Luis Ernesto Blanco, autor en Runrun

Luis Ernesto Blanco

DDHH olvidados | El homicidio de Paola Ramírez y la dudosa versión oficial
Darcy Gómez, no cree en la versión que exculpa a los grupos paramilitares que le quitaron la vida a su hija Paola Ramírez  durante las protestas opositoras de 2017 ocurridas en San Cristóbal

El 19 de abril de 2017, Paola Ramírez Gómez, de 23 años, murió luego de asistir a una concentración opositora en la Plaza San Carlos de San Cristobal.  Pese a que la versión oficial presentó  Iván Alexis Pernía como el presunto asesino, sus familiares lo desestiman. Aseguran que hasta el sol de hoy no se ha hecho justicia y su homicidio forma parte de la larga estadística de crímenes en el contexto de manifestaciones políticas.

“No tenemos credibilidad en el sistema de justicia ni en las autoridades que dicen cualquier cosa. Que se haga justicia pero con los verdaderos culpables. Antes de morir ella nos dijo por teléfono: `están disparando los colectivos´. Me cuesta creer  que desde un edifico le hayan disparado”, sostiene su madre Darcy Gómez, en un esfuerzo por reconstruir los hechos fatales que la apartaron de su hija.

Horas después de la marcha, Ramírez y su novio llegaron en moto a la plaza San Carlos, donde el novio la dejó para ir a esconder el vehículo por miedo a los colectivos que se encontraban en la zona, declaró una testigo que observaba la situación y luego pudo conocer lo sucedido, contado por el muchacho en la escena.

Según el relato, un grupo paramilitar se apostó en la esquina de la calle 13 de San Cristóbal. Al observarlos, Paola se ocultó en las escaleras del lugar. Pero sus esfuerzos fueron en vano, pues tres de los colectivos la vieron y se dirigieron hacia ella. La encontraron, la tomaron por el cabello y la halaron, le quitaron su gorra y la cartera negra que llevaba. Un testigo observó el robo y vio como uno de los hombres la empujaba, indicándole que corriera. Paola Ramírez corrió por su vida, atravesó el tramo de la plaza hasta llegar a la calle.

Los paramilitares tomaron sus motos y transitaron hasta la esquina de la escuela Carlos Rangel Lamus. En el momento en que la joven estaba en la calle 12, los colectivos pasaron en paralelo a ella desde la carrera 11. Luego se escuchan aproximadamente 24 detonaciones hechas por los colectivos, según coincidieron los testigos. Es cuando Ramírez cae al piso, muerta.

Nacida el 26 de julio de 1993. Era la segunda de ocho hijos del matrimonio de Joaquín Ramírez y Darcy Gómez, era soltera y no tenía hijos. Vivía con su familia en una zona rural de Capacho Nuevo, municipio fronterizo del Táchira.

Paola había concluido los estudios en el área de administración. Ese día se congregó junto a su novio en las inmediaciones de la plaza San Carlos de la capital tachirense en una manifestación que conmemoraba los 207 años de la Declaración de Independencia. También reclamaban a la Defensoría del Pueblo su ineptitud en la “defensa y vigilancia de los derechos humanos.

Contra el olvido y la impunidad

Según la ONG, Justicia, Encuentro y Perdón, las manifestaciones pacíficas se convirtieron en una forma de denuncia ampliamente extendida por el territorio nacional que lamentablemente, lejos de encontrarse con un Estado dispuesto a escuchar y atender estas denuncias, halló violencia y represión a cada paso. Homicidios, detenciones arbitrarias, golpes y torturas quedaron documentadas en el marco de estos eventos.

Desde 2017 realizan monitoreo y atención a los casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto de manifestaciones políticas. A través de un proceso de documentación, análisis y sistematización de las circunstancias que los rodean, se empeñan en la visibilización de estas violaciones a los derechos humanos para evidenciar los patrones de actuaciones de los cuerpos de seguridad.

