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¿Por qué la seguridad ambiental es crucial para el futuro de Venezuela? Por Bram Ebus

El colapso histórico de Venezuela a menudo se explica como consecuencia de la mala gobernanza, la corrupción y el colapso del sector petrolero o de las sanciones internacionales. Se buscan soluciones en la esfera política (diálogo, elecciones libres, cambio de régimen), pero hay poco espacio para maniobrar en cualquier extremo del espectro político. Al gobierno de Maduro le quedan pocos aliados políticos, y a medida que avanza en su intento de perpetuarse en el poder, parece tener escasos recursos y poco tiempo para emprender esfuerzos serios para mitigar el impacto de la profunda crisis económica. Mientras tanto, la oposición lleva a cabo una campaña centrada en enfatizar lo que está mal, pero carece de una visión integral para una futura Venezuela.

El medio ambiente generalmente se deja fuera del debate, pero cuestiones como la conservación, el manejo de los recursos naturales y el acceso a los ecosistemas son vitales para la estabilidad del país. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (o ONU Medio Ambiente), lograr la paz teniendo en cuenta los recursos naturales y el medio ambiente “ya no es una opción, es un imperativo para la seguridad”. En conversaciones recientemente suspendidas entre el gobierno y la oposición, negociadas por el gobierno noruego: el medio ambiente ni siquiera estaba en la agenda. Sin embargo, los conflictos de recursos y el manejo y protección del patrimonio natural de Venezuela no solo son importantes desde un ángulo de conservación, sino que son la clave para lograr una solución política sostenible y descubrir el futuro de Venezuela.

 

Una crisis política y ambiental

 

El gobierno de Maduro afirma que Venezuela tiene la segunda reserva de oro más grandes del mundo y en 2016 decretó un área de desarrollo minero masivo que bautizó como el ‘Arco Minero del Orinoco’. Hasta ahora, esta legislación no parece más que un “marco legal” que regula un sector que realmente funciona sin control. Los inversores extranjeros se mantuvieron alejados mientras que la minería ilegal incrementó desenfrenadamente.

 

La degradación ambiental causada por la extracción de minerales no regulada y los conflictos por el acceso a estas valiosas tierras ya ha desplazado a la población a la fuerza, mientras que el colapso económico a nivel nacional y la consiguiente disminución del empleo y los ingresos ha llevado a otros a aventurarse en la región minera sin ley al sur del río Orinoco.

 

Muchas de las tierras que se explotan agresivamente son el hogar de grupos indígenas, que a menudo se ven privados de sus medios de vida y medios de supervivencia. Las estrategias alternativas de supervivencia a menudo significan participar en economías mineras ilegales, ya que la moneda nacional, que casi no tiene valor por la hiperinflación, ha llevado a la aceptación del oro como una alternativa al efectivo, o unirse a los grupos armados no estatales que dirigen las regiones ricas en minerales.

La presencia de grupos armados extranjeros y venezolanos ha sido tolerada por el gobierno, lo que resulta en una pérdida de soberanía sobre vastas extensiones de territorio, mientras que los ingresos provenientes de recursos aumentan la influencia de actores violentos. Estos últimos incluyen sindicatos delictivos locales, llamados simplemente “sindicatos”, así como elementos corruptos del Estado. El hecho que se hayan creado estas economías paralelas basadas en el oro, permitió que los elementos criminales con control sobre los recursos convirtieran estas economías informales en capital social y político.

Aunque Venezuela no está formalmente en guerra, el caudillismo y los frecuentes enfrentamientos violentos son ahora una característica del sur. Las fuerzas de seguridad del Estado fuertemente armadas con sus rostros cubiertos conducen en vehículos blindados con armas montadas, controlando los aeropuertos de la jungla y el acceso a minas ilegales en los estados de Amazonas y Bolívar. Los grupos guerrilleros colombianos que a veces operan codo a codo con el ejército, con los sindicatos mineros, y las masacres, la tortura y la esclavitud son comunes en las zonas mineras. Por esta razón, uno puede referirse claramente a los minerales extraídos de estas áreas como “recursos de conflicto”, y su comercialización debe tratarse como facilitación de violaciones graves de los derechos humanos.

Los ingresos de la minería actualmente proporcionan un salvavidas financiero a las élites políticas y son de suma importancia para mantener el poder. Si los países pueden depender de los ingresos de la extracción de recursos, el dinero proveniente de los contribuyentes se vuelve menos importante, generando así, una desconexión entre el gobierno y sus ciudadanos. Este ha sido el caso desde que la industria petrolera comenzó a desarrollarse en Venezuela. La falta de transparencia en la rendición de cuentas del gobierno, incluido el asunto de los ingresos extralegales derivados de la extracción de recursos, priva a la población de sus derechos y facilita el autoritarismo.

