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DDHH olvidados | El homicidio de Paola Ramírez y la dudosa versión oficial
Darcy Gómez, no cree en la versión que exculpa a los grupos paramilitares que le quitaron la vida a su hija Paola Ramírez  durante las protestas opositoras de 2017 ocurridas en San Cristóbal

El 19 de abril de 2017, Paola Ramírez Gómez, de 23 años, murió luego de asistir a una concentración opositora en la Plaza San Carlos de San Cristobal.  Pese a que la versión oficial presentó  Iván Alexis Pernía como el presunto asesino, sus familiares lo desestiman. Aseguran que hasta el sol de hoy no se ha hecho justicia y su homicidio forma parte de la larga estadística de crímenes en el contexto de manifestaciones políticas.

“No tenemos credibilidad en el sistema de justicia ni en las autoridades que dicen cualquier cosa. Que se haga justicia pero con los verdaderos culpables. Antes de morir ella nos dijo por teléfono: `están disparando los colectivos´. Me cuesta creer  que desde un edifico le hayan disparado”, sostiene su madre Darcy Gómez, en un esfuerzo por reconstruir los hechos fatales que la apartaron de su hija.

Horas después de la marcha, Ramírez y su novio llegaron en moto a la plaza San Carlos, donde el novio la dejó para ir a esconder el vehículo por miedo a los colectivos que se encontraban en la zona, declaró una testigo que observaba la situación y luego pudo conocer lo sucedido, contado por el muchacho en la escena.

Según el relato, un grupo paramilitar se apostó en la esquina de la calle 13 de San Cristóbal. Al observarlos, Paola se ocultó en las escaleras del lugar. Pero sus esfuerzos fueron en vano, pues tres de los colectivos la vieron y se dirigieron hacia ella. La encontraron, la tomaron por el cabello y la halaron, le quitaron su gorra y la cartera negra que llevaba. Un testigo observó el robo y vio como uno de los hombres la empujaba, indicándole que corriera. Paola Ramírez corrió por su vida, atravesó el tramo de la plaza hasta llegar a la calle.

Los paramilitares tomaron sus motos y transitaron hasta la esquina de la escuela Carlos Rangel Lamus. En el momento en que la joven estaba en la calle 12, los colectivos pasaron en paralelo a ella desde la carrera 11. Luego se escuchan aproximadamente 24 detonaciones hechas por los colectivos, según coincidieron los testigos. Es cuando Ramírez cae al piso, muerta.

Nacida el 26 de julio de 1993. Era la segunda de ocho hijos del matrimonio de Joaquín Ramírez y Darcy Gómez, era soltera y no tenía hijos. Vivía con su familia en una zona rural de Capacho Nuevo, municipio fronterizo del Táchira.

Paola había concluido los estudios en el área de administración. Ese día se congregó junto a su novio en las inmediaciones de la plaza San Carlos de la capital tachirense en una manifestación que conmemoraba los 207 años de la Declaración de Independencia. También reclamaban a la Defensoría del Pueblo su ineptitud en la “defensa y vigilancia de los derechos humanos.

Contra el olvido y la impunidad

Según la ONG, Justicia, Encuentro y Perdón, las manifestaciones pacíficas se convirtieron en una forma de denuncia ampliamente extendida por el territorio nacional que lamentablemente, lejos de encontrarse con un Estado dispuesto a escuchar y atender estas denuncias, halló violencia y represión a cada paso. Homicidios, detenciones arbitrarias, golpes y torturas quedaron documentadas en el marco de estos eventos.

Desde 2017 realizan monitoreo y atención a los casos de violaciones a los derechos humanos en el contexto de manifestaciones políticas. A través de un proceso de documentación, análisis y sistematización de las circunstancias que los rodean, se empeñan en la visibilización de estas violaciones a los derechos humanos para evidenciar los patrones de actuaciones de los cuerpos de seguridad.

Una imputación que no es creíble

El imputado por los organismos de investigación vivía a una cuadra de la plaza San Carlos, en una casa que da hacia la calle. Desde allí aseguran que disparó hacia los colectivos para defender a la joven y por error uno de los proyectiles habría herido a la joven.

El Comisario Luis Godoy, ex Jefe de la División de Homicidios de la antigua Policía Técnica Judicial (PTJ), afirmó a Runrunes en esa oportunidad, que la posibilidad de que el acusado haya podido disparar y encontrar su blanco en la joven que corría, a una distancia de más de 100 metros, con árboles y demás obstáculos en medio, es de una en 100 millones.

El asesinato de esta joven tachirense fue documentado por un panel de expertos independientes de la Organización de Estados Americanos. Podía constituir un crimen de lesa humanidad, al igual que otros tantos asesinatos ocurridos en el contexto de las protestas pacíficas.

El caso  es extraído de las crónicas reseñadas por en el portal de Encuentro, Justicia y Perdón

#10May Hoy se cumplen tres años del asesinato de Miguel Castillo
El 10 de mayo de 2017 se cumplía el día número 40 de las protestas cuando Miguel Castillo decidió salir a marchar y perdió la vida. 
Una metra disparada por el arma de fuego de un GNB le atravesó el brazo izquierdo, entró justo entre las costillas para alojarse en el ventrículo izquierdo del corazón.

Miguel Castillo Bracho fue asesinado el pasado 10 de mayo de 2017, en el marco de las protestas que se desataron ante la ruptura del hilo constitucional, a raíz de la sentencia 156 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en la cual se atribuye a sí mismo las funciones de la Asmablea Nacional y extendió los poderes del Poder Ejecutivo, encabezado por Nicolás Maduro.

El joven no llevaba ni una hora en las inmediaciones del Centro Venezolano Americano en la avenida principal de Las Mercedes, en Caracas, cuando recibió el impacto de una metra que fungió de bala, disparada por un Guardia Nacional desde el elevado de la zona. 

Una investigación realizada por la fiscalía 34 Nacional y fiscalía 126 del Área Metropolitana de Caracas, luego de que les fue asignado el caso el propio 10 de marzo por el Ministerio Público, cuando era gestionado por la Fiscal General Luisa Ortega Díaz, encontró que la metra-bala provino de una escopeta con munición adulterada de un Guardia Nacional. 

“El caso de Miguel está criminalísticamente cerrado”, ratificó su mamá Carmen Elena Bracho en el 2018 a RunRun.es. 

Sin embargo, luego de la designación de Tareck William Saab como fiscal por parte de la inconstitucional asamblea nacional constituyente, el proceso judicial ha quedado congelado.

Este domingo 10 de mayo de 2020, diversas organizaciones no gubernamentales se han pronunciado en redes sociales en su memoria. 

Las familias de 14 de los asesinados durante las protestas de 2017 conformaron la Alianza de Familiares y Víctimas del año 2017 (Alfavic 2017), que exige justicia por los caídos así como el rescate de la memoria de esos días

@loremelendez

 

El expediente penal de Yorman Bervecía, asesinado en Barinas, está desaparecido desde 2018. 

Aunque hay fotos, videos y hasta una declaración de Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República en el exilio, que confirma la participación de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en el homicidio de Juan Pablo Pernalete, ese componente de la Fuerza Armada insiste en que ninguno de sus miembros estaba en el lugar de los hechos aquel 26 de abril de 2017, cuando una bomba lacrimógena lo impactó en el pecho. 

