Edgar C. Otálvora, autor en Runrun

Edgar C. Otálvora

Informe Otálvora | Izquierda continental engolosinada de poder, por Edgar C. Otálvora

Reunión Grupo de Puebla en Colombia con presencia de representante de China el 11NOV22. Foto: @evoespueblo.

El Grupo de Puebla no es una reunión de diletantes sino un foro para coordinar la toma y la preservación del poder por parte de la izquierda continental

 

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Tras las elecciones de medio término, la Casa Blanca pareciera haber decidido renovar su esquema de comunicación con Latinoamérica.

El Departamento de Estado anunció el 18NOV22 la designación de Chris Dodd como “asesor presidencial especial para las Américas”. El exsenador, compañero partidista y amigo personal del presidente de EEUU, desarrolló durante su vida política un conocimiento personal y una red de contactos en Latinoamérica que fue puesta en uso para salvar la Cumbre de las Américas que tuvo a California como sede y a Biden como anfitrión en junio pasado. Dodd fue el artífice que logró congregar al brasileño Jair Bolsonaro y al argentino Alberto Fernández bajo un mismo techo.

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Desde el principio de su gobierno, Biden había estado delegando los movimientos de diplomacia directa con Latinoamérica en el colombo-estadounidense Juan Sebastián González, asesor presidencial y responsable del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. González, fue el protagonista y probable diseñador de una visita a Nicolás Maduro el 05MAR22 que pudo haber dado al traste con el esquema de presión que EEUU mantiene sobre el régimen chavista.

La poca relevancia que el secretario de Estado Antony Blinken otorga al continente, la ausencia de un equipo cohesionado sobre Latinoamérica en el Departamento de Estado y la Casa Blanca, está siendo suplido curiosamente con viajes diplomáticos por parte del director de la CIA, el embajador William Burns, quien fue el primer alto funcionario del gobierno Biden en reunirse con Bolsonaro o, por la comandante del Comando Sur, general Laura Richardson, quien ha estado trabajando directamente para mantener canales operativos con el estado colombiano tras la llegada del gobierno izquierdista de Gustavo Petro.

El papel de Chris Dodd, quien cuenta con 78 años de edad, sería el de operar como vocero directo de Biden en el continente donde se está cocinando una abierta reacción antiestadounidense.

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A los efectos de la Unión Europea, en Venezuela se mantiene el estado de “continuo deterioro de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos” existente a finales del año 2017 y, en consecuencia, fueron renovadas sin mayor debate las sanciones impuestas a altos jerarcas del régimen.

El 13NOV17 los ministros de exteriores de la UE reunidos como “Consejo de la Unión Europea” acordaron restringir la venta de armas al régimen chavista. Igualmente acordaron prohibir el ingreso a territorio de la UE de altos jerarcas del régimen, así como al congelamiento de sus propiedades. La Unión Europea no impuso medidas contra el aparato empresarial del estado venezolano. Desde entonces la lista de jerarcas sancionados fue aumentando hasta llegar al número de 55. Entre ellos figuran el cogobernante Diosdado Cabello, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, políticos funcionales como Bernabé Gutiérrez, el zar petrolero Tareck El-Aissami, el fiscal general del régimen Tarek Saab, altos jefes militares como Remigio Ceballos, jefes judiciales como Maikel Moreno y el zar de la frontera Freddy Bernal.

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El 07NOV22 en un pasillo del Centro de Convenciones del balneario egipcio de Sharm el-Sheikh, coreografiado por algún mandatario africano amigo del régimen cubano, se produjo un encuentro entre Nicolás Maduro y el presidente francés Emmanuel Macron. La conversación atentamente captada por las cámaras del equipo de propaganda del régimen chavista fue ampliamente difundida para transmitir la imagen de un Maduro que cultiva amistades internacionales. A su regreso a Caracas, Maduro en una reunión del buró político del PSUV transmitida por TV, dejaba saber que probablemente viajaría a Europa para celebrar su cumpleaños.

Pocos días antes, el 25OCT22, el grupo de trabajo sobre Latinoamérica y el Caribe del Consejo de la Unión Europea, había celebrado una reunión de trabajo en Bruselas en cuya agenda figuró el tema “Venezuela”. Los funcionarios del Consejo de la UE estaban realizando la evaluación de la situación venezolana para decidir sobre la continuidad de las sanciones a los jerarcas chavistas que vencerían el 14NOV22.

La recomendación de los diplomáticos encargados del caso fue prolongar por un año las sanciones y actualizar la información sobre los sancionados sin modificar el listado. Según una fuente oficial de la UE consultada por este Informe “la adopción de los actos jurídicos se finalizó mediante un procedimiento escrito que concluyó el 10 de noviembre de 2022”. La fuente enfatizó que “el Consejo podrá adoptar actos cuando se reúna físicamente o, a falta de sesiones presenciales, mediante procedimiento escrito”. La decisión de renovación de sanciones a jerarcas chavistas fue tomada sin una reunión ministerial del Consejo, demostrando que los gobiernos de la UE no tienen mayor interés de debatir algún cambio de posición colectiva ante el régimen venezolano.

Desmintiendo la versión del chavismo sobre sus avances diplomáticos en Europa, el Diario Oficial de la UE publicó el 11NOV22 la Decisión 2022/2201 que prolonga por un año más las sanciones altos cargos del régimen chavista. De hecho, el viaje de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, a los Países Bajos para participar en una sesión de la Corte Internacional de Justicia el 17NOV22, solo fue posible alegando que se trataba de una visita a un país “anfitrión de una organización internacional intergubernamental”.

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“Dando como un supuesto las victorias electorales de Gustavo Petro en Colombia y especialmente la de Lula da Silva en Brasil, la izquierda continental ya está barajando un escenario de retoma de la institucionalidad continental”. Así adelantaba el Informe Otálvora del 22ABR22 los eventos que comienzan a registrarse tras la toma del gobierno colombiano por Petro el 07AGO22 y el anuncio de la victoria de Lula da Silva el 30OCT22.

El Grupo de Puebla, la organización VIP de la izquierda continental, celebró el 10-11NOV22 una reunión en Santa Marta, Colombia, con la mayoría de sus principales miembros fundadores. En la mesa principal se situaron la brasileña Dilma Rousseff, el español José Rodríguez Zapatero, el local Ernesto Samper Pizano, el dominicano Leonel Fernández y el chileno Marco Enriquez-Ominam, quien actúa como coordinador del grupo y activo operador internacional.

Además se sumó al evento el boliviano Evo Morales así como Rui Zhu enviado por el Partido Comunista de China, quien previamente había visitado La Habana. La presencia del diplomático chino, quien posó en la foto de familia oficial de la reunión, dejó ver la concatenación de intereses entre la alianza izquierdista continental y el gobierno chino. China cuenta con funcionarios de enlace con la CELAC, con el Foro de São Paulo y ahora con el Grupo de Puebla.

Este último no es una reunión de diletantes sino un foro para coordinar la toma y la preservación del poder por parte de la izquierda continental.

El Grupo de Puebla, que se autodenomina “progresista”, desde su fundación en 2019 y hasta la fecha se había abstenido meticulosamente de mostrar contactos directos con agentes del régimen chavista. La reincorporación de la dictadura venezolana a los organismos internacionales continentales es uno de los puntos de la agenda del Grupo de Puebla y la reunión celebrada en Colombia fue la primera en la cual participó un emisario del régimen, el embajador de Maduro en Colombia, Félix Plasencia.

Gustavo Petro, por su parte, clamó el 11NOV22 desde París para que el gobierno de EEUU retire la recompensa por U$ 15 millones que ofrece a cambio de información que lleve al arresto de Nicolás Maduro a propósito del juicio que por narcotráfico le sigue la justicia estadounidense.

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El Grupo de Puebla interpreta que “en buena parte de los Estados de América Latina y el Caribe, el progresismo es gobierno” y “se abre una oportunidad inmejorable para continuar con la tarea iniciada a comienzos de siglo”. Con esa evaluación por delante, el grupo emitió una declaración suerte de programa de acción continental en el cual denuncian a EEUU por la imposición de sanciones a Cuba y Venezuela.

El documento emitido por el Grupo de Puebla el 11NOV22 incluye una larga lista de temas de acción gubernamental entre ellas la “desregulación de la prohibición de las drogas”, una “moneda única latinoamericana” y una “política de seguridad y defensa común”, retomando  ideas chavista sobre una alianza militar subcontinental de gobiernos de izquierda en la cual ya habían estado trabajando a nivel de Unasur.

El Grupo de Puebla anuncia la reactivación de Unasur y adelanta que la llegada de Lula a la Presidencia “despeja el camino de Brasil para su retorno a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Adicionalmente, el grupo reitera la propuesta de desplazar a Luis Almagro de la Secretaría General de la OEA a quien acusan de “desestabilización de las democracias latinoamericanas” y de “denuncias de abuso de poder”. Destituir a Almagro o lograr su dimisión es un objetivo planteado por los gobiernos de Argentina y México desde 2021 y que intentarán ejecutar a partir del 01ENE23 cuando Brasil cambie de gobierno.

Reabrir Unasur, fortalecer la CELAC en contraste con la OEA y en choque con EEUU, lavarle la cara a la dictadura venezolana, fortalecer alianza con China, destituir a Almagro, tomar control del Banco Interamericano de Desarrollo, esas son parte de las metas de la alianza izquierdista.

Por cierto, en medios políticos bogotanos que aún recuerdan viejas anécdotas de la godarria cachaca se comentaba estos días, no sin sorna, que parece extraño que el expresidente Ernesto Samper ande firmando documentos atacando a Almagro por mantener amorío con una funcionaria del organismo que dirige…

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El 14NOV22 un grupo de expresidentes encabezado por los chilenos Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, la brasileña Dilma Rousseff, el ecuatoriano Rafael Correa y el uruguayo José “Pepe” Mujica, acompañados de decenas de firmas de exfuncionarios de los recientes gobiernos de izquierda de la región, hicieron circular una carta pública dirigida a los mandatarios suramericanos. En la lista de los receptores incluye a Nicolás Maduro y a Lula da Silva dándole al brasileño tratamiento de “Excelência senhor Presidente” aun sin haber tomado posesión del cargo.

La carta fue difundida por dos “centros de investigación» de la red izquierdista continental, la “Fundación Chile 21” y el “Instituto Novos Paradigmas” basado en Porto Alegre, Brasil. El documento alega que “a partir de enero del 2023 tendremos en todos los países más grandes, sin ninguna excepción, gobiernos partidarios de retomar y fortalecer los procesos de integración” por lo cual “urge en consecuencia la reconstrucción de un espacio eficaz de concertación suramericana” el cual sería Unasur.

Los expresidentes en su carta asumen la exposición hecha por el excanciller de Rafael Correa, Guillaume Long, durante un encuentro del Grupo de Puebla en Río de Janeiro el 29MAR22. Según Long, un trabajo elaborado por el “centro de investigaciones” estadounidense asociado a la dictadura chavista denominado Center for Economic and Policy Research (CEPR), concluye que el organismo Unasur aún existe legalmente ya que el retiro de Brasil y Argentina nunca cumplió los extremos procedimentales internos.

Debe esperarse que durante el primer semestre del año 2023 sea convocada una cumbre presidencial para declarar reconstituida la Unasur. Los gobiernos de izquierda se están moviendo rápido.

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Los eventos de coordinación política internacional no solo tienen lugar a nivel VIP en el Grupo de Puebla. Bajo la convocatoria del cogobernante Diosdado Cabello, la alianza de partidos de izquierda Foro de São Paulo sesionó en Caracas el 18-19NOV22. El propósito de la reunión fue acordar un “plan estratégico” y coordinar acciones colectivas continentales. Además de Cabello, la reunión fue dirigida por la brasileña Mónica Valente, exsecretaria de asuntos internacionales del partido PT, actual secretaria ejecutiva del Foro de São Paulo e integrante del grupo de “relaciones exteriores” del “Gabinete de Transición Gubernamental” designado por Lula da Silva.

Por cierto, la reunión del Foro de São Paulo tuvo lugar en el edificio que servía de sede al diario El Nacional, el cual fue confiscado por un tribunal del régimen a favor de Diosdado Cabello.

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El 15NOV22 desde su hotel en Palm Beach, Florida, el expresidente Donald Trump anunció su decisión de competir por la presidencia de EEUU en las elecciones del 2024.

Su discurso de más de una hora fue un largo ataque al gobierno Biden, una exaltación a su pasado gobierno con un tema de política exterior central: la confrontación con China. Pocas fueron las referencias a Latinoamérica.

Trump afirmó haber conseguido que “México nos diera veintiocho mil soldados gratis” para impedir el ingreso de inmigrantes por la frontera. Sobre López Obrador, Trump dijo que “es socialista, pero es un gran señor” (…) “es un gran hombre y amigo mío”.

Sobre los latinos en EEUU, Trump dijo que los hispanos apoyaban su plan de construir un muro en la frontera con México: “muchos han notado los enormes avances que hemos logrado con los votantes latinos, y creo que estableceremos récords aun mayores con este voto crucial en 2024. El votante hispano, el votante latino, ha sido increíble. Grandes personas, muy emprendedoras, y quieren seguridad. Y todos pensaron cuando hice el muro, construí el muro, y pensaron: «Oh, eso me haría daño con el voto hispano». No, me ayudó porque entendieron. Querían seguridad, querían seguridad y entendían la frontera mejor que nadie”.

En relación al tema de las drogas, ejemplificó con la política china. “Cuando estaba con el presidente Xi, le pregunté: «Presidente, ¿tiene un problema de drogas?»…»No, no, no, no, no lo tenemos». Me miró como si yo no supiera lo que estaba haciendo. Él dijo: “No, no tenemos una droga”. “¿Cómo es que no tienen un problema con las drogas?” Él dijo: “Prueba rápida”. “¿Qué es una prueba rápida?” ¿Sabía qué es una prueba rápida? Ahí es donde si te atrapan vendiendo drogas, tienes un juicio inmediato y rápido y al final del día eres ejecutado”. Eso es terrible, pero ellos no tienen problemas con las drogas”.