Llámalos guerrilleros, sindicatos, pranes o facciones corruptas del ejército: están allí para quedarse. En ese sentido, Venezuela está comenzando a parecerse a la vecina Colombia, donde el acaparamiento de tierras, la guerra rural y la explotación depredadora e ilícita de los recursos naturales (ya sea coca, minería ilegal de oro, agroindustrias) han sido una característica importante durante más de medio siglo.

El acuerdo de paz de 2016 entre el gobierno de Colombia y las FARC se considera el acuerdo de paz “más ecológico” jamás realizado, con planes de crecimiento verde y desarrollo sostenible, pero su aplicación tambaleante, específicamente con respecto al desarrollo económico rural, el acceso a las tierras y los cultivos ilegales, dejó al descubierto la fragilidad de dichos acuerdos. Estas brechas también son una explicación importante del enorme aumento de la deforestación en las antiguas áreas controladas por la guerrilla y la reanudación de las tensiones regionales.

En Venezuela, la “paz” y el medio ambiente deben estar en la agenda, y los grupos armados que operan sin restricciones deben ser desmantelados por las autoridades competentes y las autoridades policiales que imponen el orden público. Sin embargo, este escenario es difícil de imaginar con las tasas actuales de impunidad, la corrupción dentro de las filas de las fuerzas armadas y la violencia estatal en Venezuela.

 

Las partes internacionales interesadas deben reconocer que Venezuela no es solo un campo de batalla político para los chavistas y la oposición, sino un país en el que los conflictos de recursos y los grupos armados son la norma en gran parte del territorio nacional.

 

Es esencial que la Venezuela post-transición no esté caracterizada por el error de no incluir la seguridad ambiental. En un informe, ONU Medio Ambiente analizó los conflictos intraestatales en los últimos sesenta años, y una de sus conclusiones preliminares es que la probabilidad de una recaída en el conflicto, dentro de los primeros cinco años después de un acuerdo de paz, se duplica si existe un vínculo entre el conflicto y los recursos naturales.

Existe el riesgo de un conflicto serio en el sur de Venezuela. Un cambio de gobierno o un cambio de poder a nivel del ejecutivo podría generarles un caos a las alianzas actuales, causando nuevas tensiones. Las reservas minerales y los grupos armados no conocen de límites internacionales, y la violencia minera y los conflictos por el acceso a las minas ya han causado fricciones en las fronteras con Colombia, Guyana y Brasil. No abordar el problema del medio ambiente y los grupos armados en el sur de Venezuela es garantizar grandes dolores de cabeza futuros para toda la región.

 

Involucrar a los recursos naturales en cualquier negociación futura

 

En la mayoría de los acuerdos de paz se pasa por alto o se subestima el papel de los recursos naturales y el medio ambiente. Las posibles futuras iniciativas para negociar una transición en Venezuela no deberían cometer el error de ignorar estos temas vitales. El país podría recaer rápidamente en conflictos por recursos que no solo contribuyen al empoderamiento financiero de una serie de grupos no estatales, sino que también generan y mantienen la corrupción dentro de las fuerzas armadas.

El incentivo económico puede obstaculizar los esfuerzos e iniciativas para mitigar la problemática, y las iniciativas para negociar de buena fe, tanto con los actores armados no estatales como con las élites gubernamentales mantenidas por sus actividades ilegales, ya que una transición quizá pueda impedir el acceso a los ingresos generados bien sea directamente por la explotación de recursos o por los impuestos fijados a estas actividades. Si se maneja de forma correcta, la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente podría proporcionar herramientas para ayudar a alcanzar un acuerdo.

En lugar de manejar esta situación como una carrera hacia el abismo, la paciencia, la experiencia y la transparencia deberían aplicarse en los debates sobre cómo gestionar los recursos naturales, tanto ahora como en una futura Venezuela. La extracción de recursos es utilizada con mayor frecuencia por los países como una herramienta para obtener ingresos rápidamente después de una situación de conflicto o crisis, pero hay muchos factores que hay que tener en cuenta para evitar que surjan nuevos conflictos. En la actualidad, la magnitud de las reservas minerales de Venezuela sigue sin estar clara; no se han realizado estudios serios de impacto socioambiental y no se le ha consultado adecuadamente a las poblaciones indígenas. Esto solo puede conducir a conflictos prolongados sobre el uso de la tierra y el acceso a los recursos y, por lo tanto, aumenta la inestabilidad y nos mantiene propensos a conflictos.

