Una encuesta reveló que el 65 % de los ciudadanos que vivieron el doble terremoto del pasado 24 de junio desaprueba la respuesta del gobierno ante el desastre que ha dejado más de 5000 fallecidos, más de 16 000 heridos y miles de familias damnificadas.
El estudio realizado por Latam Pulse, desarrollado de forma conjunta por AtlasIntel y Bloomberg, ofrece un análisis estadístico y social exhaustivo sobre las repercusiones del doble terremoto del 24 de junio. La investigación revela la magnitud del impacto material, el deterioro emocional de la población y un marcado juicio crítico hacia las instituciones del Estado
En total fueron encuestadas 2581 personas mayores de 18 años entre el 26 y el 30 de junio. El 51,6 % de los entrevistados son hombres, mientras que el 48,4 % son mujeres.
En el desagregado de cómo se evalúa esa respuesta por parte del gobierno y las autoridades frente al doblete sísmico, el 52,4 % dijo que fue “muy mala”, el 15,4 % respondió “regular”, el 11,5 % la calificó de “buena”, un 9,8 % la consideró “excelente” y el 8,3 % dijo que fue “mala”.
Las personas afectadas
De la población total encuestada, el 48,3 % manifestó no haber sido afectado directamente por los terremotos, el 38,9 % dijo que familiares o conocidos fueron afectados y el 12,7 % resultó perjudicado.
Con respecto a la forma en que se vieron afectados los encuestados y sus conocidos, el 23 % indicó que algún familiar o amigo falleció, un 18 % señaló que algún allegado sufrió heridas, 17 % reportó que su vivienda sufrió daños estructurales y 7 % informó que perdió su vivienda por completo.
Por otra parte, el 44 % manifestó haber sido afectado “un poco” psicológicamente, mientras que el 43,2 % dijo haber sido muy afectado. Además, el 56,1 % señaló haber experimentado ansiedad por el doble terremoto, otro 55,3 % sintió miedo y 43,5 % sufrió de insomnio a causa de la tragedia.
Reconstrucción de zonas afectadas
El estudio consultó a los entrevistados también sobre la confianza que tienen en actores nacionales en lo relativo a su contribución en un proceso de gestión de crisis y reconstrucción luego del doble terremoto. Los que tienen mayor nivel de confianza, por encima del 50 %, son los médicos y el personal de salud (88 %) los bomberos (76 %), las empresas y el sector privado (73 %), las ONG (60 %) y las entidades religiosas (60 %).
Por debajo de ese 50 % se encuentran actores como María Corina Machado (47 %), gobierno y autoridades competentes (43 %), fuerzas policiales (25 %), Delcy Rodríguez (24 %), Ejército venezolano (23 %). Al que menos confianza le tienen es a Jorge Rodríguez, solo un 13% confía en él.
Con respecto a los actores internacionales, el que más confianza genera es el Gobierno de Estados Unidos (75 %), seguido de las ONG internacionales (63 %), la Unión Europea (59 %) y el Gobierno de Colombia (55 %). Por debajo de la media de confianza están las Naciones Unidas con 48 %, seguido de los gobiernos de Brasil (47 %), China (39 %), Rusia (32 %), Irán (27 %) y en el último escalafón se encuentra el Gobierno de Cuba, con 26 % de confianza de los encuestados.
En cuanto a las medidas más importantes que deben tomarse para reconstruir las zonas más afectadas por los terremotos había tres opciones a escoger. Los resultados indican que el 70,7 % ve como prioridad construir nuevas casas y edificios para los afectados, 45,9 % le da mayor relevancia a la reconstrucción de centros educativos y de salud y el 42,9 % considera muy relevante la fiscalización de posible mal uso o desvío de recursos destinados a estas recuperaciones.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Frente a las consecuencias de los terremotos ocurridos recientemente en el país, la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa), en alianza con la Federación Internacional de Planificación Familiar (IPPF) y el Consorcio Pasos Seguros, activó una respuesta humanitaria inmediata orientada a resguardar la salud mental de los venezolanos.
La iniciativa consiste en un servicio de ayuda psicológica llamadoPsicoApoyo, diseñado para brindar acompañamiento emocional, confidencial y gratuito en momentos de emergencia.
La organización destaca que los desastres socioambientales no solo generan pérdidas materiales, sino que traen consigo un gran impacto psicológico que suele expresarse a través de miedo, inquietud o impotencia. En este sentido, la propuesta busca atender las dolencias emocionales que a menudo quedan fuera del radar, entendiendo que el cuidado de la salud mental representa una prioridad durante los procesos de recuperación en situaciones de emergencia.
El programa de PsicoApoyo está planificado para brindar primeros auxilios psicológicos (PAP) a todas las personas afectadas mediante asistencia remota y presencial. El servicio garantiza un espacio totalmente confidencial y libre de juicios morales para quienes han sufrido la pérdida de sus hogares, el duelo por seres queridos o la reubicación en refugios temporales.
Paralelamente, Avesa mantiene una línea de atención psicológica especializada en casos de violencia sexual y de género. La organización advierte que en situaciones de desastre y desplazamiento forzado a campamentos y zonas de acopio, las mujeres, las niñas, los niños y los adolescentes enfrentan un riesgo más alto de sufrir agresiones. Por ello, la prevención oportuna es pilar fundamental de la estrategia de intervención psicológica.
