pemón

A través de un video publicado por la ONG, un indígena Pemón que prefirió mantener su identidad en reserva, afirmó que en el trabajo de la minería ilegal no están solamente los indígenas, son muchos

Este miércoles, 14 de diciembre, la ONG SOS Orinoco denunció que el régimen de Nicolás Maduro está empujando a los indígenas Pemón a participar en la minería ilegal otorgándoles una pequeña ganancia. 

A través de su cuenta en Twitter, SOS Orinoco, aseguró que el pueblo pemón está en contra de toda minería dentro del parque nacional Canaima.

SOS Orinoco también denunció que el campamento turístico Uruyen parece ser una fachada para facilitar la mineria ilegal en manos de criollos no indígenas y para la entrada de grupos armados criminales.

«Se están violando abiertamente los derechos de las comunidades indígenas y permitiendo la colonización de sus territorios ancestrales para favorecer la minería», se lee en el mensaje en Twitter. 

2- El régimen de @NicolasMaduro está empujando a los #Pemón a que se metan a mineros, dándoles una pequeña participación en las ganancias. Está claro que el pueblo Pemón está en contra de toda mineria dentro del parque nacional #Canaima pic.twitter.com/NBqnGrJSna

— SOS Orinoco (@SOSOrinoco) December 14, 2022

4) Se están violando abiertamente los derechos de las comunidades indigenas y permitiendo la colonización de sus territorios ancestrales para favorecer la minería de #Orodesangre, actividad totalmente PROHIBIDA dentro de un parque nacional – #Canaima – Sitio de Patrimonio Mundial pic.twitter.com/2OmYVX7rmg

— SOS Orinoco (@SOSOrinoco) December 14, 2022

A través de un video publicado por la ONG, un indígena Pemón que prefirió mantener su identidad en reserva afirmó que en el trabajo de la minería ilegal no están solamente los indígenas, sino otros grupos.

 «Todo es para ellos y para las comunidades, nada. El gobierno da esa opción de que quienes tengan el metal pueden obtener el combustible. Y quien no, se queda sin trabajo. Muchos productores de minería ilegal son los que se benefician”, aseguró.

«Cuando tratamos de buscar otra opción, no les parece bien. Si hablamos de agricultura, dicen que es lento, o si hablamos de otro factor, dicen que no genera ingresos al momento. Algunos piensan que la minería es una opción más factible, porque produce ingresos al momento, pero somos conscientes de que destruye totalmente el ambiente, pero muchos se ven obligados a eso», dijo.

El pemón aseguró que la minería ilegal trae consecuencias, pero que la necesidad económica obliga a muchos indígenas a trabajar de esa forma: «Muchas comunidades aledañas a los ríos se enferman como consecuencia de esa misma situación. Pero no se puede levantar la voz, porque serías piedras de tropiezo para los que laboran en la minería ilegal».

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El diputado aseguró que Franco fue víctima del reiterativo formato donde la judicialización es el extremo para criminalizar a quien disiente

El diputado de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano (AD-Lara) aseguró que es necesario acudir a los organismos internacionales para denunciar la muerte del pemón Salvador Franco.

La petición la hizo en la sesión de la Comisión Delegada, donde agregó que Franco fue víctima de «esa reiterativa, consecuente y recurrente formato donde la judicialización es el extremo para criminalizar a quien disiente políticamente del modelo que hoy impera en el país».

#SesiónAN | El Dip. @edgarzambranoad participa en el debate sobre la muerte del indígena pemón Salvador Franco producto de las políticas inhumanas y degradantes del régimen de Nicolás Maduro. pic.twitter.com/rGGsQf7fXY

— Asamblea Nacional (@AsambleaVE) January 8, 2021

Zambrano añadió que se ignoró el debido proceso y el derecho a la defensa, «pero también en esa descomposición del Estado, donde no hay autonomía e independencia de los poderes, se atropella la civilidad, la individualidad y al ciudadano».

«Debemos condenar de manera categórica, contundente e ir a los espacios internacionales para denunciar el crimen del compañero Salvador Franco, porque al estar en manos del Estado y al negar la atención médica, estamos en presencia de un crimen», puntualizó Zambrano

El pasado 3 de enero falleció el pemón Salvador Franco, en el Internado Judicial Rodeo II, en Guatire, donde estaba recluido desde mayo de 2020 junto con otros 12 indígenas de la etnia pemón, quienes habían sido detenidos en diciembre de 2019 acusados de conspiración.

La autopsia practicada el martes 5 de enero en la morgue de Los Teques, estado Miranda, reveló que el preso político pemón Salvador Franco murió como consecuencia de un edema cerebral y un shock séptico, ambos derivados de un cuadro de tuberculosis y desnutrición.

 Expresión de rechazo

En la misma sesión, los parlamentarios calificaron de ilegal la toma del Palacio Federal Legislativo por parte de los diputados electos en los comicios cuestionados del pasado 6 de diciembre. 