Examinar las opciones de intercambio de recursos para maximizar los beneficios mutuos para las partes interesadas podría ser un ejercicio de fomento de la confianza, no solo para las partes enfrentadas sino también para otras partes interesadas que hasta ahora han sido ignoradas, en particular las poblaciones locales. Explorar juntos estos escenarios y evaluar los impactos socioambientales, las mejores prácticas para el futuro y la protección y restauración ambiental brindaría la oportunidad de acercar a diferentes actores.

Para comenzar, los diplomáticos involucrados y las agencias relevantes de las Naciones Unidas, específicamente el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, deberían llevar a cabo una evaluación exhaustiva para identificar las mejores estrategias de mediación y qué partes interesadas deberían tener voz en este proceso. La política de las Naciones Unidas y sus metodologías de prevención de crisis para la consolidación de la paz ambiental se han desarrollado, pero aún no se han aplicado en Venezuela. La transparencia es primordial y la propiedad de los recursos debe “desvincularse” de la gestión y distribución de los ingresos. Es importante buscar beneficios mutuos, por ejemplo, aquellos relacionados con el empleo, el desarrollo de infraestructura y las economías sostenibles y diversificada, para así poder aumentar la probabilidad de un resultado positivo.

La formulación de diversas hipótesis puede ayudar a los participantes a visualizar ideas y así fomentar el interés. Tomemos como ejemplo al sector petrolero: Venezuela ha sido afectada por la maldición de los recursos (bajos índices de democracia, desarrollo y crecimiento económico a pesar de la abundancia de recursos), pero la promoción de economías sostenibles, sustentables y verdes merece una seria consideración. Hacerlo tendría en cuenta la sostenibilidad futura, tanto económica como ambientalmente, y evitaría que los “recursos del conflicto” financien la violencia y generen impactos ambientales masivos y, por lo tanto, el desplazamiento forzado y la pérdida de medios de subsistencia.

Ignorar estos problemas hasta años después de un escenario posterior al diálogo sería socavar la sostenibilidad de cualquier transición. Los negociadores no deben asumir que estos asuntos son demasiado sensibles o complicados y deben abordarse en una etapa posterior: capitalizarlos podría generar una plataforma para el diálogo sobre protección ambiental, biodiversidad y uso de la tierra, y podría funcionar como un ejercicio de fomento de la confianza en las conversaciones.

La situación humanitaria en el país está muy relacionada con los desarrollos actuales y futuros al sur del Orinoco y los donantes deben estar abiertos a las necesidades que van más allá de los aspectos puramente humanitarios y del desarrollo de la crisis. Aquí hay un papel no solo para ONU Medio Ambiente sino también para otros organismos de las Naciones Unidas. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Paz Sostenible (uno de los principales objetivos de la ONU) se refuerzan mutuamente. “Paz y seguridad” es uno de los tres pilares centrales de la ONU, y la violencia, el trabajo forzado, la prostitución y la trata de personas en el sur de Venezuela están directamente relacionados con la crisis y la bonanza minera que ha empoderado a los actores violentos. La epidemia de malaria en Venezuela también está directamente relacionada con la rápida expansión de la minería y la deforestación asociada. Estas cuestiones deberían abordarse ahora e incluso cuando la ONU se concentre en las necesidades humanitarias más tradicionales, se requerirá una participación más amplia de agencias como el PNUMA, el ACNUR y la OMS con respecto a la seguridad ambiental, ya sea en el país o por medios remotos.

Es esencial abordar estos problemas de manera que se facilite una transición democrática pacífica y se garantice un desarrollo verdaderamente sostenible. Pero si no se encuentran alternativas, abundan los factores que impulsan ir más allá con respecto al Arco Minero del Orinoco. En enero de 2016, el año en que Nicolás Maduro decretó la creación del Arco Minero del Orinoco, un gramo de oro valía poco más de 35 USD en los mercados internacionales, pero en septiembre de 2019 había superado los 48 USD por gramo y se había vuelto cada vez más atractivo para los caudillos hambrientos de más y venezolanos desesperados que buscan ganarse la vida. La fiebre del oro en Venezuela parece estar lejos de terminar y provocará graves problemas de inestabilidad para la región en su conjunto si las agendas internacionales continúan ignorando la dinámica en el sur de Venezuela.