Los familiares de Fabián Urbina, a quien un GNB disparó de frente en una manifestación en el Distribuidor Altamira de Caracas, cuentan que les difirieron 19 audiencias preliminares antes de que el caso del joven pasara a fase de juicio. 

Sobre el victimario de Manuel Sosa, a quien mataron en Cabudare, estado Lara, pesa una orden de captura desde el 21 de junio de 2017, pero todavía no ha sido ejecutada porque se trata de un uniformado. 

Todos, los cuatro jóvenes, fueron víctimas de la represión de las fuerzas de seguridad del Estado durante las protestas contra Nicolás Maduro en 2017.

Las irregularidades están presentes en cada una de las investigaciones sobre estas muertes. “Esto es un luto permanente. Aparte del dolor que llevamos, nos tenemos que enfrentar a un sistema de justicia viciado que juega a cansarnos. Nos ponen muchas trabas en el proceso, es una lucha diaria. Queremos que sepan que vamos a seguir. No vamos a permitir que nos cansen”, reclama frente a las cámaras Elvira Llovera de Pernalete, madre de Juan Pablo, una de las voceras de la recién creada Alianza de Familiares y Víctimas del año 2017 (Alfavic 2017), una asociación civil sin fines de lucro que “persigue la memoria, verdad, reparación y no repetición de graves violaciones de derechos humanos en Venezuela”, según dice el comunicado con el que anunciaron su constitución.

El grupo, conformado por 14 familias de víctimas de la acción violenta del Estado contra los manifestantes de 2017, fue presentado ante los medios de comunicación este 10 de diciembre, cuando se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos, en medio de un acto frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas, donde también están desde septiembre pasado los representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU. A ellos les entregaron una carta para informarles que, desde ahora, actuarán unidos.

Alfavic 2017 está integrada por los parientes de Juan Pablo Pernalete, Nelson Arévalo, Fabián Urbina, Luis Guillermo Espinoza, Rubén Darío González, Daniel Quéliz, Leonardo González, Yorman Bervecía, Miguel Castillo, Yoiner Peña, Augusto Pugas, Manuel Sosa, Roberto Durán, Luis Alviárez y David Vallenilla. La mayoría eran jóvenes, menores de 30 años, que salieron a protestar contra un gobierno que menoscabó sus libertades y calidad de vida.

El patrón del desgaste

La unión de las familias sirvió para que también advirtieran los patrones de irregularidades que se siguen en los casos. Una y otra vez les niegan el acceso a las copias certificadas de los expedientes, se desaparecen las solicitudes de arresto, dan tratos preferenciales a los imputados porque los cambian a retenes de los cuerpos de seguridad a los que pertenecen, difieren las audiencias para retrasar los juicios un año o más.

Un ejemplo de ese retardo procesal lo expuso Iván Urbina, padre de Fabián Urbina, quien acababa de salir de la primera audiencia de apertura de juicio del homicidio de su hijo, que fue diferida para el 25 de febrero de 2020 al mediodía. La razón que le dieron para posponerla es que no se notificó de ese acto a los familiares de las otras cuatro víctimas que fueron heridas en el mismo incidente que Fabián.

“De los 14 casos sistematizados en este informe, existen nueve que están prácticamente paralizados. Nos atiende la Fiscalía, pero no hay avances en las investigaciones. En más de dos años de ocurridos los hechos, la impunidad se mantiene (…) Los órganos de seguridad siguen burlándose de nosotros como familiares, siguen negándonos la justicia y el acceso a la verdad de lo que pasó en los hechos de 2017”, leyó Elvira Llovera de Pernalete en una rueda de prensa que se efectuó más tarde. Lo hizo frente a una mesa en la que estaban las medallas deportivas que había recibido su hijo, la franela beige del liceo de Rubén González, las fotos de Vallenilla y Arévalo, una camiseta con el rostro de Urbina estampado.

La madre de Juan Pernalete señala también que, en el caso de su hijo, el fiscal designado por el Ministerio Público ha sido cambiado 14 veces. Cada vez que eso sucede, todo el proceso debe comenzar de nuevo. Por eso no deja de ir todas las semanas a esa instancia para exigir que le soliciten a la Guardia Nacional los libros de novedades, el “parte” de armas usadas y todos los documentos con los que se pueda comprobar que el asesino de su hijo es un militar. La respuesta de la Fiscalía es que la Fuerza Armada no les suministra ninguna información.

En ese juego del desgaste del que se siente víctima, también la criminalizan. “Una vez, cuando fuimos a pedir una copia del documento, dijeron ‘busquen el expediente del guarimbero’. Yo les contesté que donde estaba ese término para referirse a mi hijo. Esa es una situación que no solo nos desgasta emocionalmente. Los órganos encargados de dar justicia no te acompañan, sientes que estás luchando contra un Estado completo, que no tienes instituciones”, asegura.

Memoria en lugar de sobornos

La nueva Alianza también rechazó que desde el gobierno se les haya querido sobornar con ayudas económicas. Así sucedió cuando la asamblea nacional constituyente conformó la Comisión de la Verdad, presidida por Delcy Rodríguez, órgano que convocó a reuniones a los familiares para ofrecerles sueldos mínimos de por vida, la cobertura de los gastos funerarios e incluso viviendas, con tal de que no continuaran exigiendo justicia. Ninguno de los miembros de Alfavic 2017 aceptó.

“Nosotros lo que buscamos es justicia y la no repetición de los hechos que marcaron a nuestros familias. Queremos crear memoria histórica de lo que pasó en 2017, cuando nuestros hijos salieron a protestar y fueron asesinados por los organismos del Estado”, señaló Iván Urbina. “Los jóvenes asesinados tenían historias, tenían familia y fueron tildados de delincuentes y terroristas, de criminales, todo por ejercer sus derechos fundamentales”, añadió Llovera de Pernalete.

Los familiares también reclamaron haber sido víctimas de acoso y hostigamiento. Olga González, esposa de Leonardo González, el payaso de hospital que fue acribillado por policías de Naguanagua, explicó que nunca recibió respuesta ante la solicitud de medida de protección que pidió a los tribunales, aun cuando vio que los oficiales acusados por el asesinato de su marido estaban libres.

A la familia Pernalete le fue otorgada una orden judicial para que la Policía Nacional se hiciera cargo de su seguridad, pero en ningún momento este cuerpo de seguridad se las ha ofrecido.

A Yoinier Peña, joven  con discapacidad cognitiva asesinado por colectivos en Barquisimeto,  estado Lara, lo custodiaron militares mientras estuvo hospitalizado antes de morir. “Los guardias iban y venían y él temblaba. Cuando yo me iba a buscar los medicamentos, también me observaban”, recordó su mamá, Yaneth Hernández.

A Zulmi Espinoza, madre de Luis Guillermo Espinoza, muchacho de 15 años a quien mataron en Carabobo, la persiguió la GNB poco después de ofrecer una declaración en un centro comercial, y un episodio similar se repitió cuando dio en su casa unas entrevistas a varios medios de comunicación. “Cuando los reporteros se fueron, pasaron unas 10 motos, con hombres vestidos de negro, frente a la casa. Nosotros tememos por nuestras vidas porque sabemos que estamos peleando contra gente que nos garantiza ese derecho”, afirmó.

Cambio de sitio a última hora

Rodolfo Montes de Oca, abogado de Provea que ayudó a la nueva organización, informó que la rueda de prensa debió cambiar de lugar a última hora. El lugar anunciado para el evento había sido la Sala Cabrujas, que depende de la Alcaldía de Chacao y está a pocos metros de la sede del PNUD en donde se entregó la carta. En horas de la tarde del lunes, 9 de diciembre, el coordinador de Programación del recinto informó que “por órdenes de arriba” el acto no se podría efectuar allí.

