La abogada María Alejandra Poleo relató el momento en que una de las víctimas relató ante un juez en Caracas sobre las torturas que sufrió en la Dgcim
La Coalición por los Derechos Humanos denunció este martes, 15 de febrero, que en Venezuela «se institucionalizó la tortura», a propósito de la presentación del informe del último trimestre de 2021.
Ana Leonor Acosta, directora de la Coalición por los DDHH, señaló: «Desde la Coalición desde 2017 hemos venido denunciando que en Venezuela se ha institucionalizado la tortura con la complicidad de las instituciones».
Explicó que el informe reciente se basa en la declaración de 20 personas que fueron torturadas por distintos organismos de seguridad.
«De estos testimonios de las víctimas pudimos hacer este informe en el que se reflejan varios patrones: la mayoría de estas denuncias de tortura viene precedida de una desaparición de las víctimas, son detenidas, no son puestas a las órdenes de ningún fiscal ni llevadas a los tribunales en las 48 horas que establece la ley y, en esas horas, son torturadas», advirtió.
Además, indicó que la mayoría de las víctimas llegan a los tribunales sangrando delante de los jueces y delante del Ministerio Público y, en la mayoría de los casos, no hay ninguna actuación contra eso. «Por eso hablamos de la complicidad de las instituciones, de la indiferencia de los funcionarios públicos de los jueces y fiscales del Ministerio Público que deben atender a las víctimas y esto no sucede”, dijo.
“En una de las audiencias una de las víctimas dijo al llegar al tribunal: ‘Me salvé, acá van a proteger’. Pero eso no ocurrió (…) Las denuncias no quedan registradas en actas, de ninguna manera se protege a las víctimas”, destacó.
Mecanismos de torturas narrados por las víctimas
La abogada María Alejandra Poleo relató el momento en que una de las víctimas relató ante un juez en Caracas sobre las torturas que sufrió en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
«El privado de libertad, por la situación que estaba recordando en ese momento, tuvo un desequilibrio emocional al ver que la persona que estaba deponiendo estaba diciendo cosas totalmente inciertas sobre lo que había sufrido», dijo.
Además, comentó que al terminar la declaración del funcionario, se le permitió declarar a la víctima acusada.
Añadió que en muchos casos lo dejaban sin comer y, cuando le daban comida, muchas veces eran alimentos descompuestos y que tenían gusanos.
La abogada @malejps miembro de la @Coalicion_ddhh relató el momento en el que un acusado habló frente a un juez en Caracas sobre las #Torturas que sufrió en la #Dgcim pic.twitter.com/kG82Ly4Wo7
— Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (@Coalicion_ddhh) February 15, 2022
Falta de atención médica es constante y es una forma de tortura
Poleo también denunció la falta de atención médica contra algunas víctimas, la cual incluso había sido ordenada por un juez, lo que calificó como una forma de tortura contra los presos políticos.
«Encontramos que hay personas con patologías de salud preexistentes a las aprehensiones de las cuales han sido víctimas. Sin embargo, no han podido ser atendidas», lamentó.
Puntualizó que hay casos donde se registran más de 17 solicitudes de traslados médicos y no son tomados en cuenta, incluso casos en los que los jueces solicitan ofrecer la atención médica y esto no se acata.
Según la Abogada @malejps miembro de la @Coalicion_ddhh la falta de atención médica, inclusive ordenada por un juez, es una forma de #Tortura a los #PresosPolíticos pic.twitter.com/uONx4op1Zc
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Personal de salud de la FANB viola la ley
El abogado Alonso Medina Roa, integrante de la Coalición por los DDHH, señaló que el personal de salud adscrito a la FANB debe atender a los presos políticos, pues su actuación indebida acarrea responsabilidad penal.
«En la mayoría de los casos de la Dgcim, ante de presentar a los tribunales a las personas, son trasladados al Hospital Militar Vicente Salias o al Cicpc en la medicatura forense», dijo.
Además, señaló que la Ley Contra la Tortura sanciona este tipo de conductas contra funcionarios.
El abogado @medinaroaalonso miembro de la @Coalicion_ddhh indicó que el personal de salud adscritos a las FAN debe atender a los #PresosPoliticos ya que su actuación indebida acarrea responsabilidad penal pic.twitter.com/3c6mh2HpRx
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