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Cofavic: 98% de las denuncias contra las Faes quedan sin investigarse
Acusan al cuerpo policial de allanamientos ilegales, tiros de gracia, simulación de enfrentamientos, ocultamiento de autopsias y trabas para acceder a expedientes

 

La fundadora de Cofavic, Liliana Ortega, aseguró que el 98% de las denuncias contra las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) por violaciones a derechos humanos y ejecuciones extrajudiciales quedan sin investigarse.

“Las denuncias de violaciones abundan: allanamientos ilegales en suburbios pobres, tiros de gracia, simulación de enfrentamientos, ocultamiento de autopsias y trabas para acceder a expedientes”, dijo Ortega en un reportaje hecho por la agencia AFP.

Uno de los casos citados por la AFP es el de Luis Ariza joven de 21 año, asesinado en 2018 y quien estuvo detenido en 2017 por participar en las protestas antigubernamentales que dejaron más de cien muertos en su mayoría a manos de efectivos de seguridad.

Según las Faes Luis caminaba con un revólver en la mano y tras rechazar la orden de detenerse disparó contra una comisión policial que lo abatió. Pero familiares aseguran que, fue sacado por la fuerza de la casa donde vivía con su esposa y sus dos hijos, a quienes la policía mantuvo encerrados allí. Escucharon disparos y cuando los dejaron salir encontraron el cuerpo.

La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet documentó los casos de seis jóvenes “ejecutados por las FAES en represalia” por manifestaciones a inicios de 2019.

Lea aquí el reportaje completo de AFP

30 presos heridos en intento de fuga de la Policía de Yaracuy
Algunos fueron llevados al Hospital Placido Daniel Rodríguez Rivero de San Felipe

 

Un total de 30 presos heridos fue el saldo registrado durante un intento de fuga de más de 500 privados de libertad de la Comandancia General de la Policía de San Felipe, estado Yaracuy. Las autoridades locales descubrieron el plan de escape, según reveló el Observatorio Venezolano de Prisiones.

Para la fuga, los reclusos pretendían cruzar un boquete que habrían hecho. En la requisa tras develarse el plan se localizó más de 100 teléfonos celulares, 2 escopetas calibre 12 milímetros, un chopo, 33 armas blancas y psicotrópicos.

El lunes 4 de noviembre familiares de algunos presos de la Policía de Yaracuy relataron que acudieron como todos los días a las 8:00 am para entregar el desayuno y el almuerzo.

A las 9:00 am vieron a un contingente de la policía con equipo antimotines llegar al lugar, acto seguido se escucharon detonaciones y gritos de los presos, fue así como se enteraron de lo que ocurría.

Los familiares buscaron información de lo que ocurría, pero lo que recibieron de parte de los funcionarios fue agresiones y groserías antes de desalojarlos de las inmediaciones de la comandancia ubicada en la avenida Caracas entre calles 10 y 11 de San Felipe.

“Esto para mí fue eterno no sabíamos que pasaba, yo esperé saber noticias de mi muchacho pero nada”, comentó una de las madres, que pidió el anonimato por temor a represalias, al Observatorio Venezolano de Prisiones.

La situación dentro de las instalaciones de Policía de Yaracuy se extendió por más de siete horas.

Fue a las 4:00 p.m. cuando los funcionarios se acercaron a los familiares, que esperaban por conocer la suerte de sus seres queridos, y les dijeron que 30 presos estaban heridos, aparentemente con perdigones,

Las autoridades llevaron a los heridos al Hospital Placido Daniel Rodríguez Rivero de San Felipe.

Ninguno de los presentes pudo conocer la identidad de los heridos.

Los familiares denuncian ante el observatorio que cada vez que se hacen requisas a los presos se le vulneran sus derechos humanos.

Hacinamiento

Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones destaca como el problema del hacinamiento es uno de los principales causantes de motines, irregularidades y enfermedades dentro de los calabozos.