Al final, el encuentro con los medios se hizo en las oficinas de Chacao del LaboCiudadano, otra de las organizaciones que colaboró con Alfavic 2017 en su presentación.

Entre las próximas acciones, la Alianza prevé ejercer presión sobre las instituciones al acompañar a los familiares cuando haya audiencias, reunirse con representantes de las embajadas de países que pertenecen al Consejo de Seguridad de la ONU y hacer un par de visitas al Comité de Derechos Humanos de la misma organización en Ginebra, Suiza. Esperan que a su nueva Alianza se unan más padres y familiares de los 158 asesinados durante las protestas de 2017.

Funcionarios del gobierno desalojan a personas que pintaban mural de Neomar Lander en Guarenas

EL MURAL QUE SE REALIZARÍA ESTE FIN DE SEMANA como un homenaje para Neomar Lander en la ciudad de Guarenas del estado Miranda, no pudo ser ejecutado porque funcionarios de la alcaldía del municipio Plaza lo impidieron. El hecho ocurrió en horas del medio del sábado 15 de junio, en la avenida Intercomunal Guarenas-Guatire, a la altura de Hierro Guarenas, en una pared pública.

Los organizadores de la obra, la asociación civil Gente de Guarenas fueron abordados por el gerente de gestión urbana, Omar Regalado, quien llegó acompañado por varios funcionarios y efectivos de seguridad.

Aseguraron que, en tono amenazante, Regalado les exigió que se retiraran del lugar y que buscaran otra pared para hacer el homenaje a Neomar Lander, “pero allí, no”. Los pintores y colaboradores pidieron explicaciones para tal petición, pero no les dieron razones.

Más información en El Pitazo.

7 aspectos que han variado entre las protestas de 2017 y 2019

Un discurso más apegado a los derechos constitucionales de parte de la dirigencia opositora, mayor represión, incorporación de sectores populares, complicado acceso para medios de comunicación y la promesa de una eventual amnistía a policías y militares diferencian las manifestaciones de calle de hace dos años y el presente

 

EN APENAS CUATRO DÍAS DE PROTESTAS CONTRA EL GOBIERNO DE NICOLÁS MADURO en enero de 2019 se produjeron 33 muertos, la misma cantidad en 25 días de manifestaciones entre abril y julio de hace un par de años. Una represión con mayor contundencia, ahora con el foco en zonas populares se experimentó en el primer mes del año.

En 2017, los líderes políticos enfocaban el discurso antigubernamental en el bloqueo al referendo revocatorio y el desconocimiento a la Asamblea Nacional por parte del Ejecutivo y el TSJ, par de años después los objetivos de la oposición venezolana son aún más específicos: cese de usurpación de funciones por parte de Maduro, un gobierno de transición y elecciones libres.

Amparados en la proclamación de Juan Guaidó como mandatario encargado de la República el pasado 23 de enero y el reconocimiento de 44 países al presidente de la Asamblea Nacional, la oposición ha trazado una estrategia más frontal para desmontar el gobierno de Maduro. Conjugando actividades de calle con presión internacional, aunado a la posibilidad de atraer a funcionarios militares y policiales con una Ley de Amnistía y la apertura de un canal humanitario en las fronteras, la coalición contraria al chavismo pretende generar un cambio en la estructura de poder.

A continuación enumeramos las diferencias más notables en las protestas y estrategias de 2017 y 2019:

 

1.- Espontaneidad en sectores populares

A juicio del consultor político, Oswaldo Ramírez, la principal diferencia entre las protestas callejeras de 2017 y 2019 radica en la espontaneidad. “Hace dos años tenías a los líderes de los partidos políticos convocando para marchas a diario hacia el centro de Caracas, en esta ocasión la población salió a la calle en las zonas populares como una respuesta a ese hartazgo que sienten por la precaria situación económica por la que atraviesan”, dijo. En la ciudad capital, hace dos años el epicentro de las concentraciones y protestas era en el este, en 2019 se trasladaron al centro y oeste de Caracas. “Incluso en partes cercanas al Palacio de Miraflores como La Pastora, El Amparo, El Cuartel, avenida Fuerzas Armadas y Altavista. Gente que suele recibir bonos, cajas y bolsas Clap del gobierno reclamando porque estos mecanismos de distribución ya no les satisfacen o simplemente ya no sirven para comprar su voluntad política”, dijo Ramírez. En 2019 hubo una especie de aprendizaje y las marchas ya no se dirigen a una institución gubernamental en el casco central de la capital con regularidad, ahora se hacen con mayor espacio y en sitios con aparente seguridad para los manifestantes.

2.- Discurso directo

Para Ramírez el discurso político de la oposición es ahora más institucional que el de hace dos años. Se ha apelado a los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución para desconocer al gobierno de Maduro.“En 2017 el discurso estuvo enmarcado en levantar la voz para denunciar todas las violaciones que cometió el gobierno, la gente atravesaba por una depresión porque le habían robado el referendo revocatorio en octubre de 2016, parte de la oposición se enfrascó en una negociación que no rindió frutos en República Dominicana y después todo explotó con las sentencias 155 y 156 que anulaban las funciones de la Asamblea Nacional”.

Ahora la dirigencia opositora no centra el grueso de sus alocuciones en las víctimas de las protestas sino que coloca el foco en los planes futuros. Hay una visión más de lo que se puede alcanzar a posteriori que antes.

El analista político indicó que el discurso de la dirigencia opositora en esta oportunidad es similar al de 2014 antes de las protestas que generaron la muerte de 43 venezolanos según el Ministerio Público que conducía la Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz. Discurso protagonizado en aquel entonces por el dirigente encarcelado de Voluntad Popular, Leopoldo López, María Corina Machado de Vente Venezuela y el alcalde metropolitano exiliado, Antonio Ledezma.“Si uno revisa lo que se dijo antes de febrero y las muertes de Bassil Da Costa y otros tantos, la ruta era ir a las calles y hacer cabildos abiertos para escuchar las propuestas de la gente, además de perseguir el apoyo internacional”.

3.- Mayor represión en menos días 

En las protestas de 2017, la represión de los cuerpos de seguridad del Estado fue de menos a más. El primer muerto se produjo luego de cinco días de manifestaciones. En 2019, para el segundo día ya habían ocho asesinados y apenas en la tercera fecha (23 de enero) se contabilizaron 20 muertos a nivel nacional. La Guardia Nacional, encargada de la represión en 2017, tuvo escaso protagonismo en esta oportunidad. Las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana (Faes) se encargaron de contener el reclamo social en las barriadas caraqueñas.

“El Faes es un organismo policial que ha sido entrenado para matar, su formación es para intervenir en casos de terrorismo y secuestro. No son los indicados para problemas de orden público”, dijo Rafael Uzcátegui, coordinador general de la ONG de derechos humanos, Provea. “Fue un ataque cruel y selectivo. El gobierno sabe que tiene que reprimir fuerte a la gente en esos sectores, porque si ese descontento se desborda va a generar una situación de alta ingobernabilidad. Un aspecto importante es que el costo de la impunidad en los barrios es menor porque la gente no denuncia, la gente es amenazada no solo por funcionarios, sino también por colectivos y patriotas cooperantes”.

