Megáfono archivos - Página 2 de 152 - Runrun

Megáfono

En el occidente de Venezuela el servicio eléctrico brilla por su ausencia
La ciudad de San Cristóbal tiene la peor valoración sobre la luz 

En base a los más recientes resultados de la encuesta sobre percepción ciudadana realizada por el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos durante los meses de abril y mayo de 2020, se pudo apreciar cómo las ciudades del occidente del país presentan mayores dificultades de cara a la calidad del servicio eléctrico. Entre las ciudades que encabezan dicha situación, se encuentran San Cristóbal y Barinas donde cerca del 90% de los consultados opinó de forma negativa sobre este servicio, seguidas por Maracaibo con el 80,5% y Barquisimeto con 72% de quienes refieren igual condición.

Caracas, Valencia, Punto Fijo, Maracaibo, Barinas, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Barcelona, Porlamar y Barquisimeto, fueron las 10 ciudades donde el OVSP aplicó el estudio. Se determinó que, en ellas, el 57,6% de los consultados valoró negativamente el servicio eléctrico en lo que va del segundo trimestre del año.

Julio Cubas, presidente y vocero del OVSP indicó al respecto: “En mayor medida, la percepción desfavorable de los usuarios sobre el servicio está íntimamente vinculada a las irregularidades del fluido eléctrico que experimentan en sus hogares, donde el 60% de ellos lo describió como intermitente y con fluctuaciones”.

Este patrón es común en todas las localidades evaluadas; sin embargo, en casos como San Cristóbal, toma relevancia en la opinión del 35,6% consultado, el hecho de estar bajo un esquema de racionamiento eléctrico. Asimismo, el 29% de los barinenses también indicó que valoran negativamente el servicio debido a dichos esquemas.

Con respecto a la frecuencia de los cortes en el servicio de electricidad, un total de 40,3% de los encuestados en todas las ciudades evaluadas indicaron tener interrupciones eléctricas diarias, incluyendo allí un 23% que señaló presentarlas varias veces al día. Por su parte, en el occidente del país, las cifras, en comparación con las otras regiones, resultan más complejas: en San Cristóbal la proporción de habitantes expuestos a interrupciones eléctricas diarias asciende a92,4% (63% expresó que ocurren varias veces al día), solo seguida por Barinas con 87,3%, posicionándose a continuación Maracaibo y Barquisimeto con 69% y 59% respectivamente.

Otra modalidad para recopilar información sobre la situación de los servicios públicos que realiza el OVSP, es el monitoreo de medios de comunicación nacional, observándose que los portales noticiosos reportan, por ejemplo,[i]que durante el mes de mayo, en los municipios San Cristóbal y Cárdenas se registraron hasta 12 horas de interrupciones eléctricas diarias, lo que concuerda con los datos del último estudio realizado, donde la capital tachirense figuró como una de las urbes con mayor valoración negativa del servicio eléctrico. Asimismo, se encontraron reportes sobre la ciudad de Barinas, [ii]donde diversos sectores de la capital presentaron interrupciones en la energía eléctrica que se extendieron desde 24 hasta 48 horas durante la última semana de mayo.

Agenda OVSP

En vista al llamado de “distanciamiento social” y las medidas preventivas de obligatorio cumplimiento, en el país ante la presencia del COVID-19, el OVSP invita a una serie de foros virtuales que se estarán realizando durante el mes de junio para compartir más detalles sobre estos resultados. Para más detalles, visita la página web: observatoriovsp.org, así como las redes sociales de la organización. Twitter e Instagram: @observatoriovsp.

Responsabilizan a cuerpos policiales de 84 muertes en Anzoátegui
Los fallecimientos se produjeron entre enero y la segunda semana de junio de 2020

Los cuerpos policiales de Anzoátegui fueron señalados como los responsables de 84 muertes en la entidad, ocurridas entre enero hasta la segunda semana de junio de este año.

La denuncia corresponde a la Fundación de Derechos Humanos, DDHH, del estado, que preside el abogado Alcides Magallanes, quien expuso que el diagnóstico lo realizó el Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales de esa institución.

Según Magallanes son 14 municipios, de los 21 de esta entidad, donde se han registrado los hechos en los cuales murieron las víctimas , siendo la jurisdicción de Simón Bolívar, capital del estado, la que tiene mayor cantidad de fallecidos, cifra que asciende a 24.