«Este Parlamento rechaza ese asalto al Palacio Federal Legislativo, por 277 personas que, además, es inconstitucional», señaló el presidente de la AN, Juan Guaidó.

Además dijo que la administración de Nicolás Maduro está señalada por delitos de lesa humanidad, «por terrorismo y narcotráfico. Nos corresponde hacerle frente a esa dictadura».

Igualmente el diputado Luis Stefanelli (VP-Falcón) expresó que el chavismo abrió un nuevo capítulo de la usurpación que fue la toma «ilegal» del Palacio este 5 de enero, «para instalar un supuesto organismo legislativo».

«Los que estamos aquí representado de manera legal y dignamente este poder legislativo electo por la participación de más de 14 millones de votos y que estamos en la obligación constitucional de mantenernos en el cargo y defender la Constitución», añadió.

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La autopsia indicó que un edema cerebral y un shock séptico fueron las causas que condujeron a la muerte de Franco bajo custodia del Estado, indicó la ONG Foro Penal

La autopsia practicada el martes 5 de enero en la morgue de Los Teques, estado Miranda, reveló que el preso político pemón Salvador Franco murió como consecuencia de un edema cerebral y un shock séptico, ambos derivados de un cuadro de tuberculosis y desnutrición. 

La información la dio a conocer la ONG Foro Penal, organización a cargo de la defensa de Franco. 

#5Ene Según Certificado de Defunción después de la autopsia, indígena Pemón #PresoPolítico Salvador Franco murió a causa de Edema Cerebral, Shock séptico y reacciones producto de Tuberculosis y desnutrición que padecía hace meses, y le negaron atención médica en cárcel RodeoII pic.twitter.com/bAacsXDKOM

— Alfredo Romero (@alfredoromero) January 5, 2021

Franco murió el domingo 3 de enero en el Internado Judicial Rodeo II, en Guatire, donde estaba recluido desde mayo de 2020 junto con otros 12 indígenas de la etnia pemón, quienes habían sido detenidos en diciembre de 2019 acusados de conspiración.

De acuerdo con Gonzalo Himiob, director del Foro Penal, ambas enfermedades las sufría desde hacía varios meses, además de un cuadro gastrointestinal. «Su condición de salud empeoró y se complicó por la falta de atención médica», dijo el abogado.

El Tribunal Cuarto en funciones de control del Área Metropolitana de Caracas había ordenado en noviembre de 2020 que Franco fuese trasladado a un centro de salud para que recibiera una evaluación médica.

De acuerdo con las declaraciones de Olnar Ortiz, coordinador de pueblos indígenas del Foro Penal, la razón del funcionario para no permitir el traslado de Franco es que debía ser autorizado por la ministra para el Servicio Penitenciario, permiso que nunca se emitió.

Para este miércoles 6 de enero se espera el traslado del cuerpo de Salvador Franco a la comunidad indígena Kumarakapay, al sureste del estado Bolívar, para su despedida junto con sus familiares y allegados de la etnia pemón.

La oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó el miércoles 6 de enero su preocupación por la muerte del indígena pemón, quien estaba preso junto a otras 12 personas de la misma etnia.

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La oficina que preside Michelle Bachelet solicitó a las autoridades venezolanas que se realice una investigación «inmediata e independiente». Además de solicitar que se tomen las medidas necesarias para que se protejan los derechos de los privados de libertad, incluyendo el acceso a atención médica.

#Venezuela: We are concerned by the death in detention of Salvador Franco, an indigenous Pemón. We call on the authorities to conduct a prompt and independent investigation and to take all necessary measures to protect the rights of all detainees, including access to healthcare.

— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 6, 2021

Los indígenas exigen respeto a su territorio y una investigación sobre lo ocurrido en Ikabarú

Exhortan al Gobierno a llevar a cabo una investigación conjunta con la Jurisdicción Especial Indígena

Las autoridades del pueblo indígena pemón del sector VI denuncian ante instancias nacionales e internacionales, la masacre de Ikabarú, donde fueron asesinadas 8 personas, entre ellos un indígena de la comunidad Manak Krü.

En un comunicado recordaron que la Constitución establece en su artículo 119 el reconocimiento por parte del Estado de los pueblos indígenas.

Igualmente reclaman que su dignidad es violada constantemente, “cuando se nos trata como raza inferior en documentos, investigación social, trabajos periodísticos, noticias infamantes, así como también autorizan sin nuestro consentimiento la ejecución de obras o incursión militar, turismo nacional e internacional, tomar fotografías en nuestras viviendas con fines comerciales y pretenden sacar todo tipo de beneficio personal y económico en nombre nuestro”.

Exhortan al Gobierno a llevar a cabo una investigación conjunta con la Jurisdicción Especial Indígena. Por eso señalaron que el artículo 132 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, da la potestad a los indígenas de investigar, decidir y ejecutar las decisiones en cuanto a controversias o conflictos que susciten en su territorio.

Las autoridades del pueblo pemón también rechazaron la militarización del aeropuerto y la instalación de una alcabala móvil antes del 5102 Escamoto, cerca del puente dirección La Línea (Brasil)- Santa Elena de Uairen.