 

*Bram Ebus es un periodista de investigación que informa principalmente desde Colombia y Venezuela. Es un científico social con títulos en Antropología Cultural y Criminología Global. Desde 2012 ha llevado a cabo un trabajo de campo a fondo que involucra investigación cualitativa y cuantitativa en varios países de América Latina y Europa. Su principal interés de investigación son los conflictos socioambientales.

* Traducción de Hearts on Venezuela

 

Simonovis anuncia acciones con aliados internacionales para reducir grupos criminales

El comisionado especial para la Seguridad e Inteligencia, Iván Simonovis, informó que el gobierno de Juan Guaidó planifica acciones con los aliados internacionales para “identificar, ubicar y reducir” a los grupos criminales que operan en el territorio nacional.

Las declaraciones fueron difundidas mediante un video publicado en su Twitter, donde también se refirió al anuncio por parte del disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Iván Márquez,de retomarla lucha armada.

Crímenes sin Castigo | Algunas tendencias de seguridad en Latinoamérica y el Caribe
La militarización del servicio policial, el uso de nuevas tecnologías por redes transnacionales y los problemas de soberanía son apenas algunos de los factores que elevan las tasas de violencia en la región

 

@javiermayorca

 

LA SEMANA PASADA SE CELEBRÓ en Ciudad de México una nueva reunión del Observatorio del Crimen Organizado y la Gobernanza Democrática en América Latina y el Caribe, una entidad que surgió hace diez años por iniciativa de la Fundación Friederich Ebert, y que desde entonces ha permitido el intercambio de ideas e informaciones sobre los problemas de seguridad ciudadana que aquejan a todos los países del área.

La sesión final consistió en un panel abierto, que contó con la exposición central de Eduardo Vergara, ex jefe de Seguridad Pública del ministerio de Interior de Chile y actual Director Ejecutivo de la Fundación Chile 21. Vergara se define como un “cientista político” de filiación socialdemócrata o, como gustan autodenominarse, “progresista”.

La intervención fue titulada “Cómplices del populismo de la mano dura…”, lo que ya sugiere una postura crítica en torno a una de las principales características de las políticas de seguridad que se vieron en los países latinoamericanos y del Caribe durante los primeros lustros del siglo XXI.

En esta entrega, serán revisados -a título enunciativo- algunos puntos en común que han tenido las políticas o planes de seguridad ciudadana en estos países. Nos daremos cuenta de que muchas de tales medidas han trascendido los encasillamientos que suelen hacerse en términos de izquierdas o derechas, progresistas o conservadores. para aproximarse más a la necesidad de lograr resultados concretos y en lapsos breves, en términos que sean políticamente aprovechables.

*La bota inevitable: mientras estas líneas son redactadas, el gobierno de Guatemala hace preparativos para recibir un contingente de efectivos de la Marina estadounidense, con la finalidad oficial de llevar a cabo un ejercicio conjunto de asistencia humanitaria. La misma fuerza de tarea se desplegará en Belice, El Salvador y Honduras. Uno podría pensar que esta es la lógica de gobiernos conservadores como el de Jimmy Morales. Sin embargo, al mismo tiempo, el gobierno “progresista” de Andrés López Obrador anuncia la gestación de una Guardia Nacional para trabajar asuntos de seguridad pública. Aunque este cuerpo no pertenece formalmente a las fuerzas armadas mexicanas, su contingente inicial y sus mandos tendrán un claro predominio castrense.

En la Venezuela “revolucionaria” de Maduro, los militares también están posicionados en todo el aparato de seguridad ciudadana, en contravención a las normas de la Constitución y de la Ley del Servicio de Policía. Y la carencia ya crónica de un pie de fuerza en los cuerpos uniformados civiles para siquiera cumplir con los estándares internacionales de encuadramiento (3,6 policías por cada mil habitantes), unida a una profunda fragilidad institucional, hace pensar que los militares permanecerán en labores de policía, sea cual sea el signo del gobierno que esté de turno en Miraflores.