Girón consideró que en la actualidad estos calabozos funcionan como cárceles paralelas ante la negativa del Ministerio de Servicio Penitenciario de impedir dar cupos hacia centros penitenciarios.

Recordó que en los estados Carabobo y Portuguesa ya se generaron masacres dentro de calabozos y uno de los motivos que los originaron fue el hacinamiento.

El Observatorio Venezolano de Prisiones afirmó que llevará los casos a distintas instancias de Derechos Humanos como tanto en la OEA como en la ONU.

Nueva víctima de falta de atención médica en comunidades indígenas es un cacique pemón
Fue trasladado a varios centros de salud en busca de una atención médica que no consiguió a pesar de los esfuerzos  de sus familiares

 

Este 23 de octubre falleció el capitán del pueblo pemón, Pasiano Elliman, a causa de una complicación de la diabetes, enfermedad que en vida no pudo controlar por la falta de atención médica especializada en la zona y los altos costos de atenderse fuera de su comunidad.

Pasiano Elliman pertenecía al sector Kuyuni, específicamente a la comunidad indígena de Araimötüpü del km 74, en  la parroquia San Isidro. Es uno más de la creciente cifra de indígenas que padecen de diabetes, principalmente por el cambio de alimentación impuesto por la adopción de costumbres criollas producto de la avasallante irrupción en sus espacios y estilos de vida ancestrales.

También como tantos otros, fue víctima del estado de abandono en que se encuentran los ambulatorios y servicios de salud en las comunidades indígenas,  haciendo imposible ponerse en control con un endocrino para tratar su enfermedad, ni tener acceso al tratamiento para mantener a raya la glicemia.

El capitán indígena, fue ruleteado por varios centros de salud en busca de una atención médica que no consiguió a pesar de los esfuerzos y diligencias de sus familiares.  Finalmente falleció en la madrugada del 23 de octubre en su casa.

Habitantes del sector Kuyuni lamentan esta nueva muerte que se suma a la lista de indígenas que mueren en el silencio de sus comunidades por el irrespeto de su derecho a la vida y la salud.

Plan de descongestionamiento de calabozos: 83 personas fueron liberadas y 90 trasladadas a cárceles
Hasta los momentos no han sido beneficiados reclusos  en centros de detención preventiva de la Policía Nacional Bolivariana

 

El Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, dio detalles el 1 de noviembre en rueda de prensa del Plan de Descongestionamiento en Calabozos Policiales que fue anunciado a mediados del mes de octubre de este 2019.

Saab explicó que entre miércoles y jueves se realizaron 123 audiencias para evaluar los casos de los privados de libertad que optaban por una medida de libertad o traslado desde los centros policiales en los  los que estaban detenidos para cárceles.

En las dos primeras semanas del plan que es impulsado por la Fiscalía, el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio de Servicio Penitenciario, 83 personas quedaron en libertad y 90 reclusos fueron trasladados a centros carcelarios.

“Se dictaron 118 privativas de libertad, de los cuales, en 65 casos se admitieron los hechos, 53 reclusos pasaron a juicio, se dictaron seis sobreseimientos provisionales, 52 medidas cautelares y 25 medidas humanitarias. En total quedaron en libertad por sobreseimientos, medidas cautelares y medidas humanitarias, 83 personas”, refirió. 

“Este es un logro para las estaciones de policía, para que sean lugares de tránsito y que las estaciones no se conviertan en lugares provisionales de reclusión”, manifestó el fiscal general designado por la ANC. 

Una Ventana a la Libertad confirmó con fuentes extraoficiales que el plan gubernamental para descongestionar los centros de detención preventiva fue instalado el 16 de octubre de este 2019 en la sede del Cicpc ubicada en El Rosal, Caracas. Desde esa policía funciona una especie de centro de operaciones para evaluar la situación de los internos que están detenidos en otras comisarías de la policía científica ubicadas en la capital de Venezuela. 