Una imputación que no es creíble

El imputado por los organismos de investigación vivía a una cuadra de la plaza San Carlos, en una casa que da hacia la calle. Desde allí aseguran que disparó hacia los colectivos para defender a la joven y por error uno de los proyectiles habría herido a la joven.

El Comisario Luis Godoy, ex Jefe de la División de Homicidios de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), afirmó a Runrunes en esa oportunidad, que la posibilidad de que el acusado haya podido disparar y encontrar su blanco en la joven que corría, a una distancia de más de 100 metros, con árboles y demás obstáculos en medio, es de una en 100 millones.

El asesinato de esta joven tachirense fue documentado por un panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos. Podía constituir un crimen de lesa humanidad, al igual que otros tantos asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas pacíficas.

El caso  es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón

DDHH olvidados | Nadie se salva de un disparo de las Faes
Keyber Landaeta recibió el impacto de un proyectil en el tórax que le causó una disminución intensa del volumen de sangre circulante en el cuerpo. Cuando llegó al hospital ya estaba sin vida
Esta repetida versión forense sobre las causas de muerte en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales sugiere que los cuerpos de seguridad del Estado disparan a matar

Siete personas fueron asesinadas en un operativo conjunto de las Faes y la Policía Municipal de Sucre en los barrios José Félix Ribas y Julián Blanco, en Petare.

A través de un parte policial, se informó que el hecho ocurrió luego de que presuntos miembros de la banda de Wilexys se enfrentaran a funcionarios de Polisucre. A raíz de eso, efectivos de las Faes se sumaron al operativo y en una primera incursión mataron a cuatro supuestos delincuentes.

No fue hasta dos días después que familiares de Luis Gerardo Cabello, de 21 años de edad; Keyber David Landaeta, de 18 años; y Gerard Wladimir Torrealba Pinto, de 26 años de edad, pudieron dar su versión de los hechos.

Ya se han hecho frecuentes los operativos de las FAES en zonas populares, donde ocurren supuestos enfrentamientos con bandas armadas que terminan en ejecuciones extrajudiciales. Pero Néstor Landaeta, padre de Keyber, asegura que su hijo no era ningún delincuente. “Era mi único varón, siempre lo crie para que fuera un muchacho de bien; aun así me lo mataron”, dijo.

Ni aun siendo cierto el presunto enfrentamiento se exime de responsabilidad a los cuerpos de seguridad del Estado cuando se dejan de lado principios que rigen la actuación de policías y militares, entre ellos el uso progresivo y proporcional de la fuerza pública.

El miedo silencia

Lo curioso es que Landaeta es de los pocos casos que se atreve a dar su versión.  Según el informe de Proiuris denominado, Las Faes matan con patrocinio del Estado, el temor de los familiares a represalias por denunciar excesos en el uso de la fuerza pública contribuye a la falta de una versión alternativa a la oficial. “De las 139 notas registradas, solo en 12 se refiere la denuncia de algún familiar o testigo, lo que corresponde apenas a 8% de total monitoreado”, señala el informe.

Proiuris ha desarrollado una línea de investigación sobre las amenazas a los derechos a la integridad personal y a la vida en Venezuela. Como en otros casos recogidos por la ONG, la causa de la muerte del joven Landaeta fue shock hipovolémico por el impacto de un proyectil en el tórax. Se trata de una conclusión forense genérica, que no ofrece mayores detalles de interés criminalístico; una disminución intensa del volumen de sangre circulante en el cuerpo; es decir, una hemorragia aguda.

Esta repetida versión forense sobre las causas de muerte en casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales sugiere que los cuerpos de seguridad del Estado disparan a matar, lo cual pone en entredicho el uso diferenciado, proporcional y progresivo de la fuerza letal.

Néstor Landaeta aseguró que su hijo no poseía antecedentes penales, ni tenía armas de fuego. “Dijeron que tenía una pistola. Él estaba en casa de un amigo cuando de repente entraron y lo mataron. Lo dejaron en el hospital de El Llanito completamente desnudo”, detalló.