El servicio no se limita a quienes residen en el territorio nacional. Avesa entendió que la emergencia se vive igualmente a distancia y ha extendido la atención a migrantes venezolanos residenciados en el exterior. Esta modalidad busca contener cuadros de preocupación o ansiedad por no estar en el país, así como la sobrecarga emocional.
Pasos para acceder a la ayuda
Acceder al servicio de PsicoApoyo de Avesa requiere de un procedimiento sencillo y directo de forma remota y a través de la mensajería. El primer paso consistiría en disponer de WhatsApp o Instagram en un teléfono o una computadora con conexión a internet.
El segundo paso es escribir un mensaje a cualquiera de las líneas telefónicas habilitadas por la institución o a las cuentas de redes sociales, como tercer paso se debe expresar de forma breve la necesidad del acompañamiento. A partir de allí, el equipo coordinará la atención necesaria bajo estricta confidencialidad.
Avesa enfatizó que el servicio es completamente gratuito tanto dentro como fuera de Venezuela. Sus redes sociales en Instagram y su página oficial están a disposición para consultar información sobre sus proyectos de acompañamiento.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Hace dos años, el pueblo venezolano protagonizó una jornada épica al derrotar mediante el voto a la tiranía gobernante. Sin emplear la violencia, millones de ciudadanos asestaron un revés definitivo al régimen que los ha oprimido a lo largo del siglo XXI. El resultado de esa victoria popular todavía no se concreta, lo que ha llevado a integrantes de la sociedad civil a denunciar la incongruente situación que sufre el país.
Un pronunciamiento conjunto
El Comité Cúmplela en Defensa de la Constitución, Espacio Consenso, el Frente Norte de Caracas, organizaciones políticas y sociales, junto con integrantes de gremios, centrales y federaciones sindicales, y sindicatos no confederados, han manifestado su posición ante las sedes del CNE en la capital y en varias regiones del país, en torno al significado del 28 de julio de 2024 y a la crisis que estremece a la nación.
La declaración señala: «A dos años de la victoria popular, el 28 de julio no es solo memoria: es protesta, es verdad y es dignidad. Contra la tiranía que despojó al pueblo, el país entero se levanta y exige democracia, justicia, libertad y la restitución del Estado de derecho».
El camino hacia la restitución del Estado de derecho
Por tanto, restablecer nuestra soberanía y el Estado de derecho y de bienestar pasa, entre otras cosas, por el respeto al artículo 5 de la Constitución nacional. Ello significa el reconocimiento de la gran victoria lograda por los ciudadanos el 28 de julio de 2024 y, en consecuencia, la juramentación del presidente electo Edmundo González Urrutia, quien es la figura investida de legalidad e idoneidad para dirigir el Gobierno de Emergencia y Unidad Nacional.
Este tendrá entre sus objetivos solucionar la grave crisis humanitaria y organizar un proceso electoral convocado por un nuevo poder electoral independiente, confiable, éticamente irreprochable y técnicamente capacitado.
Una crisis agravada por la tragedia
Debemos reconocer que nuestro país vive su hora más difícil, agravada por el impacto de los terremotos del 24 de junio de 2026, cuyos efectos han dejado heridas abiertas en todo el tejido social de la nación.
Afirmamos que la tragedia que estremece a toda Venezuela ha sido una de las más graves ocurridas en la historia de América Latina. Se combinaron las devastadoras consecuencias del desastre natural con el ejercicio del poder de un gobierno de facto, ilegítimo e inconstitucional, cuya gestión usurpadora desmanteló las instituciones hasta convertirnos en una nación víctima de un Estado fallido y presa fácil del tutelaje de una potencia extranjera.
La fortaleza del pueblo venezolano
Aun así, los niveles de resistencia y fortaleza de nuestro pueblo siguen íntegros e inmutables. Debemos sentirnos orgullosos por su valentía y su alto nivel de solidaridad, al haberse activado antes que la dictadura en las labores de auxilio y rescate de los afectados por el terremoto. Y haber creado, en un corto plazo, miles de centros de acopio en todo el país para dar lo mejor de sí en favor de los damnificados y heridos. Asimismo, agradecemos la solidaridad manifestada por la comunidad internacional.
Es perentorio impulsar un gobierno legítimo, responsable de la conducción del país, que asuma un plan de emergencia nacional orientado, primordialmente, a enfrentar la profunda crisis humanitaria compleja que impacta las áreas política, social, económica, cultural y moral de la nación.
Esto exige la legitimidad incuestionable de la conducción de la república y una respuesta inmediata que garantice la libertad de los presos políticos, la restitución de las libertades públicas, la libertad de expresión, el cese de la censura a los medios de comunicación, el desmantelamiento de la estructura represiva y la desaplicación de las leyes dictadas para perseguir a la disidencia, que menoscaban los derechos humanos.
Asimismo, deben atenderse con absoluta urgencia moral las exigencias de protección alimentaria, de hábitat, vivienda y salud de decenas de miles de damnificados y heridos, así como de las personas en situación de vulnerabilidad (niños, huérfanos, mujeres embarazadas y lactantes, ancianos, enfermos y desempleados) golpeadas por el hambre, la escasez de medicinas y la precarización de la familia.