 

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4.- Difícil acceso para medios de comunicación

En 2017, las víctimas de la violencia uniformada en las marchas contaban con los medios de comunicación impresos, digitales y de televisión por suscripción. Algunas de las agresiones fueron documentadas por periodistas o usuarios de la redes sociales como el asesinato de Neomar Lander el 7 de junio en la parte baja de la Avenida Libertador o el de David Vallenilla, 15 días después en las inmediaciones de la Base Aérea La Carlota. Dos años después las características de las manifestaciones hicieron menos visibles a los afectados. “Algunas muertes de 2017 fueron documentadas casi en vivo. Las protestas de este año se hicieron de noche y no tuvieron mayor exposición”, dijo Oswaldo Ramirez.

 

5.- Ausencia de Ministerio Público

La mayoría de los 157 asesinatos (cifras de la base de datos de Runrunes)  que se registraron en las protestas de 2017 fueron documentados por el Ministerio Público entonces liderado por la hoy en día Fiscal General de la República en el exilio, Luisa Ortega Díaz.

Con Tarek William Saab, ahora al frente del despacho por mandato de la asamblea nacional constituyente, ni medios de comunicación ni organizaciones no gubernamentales han podido corroborar las estadísticas. “Ha sido muy cuesta arriba para nosotros. A eso hay que sumar que la Defensoría del Pueblo ha estado absolutamente ausente”, dijo Rafael Uzcátegui de Provea. Uzcátegui aseguró que la principal misión de organismos independientes es darle un rostro a cada de una de las víctimas. Alertó que el gobierno ha querido hacer ver a los muertos en las manifestaciones de enero como delincuentes. “Al menos 10 de esas víctimas podrían haber estado involucradas en situaciones de saqueo y de allí se aferran para engordar esa tesis”.

 

6.- Se le habla de otra forma a los militares

En 2017, la dirigencia política opositora, ONG y sociedad civil denunciaron excesos por parte de los cuerpos de seguridad del Estado fuera y dentro de las fronteras venezolanas. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General en el exilio entregó un documento en la Corte Penal Internacional en La Haya donde acusa a Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad.

En el expediente también figuraron los nombres del Ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, el Ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol, el ex director del Sebin, Gustavo González López y el ex Comandante General de la Guardia Nacional, Antonio Benavides Torres.

Ahora en 2019, diputados de la AN liderados por el presidente interino Juan Guaido planean otorgar amnistía a aquellos que desistan de reprimir a los ciudadanos y acompañen el proyecto de renovación democrática. “Están en la mesa esas garantías para todos aquellos que quieran ponerse del lado de la Constitución”, dijo Guaido en una entrevista de televisión. Se ha hecho especial hincapié en que la Ley de Amnistía promovida este año por la Asamblea Nacional no beneficiará a aquellos funcionarios que hayan cometido atropellos a los derechos humanos.

 

7.- El encuentro de todos en la calle

Desde abril de 2002, cuando las protestas llegaron al clímax en el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, la clase media siempre había tenido un papel preponderante en las manifestaciones de calle. Durante el mandato de Maduro, las expresiones de inconformidad pública han permeado otros estratos.      

En 2017, el principal aliciente de la oposición era penetrar los municipios con alcaldes chavistas para manifestar o hacer entrega de un documento en una institución. Se pretendía conquistar un quiebre de la burocracia con la protesta masiva de calle y el costo fueron decenas de muertos, centenas de heridos, encarcelados y exiliados. El gobierno y el ímpetu sin brújula definida de algunos opositores hizo caer a la sociedad civil en una pelea callejera estéril y desigual con funcionarios del Estado. Par de años después hay una aparente lección aprendida. No se aplaude la violencia, no hay escuderos ni encapuchados a la vista.

“La estrategia del gobierno siempre fue la de separar a los sectores sociales, crear una especie de sectarismo. Ahora ese encuentro se está dando en las protestas”, dijo Rafael Uzcátegui de Provea. Uzcátegui comentó que en 2018, pese a que no hubo llamado formal a la protesta política, se inoculó en los sectores populares un sentimiento generalizado de frustración. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) en 2018 se estableció un récord con 12 mil 175 protestas a nivel nacional, un promedio de 35 por dia. “Ya no era una protesta política, era gente reclamando por sus derechos sociales, económicos y también laborales. Un aspecto simbólico fue el pernil en diciembre pasado, la gente pagó y el gobierno los estafó, allí hubo un quiebre. Los sectores populares siente que ya no obtienen respuesta y están cansados”, dijo Uzcátegui.

 

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CPI investigará crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde protestas de 2014

LA FISCALÍA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI) dijo hoy que el examen preliminar sobre el “gobierno bolivariano” por supuestos crímenes de lesa humanidad “se está realizando con el objetivo de formular conclusiones en un período de tiempo razonable”.

Estas declaraciones se producen después de que la fiscal general, Fatou Bensouda, haya recibido críticas de sectores de la oposición venezolana por no haber iniciado una investigación plena sobre Venezuela, paso posterior al examen preliminar que ya abrió en febrero.

La oficina de la fiscal jefe, Fatou Bensouda, dio a conocer hoy el informe sobre los exámenes preliminares abiertos en nueve países, publicado tras la primera jornada de la Asamblea de Estados Parte de la CPI, celebrada hoy en La Haya.

En el apartado de Venezuela, el documento explica que, desde el pasado febrero, ha seguido recibiendo información por diferentes fuentes sobre supuestos crímenes de lesa humanidad.

El informe constata que “se ha alegado que las fuerzas de seguridad del Estado con frecuencia emplearon fuerza excesiva para dispersar y reprimir manifestaciones” en el marco de las manifestaciones de abril de 2017 contra el Gobierno.

La CPI aclara que, dada la naturaleza abierta de la situación, continuará registrando las denuncias de delitos cometidos en Venezuela e incluirá en su análisis cualquier presunto delito cometido desde el 12 de febrero de 2014, fecha en que iniciaron una serie de protestas ciudadanas contra el gobierno de Maduro en las que murieron más de 40 personas.

Asimismo, el documento añade que, supuestamente, “se ha detenido y encarcelado a miles de civiles, algunos de los cuales fueron presuntamente sometidos a graves abusos y maltratos durante su detención”.

Según la información recibida por la Fiscalía, “fuerzas de seguridad del Estado” y “altos funcionarios” fueron responsables de “crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos contra opositores” como “asesinato, encarcelación, tortura, otros actos inhumanos, violación y otras formas de violencia sexual, desapariciones forzadas, y persecución fundada en motivos políticos”.

Otro punto que trata el informe es la supuesta “fuerza excesiva” empleada por las autoridades en “operaciones de seguridad y redadas realizadas fuera del contexto de las manifestaciones contra el Gobierno”.

Por otro lado, el documento especifica que la Fiscalía ha recibido información sobre “algunos grupos de manifestantes” que “recurrieron a medios violentos, provocando que algunos miembros de las fuerzas de seguridad resultaran heridos o muertos”.

La Fiscalía señaló que también tiene bajo su lupa la colaboración entre autoridades y “civiles armados favorables al Gobierno, incluidos los grupos denominados ‘colectivos’, que también habrían presuntamente perpetrado una serie de actos violentos contra manifestantes, miembros de la oposición -reales o percibidos como tales- y activistas, funcionarios elegidos y estudiantes”.

