Ali Daniels: “Denuncia del Estatuto de Roma no detiene la investigación de la CPI sobre Venezuela”

El Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, informó que por órdenes de Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, se le comunicó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), conforme al Artículo 127.

A través de su cuenta en X, Plasencia expresó que “Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global”.

Según el Ministro, dicho patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía.

Supuesta salida no afecta la investigación

El abogado Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, aclaró que el anuncio del canciller Félix Plasencia sobre la denuncia del Estatuto de Roma no implica la salida inmediata de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI) ni afecta la investigación abierta por crímenes de lesa humanidad en el caso Venezuela I.

Sobre el anuncio del ministro, Daniels precisó que la denuncia del Estatuto de Roma solo surte efecto un año después de ser consignada formalmente ante el secretario general de Naciones Unidas, quien debe recibir la comunicación oficial.

El abogado recalcó que “Venezuela sigue obligada a cumplir todas las disposiciones del Estatuto, incluida la cooperación con las investigaciones en curso“.

El director de Acceso a la Justicia subrayó que, incluso si la denuncia se formaliza y se cumple el plazo de un año, la investigación Venezuela I no se detiene.

“Cualquier orden de aprehensión o comparecencia que derive del proceso tiene plena validez legal”, dijo.

Daniels citó como ejemplo el caso del expresidente Rodrigo Duterte quien denunció el Estatuto, pero aun así está siendo juzgado por la CPI. “Es un caso claro donde la denuncia no tuvo mayor consecuencia”, afirmó.

El abogado lamentó la decisión anunciada por el gobierno venezolano, recordando que el país participó en la redacción del Estatuto de Roma y estuvo presente desde su fundación. A su juicio, la salida “no ayuda a fortalecer la justicia internacional”.

Una coincidencia “curiosa”

Para Ali Daniels resulta curioso que la denuncia del Estatuto de Roma por parte del gobierno venezolano, se haga días después de que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declarase que se el gobierno norteamericano iniciaría una campaña para “desmantelar” la CPI.

“La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos”, afirmó Rubio.

EL secretario acusó a la entidad de librar “una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional”.

La campaña del Departamento de Estado plantea prohibir la entrada a Estados Unidos al personal de la CPI y aumentar las sanciones contra sus miembros y las organizaciones afiliadas.

También incluye intensificar la presión sobre los aliados de Washington, especialmente aquellos que “disfrutan de los beneficios del paraguas de seguridad de Estados Unidos”.

La Corte Penal Internacional, que funciona desde 2002, es una institución que juzga crímenes de lesa humanidad y de guerra. La misma está facultada para perseguir a ciudadanos de países ajenos al tribunal cuando delinquen en el territorio de un Estado miembro. 

“No es motivo de preocupación”

El periodista Luis Carlos Díaz comentó que la decisión anunciada por el Gobierno venezolano demuestra que “no están dispuestos a colaborar con las investigaciones que el máximo tribunal mantiene sobre Venezuela por crímenes de lesa humanidad”.

Para Díaz, el Gobierno de Delcy Rodríguez se está aprovechando de que Estados Unidos está en contra de la CPI porque no reconoce su autoridad en territorio norteamericano.

“No se van a poder escapar de la autoridad y del alcance de la CPI. Lo único que podría salvar al chavismo es que Estados Unidos sancione y destruya a la corte a toda la corte, pero de resto no”, explicó Díaz.

Karim Khan fue destituido

También este viernes, las Naciones Unidas informó que los Estados miembros de la CPI destituyeron a su fiscal, Karim Khan, tras un proceso disciplinario relacionado con acusaciones de conducta sexual inapropiada ampliamente difundidas.

La decisión se tomó por mayoría simple durante una votación a puerta cerrada entre los 125 miembros de la Asamblea de los Estados Partes.

La Asamblea ha decidido, por mayoría de 82 Estados Partes, que… el fiscal Karim Kahn cometió una falta grave y un grave incumplimiento de su deber… y que debe ser destituido de su cargo“, anunció el presidente de la Asamblea, haciendo un llamamiento a la dignidad y la privacidad de todos los implicados.

La Asamblea de la CPI se encargará próximamente de elegir a un nuevo fiscal.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El director de Acceso a la Justicia subrayó que, incluso si la denuncia se formaliza y se cumple el plazo de un año, la investigación Venezuela I no se detiene
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El Ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional, Félix Plasencia, informó que por órdenes de Delcy Rodríguez, presidenta encargada con el aval de los Estados Unidos, se le comunicó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, la decisión “firme e irrevocable” de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la Corte Penal Internacional (CPI), conforme al Artículo 127.

