueron electos para ejercer la presidencia con porcentajes de votos de alrededor de 25-26 % del total de potenciales electores.

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Los resultados del plebiscito conducen a las elecciones del 11ABR21 para escoger a 155 “convencionales constituyentes”, quienes en un plazo máximo de un año deberán redactar un nuevo texto constitucional para someter a referendo. Existe la posibilidad teórica según la cual la actual Constitución no sea modificada en caso de que el texto redactado por la Convención Constitucional sea rechazado en las urnas.

El 23DIC19 Sebastián Piñera refrendó la ley 21200, producto de un pacto político, la cual modificó parcialmente la Constitución vigente para abrir paso al actual proceso de reforma. Las normas establecidas buscan impedir que en Chile se reproduzcan los eventos ocurridos en Venezuela, Bolivia y Ecuador, donde las asambleas constituyentes dominadas por Hugo Chávez, Evo Morales y Rafael Correa se adjudicaron poderes supraconstitucionales, llegando incluso a obligar a la disolución de los parlamentos preexistentes y al término adelantado del mandato de autoridades previamente electas.

El texto de la ley chilena dice que “la Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridades establecidas en esta Constitución o en las leyes”. Igualmente precisa que “mientras no entre en vigencia la Nueva Constitución esta Constitución seguirá plenamente vigente, sin que pueda la Convención negarle autoridad o modificarla. La Nueva Constitución no podrá poner término anticipado al período de las autoridades electas en votación popular, salvo que aquellas instituciones que integran sean suprimidas u objeto de una modificación sustancial”.

Ante la situación hipotética de que los constituyentitas intenten asumir la tesis aplicada en las reformas constitucionales castrochavistas, la ley advierte que “le quedará prohibido a la Convención, a cualquiera de sus integrantes o a una fracción de ellos, atribuirse el ejercicio de la soberanía, asumiendo otras atribuciones que las que expresamente le reconoce esta Constitución”.

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Informe Otálvora: Fracasa maniobra europea para convalidar votaciones en Venezuela, por Edgar C. Otálvora

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (i) comparte mesa con el alto representante para la Política Exterior, Josep Borrell (d) el 23SEP20 en un restaurante en Bruselas. La maniobra europea fracasa. Foto Europa Press

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Por tercera vez en lo que va del año, la Armada de los EE. UU. realizó y publicitó una misión de “libertad de navegación” en aguas aledañas al mar territorial de Venezuela. Según informó el Comando Sur de EE. UU., el destructor misilístico USS William P. Lawrence navegó el 30SEP20 en aguas frente a las costas de Venezuela a una distancia superior a las doce millas náuticas, es decir, fuera del mar territorial venezolano. Previamente los destructores misilísticos USS Nitzey y USS Pinckney realizaron el 23JUN20 y el 15JUL20 respectivamente, maniobras análogas a la efectuada en septiembre.

Las tres naves, todas de la clase Arleigh Burke que pueden portar decenas de misiles incluyendo los Tomahawk, están actualmente adjudicadas a la Cuarta Flota de EE. UU.; bajo el mando de Comando Sur y con área de acción en el Caribe y aguas suramericanas del Atlántico y el Pacífico. Las tres embarcaciones han navegado a quince y dieciséis millas náuticas de las costas venezolanas. La Armada de EE. UU. realiza misiones de “libertad de navegación” frente las costas de Venezuela desde el año 2000, coincidiendo con el inicio del gobierno chavista; pero en el año 2020 se ha incrementado notablemente la frecuencia sistemática de ese tipo de acciones.

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La cancillería de Nicolás Maduro, en su usual estilo propagandístico panfletario de inspiración cubana, en un comunicado del 01OCT20 calificó la presencia del USS William P. Lawrence como “un acto deliberado de provocación, por demás errático e infantil”.

Según el comunicado del gobierno chavista, se habría producido un intercambio de comunicaciones radiales entre la nave estadounidense y la Armada venezolana en la cual la embarcación de EE. UU. informó que realizaba operaciones antinarcóticos. El comunicado del Comando Sur no hace referencia a esta radiocomunicación y declara que la USS William P. Lawrence “desafió los reclamos marítimos excesivos de Venezuela en aguas internacionales”.