 

*Con información de EFE

Asesinatos ocurridos durante protestas contra ANC continúan impunes

EL 30 DE JULIO SE CUMPLIÓ un año de la elección de los miembros de la asamblea nacional constituyente, comicios que se desarrollaron en medio de fuertes protestas en diversos estados del país. La represión hizo de ese día el más sangriento de los cuatro meses de manifestaciones contra el gobierno: 14 personas fueron asesinadas y hasta la fecha, denuncian abogados y ONG de derechos humanos, ninguno de los responsables de esas muertes ha sido condenado.

Las averiguaciones por las 14 muertes, de las cuales, 8 ocurrieron en Táchira, 3 en Mérida, 2 en Lara y 1 en Sucre, aún no han concluido. Abogados y familiares señalan que ha habido denegación de la justicia por parte de la Fiscalía y los tribunales. También acusan a los cuerpos de seguridad del Estado de obstruir las investigaciones, al negarse a aportar información sobre los funcionarios que controlaban las concentraciones, que en la mayoría de los casos eran parte de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana.

De acuerdo con el registro de la ONG Justicia Encuentro y Perdón, la información oficial sobre las investigaciones de las muertes que ocurrieron en las protestas es escasa. Martha Tineo, coordinadora general de la ONG, señaló que la mayoría de las pesquisas se paralizó luego del 5 de agosto, cuando el Tribunal Supremo de Justicia destituyó de su cargo a la fiscal Luisa Ortega Díaz. Desde esa fecha, el camino que han recorrido los familiares de los asesinados para hacer justicia ha sido tortuoso.

“Ha sido un año completo sin justicia ni respuesta por parte de la Fiscalía sobre la muerte de mi hijo. Todas las pruebas que recaudé fueron consignadas en el Ministerio Público, pero al día de hoy no han respondido. Ellos saben quiénes son los culpables pero lo están tapando. Aquí no hay justicia, matan a quien sea y ponen la vista gorda”, manifestó Rafael Peña, padre de Ender Peña, de 19 años de edad.

El joven, que era capitán del equipo Sub 17 de Lotería del Táchira Fútbol Club, murió luego de recibir un tiro en la ingle por parte de funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro que reprimía una manifestación en San Cristóbal la noche del 30 de julio del año pasado.

Evelyn Campitelli, abogado que lleva el caso, dijo que desconoce la identidad del funcionario que disparó debido a que el Conas se ha negado a aportar esa información a los fiscales de la unidad de derechos fundamentales que investigan la muerte.

“El caso de Ender aún está en averiguaciones, no se ha imputado a nadie. Hay retardo procesal en las diligencias de la investigación. No se tiene la identidad de los funcionarios que le dispararon, solo se sabe que pertenecen al Conas, pues era la única comisión que se encontraba en el lugar”, agregó.

Al igual que Peña, otras nueve personas más murieron ese día a tiros, en su mayoría dirigidos a la cabeza, cuello y pecho. Entre las víctimas están dos adolescentes: Daniela Salomón de 15 años de edad, quien recibió un impacto de bala procedente de un grupo de sujetos armados en el sector plaza Venezuela de La Concordia, en San Cristóbal, y Adrián Romero de 13 años de edad, a quien le dispararon un proyectil en la cabeza en el sector El Calvario de Capacho Viejo en Táchira. Tampoco ha habido imputados sobre estos casos.

Recientemente, el constituyente Adán Chávez aseguró que a través de la ANC pondrán en marcha los mecanismos legales necesarios para “combatir la impunidad”.

No obstante, familiares y abogados de las víctimas afirman que la denegación de la justicia se debe a la falta de voluntad del sistema judicial. Pese a que han acudido en reiteradas ocasiones a la Fiscalía, a la Defensoría del Pueblo y al TSJ, los expedientes de las muertes de Juan Gómez, Luis Zambrano, Julio Manrique, Albert Rosales, Ronald Ramírez, Wilmer Smith, Andrés (apellido sin identificar), Luis Ortiz, Ángelo Yordano, Ricardo Campos y Eduardo Olave, continúan archivados.

Tineo afirmó que la responsabilidad por la impunidad en todas las muertes recae sobre el Ministerio Público y los tribunales del país. La primera instancia debe hacer las investigaciones y acusar a los implicados y la otra está encargada de desarrollar los juicios. “Ninguno de los órganos que integran el sistema de justicia ha dado respuesta expedita sobre las 161 muertes ocurridas en los meses de protesta. Parece que no existe voluntad para investigar y juzgar esos asesinatos”, expresó.

Señaló que en las 161 muertes del año pasado, ha habido 99% de impunidad debido a la falta de colaboración de los cuerpos de seguridad con quienes realizan las indagaciones. Indicó que los funcionarios se niegan a dar la identidad de los responsables y, en otros casos, los implicados no son trasladados a los juicios.

Los obstáculos

Manuel Virgüez, director del Movimiento Vinotinto, indicó que las trabas y la opacidad por parte de los órganos administradores de justicia para el avance de las averiguaciones han ocasionado que 91% de los asesinatos habidos en las manifestaciones de 2017 no haya llegado ni siquiera a la audiencia preliminar.

“El Estado ha actuado con total saña e impunidad, con la intención de no permitir la evolución de las investigaciones y así envía un mensaje de que para mantenerse en el poder está dispuesto hasta a ocultar las evidencias que lo incriminen”, afirmó.

De acuerdo con la ONG, de los 161 casos de muertes que se registraron en las concentraciones de calle del año pasado, en 124 se desconoce la información sobre los victimarios. Solo 2 han sido enjuiciados y 11 acusados, mientras que la Fiscalía ha solicitado la aprehensión de 21 presuntos responsables.

Según el registro de la ONG Justicia Encuentro y Perdón, en lo que va de año ha habido 17 víctimas mortales durante las manifestaciones a nivel nacional, que a diferencia del año pasado, se desarrollan por causas socioeconómicas. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social indica en su reporte mensual que en julio hubo 286 protestas para exigir servicios básicos, acceso a la alimentación y mejor calidad de vida.

Los fiscales que siguieron el ejemplo que Luisa Ortega dio
Dejaron en el aire casos de asesinatos durante las protestas de 2017
Se estima que más de 200 fiscales entre titulares y suplentes han salido del despacho desde que Tarek William Saab fue nombrado hace un año como máximo responsable del Ministerio Público de manera provisional
Durante la gestión de Ortega Díaz, fiscales promovieron la condena a Leopoldo López y solo se imputaron a dos personas por el caso Cadivi

 

@franzambranor

SIETE DÍAS LE TOMÓ A YOLANGEL CASTILLO llegar a España desde Caracas en agosto de 2017. Imposibilitada de tomar un avión en el Aeropuerto Internacional de Maiquetia porque su pasaporte estaba anulado, la ex Fiscal 17 Nacional contra la corrupción, recorrió 1365 kilómetros desde Puerto Páez en el estado Apure a Bogotá, Colombia. Cruzó en chalana el paso entre los ríos Meta y Orinoco. Abordó otra lancha que tardó 20 horas en llegar a un puerto del que no recuerda nombre porque se accidentó en reiteradas ocasiones y carecía de reflectores para transitar de noche. Cogió un autobús hasta la capital neogranadina y luego de un par de días un vuelo a Madrid.

