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DDHH Olvidados |  A Robert Franco no le perdonan exigir mejoras salariales
El próximo 26 de diciembre, el profesor Robert Franco Vallera cumplirá tres años detenido sin ser enjuiciado
La familia de Franco considera que el motivo de la detención fue por criticar las políticas del Estado en materia de educación y exigir mejoras salariales y contrataciones colectivas justas
Desde el 4 de junio de 2021, el profesor permanece detenido en el centro de resguardo de la Policía Nacional Bolivariana en la Zona 7 de Boleíta 

 

 

La noche del 26 de diciembre de 2020, el profesor y dirigente sindical Robert Franco fue detenido por una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) cuando compartía con un grupo de amigos en la esquina este del parque Karupana, en Carúpano, estado Sucre.

La sopa que estaba destinada para Robert se enfrió. Funcionarios del Faes de manera violenta llegaron al compartir y, a punta de empujones y forcejeos, lo metieron en la maleta de una camioneta fortuner y se lo llevaron a la ciudad de Cumaná. 

A las 11 de la noche lo trasladaron en otro vehículo hasta Puerto La Cruz, y a las 5:00 de la mañana del día siguiente lo llevaron a Caracas, específicamente a la sede del Faes, ubicada en San Martín, Caracas. 

Robert Franco era profesor de Educación Física y secretario general del Colegio de Profesores de Venezuela. La familia de Franco considera que el motivo de la detención fue por criticar las políticas del Estado en materia de educación y exigir mejoras salariales y contrataciones colectivas justas. 

El grupo de WhatsApp

A las 10 de la mañana, en la sede del organismo policial, el dirigente sindical fue interrogado sobre quién lo había incluido en el grupo de WhatsApp “Operación Continente Americano 2020”, un supuesto plan que tenía como objetivo desestabilizar la Asamblea Nacional.

“Mi hermano llegó a ese grupo porque dos profesoras jubiladas de la Universidad de Oriente habían muerto por desnutrición y desasistencia médica y una persona se comunicó con él para preguntarle qué estaba ocurriendo con la educación en Venezuela, por lo que  se puso a la orden para ayudar a presentar cualquier documento ante la ONU. Esta misma persona le dijo a Robert que tenían un grupo de venezolanos que se encontraba en exterior y podían cooperar con la lucha educativa del país, de allí la propuesta de meterlo en el grupo de WhatsApp”, dijo Romar Franco, hermana del profesor. 

Rosmar afirmó que su hermano jamás leyó en dicho grupo ningún tipo de información que pusiera en riesgo el orden constitucional. 

Durante la detención del profesor, el Faes trató de que Franco leyera un papel bond en donde lo obligaban a decir que pertenecía a un grupo subversivo pagado por gobiernos extranjeros para desestabilizar el país. El profesor se negó y declaró que él no tenía no tenía nada que ver con ningún grupo desestabilizador y que su trabajo era gremial sindical.

Cuando lo trasladan al calabozo, Robert Franco se encontró por primera vez con el comisario jubilado Rigoberto Moreno, Darío Estrada y Edgar García Pacheco, detenidos por la misma causa. 

A todos se les acusó de intento de asesinato en grado de frustración en contra del fiscal general de la República de Venezuela, Tarek William Saab, boicoteo a la instalación de la Asamblea Nacional (AN) e intento de asesinato en contra del exgobernador Jonathan Marín.

“Todo eso es mentira, simple y llanamente porque el profesor Robert Franco estaba supuestamente en un grupo WhatsApp, llamado Operación Continente Americano 2020, dizque para delinquir”, afirmó Rosmar Franco. 

La hermana de Franco Vallera aclaró que el profesor jamás escribió ni le escribieron mensajes en términos personales. Agregó que Edgar García Pacheco, el administrador del grupo, fue señalado por la ministra Carmen Meléndez como financista de la operación, pero el 15 de febrero de 2021 fue liberado.