UVL también confirmó que, hasta los momentos, no han sido beneficiados reclusos detenidos en calabozos de la Policía Nacional Bolivariana. Sin embargo, sí se tuvo conocimiento de una inspección que hizo el equipo multidisciplinario de las distintas instancias del Estado en la PNB de Boleíta, pero hasta la fecha, ningún detenido de ese CDP ha sido trasladado a una cárcel o ha recibido beneficios procesales. 

Codhez: Madres con hijos en desnutrición están predispuestas a trastornos depresivos
La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia divulgó un artículo de investigación que expone la situación de las madres que asisten con sus hijos en desnutrición y bajo peso al servicio de nutrición del Hospital Universitario de Maracaibo.
 

El artículo titulado “Ansiedad y depresión en madres con hijos en desnutrición y bajo peso” que asisten al servicio de nutrición del Hospital Universitario de Maracaibo (HUM), devela cómo la inseguridad alimentaria genera consecuencias directas y negativas en el estado psicológico de las personas.

En el estudio se realizó una encuesta a 30 madres, en el período de mayo a agosto de 2019, en el marco de la documentación sobre la situación de derechos humanos en el Zulia, con especial atención en la inseguridad alimentaria.

“Entre los hallazgos de la investigación, se encontró que 56.7% de las madres encuestadas en el servicio de nutrición del HUM manifestaron síntomas de depresión moderada, como consecuencia de un estado de frustración y preocupación en torno a la seguridad alimentaria. Además de ello, 13.3% de las madres encuestadas manifestó síntomas severos de depresión, caracterizados por tristeza, llanto y afectación en su funcionamiento social, laboral o académico”, señaló Codhez en una nota de prensa.

En la investigación “se evidencia que la violación al derecho a la alimentación no solo tiene incidencia en el desarrollo físico de las personas, sino que produce consecuencias secundarias, en cuanto a síntomas a la predisposición a trastornos depresivos o de ansiedad”.

Desde Codhez se hizo una serie de recomendaciones al Estado venezolano ante los elevados índices de ansiedad y depresión encontrados en el estudio.

 

Acá las recomendaciones de Codhez, dadas a conocer en el estudio:

1.- La situación de inseguridad alimentaria está impactando en bienestar psicológico de las madres en Maracaibo, por ello el Estado, los centros asistenciales de salud y la comunidad internacional debe comprender que la violación al derecho a la alimentación no solo tiene incidencia en el desarrollo físico de las personas, sino que produce consecuencias secundarias, pero no por ello menores, en cuanto a síntomas de atención clínica, y predisposición a trastornos depresivos o de ansiedad.

2.- El Estado tiene el deber de publicar datos oficiales y de fomentar la documentación sobre las incidencias que tiene la situación de inseguridad alimentaria en la población maracaibera, para generar planes de acción que puedan crear una mejor situación.

3.- Ante los elevados índices de ansiedad y depresión encontrados en la muestra, instamos a los centros asistenciales en salud a crear programas de salud pública para propiciar el bienestar psicológico en madres con situación de inseguridad alimentaria.

4.- Referimos a los centros de asistencia en salud que en sus programas sobre de bienestar psicológico, contemplen el fortalecimiento de los intereses y deseos de las madres en situación de inseguridad alimentaria, abriendo la posibilidad a la pluralización de sus oportunidades, más allá del solo hecho de la responsabilización del cuidado de sus hijos a las cuales, de manera forzosa, se han tenido que sumergir.

5.- Debido a las creencias patriarcales que someten nuestra cultura, recomendamos que las instituciones de salud y las organizaciones públicas que atiendan a estas madres, capaciten en materia de género a sus profesionales para transmitir conocimientos sobre empoderamiento femenino.

6.- El Estado venezolano tiene la obligación de realizar todas las acciones pertinentes para garantizar el derecho a la alimentación adecuada, por ello debe aceptar la cooperación internacional como recurso disponible e inmediato con el fin de contener la desnutrición de la población y salvaguardar su bienestar.