El rescate del valor del trabajo
Este plan de emergencia debe contemplar el rescate del valor del trabajo, lo que significa un aumento general y escalonado de salarios y de pensiones que dignifique al trabajador y a su familia, amparados en un sistema de seguridad social integral; la reanudación de los convenios colectivos; la derogación del memorando 2792 y del instructivo de la Onapre.
Todo esto debe enmarcarse en un proceso inmediato de reactivación del aparato económico y en la ejecución progresiva de un programa dirigido a la reinstitucionalización democrática del país, a la necesaria reconciliación nacional, a sanar las heridas del tejido social y a reivindicar el valor de la dignidad humana.
Se trata de superar el odio y el resentimiento sembrados desde el poder, de abrir caminos de diálogo sincero que permitan el reencuentro de la familia venezolana en su propia tierra y reconstruir el tejido moral. De lograr, en fin, que el nuevo poder supere la mentira institucional, asumiendo como principio que toda política y toda economía deben girar en torno a la persona humana y no al poder.
Porque toda política pública debe estar al servicio de la dignidad del individuo y de sus derechos fundamentales.
Dos años pasaron desde aquella noche. El 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales, pese a que la oposición demostró el fraude con actas de votación en mano.
Aquel hecho desencadenó, horas después, una respuesta que se sintió en la calle. Miles de venezolanos salieron a protestar en varios estados del país porque se habían robado su voto. Pero en lugar de lograr que se respetara su derecho a elegir, lo que encontraron fue una persecución desmedida: detuvieron a más de 2000 personas y 25 murieron a balazos por larepresión letal en 9 estados del país. Han pasado 2 años y no ha habido justicia para la mayoría de estas muertes.
Las fuerzas de seguridad del Estado no fueron las únicas en actuar contra la población. Los datos recogidos por una investigación de Monitor de Víctimas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI), formada por Runrun.es, El Pitazo y TalCual, indican que los colectivos cometieron al menos 20 % (8) de los 25 homicidios ejecutados en las protestas poselectorales y que, además, estuvieron presentes en 12 de las 16 manifestaciones donde se registraron muertes. Casi nunca actuaron solos. En 8 de esos 12 eventos estuvieron también cuerpos policiales o militares, que no impidieron que abrieran fuego contra la población.
Estos hallazgos afianzan la evidencia de que los colectivos actúan sin que el Estado se interponga y niega la tesis del Gobierno según la cual todas estas muertes fueron cometidas por civiles que respondían a las órdenes de la oposición para crear caos.
Esa afirmación la hizo el exfiscal general Tarek William Saab cuando habló sobre el suceso que más víctimas mortales dejó durante las protestas postelectorales: la masacre de San Jacinto, en Maracay, estado Aragua. Según él, allí actuaron “grupos terroristas que realizaron disparos contra los funcionarios”. Sin embargo, seis de las siete víctimas son civiles. Testigos aseguraron que la balacera comenzó después de que los guardias nacionales lanzaran bombas lacrimógenas a la multitud.
Este reportaje siguió la pista de los asesinatos ocurridos en 2024 durante las manifestaciones generadas por el descontento de los resultados electorales. A través de entrevistas a familiares de las víctimas y testigos de los 25 homicidios, se revela un patrón represivo aplicado en las manifestaciones que, aunque guarda similitud con los ejecutados en las protestas masivas contra el Gobierno en 2014, 2017 y 2019, confirma una mayor letalidad: disparos más arriba de los hombros, provenientes de armas de fuego cargadas con balas y no con municiones no letales.
Hoy, dos años después de estas muertes, la mayoría de las investigaciones relacionadas con los casos están estancadas. Los victimarios siguen en libertad y no hay procesos en su contra. La causa del sargento primero de la GNB José Antonio Torrens Blanca, el único uniformado muerto durante las manifestaciones, es también la única que tiene una persona detenida por su asesinato.
Hablamos de una tragedia convertida en patrón, la muerte bajo custodia. Pero Venezuela no ha dejado de registrar los hechos. Las organizaciones nacionales e internacionales han documentado durante más de una década un patrón continuo de muertes bajo custodia, muchas asociadas a torturas, enfermedades no atendidas o ausencia deliberada de asistencia médica.
Ni dictadura ni reyerta alguna se atrevió a tanto en Venezuela en materia de torturas, ajusticiamientos o muertes bajo custodia. Ni Gómez con su Rotunda, Castillo Libertador en Puerto Cabello o el Castillo de San Carlos de Borromeo; o Pérez Jiménez con su Cárcel Modelo de Caracas, la isla Guasina o las sedes policiales de la Seguridad Nacional hicieron tanto daño como el que se ha evidenciado en El Helicoide, el SEBIN [la tumba], DGCIM; Yare, Rodeo, Tocuyito, Tocorón, El Marite, Fénix, Coro, el Centro Penitenciario de Occidente y en todas sus versiones de muerte y dolor del régimen. Habría que hacer un censo para saber si en la historia de Latinoamérica han existido estadísticas tan horrendas, incluyendo gobiernos autoritarios.
