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Fatou Bensouda

La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, afirmó que la denuncia presentada por el Estado venezolano para abrir una averiguación en contra de Estados Unidos no implicaría su automática ejecución.

En un documento, la representante del tribunal reveló que la remisión venezolana indica que “crímenes de lesa humanidad son cometidos como consecuencia de la aplicación de medidas adoptadas unilateralmente por el gobierno de los Estados Unidos de América contra Venezuela, al menos desde 2014”.

“Una remisión de un Estado Parte no conlleva automáticamente a la apertura de una investigación. Sin embargo, si yo en última instancia determinase que la situación remitida amerita una investigación de conformidad con los criterios estatutarios, como resultado de esta remisión, el Estatuto no requiere que la Fiscalía solicite la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte a efectos de abrir una investigación. La recepción de una remisión puede acelerar el procedimiento de apertura de una investigación sólo en la medida en que la revisión judicial de mi decisión no sería necesaria con arreglo al Estatuto”, manifestó Bensouda.

Bensouda informará a la presidencia de la CPI de dicho escrito para su respectiva asignación a una Sala de Cuestiones Preliminares.

Asimismo, recordó que se trata de la segunda denuncia que recibe con respecto a la situación de Venezuela, en vista de que en septiembre de 2018, seis países americanos solicitaron la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

“He observado que las dos remisiones parecen superponerse geográfica y temporalmente y, por lo tanto, podrían justificar ser asignadas a la misma Sala de Cuestiones Preliminares”, sostuvo.

La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) informó este jueves en un informe que en su examen preliminar sobre Venezuela ha incluido las protestas sucedidas en enero de este año en ese país, donde supuestamente murieron más de 30 opositores y un oficial de policía, reseñó la agencia de noticias EFE.

Asimismo, la oficina de la Fiscalía, dirigida por la jurista Fatou Bensouda, dio a conocer su informe anual sobre los exámenes preliminares abiertos en ocho países, entre los que se incluyen Colombia y Venezuela, este último abierto en febrero de 2018.

 

Según informaciones recibidas por Bensouda, entre 30 y 47 opositores fueron asesinados en las protestas sucedidas entre el 21 y el 25 de enero de este año por las fuerzas de seguridad o por civiles que actuaron en coordinación con las autoridades.

Acotó que “algunas fuentes alegaron además que miembros de las fuerzas de seguridad llevaron a cabo asesinatos selectivos de opositores durante allanamientos de casas”.
En el informe indica que entre enero y mayo de este año unas 2.000 personas fueron detenidas supuestamente en Venezuela por motivos políticos y que “la información sobre la duración de esas detenciones no estaba generalmente disponible”.

 

Bensouda dijo en el documento que espera finalizar el análisis sobre su posible jurisdicción de la situación en Venezuela a principios de 2020 y que, si decide seguir adelante el examen, pasará a la tercera y última fase, en la que se evaluaría la admisibilidad de los casos.

 

Venezuela depositó su instrumento de ratificación al Estatuto el 7 de junio de 2000. Por lo tanto, la CPI tiene jurisdicción sobre los crímenes del Estatuto de Roma cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales a partir del 1 de julio de 2002 en adelante.

Argentina entregará informe a la CPI sobre torturas, ejecuciones y desapariciones forzadas en Venezuela

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS de Argentina, Germán Garavano viajará el próximo 15 de octubre a la Corte Penal Internacional (CPI), que tiene sede en La Haya, Países Bajos, para hacer entrega del informe sobre las torturas, violaciones y ejecuciones que denunciaron haber visto y sufrido decenas de venezolanos que residen en la Argentina.

Garavano tiene previsto reunirse con el fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y entregarle el informe completo, con nombres y detalles de la denuncia de unos 40 venezolanos residentes en el país.

También se remitirá a la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien elaboró su propio archivo de denuncias de abusos de venezolanos acosados por el gobierno de Nicolás Maduro. 