“Hay muchas naciones que nos odian gravemente. Y ese es el problema cuando nos miran en desorden como lo estamos ahora…”, dijo Trump en alguna parte de su discurso.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | Petro y Maduro pactan alianza política, por Edgar C. Otálvora

Gustavo Petro recibido con honores militares en el Palacio de Miraflores el 01NOV22. Foto: @nicolasmaduro.

El régimen chavista cuenta ahora con un aliado en el Palacio de Nariño, aliado que en su discurso alucina sobre acuerdos con Maduro en materia de control ambiental en la Amazonía

 

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Uno de los principales jefes del aparato de tortura del régimen venezolano formó parte del comité de recepción a Gustavo Petro, el presidente colombiano que visitó a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores el 01NOV22.

A su llegada a Miraflores, Petro fue recibido con honores militares incluyendo un pase de revista a húsares de la Guardia Presidencial. Petro escuchó los himnos nacionales de Colombia y Venezuela junto a Nicolás Maduro, con quien compartía modelo y color de camisa blanco sucio, pantalón oscuro y la decisión de marcar la fecha como el inicio de una alianza política entre ambos. Tras el dueto se encontraba el asistente personal de Maduro, “capitán” Juan Escalona; la vicepresidenta ejecutiva de Maduro, Delcy Rodríguez; la esposa de Maduro, Cilia Flores; y el general Iván Hernández Dala.

Según el comunicado que emitiera la Presidencia de Colombia el 31OCT22 sobre el viaje a Caracas, Petro llevaba en su agenda solicitarle a Maduro el “reingreso de Venezuela al sistema interamericano de Derechos Humanos”. El general Hernández Dala, quien recibió al colombiano en el Palacio de Miraflores, es comandante de la unidad militar de Guardia de Honor Presidencial y además ejerce desde 2015 como director de la DGCIM, la tenebrosa dirección de ”contrainteligencia militar” del régimen.

El informe presentado el 20SEP22 por la “Misión Internacional Independiente” sobre Venezuela designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señaló a Hernández Dala como el encargado de recibir las órdenes de Maduro para la ejecución de detenciones y torturas a opositores. El anfitrión militar de Petro forma parte de los jerarcas del régimen sancionados por la Unión Europea y EEUU por su papel en la violación de DDHH en Venezuela.

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Maduro se niega rotundamente a visitar las zonas fronterizas de Venezuela por lo que la primera reunión con Petro debió realizarse en una de las capitales.

La visita de Petro a Caracas fue negociada directamente por la Casa de Nariño. Muchos de los responsables de la política exterior de la cancillería de Colombia, el Palacio de San Carlos como se llama en el argot diplomático, se enteraron del viaje de Petro cuando fue anunciado mediante un comunicado el 31OCT22. El documento suscrito fue redactado y negociado directamente por el Palacio de Nariño con el equipo de Maduro controlado por Delcy Rodríguez.

Según fuentes diplomáticas en Bogotá, la jefe del gabinete de Petro, Laura Sarabia, ha reemplazado a la cancillería colombiana en las tareas de conexión con el régimen chavista. La coordinación de la visita, los documentos que se firmarían y el programa a cumplir estuvieron en manos de Sarabia. La actual mano derecha de Petro en la Presidencia ejerció previamente como secretaria del jefe de campaña Armando Benedetti, quien ahora es el embajador de Petro ante Maduro.

La preeminencia de Sarabia quedó en evidencia durante el acto de firma de documentos entre Petro y Maduro cumplido en un salón de Miraflores. La primera fila de la delegación colombiana fue ocupada por Sarabia, el canciller Álvaro Leyva, el embajador de Petro ante la OEA Luis Vargas y el embajador Benedetti. Sarabia fue colocada por el equipo de ceremonial como la funcionaria de mayor rango en el grupo colombiano, posición que formalmente le correspondería al canciller Leyva.

Por cierto, los encargados del ceremonial en Miraflores dejaron constancia de la baja importancia real que poseen el ministro de exteriores Carlos Faría y el embajador en Colombia Félix Plasencia. Durante el citado acto, en la primera fila del lado venezolano fueron colocados la “vicepresidente ejecutiva” Delcy Rodríguez, la “primera combatiente” Cilia Flores, el ministro de Petróleo Tareck El Aissami, el ministro de la Defensa general Vladimir Padrino y el ministro del Interior almirante Remigio Ceballos. El ministro de exteriores fue relegado a la segunda fila mientras el embajador en Colombia fue confinado a una tercera fila.

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Del encuentro entre Petro y Maduro circularon abundantes imágenes. De la llegada de Petro a Palacio, del paseo por los pasillos del palacio, de la reunión en el despacho presidencial y la firma de la declaración conjunta. Pero, el principal del evento fue de carácter privado. Maduro ofreció un almuerzo a Petro que tenía como principal propósito sentar las bases de un pacto político entre ambos. Aparte de los altos jerarcas del régimen chavista, incluyendo al hijo presidencial Nicolás Maduro Guerra, y la pequeña delegación de Petro, la asistencia fue restringida.

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En la declaración firmada por Petro y Maduro, ambos aseguran que reanudar relaciones es una “misión histórica” y una “responsabilidad” conferida “por la providencia”. Además de un listado de temas que ofrecen comenzar a tratar en el futuro (transporte, seguridad fronteriza, energía y minas, intercambio comercial) Maduro y Petro hacen referencia a su decisión de “unión y paz”. El comunicado firmado el 01NOV22 sella a los efectos de Maduro un aparente fin de la posición que Colombia ha sostenido en los últimos años a favor de la redemocratización de Venezuela.

El régimen chavista cuenta ahora con un aliado en el Palacio de Nariño, aliado que en su discurso alucina sobre acuerdos con Maduro en materia de control ambiental en la Amazonía, control del narcotráfico, defensa de derechos humanos y sostenibilidad ambiental, temas sobre los cuales el colombiano trató en un largo discurso en Caracas. Petro y su embajador juran que el petróleo, el gas y la venta de mercancías a la quebrada Venezuela salvará la economía colombiana.

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Mientras Petro ofrecía en Caracas ayudar en las pláticas entre Maduro y la oposición venezolana, su embajador Benedetti afirmaba en entrevista con El Espectador de Bogotá, publicada el 05NOV22, que “Juan Guaidó no es nadie. Solo tiene importancia para EEUU”. Agregó que “las negociaciones van superbién” en referencia a las pláticas entre Maduro y la oposición, basadas en Ciudad de México y que según diversas fuentes deberían reactivarse en breve. Según el dicharachero embajador colombiano “eso puede terminar demasiado bien e inesperado para todo el continente. Petro quiere participar, pero tengo entendido que EEUU dijo que no, que no quería a Colombia ahí”.

Por cierto, en sus declaraciones a El Espectador, Benedetti afirmó que la guerrilla del ELN es una “banda criminal”. El ELN es un aliado del régimen chavista, con amplia presencia en territorio venezolano y que está abriendo negociaciones con el gobierno Petro las cuales se desarrollarán con Maduro como uno de los garantes.

A tres meses de la toma de posesión de Petro y pese al alto interés político que les asigna a sus relaciones con Maduro, hasta la fecha no ha designado personal diplomático para atender la misión en Caracas. Benedetti despacha como embajador desde Bogotá o Barranquilla y excepcionalmente visita Caracas.

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El 01ENE23 se producirá la toma de posesión de Lula da Silva como presidente de Brasil. La alianza izquierdista continental, de esa manera, habrá cumplido sus objetivos de retoma del poder en el continente. Este Informe adelantó en diversas ocasiones sobre los planes de Lula para aspirar a la Presidencia tras su salida de la cárcel donde purgaba pena por corrupción. Igualmente adelantamos que se trataba de un proyecto de escala internacional al punto que la candidatura de Lula fue lanzada en la Plaza de Mayo de Buenos Aires el 10DIC21, apadrinada por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el uruguayo José Pepe Mujica

El domingo 30OCT22 se celebró la segunda vuelta electoral en Brasil. Jair Bolsonaro logró agregar más de siete millones de votos a los obtenidos en la primera vuelta. Lula da Silva aumentó en tres millones sus votos. Al final, con 50,9 % de los votos, el izquierdista Lula da Silva fue anunciado ganador por el Tribunal Superior Electoral.

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Mientras Lula recibía reconocimientos y saludos desde los más diversos gobiernos del planeta y el argentino Alberto Fernández organizaba viaje para visitar al presidente electo pocas horas después de las votaciones, en las calles de Brasil surgió una protesta masiva contra los resultados electorales. Los que manifestaban en noviembre de 2022 reiteraban consignas oídas en los movimientos de protesta que acompañaron al proceso de destitución de Dilma Rousseff en 2015, rechazando el regreso de un gobierno de izquierda al Palacio de Planalto. Los llamados a una intervención militar nuevamente se escucharon en las calles de Brasil donde entre la noche del 30OCT22 y el 01NOV22 llegaron a contabilizarse más de doscientos cortes de autopistas y carreteras por parte de camioneros y ciudadanos de a pie.

En tanto los medios de prensa predecían falsamente un intento golpista por parte de Bolsonaro, quien permaneció en silencio durante más de cuarenta y ocho horas luego de conocerse los resultados electorales, en las calles se producía una oleada de protestas. Bolsonaro justificó las protestas alegando que eran la respuesta a la “indignación” causada “por la forma como se llevaron a cabo las elecciones”, pero solicitaba que fueran pacíficas sin usar los métodos de la izquierda destruyendo la propiedad privada. Bolsonaro no reconoció el triunfo de Lula, pero ordenó a su jefe de Gabinete Ciro Nogueira para que iniciara contactos con el equipo de Lula con vistas al proceso de traspaso del gobierno.

El 02NOV22, Bolsonaro nuevamente se dirigió al país, pidiéndole a sus seguidores que suspendieran el cierre de las vías porque afectaban a todo el país. Pidió que sus seguidores protestaran “de otra forma” y les rogó “no piense mal de mí, yo solo quiero el bien de ustedes”.

Ese mismo día, el actual vicepresidente de Brasil y militar retirado general Hamilton Mourão puntualizó en una serie de tuiteos sobre las protestas y las causas de los resultados electorales. “Brasileños, existe hoy un sentimiento de frustración, pero el problema surgió cuando aceptamos pasivamente la escandalosa maniobra jurídica que anuló los procesos y consecuentes condenas a Lula”.

En otro tuiteo Mourão dijo: “Ahora quieren que las Fuerzas Armadas den un golpe y coloquen al país en una situación difícil ante la comunidad internacional. Las manifestaciones en orden, con justa indignación, son bienvenidas”. Mourão, quien resultó electo como senador, agregó: “tenemos fuerza para bloquear las pautas puramente izquierdistas además de tener la capacidad para regresar mucho más fuertes en 2026. Precisamos vivir para luchar al día siguiente”.

Los resultados electorales brasileños dejan abierta dos vertientes: un reforzamiento de la alianza izquierdista continental y las amenazas de fuerte confrontación política dentro de Brasil.

Los movimientos masivos brasileños contrarios a los gobiernos izquierdistas y que exaltan la opción de un gobierno militar no fueron una creación de Bolsonaro. El entonces diputado Bolsonaro tuvo la agilidad política para montarse en esa ola que se produjo para forzar la destitución de Dilma Rousseff y que al final lo llevó a la Presidencia.

El clan Bolsonaro, el presidente y sus hijos, fueron incapaces de generar un discurso orientador para sus seguidores y quedaron enmudecidos ante la avalancha internacional de respaldos a Lula. El general Mourão, quien durante su gestión fue blanco constante de ataques y campañas desde los cuarteles de los hijos de Bolsonaro, en el momento decisivo resultó el generador de la posición política para los 58 millones de brasileños que fueron a votar por Jair Bolsonaro.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Shannon: defensor de Maduro, asesor kirchnerista y promotor de Lula, por Edgar C. Otálvora

Lula da Silva recibe las credenciales diplomáticas de Tomas Shannon el 04FEB10. Atrás de Lula su operador internacional Marco Aurélio García y el secretario general de Relaciones Exteriores de Itamaraty Antonio Patriota. Foto: Agencia Brasil.

La influencia de Shannon sobre la política de EEUU hacia Venezuela se haría sentir incluso durante los primeros años del mandato Trump

 

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Thomas Shannon con motivo de su jubilación fue objeto de un homenaje, el 04JUN18, ofrecido por el entrante secretario de Estado Mike Pompeo. El largo periplo de Shannon como diplomático de EEUU, en el cual alcanzó el rango y la condición de embajador de carrera, terminaba con un discurso en las escaleras del vestíbulo del edificio del Departamento de Estado, luego de haber fungido como encargado del Departamento de Estado por una decena de días en la transición entre los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump.

Tras haber servido en diversas capitales latinoamericanas desde los años ochenta, Shannon es tenido como un experto en temas continentales, territorio donde ha creado su propia red de relaciones. Quienes lo conocen aseguran que uno de sus temas obsesivos es Brasil, país donde laboró como asistente del embajador a finales de los años ochenta y a donde regresó ya como embajador en 2010. Aparte de su actuación como funcionario diplomático en diversas capitales latinoamericanas, Shannon escaló los más importantes cargos referidos al hemisferio occidental tanto en el Departamento de Estado como en el Consejo de Seguridad Nacional.