Una tragedia que tiene nombre, apellido y verdades. Porque estas incidencias se reportaron ante la Corte Penal Internacional [CPI], esto es, ante el Despacho de la Oficina del Fiscal, funcionario titular Karim Khan ―a quien, por cierto, destituyeron de su cargo hace horas― y cuyo mal desempeño también comporta otra tragedia para las víctimas y para la justicia.
Sin duda —hay que decirlo—, la impunidad acumulada es también causa colateral de estas muertes bajo custodia y otros crímenes de lesa humanidad. Y una excusa de la CPI—en tiempos de modernidad y mucha tecnología—de que miles de incidencias no habrían sido verificadas por falta de soporte técnico, personal o tiempo, por la acumulación de miles de denuncias, no es una respuesta que escuda sino evidencia que compromete. Flagrancia recurrente mata formalismos procesales.
Nos corresponde ahora compartir esta realidad para reforzar —una vez más— la importancia que significa #QueHayaJusticiaEnLaHaya.
Venezolanos que han fallecido bajo custodia
Entre los casos más emblemáticos de muerte bajo custodia figuran: Rodolfo González (El Aviador) (2015), Carlos Andrés García (2017), Rafael Arreaza Soto (2017), Fernando Albán (2018), Nelson Martínez (2018), Virgilio Jiménez Urbina (2019), Ángel Javier Sequera Romero (2019), Elwin Mendoza (2019), capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo (2019), Wilfredo José Heredia Rodríguez (2020), Luis Armando Monsalve Estaba (2020), Pedro Pablo Santana (2020), Salvador Franco, indígena pemón (2021), Gabriel Andrés Medina Díaz (2021), general Raúl Isaías Baduel (2021), Armando Flores Piñango (2022), Leoner Azuaje Urrea (2023), Juan Manuel Almeida Morgado (2023), Marino Lugo Aguilar (2024), Jesús Manuel Martínez Medina (2024), Jesús Rafael Álvarez (2024), Oswal Alexander González Pérez (2024), Reinaldo Araujo (2025), Lindomar Jesús Amaro Bustamante (2025), Alfredo Javier Díaz Figueroa (2025), Edison José Torres Fernández (2026), Víctor Hugo Quero Navas (caso reportado en 2026).
A esta relación deben añadirse decenas de fallecidos durante 2026 en establecimientos penitenciarios y centros policiales, que forman parte de la incidencia recientemente presentada ante la CPI; entre ellos: Antonio José Manzano, Edison José Torres, Deivi Enrique García, Ovidio Madriz Mendoza, José Ramón Yelamo, Fabiana Páez Fernández, José Gregorio Mendoza Guzmán, Alberto Solarte Cabrera y otros detenidos cuya muerte ocurrió en cárceles como Yare III, Rodeo III, Tocuyito, El Marite, Fénix, Coro y el Centro Penitenciario de Occidente. La denuncia sostiene que estas muertes responden a un patrón de abandono sanitario, ausencia de tratamiento médico y condiciones incompatibles con la dignidad humana.
El caso del capitán Rafael Acosta Arévalo constituye probablemente el ejemplo más estremecedor. Presentado ante un tribunal militar —incapaz de caminar, con visibles signos de tortura y trasladado en silla de ruedas— falleció pocas horas después. Organizaciones internacionales concluyeron que la evidencia contradice la versión oficial y documentaron indicios de desaparición forzada, tortura y muerte bajo custodia.
Igual de paradigmáticos son los casos del concejal Fernando Albán, fallecido en la sede del SEBIN; del exministro Nelson Martínez, quien no recibió oportunamente la atención médica requerida; del indígena pemón Salvador Franco, muerto tras prolongadas denuncias sobre su delicado estado de salud, y del general Raúl Isaías Baduel, cuya muerte continúa rodeada de serias interrogantes, muchas de ellas ya despejadas. Habría que agregar que la saña y crueldad contra la familia de este excomandante de las FF. AA. y exministro de la Defensa, compañero de armas Chávez, ha sido encarnizada.
Lo verdaderamente inquietante no es únicamente el número de víctimas. Es la repetición del mismo patrón: detenciones arbitrarias, incomunicación, desaparición forzosa, deterioro físico progresivo, falta de atención médica, opacidad oficial y ausencia de investigaciones independientes. La pregunta deja entonces de ser cuántas personas han muerto bajo custodia. La verdadera pregunta es cuántas más deberán morir antes de que la justicia internacional considere que el umbral de la impunidad ha sido definitivamente sobrepasado. En esa interrogante reside hoy uno de los mayores desafíos para la CPI.
Cuando la justicia no llega, mata
La CPI frente a su mayor desafío: impedir que la impunidad se convierta en un sistema, en parte del problema. Existe una frase atribuida al filósofo, político y escritor en tiempos de la Revolución francesa, Edmund Burke, que conserva una vigencia inquietante: “Lo único necesario para el triunfo del mal es que los hombres buenos no hagan nada”. Eso ha sido Venezuela: una auténtica y peligrosa unión de hombres malos, que ha provocado la caída de buenos e inocentes, y cuyo sacrificio hace impostergable la asociación genuina de los hombres buenos. En el derecho penal internacional esa advertencia adquiere una dimensión institucional.
