La falta de independencia judicial en el país también ha sido documentada por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos
Este miércoles, 5 de abril, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), instó a Venezuela a adoptar medidas urgentes y adecuadas para reconstruir la independencia del Poder Judicial y asegurar el acceso a la justicia por los hechos sucedidos durante las protestas antigubernamentales de 2017.
La Comisión Interamericana señaló a través de un comunicado, que al cumplirse cinco años de los acontecimientos donde miles de personas fueron reprimidas por el Estado, 133 fueron asesinadas; 4 mil resultaron heridos; 5 mil detenidos arbitrariamente y 600 civiles presentados ante la jurisdicción penal, se nota la ausencia de avances sustanciales en las investigaciones por la «falta de independencia judicial», obstaculizando además los proceso de reparación y memoria.
Sobre este particular, la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos de Naciones Unidas documentó presiones contra jueces penales sobre cómo decidir casos relacionados con las protestas e injerencias contra las y los fiscales que se rehusaban a cerrar los expedientes de las protestas o que querían procesar a los rangos superiores en la cadena de mando.
Por tal motivo, la CIDH urge al Estado a «adoptar medidas urgentes y adecuadas para reconstruir la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público», con miras a garantizar el acceso práctico y efectivo a la justicia de las víctimas, así como la construcción de la verdad y la memoria histórica.
El 28 y 29 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) adoptó las decisiones 155 y 156, que suspendieron las facultades de la Asamblea Nacional y otorgaron amplísimos poderes discrecionales al Poder Ejecutivo, calificadas por la CIDH como una usurpación de funciones y la anulación de facto de la representación popular.