Siguen Juan Antonio Sotillo con 14; Simón Rodríguez, 10; Freites, 9; Guanipa con 6 y Piritu con 5.

Destacan asimismo con ejecuciones extrajudiciales San Juan de Capistrano y Anaco con 3 cada uno; Peñalver, Monagas y Francisco de Miranda, contabilizan 2 por localidad; mientras que en Aragua, Guanta y Santa Ana aparecenven la investigación con 1 muerto, cada uno.

De acuerdo al presidente de la Fundación de DDHH , las Fuerzas de Acciones Especiales son las que más vulneran el derecho a la vida y en su actuar acumulan 24 fallecidos, 16 son atribuidas al Cuerpo de Investigaciones científicas, penales y criminalísticas, (Cicpc)  y otras 16 a la Policía de Anzoátegui, con largos años intervenida por el gobierno de Nicolás Maduro. Las otras policías municipales y Nacional también tienen en su haber, asesinatos de ciudadanos.

Los recurrentes casos de violación al derecho a la vida continúan evidenciando una debilidad estructural de la capacidad del Estado venezolano para garantizar los derechos humanos establecidos en la Constitución Nacional y en los pactos, acuerdos y convenios suscritos por la República con la comunidad internacional.

Los que no se rinden | Acceso a la Justicia: Somos traductores del derecho en Venezuela
Aseguran que sentencias del Tribunal Supremo de Justicia vulneran los derechos humanos y la democracia
Laura Louza, directora de la ONG, dice que la mayor amenaza en la actualidad es la ralentización de los servicios públicos 

@franzambranor

Creada hace diez años como una organización con fines investigativos,  Acceso a la Justicia fue mutando paulatinamente hacia el activismo en materia de derechos humanos, especialmente en el ámbito del acceso a la justicia y el debido proceso en Venezuela.

Su fundadora y directora general, la abogado Laura Louza promueve la separación de poderes e independencia judicial, al igual que su director desde 2015, Alí Daniels Pinto.

La llegada del chavismo al poder y su posterior influencia en las instituciones han contribuido a un mayor monitoreo de la administración de la justicia en Venezuela.

Tanto Louza como Daniels han sido testigos de atropellos cometidos por el Tribunal Supremo de Justicia, que desde 2015 ha boicoteado y bloqueado a la Asamblea Nacional.

Louza confesó que aunque es cuesta arriba en un país sin estado de derecho, el norte de Acceso a la Justicia desde su fundación en 2010 continúa en pie. “Nuestro compromiso es con la defensa de la justicia, el estado de derecho, la separación de poderes, la independencia judicial, la democracia, la libertad y los derechos humanos”, dijo Louza.

 -¿Cuál era el contexto histórico al momento de aparecer Acceso a la Justicia?

Laura Louza: La situación del estado de derecho y de la justicia en Venezuela ya era muy precaria cuando apareció Acceso a la Justicia en 2010. Justamente a finales de 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su informe “Democracia y Derechos Humanos en Venezuela”, en el que denunciaba la provisionalidad de los jueces, la ausencia de separación de poderes y la falta de independencia judicial, entre otros aspectos. 

¿Ha empeorado la administración de justicia en Venezuela desde entonces?

-LL: Así lo demuestran en la actualidad las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia, las cuales carecen prácticamente de contenido jurídico alguno.

Acceso a la Justicia: Régimen usa pandemia para restringir derechos civiles y políticos

-¿A qué se dedicaban usted y Alí Daniels antes de crear esta ONG?

-LL: Yo era profesora universitaria e investigadora sobre el tema de justicia. Tenía publicaciones nacionales e internacionales en la materia. Alí era abogado en ejercicio y también profesor universitario de la Universidad Católica Andrés Bello en derechos humanos y derecho internacional humanitario. 

¿Cómo cree que es apreciado su trabajo por la opinión pública? 

-LL: Somos un observatorio del sistema de justicia y del estado de derecho en Venezuela, particularmente nos ocupamos de la independencia judicial. Hacemos también análisis de contexto institucional. Algunos seguidores en nuestras redes dicen que somos traductores del derecho en Venezuela.

 ¿Podría decirse que se han convertido en analistas de las sentencias emitidas por el TSJ?

-LL: Esas que vulneran los derechos humanos, el estado de derecho y la democracia. También analizamos cualquier actuación de órganos del estado que vulneren el estado de derecho en Venezuela. Se trata de un servicio de información jurídica y de jurisprudencia al día y gratuito. Tenemos leyes y tratados internacionales de derechos humanos en nuestra página web. Igualmente hacemos investigaciones sobre aspectos relacionados con el sistema de justicia y temas de contexto institucional. En las redes sociales se da mucha información y se ofrece educación jurídica.