Durante el gobierno de Barack Obama, en su condición de consejero del secretario de Estado y de subsecretario para Asuntos Políticos, Shannon se opuso a la imposición de sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Poco después de que Obama iniciara el proceso para sancionar a altos jerarcas del régimen chavista venezolano, mediante una orden ejecutiva del 09MAR15, Shannon viajó a Caracas para sostener uno de diversos encuentros, algunos públicos y otros secretos, que en los siguientes meses mantendría con Maduro y sus representantes. El 24MAY15, la para entonces ministra de exteriores de Maduro, Delcy Rodríguez, reveló que Shannon en sus reuniones con Maduro le había ofrecido mantener contactos de alto nivel entre Caracas y Washington y tratar de mejorar las condiciones operativas entre ambos gobiernos.

El 13JUN15, Shannon sostuvo un encuentro con la canciller de Maduro y con el presidente de la Asamblea Nacional y hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello. El encuentro con Cabello, celebrado en Haití, dejó ver que Shannon desarrollaba una agenda propia abiertamente complaciente con el régimen chavista.

Shannon ha sido señalado de haber frenado o paralizado sanciones a jefes chavistas durante el año 2016.

A cambio de limitar las sanciones, Shannon ofrecía a la Casa Blanca y al liderazgo opositor un esquema para superar la crisis en Venezuela mediante una mesa de diálogo entre el gobierno y la alianza opositora MUD. Para la puesta en escena de la negociación Shannon contaba con la connivencia de un aliado de Maduro quien para la época ejercía como secretario ejecutivo de la ahora extinta Unasur: el colombiano Ernesto Samper Pizano.

La influencia de Shannon sobre la política de EEUU hacia Venezuela se haría sentir incluso durante los primeros años del mandato Trump.

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El día que Shannon abandonó el Departamento de Estado recibió una placa firmada por Mike Pompeo, quien lo calificaba como una inspiración para las futuras generaciones de diplomáticos estadounidenses. Shannon tenía ante sí la opción de utilizar su experiencia como base para hacer carrera política. Ingresó como miembro al variopinto Inter-American Dialogue, un “centros de estudios sobre política exterior” basado en Washington del cual ahora es vicepresidente. En la lista de miembros del Inter-American Dialogue figuran miembros de la izquierda VIP latinoamericana como la expresidenta chilena Michelle Bachelet o la izquierdista brasileña Marina Silva, junto con socialdemócratas como Fernando Henrique Cardoso, derechistas como el premio Nobel Mario Vargas Llosa, la expresidenta costarricense Laura Chinchilla o la exvicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez. Por cierto, Chinchilla y Ramírez estuvieron en Brasilia como observadoras en la primera vuelta de las elecciones brasileñas del 02OCT22, pero no como miembros del Diálogo Interamericano sino en representación del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA.

Un editorial del portal brasileño DefesaNet, publicado el 23SET22, señalaba a Shannon como la cabeza de una operación para desestabilizar al gobierno de Jair Bolsonaro y apoyar la candidatura de Lula da Silva para las elecciones presidenciales. El Inter-American Dialogue y la influencia que mantendría Shannon en el Departamento de Estado de EEUU habrían sido las herramientas según DefesaNet. Este Informe se comunicó infructuosamente con Shannon, vía email, solicitando sus comentarios sobre los señalamientos de DefensaNet.

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Aparte de su ingreso a Dialogo Interamericano, Shannon optó por cerrar las puertas a una carrera política y prefirió convertirse en un agente de gobiernos extranjeros. En 2018 ingresó como asesor senior de política internacional en la empresa “Arnold & Porter Kaye Scholer LLP” de Washington. Desde allí ha actuado, entre otras funciones, como agente del gobierno izquierdista argentino en la capital estadounidense, según los registros de agentes extranjeros llevado por el Departamento de Justicia de EEUU.

Como parte del equipo de A&P, Shannon trabaja directamente en proyectos de apoyo al gobierno de Argentina que significan contacto permanente con la Embajada del gobierno argentino en Washington. Shannon ha sido responsable de suministrar “asesoramiento estratégico” al gobierno kirchnerista argentino “con respecto a las políticas relativas al comercio internacional, oportunidades de inversión y asuntos financieros” además del tema de la deuda externa. En documento presentado por A&P al Departamento de Justicia el 06MAY22, se informa que Shannon es responsable de suministrar “asesoramiento estratégico y asistencia al Gobierno de la Argentina en su relación con los Estados Unidos”, lo cual incluiría propiciar reuniones con funcionarios del gobierno estadounidense.

El contrato por el cual Shannon ha operado como agente del gobierno de Alberto Fernández habría concluido el 30JUN22, pero el 06MAY22 el bufete colocó a Shannon como operador del contrato de representación de la empresa YPF S.A. La petrolera controlada por el gobierno argentino contrató servicios de lobby de Shannon bajo la excusa de celebrar en Washington el centenario de la fundación de la empresa. Para esta misión Shannon vinculó su actividad como asesor con su posición de director del Inter-American Dialogue. Una de las actividades del bufete para el gobierno argentino fue organizar y participar en una cena en la residencia del embajador argentino en Washington, el 16MAY22, en la cual los invitados especiales habrían sido la directora para Brasil y el Cono Sur en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Amy Radetsky y, el subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental Daniel Erikson quien es parte del staff de “expertos” del “Inter-American Dialogue”.

En A&P, Shannon ha sido responsable, adicionalmente, de asistir a los gobiernos de Uzbekistan y El Salvador para mejorar sus relaciones con el gobierno de EEUU. Por cierto. En el listado de clientes extranjeros reportados por A&P para los cuales actúa como agente en EEUU, figura la “República Bolivariana de Venezuela bajo el presidente Juan Guaidó” el cual habría contratado servicios de apoyo en investigaciones legales y no para lobby político. Según A&P Shannon no participaría directamente en las gestiones para el “gobierno Guaidó”.

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El 23JUL22, en declaraciones a Folha de São Paulo, Shannon acusó a Bolsonaro de estar preparando el camino para una ruptura institucional al desconocer los resultados de las elecciones de octubre. En declaraciones del 30SEP22, publicadas en el portal de Valor Económico a pocas horas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Shannon afirmó que EEUU prefería una victoria de Lula da Silva que permitiría un mayor compromiso entre los dos países. El jubilado diplomático, ahora empleado por el gobierno izquierdista argentino, aparecía en la prensa brasileña como si se tratara de un vocero oficioso del gobierno de su país.

Según Shannon, EEUU y Lula comparten “un compromiso con la democracia y los derechos humanos lo que crea bases para un diálogo más amplio sobre nuestra alianza estratégica”. Con ello una vez más Shannon obvia la grave situación de violaciones de derechos humanos en Venezuela y Cuba, regímenes con los que Lula mantiene relaciones de sociedad política y a los cuales benefició con créditos de bancos estatales brasileños.

Shannon aseguró a la periodista Marsílea Gombata, de Valor Económico, que el triunfo de Lula permitiría que Brasil participara junto con los gobiernos izquierdistas de Colombia Chile y Argentina en un mecanismo semejante al Grupo de Contadora (esquema diplomático creado por Colombia, México, Panamá y Venezuela en los años ochenta del siglo pasado procurando un acuerdo de paz en Centroamérica) para atender el caso venezolano al margen de EEUU.

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Las elecciones brasileñas se convirtieron en un asunto de relevancia internacional en el cual voceros de fuerzas políticas extranjeras no han dudado en intervenir. Esto es una novedad en la política brasileña, país donde las élites partidistas gustan imaginarse actuando aisladas del continente que habitan y del planeta que los observa.

Las declaraciones de Shannon representan, sin duda, a parcelas específicas de clanes políticos y empresariales de EEUU que cuentan con cuotas de poder en el gobierno Biden.

Mientras Donald Trump grabó un video apoyando a Bolsonaro, el senador izquierdista Bernie Sander y el otrora lingüista Noam Chomsky abogan por Lula al igual que la izquierda VIP continental concentrada en el Grupo de Puebla. La izquierda mundial está pujando a favor de Lula, pero a medida que corre el mes de octubre y se aproxima la segunda vuelta, los resultados ya no son tan claros a favor del expresidente condenado en dos procesos judiciales por aceptar sobornos de empresas constructoras pero que cuenta con “buena prensa” internacional.

Lula representa a la izquierda apoyada por grandes grupos económicos tradicionales. Bolsonaro es el candidato del Brasil de los agronegocios que exigen un reacomodo en el pacto de gobernanza del país. Y ambas fuerzas cuentan con sus correlativos en el exterior que ligan a favor de su candidato.

Artículo Especial para DefesaNet de Brasil, publicado bajo su autorización.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | migración es tema de seguridad nacional para EEUU, por Edgar C. Otálvora

El secretario de Estado Antony Blinken y altos funcionarios de EEUU reunido el 13OCT22 en Washington con su homólogo mexicano Marcelo Ebrard. Foto: Departamento de Estado.

 

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La temida crisis migratoria continental llegó a EEUU y pareciera que es la única prioridad de la política exterior del gobierno Biden hacia Latinoamérica.

No se trata de un simple tema de choque electoral entre los dos grandes partidos en cuanto al manejo de la migración, sino un asunto que ya es visto como un problema de seguridad nacional.

Desde el gobierno de Barack Obama, planificadores militares y de política exterior manifestaban en diversos documentos el temor de que la crisis venezolana, acompañada de crisis nacionales en Cuba y Centroamérica, derivarían en una presión migratoria sobre EEUU. Las acciones de apoyo de EEUU a los gobiernos suramericanos hacia donde se dirigieron las primeras oleadas de venezolanos en procura de refugio, aparte del indiscutible contenido humanitario tenía implícito el interés estadounidense para evitar que ese flujo se orientara hacia el Norte.

El documento de Estrategia de Seguridad Nacional emitido por Donald Trump, en diciembre de 2017, destacaba que “nuestra responsabilidad fundamental es proteger al pueblo estadounidense, a la patria y el estilo de vida americano. Fortaleceremos el control de nuestras fronteras y reformaremos nuestro sistema de migración”. La respuesta Trump era y es la de un cierre generalizado de fronteras. Aparte de levantar secciones de un muro fronterizo en los límites con México, Trump impuso negociaciones con el gobierno de Manuel López Obrador para que México actuara como colchón de protección, impidiendo la llegada de nuevas oleadas de migrantes procedentes de Centroamérica, y recibiendo a migrantes deportados de EEUU o aspirantes a procesos de asilo estadounidense.

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La versión Biden de la Estrategia de Seguridad Nacional, difundida el 12OCT22, se refiere al tema migratorio ampliamente y lo presenta como un asunto que implica la política exterior de EEUU hacia el hemisferio.

“El movimiento de personas en las Américas, incluidos más de seis millones de venezolanos (…) obligados a abandonar sus hogares desde 2015, afecta a toda América Latina y el Caribe y refuerza la necesidad de una acción regional. La “Declaración de Los Ángeles sobre Migración” complementa los esfuerzos internos de EEUU para modernizar su infraestructura fronteriza y construir un sistema de inmigración justo, ordenado y humano con una asociación audaz centrada en todo el hemisferio sobre el principio de responsabilidades compartidas, estabilidad y asistencia a las comunidades afectadas, la expansión de las vías legales, gestión humana de la migración y una respuesta coordinada a la emergencia”. El gobierno de Biden declara que su objetivo es “estabilizar las poblaciones migrantes y reemplazar la migración irregular con flujos ordenados que pueden impulsar el crecimiento económico en los EEUU y en toda la región”.

Para la Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles el 06-10JUN22, el gobierno de EEUU convirtió el tema migratorio en el eje de sus negociaciones. Los representantes, en muchos casos los propios respectivos jefes de Estado, de Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay se comprometieron a “fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos a fin de crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular, así como fortalecer los marcos necesarios para la protección y cooperación internacional”.

El 12OCT22 el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU anunció un paquete de medidas para frenar el ingreso de migrantes a territorio estadounidense desde México, especialmente de venezolanos en procura de refugio. México se comprometió a recibir a los venezolanos que sean deportados por haber ingresado ilegalmente a EEUU. EEUU ofrece un programa de “permisos humanitarios” de trabajo temporal para 24.000 venezolanos que cuenten con patrocinantes en territorio estadounidense e ingresen vía aérea legalmente. La oferta para venezolanos incluye diversas condicionantes, estando vetada, entre otros, para aquellos que hubiesen ingresado ilegalmente a México o Panamá (desestimular el tránsito por la selva panameña de Darién) o que fueran beneficiarios de medidas de refugio en terceros países.

Todo venezolano que ingrese a EEUU ilegalmente será deportado a México: las liberalidades migratorias que permitían que los venezolanos solicitaran refugio y asilo una vez ingresado a EEUU han terminado y el derecho universal al asilo humanitario quedó tambaleante a ambos lados del río Bravo/Grande.

Aparte de las medidas específicas para venezolanos, el gobierno Biden anunció un paquete migratorio para el año fiscal 2023 que incluye la oferta de 20.000 visas de trabajo exclusivas para ciudadanos de Haití, Honduras, Guatemala y El Salvador, además de varias decenas de miles de visas temporales para trabajadores no agrícolas mexicanos que sería parte de los beneficios que obtendría México al participar en el esquema de deportación de migrantes desde EEUU.

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El canciller mexicano y precandidato presidencial Marcelo Ebrard fue quien negoció con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, los acuerdos migratorios para frenar el paso de venezolanos hacia EEUU. La más reciente reunión se produjo en la sede del Departamento de Estado en Washington y junto con Blinken estuvieron presentes por EEUU el fiscal general Merrick Garland y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.

El 13OCT22 Ebrard dejó saber que había solicitado a su colega estadounidense la inclusión de otras nacionalidades entre los beneficiarios de “permisos humanitarios” de trabajo en EEUU, ya que México comienza a sentir la presión migratoria de personas procedentes de Colombia, Ecuador y Brasil. Por cierto, el presidente colombiano Gustavo Petro, durante la visita de Blinken a Bogotá el 03OCT22, le solicitó que EEUU considerara la opción de establecer un programa de TPS (estatus de protección temporal) para colombianos en territorio estadounidense similar al existente para venezolanos. Blinken hizo caso omiso de la solicitud de Petro.