*Populismo punitivo: en los gobiernos de todos los signos, hay la noción de que la seguridad ciudadana, o mejor dicho, los indicadores de criminalidad pueden mejorar sacando de las calles -con o sin vida- a las personas cuyas conductas sean consideradas reñidas con las leyes. Esto pasa por calificar como delictuales ciertos comportamientos que anteriormente no lo eran, y que probablemente eran considerados simples faltas. El tema de las drogas se presta mucho para esta discusión. En Colombia, por ejemplo, está en desarrollo un debate que intenta alterar los estándares fijados para la determinación de las dosis mínimas de marihuana, que pueden ser tomadas como mero consumo personal y no para el comercio. Esa controversia no pasaría de ser un mero ejercicio académico a no ser porque es promovida desde la propia Presidencia del país, con el argumento de la protección a la salubridad pública, y la creencia no documentada de que hay un nexo causal entre el consumo de esta hierba y las altas en la criminalidad.

Un ejemplo si se quiere caricaturesco del populismo punitivo es la sanción ya evaluada en Argentina y Nueva York para aquellas personas que envíen mensajes de texto mientras caminan por las calles. Actualmente, se considera que estos transeúntes podrían ser obligados a pagar una multa. Como esto no funcionará, pronto veremos un endurecimiento de las sanciones que podrían consistir en arrestos. Y así, poco a poco, se difuminan las libertades.

En la Venezuela de Chávez/Maduro, esta tendencia tiene numerosos ejemplos, que van desde los endurecimientos a las penas por portar armas o el robo y el hurto de vehículos, hasta todo un “menú” de amenazas de prisión contra la disidencia política o aquel que manifieste algún disenso incómodo para el poder. Las estadísticas demuestran que, en ninguno de estos casos, han mermado las conductas que se pretendía mitigar. En lo relativo a los robos y hurtos de vehículos y los portes de armas, las aparentes disminuciones en los números netos de expedientes procesados por la policía judicial tienen más que ver con razones de mercado: los vehículos son cada vez más escasos y deteriorados, y las armas y municiones han elevado sus costos a tales extremos que incluso los delincuentes comunes piensan dos veces antes de usarlas. Si un cartucho 9 mm cuesta un dólar en el mercado informal, una cacerina se llevaría aproximadamente tres sueldos mínimos.

*Emigrantes, los eternos culpables: progresistas o no, a los gobernantes latinoamericanos les resulta muy complicado justificar ante sus propios electores -a menudo ávidos de más y mejores trabajos- cualquier política que implique la acogida de emigrantes. Esta dificultad se incrementa cuando tales personas llegan a las fronteras nacionales por oleadas, como está ocurriendo con la llamada “diáspora” venezolana, que según las cifras conservadoras de Acnur ya sobrepasa los cuatro millones de personas, algo así como el 13% de la población del país.

Los emigrantes no solo son vistos como individuos que restan empleos a las poblaciones de los países anfitriones, sino también como posibles participantes en alzas de criminalidad. En uno y otro casos, las conclusiones se basan en información sesgada. Quien esto escribe ha visto cómo en México, Colombia, Trinidad y Panamá, por citar algunas partes, los venezolanos han asumido los trabajos que desechan los residentes locales, e incluso también las personas que han emigrado años atrás y que ya han obtenido una posición de mayor bienestar.

En Perú, últimamente se han magnificado las noticias sobre casos de asaltos y homicidios que efectivamente involucran a venezolanos. Aunque son dignos de análisis, por lo que pueden indicar sobre el posicionamiento de redes incipientes, y algunos han sido extremadamente cruentos, no existe una sola evidencia estadística que confirme que los venezolanos son protagonistas principales del delito. Como tampoco la existía cuando el ministro Reverol, y antes que él González López atribuyeron a los colombianos el auge del hampa en el municipio Sucre y en Táchira.

En su obra Mafias on the move, Federico Varese lo explica con claridad: los criminales que desean asentarse en un territorio ajeno, ya sea solos o en grupos estructurados, necesitan la aquiescencia de un anfitrión, alguien que domine el patio con antelación. Desde luego, este difícilmente aparecerá en los partes policiales. Las fotos de las noticias solo tendrán a los peones.

*Soberanías versus redes transnacionales: este dilema no es nuevo, pero algunos actores han cobrado mayor relevancia. En Centroamérica, las maras y los carteles mexicanos han ampliado su radio de acción hasta abarcar a varios países y múltiples actividades de crimen organizado, que van desde los secuestros y la trata de personas hasta el tráfico de armas. En esto, las nuevas tecnologías y plataformas para la comunicación son herramientas fundamentales. En Venezuela, hay redes de prostitución transnacional que convocan a mujeres y hombres por Facebook, y les pagan estadías y “honorarios” por servicios durante fines de semana o temporadas completas en ciudades de Colombia y las Antillas Holandesas.