El periplo de Castillo se parece al de decenas de funcionarios del Ministerio Público que debieron abandonar el país luego que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, denunciara la ruptura del hilo constitucional en mayo de 2017 a propósito de las sentencias 155 y 156 emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia, que dejaban sin funciones a la Asamblea Nacional. Disposiciones que luego fueron echadas hacia atrás por el propio poder judicial con las escuetas y todavía no disponibles sentencias 157 y 158.

Castillo ya sabía que su pasaporte había sido anulado, así como el del ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray, quien a mediados de julio del año pasado no pudo representar a Ortega Díaz en una reunión extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos en Argentina y hoy en día vive exiliado en Colombia.

A mediados de agosto de 2017, Ortega Díaz denunció que a 64 funcionarios del Ministerio Público se les había dictado prohibición de salida del país sin fórmula procesal alguna. “Muchos fueron desalojados de sus puestos de trabajo. A fiscales especializados en corrupción se les impide salir de Venezuela por capricho del gobierno”, dijo entonces.

A juicio de Mundaray, más 200 fiscales entre titulares y suplentes han salido del MP desde que la asamblea nacional constituyente nombró a Tarek William Saab como Fiscal General de la República y destituyó a Ortega Díaz. Obligando además a esta última a huir hacia la vecina nación colombiana.

Exiliados, despedidos, reubicados u obligados a renunciar, los fiscales de la administración Ortega Díaz dejaron sobre el tapete casos de corrupción en PDVSA y Odebrecht, aunado a decenas vinculados con los asesinatos de las protestas antigubernamentales en 2017.

“El interés de Tarek y toda su camarilla fue ir detrás de esos casos y destruirlos porque ellos sabían que nosotros íbamos por la cadena de mando que ordenó los hechos. Cadena que va desde el presidente de la República, pasando por el Ministro de la Defensa. Ordenaron disparar a los manifestantes con armas de fuego y con proyectiles modificados, me refiero a esferas de vidrio o metal disparadas con carabinas para gases lacrimógenos o perdigones”, acotó Mundaray.

José Antonio López, fiscal 28 del estado Carabobo, optó por marcharse de Venezuela y dejó los casos de Daniel Queliz y Hecder Lugo.

Queliz fue asesinado el 10 de abril de 2017 en Valencia por un supuesto efectivo de la Policía de Carabobo, mientras que Lugo corrió con la misma suerte a manos de presuntos  efectivos de la Guardia Nacional el 4 de mayo en San Diego.

Por la muerte de Queliz están imputados los oficiales Marcos Antonio Ojeda Arias, quien aparentemente tiró del gatillo y Edien Romero.

Alexander Queliz, padre de Daniel, dijo que el Fiscal López le manifestó un día que se iba del país por razones personales, pero está claro que desde la salida de Ortega Díaz los empleados del Ministerio Público están sometidos a múltiples presiones.

“Me imagino que allí hubo un poco de eso (presión), los fiscales que no siguieron la línea fueron sacados”, dijo Queliz.

Queliz asegura que en su caso, la Fiscalía no es el problema. “El inconveniente lo representan los tribunales, el Ministerio Público siempre ha hecho acto de presencia en las audiencias, esto ha sido diferimiento tras diferimiento, un retardo procesal constante. Mi peor enemigo es el tiempo, porque el tiempo pasa y el Código Orgánico Procesal es bien claro, cuando tu estas encerrado 24 meses y no se hace juicio, vienen los beneficios”.

A Daysi Pérez, madre de Hecder Lugo, no le sorprendió la partida del fiscal que llevaba el caso de su hijo. “No se si se fue por amenaza o por la situación del país, lo cierto es que esto es político, todos saben quién mató a mi hijo, ya ellos tiene todas las evidencias, pero si el culpable pertenece al gobierno, no van a resolver nada”.

Por el asesinato de Lugo no hay persona alguna imputada. Hecder es uno de los 19 muertos durante las manifestaciones en el estado Carabobo y uno de los 31 que cayeron en medio de la represión de la Guardia Nacional.

A juicio de Manuel Virgüez, de la ONG Movimiento Vinotinto, la impunidad fue la principal protagonista en las manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro de 2017.

“En el estado Lara por ejemplo, dónde Movimiento Vinotinto contabilizó 22 asesinatos, el índice de impunidad es de 91%”.

Virguez indicó que con la llegada de Saab al Ministerio Público la opacidad se ha acentuado, hay expedientes que se pierden y fiscales que no aparecen.

En una nota de El Impulso, escrita por Karina Peraza, se hace referencia a la remoción de 16 fiscales. Carlos Muñoz, Fiscal 21 del estado Lara en Derechos Fundamentales, no fue despedido, pero renunció luego que llevara los casos de Tony Canelón, Brayan Principal, Manuel Sosa, Eyker Daniel Rojas Gil, Nelson Daniel Arevalo Avendaño, Ruben Alexander Morillo, José Gregorio Mendoza Duran, Yanet Angulo Parra, José Miguel Pestano y Luis Beltrán Zambrano. Todos víctimas de la violencia y represión en las manifestaciones.

Muñoz había logrado órdenes de aprehensión para los presuntos responsables de las muertes de Canelón, Rojas y Sosa, pero ninguna se hizo efectiva. Hay un solo preso por el asesinato de Brayan Principal, un miembro de un colectivo de nombre Hector Yohan Zapata, quien fue detenido por orden de la Fiscal 20, Cristina Coronado, también removida de su cargo. “17 años después, a mi y a los míos se nos ‘enlista’ por haber actuado conforme a la lealtad que esta investidura amerita”, declaró en ese entonces Coronado.

Estampida fiscal

Una vez juramentado Tarek William Saab ante la anc de manera supuestamente provisional, el constituyentista Diosdado Cabello asomo un cambio de línea radical en la Fiscalía. “Propongo también declarar la emergencia en el Ministerio Público para que se proceda a su reestructuración desde el primer funcionario hasta el último”.

Para Zair Mundaray, el gobierno tenía muy claro su objetivo. “Los primeros fiscales contra los que arremetieron fueron los de corrupción y los de derechos fundamentales, la meta era cercenar la línea investigativa, especialmente casos como el de Odebrecht”.

Antes de ser destituida, Ortega Díaz envió al Fiscal 55 Nacional, Pedro Lupera y a la Subdirectora de Investigaciones contra la Corrupción, Raiza Sifontes a Brasil con la finalidad de entrevistar personalmente al empresario Joao Santana y a su esposa Mónica Moura en procura de conseguir evidencias sobre aparentes sobornos que la constructora brasileña pago a funcionarios venezolanos a cambio de millonarios contratos de obras públicas.

En vista de la persecución de la que ya eran objeto, ambos fiscales fueron por tierra hasta Colombia y de al tomaron un vuelo a Brasil. Se supone que regresarían después de recabar los testimonios de Santana, creador de los “Ojos de Chávez” y cerebro de la última campaña electoral del fallecido presidente, pero eso nunca pasó.

En la frontera colombo-venezolana, Sifontes llegó a pensar que iba a perder su libertad. “Cuando los funcionarios del Saime se dieron cuenta de quienes éramos nos retuvieron los pasaportes, hasta el Sebin se presentó. De alguna forma pudimos recuperar nuestros documentos, pero nunca conseguimos el sello de salida. Una vez en Colombia pedimos protección especial y pudimos volar a Brasil”, recuerda.

Alejandro José Prada, jefe adscrito en la dirección contra la corrupción, organismo dependiente de la Dirección de Actuación procesal del MP, también temió por su seguridad cuando le preguntaron a qué se dedicaba en Maiquetia el pasado 13 de agosto de 2017.