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El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas inició el 14SEP20 su 45° período de sesiones, el tercer período de sesiones del año 2020. Como parte de las decisiones tomadas por el propio Consejo en el año 2019; en el 45° período de sesiones fueron presentados cuatro informes oficiales sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Todos ellos evidenciaron la sistemática violación de los DD. HH. por parte del régimen chavista.

El Consejo de DD. HH, integrado por 47 Estados, se ha convertido en uno de los campos de batalla diplomática donde gobiernos que promueven la redemocratización de Venezuela se enfrentan abiertamente contra el régimen de Nicolás Maduro, quien aún detenta la representación del país en la ONU y cuenta con la protección de Rusia y China a nivel del Consejo de Seguridad.

Durante el periodo 42° de sesiones, celebrado en septiembre de 2019, el régimen chavista recibió la primera gran derrota en el contexto de la ONU. La presión internacional sobre el régimen lo llevó a aceptar la creación de un mecanismo mediante el cual la oficina del Alto Comisionado para Derechos Humanos, liderada por la chilena Michelle Bachelet, mantendría una pequeña unidad permanente en Caracas para hacer seguimiento a las denuncias de violaciones de DD. HH.

La medida quedó contemplada mediante un memorando de entendimiento entre Maduro y Bachelet suscrito el 20SEP19 y que fue acogido por la resolución 42/4, aprobada por el Consejo de DD. HH. con el beneplácito del chavismo y con el voto favorable de solo 18 países del total de 47 de los cuales 23 se abstuvieron. De esta manera el chavismo suponía que lograba neutralizar las denuncias oficiales sobre DD. HH., dosificando el acceso de los enviados de Bachelet. Para disgusto del régimen chavista, la resolución 42/4 obligaba a Bachelet a continuar presentando informes verbales y escritos sobre el cumplimiento del acuerdo con Maduro y sobre el estado de DD. HH. en Venezuela.

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Dado que cualquier gobierno miembro de la ONU puede presentar proyectos de resolución, un grupo de 30 países sometieron a consideración del Consejo de DD. HH. una segunda resolución en la cual, entre otras razones, expresaron “gran preocupación por la alarmante situación” de los DD. HH. y “la erosión del Estado de derecho” en Venezuela.

La resolución 42/25, que marcó una gran derrota para la diplomacia chavista, fue aprobada el 26SEP19 por 19 votos a favor, 21 abstenciones y el voto en contra de Cuba, China y otros cinco gobiernos. 

De esta manera el Consejo ordenó la creación de una “misión internacional independiente de determinación de los hechos” con vigencia de un año y con el mandato de viajar a Venezuela para investigar expresamente “las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y las torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014 con miras a asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas”.

Los miembros de esa misión contarían con el apoyo logístico y financiero de la oficina encabezada por Bachelet pero serían escogidos por el presidente del Consejo, cargo ejercido para la fecha por el senegalés Coly Seck. Los tres miembros de la “Misión Independiente Internacional”, MII, fueron designados el 02DIC19 liderados por la portuguesa Marta Valiñas y con el concurso del británico Paul Seils y el chileno Francisco Cox. De acuerdo al mandato recibido, el informe de esta misión debía ser entregado en septiembre de 2020. El gobierno Maduro no aceptó la resolución 42/25 del Consejo de DD. HH. y no permitió el ingreso a Venezuela de los miembros de la misión quienes debieron operar desde Panamá.

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El 14SEP20 Bachelet presentó al Consejo su informe sobre la “cooperación y la asistencia técnica” entre su oficina y el gobierno Maduro en el cual concluía que en el último año se había “fortalecido su presencia en Venezuela”, ya que el gobierno había permitido algunas visitas a centros de reclusión. El gobierno chavista recibió complacido este informe oral de la alta comisionada y anunció que había renovado por un año el acuerdo de cooperación con la oficina de Bachelet.