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La multiplicación de gobiernos de izquierda en el Continente y una intenta campaña demagógica del régimen chavista al alimón con la cancillería cubana sobre pequeños países caribeños, hizo que la representación del “gobierno Guaidó” estuviera a punto de ser retirada de la OEA.

Gustavo Tarre Briceño ejerce la jefatura de la misión de Venezuela en la OEA como representante permanente designado por la Asamblea Nacional electa en 2015 y en calidad de vocero del gobierno provisional encabezado por Juan Guaidó. Su aceptación en tal condición fue aprobada mediante dos votaciones, primero en el Consejo Permanente el 09ABR19 donde se aprobó por 18 votos. Luego, a nivel de ministros de exteriores, el 28JUN19 la 49 Asamblea General de la OEA celebrada en Medellín, Colombia, decidió “aceptar al Representante Permanente ante la Organización de los Estados Americanos designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, hasta que se celebren nuevas elecciones presidenciales que conduzcan al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente”. Por esta vía, la OEA dejaba sin efecto la decisión del régimen chavista anunciada el 27ABR17 y que entraría en vigencia el 27ABR19, de retirar a Venezuela de la OEA.

Los intentos de los gobiernos de Andrés López Obrador y Alberto Fernández para expulsar a Tarre Briceño fracasaron en 2021 al no lograr un apoyo significativo para sumar los votos necesarios, la mayoría simple de 18 votos, para que la Asamblea General celebrada de forma virtual el 10-12NOV21 dejara sin efecto la representación venezolana. La convocatoria de la Asamblea General para la ciudad de Lima, con la presencia de los gobiernos de Chile, Honduras y Colombia que recientemente habían girado a la izquierda, abrió la opción para que gobiernos declaradamente contrarios al gobierno provisional de Guaidó alcanzaran una votación suficiente para expulsar a Tarre Briceño.

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La tarea para coordinar la estrategia y sumar apoyos para expulsar a Tarre Briceño de la OEA fue encomendada por los principales patrocinantes (México y Argentina desde dentro, Cuba y el régimen chavista desde afuera) al representante permanente de Antigua y Barbuda, el embajador (posee título nobiliario británico) sir Ronald Sanders. La estrategia definida por Sanders consistía en objetar la presencia de Venezuela en la 52 Asamblea General que se celebraría en Lima el 05-07OCT22 alegando que Venezuela dejó de ser miembro de la OEA. Una moción de orden, previa al inicio de las deliberaciones, dejando sin efecto las credenciales de la delegación venezolana era el mecanismo ideado por Sanders.

La trampa metodológica planeada por México y Antigua y Barbuda fue rápidamente conocida en los pasillos de la OEA en Washington, lo que hizo que Tarre Briceño anunciara que no viajaría a Lima. Con la representación de Venezuela ausente no sería posible que Antigua y Barbuda presentara la moción de orden previa a las deliberaciones. La finta de Tarre Briceño hecha pública pocas horas antes del inicio de la Asamblea General Ordinaria en Lima, obligó a que la alianza en su contra adelantara una vía alterna para expulsarlo. El 03OCT22 optaron por presentar, ya casi comenzando las deliberaciones en Lima, un proyecto de resolución que fuera considerado por la Asamblea General dejando sin efecto la decisión del año 2019 cuando fue aceptado el representante del “gobierno Guaidó”. El proyecto de resolución llevaba por título: “Revocación de la aceptación de un representante permanente ante la OEA designado por la Asamblea Nacional de Venezuela en enero de 2019”. La aprobación de esa resolución solo ameritaría 18 votos, una mayoría simple de votos con los cuales calculaban contar. La expulsión de Tarre parecía hecho cumplido.

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Pero los proyectos de resolución para una Asamblea General de la OEA, que reúne anualmente a todos los ministros de exteriores del continente, deben ser presentados a consideración con tiempo de anticipación. El proyecto de última hora presentado por Antigua y Barbuda con el apoyo de Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Dominica, Granada, México, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago, llegaba tarde a la lista de proyectos para ser votados en la Asamblea de Lima.

La consideración del proyecto contra Tarre solo sería posible si la propia Asamblea aprobaba, como punto previo al inicio de los debates, un cambio en el temario y la agenda para lo cual se requeriría dos tercios de los votos y no la mayoría simple. En la primera sesión de la Asamblea General de Lima el 06OCT22, el embajador Sanders tomó la palabra para pedir que sus colegas votaran a favor de modificar el temario para incluir la resolución contra la representación venezolana. La votación no alcanzó los 24 votos necesarios para cambiar el temario pero sí sumó 19 votos. Es decir. Si el proyecto de resolución contra Tarre hubiese sido votado, probablemente habría sido aprobado.

A favor de incluir la resolución contra Tarre votaron los representantes de México, Panamá, Perú, Saint Kitts y Neves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Suriname, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Dominica, Granada y Honduras. Los ofrecimientos de un ilusorio petróleo venezolano a precio reducido, en caso de que EEUU permita que Chevron regrese a Venezuela, sirvieron al castrochavismo para ganar votos en el Caribe.

Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, operador en el Caribe de las dictaduras de Cuba y Venezuela, ha mostrado en el seno del Caricom sus recientes pactos con Maduro que le han permitido perdón de deuda y reactivación de suministro petrolero subsidiado y a crédito mediante el esquema denominado PetroCaribe.

Gonsalves promueve dentro de los países caribeños la línea de apoyar a Maduro y pedir a EEUU que suspenda las sanciones petroleras al régimen chavista.

Al parecer, en los palacios presidenciales caribeños, así como en importantes oficinas de Washington, ha prosperado la fábula según la cual la caída de la producción petrolera venezolana es consecuencia de las sanciones y no de la destrucción del aparato productivo petrolero y de las negativas condiciones creadas por el chavismo en Venezuela.

Votaron en contra del cambio de temario los representantes de Paraguay, Canadá, EEUU y Guatemala. Los demás gobiernos asistentes se abstuvieron.

En medios diplomáticos llamó la atención que la representante de Panamá votara a favor de la propuesta contra el gobierno provisional venezolano. El 10OCT22, poco después de su regreso de Perú, la canciller panameña Erika Mouynes fue sorpresivamente destituida por el presidente Laurentino Cortizo. La salida del cargo de Mouynes, según diversas fuentes, estaría relacionada con su inconsulta decisión de acompañar la acción contra el representante venezolano en la OEA.

En todo caso, la votación en la OEA dejó ver que los cambios políticos en el continente han mermado sustancialmente el respaldo internacional del “gobierno provisional” de Juan Guaidó. Aunque en algunos casos esa situación no significa un respaldo al régimen encabezado por Nicolás Maduro.

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La “diplomacia” de la dictadura chavista recibió dos derrotas en un terreno que suele sentir como seguro: las Naciones Unidas.

El 07OCT22, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU basado en Ginebra, sometió a votación una resolución mediante la cual se renovaría por dos años el mandato de la “Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”. El crudo informe presentado por la MII pocas semanas antes, dejó en evidencia la cadena de mando, que comienza en el Palacio de Miraflores, responsable por la sistemática tortura a prisioneros políticos en Venezuela. El régimen chavista, que forma parte del Consejo de Derechos Humanos, procuró impedir la resolución que debía ser aprobada por la mayoría de los 47 miembros del organismo.

Un grupo de gobiernos, capitaneado por el representante de Paraguay, el embajador Marcelo Scappini Ricciardi, se encargó de redactar la propuesta de resolución, ganar los votos necesarios y hasta negociar con la delegación chavista en varias reuniones al respecto. Los enviados chavistas, junto con el representante cubano, alegaban que Maduro estaba dispuesto a mantener la oficina que la Oficina del Alto Comisionado de DDHH abrió en Caracas, a condición de que no se renovara el mandato de la MII. La posición de los gobiernos proponentes, incluyendo a Chile, era que ambos mecanismos eran complementarios.

En el debate sobre el proyecto de resolución, Scappini hizo dos intervenciones. La primera, para presentar el proyecto que era respaldado por 48 miembros de la ONU. En una segunda y dura intervención, el embajador paraguayo desmintió al enviado de Maduro, Héctor Constan, quien insistía en que el proyecto era una imposición injerencista. Finalmente, el Consejo votó favorablemente por la resolución que mantendrá en operaciones la misión de expertos que hace seguimiento a la violación de DD. HH. en Venezuela.

Solo los gobiernos de China, Cuba, Bolivia y Eritrea acompañaron el voto del enviado de Maduro oponiéndose a la MII.

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El 11OCT22, la dictadura venezolana recibió una segunda derrota en la ONU. La Asamblea General realizó la votación para la renovación de los miembros del Consejo de Derechos Humanos cuyo mandato termina el 31DIC22. Ese día debían renovarse dos de los asientos latinoamericanos y Maduro aspiraba a ser reelecto como miembro del Consejo para permanecer por tres años más.

Maduro solo obtuvo 88 votos, por lo cual los gobiernos de Chile y Costa Rica se hicieron de las sillas que estaban en disputa. En 2019, las diplomacias rusa, china, iraní y cubana habían logrado sumarle 105 votos a Maduro. Pero la operación no les funcionó en 2022.

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Jair Bolsonaro podría ganar las elecciones en Brasil superando el margen de 5 puntos porcentuales con que lo aventajó Lula da Silva en la primera vuelta.

La segunda ronda en las elecciones presidenciales brasileñas tendrá lugar el 30OCT22. Las principales encuestadoras del país, que resultaron impactadas negativamente al fallar en sus predicciones del primer turno, mantienen a Lula da Silva como ganador. Encuestadoras menos conocidas están mostrando a Bolsonaro ganando en importantes cotos electorales, lo que proyectaría un triunfo del actual mandatario.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | Brasil vota entre castrochavismo y Bolsonaro, por Edgar C. Otálvora

Jair Bolsonaro en un balcón de la embajada de Brasil en Londres el 18SEP22. Foto: Palacio de Planalto.

La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil tuvo lugar este domingo 02OCT22 y el cuadro político no permite predecir los resultados

 

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El secretario de Estado de EEUU, Antony Bliken, estará llegando a Bogotá el 03OCT22 para sostener reuniones con Gustavo Petro y con su colega Álvaro Leyva. Blinken va camino a la reunión anual de la OEA en Lima, pero previamente se detendrá en Bogotá y Santiago de Chile.

Si bien EEUU y el gobierno Petro se refieren a la definición de una agenda amplia que incluye el “cambio climático” o “los derechos humanos”, el tema que ya está afectando las relaciones entre la Casa Blanca y el Palacio de Nariño es el enfoque sobre el narcotráfico. Petro aspira a continuar recibiendo ayuda financiera de EEUU para programas de desarrollo agrario, pero ya está tomando decisiones en contravía con el esquema de combate al narcotráfico acordado previamente por Colombia con EEUU. Las reuniones de Blinken en Bogotá será la cuarta ocasión en que representantes de alto nivel de ambos gobiernos se encuentran, tanto en Bogotá como en Washington, desde que Petro fuera declarado triunfador en las elecciones del 19JUN22.

Blinken estará visitando un centro de atención a migrantes venezolanos en Bogotá y se propone recolocar el “tema Venezuela” en la agenda política en sus conversaciones con Petro y con el chileno Gabriel Boric. EEUU aspira a que, en la Asamblea General de la OEA, que arranca el 05OCT22, sea aprobada una resolución condenatoria del gobierno de Nicolás Maduro por sus sistemáticas violaciones de DD. HH., tal como nuevamente quedó en evidencia con el más reciente informe de la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Venezuela.

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Por cierto, la decisión del gobierno Biden conocida el 01OCT22 de proceder al canje de dos parientes de Nicolás Maduro reos por narcotráfico en EEUU, a cambio de la liberación de siete estadounidenses y venezolano-estadounidenses enjuiciados en Venezuela, fue enfocada por la Casa Blanca como un asunto de DD. HH. Para la Casa Blanca los siete liberados por Maduro estaban en Venezuela en condición de rehenes. Su liberación no se entiende como un alivio a las sanciones impuestas por EEUU al régimen chavista, sino como una negociación con un régimen que mantiene ciudadanos estadounidenses encarcelados injustamente.

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La primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil tiene lugar este domingo 02OCT22 y el cuadro político no permite predecir los resultados. El mandatario Jair Bolsonaro y el expresidente Lula da Silva concentran, según todas las encuestas, alrededor del noventa por ciento de las intenciones de voto.

Los grandes medios de comunicación brasileños y sus empresas encuestadoras asociadas, aseguran que el candidato izquierdista Lula da Silva estaría próximo a ganar la Presidencia incluso en la primera vuelta. Otras encuestas, con menor divulgación pública, indican un triunfo de Bolsonaro. Pareciera, en todo caso, que resultaría necesaria una segunda vuelta. (Este Informe fue publicado originalmente en el Diario Las Américas de Miami antes de la primera vuelta de las elecciones en Brasil).

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Durante el debate entre los principales candidatos presidenciales brasileños promovido por la red O Globo, celebrado la noche del 29SEP22, Lula repitió un falso argumento en cuanto a los señalamientos de corrupción y los procesos judiciales que ha enfrentado. Según Lula él fue “inocentado” por los tribunales de Brasil y “por dos instancias” de las Naciones Unidas. La ONU no es un organismo judicial y no cuenta con “instancias” que puedan dictar sentencias de inocencias en procesos judiciales. De una decena de procesos judiciales seguidos a Lula por corrupción, en dos de ellos fue sentenciado por un tribunal federal y por tribunales federales regionales colegiados por un total de diecisiete años de cárcel. Lula fue sentenciado por recibir regalos de empresas constructoras que recibían contratos de la petrolera estatal Petrobras.