Repudian el amedrentamiento por parte de efectivos militares hacia su cuerpo de seguridad indígena “y la incursión que se pretende realizar en las comunidades indígenas de algún órgano de seguridad”.

Por lo tanto los indígenas piden que el Estado cumpla y aplique todos los instrumentos internacionales sobre Derechos Humanos y lo que se refiere a los pueblos indígenas.

Una nueva masacre se está perpetrando al sur de Venezuela, específicamente en el poblado de Ikabarú, uno de los bloques especiales de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco. Los indígenas denuncian que no se trata de una “pelea entre bandas” sino del modelo extractivista minero, promovido desde el gobierno, que se expande por todo el país y que en el estado Bolívar tiene su punta de lanza con la minería aurífera

“22 de noviembre de 2019. 10:40pm: Hay una matazón en Ikabarú”, este fue el mensaje que recibió uno de los informantes cuya identidad queda resguardada para los efectos de esta nota. En horas de la mañana de este sábado se confirmó que la masacre ocurrió entre las 7 y 7:30 pm del viernes 22 de noviembre de 2019 cuando ingresó un grupo armado a la comunidad de Ikabarú y comenzó a disparar.

Ikabarú es una comunidad mixta, indígena y no indígena, ubicada en el municipio Gran Sabana, del estado Bolívar, al sur de Venezuela; forma parte del sector pemón N° 7, tiene una población de 2.500 personas y desde hace varios años parte de su actividad económica se basa en la minería aurífera.

En 2016, Ikabarú fue nombrada como bloque especial dentro de las áreas que forman parte de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, decreto 2.248 del 24 de febrero de 2016, un proyecto promovido desde el Ejecutivo nacional para la extracción de minerales como oro, diamante y coltán, que se está realizando sin la consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas y sin estudios de impacto socio-ambiental. Desde entonces varias masacres se han perpetrado en el 12 % (y más allá) del territorio asignado para este megaproyecto.

Lee el reportaje completo en Revista SIC

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor indígenas de la etnia Pemón, a un defensor de esta comunidad en Venezuela y a un sargento de la Guardia Nacional Bolivariana al considerar que están en situación de “riesgo de daño irreparable a sus derechos”.

El organismo indicó en un comunicado que en la solicitud de protección que recibió se señalaba que los integrantes de la etnia Pemón de la comunidad San Francisco de Yuruaní o “Kumaracapay” del municipio Gran Sabana y el defensor indígena baré Olnar Ortiz se encontrarían “en una situación de riesgo a sus derechos” por su participación en los hechos ocurridos el 22 y 23 de febrero pasado.

Tales sucesos están relacionados con la introducción de ayuda humanitaria a Venezuela procedente de Brasil, detalla la nota.

La CIDH evaluó “el contexto excepcional que atraviesa el Estado de Venezuela y tomó en cuenta que los eventos de riesgo alegados se habrían producido presuntamente como resultado de las acciones realizadas por la comunidad para recibir ‘ayuda humanitaria”.

Asimismo, alegó “un presunto uso excesivo de la fuerza y la participación de grupos que los solicitantes denominan ‘Colectivos”.

La Comisión pidió al Estado venezolano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal de Bandres Figueroa para garantizar que las condiciones de su detención “cumplan con los estándares internacionales aplicables” e informe sobre las acciones tomadas al respecto.

CLEVER PÉREZ, INDÍGENA pemón de 24 años proveniente de la comunidad de Kumaracapay, en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar, se convirtió este martes en el quinto fallecido por los hechos de represión ocurridos el 22 y 23 de febrero en la frontera con Brasil.

La información fue confirmada por Alfredo Romero, director del Foro Penal, quien a través de su cuenta de Twitter, informó que Pérez se encontraba internado en un hospital de Boa Vista, Brasil.

Se conoció que la víctima formaba parte del grupo de 15 heridos tras recibir un disparo en el pecho el pasado 22 de febrero, cuando grupos de funcionarios asaltaron el campamento indígena para impedir el ingreso de ayuda humanitaria proveniente de Roraima. Según Romero, es el tercer pemón que muere por estos hechos.

El joven se desempeñaba como guía en el Tepuy Roraima del Parque Nacional Canaima.

#27Feb 9:00 Hace pocos minutos acaba de fallecer Clever Pérez, indígena de #Kuparamacay en hospital de Boa Vista. Sería el 5to asesinado del #22f y #23f en Municipio Gran Sabana y el 3er indígena. Clever era guía de Tepuy Roraima pic.twitter.com/WzUNF8AHpS

— Alfredo Romero (@alfredoromero) February 28, 2019

#27Feb 9:20PM Nuestro muy sentido pésame a Melanie, esposa de Clever Pérez (24) , y toda la familia indígena de #Kumaracapay. #QueSeHagaJusticia . Clever falleció hoy. Fue víctima del ataque a ese pueblo el #22F

— Alfredo Romero (@alfredoromero) February 28, 2019