A finales del mes de septiembre, El Clarín obtuvo parte del informe que elaboró el Ministerio de Justicia entre julio y agosto de 2019, en donde testimonios de víctimas -sin nombres para preservar las identidades- relataron casos de asesinatos torturas, encarcelaciones y privaciones graves a la libertad física, de violencia sexual, y desapariciones forzadas. También de persecución por razones políticas y en todas se demostraría el uso de la fuerza indebida, también para reprimir manifestaciones. Al menos, 29 de las más de 40 denuncias encuadran dentro de la figura de crímenes de lesa humanidad bajo el llamado Estatuto de Roma. 

Los testimonios fueron recibidos en el Centro de Orientación a Migrantes, que creó el gobierno en julio por decreto para recibir también de manera telefónica los testimonios, que según se afirma disminuyeron tras las PASO del 11 de agosto pasado, en gran parte por temor a un cambio de gobierno.

Este Centro trabajó bajo la órbita de la secretaría de Derechos Humanos, que dirige Claudio Avruj. Los testimonios fueron recibidos por profesionales y técnicos que buscaron como primera medida la extrema protección de la identidad.

El candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, ya confirmó que retirará a la Argentina del Grupo de Lima, una instancia central en la política de alianza de Argentina hoy con Estados Unidos, y que presiona al régimen de Maduro. Igual hay diferencias dentro del albertismo sobre cómo llevar el tema Venezuela: mientras el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se mostró en Nueva York durísimo contra Caracas, en el cristinismo hay quienes desean un vínculo de negocios y política similar al que hubo en el pasado y, lejos de condenar a Maduro, lo consideran una víctima de factores externos.  

En cuanto a los elementos que Garavano le va a entregar al museo de la Corte sobre la dictadura argentina, se trata de un fichero con réplicas de denuncias sobre violaciones a los Derechos Humanos, un ejemplar del Nunca Más -el emblemático informe sobre las violaciones a los derechos humanos en este país- y las tapas de las versiones de este libro publicadas en Israel, Brasil, Inglaterra, Alemania y España, una serie de fotos del juicio a las juntas militares y copias de su sentencia original firmada.

Cadena perpetua, por Orlando Viera-Blanco
“La presencia de las FARC-EP en nuestro país supone peligro inminente en la región. La CPI tiene el deber de castigar y prevenir estos delitos, por lo que hemos presentado a la Unidad de Informe y Evidencia de la Fiscalía, el citado Acuerdo de Cámara de nuestra AN que rechaza la presencia de grupos guerrilleros armados por libre en territorio nacional.”

 

ACOMPAÑADO DEL H.E. de Venezuela en Honduras, Claudio Sandoval, destacado Abogado y profesor en Derecho Internacional, y del Diputado y ex Embajador Walter Márquez-infatigable activista de DDHH-nos fuimos a La Haya. Márquez fue a darle seguimiento a un par de denuncias que tiene contra la Fiscal de la CPI Fatou Bensouda; complementar su denuncia sobre deportaciones forzosas y darle impulso a otra petición de investigación a Maduro por delito exterminio [la cual por cierto ha sido admitida en el marco del examen preliminar dictado por la Fiscal en fecha 8 de Febrero de 2018]. Participamos como observadores ante el Mecanismo de Supervisión Independiente que sustancia la denuncia contra la Fiscal, y presentamos ante la Unidad de Información y Evidencia de OTT (Office of The Prosecutor), el a Acuerdo de Cámara de la AN de fecha 03 de Septiembre 2019 que rechaza la presencia de las FARC y la narcoguerrilla colombiana en Venezuela

 

Adicionalmente sostuvimos encuentros con varios Embajadores en aras de sensibilizar la impostergable necesidad de hacer justicia. 