Pero los conceptos de soberanía, anclados en nociones que comenzaron a formarse hace tres siglos, impiden a los estados una acción eficaz contra estos grupos. Si los poderes ejecutivos de tales estados no gozan de alguna afinidad política, o simplemente están enfrentados, como ocurre actualmente con Venezuela y Colombia, o con Venezuela y Brasil, se beneficiarán las redes criminales que anteriormente veían a estas fronteras como áreas de contención. No es de extrañar entonces que grupos como los Urabeños o el Ejército de Liberación Nacional (ELN) atraviesen en la actualidad fases de expansión en sus territorios y actividades.

En México, López Obrador se percató de este riesgo, y entendió que le convenía llegar a mínimos acuerdos con su par estadounidense, pues de lo contrario la gobernabilidad fronteras adentro se vería comprometida casi de inmediato.

Los países latinoamericanos y algunos del Caribe son, desde la década pasada y en términos generales, los territorios con las tasas más elevadas de homicidios por armas de fuego de todo el mundo, sin que exista en ellos alguna conflagración armada. Esto ocurrió en una época en la que las llamadas izquierdas llegaron a tener una clara mayoría (12 de 19 gobiernos latinoamericanos para 2009). Los gobiernos de este signo se embarcaron en reformas policiales e incluso institucionales, al promover constituyentes con mayor o menor grado de éxito político. Pero en lo atinente a seguridad ciudadana el fracaso fue una constante. Es por esto que Vergara finalizó su exposición con un mea culpa: “El progresismo ha demostrado tener un gran complejo con la seguridad”. En su descargo, y tomando en cuenta la realidad nada auspiciosa de los países cuyos gobiernos no podrían ser calificados de “progresistas”, hay que concluir que el problema no es promover una determinada ideología. El problema se presenta cuando esos discursos impiden llegar a diagnósticos acertados de las realidades, y tomar a tiempo las decisiones que sean pertinentes. Esto a menudo implica la formación de consensos con factores que no siempre comparten una misma visión sobre la política.  

 

Breves

 

-Venezuela se habría convertido en un refugio para los ex funcionarios de países que alguna vez fueron aliados del régimen de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro. Este sería el caso del ex secretario de Comunicaciones de Ecuador, Fernando Alvarado, investigado por presuntos hechos de  corrupción en la organización y puesta en escena de las ruedas de prensa que solía hacer Rafael Correa en distintos puntos de su país los días sábado. “Tenemos casi la certeza de que se encuentra en Venezuela”, afirmó un funcionario con conocimiento directo de la investigación. En el expediente también se hace mención a Vinicio Alvarado, hermano de Fernando y ex secretario de la Presidencia ecuatoriana. Desde octubre de 2018, se emitió una notificación azul a través de Interpol para recabar información sobre el paradero del ex encargado de las Comunicaciones y el montaje de las “sabatinas”. Pero son pocas las esperanzas de que los gobernantes venezolanos contesten a la petición de manera oficial, en virtud de la afinidad que hubo entre Correa y el régimen. El intercambio de inteligencia, sin embargo, ha permitido precisar que Fernando Alvarado estaría en el país desde enero, bajo resguardo.

-Varios detalles son indicadores del clima interno de la Fuerza Armada Nacional, a propósito de los actos conmemorativos de la Batalla de Carabobo. En primer lugar, el Gobierno optó por abstenerse de dar cualquier información sobre lo que sería la dinámica de esta celebración. No hubo convocatoria abierta, para que el pueblo se acercara a la explanada ubicada al sur de Valencia, como era tradicional. En segundo término, no hubo transmisión en vivo y directo por televisión. La cadena correspondiente comenzó poco antes de las 8 am, cuando ya el acto había terminado. Los locutores e incluso el comandante general del Ejército, mayor general Jesús Suárez, se cuidaron de hacer cualquier referencia a la hora real. Pero el reflejo del sol que despuntaba y encandilaba a los presentes revelador. Además, al iniciar su alocución, Maduro se refirió a “este amanecer (…) 6:30-7 am”, y con eso despejó cualquier duda. Es claro que ante las informaciones sobre un nuevo complot contra el gobernante, encabezado supuestamente por un general de brigada la Aviación, y el recuerdo de los drones que estallaron en agosto de 2018, durante la celebración del aniversario de la Guardia Nacional en la avenida Bolívar, había que tomar todo tipo de medidas de seguridad. Al mismo tiempo, se esforzaron en transmitir una imagen de “normalidad”, en abierta disonancia con lo que sucede en las calles del país. Tan desafinada como el trompetista de la banda marcial en el acto de Campo Carabobo.

