En un comunicado difundido el 25 de julio de 2026, la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado aseguró que Estados Unidos “acoge con beneplácito” la decisión de Delcy Rodríguez y del Gobierno venezolano de abandonar la CPI. Además, instó a otros países miembros del Estatuto de Roma, tratado fundacional del tribunal, a retirarse también.
La decisión abre un nuevo capítulo en la relación de Venezuela con una institución internacional que investiga denuncias contra funcionarios estatales por posibles violaciones graves de derechos humanos, mientras aumenta la disputa política entre Washington y la Corte Penal Internacional.
Una corte creada para juzgar los crímenes más graves
La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente creado en 2002 a partir del Estatuto de Roma, un tratado adoptado en 1998. Su función es investigar y juzgar a personas, no a Estados, acusadas de cometer los crímenes internacionales más graves: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.
La CPI opera bajo el principio de complementariedad, lo que significa que los Estados tienen la responsabilidad principal de investigar y sancionar estos delitos. La Corte interviene cuando considera que un país no tiene la capacidad o la voluntad de realizar investigaciones genuinas, independientes e imparciales. Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en el año 2000, por lo que quedó bajo la jurisdicción del tribunal para hechos ocurridos dentro del marco temporal establecido por la Corte.
La disputa entre Estados Unidos y la CPI
La reacción estadounidense contra la CPI forma parte de una confrontación que Washington mantiene desde hace años con el tribunal. Estados Unidos no es miembro del Estatuto de Roma y ha rechazado que la Corte tenga jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses en determinadas circunstancias.
Durante la administración de Donald Trump, las tensiones aumentaron luego de que el Gobierno estadounidense impusiera sanciones contra funcionarios vinculados con investigaciones de la CPI relacionadas con Afganistán. Washington ha acusado al organismo de actuar con “sesgo político” y de exceder sus competencias.
La CPI, en cambio, sostiene que su mandato busca evitar la impunidad frente a crímenes internacionales cuando los sistemas nacionales no ofrecen respuestas adecuadas a las víctimas.
Venezuela quedó bajo investigación desde 2018
Venezuela es el único país de América Latina con una investigación formal abierta ante la CPI. El proceso comenzó en febrero de 2018, cuando la entonces fiscal del tribunal, Fatou Bensouda, anunció un examen preliminar sobre denuncias de posibles crímenes cometidos desde abril de 2017.
La revisión inicial tomó en cuenta señalamientos sobre uso excesivo de la fuerza durante protestas, detenciones arbitrarias y torturas atribuidas a funcionarios estatales. En septiembre de ese año, seis países miembros del Estatuto de Roma —Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú— remitieron la situación venezolana a la Fiscalía de la CPI para investigar presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014.
En diciembre de 2020, la Fiscalía concluyó que existían bases razonables para considerar que en Venezuela pudieron haberse cometido delitos bajo competencia de la Corte, entre ellos persecución política, privación grave de libertad, tortura y violencia sexual, pero no fue hasta el 3 de noviembre de 2021 cuando el fiscal Karim Khan anunció la apertura formal de la investigación conocida como Venezuela I.
El Gobierno venezolano solicitó a la CPI detener la investigación bajo el argumento de que las autoridades nacionales ya estaban desarrollando procesos judiciales sobre estos hechos. Caracas sostuvo que el sistema de justicia venezolano tenía la capacidad de investigar y sancionar las denuncias.
Sin embargo, la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI autorizó la continuación del proceso al considerar que las investigaciones internas no abordaban de manera suficiente la dimensión de las denuncias ni la posible responsabilidad de altos funcionarios dentro de las estructuras de mando.
Además de Venezuela I, existe un segundo proceso conocido como Venezuela II. En 2020, el Gobierno venezolano solicitó a la Fiscalía de la CPI investigar presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con el impacto de las sanciones adoptadas por Estados Unidos desde 2014. Este expediente no corresponde a la misma investigación sobre funcionarios venezolanos por presuntas violaciones de derechos humanos y se encuentra en una etapa distinta dentro del análisis preliminar de la Fiscalía.
Retirarse de la CPI no significa cerrar la investigación
Uno de los principales puntos tras el anuncio venezolano es que abandonar el Estatuto de Roma no implica automáticamente el cierre de la investigación sobre hechos ocurridos cuando el país era miembro del tribunal.
La salida de un Estado de la CPI produce efectos en el futuro, pero la Corte mantiene competencia sobre situaciones ocurridas durante el período en el que ese país estuvo vinculado al tratado. Por ello, la investigación sobre Venezuela puede continuar aunque el retiro se haga efectivo.
La decisión de Caracas ocurre en medio de una disputa internacional sobre el papel de la CPI. Mientras Estados Unidos y el Gobierno venezolano cuestionan la actuación del tribunal, organizaciones defensoras de derechos humanos sostienen que la investigación representa un mecanismo para esclarecer denuncias de crímenes graves y garantizar justicia para las víctimas.
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