Alertar y Prevenir

El artículo 7 del Estatuto de Roma tipifica delitos de lesa humanidad. a) Asesinato; b) Exterminio; c) Esclavitud; d) Deportación o traslado forzoso de población; e) Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) Tortura; g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) Persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género; i) Desaparición forzada de personas; j) El crimen de apartheid; k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. Diez de esos once delitos han sido manifiestamente violados por el régimen de Maduro según se desprende de los 85 párrafos del reporte de la Alta Comisionada de DDHH de las UN, Michelle Bachelet. Y esos delitos constan en más de 110 reportes e informes presentados, reporte de expertos de la OEA y denuncia de seis naciones de los Estados Partes: Argentina, Chile, Colombia, Canadá, Paraguay y Perú. 

La presencia de las FARC-EP en nuestro país supone peligro inminente en la región La CPI tiene el deber de castigar y prevenir estos delitos, por lo que hemos presentado a la Unidad de Informe y Evidencia de la Fiscalía, el citado Acuerdo de Cámara de nuestra AN que rechaza la presencia de grupos guerrilleros armados por libre en territorio nacional. 

El preámbulo del Estatuto de Roma apela a la unidad de los pueblos y  sus culturas como patrimonio común y a la “preocupación que este delicado mosaico pueda romperse en cualquier momento por causa de millones de niños, mujeres y hombres que han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”. Reconoce el Estatuto de Roma  que esos graves crímenes constituyen una amenaza para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad,  por lo que siendo de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto, “no deben quedar sin castigo, debiendo [la CPI] poner fin a la impunidad de los autores de esos crímenes y a contribuir así a la prevención de nuevos crímenes”.

Nuestro informe de contextualización ante la CPI evidencia la grave situación que significa para Venezuela y Colombia, la presencia activa y cooperación confesa del régimen venezolano con las FARC, esto es, la servidumbre de libre tránsito de la narcoguerrilla por territorio Venezolano.

 

Justicia universal como factor de quiebre y solución

Algunos piensan que órganos como la CPI, ONU, OEA son una suerte de teatro de operadores diplomáticos sin potestad real de actuar y producir soluciones, donde los principios de no intervención, no injerencia y autodeterminación de los pueblos, son camisas de fuerza para prevenir y reprimir efectivamente a regímenes autoritarios, cómplices de organizaciones criminales.

Pero en un mundo globalizado no sólo en lo económico sino también en la valoración, tutela y defensa de los DDHH, los derechos fundamentales del hombre y los delitos contra la humanidad, la voluntad política de las naciones también encuentra articulación y mecanismos coercitivos, que debemos impulsar. Esta lucha no podemos darla desde feudos o bloques grupales o normativas. Todos los venezolanos conocedores de la Justicia Penal Internacional, diplomáticos en funciones de seguimiento y control de procedimientos y jefes de Estados, deben hacer causa común en esta causa. Urge unidad de propósitos y esfuerzos en este importantísimo campo de la justicia penal global que no albergo duda es un factor fundamental para lograr una salida forzosa institucional en Venezuela.

Venezuela no puede seguir sometida perpetuidad. El autoritarismo se vence de tres formas. Con desarrollo sostenible, las armas o la justicia. Por lo pronto no hay modelo sustentable aplicable. Tampoco tenemos armas. Nos queda sólo la justicia. En La Haya [justicia]… está la salida.     

 

@ovierablanco 

Walter Márquez: Fiscal de la CPI debería ser inhabilitada

EL EXDIPUTADO WALTER MÁRQUEZ  dijo este martes a Efe que la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, “está inhabilitada moralmente y debería ser inhabilitada jurídicamente” para investigar las denuncias que llegan al tribunal contra el Gobierno de Nicolás Maduro.

Márquez, antiguo miembro de la Asamblea Nacional (AN), estuvo más de una hora reunido con el Mecanismo de Supervisión Independiente de la CPI en La Haya para interesarse sobre las dos quejas que ha interpuesto contra Bensouda, la primera de las cuales ya ha sido admitida a trámite.

«Los objetivos son dos. Uno, que se aparte a Bensouda por ser corresponsable de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela por omisión y, dos, que se enjuicie a Maduro por ser el responsable directo personal como jefe de Estado, como jefe de gobierno y como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas», explicó.