El 16SEP20 el Consejo de DD. HH. escuchó una presentación verbal de los tres miembros de la MII, mientras en la página oficial de las Naciones Unidas eran publicados dos documentos: “Conclusiones detalladas de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos” de 443 páginas y el “Informe de la misión” de 21 páginas.

El informe de la MII concluye que “tiene motivos razonables para creer que en Venezuela se cometieron los siguientes crímenes de lesa humanidad en el período que se examina: asesinato, encarcelamiento y otras privaciones graves de la libertad física, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada de personas y otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o graves daños al cuerpo o a la salud mental o física”.

La MII señaló responsabilidades: “La Misión tiene motivos razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz y de Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados en el presente informe”.

El 25SEP20 la alta comisionada Michelle Bachelet presentó al Consejo su informe de actualización sobre DD. HH. en Venezuela, cubriendo el lapso junio-septiembre. “Represión de protestas”, muertes de manifestantes, muertes de 2000 jóvenes en barrios marginados como resultado de operativos de seguridad, fueron algunos de los señalamientos.

Pero además de reseñar diversas violaciones de DD. HH., Bachelet incluyó en su informe una referencia directa a la manipulación que el régimen chavista ha hecho para convocar a votaciones legislativas el 06DIC20. “Me preocupan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que obstruyen la libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos y el nombramiento no consensuado de los miembros de Consejo Nacional Electoral (CNE); así como la modificación por parte de este Consejo del mecanismo de selección de representantes indígenas para la Asamblea Nacional, de los cambios al sistema electoral y a la composición de la Asamblea Nacional sin un proceso inclusivo de consulta previa”.

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La reacción del régimen chavista y de su aparato diplomático y de propaganda ha sido intentar desacreditar a la MII, calificándola como instrumento del “Grupo de Lima” y atacando la idoneidad profesional y personal de los juristas que la integran.

El informe de Bachelett del 25SEP20 hizo disparar nuevamente el aparato de propaganda chavista contra la chilena: “Sra @mbachelet, usted, como siempre, haciendo el recado y agrediendo el derecho de los venezolanos” tuiteó el ministro de comunicaciones Jorge Rodríguez. El embajador de Maduro ante la ONU, Jorge Valero, afirmó ante el propio Consejo que el informe de Bachelet era una “hostil iniciativa” (…) “promovida por un reducido grupo miembros de este Consejo”, obviando que se trataba de un mandato expreso del Consejo de DD. HH. mediante la resolución que el gobierno Maduro había promovido en 2019.

El 01OCT20 Maduro solicitó una teleconferencia con Bachelet, la cual fue calificada como “respetuosa” por la cancillería chavista pero de la cual no existió una versión de la oficina de la alta comisionada.

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Tras la divulgación de los cuatro documentos se desataron los usuales movimientos diplomáticos en procura de votos para aprobar una nueva resolución sobre Venezuela. Los enviados de Maduro intentan que el Consejo apruebe una resolución que confirme el esquema implementado por Bachelet con presencia controlada en territorio venezolano. Curiosamente el proyecto de resolución favorable a Maduro fue presentado el 28SEP20 con el solitario apoyo de Irán, país que no forma parte del Consejo. Ninguno de los amigos del régimen chavista que este año integran el Consejo se prestó para apadrinar el proyecto pro Maduro. Cuba y China no forman parte este año del Consejo de DD. HH.

Por otra parte, los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay y Perú presentaron el 25SEP20 un proyecto de resolución que se propone extender por dos años el mandato de la Misión Independiente Internacional. De aprobarse sería una situación excepcional, ya que el Consejo solo ha creado este tipo de misiones en casos de extrema crisis de violaciones de DD. HH.