Acceso a la Justicia: El secuestro de la justicia, el pecado original del chavismo

¿Alguna alianza estratégica en esta década de existencia?

-LL: Con la ONG Alerta Venezuela, de la cual somos parte. Además, hacemos alianzas para trabajos específicos con otras ONG. Por ejemplo con Provea, Civilis Derechos Humanos, Movimiento Dale Letra, Observatorio Venezolano de Prisiones, Defiende Venezuela y Cepaz

¿Hacia quién va dirigido toda esa bateria jurídica en su web?

-LL: Recomendamos a estudiantes de derecho, pero también a periodistas y expertos en derechos humanos acudir a nuestra página para conocer qué pasa en Venezuela, ya que no solo hacemos análisis jurídicos sino de contexto. También recomendamos bajar nuestra App a celulares Android. Buscar en play store Acceso a la Justicia y descargarla, ocupa muy poco espacio y contiene normas clave y otras informaciones jurídicas sobre Venezuela.

Acceso a la Justicia: En el limbo las parlamentarias de 2020

¿Un caso emblemático?

-LL: El del diputado Gilber Caro y la violación a su inmunidad parlamentaria. Además de la aplicación de la justicia militar a civiles manifestantes y líderes sociales. 

¿Cuál es el mayor reto al que se enfrentan actualmente?

-LL: Lograr estar al día con toda las decisiones que se toman desde la autoridad en materia jurídica en vista de los pocos recursos con los que se cuenta.  La mayor amenaza es el mal funcionamiento de los servicios públicos que ralentizan y dificultan el trabajo.

Exigen celeridad en averiguaciones sobre asesinato de mujer en Ciudad Bolívar
El suceso ocurrió el pasado 7 de junio 

El femicidio de Yohendrys Rodríguez lo lleva una defensa privada, cuyas representantes exigen mayor y mejor atención ante denuncias de violencia contra la mujer.

Los padres de Yohendrys Zulay Rodríguez Reyes nombraron abogadas privadas querellantes para que los represente en el esclarecimiento del femicidio de su hija. El caso lo llevan las abogadas Yamileth Carvajal y Yenis Betancourt, quienes reclaman al Ministerio Público y Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) mayor diligencia en las averiguaciones.

Denunciaron que el asesinato de Yohendrys, que ocurrió el pasado 7 de junio por su exnovio, no ha recibido la atención que requiere, por tratarse de un caso de una familia de bajos recursos.

El victimario huyó después de dispararle a la joven de 29 años por negarse a regresar con él. En los ocho meses que tuvieron de relación, Yohendrys fue víctima de violencia física, psicológica y verbal. Sus padres relataron que recibió amenazas de su expareja, José Gregorio Sifontes Niño. Otras personas también son investigadas por presunta complicidad.

La defensa instó a las mujeres víctimas de violencia a denunciar y actuar ante estos casos.

“Se le hace un llamado de atención a los fiscales encargados de esta materia que no saben cómo tratar a las víctimas. Primero empiezan en acoso sexual y los fiscales no les toman las denuncian porque no ha pasado nada e insinúan que ellas son las que incitan para que les pase el acoso o abuso sexual por su vestimenta o por cualquier cosa que diga. En muchos casos estas víctimas son maltratadas en los despachos fiscales, y por eso, al ver que no hay respuesta en el organismo competente, se marchan con toda su moral e integridad por el piso”, denunciaron.

Las abogadas advirtieron que esta es la razón por la que la mayoría de las veces se deja de denunciar, y terminan asesinadas.

“Como abogadas privadas querellantes pedimos que cualquier caso que exista e indicios de alguna situación, se investigue, se tomen las denuncias, se de celeridad al proceso de esas víctimas, no cuando estén muertas (…) seguiremos prestando nuestro trabajo para hacer justicia, no le van a devolver a los padres a sus hijas, pero el asesino debe ser presentado ante los organismos correspondientes y ser juzgado por este lamentable feminicidio”, puntualizaron.

Solo en marzo de 2020 la organización de derechos humanos, Codehciu, registró tres femicidios en el estado Bolívar. En 2019, la ONG reportó un total de 65 mujeres víctimas de femicidio en la entidad. Además denunció sobre otro comportamiento agresivo: la violencia sexual.