El ex diputado acusa a la fiscal de negligencia e incumplimiento grave de sus funciones por no abrir una investigación contra el régimen de Venezuela, a pesar de que «se han formalizado más de 110 denuncias», aseguró.

Si Bensouda no se aparta de forma voluntaria de su cargo, el ex diputado iniciará un proceso de recusación contra ella porque «no es garantía de transparencia para Venezuela en la búsqueda de justicia frente a los crímenes de lesa humanidad de Nicolás Maduro», indicó.

Márquez presentará esta semana la ampliación de una denuncia que presentó contra el régimen de Venezuela por las supuestas deportaciones forzosas de 22.000 colombianos en la frontera, ocurridas en 2015.

 

*Con información de EFE

EE UU revocó visa de la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional

ESTADOS UNIDOS REVOCÓ la visa de la fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, informó una fuente de su oficina, en una escalada de la tensión entre Washington y el tribunal con sede en La Haya.

La notificación a Bensouda confirma el anuncio realizado por Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, hace tres semanas cuando dijo que prohibiría los visados de entrada al país de cualquier persona de la CPI, implicada en la investigación de las violaciones de derechos humanos de estadounidenses en Afganistán o en otros lugares.

El titular de Exteriores remarcó que el gobierno del presidente Donald Trump busca “proteger a los militares estadounidenses y aliados, así como al personal civil de vivir con el temor de una investigación injusta por acciones tomadas para defender nuestra gran nación”.

La fiscal de la CPI solicitó en noviembre de 2017 la apertura de una investigación formal en Afganistán por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos supuestamente por grupos talibanes, autoridades y tropas estadounidenses.

Desde ese momento la tensión entre Washington y el tribunal ha aumentado de forma progresiva, a pesar de que los jueces aún no se han pronunciado sobre si autorizarán la petición de Bensouda.

La fiscal jefe de la CPI viaja frecuentemente a Nueva York para informar al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre sus avances en las investigaciones por crímenes cometidos en Libia y Sudán del Sur.

CPI recibió petición de seis países sobre Venezuela, la primera de su tipo

LA FISCALIA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL (CPI) confirmó hoy que ha recibido la petición hecha por Colombia, Argentina, Chile, Paraguay, Perú y Canadá para que investigue supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.

La fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, recordó en un comunicado que la solicitud “no conduce automáticamente a la apertura de una investigación” y que su oficina ya abrió un examen preliminar sobre el país en febrero de este año.

En el documento enviado a La Haya se pide que se investiguen los supuestos crímenes “con vistas a determinar si una o más personas deberían ser acusadas”, apuntó Bensouda.

Además, la fiscal resalta que esta es la novena remisión recibida por esta Fiscalía desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma y la primera remisión realizada por un grupo de Estados Partes respecto de una situación en el territorio de otro Estado Parte.

El examen preliminar no cuenta con plazos determinados, es decir, la Fiscalía no tiene la obligación de establecerse una fecha límite para decidir si comienza una investigación formal o si, por el contrario, la desecha porque no se cumplen los requisitos establecidos en el Estatuto de Roma.

 

 

A continuación el comunicado:

Declaración de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. Fatou Bensouda, sobre la remisión por parte de un grupo de seis Estados Partes en relación con la situación en Venezuela

En 27 de septiembre de 2018, recibí una remisión de un grupo de Estados Partes del Estatuto de Roma (el “Estatuto”), a saber, la República Argentina, Canadá, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Paraguay y la República del Perú (los “Estados remitentes”), en relación con la situación en la República Bolivariana de Venezuela (“Venezuela”), a partir de 12 de febrero de 2014.

Con arreglo al artículo 14 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (“la CPI” o “la Corte”), los Estados remitentes solicitan a la Fiscal que inicie una investigación por crímenes de lesa humanidad presuntamente cometidos en el territorio de Venezuela desde 12 de febrero de 2014,
a los fines de determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes a una o varias personas determinadas. Por consiguiente, de conformidad con la Norma 45 del Reglamento de la Corte, he informado a la Presidencia de la CPI de esta remisión.