De 37 misiones creadas por el Consejo de DD. HH. en lo que va del siglo XXI, solo dos fueron dirigidas a países americanos, Honduras en 2009 y Venezuela en 2019; mientras las restantes corresponden a lugares de abierto conflicto en África y Asia. Los voceros del régimen chavista amenazan suspender la cooperación con la oficina de Bachelet en caso de que fuera aprobada la renovación de la MII. Los aliados internacionales de Maduro se están moviendo para intentar abortar esta resolución, pero no parecieran contar con los votos suficientes en el Consejo. La votación de estas resoluciones podría tener lugar el 06OCT20.

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Al término de la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea del 21SEP20 en Bruselas, Josep Borrell, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, anunció que el Consejo de Exteriores había conversado sobre el “tema Venezuela” pese a no aparecer en la agenda.

Borrell informó a los ministros sobre sus gestiones “ante el gobierno de Maduro y los principales grupos de oposición” en procura de un acuerdo para la celebración de elecciones parlamentarias en condiciones internacionalmente aceptables. Para ese momento el gobierno Maduro insistía para que la UE enviara un grupo de observadores que convalidara el proceso electoral. Pero la opinión generalizada en el Consejo de Exteriores de la UE era que en Venezuela no estaban dadas las condiciones para el envío de una misión de observación electoral cuya organización requeriría, además, de un mínimo de seis meses.

Según Borrell, los ministros europeos lo autorizaron para “continuar esta negociación a fin de buscar la posibilidad de una elección que pueda ser observada por nuestras misiones”; y agregó que “continuaremos acercándonos al gobierno de Maduro y a ambas partes de los grupos de oposición para ver cómo podemos ser útiles para una transición pacífica y democrática en Venezuela”.

En Venezuela, en tanto, la alianza partidista que respalda a Juan Guaidó como presidente encargado se niega a participar en las votaciones legislativas; mientras el opositor Henrique Capriles Radonski rompía la alianza inscribiendo candidatos para el 06DIC20, aunque condicionando su participación a la presencia de la UE.

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Borrell, con el respaldo de los gobiernos izquierdistas de España y de Argentina (que participó en la reunión del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela del 17SEP20) y basado en una genérica aprobación del Consejo de Exteriores de la UE, optó por enviar a Caracas a dos funcionarios del Servicio Europeo de Acción Exterior.

El gobierno español difundió una inusual fotografía en la cual el presidente de gobierno Pedro Sánchez comparte mesa con Borrell el 23SEP20, en un restaurante en Bruselas. La imagen y declaraciones posteriores del Ministerio de Exteriores español confirmaron que Sánchez estaba tras la jugada de Borrell.

Tras ese encuentro en Bruselas, salieron hacia Caracas el vicesecretario general de Asuntos Exteriores de la UE y el director para América, Javier Niño Pérez y Enrique Mora respectivamente.

El viaje de los dos funcionarios, realizado con especial sigilo, había sido coordinado con el gobierno Maduro a los efectos de permisos migratorios, seguridad y calendario de reuniones.

La movilización de los emisarios era seguida de cerca desde el Departamento de Estado en Washington, desde donde se criticó fuertemente la iniciativa de Borrell.

Las instrucciones de Niño y Mora fueron transmitir a los actores políticos en Caracas la opción de suspender las elecciones del 06DIC20 por un plazo mínimo de seis meses y abrir negociaciones para modificar las condiciones electorales atendiendo las exigencias de la oposición. Curiosamente el comunicado del Servicio Exterior sobre el viaje a Caracas, emitido el 30SEP20, solo cita a Juan Guaidó de forma expresa como interlocutor limitándose a referir que los mensajeros se reunieron con “funcionarios del régimen, la Conferencia Episcopal Venezolana, la sociedad civil y el sector privado”. Según la versión de la cancillería chavista, los funcionarios europeos llevaron “a cabo una agenda al más alto nivel con las instituciones del Estado venezolano y diversos actores políticos”.

Diversas fuentes en Caracas y en EE. UU. confirmaron al Informe Otálvora que los enviados sostuvieron encuentros con Juan Guaidó y con Henrique Capriles Radonski, quienes representaban dos de las posiciones que pujan dentro de los sectores democráticos; Guaidó rechazando la participación en las votaciones del 06DIC20 y Capriles promoviendo la participación, pero haciéndola depender de nuevas condiciones negociadas. María Corina Machado, quien mantiene una sostenida línea de no participar en las elecciones y promueve una salida de cambio de régimen con respaldo militar extranjero, no fue contactada por los funcionarios europeos.