Si eres víctima de violencia de género y necesitas asesoría jurídica o ayuda psicosocial en el estado Bolívar, comunícate con Codehciu a través del teléfono: (0286) 961.92.02 y el correo: [email protected].

Transparencia Venezuela: PDVSA fue el combustible para la gran corrupción en Venezuela
Este miércoles 17 de junio a las 3:00 p.m., expertos debatirán sobre la debacle de la industria  y aportará propuestas y herramientas para la reconstrucción de la principal empresa del país

La Gran Corrupción instaurada en Venezuela en los últimos 20 años tiene como una de sus principales fuentes de financiamiento a Petróleos de Venezuela, la empresa estatal más grande del país y otrora referencia a nivel mundial. Pese a haber aprovechado el más reciente boom de precios de hidrocarburos, la compañía se hundió entre denuncias sobre conflictos de interés, contratos con sobreprecios, evasión de licitaciones y pago de sobornos, a la vez que retrocedió a niveles mínimos de producción y refinación.

Pdvsa, combustible de la corrupción. El rol del chavismo en la industria es el Espacio de Transparencia que, el próximo miércoles 17 de junio a las 3:00 p.m.,  analizará los aspectos clave que condujeron a la debacle de la industria petrolera venezolana y aportará propuestas y herramientas para la reconstrucción de la principal empresa del país. El evento disertará además sobre los dos primeros reportajes publicados por Transparencia Venezuela en el especial homónimo Pdvsa combustible de la corrupción.

La sesión contará con la participación de Ahiana Figueroa, periodista especializada en economía, parte del equipo ganador del Premio Pulitzer 2017 por los PanamaPapers; Alejandro Grisanti, Ph.D y M.A. en Economía, consultor en materia petrolera y servicio de deuda; y Francisco J. Monaldi, Ph.D y M.A. en Economía Política, director del Programa de Latinoamérica del Instituto Baker de Políticas públicas de la Universidad Rice en Houston, quienes estarán acompañados por Christi Rangel, coordinadora de Transparencia Venezuela y moderadora del evento virtual.

Espacios de Transparencia es la serie de eventos virtuales, promovida ante la pandemia por COVID-19, para informar, analizar, discutir, conversar con especialistas, debatir opiniones de líderes y referentes mundiales, y llegar a las audiencias con los temas que nos son propios: casos y responsables de la corrupción, justicia transparente, participación ciudadana, presupuesto, rendición de cuentas, gobierno abierto, acceso a la información, transparencia, gestión y finanzas públicas, datos abiertos, verificación de información yfact-checking

Acompáñenos en este nuevo espacio a través del siguiente link:https://zoom.us/webinar/register/WN_Xu9_9tvES4mY1h7B98q8mQ

El coronavirus no ha detenido el aumento de la violencia en Aragua
Entre los días 13 y 14 de mayo murieron 10 presuntos delincuentes en enfrentamientos con funcionarios del Cicpc

Mientras transcurría el proceso de aislamiento para “resguardar” la vida de los ciudadanos, se continuaron desarrollando hechos violentos en distintos sectores de la entidad durante el mes de mayo: un joven, de 33 años, fue asesinado para robarle su vehículo; una mujer planificó la muerte de su esposo para heredar su fortuna y la materializó recurriendo a la intervención de dos hombres. En el barrio El Carmen de Maracay, detuvieron a cinco sujetos por sustraer bombillos de una institución y después comercializarlos; en el barrio Campo Alegre, municipio Girardot, vecinos comentaron que los robos a sus residencias han aumentado.

Sumado al desgaste mental que le ha causado la situación país al venezolano, la pandemia y el confinamiento los hizo sentirse más atrapados y algunos recurrieron al suicidio como “escape”; en menos de una semana cuatro personas se quitaron la vida en circunstancias imprecisas en Maracay, municipio Girardot; dos de ellas en Piñonal.

En pleno desarrollo de la cuarentena se continuaron reportando desapariciones, como la de un joven, cuyo padre presume que lo mataron en Coropo por razones desconocidas. El cuerpo fue arrojado en el sector 18 de Mayo para desorientar a los funcionarios policiales, ya que este lugar es uno de los sitios de liberación de cadáveres del municipio.

También se conoció que al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF), en la morgue de Caña de Azúcar, ingresó el cadáver de un joven de 16 años, el cual presentaba herida por arma de fuego, además de golpes por todo su cuerpo.