Cámara de Comercio de Maracaibo exhorta urgentemente a implementar medidas de seguridad en la ciudad

LA CÁMARA DE COMERCIO DE MARACAIBO emitió un comunicado oficial en el cual, exhorta de manera urgente a todas las autoridades competentes del estado Zulia, a implementar todas las medidas necesarias que eviten la materialización de una nueva ola de saqueos que afecten al sector productivo, comercial e industrial de la región.

El pasado 7 de marzo se registró un gran apagón que dejó sin electricidad a casi todo el país, siendo el estado Zulia uno de los más afectados por el número de horas sin luz y también por la cantidad de saqueos que se generaron, dejando afectados a más de 500 comercios.

 

Consejo de Seguridad de la ONU programa sesión abierta sobre Venezuela este martes
EL CONSEJO DE SEGURIDAD de Naciones Unidas ha programado una sesión abierta para el martes sobre los últimos eventos en Venezuela a petición de Estados Unidos.
Se prevé que la jefa de asuntos políticos de la ONU, Rosemary DiCarlo, presente un informe durante la sesión vespertina, reseñó AP.
El Consejo de Seguridad se encuentra dividido acerca de Venezuela. Estados Unidos y muchas naciones occidentales y latinoamericanas respaldan al líder opositor Juan Guaidó, mientras que Rusia, China y otros países apoyan al presidente Nicolás Maduro y se oponen a cualquier injerencia en los asuntos internos de la nación sudamericana.
Estados Unidos convocó a la sesión después de los publicitados intentos de Guaidó para introducir ayuda humanitaria a Venezuela, los cuales enfrentaron una dura resistencia de las fuerzas de seguridad leales a Maduro.
El gobierno de Donald Trump anunció el lunes nuevas sanciones contra los aliados de Maduro.
Confirman que salida de jefe del Sebin obedeció a incidente con caravana presidencial

EL GENERAL EN JEFE GUSTAVO GONZÁLEZ LÓPEZ, quien se desempeñó como director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebín) hasta finales de octubre, fue destituido de su cargo por un incidente que pudo “comprometer la seguridad” del mandatario Nicolás Maduro, según el periodista José Vicente Rangel.

Rangel, que fue vicepresidente del fallecido presidente Hugo Chávez entre 2002 y 2007, informó que el 27 de octubre ocurrió un “oscuro incidente” en Caracas cuando una caravana de Maduro fue interceptada por cuatro funcionarios del Sebin, informa la agencia Efe.

Explicó que los motorizados del Sebin estaban “provistos de armas largas” y que este hecho “estuvo a punto de tener un grave desenlace que pudo comprometer la seguridad del jefe del Estado”.

“La situación fue superada por el profesionalismo con que actuó la casa militar y la serenidad con que se manejó el presidente; los motorizados fueron reducidos, desarmados y detenidos”, indicó y aseguró que el “incidente condujo a la destitución del director del Sebin”.

Además, dijo, se adoptaron “medidas destinadas a corregir fallas de tipo disciplinario” en este organismo que ahora dirige el general Manuel Ricardo Cristopher Figuera, quien antes fue jefe del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesspa).

Sobre este hecho, el presidente Maduro ni ninguno de los miembros de su gabinete se ha pronunciado.

Entretanto, se desconoce el paradero de González López, de quien no se tiene noticias desde su destitución, aunque se ha dicho que podría estar siendo “custodiado” por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

EFE Sep 14, 2018 | Actualizado hace 1 año

La visita de Nicolás Maduro a China se concretó este viernes con la firma de varios acuerdos de cooperación estratégica en materia de petróleo, minería, economía, seguridad, tecnología y salud, en el marco de la XVI Comisión Mixta que mantienen ambos países.

“Hoy se están firmando 28 acuerdos que ratifican el camino del desarrollo compartido de las inversiones para hacer realidad el desarrollo de nuestras empresas mixtas”, dijo Maduro ante la Comisión Mixta bilateral en Pekín antes de reunirse con Xi Jinping, presidente chino.

Entre los acuerdos destacan un memorándum para la cesión de 9,9% de las acciones de la empresa mixta petrolera Sinovensa, y la firma de un memorándum de entendimiento para el desarrollo de las empresas de hidrocarburos mixtas Petrourica y Petrozumano.