Si tienes antecedentes te matan

Otra de las personas que perdió la vida durante ese operativo fue Gerard Torrealba. Según el testimonio de sus familiares, el joven iba camino a su casa a las 4:00 pm, cuando se desarrollaba el operativo de las FAES en la Zona 5 de José Félix Ribas, en el sector La Cañada. Los oficiales lo detuvieron y lo obligaron a ingresar a su casa, donde le dispararon en el pecho.

“Él nunca se enfrentó contra los funcionarios de las Faes, estaba llegado de su trabajo. Lo mataron y luego se lo llevaron al hospital Domingo Luciani sin vida”.

Los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado están obligados por la ley a prestar primeros auxilios a los heridos y a procurar una atención lo más integral posible y sin demora. Sin embargo, en casi todos los casos las víctimas son ingresadas a los hospitales sin signos vitales.

Torrealba era técnico en computadora. Dejó tres hijos de 5 años, 3 años y 6 meses de edad. Cuando tenía 19 años de edad, fue detenido por el delito de robo, estuvo en prisión un año y luego se le dictó medida sustitutiva de privación de libertad. Durante dos años se presentó periódicamente ante el tribunal de la causa. “Gerard terminó su presentación. Cambió su vida y se dedicó a trabajar. De igual forma lo mataron por eso. En el barrio lo sabemos, si tienes antecedentes te matan”, sostuvo uno de los deudos.

N del R.: El caso relatado en esta nota es extraído del informe titulado Las Faes matan con patrocinio del Estado: Ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, elaborado por la ONG Proiuris. Y disponible en este enlace

 

DDHH olvidados

DDHH olvidados | El enero en que todo cambió

 

Ceofanb informa que si habrá desfile militar, pese a la cuarentena radical

La cuenta de Twitter del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana informó durante la tarde del sábado, 4 de julio que se estarán realizando sobrevuelos aéreos, motivado a las prácticas del desfile cívico militar con motivo a la celebración el 209° aniversario de la Firma del Acta de la Independencia y Día de la Fuerzas Armadas.

 

Minutos antes, los caraqueños pudieron escuchar el sobrevuelo de aviones, que si bien es común que en los días previos a la conmemoración de la Firma del Acta de la Independencia, el pasado 23 de junio el gobernante Nicolás Maduro había señalado la imposibilidad de realizar el desfile militar, no solamente del 24 de junio sino del 5 de julio, “por motivo de la cuarentena radical”.

Según una nota publicada en el portal de Venezolana de Televisión, Maduro aseguró que el acto se haría más adelante. “Estamos cumpliendo la cuarentena estricta, radical, necesaria, para cortar las cadenas de transmisión del rebrote que tenemos, porque tenemos un rebrote delicado y para que la cosa no se ponga fea, necesitamos cortarlo con disciplina, autocontrol,  participación popular con su conciencia, unión de la familia, cuidados extremos”.

El Distrito Capital se encuentra en cuarentena radical debido al aumento de casos de coronavirus. El pasado 27 de junio, cuando el país superaba los cinco mil casos de Covid-19, Delcy rodríguez anunció que el lunes 29 de junio comenzará la semana de flexibilización con excepción de 12 estados entre los que se incluían el Distrito Capital, Miranda, Carabobo, Trujillo, Apure, Zulia, Sucre y Aragua.

Hasta el momento no se conocen detalles que expliquen cómo se llevará a cabo el desfile militar que tradicionalmente se realiza en el Paseo Los Próceres, cuáles medidas de seguridad incluirá y cómo se garantizará el distanciamiento físico.

 

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DDHH olvidados |  El enero en que todo cambió
Gregory Hinds fue víctima de una detención arbitraria. Pese a tener orden de excarcelación, no fue acatada. El Sebin se negó a recibir la correspondencia del tribunal y debió permanecer privado del libertad

Un día de enero de 2018, Gregory Hinds recibe un mensaje. Una de las fundadoras De la Fundación Embajadores Comunitarios ha sido nombrada en un programa de televisión estatal Con el mazo dando.