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Las gestiones de Borrell, que él presenta como un intento para mediar entre el régimen y la oposición, fracasaron ante la decisión de Maduro de no abrir negociaciones para el cambio de las condiciones electorales y negarse a un cambio de fecha.

Además, la oposición alrededor de Guaidó mantuvo la postura de no esperar nuevas negociaciones con Maduro.

En un comunicado del 30SEP20, Borrell debió confesar que “la política de la UE con respecto a Venezuela se mantiene sin cambios: actualmente no existen las condiciones para que tenga lugar un proceso electoral libre, justo y democrático”. Las votaciones legislativas del 06DIC20 en Venezuela no serán reconocidas por buena parte de América y Europa. Como consecuencia inmediata del periplo de los funcionarios de Borrell, Henrique Capriles, quien no logró mayor apoyo para su postura, habría retirado sus candidatos para las votaciones del 06DIC20.

La alianza opositora optó, como una decisión de la Asamblea Nacional, por convocar a una consulta popular que permita legitimar la continuidad del gobierno transitorio encabezado por Juan Guaidó más allá de la fecha constitucional de vencimiento de su mandato. “Continuidad constitucional” es el concepto esgrimido por juristas opositores.

En esa consulta se preguntaría a los electores si apoyan “todos los mecanismos de presión nacional e internacional para que, en el marco de la Constitución, se realicen elecciones presidenciales y parlamentarias libres, justas y verificables, se ponga fin al régimen usurpador de Nicolás Maduro Moros, se salvaguarde al pueblo de Venezuela de la crisis humanitaria, la migración forzosa y los crímenes de lesa humanidad, y así se garanticen la paz, el bienestar y el progreso de los venezolanos”; y si “rechaza el evento convocado por la dictadura de Nicolás Maduro Moros para el 6D, o para cualquier otra fecha, mientras no existan condiciones para elecciones libres, justas y verificables; y solicita a la comunidad internacional el desconocimiento de sus resultados”.

El debate dentro de la oposición en este momento es sobre la fecha para la cual sería convocada la consulta existiendo dos posiciones: antes o el mismo 06DIC20.

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Informe Otálvora: Europa no validará elecciones convocadas por Maduro, por Edgar C. Otálvora

Reunión del Grupo de Contacto Internacional sobre Venezuela el 17SEP20. Foto: Cancillería Argentina.

 

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EE. UU. no se propone impedir el arribo a Venezuela de tres tanqueros de bandera iraní que estarían cruzando el Atlántico para proveer de gasolina al régimen chavista. En una rueda de prensa el 16SEP20, el emisario especial para Venezuela e Irán del Departamento de Estado de EE. UU., Elliott Abrams, precisó que el objetivo inicial de EE. UU. era asegurarse de “que nadie más que Irán participara en este comercio”.

Las amenazas de aplicación de sanciones habrían logrado que China, Rusia y armadores griegos se abstuvieran de la venta o transporte de gasolina al régimen.

“Así que solo quedan buques de crudo con bandera de propiedad iraní que se dedican a ese comercio de manera limitada. Hay tres en camino y eso solo proporcionará algunas semanas de gasolina. Si quisiera evitar el regreso del tipo de escasez que ahora es tan común en Venezuela, habría tenido que salir ayer de Irán otros tres petroleros”. Abrams concluyó que Irán no tiene la capacidad para sostener un flujo continuo de tanqueros con destino a puertos venezolanos.

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La Unión Europea considera que la oferta hecha por el gobierno de Nicolás Maduro el 01SEP20 con algunas “condiciones” electorales, resultan insuficientes, por lo que no será enviada una misión de observación electoral como la solicitada por el régimen chavista y por algunos miembros de la oposición para las votaciones del 06DIC20. Esta versión fue distribuida por Reuters el 11SEP20 adjudicada a fuentes anónimas de la UE.