El 07ABR18 Lula ingresó a instalaciones de la Policía de Curitiba, al sur del país, donde fueron habilitados espacios especiales para el expresidente encontrado culpable de corrupción. Maniobras políticas al más alto nivel del sistema judicial brasileño hicieron que el Supremo Tribunal Federal de Brasil, el 07NOV19, dejara sin efecto su propia jurisprudencia que establecía que un reo debía comenzar a cumplir la condena al ser encontrado culpable en segunda instancia. Lula salió libre no por ser encontrado inocente sino porque el alto tribunal le permitía seguir en libertad mientras agotaba todas las instancias a las cuales podía apelar su condena.

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El 08MAR21 el juez Edson Fachin, miembro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, decidió dejar sin efecto todas las sentencias dictadas contra Lula por la justicia federal del estado de Curitiba. Fachin, quien ingreso al STF por indicación de la presidente izquierdista Dilma Rousseff en 2015, alegó que los tribunales federales de Curitiba no eran una instancia adecuada para juzgar los crímenes de corrupción indicados a Lula. Nuevamente el alto tribunal no “inocentó” a Lula, sino que decidió que debía iniciarse nuevos procesos judiciales en su contra, pero esta vez en tribunales de primera instancia con sede en Brasilia.

El candidato Lula da Silva no ha sido declarado inocente ni en la ONU ni en los altos tribunales de Brasil y está libre para participar en las elecciones del año 2022 en razón de cuestionadas sentencias sobre aspectos procesales.

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“El Presidente Maduro es quien da órdenes directas” al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN y a Dirección General de Contrainteligencia Militar DGCIM para ejecutar “delitos y violaciones” que “equivalen a crímenes de lesa humanidad”. Se trata de datos que aparecen en las primeras páginas del documento “Conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado: estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir la oposición al gobierno”.

El documento, oficialmente presentado el 26SEP22 como parte de la agenda del período 51 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, no obvia detalle de los actos cometidos por la dictadura chavista. “Fueron de especial crueldad y se cometieron contra personas particularmente indefensas por estar detenidas. Opositoras y opositores reales y percibidos al gobierno y sus familiares fueron sometidos a detenciones ilegales, seguidas de actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes y de violencia sexual y de género mientras estaban detenidos, incluso a través de: fuertes golpes con bates y objetos punzantes; descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo; asfixia con sustancias tóxicas y agua; cortes y mutilaciones, incluso en la planta de los pies y debajo de las uñas; el uso de un dispositivo llamado “señorita”, para levantar y deformar los cuerpos y bajarlos a tanques de agua; violación con objetos; golpes y descargas eléctricas en los genitales; iluminación constante u oscuridad permanente; calor o frío extremos; alimentación forzada con heces y vómito; y amenazas de muerte y de violación a las víctimas y a sus familiares”.

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La creación de la Misión Internacional Independiente MII por parte del CDH el 19SEP19, constituyó una gran derrota para el régimen chavista, el cual hasta esa fecha contaba con la ONU como un espacio cómodo para su actuación. En aquellos días la diplomacia chavista creía que, al permitir la apertura en Caracas de una oficina de enviados de la Secretaría de Derechos Humanos a manos de la chilena Michelle Bachelet, podría impedir la creación de un mecanismo excepcional como lo es una “misión internacional independiente”.

Maduro nunca ha permitido el ingreso a Venezuela de los investigadores de la MIID, quienes han debido actuar desde oficinas localizadas en Panamá. La MIID es blanco de seguimiento y espionaje por parte del régimen chavista y aparatos diplomático-policiales de gobiernos aliados de Maduro.

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El mandato de la MIID fue renovado el 06OCT20 para un lapso de dos años que concluye justamente ahora.

Los diplomáticos de Maduro han estado moviéndose intensamente entre las delegaciones de la ONU para impedir la renovación del mandato, mientras un grupo de gobiernos encabezados por Paraguay han procedido a redactar un texto de resolución que renueva el mandato de la MII y a procurar los votos necesarios para su aprobación. El texto fue presentado ante la secretaría del CDH el 28SEP22 por las delegaciones de Canadá, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala y Paraguay como promotores principales, aunque según fuentes en Bruselas, por lo menos cuarenta y cuatro países se declararon como promotores del proyecto de resolución.

Debe resaltarse que el gobierno izquierdista chileno, encabezado por Gabriel Boric, es uno de los principales promotores de la iniciativa. La presentación de este tipo de propuestas está abierta a cualquier gobierno miembro de la ONU pero la votación se limita a los 47 miembros del CDH.

El actual periodo de sesiones del CDH terminará el 07OCT22 y antes de concluir deberá procederse a la votación del proyecto de resolución. El enviado del régimen chavista, Héctor Constan, durante su intervención el 26SEP22 amenazó a los gobiernos que voten favorablemente la resolución para renovar la misión de la MII. “Venezuela tomará medidas políticas y diplomáticas pertinentes en el ámbito bilateral como multilateral frente a una eventual prolongación del mandato de este mecanismo injerencista”.

La dictadura venezolana suele alegar que la suya es una “diplomacia de paz”, pero los muchachos de Maduro en los organismos internacionales suelen utilizar la amenaza como arma, bajo el supuesto de contar con el ala protectora de Rusia y China. En la sesión del CDH del 26SEP22 cuando la MII presentó su informe, se abrió un lapso para la intervención de las delegaciones que quisieran pronunciarse. La dictadura venezolana recibió el apoyo de Corea del Norte, Rusia, Cuba, China, Nicaragua, Bielorrusia, Bolivia, Irán, Siria, Sudan del Sur, Argelia, Sri Lanka y Etiopía, muchos de ellos sin voto en el CDH.

La MII recibió el respaldo de 42 oradores incluyendo al representante de la Unión Europea que implica el espaldarazo adicional de más de dos decenas de gobiernos.

Dada la composición actual del CDH, en la cual la mayoría de los puestos por gobiernos aliados del castrochavismo incluyendo al propio Maduro, se espera que la votación de los representantes de la región sea contraria a la resolución. Paraguay y Brasil estarán votando por la continuidad de la MII y Argentina habría ofrecido abstenerse. EEUU y la Unión Europea están activamente favoreciendo la resolución y se espera que la instancia independiente continúe haciendo seguimiento al régimen chavista.

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La alianza castrochavista continental participó activamente en la operación ejecutada por Rusia en territorio ocupado de Ucrania para realizar consultas entre la población y justificar la anexión del territorio.

El gobierno ruso organizó supuestos referendos en las provincias ucranianas de Donetsk y Lugansk, Zaporiyia y Jersón que arrancaron el 23SEP22 y en los cuales se consultaba a la población de los territorios ocupados acerca de su voluntad de anexarse a Rusia. Con base a unos resultados que obviamente favorecieron a Rusia, el 30SEP22 Vladimir Putin firmó en Moscú unos documentos que denominó “tratados de anexión” ante la presencia de cuatro “líderes separatistas” ucranianos. Los referendos buscaban dar legitimidad a la invasión rusa a territorios del este y sur de Ucrania y, como parte de la operación, la diplomacia rusa organizó el viaje a Ucrania de una lista de colaboradores extranjeros, entre ellos un grupo latinoamericano.

Mediante un comunicado emitido el 24SEP22, el “Ministerio de Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados” de Ucrania, denunció que ciudadanos de Bielorrusia, Siria, Egipto, Brasil, Venezuela, Uruguay, Togo, Sudáfrica y Rusia ingresaron en territorio ucraniano para actuar como supuestos observadores internacionales. Según medios oficiales de prensa rusos, también llegaron “observadores” procedentes de Italia, Alemania, Lituania y Bulgaria. La operación para el traslado de varias decenas de extranjeros hasta las zonas invadidas en Ucrania fue organizada por el gobierno ruso como parte de su esquema de propaganda para intentar dar legitimidad internacional a la anexión de territorios ucranianos.

La lista de agentes prorrusos presentes incluyó a la brasileña Tanya Mara Mandarino del partido PT, Sebastián Hagobian del izquierdista “Frente Amplio” de Uruguay y, el vasco Katu Arkonada actualmente basado en México bajo la protección del gobierno de López Obrador y quien forma parte de los operadores de la izquierda continental bajo la cobertura de una “Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad”. Los gobiernos de Uruguay y de Brasil emitieron comunicados aclarando que sus connacionales viajaron a título personal en Ucrania e incluso el “Frente Amplio” uruguayo se distanció de la actuación de Hagobian. El régimen chavista no ha identificado a sus enviados a la operación rusa.

Por cierto, el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro continua con un esquema de actuación internacional para mantener relaciones con el gobierno de Vladimir Putin. El representante de Brasil en el Consejo de Seguridad de la ONU se abstuvo en la votación celebrada el 20SEP22, sobre una resolución condenando los referendos anexionistas que Rusia realizó en territorios invadidos de Ucrania. Si bien el proyecto obtuvo una considerable mayoría de votos, su aprobación quedó anulada por el veto del representante ruso.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | Arrancan los negocios Petro - chavismo, por Edgar C. Otálvora

Embajador de Colombia Alberto Benedetti reunido el 30AGO22 con Diosdado Cabello en Caracas. Foto: @Eilemspsuv

El olor a negocios ha ido adquiriendo cuerpo rápidamente tras los anuncios de establecimiento de relaciones entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro

 

@ecotalvora

La diferencia en la intención de voto entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva, con cara a las elecciones presidenciales brasileñas del 02OCT22, ha tendido a disminuir en las diversas encuestas realizadas desde finales del mes de agosto. La encuesta de Datafolha del 09SEP22 en su sección de “voto espontáneo” (pregunta que no menciona el nombre de los candidatos) muestra un 39 % para Lula y 31 % para Bolsonaro, restando peso a las mediciones que otorgan amplios márgenes al expresidente Lula.

La opción de un resultado electoral definitivo en la primera vuelta pareciera haberse desvanecido y la situación para la segunda vuelta, marcada para el 30OCT22, pareciera ser la de Lula estancado en un máximo y Bolsonaro ganando espacio en estados tradicionalmente controlados por el PT.

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El 07SEP22, Bolsonaro invirtió la tradicional práctica política brasileña de la fiesta nacional. La fecha de la independencia brasileña solía ser aprovechada por la izquierda para realizar movilizaciones y protestas en las principales capitales en choque con los usuales desfiles militares.

Este año Bolsonaro convocó a sus seguidores, con la bandera de los 200 años de Independencia de Brasil, para que se congregaran en la amplia zona de la Esplanada dos Ministerios del Eixo Monumental en Brasilia, el sitio donde tradicionalmente la izquierda celebraba concentraciones bajo el nombre de “Grito dos Excluidos”. La cantidad de asistentes al evento de Bolsonaro en Brasilia, en contraste con la no movilización de apoyadores de Lula, pareció confirmar el peso que el actual presidente está dando a las movilizaciones de calle en su intento reeleccionista. El evento de Brasilia fue replicado ese mismo día por Bolsonaro frente a la playa de Copacabana en Río de Janeiro con una gran asistencia de apoyadores.

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El olor a negocios entre el nuevo gobierno y el régimen chavista ha ido adquiriendo cuerpo rápidamente tras los anuncios de establecimiento de relaciones entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro. Además, el designado como embajador de Colombia ante el régimen chavista, Armando Benedetti, ha optado por convertir su llegada a Venezuela en una operación publicitaria basada en dudosos supuestos beneficios que para los colombianos tendría la reactivación de relaciones con la dictadura venezolana.

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Según se desprende de diversas declaraciones dadas por Benedetti, Maduro y Petro ya estarían negociando la compra venta de la empresa petroquímica Monómeros Colombo-Venezolanos asentada en Barranquilla, Colombia. La empresa está controlada por enviados de Juan Guaidó y opera gracias a una licencia del Departamento del Tesoro de EEUU que suspende la aplicación de las sanciones. Petro adelanta los pasos para colocar la empresa en manos de representantes de Maduro, pero el chavismo no puede garantizar el funcionamiento de la petroquímica de la cual depende aproximadamente la mitad del suministro de fertilizantes en Colombia. Según se desprende de declaraciones de Benedetti, ya se habría revisado el precio de compra venta de la empresa. “No hay cifra porque los balances que yo he escuchado son muy sobrevalorados, pero esa será otra historia: la compra de Monómeros”, dijo Benedetti a la revista Semana.

En paralelo a los temas de negocios, otros asuntos han ido colándose en la mesa de Petro y Maduro, aún sin haberse reunido personalmente. Uno de ellos es la intención de Petro y su canciller Álvaro Leyva de retirar a Colombia, imitando al gobierno kirchnerista de Argentina, de la acusación introducida el 27SEP18 denunciando ante la Corte Penal Internacional las violaciones de DDHH en Venezuela. El retiro de Colombia no implicará una paralización del proceso seguido en la CPI sobre Venezuela, pero sería una clara ofrenda de Petro a la dictadura chavista. En declaraciones del 09SEP22 a Daniel Coronell en la estación W Radio de Bogotá, el canciller de Petro dijo que “con la claridad necesaria sobre muchos aspectos que se están solucionando, se llegue a la necesidad de retirarla” en relación a la denuncia contra el régimen chavista por violación de DDHH.

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El 24AGO22 Petro juramentó a Benedetti como su embajador plenipotenciario ante Nicolás Maduro, en acto realizado en la Casa de Nariño. Cuatro días después, cuando ya Benedetti volaba en dirección a Caracas, desde su equipo de colaboradores fue filtrada una imagen de la carta credencial firmada por el ministro de Exteriores de Colombia, en nombre de Petro, presentando a Benedetti ante Maduro. No es usual que las cartas credenciales sean objeto de divulgación pública y la difusión del documento dejaba ver que el embajador de Petro se dispone a una gestión ante Venezuela con ribetes de espectáculo.