A través de su cuenta en X, Plasencia expresó que “Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global”.

Según el Ministro, dicho patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía.

Supuesta salida no afecta la investigación

El abogado Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, aclaró que el anuncio del canciller Félix Plasencia sobre la denuncia del Estatuto de Roma no implica la salida inmediata de Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI) ni afecta la investigación abierta por crímenes de lesa humanidad en el caso Venezuela I.

Sobre el anuncio del ministro, Daniels precisó que la denuncia del Estatuto de Roma solo surte efecto un año después de ser consignada formalmente ante el secretario general de Naciones Unidas, quien debe recibir la comunicación oficial.

El abogado recalcó que “Venezuela sigue obligada a cumplir todas las disposiciones del Estatuto, incluida la cooperación con las investigaciones en curso“.

El director de Acceso a la Justicia subrayó que, incluso si la denuncia se formaliza y se cumple el plazo de un año, la investigación Venezuela I no se detiene.

“Cualquier orden de aprehensión o comparecencia que derive del proceso tiene plena validez legal”, dijo.

Daniels citó como ejemplo el caso del expresidente Rodrigo Duterte quien denunció el Estatuto, pero aun así está siendo juzgado por la CPI. “Es un caso claro donde la denuncia no tuvo mayor consecuencia”, afirmó.

El abogado lamentó la decisión anunciada por el gobierno venezolano, recordando que el país participó en la redacción del Estatuto de Roma y estuvo presente desde su fundación. A su juicio, la salida “no ayuda a fortalecer la justicia internacional”.

Una coincidencia “curiosa”

Para Ali Daniels resulta curioso que la denuncia del Estatuto de Roma por parte del gobierno venezolano, se haga días después de que el Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, declarase que se el gobierno norteamericano iniciaría una campaña para “desmantelar” la CPI.

“La CPI representa una amenaza intolerable para la soberanía estadounidense: se arroga la autoridad para procesar e incluso encarcelar a militares y funcionarios que actúan en defensa del interés nacional de Estados Unidos”, afirmó Rubio.

EL secretario acusó a la entidad de librar “una guerra contra nuestro país, no con balas ni misiles, sino con estatutos, pactos y la fuerza de lo que llaman el derecho internacional”.

La campaña del Departamento de Estado plantea prohibir la entrada a Estados Unidos al personal de la CPI y aumentar las sanciones contra sus miembros y las organizaciones afiliadas.

También incluye intensificar la presión sobre los aliados de Washington, especialmente aquellos que “disfrutan de los beneficios del paraguas de seguridad de Estados Unidos”.

La Corte Penal Internacional, que funciona desde 2002, es una institución que juzga crímenes de lesa humanidad y de guerra. La misma está facultada para perseguir a ciudadanos de países ajenos al tribunal cuando delinquen en el territorio de un Estado miembro. 

“No es motivo de preocupación”

El periodista Luis Carlos Díaz comentó que la decisión anunciada por el Gobierno venezolano demuestra que “no están dispuestos a colaborar con las investigaciones que el máximo tribunal mantiene sobre Venezuela por crímenes de lesa humanidad”.

Para Díaz, el Gobierno de Delcy Rodríguez se está aprovechando de que Estados Unidos está en contra de la CPI porque no reconoce su autoridad en territorio norteamericano.

“No se van a poder escapar de la autoridad y del alcance de la CPI. Lo único que podría salvar al chavismo es que Estados Unidos sancione y destruya a la corte a toda la corte, pero de resto no”, explicó Díaz.

Karim Khan fue destituido

También este viernes, las Naciones Unidas informó que los Estados miembros de la CPI destituyeron a su fiscal, Karim Khan, tras un proceso disciplinario relacionado con acusaciones de conducta sexual inapropiada ampliamente difundidas.

La decisión se tomó por mayoría simple durante una votación a puerta cerrada entre los 125 miembros de la Asamblea de los Estados Partes.

La Asamblea ha decidido, por mayoría de 82 Estados Partes, que… el fiscal Karim Kahn cometió una falta grave y un grave incumplimiento de su deber… y que debe ser destituido de su cargo“, anunció el presidente de la Asamblea, haciendo un llamamiento a la dignidad y la privacidad de todos los implicados.

La Asamblea de la CPI se encargará próximamente de elegir a un nuevo fiscal.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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