Esta es la novena remisión recibida por esta Fiscalía desde la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en 1º de julio de 2002, y la primera remisión realizada por un grupo de Estados Partes respecto de una situación en el territorio de otro Estado Parte. Con anterioridad, los gobiernos de Uganda (2004), la República Democrática del Congo (2004), la República Centroafricana (2004 y 2014), Malí (2012), la Unión de Comoras (2013), la República Gabonesa (2016), y el Estado de Palestina (2018) han remitido, cada uno de ellos, una situación a esta Fiscalía de conformidad con las prerrogativas de los Estados Partes del Estatuto.

En 8 de febrero de 2018, tras una revisión cuidadosa, independiente e imparcial de una cantidad de comunicaciones e informes documentando presuntos crímenes que pudieran ser de competencia de la CPI, decidí abrir un examen preliminar sobre la situación en Venezuela, para analizar los crímenes presuntamente cometidos en este Estado Parte al menos desde abril de 2017, en el marco de manifestaciones y de la inestabilidad política conexa. Desde ese momento, la Fiscalía ha estado analizando la información disponible a los efectos de llevar a cabo una determinación plenamente informada acerca de si existe fundamento suficiente para proceder a una investigación. Este examen preliminar continuará su curso normal, guiado estrictamente por los requisitos del Estatuto de Roma.

Específicamente, con arreglo al párrafo 1) del artículo 53 del Estatuto, yo, en mi calidad de Fiscal, debo considerar cuestiones relacionadas con la jurisdicción, la admisibilidad y el interés de la justicia para tomar esa determinación. Como se señalara en el Documento de política general sobre exámenes preliminares, estos factores se aplican a todas las situaciones, con independencia de si el examen preliminar se inició sobre la base de información sobre crímenes remitida con arreglo al artículo 15 del Estatuto, por una remisión de un Estado Parte (o un grupo de Estados Partes) o del Consejo de Seguridad da las Naciones Unidas, o por una declaración de consentimiento del ejercicio de la competencia de la Corte, de conformidad con el párrafo 3) del artículo 12 del Estatuto. En todas estas circunstancias, esta Fiscalía evalúa y analiza la información disponible de manera independiente.

Una remisión o una declaración con arreglo al párrafo 3) del artículo 12 no conllevan automáticamente a la apertura de una investigación. Sin embargo, si yo en última instancia determinase que la situación remitida amerita una investigación de conformidad con los criterios estatutarios, el Estatuto no requiere que la Fiscalía procure la autorización de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte a efectos de abrir una investigación. De manera  general, la recepción de una remisión puede acelerar el procedimiento de apertura de una investigación sólo en la medida en que la revisión judicial de mi decisión no sería necesaria con arreglo al Estatuto.

A lo largo del ejercicio independiente e imparcial de su mandato, la Fiscalía también tomará en cuenta toda comunicación y punto de vista que se le presente durante el transcurso de cada examen preliminar, incluyendo toda observación de las autoridades nacionales competentes respecto de investigaciones y enjuiciamientos relevantes a nivel nacional.

Remisión de la situación en Venezuela con arreglo al artículo 14 del Estatuto de Roma realizada por la República Argentina, Canadá, la República de Colombia, la República de Chile, la República del Paraguay y la República del Perú.

Para información de contexto, véase el Documento de política general sobre exámenes preliminares (noviembre de 2013) de la Fiscalía, especialmente el parág. 27; y la Declaración de la Fiscal de la Corte Penal Internacional, Sra. Fatou Bensouda, sobre la apertura de exámenes preliminares en Filipinas y Venezuela.