Benedetti arribó a Caracas el 28AGO22 y tomó posesión de la residencia oficial. Al día siguiente entregó copia de las cartas credenciales al canciller de Maduro, Carlos Faría, y posteriormente fue recibido por Maduro en Miraflores. La visita a Miraflores fue un momento de alto perfomance del show de Benedetti con abundantes imágenes distribuidas en tiempo real a los medios y a las redes sociales. En el límite de lo cantinflesco, el propio Maduro, quien no es precisamente ejemplo de modales diplomáticos, según narrara el propio Benedetti, le recomendó durante el encuentro que dejara de actuar como diputado y comenzará a comportarse como diplomático.

El 30AGO22 Benedetti se reunió con la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, el ministro de Defensa Vladimir Padrino, con el cogobernante y vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello, con el presidente de la Asamblea Nacional designada por Maduro, Jorge Rodríguez y con Tareck El Aissami, encargado actualmente del sector petrolero del régimen. El miércoles 31AGO22 Benedetti regresó a Bogotá ya que se niega a morar en la residencia oficial hasta que sea objeto de reparaciones. El enviado de Petro solo sostuvo reuniones con jerarcas del régimen obviando cualquier encuentro con miembros de la oposición venezolana.

El gobierno Petro está reestableciendo relaciones con el régimen chavista y no con Venezuela.

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Gustavo Petro y su equipo han difundido dos ideas básicas sobre las relaciones con la dictadura venezolana, las cuales intentan ocultar las coincidencias políticas que subyacen entre ellos. El 06JUL22, antes de la toma de posesión, Gustavo Petro afirmó que el comercio con Venezuela podría “compensar parte de la pérdida de divisas por la caída del precio mundial del petróleo”. Remarcaba Petro su aspiración a lograr que el comercio con Venezuela regresara a niveles del año 2008.

El 11AGO22, luego de que Petro anunciara la decisión de enviar a su jefe de campaña, el tránsfuga político Armando Benedetti como embajador de Colombia ante Nicolás Maduro, el designado tuiteó “Presidente @petrogustavo, lo sorprenderé cuando lleguemos a 10 mil mill de dólares en intercambio comercial”.

Según los datos oficiales colombianos (Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas) la suma del comercio entre Colombia y Venezuela alcanzó 7000 millones de dólares en el año 2008. Ese comercio apenas sumaba 478 millones en el año 2018 antes de la expulsión de los diplomáticos colombianos por Maduro. La reducción de las importaciones venezolanas desde todos los orígenes, como reflejo de la caída de más del 80 % del PIB durante la gestión de Maduro, impactó en las compras a Colombia antes de la ruptura de relaciones diplomáticas.

La promesa de Petro y su embajador de llegar a US$ 10.000 millones en el comercio bilateral, cifra superior incluso a la existente en 2008, es una oferta claramente engañosa.

Petro anunció el 09SEP22, tras el viaje a Caracas de su ministro de Comercio, Industria y Turismo, que el 26SEP22 “daremos apertura conjunta a las fronteras entre Venezuela y Colombia. Además, reanudaremos los vuelos entre Caracas – Bogotá y Valencia – Bogotá”.

Dado que Hugo Chávez retiró el 19ABR06 a Venezuela del esquema de integración económica denominado Comunidad Andina de Naciones, el comercio entre Colombia y Venezuela se maneja por un “Acuerdo de Alcance Parcial” firmado el 28NOV11 bajo las normas de ALADI.

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Otro asunto sobre el cual Petro y su equipo han elaborado para justificar las relaciones con Maduro es el de la importación de gas desde Venezuela. Gustavo Petro se declara seguidor de las teorías sobre “decrecimiento económico” del economista francés Serge Latouche y, por ello, se propone que Colombia progresivamente cese su producción de hidrocarburos para lo cual no aprobará nuevas exploraciones de prospección de petróleo o gas. En consecuencia, Colombia tendrá que importar gas en un plazo relativamente corto. Irene Vélez, filósofa y actual ministra de Minas y Energía de Colombia, ya anunció que en nombre del decrecimiento económico su gobierno se dispone a importar gas desde Venezuela cuando se acabe en Colombia. En entrevista con Revista Semana del 06SEP22, Benedetti afirmó que es necesario y “hay que hacerlo desde ya” porque “Colombia se quedará sin gas en los próximos siete años. Ellos [Venezuela] ya tienen el gasoducto que sale del golfo de Maracaibo. Tienen la explotación, el gasoducto, habría que buscar unos 30, 40 kilómetros para que se pueda empezar a comercializar desde Colombia”.

El embajador de Petro cometió dos graves errores en un solo párrafo: designar equivocadamente el nombre del “Golfo de Venezuela” y mentir sobre la supuesta capacidad venezolana para colocar gas en una tubería con destino a Colombia.

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Para su viaje a Venezuela del 28AGO22, la cancillería de Colombia instruyó a dos funcionarios diplomáticos para acompañar a Benedetti en Caracas en los trámites de asunción oficial del cargo en la atípica situación de una sede diplomática sin funcionarios.

Los acompañantes de Benedetti fueron el embajador Luis Fernando Cuartas Ayala, quien fue la autoridad ante la cual el embajador tomó posesión de las instalaciones en Caracas y; el ministro plenipotenciario German Castañeda Benavides, quien oficiaba como jefe de la misión diplomática en condición de encargado de negocios a.i. al momento cuando Maduro expulsó a los diplomáticos colombianos el 23FEB19.

Además de Cuartas y Castañeda, Benedetti se hizo acompañar por su esposa Adelina Guerrero Covo para que asistiera a la ceremonia en el Palacio de Miraflores y para hacer revisión de la residencia oficial de los embajadores colombianos en Caracas que permanece sin huéspedes desde enero de 2018.

Pero además de su esposa y los funcionarios oficiales, Benedetti montó en el vuelo a Caracas a su hermano y a una periodista-asistente quienes no son funcionarios gubernamentales, además de un equipo de prensa.

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Camilo Benedetti, quien junto a otros miembros de la familia asistió a la juramentación de su hermano por parte de Petro en la Casa de Nariño el 24AGO22, formó también parte del grupo que viajó a Venezuela. En Caracas, Camilo Benedetti no solo presenció la protocolar entrega de credenciales a Maduro en el Palacio de Miraflores. El hermano del embajador, en manga de camisa, estuvo presente en las reuniones oficiales con altos jerarcas chavistas.

Camilo Benedetti es el empresario del clan Benedetti Villaneda, propietario de empresas que suelen contratar con el gobierno colombiano. Y ahora, al parecer, pieza del equipo del embajador de Colombia ante la dictadura venezolana.

La periodista Lorena Arboleda Zárate, quien formaba parte del equipo electoral de Petro y no es personal de la cancillería colombiana, sería una de las cuotas requeridas por Benedetti a Petro para formar su propio equipo en Caracas. Pese a que él mismo no había sido juramentado, Benedetti anunció el 13AGO22 que ya tenía a Arboleda en su equipo. Para la fecha en la cancillería colombiana no se habían iniciado aún trámites administrativos para incorporar a Arboleda en la nómina de la embajada en Caracas y ni siquiera había decisión sobre el cargo y rango que se le asignaría. Al parecer las gestiones del embajador de Petro ante Maduro están altamente influidas por su entorno familiar, así que la actual suegra del embajador, la exmagistrada electoral Adelina Covo, fue la encargada de celebrar el 15AGO22 en Twitter la designación de Arboleda, quien abordó el avión que llevó a Benedetti a Caracas el 28AGO22 para su apresurada presentación de cartas credenciales a Maduro.

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Por cierto. La edificación que sirve como residencia oficial al embajador de Colombia en Venezuela situada en la zona de Campo Claro en Caracas, fue un obsequio de Venezuela a Colombia. La vivienda posee una curiosa historia.

Fue la residencia de José Vicente Gómez, hijo del general y presidente Juan Vicente Gómez, y su esposa Josefina Revenga Sosa. Tras la muerte de José Vicente Gómez, su viuda con el consentimiento del general Gómez, contrajo matrimonio en 1932 con el ministro Pedro Tinoco Smith quien se muda a la residencia de Campo Claro. Pedro Tinoco Smith fue el padre de Pedro Tinoco Jiménez, el célebre banquero venezolano. La pareja Tinoco Smith- Revenga Sosa se disolvió en 1941. Cuando en 1945 se produce el derrocamiento del general Isaías Medina Angarita, diversas viviendas de familiares de Juan Vicente Gómez y de ministros de los regímenes gomecistas fueron saqueadas por turbas caraqueñas. El gobierno nacido del golpe del 18OCT1945 procedió a enjuiciar gomecistas y a expropiar diversas propiedades. Una de ellas fue la otrora residencia de José Vicente Gómez. En 1948 los gobiernos encabezados por el venezolano Rómulo Gallegos y el colombiano Mariano Ospina Pérez acordaron hacer un intercambio de inmuebles. Venezuela hizo entrega a Colombia de la propiedad expropiada a la viuda de José Vicente Gómez, conocida desde entonces como la “Quinta Colombia”, sede diplomática colombiana en Caracas.

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El 77 Periodo de Sesiones de la ONU comenzará el 13SEP22. El “Debate General” arrancará el 20SEP22 con dos días de discursos de jefes de Estado comenzando, como es tradición, con las intervenciones de los presidentes de Brasil y EEUU.

Según la más reciente versión del listado de intervenciones de mandatarios distribuida el 02SEP22, Gustavo Petro y el chileno Gabriel Boric estarán estrenándose en la tribuna de la ONU en la mañana del 20SEP22. Nicolás Maduro mandó a reservar tiempo en la sesión del 21SEP22. Si el dictador venezolano se atreve a viajar a Nueva York, la sede de la ONU podría ser el escenario para la primera reunión Petro-Maduro tras el cambio de gobierno en Colombia.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | Petro acelera negocios con régimen chavista, por Edgar C. Otálvora

Gustavo Petro y su embajador ante el régimen chavista Armando Benedetti, el 12MAR22 durante la campaña electoral. Foto: @AABenedetti

Aparte de las formalidades para la reapertura de misiones diplomáticas, los dos gobiernos ya han estado negociando un tema de alto interés común: el control de Monómeros

 

@ecotalvora

Gustavo Petro decidió apresurar la reactivación de las relaciones formales con el régimen chavista. Tal como adelantara el Informe Otálvora del 15AGO22, la cancillería colombiana envió a Venezuela un grupo de funcionarios para realizar una completa revisión del estado de las instalaciones de la cancillería y de la residencia diplomática en Caracas, así como realizar los preparativos para la llegada del embajador y el personal diplomático y consular que ocupará los cargos. Pasando totalmente desapercibida, la misión colombiana de avanzada permaneció en Caracas por más de una semana.

El 24AGO22 Petro juramentó a Armando Benedetti quien será su embajador ante Nicolas Maduro y quien estaría pronto a asumir sus funciones en Venezuela. Benedetti, un tránsfuga de la política colombiana, fue el encargado de coordinar la agenda del candidato Petro. En la cancillería colombiana están estructurando la plantilla de personal diplomático que acompañaría a Benedetti quien nunca ha ejercido funciones como diplomático.

La cancillería colombiana ya concedió el beneplácito a quien Maduro designó para abrir su embajada en Bogotá, Félix Plasencia. Benedetti y Plascencia presentarán cartas credenciales el 29AGO22 aunque aún se desconoce la fecha cuando se instalarán en sus respectivas misiones.

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Aparte de las formalidades para la reapertura de misiones diplomáticas, los dos gobiernos ya han estado negociando un tema de alto interés común: el control de Monómeros Colombo-Venezolanos, petroquímica localizada en Barranquilla y cuya propiedad accionaria total es del Estado venezolano desde que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez decidiera venderla al gobierno de Hugo Chávez en 2006.

Actualmente la empresa está en manos de una directiva designada por el “gobierno provisional” de Juan Guaidó y opera internacionalmente gracias a una licencia concedida por el Departamento del Tesoro de EEUU que permite obviar las sanciones impuestas a la petrolera estatal venezolana.

Los altos jerarcas del régimen chavista ven una vía para grandes negocios en la reapertura de las relaciones oficiales con Colombia. Y el gobierno Petro apuesta, sin mucho sustento real, a lograr impulso económico con exportaciones hacia Venezuela, bajar el precio de los alimentos por la hipotética reducción de costos de producción y obtener gas desde Venezuela. Maduro, como otras áreas críticas, puso en manos de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez el manejo de la reactivación con Colombia. Delcy Rodríguez dirige un “equipo especial” sobre Colombia y el designado como nuevo embajador en Bogotá es una ficha de los hermanos Rodríguez en la cancillería del régimen.

Según revelara Armando Benedetti el 18AGO22 en la ciudad fronteriza de Cúcuta, ya el gobierno Petro ha negociado con Maduro los pasos para la entrega de Monómeros al régimen chavista, el cambio de su junta directiva e incluso, ya habrían revisado los precios a los cuales la empresa vendería la producción de fertilizantes a Colombia. Temerosos que el Departamento del Tesoro reimponga sanciones a la empresa al nuevamente estar bajo control de Maduro, Benedetti dejó saber que está en conversaciones con el gobierno de EEUU para impedir que Monómeros reingrese a la lista de empresas sancionadas. Rápidamente se está armado un entramado de intereses políticos y comerciales entre el nuevo gobierno colombiano y la dictadura venezolana.

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El gobierno de Argentina, en su condición de presidente de la CELAC, el organismo que reúne a todos los gobiernos del continente, con exclusión de EEUU y Canadá y autoexclusión de Brasil, realizó un evento para analizar “el futuro de la integración” continental. El encuentro ocurrió el 18AGO22 en el Centro Cultural Kirchner de Buenos Aires, llevaba el engañoso título de “Unidad en la diversidad” y fue organizado por la cancillería argentina.