“Trabajo por mi cuenta”, se limitó a decir Prada al oficial de inmigración a horas de abordar el vuelo que lo llevó a Estados Unidos.

Prada trabajaba conjuntamente con Sifontes en la investigación de Odebrecht y venía de formar parte de la Contraloría General, donde estuvo encargado de casos como el del ex alcalde de Maturín, Numa Rojas, condenado a seis años, siete meses y 22 días de prisión por enriquecimiento ilícito y el de Luis Salvador Velásquez, ex director de Comercialización de Sidor apodado “El Rey de la Cabilla”, sobre quien pesan acusaciones de corrupción y por el que Prada considera que fue obligado a renunciar del órgano que dirige Manuel Galindo.

“Cuando sucedio lo de Lupera y Sifontes supe que debía irme, porque el próximo en la lista iba a ser yo”, advirtió Prada.

Prada, quien es contador público con una maestría en finanzas, sostuvo que la indagación a Odebrecht comprendió un amplio espectro, pero hicieron hincapié en los proyectos de la Línea 5 y la conexión Guarenas-Guatire de la compañía Metro de Caracas.

“Estuve dos noches en el Ministerio Público ayudando a escanear toda la documentación sobre Odebrecht que afortunadamente la fiscal Luisa Ortega pudo consignar en la Corte Penal Internacional”, añadió Prada.

Pero no todo se pudo digitalizar, expuso el fiscal 50 Nacional, Marcos Palacios, actualmente radicado en Colombia.

“No pudimos hacerlo todo, un expediente puede tener hasta 200 folios, es algo engorroso”, aseveró Palacios, cuyo pasaporte fue anulado y debió salir de incógnito por vía terrestre a finales de agosto del año pasado.

Palacios llevaba casos de corrupción en Pdvsa. Fue el que citó al actor Manuel “Coco” Sosa a comparecer por irregularidades en el otorgamiento de órdenes de compra con sobreprecios en los bienes adquiridos por Petropiar S.A. Sosa fue condenado posteriormente en la gestión de Saab a cuatro años de arresto domiciliario, el pago de 40% del daño patrimonial causado y la inhabilitación para ejercer cargo público por un lustro.

Palacios imputó a la hija del Contralor General de la República, Mayra Galindo, por su aparente responsabilidad en hechos de corrupción al frente de la Fundación para los Servicios de Salud y Previsión Social de la Contraloría.

“Para que el oficial de seguridad en la Contraloría me pudiera recibir el documento de imputación dije que era una comunicación que estaba llevando. A raíz de eso, el director de seguridad de la Contraloría fue destituido y yo citado por Katherine Harrington (actual Vicefiscal), quien me pidió los expedientes de todos los casos que estaba manejando. No se los di. Por supuesto la hija del contralor no fue al acto de imputación”.

Posterior a la destitución de Ortega Diaz, Palacios asegura que recibió recomendaciones de allegados en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y en la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de marcharse de Venezuela.

“No tenía tres días en la Fiscalía y uno hace amigos, ellos mismos me dijeron que me fuera porque venían por mi”.

A Luis Sánchez, auxiliar de Pedro Lupera en la Fiscalía 55, no le alcanzó la pericia o la suerte para quedar en libertad. Fue aprehendido a mediados de agosto de 2017 y acusado por el constituyentista Cabello de formar parte de una red de extorsión junto al esposo de Ortega Diaz y diputado de la Asamblea Nacional, Germán Ferrer y la asistente del despacho del Ministerio Público, Gioconda González.

“Este ciudadano está involucrado por haber abierto cuentas en millones de dólares. Él actuaba como enlace con tribunales, el propio MP y con empresas que eran víctimas de extorsión. Era el operador experto dentro de la red”, sentenció en ese entonces Saab.

Sánchez, junto a Lupera, fueron los encargados de citar a los directivos de la Constructora Conkor, Alejandro Jose Ruiz Mazzeo y Elias Ramon Koury Guevara, a mediados de julio del año pasado por estar presuntamente vinculados con irregularidades registradas en contrataciones con Pdvsa.

“Apresaron a Sánchez con unos cargos falsos y lo tienen allí en el Sebin con unos alegatos totalmente inverosímiles”, dijo el ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.

Los destinos

Colombia, Ecuador, Francia, Canadá, Estados Unidos, España y Perú son los países donde, según Mundaray, se encuentran los fiscales que debieron salir de manera abrupta del país antes, y especialmente luego, de la destitución de Luisa Ortega Díaz.

“Con algunos tenemos contacto discreto porque aún su estatus migratorio es incierto, esperan por asilos y no se sienten del todo seguros”, advirtió Mundaray.

“Habíamos logrado bastante independencia de los demás organismos de la investigación penal, teníamos equipos de primer orden, una serie de expertos formados en los mejores institutos de Europa y Latinoamérica”, se ufana quien acompañó a Ortega Díaz en la Corte Penal Internacional a denunciar violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno de Maduro. “Nuestro mejor talento está en otros países”, lamentó.

Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público

 

Raiza Sifontes, Subdirectora de Investigaciones contra la Corrupción, sigue trabajando con el equipo de Ortega Díaz en Bogotá. “Hice una reválida aquí en Colombia con la ayuda de una universidad y afortunadamente sigo con la doctora (Ortega Díaz). Nos trajimos toda la información en lo que se refiere a Odebrecht”.

Mundaray aseguró que aunque estén fuera siguen laborando en pro de hacer justicia en Venezuela algún día. “Hay una fiscalía en el exilio que es legítima y sigue trabajando con toda la anomalía que eso implica”.

A diferencia de Sifontes, Yolangel Castillo, fiscal 17 contra la corrupción no ha podido seguir con su carrera. Castillo está en Tenerife haciendo un curso en gestión comercial de ventas con la meta de insertarse en un futuro en el mercado laboral.

“No tengo títulos, no tengo nada que me avale como abogado”, apuntó. Antes de huir de Venezuela, Castillo estaba abocada a investigar a fiscales y jueces militares de Carabobo y Falcón que abrieron procedimientos a civiles en tribunales castrenses.

“A los acusados ni siquiera les daban derecho a escoger defensores”, indicó.

Quien fue también fiscal contra la corrupción en Vargas salió sola del país. Una fuente vinculada al gobierno le advirtió que le querían imputar delitos como traición a la patria y la iban juzgar precisamente en tribunales militares. “No solamente tenía una función en el Ministerio Público, también daba clases de postgrado en el área de argumentación jurídica en la Escuela Nacional de Fiscales”.

Marcos Palacios, fiscal 50 Nacional, está en Colombia, pero no trabaja directamente con Ortega Díaz. “Estoy haciendo asesorías y eventualmente podría plantearme laborar en áreas distintas. Me pasó esto solo por el hecho de trabajar, de ejercer mis funciones”.

Con la certeza de tener el pasaporte anulado, Palacios estaba imposibilitado de abandonar Venezuela por los canales regulares. “Tuve que salir por tierra y fueron muchas paradas para llegar hasta acá; salí solo porque era muy arriesgado hacerlo con mi familia, afortunadamente ya estoy con los míos”.

Alejandro José Prada, jefe adscrito en la dirección contra la corrupción, igualmente está con su esposa e hijos en Estados Unidos. A diferencia de Palacios salieron todos juntos por Maiquetía.