Su vinculación con Embajadores Comunitarios hace que esto sea una fuente de preocupación. Esta organización se dedica al empoderamiento juvenil usando para ello el Modelo de Naciones Unidas (MUN) con el objeto de mejorar las habilidades de oratoria, negociación, liderazgo y confianza de sus beneficiarios: chamos con edades que oscilan entre los 11 y los 18 años en comunidades populares de Caracas —como La Vega, Antímano, San Agustín del Sur, Filas de Mariche y Petare. Gregory ha sido su director general los últimos cinco años.

El 31 de enero, Gregory está dando clases de inglés en el Colegio Integral El Ávila ubicado en la Universidad Metropolitana de Caracas y es llamado insistentemente. Tan pronto como puede devuelve la llamada. Se trata de una persona del condominio del edificio donde Embajadores Comunitarios tiene su sede quien le comunica con unos funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) quienes le dicen que quieren hablar con él personalmente. Al colgar la llamada, se comunica con sus compañeros para pedirles que se pongan a resguardo. Ese día se produjo su detención.

Lo interrogan varias veces, distintas personas, todas con las mismas preguntas relacionadas con lo que hace la organización. La presión aumenta, intenta consultar y un comisario le responde: “Aquí el que hace las preguntas soy yo”. Trata de mantener la calma. Finalmente le pasan su declaración por escrito para que la firme. Hay cosas que no dijo, se omitieron otras, pero como no las considera importantes decide firmar.

Pasan las horas y aunque la luz es artificial Gregory infiere, por la ausencia de los sonidos propios del trajinar caraqueño, que ya es de madrugada. Pregunta si se puede ir a casa, un funcionario se ríe, otro le dice en tono burlesco que es peligroso andar a esa hora por ahí, hasta que le terminan diciendo que está privado de libertad.

Sin muchas explicaciones, un día Gregory es trasladado a tribunales para su presentación. Aunque él no lo sabe con precisión, han pasado cuatro días. El Ministerio Público le precalifica el delito de instigación a delinquir y agavillamiento. Se encuentra con la Directora de Programas de Embajadores Comunitarios quien también está detenida. El Tribunal 31 de Control del Área Metropolitana de Caracas decide que continúen su proceso judicial privados de libertad.

Durante el tiempo que permanece en este lugar empieza a comer la comida que le ofrecen. Toma agua del tanque de la poceta. Duerme sentado pues no puede estirarse, no hay espacio. No se ha cambiado de ropa. No puede hacer sus necesidades fisiológicas y su salud se empieza a resentir. Le pide a un comisario que lo traslade de lugar y ante la posibilidad que su estado se deteriore lo consigue.

Dos meses luego de su detención tanto a Gregory como a su compañera de Embajadores Comunitarios, gracias a la incesante presión de organizaciones y las diligencias de sus abogados, el tribunal les otorga una medida cautelar sustitutiva de privación de libertad ordenando su liberación inmediata. Al ser defensores de derechos humanos, sin filiación política alguna, sus casos han generado la indignación de organizaciones de esta naturaleza en el mundo entero. Amnistía Internacional los declara presos de conciencia, Cofavic asume su defensa internacional.

No obstante, aun cuando tienen boleta de excarcelación, la libertad no llega. El Sebin se niega a recibir la correspondencia del tribunal alegando que no tienen sistema. Así, Gregory y su compañera pasan a formar parte de la lista de reclusos de El Helicoide que se mantienen en estas instalaciones en un acto que demuestra un profundo desprecio al sistema judicial.

Con 60 kg de peso, 20 menos de los que tenía cuando ingresó, Gregory recibe, el 1 de junio de 2018, una especie de indulto de parte de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Trata de negarse a firmar una declaración en la que agradecía el perdón. Le amenazan: “Si no te gusta puedes regresar a El Helicoide”. No le queda de otra que formar parte del show mediático en la Casa Amarilla, edificio sede de la Cancillería venezolana.