La Fiscalía de la CPI realiza exámenes preliminares, investigaciones y enjuiciamientos independientes e imparciales de los crímenes de genocidio y lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Desde 2003, la Fiscalía ha llevado a cabo investigaciones en varias situaciones que son de la competencia de la CPI, a saber, en Uganda; la República Democrática del Congo; Darfur (Sudán); la República Centroafricana (dos investigaciones distintas); Kenya; Libia; Côte d´Ivoire; Malí; Georgia; y Burundi. La Sala de Cuestiones Preliminares II tiene ante sí la solicitud de la Fiscal de autorización para iniciar una investigación de la situación en la República Islámica de Afganistán. La Fiscalía también está llevando a cabo exámenes preliminares sobre las situaciones en Bangladesh/Myanmar; Colombia; Filipinas; Guinea; Iraq/Reino Unido; Nigeria; Palestina; Ucrania; y Venezuela.

 

 

 

Quién es Fatou Bensouda, la fiscal que revisará el caso venezolano en la CPI

FATOU BENSOUDA HA LOGRADO ABRIRSE PASO dentro del mundo judicial por mérito propio, y logrado escalar posiciones por su equidad y firmeza en las investigaciones que realiza, lo que le ha valido el apodo de la fiscal “que caza tiranos” por algunos medios de comunicación.

En 2011, fue elegida por consenso en la Asamblea de los 121 Estados miembros de la Corte Penal Internacional y se convirtió en la primera mujer al frente del único organismo permanente destinado a juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad.

Medios la han retratado como una mujer de figura imponente, maneras suaves, y orgullosa de sus orígenes (Gambia) que proclama en su manera de vestir.

Ha sido abogada, acusadora del Tribunal Penal Internacional para Ruanda (creado en 1994 para juzgar el genocidio de la etnia tutsi por parte del Gobierno hutu) y secretaria de Estado de Justicia en su país. Allí ha ostentado además el cargo de Fiscal y de Abogado General del Estado.

Después de estudiar Derecho en Nigeria y obtener su licencia para ejercer la abogacía, Fatou Bensouda se convirtió en la primera mujer de Gambia especializada en legislación del Mar.

Desde 2004, era la segunda fiscal de la CPI (que estaba a cargo del argentino Luis Moreno Ocampo) y conoce a fondo la institución. En esos años, ha dejado clara su preocupación por los crímenes de género y la violencia sexual padecida por miles de mujeres y niñas en las guerras.

Su primera declaración a punto de tomar posesión de la Corte Penbal ahondó en esa lucha personal y legal: “Trabajaré con y por las víctimas de conflictos masivos y terribles sin consideraciones geográficas”, dijo.

Desde 2003, la Fiscalía ha llevado a cabo investigaciones sobre países como Uganda; la República Democrática del Congo; Darfur (Sudán); la República Centroafricana (dos investigaciones distintas); Kenya; Libia; Côte d´Ivoire; Malí; Georgia; y Burundi.

Desde el 20 de noviembre de 2017, la Sala de Cuestiones Preliminares III tiene ante sí la solicitud de la Fiscal de autorización para iniciar una investigación de la situación en la República Islámica de Afganistán.

Sobre ese país, una de las principales motivaciones de la fiscal Bensouda en 2016 era investigar la responsabilidad de Estados Unidos (bajo la presidencia de George W. Bush) pues existían evidencias claras para creer que se cometieron crímenes de guerra, torturas y un trato inhumano”, al menos durante el periodo que su equipo ha estado estudiando, entre 2003 y 2004.

También lleva a cabo exámenes preliminares sobre las situaciones en Colombia; el Gabón; Guinea; Iraq/Reino Unido; Palestina; Nigeria; y Ucrania.

Actualmente, la Fiscalía de la CPI al mando de Bensouda examinará las evidencias sobre crímenes presuntamente cometidos en Filipinas al menos desde el 1o de julio de 2016, en el marco de la campaña denominada “la guerra contra las drogas” lanzada por el Gobierno filipino.

Sobre Venezuela, la fiscal Bensouda indicó que se analizarán los presuntos crímenes cometidos desde abril de 2017 en el marco de manifestaciones antigubernamentales.