Entre los días 13 y 14 de mayo murieron 10 presuntos delincuentes en enfrentamiento con funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) en el urbanismo Caridad del Cobre, municipio Santiago Mariño. Del mismo modo, cuatro integrantes de la banda liderada por “El Flipper” fueron ajusticiados, luego de que el sector San Vicente, municipio Girardot, amaneciera tomado por comisiones de la División de Vehículos y la Brigada Contra Secuestro del CICPC de la Delegación de Aragua, en busca de los extorsionadores y robacarros de la zona.

Además del Coronavirus y el aumento de la delincuencia en Aragua, sus habitantes lidian con la falta de agua, los cortes de energía eléctrica, el alto costo de la vida y la escasez, y el reciente aumento de la gasolina que ahora será cobrada en dólares.

La situación con la gasolina ha generado mucha incomodidad en la población. Vecinos de la urbanización San Jacinto aseguran haber observado su hurto dentro de los estacionamientos de los edificios. En el marco de estos acontecimientos, fueron detenidas 6 personas en las afueras de una estación de servicio de Turmero, municipio Santiago Mariño, por manifestar en contra de la falta de combustible y el poco éxito del plan “Pico y Placa”, por lo que les fueron imputados los cargos de: resistencia a la autoridad, bloqueo de vías públicas, asociación para delinquir y porte de elementos con intención terrorista. El Foro Penal y la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados del estado Aragua atendieron sus casos.

Medianálisis celebra 10 años de investigación y monitoreo del periodismo
En alianza con UCAB llevarán a cabo una serie de foros virtuales 

La Asociación Civil Medianálisis, organización dedicada a la investigación de medios, formación y capacitación de periodistas además del monitoreo de la acción pública dentro de Venezuela, acaba de llegar a 10 años de funcionamiento.

Para celebrarlo, ha organizado junto con la Dirección de Egresados de la Universidad Católica Andrés Bello un ciclo de foros virtuales, que contará con la participación de un destacado panel de invitados. En ellos se pretende analizar y discutir temas de interés y actualidad vinculados al ejercicio periodístico en un contexto de creciente complejidad e incertidumbre.

Del 15 al 19 de Junio, estudiantes de comunicación social, periodistas, profesores, egresados UCAB y público en general podrán participar y conectarse en tres actividades virtuales, comenzando el lunes 15 de junio con Jairo Lugo, periodista venezolano y docente de la Universidad Northwestern, campus Qatar, en el foro “La crisis del coronavirus y la reivindicación del periodismo científico”.

El miércoles 17 de Junio le corresponderá a la periodista Raisa Uribarri, investigadora asociada del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales de Panamá desarrollar su ponencia y dar respuesta a inquietudes en el foro “¿De qué manera el periodismo puede ayudar a las audiencias en tiempos de incertidumbre social?”.

Para cerrar la semana aniversario, el viernes 19 de Junio María Teresa Garrido, abogada y docente de la Universidad para la Paz, en Costa Rica, estará abordando con los participantes“¿Cómo la pandemia del Coronavirus ha afectado la libertad de expresión?”.

Cada actividad tendrá una duración de una hora, entre 9:00 am a 10:00 am, hora de Venezuela. Solo podrán participar quienes se registren en cada una de las actividades. Para más información, le recomendamos estar atentos a nuestras cuentas en Twitter o Instagram @medianalisis.

Recurrir a justicia transicional es una alternativa para rescatar la democracia
Dos universidades y Acceso a la Justicia participaron en el foro Propuestas para la Justicia en Venezuela

La situación de subordinación al Gobierno en la que se encuentra el Poder Judicial no es algo nuevo ni oculto, por el contrario, organizaciones nacionales y organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tienen años denunciando que en el país «existe un quebrantamiento del principio de separación de poderes» que, a su vez, se ha traducido en «una clara alteración del orden constitucional». Con el propósito de revertir esta situación Acceso a la Justiciareunió a expertos y organizaciones de derechos humanos para que expusieran las medidas que consideran necesario adoptar para que en el futuro el sistema judicial deje de ser un apéndice del Gobierno y sirva verdaderamente a los ciudadanos.

En el foro Propuestas para la Justicia en Venezuela, realizado el jueves 4 de junio vía Zoom Meetings, participaron representantes del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana (Unimet), del Instituto de Investigaciones Jurídicas y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), ambos; y de Acceso a la Justicia.