7.- Instamos a las agencias de protección internacional, en especial aquellas que velan por el derecho a la alimentación y las de resguardo de los grupos vulnerables escogidos en esta investigación (mujeres y niños especialmente) para que se avoquen a examinar la situación de Venezuela y en especial la del estado Zulia e intercedan por la protección y garantía de este derecho frente al Estado venezolano.

8.- Instamos al Estado venezolano a tomar las medidas correctivas, de prevención, preservación de alimentos para las comunidades indígenas y las intersectoriales emitidas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Chavismo le quitó la inmunidad a 20 diputados solo en 2019
Después del arranque de la Operación Libertad, el Tribunal Supremo de Justicia  y la asamblea nacional constituyente han embestido contra el parlamento y sus diputados

 

Entre mayo y octubre de 2019 suman 20 los diputados a los que se les ha violado la inmunidad parlamentaria otorgada por la Constitución en el artículo 200. Entre los afectados se encuentra el presidente y el primer vicepresidente del Parlamento. 

El accionar del TSJ y la cuestionada Constituyente ha dejado 4 curules vacíos en el Parlamento y mutilado las comisiones permanentes de Contraloría, Finanzas y Desarrollo Integral, instancias claves para el rol contralor del Parlamento. Los presidentes y diputados integrantes de estas comisiones pasaron a la clandestinidad o están en el exilio. 

El TSJ acusó a los 20 diputados de cometer traición a la patria, conspiración, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones, instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio continuada.

 

Juan Guaidó- Presidente de la AN 

VP- Vargas

Sentencia sin publicar de la Sala Plena del TSJ | 01-04-2019

Henry Ramos Allup

AD- Dtto. Capital 

Sentencia 18 de la Sala Plena | 07-05-2019

Freddy Superlano

VP- Barinas

Sentencia 19 de la Sala Plena | 08-05-2019

Miguel Pizarro

PJ- Miranda 

Sentencia 20 de la Sala Plena | 14-05-2019 

José Guerra

PJ- Dtto. Capital

Sentencia 55 de la Sala Constitucional | 12-08-2019 

Edgar Zambrano (1er vicepresidente AN)

AD- Lara 

Sentencia 17 de la Sala Plena | 02-05-2019 

Mariela Magallanes

Causa R- Aragua

Sentencia 18 de la Sala Plena | 07-05-2019

Sergio Vergara

VP- Táchira

Sentencia 19 de la Sala Plena | 08-05-2019 

Franco Casella

VP- Miranda

Sentencia 20 de la Sala Plena | 14-05-2019 

Tomás Guanipa

PJ- Dtto. Capital

Sentencia 55 de la  Sala Constitucional | 12-08-2019

Luis Florido

Independiente – Lara 

Sentencia 18 de la Sala Plena | 07-05-2019

José Simón Calzadilla

MPV- Aragua 

Sentencia 18 de la Sala Pleba | 07-05-2019

Juan Andrés Mejía

VP- Miranda 

Sentencia 19 de la  Sala Plena | 08-05-2019

Winston Flores

VP- Vargas

Sentencia 20 de la Sala Plena | 14-05-2019 

Juan Pablo García

Vente – Monagas

Sentencia 56 de la Sala Constitucional | 12-08-2019 

Richard Blanco

ABP- Dtto. Capital

Sentencia 18 de la Sala Plena | 07-05-2019

Américo de Grazia

Causa R- Bolívar

Sentencia 18 de la Sala Plena | 07-05-2019

Carlos Paparoni

PJ- Mérida 

Sentencia 20 de la Sala Plena | 14-05-2019 

Rafael Guzmán

PJ- Miranda 

Sentencia 33 de la Sala Plena | 28-05-2019 

Juan Pablo Guanipa

PJ- Zulia

Sentencia 58 de la Sala Plena| 25-10-2019 

Bolívar entre los estados con mayor corrupción según Transparencia Venezuela
93% de los encuestados considera que está frente a un Estado corrupto

 

En el ranking de corrupción, Venezuela está en primer lugar en América Latina, seguido de República Dominicana, Perú, Trinidad y Tobago, Panamá, Brasil, Chile, Honduras y Colombia, de acuerdo con la ONG Transparencia Venezuela.