“La vida del inmigrante aquí es muy dura, por suerte hemos contado con la ayuda de amigos y de una iglesia que nos ha dado alimentos y enseres. Todavía no puedo trabajar porque estoy esperando el asilo político”, manifestó. No descarta retomar su profesión en un futuro, pero cuando reciba luz verde para laborar planea hacerlo “en lo que salga”.

Los tropiezos de Luisa

Entre las manchas más notables en la gestión de una década de Luisa Ortega Díaz al frente de la Fiscalía General de la República están la pasividad para imputar a responsables en el desfalco a la Comisión Nacional de Administración de Divisas (Cadivi) y su disposición al encarcelamiento del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, luego de las protestas de 2014.

El propio presidente Maduro admitió la responsabilidad de empleados públicos en hechos de corrupción en Cadivi desde 2011 y según el exministro de Planificación, Jorge Giordani, 25 mil millones de dólares fueron a parar a empresas de maletín.

Durante la estadía de Ortega Díaz en el MP solo se imputó al teniente coronel Francisco Navas Lugo y a su sobrino José Daniel Stekman Lugo por delitos de corrupción en Cadivi, instancia en la que estuvo como directivo el capitán en condición de retiro, Humberto Ortega Díaz, quien en una entrevista concedida al Correo del Orinoco en 2011 aseguró que no era familia de la Fiscal.

Luisa Ortega Díaz incluso formó parte de la Comisión Presidencial para la Verificación de la Conformidad del Otorgamiento de Divisas por parte del Estado Venezolano y su Uso Correcto creada por Maduro en 2013. Allí trabajó con los diputados Ricardo Sanguino y Jesús Faría (ambos designados presidentes del BCV posteriormente), además del ministro de la defensa, Vladimir Padrino López. Se desconocen los alcances de dicha comisión.

Después de ser nombrado por la anc, Tarek William Saab, dijo que 80% de las empresas involucradas en irregularidades con Cadivi y también Cencoex (Centro de Comercio Exterior) fueron sobreseídas por Ortega Díaz. “La ex Fiscal lo tenía escondido y engavetado, es la principal responsable. Parte del drama que vive nuestro país se debe a este tema”, manifestó.

Saab aseguró en octubre de 2017 que por el caso Cadivi-Cencoex habían sido aprehendidas 11 personas y cerca de 900 empresas estaban involucradas en delitos de sobreprecios en divisas.

Instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir fueron los cargos que le imputó la Fiscalía a Leopoldo López. El Fiscal 41 con competencia nacional, Franklin Nieves y la 47 de Area Metropolitana, Narda Sanabria promovieron la pena de 13 años, 9 meses, 7 días y 12 horas para el líder de VP, sentencia que ejecutó la juez Susana Barreiros en septiembre de 2015. Un mes después de que López fuese condenado y habiendo solicitado asilo político en Estados Unidos, Nieves aseguró que había recibido presiones de “sus superiores jerárquicos para que continuara defendiendo las pruebas falsas que inculparon a López”.

También una vez fuera de Venezuela, Ortega Díaz manifestó que el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, la había coaccionado para encarcelar al ex alcalde de Chacao.

“Me presionaron para que yo dijera que la muerte de Bassil Da Costa y Juan Montoya había sido culpa de Leopoldo”.

Pese a la sentencia que conminó a López a la cárcel de Ramo Verde y luego a su domicilio, Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, indicó que probaron la culpabilidad de los victimarios de los sucesos del 12 de febrero de 2014 en las inmediaciones de la Fiscalía en La Candelaria.

“Unas investigaciones independientes llevadas por expertos del Ministerio Público determinaron que el Sebin mató a Da Costa y que a Montoya lo asesinó un miembro del colectivo al que pertenecía”.

Mundaray confesó que cada vez que el MP investigaba a alguien vinculado al alto gobierno, los tribunales torpedeaban el procedimiento.

“Pedimos orden de aprehensión contra la ex ministra de salud, Eugenia Sader y el Tribunal Supremo de Justicia la mandó a levantar. Pasó igual con el ex viceministro de Energía, Nervis Villalobos, pero el Tribunal 37 de control y la Corte de Apelaciones dejaron sin efecto la medida de privativa de libertad. Asimismo con Claudia Díaz, ex tesorera nacional, vinculada a los Panama Papers, el tribunal también echó para atrás la orden. Los fiscales son procuradores de la justicia y simplemente en Venezuela no tienen donde procurarla”.

Sobre Villalobos, Tarek William Saab se quejó de que la justicia española, que le aprehendió en octubre de 2017, no haya aprobado una orden de extradición a Venezuela en vez de a Estados Unidos por el caso de la Banca de Andorra. Mientras que acerca de Díaz dijo que había sido detenida también en el país ibérico junto a su esposo, Andrés Velasquez Figueroa, pero las autoridades europeas le desmintieron pocas horas después.

Un año con el fiscal provisional

Tarek William Saab cumplió el pasado domingo 5 de agosto un año como Fiscal General designado provisionalmente por la anc. El otrora Defensor del Pueblo aseguró que desde entonces 616 personas han sido condenadas por corrupción de un total de 3598 imputaciones y 989 acusaciones.

Por Pdvsa dijo que han sido procesados penalmente 90 funcionarios, entre los cuales se encuentran 23 gerentes, dos ex ministros y un presidente de la petrolera.

“En la anterior gestión se llegaba a imputar para luego extorsionar, no se lograba alcanzar la fase de la acusación y mucho menos la condena final”.

Zair Mundaray, ex director de Actuación Procesal del Ministerio Público, sostuvo que con estas supuestas acciones, Saab solo persigue reconocimiento dentro y fuera de las fronteras venezolanas.

Organismos internacionales siguen reconociendo a Luisa Ortega Díaz como la Fiscal, porque la designación de Saab proviene de una institución nula como la anc. Por eso se han hecho asambleas de la Asociación Iberoamericana de Fiscales y la invitada es Ortega Díaz”.

Para Mundaray es inaudito que Saab pretenda que se le reconozca internacionalmente cuando forma parte de una lista de funcionarios venezolanos sancionados por la Unión Europea, Suiza, Canadá, Panamá y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

“Cómo puedes ejercer la función de Fiscal General si tienes prohibida la entrada a varios países”, se preguntó Mundaray.

Sentenció que desde la llegada de Saab al MP, el organismo se ha centralizado y hay dependencias que inclusive fueron desarticuladas.

“Los casos de investigación se los dieron al Sebin y eliminaron departamentos, ahora el venezolano tiene menos instancias a las que acudir”.

“La dirección contra la corrupción, se quedó sin director y sub directores, por más de nueve meses y han estado nombrando fiscales sin experiencia en el área”, aseguro Raiza Sifontes.

Mundaray aseveró que pese a la reestructuración que hizo el fiscal designado por la anc, el MP no está totalmente perdido.

“En Venezuela quedan muchos funcionarios con valía, pero no los dejan trabajar, están anulados”.

Para los fiscales que están en el exilio, retornar a Venezuela a continuar con su trabajo es una posibilidad que pasa obligatoriamente por la salida del poder de Maduro y su gabinete.

“Yo seguiré siempre a la orden para liberar a Venezuela”, salió al paso el ex miembro de la Contraloría y la Fiscalía, Alejandro Prada.

“La vida me cambió enormemente, pero no arrepiento de lo que hice. Venezuela va a estar destruida en el momento que salga la actual administración. Si las cosas cambian no dudaría en regresar”, apuntó Marcos Palacios.