También se firmó un acuerdo para fortalecer la cooperación entre la Corporación Nacional de Explotación de Gas de China (Cnodc) y Petróleos de Venezuela (Pdvsa) con el objetivo de explorar y explotar gas en el país caribeño con la empresa china Yankuang Group.

Maduro recalcó que los acuerdos suscritos están alineados con el Programa de recuperación venezolano puesto en marcha el pasado 20 de agosto y señaló que las relaciones comerciales entre ambas naciones pasaron las pruebas de la crisis financiera mundial.

“Me tocó transitar por medidas de sanciones económicas de Estados Unidos y de Europa persiguiendo las cuentas bancarias de Venezuela, secuestrando millones de dólares en cuentas internacionales y bloqueándonos el comercio”, denunció.

Asimismo, se refirió a los desafíos económicos que tuvo Venezuela como “producto de la guerra impuesta por países imperiales” y valoró el apoyo de China para solucionarlos.

“Gracias a los acuerdos de la comisión mixta y a la sólida relación China – Venezuela, nuestro país pudo enfrentar esas circunstancias y les puedo decir que hoy Venezuela está de pie”, afirmó Maduro.

Por su parte, Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores, reindicó que pese a las complejas circunstancias internacionales, China está dispuesta a trabajar con Venezuela para fortalecer los intercambios y la amistad entre ambos países, para lo cual será necesario optimizar los modelos de cooperación a fin de enriquecer la asociación estratégica.

“Los mandatarios van a llegar a nuevos consensos, van a elevar la cantidad y la cantidad de la cooperación. Nuestra relación está en una importante etapa de desarrollo; queremos que siga siendo sólida y que continúe avanzando”, subrayó Wang.

La inesperada visita de Maduro a la capital china se produjo en un momento en el que el país vive graves dificultades económicas y poco después de la que realizó esta misma semana a China la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, quien se reunió con el presidente de la Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC), Zhang Jianhua.

Maduro anuncia aprobación de cerca de 300 millones de euros para enfrentar crisis sanitaria

El presidente Nicolás Maduro, anunció la aprobación de inversiones por el orden 293.089.000 euros , 344 millones de dólares, para atender la crisis sanitaria que vive el país y que ha motivado protestas de médicos y enfermeros desde hace 27 días.

Al término de una reunión con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, el ministro de Salud, Carlos Alvarado, y la presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), Magaly Gutiérrez, Maduro anunció las partidas que estarán destinadas a mejorar los servicios en los casi 300 hospitales públicos del país.

Explicó que todo este dinero se usará para importar medicamentos de consumo masivo, generalmente escasos en Venezuela, así como para optimizar la atención a pacientes oncológicos, trasplantados, con enfermedades renales o crónicas y de personas infectadas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH).

El mandatario remarcó que estos recursos podrán ser asignados directamente en euros o en su equivalente en petro, la criptomoneda lanzada por su Gobierno para hacer frente a las sanciones económicas que le han impuesto varios países.

Maduro llamó al sector salud a “buscar soluciones” a los problemas en los hospitales, algunos de ellos “urgentes” según dijo.

“Llamo a todos (…) a un nuevo espíritu transformador, un nuevo liderazgo de resolución de problemas (…) llamo a los médicos, vamos a cambiar todo lo que sea necesario, vamos a mejorar todo, vamos a recuperar todo lo que sea necesario y vamos a una ofensiva de salud”, expresó.

El jefe de la llamada revolución bolivariana señaló que esta transformación incluirá la atención del personal, la resolución de todos los temas de suministro de medicamentos y el mantenimiento de equipos.

50 mil nuevos médicos al sistema público

Además adelantó su plan de incorporar 50.000 nuevos galenos al sistema público de salud por lo que llamó a los jóvenes a inscribirse desde la próxima semana en los programas gubernamentales de formación como Médicos Integrales Comunitarios, que se dicta en el país con el apoyo del gobierno cubano.

Anunció también la celebración de un congreso nacional de salud los días 25 y 26 de agosto, cuando representantes de todo el territorio nacional debatirán propuestas para “definir el fortalecimiento y la recuperación completa del sistema” sanitario.

Por último, reconoció que ha “habido problemas” en los hospitales “por la falta de divisas”, que son manejadas exclusivamente por el Estado.

Finalmente hizo uso de su tradicional excusa y denunció que la Unión Europea y Estados Unidos, de “secuestrarle” a Caracas 1.400 millones de dólares “por razones políticas ideológicas”, y que una parte de este monto estaba destinado a inversiones en el sistema de salud de Venezuela.