Un juicio eterno  

El 30 de diciembre de 2020 se realizó la audiencia de  presentación. El fiscal Farid Karid Mira en materia de terrorismo acusó al profesor de ser miembro de la Operación Gedeón para presuntamente asesinar al fiscal de la República.

Tres meses sin recibir visitas estuvo Robert Franco, y a partir del tercer mes solo podía recibir una visita familiar durante 15 minutos. 

El 26 de marzo de 2021 inició el juicio preliminar. Los abogados defensores pedían libertad plena por falta de pruebas o que se le otorgara un beneficio, pero el juez Mascimino Márquez García, hoy acusado por corrupción, lo rechazó sin ningún tipo de argumento.

Desde el 4 de junio de 2021, el profesor permanece detenido en el centro de resguardo de la Policía Nacional Bolivariana en la Zona 7 de Boleíta. 

El 9 de octubre de 2021, se dio inicio al juicio, con el juez Aquiles Ignacio Vera. Para ese momento ya iban 11 audiencias diferidas porque los funcionarios policiales actuantes no aparecían, otros ya no eran funcionarios activos y los que se presentaron, declararon información inconsistente. 

“No había más elementos, el órgano encargado de investigar la telefonía demostró que no existía comunicación alguna con los detenidos, que no existían mensajes referidos a ninguno de los hechos señalados”, dijo la hermana del profesor.  

El 3 de mayo de 2022, cuando se iba a celebrar el acto conclusivo,  el fiscal Farid karid Mora presentó una incidencia con respecto a la declaración del experto del Faes, pero se esperó más de 15 días y ni el fiscal ni el experto aparecieron, por lo que el juicio se interrumpió y volvió a reiniciar en agosto del mismo año. Se le asomó la posibilidad de que asumiera un delito menor a cinco años. 

En octubre de 2022, de manera formal, la Fiscalía le propuso a Robert Franco que asumiera el delito de homicidio frustrado en grado de tentativa con una pena de 4 años y 8 meses, lo cual rechazó el dirigente sindical.

“Para el mes de noviembre, con un juez accidental, trataron de llegar a un acuerdo ofreciendo una pena de 4 años, 8 meses y se volvió a negar la propuesta”, dijo la hermana del profesor y sindicalista. 

En diciembre de 2022, se vuelve a reiniciar el juicio por sexta vez. Y en julio de 2023 se fijó la fecha del acto conclusivo, que sería el 10 de julio. El jue Aquiles Ignacio Vera informó a la presidencia de los tribunales y no se tuvo respuesta. 

Posteriormente, la fecha de la audiencia fue pautada para el 23 de julio y el juez fue suspendido de sus actividades el 20 de julio. A causa de esto, se volvió a interrumpir el juicio.

“Hemos solicitado la revisión del expediente ante la fiscalía de atención a la víctima, sin respuesta alguna. Van 97 audiencias, en el expediente estudiado y analizado no hay pruebas que sustenten ninguno de los argumentos  señalados por el informe de contrainteligencia, por lo que acudimos a entes internacionales para que nos  ayuden e intercedan ante cualquier instancia, ya que Robert Franco sigue siendo víctima de un secuestro judicial”, dijo Rosmar Franco.

«Una gran injusticia»

La hermana de Franco insistió en que lo que ocurre con el profesor es una “gran injusticia”, debido a que le asiste el derecho de permanecer en libertad dentro del país.

Aseguró que Franco no pretende huir ni interferir en las investigaciones. 

“Durante dos años y 10 meses que lleva detenido no se le ha podido comprobar absolutamente nada. Quien no la debe no la teme. Es justicia lo que esperamos a esta hora”, enfatizó la hermana de Robert Franco. 

El próximo 26 de diciembre, el profesor Robert Franco Vallera cumplirá tres años detenido y sin ser enjuiciado. Su vida transcurre entre las rejas de una prisión en donde a diario se cometen injusticias y se violan los derechos humanos.