Ya en libertad condicionada a presentaciones frente al tribunal, retomar su vida es un proceso lento y tortuoso. Acostumbrarse a la luz es difícil: “Ver el sol me quemaba los ojos”. El miedo, la ansiedad lo atormentan con fuerza los primeros cuatro meses: ver una patrulla, un policía es un hecho que lo lleva al límite. Su entorno lo trata como algo frágil que puede partirse en cualquier momento y esto le dificulta su necesidad imperiosa de cerrar este capítulo.

Aunque hay cambios importantes en él, Gregory trata de mantener su base lo más intacta posible. Unos cuatro meses después va recuperando su normalidad y puede identificar ganancias. “Esta experiencia me hizo crecer de muchas maneras, la resiliencia la desarrollé infinitamente, no me quedó de otra. Siento que después de haber pasado por todo esto no visualizo que pueda haber algo peor, entonces no hay motivo para que pueda ver las cosas de manera negativa”, dice Gregory.

Parte de su recuperación ha sido tratar de levantar la organización. No es ni la sombra de lo que fue: de 100 voluntarios han pasado a tener 10, han cerrado muchos proyectos pero aún queda ese aliento por seguir adelante y reconstruir lo perdido.

N de R: El testimonio  forma parte del informe. Voces bajo represión: diez historias contra la impunidad en Venezuela, disponible en el portal de Cofavic, en el siguiente enlace

 

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Especial José Gregorio Hernández: Santo antes que Beato
Luego de 71 años de haber comenzado su causa, José Gregorio Hernández fue beatificado y está más cerca de llegar oficialmente a los altares aunque para los venezolanos hace mucho tiempo que ya está allí

José Gregorio Hernández ya es beato y Runrun.es  lo celebra con un especial que reúne textos inéditos que hablan de su vida, su influencia en la sociedad venezolana, el camino de su causa en El Vaticano y las contribuciones de medio centenar de favores recibidos  por nuestros lectores de parte del médico de los pobres.

Para este especial nuestra audiencia nos hizo llegar más de medio centenar de experiencias de sanación que atribuyen a José Gregorio. Madres embarazadas, niños y adultos que aseguran deberle su cura están recogidos a través de conmovedores testimonios que aseguran haberlo visto vestido de bata blanca, sentado al lado de su cama para decirle que todo iba a estar bien.

¡Gracias, José Gregorio!

Testimonios como el de Fransisco Muñoz, y cómo se curó de la gastroenteritis; el de Jesús Hernández y cómo logro salvar los dedos de su mano; o la cura de la enfermedad pulmonar de José Pardo, son parte de los relatos recogidos de nuestros lectores. Estos y otros se unen a los textos del escritor  Diego Arroyo Gil y del actor Sócrates Serrano quien cuenta cómo se hizo consciente de que José Gregorio lo acompañaba en su proceso de sanación del cáncer. 

“Simplemente mientras me cepillaba algo en mi cuerpo cambió e hice consciente que todo lo que me había ocurrido debía contarlo, fue como encontrar una pieza del rompecabezas que faltaba. Me senté, me temblaban las piernas, lloré… Entendí…”, dice el conmovedor relato de Serrano, al contar su experiencia con el médico trujillano.

Pero José Gregorio ha trascendido a los altares. Su imagen puede ser reconocida en muchos lugares donde no siempre se ve a un santo. Para la cultura venezolana es un icono inconfundible en tiendas de diseño, talleres de fotógrafos, artistas y mecánicos, peluquerías, bodegas, tiendas souvenirs y artesanías. Así lo cuenta Laura Helena Castillo en el texto “una lovemark llega a los altares”.

Finalmente, Elías Pino Iturrieta se centra en la importancia del médico de los pobres para la sociedad venezolana. Señala que “la beatificación de José Gregorio Hernández establece, en un vínculo antiguo e incuestionable, la conexión con el resorte emotivo que pueda sacar de la penumbra a la mayoría de la población necesitada. Una razón para levantarse de la camilla de los convalecientes”.

Y su beatificación es también una razón para celebrar. El especial completo está disponible a partir de este enlace