Informe Otálvora consultó al Servicio Exterior de la UE y en su respuesta la vocera Nabila Massrali confirmó que el organismo recibió “una invitación de Venezuela para observar las próximas elecciones, así como una lista de garantías adicionales para la transparencia en el proceso electoral”. Tal como lo ha señalado previamente Borrell, la vocera afirma que “deben cumplirse condiciones mínimas para unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes para el despliegue de una Misión de Observación Electoral EOM de la UE”, agregó Massrali en un email, concluyendo que “hay un largo plazo para prepararse para el despliegue de una EOM. El tiempo ya es demasiado corto para eso si las elecciones se mantienen el 6 de diciembre”.

En definitiva, el criterio principal para negar el envío de una EOM europea a Venezuela sería el de la proximidad de la fecha, lo cual dio fuerza a la opción de negociar con Maduro una nueva fecha para las elecciones con el objeto de continuar conversaciones con el régimen en procura de “condiciones mínimas”.

Esa es una línea impulsada por Borrell y por varios gobiernos europeos e internamente por opositores como Henrique Capriles. Esa línea ha tendido a fracasar en tanto la posición dominante en Europa es que el régimen no garantiza elecciones libres.

Borrell convocó una reunión a nivel ministerial del Grupo de Contacto Internacional integrado por Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Francia, Italia, Alemania, Holanda, España, Portugal, Suecia y el Reino Unido además de Argentina que se sumó recientemente. Por cierto, por motivos aún no aclarados, el gobierno provisional de Bolivia optó por finalizar su participación en este grupo.

La reunión vía internet del GCI se produjo el 17SEP20 y al término de la misma Borrell tuiteó un breve comentario y fue emitido un largo comunicado ministerial que pareciera reflejar plenamente la situación. Si bien el GCI no tiene mandato para decidir en nombre de la UE ni de ningún grupo de países, Borrell dejó saber que había recibido apoyo para continuar conversaciones procurando una nueva fecha de votaciones en Venezuela. La primera reacción de Maduro fue descartar la posibilidad de mudar la fecha de las votaciones convocadas por su régimen.

Por cierto, el canciller argentino Felipe Solá, actuando como vocero del castrochavismo, se estrenó en el Grupo de Contacto atacando a la oposición venezolana que se niega a participar en las votaciones.

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El documento del GCI declara que “la única solución sostenible a la crisis venezolana será (…) a través de elecciones legislativas y presidenciales libres, creíbles, transparentes y justas”. El GCI listó las condiciones que sus integrantes consideran como necesarias, entre otras la designación de nuevas autoridades electorales, nuevo padrón electoral que incluya a venezolanos en el extranjero, “respeto del mandato constitucional de la Asamblea Nacional, devolución del control de los partidos políticos a sus administradores legítimos, cese de la inhabilitación y el enjuiciamiento de líderes políticos y pleno restablecimiento de sus derechos y de otros candidatos a la igualdad de condiciones políticas”.

En otro párrafo del comunicado, el GCI expresó “su apoyo a la labor del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Misión Internacional Independiente de Investigación” que el 15SEP20 publicó su informe señalando a Maduro y otros altos funcionarios del régimen de delitos de violaciones de DDHH considerados como de lesa humanidad. La divulgación de este informe habría dado al traste con la intención del gobierno de España de abrir un compás de tiempo para que Borrell siguiera como intermediario entre Maduro y algunos sectores de la oposición en procura de “condiciones mínimas”.

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La posición de EE. UU. sobre las gestiones “europeas” buscando una nueva fecha para las votaciones ha sido de rechazo bajo dos argumentos: en Venezuela deben producirse elecciones presidenciales y no solo legislativas; y el régimen no ofrecerá las condiciones para unas elecciones libres. “Las elecciones fraudulentas no son menos fraudulentas si se celebran unos meses después”, afirmó Elliot Abrams en su rueda de prensa del 16SEP20.