La inacción también produce víctimas. Cuando un tribunal creado para perseguir los crímenes más graves del mundo tarda indefinidamente en actuar frente a patrones suficientemente documentados, la demora deja de ser un problema administrativo para convertirse en un factor de impunidad, que es vulnerabilidad, sufrimiento, indignación y muerte. Ese es el mayor riesgo que hoy enfrenta la CPI.
La CPI representa la culminación de más de quinientos años de evolución del pensamiento jurídico occidental. Desde Francisco de Vitoria y Hugo Grocio, pasando por Beccaria, Montesquieu y Kant, hasta llegar a Núremberg, Tokio, los tribunales para la antigua Yugoslavia y Ruanda, la humanidad fue construyendo lentamente una convicción: existen delitos tan atroces que ofenden a toda la comunidad internacional y cuya persecución no puede depender exclusivamente de la voluntad del Estado que los comete.
Que una corte con jurisdicción universal —aun siendo supletoria— tarde o desatienda el deber de hacer justicia, coloca en peligro todo el complejo sistema de DD. HH. creado por el hombre de paz. Antonio Cassese sostenía que la justicia penal internacional constituye “la conciencia jurídica de la humanidad”. Cherif Bassiouni advertía que la impunidad no solo niega justicia a las víctimas, sino que prepara el terreno para nuevos crímenes. Benjamin Ferencz —el último fiscal vivo de Núremberg—durante décadas repetía una idea sencilla y poderosa: “La ley debe sustituir a la guerra”. Esa aspiración resume el verdadero sentido del Estatuto de Roma [ER].
Lamentablemente, toda institución puede perder legitimidad cuando existe una distancia creciente entre sus principios y sus resultados. En los últimos años, diversas voces —entre ellas el actual secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio— han acusado a la CPI de exceder su mandato y de utilizar selectivamente sus competencias, especialmente en investigaciones relacionadas con Estados no parte del Estatuto de Roma. Rubio ha sostenido que la Corte constituye una amenaza para la soberanía de los EE. UU. y ha anunciado una política destinada a limitar su actuación.
Puede discutirse esa tesis. Muchos internacionalistas la rechazan recordando que la jurisdicción de la Corte se encuentra delimitada por el propio ER y por el principio de complementariedad. Otros consideran que la crítica estadounidense exagera el alcance jurídico de la CPI. A esta posición de EE. UU. se suma la reciente denuncia del Tratado de Roma por parte del régimen de Caracas, esto es, el anuncio de su salida de la Corte Penal Internacional.
Desde ya debemos alertar que la salida del tratado se hace efectiva un año después de su denuncia ante el secretario de la ONU [Art. 127-ER], y los crímenes procesados en el expediente Situación Venezuela I mantienen plena vigencia y continuación, incluso las que toque sustanciar después de la denuncia del tratado y/o su salida.
Pero volviendo con los aspectos críticos a la CPI, quizás el más inquietante y que trasciende a la controversia sobre la soberanía, es la pérdida de autoridad real cuando deja de actuar donde sí debe hacerlo, esto es, cuando el silencio prevalece sobre el martillo de la justicia. Si el derecho penal internacional nació para proteger a quienes ningún Estado protege, si la CPI fue concebida como el último refugio de las víctimas cuando las jurisdicciones nacionales han sido capturadas por el poder político, entonces su legitimidad depende de su capacidad para responder allí donde la impunidad es sistemática. Y la impunidad no puede convertirse en un salto a más impunidad.
Venezuela constituye una de esas pruebas históricas
Durante años la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH [OACDH]; organizaciones nacionales como el Observatorio Venezolano de Prisiones [OVP] y numerosas organizaciones venezolanas e internacionales han documentado patrones de detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y muertes bajo custodia. Esos informes describen prácticas reiteradas, sistemáticas y no simples episodios aislados.
Nuestra incidencia —decíamos— presentada ante la CPI [amicus curiae] pretende incorporar un componente que, a nuestro juicio, merece un tratamiento autónomo: la muerte bajo custodia como crimen contra la humanidad cuando forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil.
No hablamos únicamente de quienes murieron como consecuencia de torturas. Hablamos también de quienes fallecieron por tuberculosis sin tratamiento. De quienes esperaron un traslado hospitalario que nunca llegó, fueron privados deliberadamente de medicamentos indispensables y los que murieron por desnutrición. De los que fueron abandonados por un sistema penitenciario transformado en una maquinaria de sufrimiento.
La denuncia presentada solicita que esas muertes se incorporen expresamente a la investigación Venezuela I y que se examine la eventual responsabilidad penal individual de quienes integran la cadena de mando conforme a los artículos 25, 27 y 58 del ER. No se trata de criminalizar la tragedia carcelaria propia de países con sistemas penitenciarios deficientes. Toda prisión registra enfermedades. Toda cárcel enfrenta limitaciones.
La diferencia jurídica aparece cuando la muerte deja de ser accidental y se convierte en consecuencia previsible de una política deliberada de abandono, persecución o indiferencia estatal. En ese punto la responsabilidad deja de ser administrativa para convertirse en penal.