Datos de la ONG precisan que el 93% de venezolanos encuestados considera que se está frente a un Estado corrupto; el 87% considera que la corrupción ha ido en ascenso.

El 50% de encuestados pagó sobornos para acceder a servicios públicos; el 19% experimentó extorsión para recibir pasaporte, cajas CLAP, entre otros beneficios. El 26% recibió sobornos a cambio de votos.

En Venezuela, no hay un caso de corrupción investigado, pero internacionalmente sí, por lo menos 50 casos y se estiman 27 mil millones de dólares desfalcados.

Bolívar es uno de los estados con mayor índice de corrupción en el país, señala la coordinadora de Transparencia Venezuela en la entidad, Alba Perdomo.

Además de la corrupción en las empresas básicas, otras de las áreas fuertes son el pranato minero al sur de Bolívar, negocios ilícitos en el tema de la gasolina, drogas, armas, prostitución y trata de personas. Por contrabando de combustible se ha perdido en el país más de 30 mil millones de dólares.

Perdomo destacó que atacar este problema requiere de un sistema educativo y toma de conciencia ciudadana sobre su participación y establecer mecanismos anticorrupción, como rendición de cuentas y gobierno abierto.

Kapé Kapé: Cuatro niños indígenas fallecieron en el Hospital de Puerto Ayacucho
Los menores de edad tenían entre cinco meses y siete años de edad

 

La muerte de cuatro niños fue registrada en la última semana en el Hospital de Puerto Ayacucho. Los decesos se produjeron entre el viernes 18 y el viernes 25 de octubre de 2019 por diversas patologías, según información a la que ha tenido acceso el equipo del Observatorio Kapé Kapé en Amazonas.

El primer fallecimiento ocurrió el viernes 18, se trata de una niña del pueblo jivi, de siete años de edad, habitante del sector Algodonera 1 de la población de Puerto Páez, Municipio Pedro Camejo del estado Apure. Según el parte médico, murió por insuficiencia respiratoria. Se conoció también presentaba un estado evidente de desnutrición.

El lunes 21 de octubre ocurrieron tres decesos

Otro pequeño del pueblo jivi, de apenas cinco meses de edad, falleció por cardiopatía congénita. Habitaba en la comunidad Econaiwa, parroquia Platanillal del municipio Atures.

También falleció un niño de tres años, del pueblo Baniva. Como causa de muerte le diagnosticaron intoxicación por planta e insuficiencia respiratoria. Habitada el sector Ojo de Agua, asentamiento ubicado en la entrada de Puerto Ayacucho.

Y el último de los fallecidos pertenecía al pueblo jivi, tenía dos años de edad, era habitante de la comunidad La Danta. La causa de muerte habría sido síndrome diarreico agudo. En consulta realizada por Kapé Kapé a un profesional de la medicina señaló que para que un niño fallezca por esa causa probablemente presentaba también desnutrición.

Con estas muertes queda en evidencia la falta de atención primaria en comunidades indígenas, ocasionada por la ausencia de personal especializado y de equipamiento e insumos en los ambulatorios. A esto hay que sumarle la falta de actividades de promoción de salud en las comunidades, no hay quien ofrezca consejos sobre medidas de prevención para sanear el agua para tomar y cocinar, sobre el lavado de manos, el control de las mujeres embarazadas y sobre la lactancia materna, informó el observatorio.

Todos estos elementos contribuyen a la ocurrencia de casos que comprometen y acaban con la vida de niños indígenas, ante lo cual el Estado y cualquier ente asistencial debe tomar las medidas pertinentes.