Sobre la ruta escogida por el opositor Henrique Capriles de inscribir candidatos a las votaciones del 06DIC20 en contravía a la posición de su propio partido y de la alianza opositora liderada por Juan Guaidó, dos voceros de EE. UU. se han pronunciado.

“Hay una distinción entre quienes no están de acuerdo con las tácticas y quienes tienen estrategias fundamentalmente diferentes y esperan apoyar al régimen de Maduro. Por supuesto, los individuos que mencionaste (se refería a Capriles y a María Corina Machado quien no participa en elecciones pero rechaza la línea propuesta por Guaidó) todavía están de acuerdo con la estrategia de la oposición” afirmó el 14SEP20 la subsecretaria adjunta del Departamento de Estado Carrie Filipetti, encargada simultáneamente de Venezuela y Cuba.

Al día siguiente, Abrams precisó: “a quienes han decidido participar en las elecciones a la Asamblea Nacional, nuestro mensaje es que tienen la obligación especial de exigir las condiciones necesarias (…) somos capaces de distinguir entre actores democráticos que difieren en estrategia y personas que trabajan con el régimen para socavar la democracia. No dudaremos en aplicar toda la fuerza de las sanciones estadounidenses a este último grupo…”.

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El Consejo de Asuntos Exteriores, integrado por los ministros de exteriores de la UE, tiene prevista una reunión presencial ordinaria el 21SEP20 y el tema Venezuela no aparece en la agenda ya divulgada. Una fuente oficial del Consejo, consultada el 14SEP20 para este informe, señaló que no existían “planes” para incluir a Venezuela en el temario aunque podría ser tratado en la sección de “otros temas” en caso de ser solicitado por alguno de los ministros. De esa manera pareciera confirmarse que la UE no convalidará las votaciones convocadas por el régimen en Venezuela.

Por cierto, la Unión Europea sí proveerá observación electoral en las elecciones convocadas en Bolivia para el 18OCT20. El jefe de la EOM Bolivia es Alexander Gray quien el 17SEP20 ya se encontraba en La Paz. Igualmente, la OEA y el Centro Carter estarán en tareas de observación electoral.

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El 27JUL19, tras tocar en La Habana y Brasilia, Serguéi Lavrov realizó una muy inusual visita, la primera de un canciller ruso a Paramaribo, la capital de Surinam al norte de Suramérica. Convertir a Surinam en un “hub” entre Rusia y Suramérica habría sido tema de las conversaciones de ese día. Lavrov sostuvo un encuentro con Desiré Bouterse quien se mantenía en el poder por diez años con crecientes lazos con China y figurando en la lista de aliados y beneficiarios del régimen chavista.

El 17SEP20 llegó a Paramaribo el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, en una visita de pocas horas para reunirse con el nuevo mandatario Chandrikapersad “Chan” Santokhi quien se impuso en las elecciones del 25MAY20 pese a los abiertos intentos de Bouterse para boicotear el conteo final de votos. La rápida presión internacional impidió que en Surinam se reprodujera la situación de su vecina Guyana donde el ahora expresidente David Granger logró retrasar por casi cinco meses la proclamación de los resultados electorales que lo declaraban perdedor. Santokhi, de ascendencia hindú y quien pronunció su juramento presidencial en sánscrito, se propone incentivar las relaciones de su país con EE. UU.

La noche del 17SEP20, Pompeo arribó a Georgetown, donde era esperado por el nuevo mandatario, el musulmán de ascendencia hindú Mohamed Irfaan Ali. La diplomacia de EE. UU., en coordinación con los países del Caricom y en una poco publicitada coincidencia con la izquierda caribeña procubana, presionó duramente al exmandatario David Grager para reconocer la victoria de Irfaan Ali lo cual solo ocurrió el 02AGO20. La presencia de Pompeo en Surinam y Guyana fue la forma de resaltar dos éxitos poco conocidos de la diplomacia estadounidense.

Pompeo y su colega guyanés Hugh Todd firmaron dos acuerdos, uno de ellos es la denominada “Iniciativa de Crecimiento en las Américas.

