DDHH olvidados | “Quiero que se haga justicia y que encuentren a los culpables de la muerte de mi hijo”
Christian Ochoa fue asesinado en la ciudad de Valencia por agentes de Policarabobo durante las protestas de 2017
El jove de 21 años recibió disparo de perdigones a quemarropa en el abdomen y en una pierna
La ONG Provea insiste en que toda la cadena de mando involucrada en el asesinato debe ser condenada
@ValeriaPedicini
Christian Humberto Ochoa estaba en su casa, ubicada en el callejón Rómulo Gallegos del barrio Francisco de Miranda en Valencia, estado Carabobo, cuando escuchó un alboroto en la avenida. Las protestas antigubernamentales de 2017 se habían iniciado hace semanas y seguían desarrollándose en todo el territorio nacional. Ese día, martes 24 de abril, no era la excepción.
El muchacho de 21 años salió de su residencia en la parroquia Miguel Peña y vio a los cuerpos de seguridad del Estado reprimiendo a un grupo de personas que se encontraban en la manifestación. Fue sorprendido por funcionarios de la policía de Carabobo, quienes le dispararon con arma de cañón largo en la pierna y en la región umbilical superior derecha.
“Este al ver la actitud hostil que tenían -los agentes de Policarabobo- se arrodilló y se puso las manos en la cabeza. Le pidió que no le hicieran nada pero, en respuesta, supuestamente, recibió un disparo de perdigones a quemarropa en el abdomen. También una herida de bala en una pierna”, contó su padrastro Eleazar Guerra al diario El Carabobeño al día siguiente de la muerte del joven.
#ÚLTIMO Falleció Cristián Ochoa herido de bala en el estomago presuntamente por PoliCarabobo en protestas #24A en Av.las ferias #Valencia pic.twitter.com/2DyNnHfvoS
— Andrews Abreu (@AndrewsAbreu) April 26, 2017
Christian fue trasladado a la Ciudad Hospitalaria Dr. Enrique Tejera, donde falleció al día siguiente por una hemorragia interna y shock hipovolémico producto de las heridas.
Tras experticias llevadas a cabo por la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, junto con los representantes fiscales y el Cicpc, el Tribunal 6º de Control solicitó una orden de aprehensión para Azócar y Quintero, quienes fueron detenidos el 26 de abril de ese año en la Base Los Caobos del Eje de Homicidios Carabobo.
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Quieren justicia
Christian Ochoa era estudiante de Ingeniería Eléctrica y trabajaba en una charcutería. Era el más pequeño de tres hijos: el 21 de mayo iba a cumplir los 22 años de edad. Su madre Zuleima Soriano contó que el muchacho ni estaba participando en la protesta cuando fue gravemente herido por los efectivos de seguridad.
El joven fue la víctima número 27 de la represión policial y militar a manifestantes durante las protestas de 2017.
“Quiero que se haga justicia y que encuentren a los que son culpables de la muerte de mi hijo, solo les puedo pedir justicia”, exclamó a las puertas del Ministerio Público en Valencia.
Eliécer Jiménez, abogado y representante de la Organización No Gubernamental Defensa y Justicia Carabobo, indicó que habían asistido al Ministerio Público para exigir que se hiciera justicia por la muerte de Ochoa. Aseguró que el muchacho murió “debido a la represión brutal, salvaje, violadora de absolutamente todos los derechos humanos que se generó ese día en ese sector”.
“Aquí queremos a todos los policías que estaban ese día involucrados en la represión y en los disparos que se generaron en el sector Francisco de Miranda”. También pidieron que les dieran acceso al expediente para conocer los detalles de la investigación.
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Justicia a medias
En noviembre de 2019, el Ministerio Público informó en su portal web que Quintero y Azócar fueron condenados a 22 años de prisión por su responsabilidad en el homicidio de Christian Ochoa. En el juicio, las fiscalías 35º de Carabobo y 62º Nacional ratificaron la acusación hecha previamente. La condena deberían cumplirla en el Internado Judicial de Tocuyito.
En marzo de 2022, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), ratificó la sentencia condenatoria de 22 años de prisión.
La sentencia recuerda que, durante una manifestación que tuvo lugar en abril del año 2017, en el sector Francisco Miranda del municipio Valencia, “los exfuncionarios de la Policía del estado Carabobo (PoliCarabobo) Jhonny Azocar y Gerson Quintero, de forma separada, dispararon con arma de fuego tipo escopeta contra el ciudadano Christian Humberto Ochoa Soriano, provocándole la muerte”.
Funcionarios y mandos militares y policiales: las graves violaciones de #DDHH no prescriben. Tarde o temprano los alcanzará la justicia
— PROVEA (@_Provea) June 22, 2017
La organización Provea ha insistido en que no solo los autores materiales de abusos contra derechos humanos deben ser investigados y sanciones, sino toda la cadena de mando.
“Los mandos policiales y militares involucrados en estos abusos deben ser destituidos y puestos a la orden de una investigación oportuna y transparente conducida por el Ministerio Público. La impunidad no puede seguir siendo el principal cómplice de los atropellos contra los derechos de los venezolanos”.
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