En la lista de los convidados por el gobierno argentino como ponentes figuraron el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, los expresidentes José Pepe Mujica de Uruguay y Ernesto Samper Pizano de Colombia, el expresidente de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, el operador internacional de Lula Da Silva y excanciller brasileño Celso Amorín, el senador chileno y exsecretario de la OEA José Miguel Insulza, la senadora mexicana Beatriz Paredes y el varias veces candidato presidencial chileno Marco Enríquez-Ominami. Todos ellos tienen algo en común: son miembros fundadores del Grupo de Puebla y uno de sus objetivos es la disolución de la OEA para su sustitución por la CELAC. Formalmente se trataba de un evento de la CELAC, pero en realidad fue diseñado y ejecutado por el Grupo de Puebla, organización partidista internacional de la cual el presidente argentino, Alberto Fernández, es uno de sus fundadores.

El evento habría sido financiado por la Corporación Andina de Fomento CAF, ahora denominada Banco de Desarrollo de América Latina. De hecho, el presidente ejecutivo de CAF, el colombiano Sergio Díaz-Granados, formó parte activa del evento acompañado de otros altos funcionarios del organismo. El mecanismo multiestatal latinoamericano para financiamiento del desarrollo está ahora abiertamente jugando a favor del Grupo de Puebla. También intervino en el evento del Grupo de Puebla, el italo-argentino Mario Cimoli, quien está encargado de la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL, cargo que depende directamente de secretario general de la ONU.

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La intervención del mexicano López Obrador en el evento del CELAC-Grupo de Puebla fue por medio de un video. AMLO reiteró su tesis según la cual Latinoamérica debe negociar con EEUU y Canadá un acuerdo económico en el cual el sur aportaría la mano de obra faltante en el norte. Pero EEUU y Canadá, según AMLO, “tienen que cambiar la política de predominio, de hegemonía, de querer intervenir en los asuntos internos de otras naciones”. Aseguró que su gobierno es “respetuoso de la autodeterminación de las naciones”, pero hacia el final de su intervención el mexicano dejó sin efecto sus propias palabras. AMLO optó por nuevamente involucrarse en la política interna de Brasil: “Le mando un saludo a Lula, le deseo lo mejor en la próxima contienda (…)  dije cuando estuvo Lula en México que Lula va a ser como una bendición para el pueblo de Brasil”.

Pocos días después, AMLO y otros socios del Grupo de Puebla darían una nueva demostración de la coordinación de acciones de los gobiernos que controlan.

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El 22AGO22 el fiscal argentino Diego Luciano presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 de Buenos Aires sus conclusiones sobre el proceso denominado “Causa Vialidad”, seguido a Cristina Kirchner y una decena de exfuncionarios y socios de la familia Kirchner acusados de corrupción. El proceso lleva tres años en el tribunal y ha incluido más de un centenar de audiencias en las cuales los acusados, incluyendo a Cristina Kirchner, tuvieron oportunidad de defenderse en declaraciones indagatorias.

Ante el tribunal formado por tres jueces, Luciano pidió penas de prisión entre tres y doce años de prisión para los trece encauzados. Cristina Kirchner, líder del peronismo kirchnerista, miembro de la izquierda VIP latinoamericana, exprimera dama, expresidenta de Argentina, exsenadora y actual vicepresidenta fue acusada de actuar como “jefa de la asociación ilícita en concurso real con el delito de administración fraudulenta agravada”.

El fiscal Luciano pidió 12 años de prisión para Cristina Kirchner, inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y pago prorrateado junto a los demás acusados de un monto que ascendería a más de US$ 1.000 millones. Se trata del estimado que la fiscalía hace de las pérdidas que el Estado argentino tuvo a raíz de la asignación de obras públicas en la sureña Provincia de Santa Cruz, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner a su socio Lázaro Báez.

Otro de los señalados es el exministro de Planificación Nacional Julio de Vido quien ejerció como el enlace directo entre los Kirchner y Hugo Chávez para los negocios conjuntos. Luciano ha pedido al tribunal una condena de 10 años de prisión para De Vido dado su carácter de “organizador de la asociación ilícita y por administración fraudulenta”.

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Este proceso judicial contra Cristina Kirchner no está pronto a llegar a su final. Antes de la sentencia que deberá contar con mayoría de votos del tribunal colegiado, deberá cumplirse una etapa de presentación de alegatos en defensa por parte de los acusados o sus abogados. Este ciclo de audiencias podría extenderse por el resto del año 2022 y la sentencia del tribunal se estaría conociendo no antes del primer trimestre del año 2023.

En caso de una sentencia condenatoria por parte del tribunal, se abrirá un largo proceso de apelaciones ante la Cámara de Casación Penal y, en última instancia ante la Corte Suprema, por lo cual una sentencia definitiva podría esperar dos o tres años.

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El encarcelamiento de Kirchner por la Causa Vialidad, su inhabilitación para ejercer cargos y el decomiso de dinero no ocurrirá en breve, por lo cual muy probablemente estará en condiciones de presentarse para las próximas elecciones argentinas previstas para el 29OCT23.

Pese a ese hecho, Kirchner ha desatado toda una campaña nacional e internacional denunciando al sistema judicial argentina y ha exigido que el gobierno presione al sistema de justicia. El propio presidente, en declaraciones a la TV ha insinuado que el fiscal de la causa podría “suicidarse”.

Alberto Fernández y miembros de su gabinete han publicado gruesos ataques contra la justicia de su propio país. «el Gobierno Nacional condena la persecución judicial y mediática contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner”, reza un comunicado de la Presidencia de Argentina del 22AGO22. El comunicado agrega que el gobierno “expresa su solidaridad con la vicepresidenta frente a esta persecución y búsqueda de proscripción que se enmarca en intentos similares llevados adelante contra otros líderes populares cuando la justicia se pone al servicio de poderes fácticos”.

La tesis de los aliados de Kirchner es que los procesos judiciales en su contra son «lawfare” que buscan impedir la participación política de dirigentes de izquierda. Es el mismo argumento esgrimido para obviar las evidencias de corrupción que han acompañado a los gobiernos de Lula da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador, por ejemplo.

El Grupo de Puebla emitió el 25AGO22 un comunicado denunciando “la persecución judicial” contra” Kirchner en medio de “una creciente judicialización de la política, correspondiente con la pérdida de independencia e imparcialidad del Poder Judicial”. En realidad, el comunicado del Grupo de Puebla parecía describir a los sistemas judiciales de Cuba, Venezuela o Nicaragua y no el de Argentina. Entre los firmantes del texto aparecen tres miembros del entorno del actual gobierno colombiano: Ernesto Samper Pizano, la senadora Clara López (suele acusar de machismo a quienes narran sus acciones internacionales a nombre de Petro) y el parlamentario Iván Cepeda.

Además del pronunciamiento del Grupo de Puebla, Alberto Fernández envió a Luis Arce, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador un texto para ser suscrito oficialmente en su condición de jefes de Estado. Pese a declararse defensores de la no injerencia en asuntos de otros países, los tres mandatarios un dudaron en firmar una declaración por la cual manifestaron “más absoluto rechazo ante la injustificable persecución judicial que viene sufriendo la actual vicepresidenta de la República Argentina, Cristina Fernández de Kirchner”. Agregaba Arce, Petro y López Obrador que “dicha persecución” tiene como objetivo apartarla “de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”. Los tres mandatarios extranjeros incluso objetaron el proceso judicial argentino en cuanto a los plazos y cronogramas para la presentación de alegatos de defensa por parte de los procesados.

De esta manera Gustavo Petro borró toda duda que existiera sobre su filiación a la alianza castrochavista internacional y su coordinación política con el Grupo de Puebla.

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El tema de la política del gobierno Petro hacia el narcotráfico y su inevitable impacto en la presencia militar de EEUU en Colombia amenaza con ser el detonante de un retroceso en las relaciones entre los dos países.

El gobierno de EEUU envió a Colombia una delegación encabezada por el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca, Rahul Gupta. En la misión que llegó a Bogotá el 21AGO22 se encontraba el subsecretario de Estado de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado, Todd D. Robinson, y el administrador adjunto principal de USAID, Peter Natiello. Robinson es el diplomático estadounidense expulsado de Venezuela por la dictadura chavista el 22MAY18 cuando ejercía como jefe de la misión diplomática de EEUU en Caracas.

La agenda de la visita consistía en pasar revista a los acuerdos bilaterales a la luz de los anuncios que Petro ha hecho sobre el tratamiento que dará al narcotráfico y a las organizaciones narcoterroristas. EEUU mantiene su línea de financiar programas de asistencia al sector rural colombiano como parte de los esquemas para eliminación de cultivos y en respaldo al acuerdo de paz suscrito con las Farc, así como para proyectos de prevención y tratamiento a narcodependientes dentro de Colombia. Por ello la presencia del representante de USAID. El canciller colombiano Alvaro Leyva manifestó a los visitantes que el gobierno Petro se dispone a adelantar una política “holística” (palabra de moda en la Casa Blanca de Biden) y “compasiva” hacia el narcotráfico y aspira a “alinear prioridades” con EEUU.

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No extradición de capos del narcotráfico a EEUU, eliminación del uso de aspersión de glifosato para exterminar plantaciones de coca, restricciones en las operaciones militares (bombardeos) contra grupos irregulares, programas de reemplazo voluntario de narcocultivos son el listado de decisiones que el gobierno Petro anunció a la delegación de EEUU. Los enviados de Washington mostraron complacencia en cuanto a los programas de prevención y de “salud pública” internos, pero fueron enfáticos sobre los cambios que se propone ejecutar Petro en materia de combate al narcotráfico, señalándole que deberán ser tratados por Colombia con el Departamento de Justicia y con el Departamento de Estado de EEUU.

Por cierto. La delegación enviada por la Casa Blanca a Colombia también sostuvo una reunión de trabajo con el embajador James Story, quien ejerce como jefe de la Unidad de Asuntos Venezolanos de EEUU con sede en Bogotá.

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En Panamá comienza a cobrar cuerpo una estrategia de desestabilización política dirigida por un sindicalista asociado a la dictadura cubana. El acaudalado secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción de Panamá, Sául Mendez, está liderizando protestas contra el débil gobierno de Laurentino Cortizo. Analistas políticos panameños comienzan a ver en su país el patrón de conflictivización presenciado en Chile y Colombia previo a los procesos electorales. Panamá está en la mira del castrochavismo, ha afirmado el exembajador panameño en la OEA Guillermo Cochez.

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Circula un nuevo libro sobre la Crisis de la Corbeta Caldas. La historia secreta. Crisis en el Golfo de Venezuela contada por sus protagonistas, de Jesús Aveledo et al.

Se trata de una colección de textos de diversos autores con sus personales versiones de los hechos y, de material propio redactado por Aveledo a partir de numerosas entrevistas, con lo cual reconstruye los principales momentos de lo que pudo convertirse en una conflagración militar entre Venezuela y Colombia en agosto de 1987. El padre de Jesus Aveledo, Jesús Aveledo Penso, ejercía como comandante de la Fuerza Aérea de Venezuela durante los eventos narrados. Aveledo hace especial hincapié en los aspectos castrenses de la crisis y en las versiones aportadas por oficiales activos en aquellos momentos.

El libro cuenta con una presentación a manos de Leandro Area Pereira.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | Petro avisa choque con EEUU y alianza con Maduro, por Edgar C. Otálvora

Gustavo Petro recibe la banda presidencial el 07AGO22 de manos de María José Pizarro integrante del Grupo de Puebla. Foto: Presidencia de Colombia 

Gustavo Petro avisa la alianza con Maduro. Ya es inminente el restablecimiento de las relaciones entre su gobierno y la dictadura chavista 

 

@ecotalvora

En breve estará llegando a Caracas una delegación del gobierno colombiano encargado de iniciar los arreglos logísticos para la reapertura de su Embajada. La delegación estará integrada por personal diplomático de alto y medio nivel. La cancillería colombiana recibió órdenes del canciller Álvaro Leyva el 11AGO22 para acelerar los pasos operativos con vistas al reinicio de actividades diplomáticas y consulares en la capital venezolana.

Ya es inminente el restablecimiento de las relaciones entre el nuevo gobierno de Gustavo Petro y la dictadura chavista rotas desde el 13FEB19 cuando Nicolás Maduro expulsó al cuerpo diplomático colombiano. El Grupo de Puebla, especialmente el colombiano Ernesto Samper Pizano, estaría sirviendo de puente entre sus amigos Maduro y Petro, quienes decidieron acelerar el proceso de “normalización” de las relaciones diplomáticas. El 11AGO22 Maduro y Petro anunciaron los nombres que habrían sometido a consideración, uno del otro, para servir como embajadores en Caracas y Bogotá.

El régimen chavista postuló a Félix Plasencia, diplomático de carrera, ficha de los hermanos Jorge y Delcy Rodríguez dentro de la Cancillería venezolana y quien tras solo nueve meses en el cargo fue retirado por Maduro de su condición de ministro de Exteriores. Tras ser destituido como ministro, Plasencia fue designado como coagente ante la Corte Internacional de Justicia en el proceso que Guyana mantiene contra Venezuela por el territorio Esequibo.

Petro envía a Caracas a Armando Benedetti, exparlametario que ha rodado en las últimas dos décadas por diversas corrientes políticas incluyendo el uribismo hasta aterrizar en las cercanías del ahora presidente de Colombia. Benedetti fue una de las figuras centrales en el comando de campaña de Petro y se daba por descontado una alta figuración en el gobierno. Su envío a Caracas pareciera un “exilio dorado”.

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Todavía no estaría acordada una reunión entre Maduro y Petro, pero el régimen chavista ha estado presionando al nuevo gobierno colombiano para precisar una fecha. Petro se muestra partidario de esperar a la reapertura de las embajadas y a la negociación de algunos temas comerciales para celebrar, por ejemplo, un encuentro fronterizo con Maduro. Ambos, en caso de que el dictador venezolano se atreviera a viajar a EEUU, coincidirían el 20-21SEP22 en el edificio de la ONU en Nueva York. Los dos aparecen registrados en el listado de intervenciones de mandatarios ante la Asamblea General. Petro haría su intervención en la primera sesión poco después de Jair Bolsonaro y Joe Biden. Maduro está inscrito para la jornada del día siguiente.