La CPI no puede devolver la vida a Rafael Acosta Arévalo
No puede reparar el sufrimiento de Salvador Franco. No puede borrar las aberraciones que rodean las muertes de Fernando Albán, Raúl Baduel o decenas de venezolanos fallecidos en centros penitenciarios y de inteligencia. Pero sí puede impedir que esos nombres desaparezcan en el olvido, porque la impunidad posee una doble dimensión: primero mata a la víctima y luego intenta borrar su memoria.
Núremberg enseñó que ninguna investidura política pone a un gobernante por encima de la ley. Tokio confirmó que la obediencia debida tiene límites. La antigua Yugoslavia demostró que, incluso en medio de una guerra, los responsables pueden ser juzgados décadas después. Ruanda recordó que el genocidio comienza siempre con la deshumanización de las víctimas.
La CPI nació precisamente para preservar ese legado. Por eso sería profundamente injusto concluir que la solución consiste en debilitarla o hacerla desaparecer. La humanidad no necesita menos justicia internacional, necesita más derecho para todas las gentes [Luis Almagro dixit]; “la humanidad necesita más derecho y menos fuerza, un derecho que alcance a todas las gentes y someta el poder a la ley…” para lograr la paz, como Estado ideal creado por el derecho [Hans Kelsen 1881-1973].
El planeta necesita una justicia internacional más independiente, más rápida, más coherente y menos vulnerable a presiones geopolíticas. Porque una corte fuerte no es aquella que selecciona adversarios según conveniencias diplomáticas, sino aquella que aplica la ley con igual rigor frente al poderoso y frente al débil, frente al aliado y frente al enemigo, frente a Oriente o frente a Occidente. Si la comunidad internacional renunciara a ese ideal, no solo fracasaría una noble y necesaria institución concebida en Roma [1998]. Fracasaría un proceso civilizatorio iniciado hace siglos, cuando los primeros juristas comenzaron a sostener que incluso el soberano estaba sometido al derecho.
La muerte bajo custodia constituye la forma más abyecta y absoluta de indefensión. Allí no existe fuga posible, ni refugio, ni defensa propia. El detenido vive porque el Estado decide protegerlo y muere cuando ese mismo Estado incumple deliberadamente su deber. Cada muerte bajo custodia interpela directamente a la conciencia de la humanidad. Y la conciencia de la humanidad se expresa en la justicia, no en su desmantelamiento.
Por eso cuando la justicia internacional demora demasiado en responder, el silencio deja de ser neutral. Se convierte en otra forma de impunidad. Porque las víctimas no necesitan únicamente memoria. Necesitan orden, necesitan paz, redención, que es oportuna justicia. Si llega demasiado tarde, corre el riesgo de convertirse en un homenaje póstumo en lugar de un instrumento eficaz para impedir que el crimen vuelva a repetirse.
Solo queda decir: si alguna vez la historia nos pregunta qué hicimos frente al mal podemos responder con humildad, pero sin vergüenza, que nos asociamos con los buenos para no permanecer en silencio.
A dos años de los comicios presidenciales del 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sigue sin publicar los resultados desagregados mesa por mesa. Esta omisión mantiene al sistema electoral venezolano en un histórico velo de opacidad y desacato de sus propios lapsos legales.
La esperanza de millones de venezolanos de un cambio político se vio truncada pasada la medianoche de ese domingo 28 de julio, cuando el presidente del CNE, Elvis Amoroso, leyó un primer boletín con el 80 % de las actas escrutadas que adjudicó la victoria a Nicolás Maduro con el 52.2 % de los votos, frente a un 44.2 % obtenido por el candidato de la oposición, Edmundo González Urrutia.
A la incertidumbre de saber si el Gobierno aceptaría los resultados, se sumó un retraso en la emisión de los resultados del primer boletín. Pese a contar con un sistema automatizado “eficiente y desarrollado”, el CNE justificó la falta de transmisión en tiempo real a un presunto “ciberataque” al sistema de datos.
Un año después del supuesto “hackeo”, que hasta el momento mantiene fuera de línea la página del CNE, el organismo volvió a aplicar el mismo patrón de anunciar ganadores sin mostrar los votos con los resultados de las elecciones municipales del 25 de mayo de 2025.
Validación sin pruebas
El 22 de agosto de 2024, sin sorpresas y de manera “inobjetable”, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia validó el resultado electoral del Consejo Nacional Electoral que dio como ganador a Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio, pese a los cuestionamientos de la integridad y transparencia observados por el Centro Carter.
La presidenta del TSJ y de la Sala Electoral,Caryslia Rodríguez, fue la encargada de leer la sentencia 032, que “certificaba de forma inobjetable el material electoral peritado” y convalidaba los resultados de las elección presidencial del 28 de julio emitidos por el CNE “donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros, como presidente reelecto para el período constitucional 2025- 2031”.
El madurista Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) convalidó los resultados divulgados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el régimen, de las elecciones presidenciales en #Venezuela. “Esta sala convalida los resultados de la elección presidencial del 28 de julio… pic.twitter.com/0yTJVdYaZ0
“Con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el CNE respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas, y estas actas mantienen plena coincidencia con el registro de bases de datos de centros nacionales de totalización”, dijo Rodríguez en aquel momento.