Reformas a los instrumentos que regulan la actuación de los órganos del Poder Judicial, el uso de la tecnología o la aplicación correcta de las normas vigentes fueron algunos de los planteamientos formulados por los expertos.

Atacar la provisionalidad y la opacidad

Tras recordar que Venezuela ha intentado, sin mucho éxito, poner en marcha todos los modelos existentes de Gobierno Judicial, el profesor investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB, Jaiber Núñez Urdaneta, planteó realizar «una interpretación real del modelo constitucional vigente, evaluando su real desempeño a mediano y largo plazo, para implementarlo de la mejor manera posible».

La Constitución de 1999 deja en manos del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el «gobierno y administración del Poder Judicial», con lo cual oficialmente el Ejecutivo no debería inmiscuirse en sus asuntos como sí podía hacerlo antes, pues tenía una representación en el extinto Consejo de la Judicatura, y por lo tanto, tenía voz y voto en el nombramiento o remoción de jueces y cualquier cambio que se quisiera aplicar en el sistema. Sin embargo, el Palacio de Miraflores ha conseguido mantener su influencia fundamentalmente mediante las cuestionadas designaciones de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia.

Núñez propuso aprobar una nueva Ley de Carrera Judicial que permita asegurar que los titulares de los juzgados se hagan con sus puestos mediante concursos de oposición transparentes y confiables, tal y como lo manda el artículo 255 de la Carta Magna. Esto permitiría revertir la actual situación en que casi nueve de cada diez jueces son provisorios, temporales o accidentales y, por lo tanto, son nombrados y destituidos discrecionalmente por la Comisión Judicial del TSJ.

Asimismo, propuso garantizar la autonomía de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) mediante una reforma a la Ley Orgánica del TSJ que otorgue a su máxima autoridad un período de cuatro años. Este organismo administra el 85% de los fondos del Poder Judicial y tiene entre sus tareas el mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica de los juzgados.

Por su parte, Andrea Santacruz, del Centro de Derechos Humanos de la Unimet, propuso que el Poder Judicial retome la senda de la modernización tecnológica que comenzó a recorrer a finales del siglo pasado y principios de este, para así «estimular el acceso a la justicia y la transparencia judicial».

Sin embargo, la experta reconoció que en la actualidad los obstáculos son muchos y difíciles de salvar, en particular en lo relacionado con la falta de recursos para adquirir equipos e instruir al personal, así como las deficiencias en los servicios de conexión a internet o de energía eléctrica.

Abriendo las puertas a la justicia transicional

Otro planteamiento que se hizo durante el evento fue el de recurrir a la justicia transicional para investigar y castigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país en las últimas dos décadas. La propuesta la formuló Eduardo Trujillo, director del Centro de Derechos Humanos de la UCAB, quien la justificó indicando que sobre todo la justicia penal venezolana requiere de una «reinstitucionalización».

Tras afirmar que esta iniciativa solo se podría poner en marcha «bajo el supuesto del paso del autoritarismo hacia la democracia», el experto indicó que el éxito de la misma dependerá de que «haya acuerdos entre las partes en conflicto» para conseguir «la verdad y la reconciliación». También aseguró que la justicia transicional no buscará la impunidad, sino «hacer que las penas sean verdaderamente efectivas».

Respecto al tipo de mecanismo de justicia transicional, Trujillo recordó que hay dos grandes: las comisiones de la verdad y las leyes de amnistía.

Sacudiendo los cimientos

Por su parte, desde Acceso a la Justicia se propuso desenterrar la participación ciudadana, para así hacer más transparente al Poder Judicial. Esta figura fue eliminada en la última reforma que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) sufrió en 2012 y en la que se suprimieron los escabinos, esos ciudadanos que junto al juezdecidían si un acusado era inocente o culpable, por considerarlos responsables del retardo procesal.

«Se cree que la participación ciudadana no es oír, sino escuchar, porque la voz de la ciudadanía debe ser tomada en cuenta, afirmó el director de la organización, Alí Daniels, quien también planteó la necesidad de hacer más transparente y someter arendición de cuentas al TSJ y al conjunto del sistema de justicia.

Sin embargo, para lograr esto último propuso «hacer una auditoría del Poder Judicial, así como determinar cuántos y quiénes son los jueces activos. También debe hacerse pública su trayectoria profesional y especificar quiénes son los jueces titulares y suplentes».

Por último, Alí Daniels reclamó el restablecimiento de la justicia de paz.