Mientras Maduro se muestra especialmente apurado de firmar un pacto político con Petro que entre otros aspectos le permita hacerse del control de la empresa petroquímica Monómeros, el colombiano publicita que la “normalización” con el régimen chavista permitiría aumentos de las exportaciones de Colombia y, según anunció el 12AGO22 su ministra de Minas y Energía Irene Vélez, comenzar a importar un hipotético gas desde Venezuela.

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El abogado coordinador de la defensa jurídica internacional de Alex Saab, el operador financiero de Maduro preso en EEUU, formó parte de los invitados especiales al acto de toma de posesión presidencial de Gustavo Petro el 07AGO22. El abogado y juez destituido español Baltazar Garzón, quien arribó a la Plaza de Bolívar acompañado de su pareja Dolores Delgado, es representante jurídico del régimen chavista en España. A su vez, Garzón encabeza el autodenominado “Consejo Latinoamericano de Justicia”, instancia creada por el Grupo de Puebla para apoyar mediáticamente en causas judiciales que afecten a sus miembros.

Garzón fue solo una de las “personalidades VIP” de la izquierda global, fundadores, o asociados al Grupo de Puebla, que fueron convocados para coincidir en Bogotá no solo para concurrir a los eventos de toma de posesión (acto de toma de posesión en la Plaza de Bolívar, besamanos en Casa de Nariño y reuniones con miembros del nuevo gobierno) sino para sostener encuentros de coordinación política.

Aparte de los mandatarios invitados al evento, el entrante gobierno de Colombia extendió invitaciones a un largo grupo de amigos y socios políticos internacionales. En el listado de invitados VIP de Petro figuraron los expresidentes izquierdistas Dilma Rousseff, Lula da Silva, Cristina de Kirchner, Evo Morales, Manuel Zelaya y Fernando Lugo, todos ellos conectados al Grupo de Puebla. Morales se disculpó porque los eventos en Bogotá coincidían con el final de una copa de futbol que lleva su nombre. Lula anda en campaña electoral. Zelaya delegó su representación en la presidenta de Honduras y en el secretario de la Presidencia que son su esposa y su hijo. Kirchner desistió del viaje ocupada en los juicios por corrupción que le siguen en su país.

Alberto Fernández, a pesar de su condición de jefe de Estado, participó abiertamente en diversas actividades del Grupo de Puebla que organizó eventos sociales y reuniones de coordinación. El Grupo de Puebla llegó a Colombia para demostrar que uno de los suyos ahora era gobierno en Colombia. Entre los invitados de Petro también figuraba el infaltable Juan Carlos Monedero, fundador del español partido Podemos, contratista de los gobiernos castrochavistas para asuntos de reforma políticas y constitucionales y, cercano asesor de Petro. Desde EEUU llegaron representantes del grupo pro iraní Codepink y desde México acudió el presidente del partido oficialista Morena Mario Delgado Carrillo, usual participante de los eventos del Grupo de Puebla.

Otro invitado especial fue el argentino Pablo Gentili, operador del Grupo de Puebla y quien en el pasado ha ejercido como asesor de Lula da Silva, Dilma Rousseff y ejerció como jefe del gabinete del español Pablo Iglesias. Gentili forma parte de la conexión del gobierno Petro con la red izquierdista continental y sirvió de organizador y attaché de la vicepresidenta de Colombia Francia Márquez en sus visitas a Argentina, Bolivia, Chile y Brasil previas a la toma de posesión. Márquez carece de conexión internacional propia y Gentili fue quien la introdujo en los encuentros que la ahora vicepresidenta de Colombia sostuvo con altas figuras del actual jet-set izquierdista como Lula da Silva, Evo Morales, Luis Arce, Alberto Fernández, Cristina de Kirchner, Adolfo Pérez Esquivel y Chico Buarque.

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Por cierto, en el evento realizado por el Grupo de Puebla en la sala del Senado de Colombia el 08AGO22, evento de obvio contenido político partidista, estuvo presente el mexicano Carlos Ruiz Massieu, quien ejerce como “Representante Especial del secretario general de la ONU y jefe de la Misión de Verificación en Colombia”. La Secretaría General de la ONU se muestra particularmente permisiva con la participación de altos funcionarios del organismo en eventos del Grupo de Puebla. Ya ocurrió reiteradamente con la, hasta hace poco, secretaria de la CEPAL, la también mexicana Alicia Bárcenas, quien ejerciendo su cargo de la ONU actuaba como miembro activa del Grupo de Puebla. Ruiz Massieu acompañó al entonces canciller designado de Petro, Álvaro Leyva, a su reunión con funcionarios del régimen chavista el 28JUL22 en San Cristóbal, Venezuela, en la cual se habría tratado la renovación de las negociaciones de Colombia con la guerrilla aliada de Maduro: el ELN.

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El 26MAR94, cuando Hugo Chávez salió de la cárcel sin haber sido enjuiciado por el alzamiento militar de dos años antes, no viajó a Cuba para reunirse con Fidel Castro como interesadamente se cuenta ahora. Sus primeros viajes al exterior fueron a Colombia, Uruguay y Argentina. En los países sureños, dirigentes e intelectuales izquierdistas que después se declararon adoradores de Chávez, incluyendo al uruguayo Eduardo Galeano, en aquel año lo despreciaron y no lo recibieron. Chávez en busca de padrino internacional intentó incluso relacionarse con los “carapintadas” argentinos y poco después acogió como cercano consejero y compañero de viajes al argentino Norberto Ceresole. Solo fue hasta el 13DIC94 cuando se concretó la alianza de Chávez con Fidel Castro.

La visita de Chávez a Colombia fue organizada por un grupo de izquierdistas procedentes del ya pacificado M19, con quienes compartía el proyecto de asociar la figura de Simón Bolívar con movimientos de izquierda. Chávez permaneció en Colombia varias semanas e incluso su cumpleaños fue celebrado el 28JUL94 por un pequeño grupo de camaradas entre los que se encontraba Gustavo Petro. Antes de ello y por varios años, el M19 había mantenido relaciones con el exguerrillero venezolano Douglas Bravo, quien fue uno de los primeros ductores ideológicos de Chávez y con quien los colombianos planeaban una “revolución bolivariana” en el Continente.

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Narra el “chavólogo” venezolano-argentino Alberto Garrido, en su libro Chávez con uniforme. Antibiografía solo para chavólogos, que “la idea de crear una Internacional Bolivariana es de Chávez y se la plantea a Gustavo Petro en 1994 (…) El bolivarianismo compartido allanó obstáculos para que ambos sellaran el acuerdo de marchar juntos para la formación de la Internacional Bolivariana, a la que decidieron llamar Congreso Anfictiónico Bolivariano (CAB). La reunión preparatoria del Segundo CAB se realizó durante el 17 y 18 de diciembre de 1994 en Santa Marta, Colombia (luego del viaje de Chávez a Cuba). Asistieron una veintena de venezolanos, liderados por Chávez, siete colombianos, tres panameños, el argentino Norberto Ceresole y el encargado cubano de la Oficina de Asuntos para América Latina Jorge Luis Joa”. En 2003, ya Chávez en el poder, con la participación directa del Foro de São Paulo, convirtió la CAB inventada por él y Petro en 1994 en el “Congreso Bolivariano de los Pueblos” que sería la principal plataforma de diplomacia paralela del eje La Habana – Caracas durante la siguiente década.

Chávez y Petro se mantuvieron públicamente distanciados, pero en momentos relevantes el colombiano sirvió de interlocutor con el régimen venezolano. El 07AGO10 fue la toma de posesión presidencial de Juan Manuel Santos Calderón y Nicolás Maduro llegó a Bogotá en representación de Chávez quien mantenía rotas las relaciones con Colombia. El canciller de Chávez viajó con las instrucciones de consultar a dos colombianos sobre la propuesta de Santos para reanudar las relaciones. En la residencia de la Embajada de Venezuela en Bogotá, Maduro se reunió ese día con el expresidente Ernesto Samper Pizano y con Gustavo Petro. Existe registro fotográfico de ambos encuentros.

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La solicitud de Petro para que una espada adjudicada a Simón Bolívar y que reposa en la Casa de Nariño fuera colocada en el escenario de la toma de posesión el 07AGO22, simplemente fue la confirmación del sentido “bolivariano” que rodea al nuevo gobierno de Colombia. Para Petro, como antes para Chávez, Bolívar se incorpora como una útil pieza en la “narrativa” de su origen y objetivos, y a la justificación pseudohistórica de su proyecto político.

El recién formado movimiento guerrillero M19 hurtó la “espada de Bolívar” el 14ENE1974 de un museo con escasa seguridad en Bogotá. La pieza desapareció hasta que en 1991 fue trasladada a Colombia desde Cuba donde la dictadura castrista la mantenía secretamente guardada.

La presencia de la espada en la tribuna de la toma de posesión y el hecho de que la banda presidencial le fuera colocada a Petro por la senadora María José Pizarro, hija del desaparecido líder del M19 Carlos Pizarro y activista del Grupo de Puebla, deja ver la continuidad del “bolivarianismo”. Al igual que Chávez, Petro ordenó que la espada fuera colocada “a la vista del pueblo” en el palacio de gobierno.

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Por cierto, el rey español Felipe VII ha sido blanco de una agresiva campaña de la izquierda global, elaborada por el partido Podemos en España, en razón de no haberse puesto de pie al momento que un grupo de actores y soldados ingresaron la “espada de Bolívar” al escenario. El protocolo y el ceremonial del evento no ameritaba ningún gesto especial de los invitados oficiales ante una pieza que no es un símbolo nacional del país anfitrión. El monarca español no fue el único de los mandatarios presentes en la toma de posesión de Petro que se abstuvo de manifestar exaltación por la aparición del arma. El público asistente a la plaza coreaba la consigna popularizada por el chavismo “alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina”, dejando ver la procedencia ideológica de los congregados. En tanto, los únicos mandatarios presentes que aplaudieron a la espada fueron el chileno Gabriel Boric y la hondureña Xiomara Castro. El mandatario boliviano Luis Arce, de clara filiación izquierdista, se limitó a ponerse de pie sin aplaudir. El argentino Alberto Fernández imitó la conducta del rey español y tampoco rindió homenaje al arma llevada al sitio por solicitud de Petro.

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El primer viaje al exterior del canciller de Petro tuvo como destino La Habana.

Álvaro Leyva voló a Cuba en la mañana del 11AGO22 acompañado del senador y miembro del Grupo de Puebla Iván Cepeda, del antiguo secretario de Piedad Córdoba y actual comisionado de Paz Danilo Rueda y del embajador de Cuba en Bogotá Javier Caamaño. Como invitados al viaje se sumaron monseñor Héctor Fabio Henao, encargado de las relaciones de la Iglesia con el Estado, el representante de la ONU Ruiz Massieu quien tres días antes participó en un evento del Grupo de Puebla en Bogotá y, Jon Otto Brødholt quien es el enviado Especial de Noruega para los procesos de paz en Colombia.

El propósito del viaje fue coordinador con el gobierno de Cuba y con dirigentes de la narcoguerrilla del ELN, que permanecen bajo la protección cubana, la reanudación de las negociaciones iniciadas por Juan Manuel Santos de las cuales Noruega, Cuba, Chile, Brasil y el régimen de Maduro son garantes. Los colombianos fueron recibidos por Miguel Díaz-Canel.

Al final del día, Leyva y el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla anunciaron el reinicio de las negociaciones y confirmaron a La Habana como sede.

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Las relaciones de EEUU y Colombia podrían entrar en pronto estado de choque. Luego de su elección, Petro se ha reunido en dos ocasiones con enviados de Washington. El 22JUL22 Petro recibió una delegación de la Casa Blanca y el Departamento de Estado encabezada por Jon Finer, el segundo a bordo del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. El segundo encuentro ocurrió el 08AGO22 y en el Petro se reunió con la delegación enviada por Joe Biden a la toma de posesión, encabezada por la administradora de la Agencia para el Desarrollo Internacional Usaid, Samantha Power. En ambos encuentros comenzó a quedar en evidencia las diferencias entre Petro y los enviados estadounidenses en cuanto al tema de la “lucha contra el narcotráfico” que es a su vez la razón para la presencia de activos militares de EEUU en Colombia.

En su discurso de toma de posesión, entre líneas, Petro dejó saber que se dispone a romper acuerdos de cooperación con los EEUU lo que podría afectar el despliegue militar estadounidense en la región. Petro afirmó que “la paz es posible si se cambia, por ejemplo, la política contra las drogas, por ejemplo, vista como una guerra” y además afirmó que “la guerra contra las drogas ha llevado a los Estados a cometer crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia”. Para no dejar duda, Petro al tomar posesión dibujó un cambio de rol de las fuerzas armadas colombianas: “los helicópteros y los aviones, las fragatas, no solo sirven para bombardear o disparar, también sirven para crear la primera infraestructura de la salud preventiva del pueblo colombiano”.

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Nicolás Maduro comenzará a usar bastón de mando militar. Heredero de la casaca militar y de los símbolos inventados para sí por Chávez inspirados en las insignias del “comandante Fidel Castro”, ahora Maduro contará con nueva utilería para vestirse como jefe castrense.

El jefe militar del régimen, general Vladimir Padrino López, se propone emitir un nuevo “reglamento de uniformes” el cual contempla capítulo aparte para el “comandante en jefe”, es decir para Maduro. El dictador usará uniforme militar “de acuerdo con su facultad”. Estará dotado de dos bastones de mando, cual general o almirante, pero el de Maduro será de color rojo para los actos de gala y, verde para cuando ande en “campaña militar”…

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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