Para tratar de solapar la situación, el Tribunal Supremo de Justicia ordenó al CNE publicar esos resultados en Gaceta Electoral; sin embargo, hasta ahora, ese mandato no se ha cumplido.
El sinsabor de todo un país
De los resultados desagregados mesa por mesa nunca más se supo nada, así como tampoco de las actas publicadas por la oposición que demostraban la victoria contundente de Edmundo González con más del 70 %.
La ausencia del resultado oficial no solo dejó un vacío político. Luego de un silencio ensordecedor por la sorpresa del resultado electoral, millones de venezolanos se lanzaron a las calles para exigir las actas de votación y para denunciar lo que, consideraron un fraude electoral.
La represión causó al menos 25 fallecidos, más de 2000 detenidos y el temor constante a denunciar hechos irregulares del Gobierno. La cifra de presos políticos fue la más alta registrada en toda la historia del país. Organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron tratos crueles e inhumanos, torturas, detenciones arbitrarias y persecución política constante en contra de la disidencia.
Con el paso de los meses, el país entró en un estado de parálisis política y emocional: sin resultados verificables, sin auditorías independientes y sin una ruta institucional clara para resolver el conflicto electoral.
Venezuela sigue sin respuestas
A dos años de las elecciones más polémicas de la historia de Venezuela, nada ha cambiado. Lo que comenzó con la esperanza de un cambio de Gobierno que ronda las tres décadas, se transformó en un vacío que aún condiciona la vida política, social y emocional de millones de venezolanos.
En consecuencia, la ausencia de información oficial consolidó un escenario en el cual la incertidumbre se convirtió en norma y la confianza en el sistema electoral quedó reducida a su mínima expresión.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Más allá de la tragedia humana que significó el doblete sísmico del 24J, el debate nacional se traslada ahora al terreno de la recuperación económica. En este contexto, Alejandro Grisanti, economista y socio fundador de Ecoanalítica, ha sido enfático al señalar que el manejo financiero de esta crisis definirá el futuro de la nación por las próximas décadas.
Durante su intervención en el foro “Réplicas económicas, el costo de la reconstrucción”, Grisanti alertó sobre la tentación de financiar la emergencia mediante la impresión de dinero inorgánico. El experto comparó la monetización del gasto con el consumo de drogas: lo que empieza como un estímulo aparentemente inofensivo para “prender unas casitas” o “hacer un proyecto de reconstrucción” termina convirtiéndose en una espiral destructiva de inflación crónica.
Hoy Venezuela comparte con Haití la debilidad de un espacio fiscal muy reducido, de allí que la tentación de generar dinero inorgánico sea muy grande. A eso hay que añadirle la imposibilidad actual de acceder a mercados internacionales.
Grisanti recordó que después de los terremotos, si bien la ayuda humanitaria externa fue calificada de “espectacular”, la financiera ha sido “muy pobre”, con apenas 720 millones de dólares ofrecidos por la comunidad internacional. Para el economista, esto es síntoma de una profunda desconfianza en la capacidad de gestión de las autoridades actuales, agravada por el estado de cesación de pagos y las sanciones que aún pesan sobre el país.
Lo que viene
El economista presentó proyecciones económicas para Venezuela centradas en dos escenarios posibles (ortodoxo y heterodoxo), dependiendo de si el Gobierno decide o no financiar el gasto mediante la monetización (impresión de dinero inorgánico).
En cuanto al crecimiento económico, Grisanti calcula un 5,8 % para 2026 impulsado principalmente por el sector petrolero, que podría crecer entre 15 % y 18 %, y por el sistema financiero. Para 2027 proyecta un crecimiento mucho más robusto, que alcanzaría el 12 %. Este impulso se debería a que el sector no petrolero comenzaría a acompañar con fuerza la expansión de la industria petrolera.
En cuanto a la inflación, se prevé una tendencia a la baja, aunque los números siguen siendo altos en comparación con la región. Para 2026 proyecta 251,5 % y 361 % en caso de que el Gobierno decida financiar la reconstrucción con dinero inorgánico. Sin embargo, para 2027 la inflación pudiera estar entre 55,1 % en el escenario ortodoxo y 110,9 % en el heterodoxo. En materia petrolera, los estudios de Ecoanalítica cifran la producción en más de 1,3 millones de barriles al cierre del año 2026 y 2,6 millones para finales de 2029.
Grisanti insiste en que solo una estructura transparente, que incluya a los mejores talentos y que no base sus promesas en la volatilidad de los precios petroleros, podrá garantizar que el país no quede sumido en campamentos provisionales.
Otras tragedias, otros manejos
El estudio de Ecoanalítica recoge los manejos de otros países de la región ante tragedias naturales. El caso de México en 1985 ilustra los riesgos de la imprudencia monetaria.
Antes del terremoto de magnitud 8.1 —que causó, según cifras oficiales, 3100 fallecidos y dejó más de 30 000 edificaciones afectadas— el Gobierno mexicano había dejado a la nación sin margen ni espacio fiscal para responder al desastre. Al aislar al país del crédito internacional y rechazar inicialmente la ayuda externa, el Gobierno recurrió a la emisión masiva de dinero para financiar la emergencia. Aunque la inflación venía desescalando del 93 % en 1983 al 56 % en agosto de 1985, la inyección inorgánica disparó los precios sin control: llevó la inflación al 159 % en 1987, depreció la moneda y pulverizó el poder adquisitivo.