El otro es un acuerdo de shiprider que facilitará a partir del 21SEP20 la realización de operaciones marítimas y aéreas bilaterales antinarcóticos. El acuerdo crea mecanismos de aprobación rápida para sobrevuelos de EE. UU. sobre Guyana. Según el gobierno guyanés “las operaciones no se realizarían en aguas de Guyana a menos que el Gobierno otorgue” permiso previo. Este acuerdo es un tema particularmente sensible dado el diferendo territorial existente entre Venezuela y Guayana que involucra las áreas marítimas asociadas al territorio Esequibo.

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La gira de Pompeo por Suramérica fue diseñada como un recorrido alrededor de Venezuela y el “tema Venezuela” fue abordado con cada uno de los gobiernos. El 18SEP20 Pompeo arribó a Boa Vista, la capital del estado Roraima en la amazonía brasileña. Al final del día el secretario de Estado de EE. UU. partió hacia Bogotá para redondear su gira.

Como ya lo había hecho el 14ABR19 en la zona fronteriza de Colombia con Venezuela, durante las horas que Pompeo permaneció en Boa Vista visitó instalaciones donde se presta ayuda a los refugiados venezolanos en el programa Operação Acolhida ejecutado por las fuerzas militares de Brasil. Mientras Pompeo permanecía en Boa Vista, en el vecino estado de Amazonas el ejército brasileño continuaba realizando los juegos de guerra Operação Amazônia mediante los cuales se ejercitan bajo la hipótesis de enfrentar la invasión del ejercito de un país vecino. En algunos medios militares brasileños no habría gustado la simultaneidad de la visita de Pompeo con la ejecución de los ejercicios de guerra.

El canciller brasileño Ernesto Araújo acompañó a Pompeo durante su estadía en Boa Vista; y durante una rueda de prensa el estadounidense afirmó que “a Maduro vamos a sacarlo de allá” ratificando que “Venezuela” estaba en la agenda del día. Araújo declaró que Brasil no participaría en mediaciones entre el régimen chavista y la oposición “como si fuera un diálogo entre dos fuerzas iguales. Eso no existe en Venezuela; en Venezuela existe un lado represor y un lado reprimido”.

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La llegada de Pompeo a Bogotá coincide con la ejecución de un nuevo ejercicio militar conjunto combinado con escenario en las aguas del Caribe colombiano. Organizado por el Comando Sur de EE. UU. y con epicentro en Coveñas, departamento de Sucre en la costa colombiana el ejercicio militar Poseidon reúne desde el 18SEP20 y por una semana a personal militar, naves y aeronaves de la Fuerza Aérea y la Armada de EE. UU. junto con la Fuerza Aérea colombiana.

Según la versión oficial, el ejercicio busca aumentar la “interoperabilidad” en operaciones de “interdicción, interceptación, neutralización de blancos marítimos ilícitos” e incluiría “maniobras de reabastecimiento en vuelo y búsqueda y rescate en aguas abiertas”. El ejercicio es parte de las acciones binacionales antinarcóticos que Colombia y EE. UU. realizan regularmente en aguas del Caribe y del Pacífico.

Colombia se mantiene como el principal socio militar de EE. UU. en la región y sus fuerzas militares se encuentran en negociaciones con sus pares estadounidenses para el aumento de la dotación de equipos militares con base en la Acquisition and Cross Servicing Agreement de la cual se beneficia Colombia como país socio de la OTAN.

Durante la reunión anual de las armadas de ambos países celebrada el 02SEP20 entre el comandante de la Cuarta Flota contralmirante Don Gabrielson y el jefe de planificación naval de la Armada colombiana contralmirante José Joaquín Amezquita, se habría discutido sobre “una expansión” del suministro de activos militares navales a Colombia. A su vez, el Ejército colombiano se encuentra en una fase adelantada de las gestiones para adquirir de segunda mano 144 vehículos blindados M1117, procedentes de los depósitos de la Policía Militar del ejército estadounidense.

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