En contraste, el terremoto de Chile en 2010 (magnitud 8.8) causó pérdidas por 30 000 millones de dólares, pero el Estado chileno mantuvo intocable la disciplina monetaria. Apoyado en seguros internacionales contratados por privados y el Estado, reservas fiscales y ayuda técnica, Chile mantuvo su inflación en la meta del 3 % anual. Inyectar recursos reales a la reconstrucción incluso aceleró su crecimiento económico por encima del 5 % y generó empleo masivo en el sector construcción.
Por su parte, Ecuador (2016), al estar dolarizado, no poseía la opción de imprimir billetes. Enfrentó la crisis mediante un severo ajuste fiscal, creación de impuestos temporales y financiamiento externo, lo que evitó la hiperinflación aunque contrajo temporalmente el consumo.
En el otro extremo está el caso de Haití. Con pérdidas por 7800 millones de dólares y una tragedia humana devastadora (entre 220 000 y 316 000 muertos), la reconstrucción fracasó estrepitosamente debido a la opacidad institucional, tramas de corrupción y la falta de un plan fiscal sostenible
El costo de la reconstrucción
La magnitud de los daños físicos calculados por el equipo técnico de Ecoanalítica ubica en unos 17 000 millones de dólares el impacto a la infraestructura.
Este presupuesto se desglosa en necesidades críticas: casi 12 000 millones para edificaciones residenciales y comerciales, y más de 5000 millones destinados a servicios básicos fundamentales. El sector eléctrico es el más golpeado, con daños calculados en 3821 millones de dólares, seguido por la vialidad (875 millones) y los sistemas hídricos (262 millones).
Geográficamente, el estado La Guaira concentra la mayor tragedia material, pues ha perdido el 41,8 % de su acervo de edificaciones, lo que representa el 37 % de los daños totales del país.
Bajo una gestión técnica eficiente, la reconstrucción podría completarse en seis años, pero si el proceso se centraliza exclusivamente en manos del Estado, podría extenderse por tiempo indefinido.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
Dirigentes del partido político Vente Venezuela, estudiantes y dirigentes sindicales se concentraron en Caracas este martes, 28 de julio, con motivo de los dos años de las elecciones presidenciales de 2024, en las que, según el Comando ConVzla, el ganador fue el opositor Edmundo González Urrutia.
“A dos años del 28J, nos encontramos en la calle con la frente en alto, demostrando que con nuestras propias manos seguimos defendiendo la voluntad de todo un país”, señaló la tolda política en su cuenta de X.
La concentración comenzó a eso de las 10:00 de la mañana en las inmediaciones del Centro Lido, en la avenida Francisco de Miranda. Con pancartas, actas electorales como las que recabaron los testigos el día de los comicios, razón por la cual muchos de ellos estuvieron detenidos hasta durante más de un año.
Henry Alviárez, coordinador del partido, recordó que después de las elecciones muchos dirigentes fueron detenidos, algunos se exiliaron y otros vivieron en la clandestinidad. Asimismo, dijo esperar la creación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) y manifestó su confianza en el tutelaje que ejercen países aliados en Venezuela “que quieren la democratización de Venezuela”, se refirió particularmente al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien hace meses dijo que vendría un proceso de transición.
Por otra parte, el dirigente opositor señaló que la convocatoria se extendió a otras regiones del país. Según las publicaciones de Vente Venezuela, se realizaron concentraciones en los estados Aragua, Táchira, Bolívar, Mérida, Zulia, entre otros. En las manifestaciones también exigieron la liberación de todos los presos políticos.
“Hay 335 municipios movidos por toda Venezuela que quieren cambio en paz. ¿Qué estamos pidiendo en este proceso? Que establezcan una fecha de elección”, dijo Alviárez en declaraciones a los medios.
¡Caracas se levanta con sus propias manos! 🇻🇪
Desde el corazón de la capital respondemos con la fuerza de nuestra gente. A dos años del 28J, nos encontramos en la calle con la frente en alto, demostrando que con nuestras propias manos seguimos defendiendo la voluntad de todo un… pic.twitter.com/1KEllSLK80
🗣️ “Establezcan una fecha de elección para que sea el venezolano el que decida”.@HenryAlviarez, Coordinador de Organización de @VenteVenezuela, denuncia que no puede existir democracia con más de 300 presos políticos tras las rejas y millones en el exilio.
¡Este país los levantamos con nuestras propias manos!
El 28 de julio millones de venezolanos demostraron que la democracia no era una idea: era una decisión. Y en los meses más difíciles, cuando la tragedia golpeó y el abandono volvió a hacerse… pic.twitter.com/RmZ5h5lmnc
Con carteles escritos a mano, con la fe intacta y la memoria viva, cientos de venezolanos reafirman en las calles que hay heridas que el tiempo no borra y una voluntad que la represión no ha logrado vencer.
El 28 de julio millones de venezolanos demostraron que la democracia no era una idea: era una decisión. Y en los meses más difíciles, cuando la tragedia golpeó y el abandono volvió a hacerse presente, también quedó claro quién… pic.twitter.com/6DoM79Wka3
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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